PRÁCTICA 1
RECONOCIMIENTO DE ESTADOS Y DE GOBIERNOS

1. ¿Qué diferencias existen entre el reconocimiento de Estados y el reconocimiento de gobiernos? Señale estas diferencias teniendo en cuenta el supuesto de hecho.

El reconocimiento de Estado es independiente, es un acto que puede surgir sin la necesidad de la existencia de otro reconocimiento; contrario al reconocimiento de gobierno, el cual nace voluntariamente después del reconocimiento del Estado.
El reconocimiento de Estado contempla: un territorio, una población y el poder, en cambio el reconocimiento de gobierno se refiere al poder político que ejerce el poder sobre ese Estado.
El reconocimiento …ver más…

No, cada estado es libre de reconocer o no a un estado o gobierno, esto dependerá del juicio subjetivo de cada país.

En el supuesto de que Eritrea hubiera nacido como consecuencia de la violación de una norma, se aplicaría la Doctrina Tobar (1907) que sostiene que no debe otorgarse el reconocimiento a los gobiernos resultado de un acto de fuerza mientras no haya sido legitimado constitucionalmente; pretendían ofrecer un obstáculo a las frecuentes revoluciones y golpes de Estado que a menudo había en los países hispanoamericanos.

4. Supongamos que en el año 1988 Etiopía concede la independencia a Eritrea por medio de una ley interna y entonces nunca se celebra el referéndum del año 1993. ¿Puede Eritrea adquirir la independencia por concesión de una ley interna? Señale cual es la situación jurídica internacional del Sahara Occidental tras leer los textos jurídicos que se facilitan con este caso práctico.

Pueden adquirir la independencia por concesión de Ley interna siempre que se cumpliera las condiciones necesarias de estatalidad, cumpliendo las tres condiciones para ser estado: población, territorio y el gobierno. Eritrea podría conseguir la independencia por medio de una ley interna siempre y cuando Etiopia que es el Estado matriz, lo autorice. Además, no debe violar ninguna norma ius cogens, es decir, no debe violar ningún derecho perteneciente a los ciudadanos.
La declaración política estipula que España transferirá la administración del