En 1764 se suscitó el conflicto
entre Inglaterra y sus
colonias
americanas, provocado por las medidas fiscales tomadas
por la metrópoli para resarcirse de los
gastos causados durante la Guerra de los
Siete Años con Francia
(1756-1763). La oposición de
los norteamericanos a ser gravados sin su consentimiento
por la Corona culminó con la
Declaración de Independencia
de los Estados Unidos,
aprobada por el Congreso
Continental de Filadelfia el 4 de julio de 1776. Aun
antes de este hecho, Francia
había otorgado
más de 1 millón de libras a los colonos y
permitido, en su apoyo, la salida de voluntarios;
más
tarde reconoció al nuevo Estado (6 de
febrero de 1778), firmó con él tratados de
alianza y
comercio, declaró la guerra a
Inglaterra y
envió a América
las flotas de Rochambeau (1780) y de
De Grase (1781), con cuyas fuerzas pudo George
Washington poner término a la guerra el 19
de
octubre de 1781. El 3 de septiembre de 1783 fue
reconocida la Independencia
de los
Estados Unidos en el Tratado de París,
también llamado de Versalles.
Los 7 500 soldados de la expedición de
Rochambeau, a su regreso a Francia,
divulgaron la
imagen de una joven nación que se había
pronunciado contra el absolutismo de
los reyes y
consagrado el espíritu democrático del
calvinismo y de la revolución
inglesa del siglo XVII. El
ejemplo norteamericano aparecía más
sugestivo ante la opinión previamente abonada por
las
ideas de Voltaire
(1694-1778) contra el despotismo; las de Montesquieu
(1689-1755), sobre la
división de los poderes; las de Rousseau
(1712-1778), relativas a los derechos y libertades
del
individuo; y las de Diderot (1713-1784) y D'Alambert
(1717-1783), enciclopedistas que
exaltaron la prioridad y la excelencia de la
razón. Así, cuando en 1789 se reunieron los
Estados
Generales, convocados por Luis XVI, para superar la
crisis
política y
social estimulada por la
bancarrota del erario, a consecuencia de la guerra, se
desbordó el ansia de libertad y de
igualdad.
La Revolución
Francesa (1789-1799), a lo largo de sus etapas sucesivas
—Asamblea Nacional,
Asamblea Constituyente (1789-1791), Asamblea Legislativa
(1791-1792), Convención
(1792-1795) y Directorio (1795-1799)—
abolió los privilegios, destruyó el poder real,
los
parlamentos y las corporaciones e inutilizó el
poder de la
Iglesia, pero
a la postre propició el
golpe de Estado de
Napoleón (9 y 10 de noviembre de 1799), que así se
convirtió en primer
cónsul y luego en emperador. Ya para entonces se
había divulgado en todo el mundo la
Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano proclamada por la Asamblea
Constituyente de Francia (27 de
agosto de 1789), expresión de los postulados del liberalismo
(v.
texto completo).
España estaba unida a Francia por
sucesivos "pactos de familia" (1733,
1743 y 1761)
concertados para contrarrestar el poderío
inglés
en Europa y América; pero cuando el 21 de
enero de 1793 fue guillotinado Luis XVI por acuerdo de
la Convención, Carlos IV declaró la
guerra a la República Francesa. Dos años
más tarde (22 de julio de 1795) se restauró la
relación
amistosa mediante la firma de la paz en Basilea, y el 18
de agosto de 1796 el gobierno
español
firmó una alianza defensiva y ofensiva con el
Directorio, sólo para el caso de guerra con la
Gran
Bretaña. El conflicto con
ésta estalló el 7 de octubre siguiente, en cuyo
curso Carlos IV (Tratado
de San Ildefonso, del 1° de octubre de 1800)
devolvió a Francia la Luisiana —que había
recibido
en 1762 como compensación por la pérdida
de Florida, pero que no podía defender de los
ingleses—, a cambio de que
Napoleón creara el reino de Etruria para el yerno del
monarca
español, el príncipe de Parma. Las
hostilidades con los británicos cesaron el 27 de marzo
de
1802 en virtud de Tratado de Amiens.
El 2 de diciembre de 1804 Napoleón fue ungido
emperador y otra vez Inglaterra
encabezó una
coalición para combatirlo. España,
aunque quiso mantenerse neutral, fue atacada y el 12
de
diciembre de 1804 Carlos IV declaró la guerra a
los ingleses y concertó una alianza marítima
con
Francia (enero de 1805). El propósito de asaltar
las islas británicas naufragó en la
desastrosa
batalla de Trafalgar (21 de octubre). Deseoso más
tarde Napoleón de cortar a Inglaterra
todo
apoyo que procediera del continente, convino con
España
la invasión y el reparto de Portugal
(Tratado de Fontainebleu, del 27 de octubre de 1807),
para lo cual las tropas francesas tuvieron
libre paso por la Península. La ocupación
de Portugal, cuyos reyes huyeron al Brasil,
ocurrió en
noviembre de ese año, pero en los meses
siguientes nuevas tropas francesas penetraron a España
y ocuparon, entre otras ciudades, San Sebastián,
Pamplona, Vitoria, Burgos, Valladolid y
Barcelona. Aun cuando el primer ministro Godoy
había favorecido la expansión
napoleónica,
guiado por la ambición de regir o gobernar parte
de Portugal, quiso en el último momento huir a
América con la familia
real, lo cual impidió el pueblo amotinado en Aranjuez la
noche del 17 de
marzo de 1808. El 19 siguiente Carlos IV abdicó
en favor de su hijo el príncipe de Asturias,
que
asumió el nombre de Fernando VII. Éste se
convirtió en símbolo de las reformas a las
que
aspiraba la sociedad
española, irritada por la corrupción
del gobierno y por la
subordinación de la
Corte a los designios de Napoleón. El
recibimiento que el pueblo de Madrid hizo a Fernando
el
24 de marzo justificó el calificativo de El
Deseado que le daban sus contemporáneos.
Napoleón,
sin embargo, temeroso de que el nuevo monarca no le
fuera dócil, le negó el reconocimiento y
lo
indujo a conversar con él en Bayona. El 10 de
abril emprendió el viaje Fernando VII; el 2 de
mayo se sublevaron los madrileños y fueron
violentamente reprimidos por las fuerzas invasoras de
Joaquín Murat; el día 6 siguiente, ya en
territorio de Francia, Fernando restituyó la corona a
su
padre, quien ya la había cedido de antemano a
Napoleón; y el 4 de junio, éste proclamó rey
de
España a su hermano José Bonaparte.
Fernando fue confinado al castillo de Valencay
—donde
estaría hasta 1814— y mientras tanto el
pueblo español organizaba, en el orden político,
las
juntas provinciales y, en el militar, las guerrillas,
que iban a sostener durante seis años la guerra
de
independencia.
La noticia de las renuncias de Fernando VII y Carlos IV
al trono de España se
recibió en la
ciudad de México el
14 de julio de 1808. El grave problema de la vinculación
de la Colonia con
su metrópoli —había desaparecido la
autoridad
legítima— fue planteada el día 15 por el
virrey
José de Iturrigaray al Real Acuerdo —cuerpo
formado por los oidores para asesorarlo en los
asuntos difíciles—, que sólo
acordó no acatar orden alguna de Murat. El día 19,
sin embargo, el
Ayuntamiento de la ciudad de México,
"en representación de todo el reino", entregó al
virrey un
memorial con los siguientes puntos: que las reales
renuncias eran nulas porque fueron "arrancadas
por la violencia";
que la soberanía radicaba en todo el reino y en
particular en los cuerpos que
llevaban la voz pública, "quienes la
conservarían para devolverla al legítimo sucesor,
cuando se
hallase (España)
libre de fuerzas extranjeras"; y que, en consecuencia,
debía el virrey continuar
provisionalmente en el gobierno. Los
oidores objetaron la representación que se arrogaron
los
regidores (21 de julio), pero éstos, aparte de
sostener su razón (3 de agosto), propusieron que
se
reuniera una junta de las principales autoridades de la
ciudad —virrey, oidores, arzobispos,
canónigos, prelados de religiosos, inquisidores,
jefes de oficina,
títulos, vecinos principales y
gobernadores de las parcialidades de indios— para
examinar el asunto, lo cual ocurrió el día 9.
El
licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos,
síndico del Ayuntamiento, planteó la
necesidad
de formar un gobierno
provisional y propuso el desconocimiento de las juntas
peninsulares, cuya
creación se había conocido en México
desde el 29 de julio. Los oidores y fiscales se
opusieron
con vehemencia y opinaron lo contrario, y el inquisidor
Prado y Ovejero declaró "proscrita y
anatemizada por la Iglesia" la
afirmación de que la soberanía había vuelto al pueblo.
Convinieron,
en cambio, en que
Iturrigaray continuara como lugarteniente de Fernando VII, a
quien todos
juraron fidelidad el 15 de agosto. Para entonces eran ya
ostensibles los dos partidos antagónicos:
los españoles sospechaban que el Ayuntamiento
aspiraba a la independencia,
y los criollos
suponían que la Audiencia deseaba mantener la
subordinación a España, aun sometida a
Napoleón.
El 12 de agosto Iturrigaray dispuso que no se obedeciera
a ninguna junta peninsular, a menos que
fuera creada por Fernando VII, con lo cual, estando el
monarca prisionero, se desligaba de toda
autoridad en España. El 31 siguiente el alcalde
de corte Jacobo de Villaurrutia pidió al virrey
que
convocase a un congreso, lo cual hizo éste al
siguiente día, instando a todos los ayuntamientos
del
país a que nombrasen sus representantes, y
mandando a la capital al
regimiento de Infantería de
Celaya y al de Dragones de Aguascalientes, cuyos
comandantes le eran adictos. Estos hechos
persuadieron a los españoles de las intenciones
independentistas del virrey y decidieron
deponerlo. La noche del 15 de septiembre, 300 hombres,
encabezados por el rico comerciante
Gabriel de Yermo y con la complicidad de la guardia de
palacio, entraron a éste e hicieron
prisionero a Iturrigaray, a quien enviaron a la
Inquisición con sus dos hijos mayores. Mientras
tanto, los oidores, el arzobispo y otros notables,
reunidos en la sala de acuerdos, declararon al
virrey separado de su cargo y nombraron para sustituirlo
al mariscal de campo Pedro Garibay.
Fueron también detenidos el licenciado Verdad,
Juan Francisco Azcárate y Lezama, José
Antonio Cristo y fray Melchor de Talamantes. Este
último y Verdad murieron en prisión.
A fray Melchor de Talamantes se atribuye haber sido el
director intelectual del movimiento.
A
juzgar por los papeles que se le encontraron, pensaba
que no debían elegirse diputados, pues los
ayuntamientos eran los representantes del pueblo; y que
los delegados de éstos, constituidos en
Congreso Nacional Americano, debían ejercer todos
los derechos de la
soberanía, "reduciendo
sus operaciones a los
puntos siguientes: 1. Nombrar al virrey capitán general
del reino y confirmar
en sus empleos a todos los demás. 2. Proveer
todas las vacantes civiles y eclesiásticas. 3.
Trasladar a la capital los
caudales del erario… 4. Convocar un concilio provisional para
acordar
los medios de
suplir lo que está reservado a su Santidad. 5. Suspender
al tribunal de la Inquisición
la autoridad
civil, dejándole sólo la espiritual, y ésta
sujeta al metropolitano. 6. Erigir un tribunal
de revisión de la correspondencia de Europa… 7.
Conocer y determinar los recursos que
las
leyes reservaban a S.M. 8. Extinguir todos los
mayorazgos y vínculos, capellanías y
cualesquiera
otras pensiones pertenecientes a individuos existentes
en Europa, incluso
el estado y
marquesado
del Valle. 9. Declarar terminados todos los
créditos activos y pasivos
de la metrópoli… 10.
Extinguir la Consolidación, arbitrar medios,
indemnizar a los perjudicados y restituir las cosas a
su
estado primitivo. 11. Extinguir todos los subsidios y
contribuciones eclesiásticas, excepto las de
media anata y de dos novenos. 12. Arreglar los ramos de
comercio,
minería,
agricultura
e
industria, quitándoles las trabas. 13. Nombrar
embajador que pase a los Estados Unidos a
tratar
de alianza y pedir auxilios".
El 25 de septiembre de 1808 se constituyó en
Aranjuez la Junta Suprema Central y Gubernativa
que sustituyó a las muchas otras provinciales que
se habían formado en España al iniciarse
la
guerra de independencia,
y que en diciembre se trasladó a Sevilla cuando los
franceses
cruzaron Somosierra. El virrey Garibay reconoció
la potestad de ese cuerpo —formado por 34
diputados y presidido primero por Floridablanca y luego,
a la muerte de
éste, por Jovellanos— y
le envió 11 millones de pesos —9 del erario
y 2 de particulares—, 100 cañones que
fundió
Manuel Tolsá, pagados por el Tribunal de Minería, y
cientos de fusiles que compró a los ingleses
en Jamaica. El acto más importante de su gobierno, por las
consecuencias que habría de tener,
fue el licenciamiento del ejército acantonado en
Jalapa y Perote desde 1806 en previsión de un
ataque de los ingleses. Estos 14 mil hombres estaban
bajo el mando de oficiales criollos,
resentidos por el golpe de mano de los españoles
contra Iturrigaray y recelosos de que el país
fuera a ser entregado a los franceses. Cuando volvieron
a sus lugares de origen, estimularon las
conspiraciones en el sentido de la Independencia,
dispuestos a defender los derechos de
Fernando VII.
El 19 de julio de 1809 el arzobispo de México,
Francisco Javier de Lizana y Beaumont,
sustituyó
a Garibay en el virreinato por instrucciones de la Junta
Suprema de Sevilla. En septiembre de ese
año empezó en Valladolid (actual Morelia)
una conjura para crear una junta que gobernase en
nombre del monarca prisionero, si España
sucumbía, como todos pensaban, al poder
de
Napoleón. Estaban comprometidos los militares
José María García de Obeso, José
Mariano
Michelena, Mariano Quevedo, Ruperto Mier y Manuel
Muñiz, procedentes del disuelto
acantonamiento; los licenciados José
Nicolás Michelena y Soto Saldaña; el cura Manuel
Ruiz de
Chávez, de Huango; el franciscano Vicente de
Santa María y Luis Correa. Denunciados por
Francisco de la Concha, cura del sagrario, fueron
aprehendidos el 21 de diciembre, fecha en que
pensaban poner en ejecución sus planes apoyados
por algunos soldados y por los indígenas
michoacanos, a quienes habían prometido eximir de
sus tributos. El
arzobispo-virrey fue muy
benévolo con los detenidos, pues siguiendo el
clima general
de la opinión se inclinaba hacia el
partido de los criollos. Persiguió, en cambio, a los
más exaltados españoles: entre otros, a
Marcos Barazaluce, que pretendió viajar a
España para pedir su cambio; y al
oidor Aguirre y a
Juan López Cancelada, editor de La Gaceta, que lo
censuraban.
En las otras colonias españolas de América
ocurrieron acontecimientos semejantes: en
Montevideo, el 21 de septiembre de 1808, el gobernador
Francisco Javier Elío constituyó una
junta para oponerla al virrey de Río de la Plata,
Santiago Liniers y Bremond, simpatizante de los
criollos; el 24 de julio de 1809 se formó en La
Paz, por el método de
cabildo abierto, la Junta
Tuitiva, que presidió Pedro Domingo Murillo, y el
10 de agosto, en Quito, la Junta Soberana,
bajo la dirección de Juan Pío María
de Montúfar y Larrea, marqués de Selva Negra. En
estos
dos últimos casos se trataba de regir esos
países de modo autónomo, aunque a nombre
de
Fernando VII. Los tres organismos se disolvieron antes
de 1810. En Nueva Granada, el virrey
Antonio Amar y Borbón permitió que se
celebrara, del 6 al 11 de septiembre de 1809, una
junta
de notables donde Camilo Torres propuso la
creación de un cuerpo integrado por diputados
de
las provincias. Aun cuando no se tomó
ningún acuerdo, quedaron formados, de hecho,
los
partidos español y criollo.
En 1810 los franceses ocuparon la mayor parte de
España, desapareció la Junta Suprema
Central
instalada en Cádiz y se constituyó la
Regencia —gobierno de una monarquía en ausencia
del
rey—, a cuyo Supremo Consejo, con sede en la isla
de León, pertenecía Miguel de Lardizábal
y
Orive, natural de Nueva España. El 14 de febrero
se convocó a Cortes —asamblea
legislativa—
para darle al reino una nueva Constitución, incluyendo por vez primera la
asistencia de
representantes americanos. La orden para que los
ayuntamientos de las capitales nombrasen a sus
diputados se publicó en México el
18 de mayo, cuando ya se había separado al arzobispo
Lizana
y confiado la administración del virreinato a la
Audiencia (a partir del día 8 anterior), con lo
cual
cambió de signo la relación de los
criollos con el gobierno. Parte de la proclama que
antecedía a
la convocatoria estaba dirigida a los españoles
del Nuevo Mundo: "Desde este momento
—decía— os véis elevados a la
dignidad de hombres libres, no soís ya los mismos que
antes,
encorvados bajo un yugo mucho más duro mientras
más distantes estábais del centro del poder,
mirados con indiferencia, vejados por la codicia y
destruidos por la ignorancia. Tened presente
que… vuestros destinos ya no dependen ni de los
ministros, ni de los virreyes, ni de los
gobernadores; están en vuestras manos". Aunque
este reconocimiento de las demandas de los
criollos representaba un esfuerzo para detener las
revoluciones de independencia en
América, el efecto que provocó fue el
contrario. El liberalismo
español, sensibilizado por la
sublevación popular contra la invasión
extranjera, estimulaba sin desearlo los movimientos de
emancipación de sus colonias.
El 19 de abril de 1810, se formó en Caracas la
Junta Suprema, conservadora de los derechos de
Fernando VII; el 25 de mayo, la de Buenos Aires; el
20 de julio, la de Santa Fe de Bogotá; el 18
de septiembre, la de Santiago de Chile; el 19
siguiente, la de Quito, y en otras fechas las de
Paraguay, Salvador, Cuzco, y León, en Nicaragua.
En todas ellas se negó reconocimiento a la
Regencia y se rechazó la sumisión a todo
gobierno de la metrópoli, se invocó que la soberanía
volvía al pueblo mientras el monarca estuviese
prisionero, se persiguió a los españoles y,
en
algunos sitios, como Argentina,
empezó la guerra; se declaró la libertad de
comercio,
se
establecieron relaciones diplomáticas con
Inglaterra y
Estados
Unidos, se armaron ejércitos
nacionales, se convocó a congresos y sobrevino la
separación de España. Aun cuando fue
varias
veces reprimida, Venezuela
proclamó la República el 5 de julio de 1811, la
primera en
Hispanoamérica.
En Querétaro, mientras tanto, se formalizaba cada
vez más la conspiración cuya denuncia iba
a
precipitar el comienzo de la revolución
mexicana de Independencia, pues la alternativa de
crear una junta, como en el resto de América, se había cancelado en 1808.
Aparentando ser una
academia literaria y bajo la protección del
corregidor Miguel Domínguez, se reunían en la casa
del
presbítero José María
Sánchez los licenciados Parra, Laso y Altamirano, los
militares Arias,
Lanzagorta, Allende y Aldama —estos dos
últimos iban secretamente desde San Miguel— y
los
hermanos Emeterio y Epigmenio González. El cura
de Dolores, Miguel Hidalgo
y Costilla, estaba
vinculado con Domínguez desde hacía
tiempo y con
Allende a partir de 1808. En febrero de
1810 viajó con éste a Querétaro
para conocer el plan
revolucionario del doctor Manuel Iturriaga,
que consistía en formar, en las principales
ciudades, juntas que propagasen la inconformidad con
los españoles y rechazaran la idea de que la
Nueva España quedara sometida a los franceses,
en
declararse simultáneamente por la independencia,
en expulsar a los peninsulares y en ejercer
el gobierno, a nombre de Fernández VII, mediante
una asamblea formada por representantes de
las provincias. En los meses siguientes, aparte la de
Querétaro, se integraron las juntas de San
Miguel, Celaya, Guanajuato, San Felipe, San Luis
Potosí y la ciudad de México; se convino
nombrar jefe del movimiento al
cura Hidalgo y se señaló el 1° de diciembre y
luego el 2 de
octubre como fecha de la sublevación. Sin
embargo, las denuncias de Arias, en Querétaro (10
de
septiembre), y de Juan Garrido, en Guanajuato
(día 13), precipitaron los acontecimientos y la
madrugada del 16 de septiembre Hidalgo dio el grito de
Independencia. Sus primeros
pronunciamientos, según Pedro García,
fueron contra la subordinación política y
económica: "Mis
amigos y compatriotas —dijo en su arenga—:
no existen ya para nosotros ni el rey ni los tributos;
esta gabela vergonzosa, que sólo conviene a los
esclavos, la hemos sobrellevado hace tres siglos
como signo de tiranía y servidumbre; terrible
mancha que sabremos lavar con nuestros esfuerzos.
Llegó el momento de nuestra emancipación;
ha sonado la hora de nuestra libertad; y si
conocéis
su gran valor, me
ayudaréis a defenderla de la garra ambiciosa de los
tiranos".
La crisis del
imperio español, provocada por la invasión francesa
a la Península, puso de relieve
y
actualizó, en términos de acción
política y
de lucha armada, las corrientes y las tensiones de la
sociedad novohispana que habían venido
fraguándose a lo largo del periodo colonial.
Había
entonces en Nueva España 6.5 millones de
habitantes, divididos en tres clases: españoles, indios
y
castas. Los primeros representaban una décima
parte de la población y eran dueños de casi
toda
la propiedad y de
las demás riquezas del país; los otros se ocupaban
de los servicios
domésticos,
los trabajos agropecuarios y mineros, el pequeño
comercio y los
oficios. Decía el obispo electo
de Michoacán, Manuel Abad y Queipo, en una
representación dirigida al rey de España en
1799,
que había entre unos y otros "la oposición
de intereses y de afectos que es regular entre quienes
nada tienen y los que lo tienen todo, entre los
dependientes y los señores…, porque no hay
graduaciones o medianías: son ricos o miserables,
nobles o infames". Añadía el prelado que
"el
color, la ignorancia y la miseria" colocaban a los
indios "a una distancia infinita de un
español":
circunscritos a 600 varas de radio en torno a sus
pueblos, no tenían propiedad
individual, ni
podían disponer del producto de
sus tierras colectivas sin autorización de la Real
Hacienda; no les
estaba permitido mezclarse con las otras clases
—por lo menos legalmente—, ni tratar ni
contratar, de suerte que se mantenían aislados,
sujetos en sus propias comunidades al despotismo
de los caciques. Los miembros de las castas
—mestizos, mulatos y zambos—, a su vez, se
hallaban infamados por derecho como descendientes de
esclavos y estaban sujetos al pago de
tributos.
Los españoles se distinguían en europeos y
americanos, o sea gachupines y criollos, separados
entre sí por una antigua y arraigada enemistad.
Los primeros actuaban persuadidos de que "esto
es una colonia que debe depender de su matriz y
corresponder a ella con algunas utilidades por
los beneficios que recibe de su protección",
según dijo alguna vez el virrey conde de
Revillagigedo; y los segundos, cuyos ascendientes
conquistaron el país y lo sentían por ello
como
propio, se quejaban de no poder ascender, por lo
común a las más altas dignidades, de no
disfrutar de empleos y prerrogativas suficientes, de
pagar impuestos
excesivos y de estar
restringidos en sus actividades. Pero más en el
fondo de la situación, los criollos representaban
el
advenimiento de un pueblo nuevo, distinto al peninsular,
cuyas formas sociales y culturales, si bien
eran una prolongación de las europeas, estaban
singularizadas por la herencia y la
influencia
indígenas, la geografía local y las
peculiaridades de la actividad económica. Ya desde la
primera
mitad del siglo XVII el guadalupanismo, el arte y las letras
apuntaban la formación de una
conciencia nacional, la cual habría de madurar,
en el siglo XVIII, cuando los espíritus más
selectos
entraron en contacto con la filosofía de la
razón, fueron seducidos por la apertura intelectual
del
enciclopedismo y se conmovieron ante los grandes
ejemplos de la Independencia
norteamericana y la Revolución
Francesa. Así, cuando los acontecimientos de 1808
pusieron en
crisis a la metrópoli, los criollos mexicanos se
sintieron aptos para la Independencia.
Durante la primera etapa de la guerra (16 de septiembre
de 1810 al 21 de marzo de 1811), las
fuerzas insurgentes, comandadas por Hidalgo y Allende,
fueron engrosándose, a partir de
Dolores, en Atotonilco, San Miguel, Celaya, Salamanca,
Irapuato y Silao; libraron batalla por la
toma de Guanajuato (28 de septiembre), tomaron sin
resistencia
Valladolid (17 de octubre),
derrotaron a los realistas en el monte de las Cruces (30
de octubre), desistieron de acercarse aún
más a la ciudad de México, regresando
hacia el Bajío, y en Aculco fueron derrotadas y
diezmadas (7 de noviembre) por el ejército
virreinal. Hidalgo huyó a Valladolid y Allende
a
Guanajuato. Este descalabro se compensó en cierto
modo con la acción de otros jefes
insurgentes en distintos lugares del país: Rafael
Iriarte, en León, Aguascalientes y Zacatecas;
los
legos juaninos Luis de Herrera y Juan de
Villerías, en San Luis Potosí; Tomás Ortiz y
Benedicto
López, en Toluca y Zitácuaro; Ávila
y Ruvalcaba, en Cuernavaca; Miguel Sánchez y
Julián
Villagrán, en el extenso valle del Mezquital;
José María Morelos, en la Tierra
Caliente de
Michoacán y Guerrero; Gómez Portugal,
Godínez, Alatorre y Huidobro, en el valle alto de
La
Barca; y José Antonio Torres, en territorio de
Colima y en el sur de Jalisco, hasta que al fin
tomó
Guadalajara (11 de noviembre), abriendo el camino para
que Hidalgo entrase a la antigua capital
novogalaica el 26 de noviembre. Poco tiempo tuvo el
caudillo para disponer y legislar: entre esa
fecha y el 13 de diciembre, nombró jefes de las
fuerzas insurgentes de San Blas, al cura José
María Mercado; de
Tepic, a Rafael Híjar; de Chihuahua, a Simón de
Herrera, y de las Provincias
Internas de Occidente, a José María
González Hermosillo; publicó el decreto de
abolición de la
esclavitud, derogación de tributos,
prohibición del uso del papel sellado
y extinción de estancos;
ordenó que las tierras se entregaran a los
naturales, sin que pudieran volver a arrendarse (5 de
diciembre); señaló un plazo de 10
días para que los amos pusieran en libertad a los
esclavos (6
de diciembre); nombró ministro de Estado y del
Despacho a Ignacio López Rayón, y de Gracia
y
Justicia a José María Chico;
designó cuatro oidores; expidió credenciales como
representante
diplomático en Estados Unidos a
Pascasio Ortiz de Letona, y confió a Francisco
Severo
Maldonado la edición de El Despertador Americano.
Estas acciones
respondían al doble
carácter —libertario y agrario— del
movimiento de
Independencia. A estos hechos
siguieron la desastrosa batalla de Puente de
Calderón (17 de enero), la huida hacia el norte,
con
la esperanza de hallar auxilio en Estados Unidos, y
el prendimiento y muerte de
Hidalgo, Allende,
Aldama y Jiménez, principalmente. V. HIDALGO Y
COSTILLA, MIGUEL.
El nuevo virrey, Francisco Javier Venegas, quien
sustituyó a la Audiencia, había llegado
a
Veracruz el 25 de agosto y a la ciudad de México
el 13 de septiembre, tres días antes de la
sublevación. Al organizar la contraofensiva se
sirvió del general Félix María Calleja del
Rey, quien
después de Aculco, recuperó Guanajuato (25
de noviembre), derrotó a Hidalgo y a Allende en
Puente de Calderón y recobró Guadalajara
(21 de enero de 1811) y San Luis Potosí (5 de
marzo); el también brigadier José de la
Cruz, que reintegró a la Corona Valladolid (28
de
diciembre de 1810); Alejo García Conde,
gobernador de Sonora, que venció a Hermosillo
en
San Ignacio Piaxtla (8 de febrero de 1811); Manuel
Ochoa, que retomó Zacatecas (17 de
febrero); y otros jefes que derrotaron a los insurgentes
en San Blas (31 de enero), San Antonio
de Béjar (1° de marzo) y Monclova (17 de
marzo). En estas acciones
murieron el cura José
María Mercado, Ignacio
Aldama, el padre Salazar, Villerías y Herrera. Iriarte, a
su vez, fue
fusilado por los mismos insurgentes. Del grueso de la
fuerza
inicial, sólo sobrevivió el cuerpo de 6
mil hombres cuyo mando confió Allende en Saltillo
a Ignacio López Rayón, antes de partir
rumbo
a Estados Unidos. Éste realizó una
brillante retirada hacia el sur, internándose en
Michoacán.
La segunda etapa (abril de 1811 a 22 de diciembre de
1815) se caracterizó por el
recrudecimiento de la guerra en el centro del
país y por la expresión, mucho más clara, de
los
principios ideológicos del movimiento, en
los cuales estuvieron inspirados los intentos de
organización gubernamental. Gracias a las
victorias que tuvieron en Zitácuaro Juan B. de la
Torre
(20 de marzo de 1811) y López Rayón (22 de
junio), pudo éste, el 19 de agosto, establecer
en
esa ciudad la Junta Nacional, que conservaría
—al igual que en España— los derechos
de
Fernando VII, organizaría los ejércitos y
procuraría libertar a la patria de la opresión.
Por
elección de 10 jefes regionales —Ignacio
Martínez, Tomás Ortiz, Benedicto López,
José Vargas,
Juan Albarrán, José Ignacio Ponce de
León, Manuel Manso, José Miguel Serrano,
Remigio
Yarza y José Ignacio Ezaguirre— fueron
electos vocales López Rayón —que sería
presidente—,
José María Liceaga y José Sixto
Berduzco, cura éste de Tusantla. El cuerpo tomó el
nombre de
Suprema Junta Nacional Americana o Congreso Nacional
Gubernativo. A José María Morelos
se le expidió nombramiento de teniente general y
más tarde se le nombró cuarto vocal. El 1°
de
enero de 1812 la Junta abandonó Zitácuaro
ante el ataque de las fuerzas de Calleja, que
incendiaron "la infiel y criminal villa" y despojaron de
todos sus derechos a los pueblos indígenas
comarcanos. Los vocales huyeron a Tlalchapa y luego a
Sultepec, donde el doctor José María
Cos, cura del burgo de San Cosme (hoy Villa Cos, Zac.),
publicó un manifiesto, sus Planes de
paz y guerra (16 de marzo) y los periódicos El
Ilustrador Nacional (11 de abril al 30 de mayo)
y El Ilustrador Americano (a partir del 27 de mayo).
Sostenía Cos "la residencia de la
soberanía en la masa de la nación", que
los españoles no podían atribuirse la potestad
de
representar al monarca y que los americanos no
debían obedecer a los peninsulares; si
éstos
aceptaban la formación en México de un
Congreso que defiendese los derechos del rey
prisionero, renunciando a sus empleos y a las armas, América
contribuiría a los gastos de la
lucha
contra Napoleón; de otro modo, se trataría
de suavizar los extremos de la guerra, pues ambos
bandos reconocían a Fernando VII. Casi
simultáneamente (20 de abril), Rayón envió a
Morelos
su proyecto de
Constitución —Elementos
Constitucionales—, que establecía la religión
católica
sin tolerancia de
otra; sostenía que el pueblo era el origen de la soberanía, la cual residía
en
Fernando VII, y sería ejercida por tres
organismos —una Junta, un Consejo de Estado y
un
Congreso de representantes nombrados por los
ayuntamientos—, aun cuando la iniciación de
las
leyes se reservaba a un "protector nacional";
preveía un generalísimo, nombrado por el Consejo
y
con poderes dictatoriales, para tiempos de guerra;
declaraba la libertad de
comercio y la
de
imprenta en materias científicas y políticas;
adoptaba el Habeas corpus
para la seguridad
personal, y suprimía la esclavitud, las
castas, el tormento y los exámenes a los
artesanos.
Mientras tanto, la Constitución de Cádiz —10
títulos con 384 artículos— fue jurada por
las
Cortes de España el 19 de marzo de 1812, y
promulgada en México el 30 de septiembre
siguiente, al pie de la estatua ecuestre de Carlos IV,
al centro de la plaza Mayor, que en ese acto
cambió su nombre por el de la Constitución. Redactada para normar la
monarquía, implantó la
soberanía nacional y acabó con el poder
absolutista: el Título III atribuyó amplias
facultades a las
Cortes e impuso severas restricciones al monarca, al
punto de que las oficinas públicas, que
añadían a su denominación el
adjetivo real, usaron a partir de ese momento el de nacional.
Las
novedades jurídicas que más interesaron en
Nueva España, sin embargo, fueron la libertad
de
imprenta (Artículo 371) y el derecho electoral
para el nombramiento de ayuntamientos
(artículos
309 a 337). Como consecuencia de lo primero, se
publicaron multitud de impresos, entre otros
los periódicos El Juguetillo, de Carlos
María de Bustamante, y El Pensador Mexicano, de
Joaquín Fernández de Lizardi; y, a
resultas de lo segundo, el 29 de noviembre, en medio de
un
gran regocijo, el pueblo eligió a los electores,
todos mexicanos, que a su vez deberían nombrar
a
los miembros del nuevo Ayuntamiento de la capital. El
mismo resultado tuvieron los comicios en
Puebla, Toluca y otras ciudades. Estos primeros ensayos de
democracia
fueron reprimidos por el
virrey, de acuerdo con la Audiencia: el 5 de diciembre
suspendió la vigencia del Artículo 371 y
a
fines del mes dispuso que continuasen ejerciendo las
antiguas corporaciones municipales y que
quedasen sin efecto todas las demás
prescripciones de la Constitución. Estos hechos
provocaron
el recrudecimiento de la revolución
de Independencia. En julio del año siguiente,
31
diputados americanos, encabezados por Miguel Ramos
Arizpe, pidieron que la Regencia de
España diera cuenta a las Cortes de estos
irregulares acontecimientos, pero el Consejo de Estado
confirmó que en México, mientras durase la
insurrección, debía existir un régimen
militar.
En estas circunstancias, el 2 de noviembre de 1812
Morelos propuso a López Rayón, desde
Tehuacán, "que se le quite la máscara a la
independencia", y el día 7, en una comunicación
más explícita, insistió en evitar
toda mención a Fernando VII en los planes revolucionarios
de
gobierno. Pero si de este modo se dirigía al
presidente de la Junta Suprema en lo privado, en lo
público conservaba su aparente adhesión al
monarca, a quien mandó jurar reconocimiento y
obediencia el 5 de diciembre siguiente, una vez que
tomó la ciudad de Oaxaca. Allí mismo, el
día
23 dirigió un manifiesto aclarando algunas ideas:
"Las cortes de Cádiz han asentado más de
una
vez —decía— que los americanos eran
iguales a los europeos, y para halagarnos más nos
han
tratado de hermanos; pero si ellos hubieran procedido
con sinceridad y buena fe, era
consiguiente, que al mismo tiempo, que
declararon su Independencia, hubieran declarado la
nuestra, y nos hubieran dejado en libertad de establecer
nuestro gobierno, así como ellos
establecieron el suyo… Si ellos tienen por
heroísmo —añadía— rechazar el
yugo de Napoleón,
nosotros no somos tan viles y degradados que suframos el
suyo".
José María Morelos había recibido
de Hidalgo, el 20 de octubre de 1810 en Indaparapeo,
la
misión de insurreccionar el sur. En su recorrido
inicial por la Tierra
Caliente de Michoacán y la
costa y la sierra de Guerrero, se le unieron los
hermanos Galeana, Vicente Guerrero, Juan
Álvarez y los miembros de la familia
Bravo. En su primera campaña derrotó a los
realistas en Tres
Palos, frente a Acapulco (5 de enero de 1811), pero en
febrero no pudo tomar la fortaleza de
ese puerto; se apoderó de Chilpancingo (24 de
mayo) y Tixtla (26 de mayo), batió al realista
Fuentes (16 de agosto) y se posesionó de Chilapa
y Tlapa (principios de
noviembre). En su
segunda campaña se extendió al norte del
actual Guerrero, al sur de Puebla y al territorio de
la
entidad que llevaría su nombre: tomó
Chiautla (diciembre), dividió su ejército en tres
cuerpos
—Bravo hacia Oaxaca, Galeana hacia Tasco y
él mismo contra Izúcar—, entró a
Cuautla (25 de
diciembre), a Tenango y a Tenanancingo (22 de enero de
1812) y regresó a Cuautla, para resistir
el sitio que le puso Calleja durante 58 días y
que al fin rompió el 2 de mayo. En el curso de
estas
acciones se le unieron José Manuel Herrera,
Mariano de Tapia, Mariano Matamoros, Juan
Nepomuceno Rosáinz y Antonio Sesma y sus hijos.
La tercera campaña (junio de 1812 a agosto
de 1813) tuvo como puntos sobresalientes el combate de
Huajuapan (13 de julio), la
reorganización de sus tropas en Tehuacán
(10 de agosto a 7 de noviembre) —tomada desde el
6
de mayo por el padre Sánchez—, la entrada a
Orizaba para destruir el tabaco almacenado
por
los realistas (29 de octubre) y las tomas de Oaxaca (25
de noviembre) y de Acapulco (20 de
agosto de 1813).
Simultáneamente a estos acontecimientos, operaban
en Michoacán los jefes Muñiz, Navarrete,
Anaya y José Antonio Torres, que incomunicaron
Valladolid durante ocho meses. Torres fue al
fin sorprendido, ahorcado y descuartizado (23 de mayo de
1812). En Guanajuato se hicieron
famosos los guerrilleros Albino García (fusilado
el 8 de junio de 1812), Bernardo Gómez de Lara
(fusilado el 17 de noviembre de 1811), Vicente
Gómez y otros; en Huichapan y el Mezquital, los
Villagrán; y en el norte de Puebla y los llanos
de Apan, Francisco Osorno. Después de Cuautla,
fueron significativas las acciones de
los sacerdotes Alarcón y Moctezuma contra Orizaba (28
de
mayo de 1812) y Córdoba (3 de junio siguiente) y
la de Valerio Trujano en Yanhuitlán. Así,
a
fines de 1812, la capital del
virreinato estaba rodeada, aunque a distancia, por un
círculo de
fuerzas insurgentes, ninguna de cuyas facciones estaba
sometida a la autoridad de
la Suprema
Junta Nacional Americana. El 17 de junio de 1812 los
vocales habían salido de Sultepec,
acosados por los realistas: Rayón huyó a
Tlalpujahua, Berduzco a Huetamo y Liceaga a Yuriria.
Cada uno libró por su cuenta combates
infructuosos, que suscitaron recriminaciones
recíprocas,
hasta que Rayón declaró suspensos en su
representación a sus colegas (abril de 1813).
Morelos,
deseando superar las diferencias de la Junta,
convocó en mayo de 1813 al Congreso de
Chilpancingo, cuyo reglamento formuló el 13 de
septiembre.
El Congreso Nacional Constituyente se instaló en
el templo parroquial de Chilpancingo el 14 de
septiembre de 1813, previa la reunión
preparatoria del día 13, en que se atribuyó a la
asamblea el
nombre de Primer Congreso de Anáhuac. Morelos
había nombrado seis diputados para
representar a las provincias dominadas por los
españoles: Rayón (Guadalajara), Berduzco
(Michoacán), Liceaga (Guanajuato), Carlos
María de Bustamante (México), José
María Cos
(Veracruz) y Andrés Quintana Roo (Puebla); y las
provincias de Tecpan y Oaxaca, en poder de
los insurgentes, a José Manuel Herrera y
José María Murguía, respectivamente. A la
instalación
sólo concurrieron estos dos últimos,
Quintana Roo y Berduzco. Más tarde llegaron
Bustamante
(fines de octubre), Rayón (2 de noviembre) y
Liceaga (día 6 siguiente). Fueron secretarios
Cornelio Ortiz de Zárate y Carlos Enríquez
del Castillo. En la primera sesión formal,
Morelos
presentó, por conducto de Juan Nepomuceno
Rosáinz, su secretario, los Sentimientos de la
Nación (v. texto
completo), según los cuales debía declararse la
Independencia, ser la
católica la única religión, crear los
poderes legislativo, ejecutivo y judicial, dar los empleos a
los
americanos, respetar la propiedad pero
confiscar sus bienes a los
españoles, y abolir la
esclavitud, las castas, los estancos y los tributos. El
día 15 se nombró generalísimo a Morelos
con
el tratamiento de alteza serenísima, que
declinó el caudillo para adoptar el de Siervo de la
Nación,
y el 18 cesó la antigua Junta; pero cuando
Rayón se incorporó a la asamblea, varias
veces
requerido por Morelos, todavía sostuvo la idea de
que el Congreso gobernase a nombre de
Fernando VII, lo cual fue rechazado por la
mayoría de diputados. Salvado este último
obstáculo,
el 6 de noviembre se firmó el Acta solemne de la
Declaración de la Independencia de
América Septentrional (v. texto
completo), inspirada "en las presentes circunstancias de
la
Europa".
Morelos salió de Chilpancingo el 7 de noviembre a
iniciar su cuarta campaña militar, cuyo primer
objetivo era la toma de Valladolid, apoyado por las
fuerzas de Matamoros y Nicolás Bravo, que
hizo moverse desde Veracruz y Puebla. Aunque
trató de disimular estos movimientos, los
conoció
muy a tiempo
Félix María Calleja, que era ya virrey desde el 4
de marzo, quien movilizó hacia
aquella plaza las divisiones de Toluca y Guanajuato, al
mando de Llano y Agustín de Iturbide. El
23 de diciembre, los soldados de éstos y los de
la guarnición tomaron a dos fuegos a los
hombres
de Galeana y Bravo en El Zapote, dispersándolos;
el 24, una audaz incursión nocturna de Iturbide
provocó un combate entre los propios insurgentes,
que fue desastroso; y el 5 de enero de 1814,
en Puruarán, los realistas acabaron con el resto
del ejército independiente e hicieron prisionero
a
Matamoros. Una columna realista, al mando de Armijo,
avanzó luego al sur y en las márgenes
del
Mezcala derrotó a la tropa de Víctor
Bravo, que protegía Chilpancingo. En cuanto los
miembros
del Congreso se enteraron de estos sucesos, se
trasladaron a Tlacotepec, donde se les unió
Morelos, al que despojaron del mando como
generalísimo para asumir ellos el poder
ejecutivo.
Armijo entró a Tixtla, Chilapa y Chilpancingo,
derrotó a Rosáinz en Chichihualco, a
Guerrero,
Galeana y los Bravo (19 de febrero) y puso en fuga a
Morelos y al Congreso.
Mientras tanto, el Congreso hacía un penoso
recorrido por Ajuchitlán, Tlalchapa, Uruapan,
las
haciendas de Santa Efigenia y Tiripitío, Ario y
Apatzingán, en cuyo trayecto los diputados
—algunos de los anteriores y otros recién
nombrados— fueron redactando los puntos de la
Constitución. Ésta, con el nombre de
Decreto Constitucional para la libertad de la
América
Mexicana, fue sancionada en Apatzingán el 22 de
octubre de 1814. Consta de 242 artículos,
divididos en Principios o
Elementos Constitucionales (seis capítulos), dedicados a
la religión,
la
soberanía, la ley y los
derechos y obligaciones
de los ciudadanos; y Forma de Gobierno (22
capítulos), estableciendo el Congreso, el Supremo
Gobierno —formado por un triunvirato— y el
Supremo Tribunal de Justicia.
Firmaron el documento los diputados José María
Liceaga,
presidente (Guanajuato), José Sixto Berduzco
(Michoacán), José María Morelos (Nuevo
Reino
de León), José Manuel de Herrera (Tecpan),
José María Cos (Zacatecas), José Sotero
de
Castañeda (Durango), Cornelio Ortiz de
Zárate (Tlaxcala), Manuel de Aldrete y Soria
(Querétaro), Antonio José Moctezuma
(Coahuila), José María Ponce de León
(Sonora) y
Francisco de Argándar (San Luis Potosí), y
los secretarios Remigio de Yarza y Pedro José
Bermeo. Lo promulgaron, como miembros del Supremo
Gobierno, Liceaga —presidente—,
Morelos y Cos. López Rayón, Sabino Crespo,
Quintana Roo, Bustamante y Sesma, aunque
contribuyeron a su redacción, no pudieron firmarlo por estar
ausentes. El Decreto
Constitucional —redactado, según Morelos,
por Herrera, Quintana Roo, Sotero Castañeda,
Berduzco y Argándar— estuvo inspirado en la
Declaración de los Derechos del Hombre y
del
Ciudadano de 1789 y parcialmente en la
Constitución de Cádiz. Aparte de que este
documento
era ineficaz en tiempos de guerra, por lo complicado de
los mecanismos de gobierno, entrañaba
un absolutismo
del Congreso, cuya víctima principal habría de ser
el propio Morelos.
Después del desastre de Puruarán, que de
hecho puso término a su carrera militar, Morelos
pasó
a la hacienda de Santa Lucía, a Coyuca, desde
donde pidió al virrey canjear a Matamoros por
200 prisioneros, y luego al puerto de Acapulco, donde
mandó degollar a éstos e incendiar la
ciudad, una vez que se rechazó su oferta y
Matamoros fue fusilado. El 14 de abril Armijo
recuperó Acapulco y uno de sus hombres, el
comandante Avilés, liquidó a Galeana el 22
de
junio, en tanto las milicias españolas de
Guatemala
tomaban Tehuantepec. Otra vez unido al
Congreso, en Ario, con sólo los hombres de su
escolta, Morelos marchó con los diputados a
Uruapan y más tarde decidieron cambiar su sede a
Tehuacán. La custodia del grupo se
confió a
Morelos, muy a pesar de que el Artículo 168 de la
Constitución prohibía a los miembros del
poder ejecutivo tener mando de fuerza armada,
salvo circunstancias extraordinarias. El 29 de
septiembre salió la caravana, por caminos
inusuales, tratando de esquivar el encuentro con los
realistas. El virrey, por su parte, cubrió con
tropas todas las posibles rutas, desde Temascalcingo
hasta Cuautla. El 3 de noviembre los representantes de
los poderes nacionales vadearon el río
Mezcala en Tenango y el 5, estando ya en Tezmalaca,
fueron alcanzados por las fuerzas del
teniente coronel Manuel de la Concha. A poco de iniciado
el combate, los insurgentes se
dispersaron y fueron perseguidos. Morelos, a pie y sin
armas, fue
detenido por Matías Carranco,
un antiguo soldado suyo que se pasó a las filas
realistas. Conducido a México, bajo la
vigilancia
de Concha, murió fusilado en San Cristóbal
Ecatepec, el 22 de diciembre de 1815. (V. MORELOS
Y PAVÓN, JOSÉ MARÍA). En los meses
anteriores, López Rayón se refugió en las
montañas del
norte de Puebla, e igual hizo Rosáinz, uno y otro
nombrados por el Congreso para hacer la guerra
en las mismas áreas, lo cual provocó entre
ellos serias desavenencias. Cuando Zacatlán cayó
en
manos de los realistas (25 de septiembre), Rayón
huyó hasta Cóporo, y Rosáinz fue detenido
por
los propios insurgentes, de quienes huyó en
Chalco para indultarse e informar al virrey del estado
de la revolución.
La tercera etapa de la guerra (1816-1819) se
caracterizó por la actividad de caudillos
secundarios y la fugaz campaña de Francisco
Javier Mina. En el curso de 1816 los insurgentes
sufrieron importantes derrotas: Osorno fue batido por
Concha en Venta de Cruz y
San Felipe (21
y 23 de abril); Mariano Guerrero y Rafael
Villagrán se acogieron al indulto (agosto); los
realistas
recuperaron la isla de Janitzio, en el lago de
Pátzcuaro (13 de septiembre), el fuerte de
Monte
Blanco, junto a Córdoba (7 de noviembre), la isla
de Mezcala, en la laguna de Chapala (25 de
noviembre), y el fuerte de Cuiristarán (10 de
diciembre), motivo por el cual depusieron las armas
Herrera, Cos, Gordiano, Guzmán, Vicente
Gómez, el padre Castellanos, Encarnación Rosas,
José María Vargas y Melchor
Múzquiz. En 1817 capitularon Ramón
Rayón en el fuerte de
Cóporo, frente a Jungapeo (7 de enero), y Manuel
de Mier y Terán en el cerro Colorado, cerca
de Tehuacán (20 de enero); en Veracruz los
españoles recobraron San Juan Coscomatepec (9
de febrero), Huatusco (17 de febrero), los puentes de
Atoyac y Chiquihuite y los fuertes de La
Fortuna, Quimistlán y Palmillas; en Guanajuato,
el punto fortificado de la mesa de los Caballos
(10 de marzo), cerca de San Felipe, y en
Querétaro el de La Faja (diciembre). En
diciembre,
Nicolás Bravo fue desalojado del fuerte de
Cóporo.
En mayo de 1816 había salido de Londres Francisco
Javier Mina, patriota español que
combatió
a los franceses en la Península y deseaba
continuar batallando en América contra el absolutismo
de Fernando VII. Lo acompañaban 32 oficiales
españoles, italianos e ingleses y el dominico
mexicano fray Servando Teresa de Mier. En Norfolk y
Nueva Orleans, E.U.A., aumentó su
hueste y sus pertrechos, y el 15 de abril de 1815
desembarcó en Soto la Marina con 300
hombres. Ahí perdió sus barcos, atacados
por una escuadrilla procedente de Veracruz;
construyó
un fuerte, cuyo mando confió al mayor
Sardá, y el 24 de mayo emprendió la marcha hacia
el
fuerte del Sombrero, al noroeste de Guanajuato, para
unirse al insurgente Pedro Moreno. A
pesar de su escasa fuerza,
derrotó en el camino a los realistas Villaseñor, en
Valle del Maíz (8 de
junio), y a Armiñan, en Peotillos (día 15
siguiente), y después de que llegó a su destino
(día 24), a
Ordóñez (día 29), en la hacienda de
San Juan de los Llanos. El 1° de agosto Liñán
puso sitio al
fuerte y lo tomó el 19 sin que Mina pudiera
auxiliar a sus defensores. El 27 de octubre, en la
acción del rancho del Venadito, fue muerto Moreno
y capturado Mina, más tarde fusilado (11 de
noviembre) frente al fuerte de Los Remedios cercano a
Pénjamo. El 16 de junio anterior cayó en
manos del realista Arredondo el fuerte de Soto la
Marina; en el curso del año se acogieron al
indulto Osorno, Sotero Castañeda, Carlos
María de Bustamante, Muñiz y otros; y a fines,
fueron
hechos prisioneros Berduzco, López Rayón y
Nicolás Bravo.
En 1818 se rindió a los españoles el
fuerte del Jaujilla en un islote de la laguna de Zacapu (6
de
marzo), logrando escapar los miembros de una junta que
nombró el Congreso antes de su salida
a Tehuacán, algunos de cuyos vocales fueron
más tarde aprehendidos (febrero) y otros
fusilados
en Huetamo (9 de junio). Fueron asesinados el padre
Torres, defensor de Los Remedios, y José
María Liceaga; fusilados en Pátzcuaro,
Nicholson y Yortis, oficiales sobrevivientes de Mina
(junio), e indultados otros jefes insurgentes, como
Amaya, Mariano Tercero, Huerta y los padres
Navarrete y Carvajal. En 1819 se acogieron al
perdón realista Arago, Erdozáin y Ramsey,
que
operaban en Guanajuato, y José Antonio Magos, que
lo hacía en Querétaro. Vicente Guerrero
fue derrotado en el fuerte de Barrabás, en
Coahuayutla (mayo), y en Agua Zarca (5
de
noviembre), al que después de estos hechos se
unió Pedro Asencio, a su vez desalojado del
fuerte de San Gaspar. Eran éstos los dos
únicos jefes insurgentes que continuaban combatiendo
a
principios de 1820.
La ofensiva de Wellington en 1813 y la constante
actividad de las guerrillas a retaguardia de los
franceses, hicieron posible recobrar Madrid; José
Bonaparte abandonó Valladolid y perdió
las
batallas de Vitoria y San Marcial; y el 11 de diciembre
se firmó el Tratado de Valençay, por el
cual cesó la guerra entre España y Francia
y Napoleón reconoció a Fernando VII como rey;
pero
las Cortes y la Regencia no quisieron considerar libre
al rey, ni prestarle obediencia, hasta que
prestase el juramento previsto por la
Constitución. El 22 de marzo de 1814 Fernando
entró
nuevamente a España; el 6 de abril abdicó
Napoleón; a fines de ese mes 69 diputados se
declararon absolutistas y el 4 de mayo el rey
firmó un manifiesto anulando la Constitución
de
1812 y todo cuanto habían hecho las Cortes "como
si no hubieran pasado jamás tales actos y se
quitasen de enmedio del tiempo";
restableció la Inquisición, que había sido
abolida por los
diputados; persiguió a los liberales y casi no
prestó atención a las sublevaciones en
América.
El 1° de enero de 1820, en la villa de Cabezas de
San Juan, de la provincia de Sevilla, se
sublevó
el coronel Rafael del Riego con el segundo
batallón del Regimiento de Asturias. En lugar
de
embarcarse rumbo a América, a luchar contra los
insurgentes, proclamó la Constitución de
1812.
El apoyo que el pueblo brindó a este movimiento
obligó a Fernando VII, el 9 de marzo, a jurar
la
Constitución. La noticia del triunfo de los
liberales en España se recibió en Veracruz el 26 de
abril
y en México el 29.
Durante ese mes y los primeros días de mayo, el
virrey Apodaca, el regente de la Audiencia
Bataller y los felipenses Tirado y Matías
Monteagudo conspiraron (Plan de la
Profesa) para
impedir el restablecimiento de la Constitución en
México. Postulaban que el rey estaba oprimido
por los revolucionarios y que la Nueva España
debía gobernarse por el virrey, con apoyo en
las
Leyes de Indias, y con independencia de la
metrópoli. La ejecución de estas ideas
obligaba
a contar con un jefe militar que mereciera su confianza,
el cual creyeron encontrar en Agustín de
Iturbide.
Los comerciantes de Veracruz, en su mayor parte
afiliados a la masonería, o controlados por
ella,
temerosos de que el virrey fuera a negarse a jurar la
Constitución liberal, tomaron las armas el
24
de mayo, constituidos en el Batallón de
Voluntarios Fernando VII, y fueron a pedir a José
Dávila,
comandante general e intendente de la provincia, que
proclamara el código. Éste lo hizo bajo
presión, pero advirtió a los amotinados
que ese era un acto precursor de la Independencia.
En Jalapa ocurrieron sucesos semejantes, y en
México, el virrey, para evitar que los oficiales
de
las tropas españolas, casi todos masones, lo
obligaran en el mismo sentido, convocó al Real
Acuerdo el día 31, en cuya sesión
él y los oidores hicieron el juramento. El arzobispo,
los
tribunales, los empleados y los colegios hicieron lo
propio del 1° al 8 de junio, y el 9 el
Ayuntamiento hizo su proclamación. V.
MASONERÍA.
Los efectos de la restaurada Constitución de
Cádiz consistieron en suscitar la discusión
pública y
la expresión de los resentimientos, los temores y
las esperanzas de todas las clases de la
sociedad, estimuladas por una conciencia
generalizada en el sentido de la necesidad de un
cambio. El fiscal de la
Audiencia, José Hipólito Odoardo, trasmitió
en un informe al
ministro de
Gracia y Justicia, a
fines de octubre de 1820, el estado de
la opinión en Nueva España. Indicaba
que desde principios de
1819 la situación había venido
normalizándose, no quedando sino los
grupos insurgentes en el partido de Chilapa, protegidos
"por el clima
mortífero y las tierras
montuosas" y que la insurrección de 1810 se
había dominado no por las concesiones que se
hubieren hecho en favor de los americanos, ni por las
providencias de las Cortes, que cesaron en
1814, "sino por haberse unido cordialmente al gobierno
las tropas veteranas y las milicias, los
eclesiásticos, los empleados, los propietarios y
las demás clases influyentes". Pero advertía que
el
espíritu público había ya cambiado
enteramente: los militares se quejaban del agravio que se
les
hizo al suspenderles después de jurada la
Constitución, el aumento de paga de que disfrutaban;
el
clero temía por sus rentas e inmunidades y por la
existencia de algunos establecimientos
religiosos; los españoles residentes, por lo
común propietarios, no parecían dispuestos a volver
a
consumir sus fortunas en apoyo del gobierno, si
ocurría una nueva revolución
y por ello se
ocupaban de ir de una a otra tertulia "para explorar los
planes de independencia que en ellas
se discutían con más o menos embozo", y
los abogados y los oficinistas veían en la
eventualidad
de un cambio la
perspectiva de mejorar en sus empleos.
El 22 de agosto se publicó en México la
real orden del 8 de marzo anterior, por la cual fueron
puestos en libertad todos los insurgentes que se
hallaban presos —Nicolás Bravo, Ignacio
López
Rayón y Sixto Berduzco, entre otros— y
pudieron volver al pais los exiliados —el marqués
de
Rayas, Carlos María de Bustamante, Fagoaga,
Adalid y muchos más—. Una consecuencia
lateral
de la nueva política fue que
quienes se habían indultado con anterioridad empezaron a
obtener
grados —hasta de teniente coronel— en el
ejército virreinal. Había entonces en México
85 036
soldados, de los cuales 25 mil eran de
caballería: 8 448 expedicionarios enviados desde
España
de 1812 a 1817, 10 620 hombres de tropas veteranas del
país; 21 968 miembros de las milicias
provinciales, y 44 mil elementos urbanos encargados de
la defensa de las poblaciones. A los
antiguos insurgentes que ya no podían pelear
contra estas fuerzas en los campos de batalla, la
Constitución les permitía luchar por las
diputaciones provinciales y por los ayuntamientos.
En noviembre de 1820, el virrey Apodaca, pensando que
Iturbide sostendría con las armas
el
Plan de la Profesa, le confió la comandancia
general del sur, a la que estaban adscritos los fieles
de Potosí, los escuadrones de Isabel y los
batallones de Tres Villas y de Murcia, jefaturados por
españoles, los infantes de la Corona, el
Batallón del Sur, las milicias de Acapulco y los
realistas
de Tixtla, Chilapa y otros pueblos. Iturbide
salió a la campaña contra Guerrero el 16
de
noviembre —"para pacificar en breve tiempo todo el
reino", según comunicó al virrey— y
a
principios de diciembre, a solicitud suya, se le
unió en Teloloapan el Regimiento de Celaya, que
él
mismo comandaba y cuya oficialidad le era enteramente
adicta. En diciembre consiguió de
Apodaca que le enviase el cuerpo de caballería de
la frontera —que el propio Iturbide había
tenido bajo su mando en el Bajío—, que se
le remitieran más abundantes pertrechos y
municiones, y se le destinasen fuertes sumas en
efectivo, tanto para cubrir la paga de la tropa
cuanto para invertir en compra de voluntades, y en
espías, pues de todos los recursos
posibles
"los más eficaces —decía— son
distribuir la moneda con prudente liberalidad, pues por
ella
aventuran los hombres sus vidas, y hacen esfuerzos que
no practicarían por ningún otro
estímulo".
El 2 de enero de 1821 Guerrero derrotó a una
partida realista en Zapotepec y el 5 Asencio
desbandó a otra en Tlatlaya. Estos hechos
persuadieron a Iturbide de que la campaña contra
los
insurgentes sería larga, y al parecer
advirtió entonces la conveniencia de contar con ellos en
los
planes de Independencia, en lugar de empeñarse en
una nueva y sangrienta contienda. El día
10 escribió a Guerrero instándolo a
someterse y haciendo votos por la emancipación;
éste
contestó el 20 rechazando el indulto, pero
ofreciéndole colaborar si en efecto buscaba la
separación de España. Antonio de Mier,
representante de Iturbide, y José Figueroa, de
Guerrero,
dieron cima a las negociaciones. Simultáneamente,
Iturbide escribió al arzobispo de México, a
los
obispos de Guadalajara y Puebla y al gobernador de la
mitra de Valladolid, anunciándoles sus
planes, y movilizó agentes que fueran a persuadir
a los comandantes militares acantonados en
Michoacán y en el Bajío. Una vez obtenido
el acuerdo de tan importantes sectores del clero y del
ejército, proclamó el 24 de febrero el
Plan de Iguala
(v. texto
completo), cuyos artículos
principales establecían la religión
católica, sin tolerancia de
otra alguna; la absoluta
independencia; un gobierno monárquico
constitucional, reservado a Fernando VII o a otro
miembro de casa reinante; la formación de una
junta gubernativa, previa a la constitución del
Imperio Mexicano; y la creación del
Ejército de las Tres Garantías. Se indicaba,
además, que
todos los habitantes eran ciudadanos idóneos para
optar empleos y garantizaba a las personas y
al clero el respeto a sus
propiedades y fueros. Los ¡vivas! finales a la religión,
la
Independencia y la unión entre americanos y
europeos aludían a la naturaleza de las
tres
garantías. Ese mismo día Iturbide
envió al virrey las "indicaciones para el gobierno que
debía
instalarse provisionalmente" y que contenían,
aunque más explícitos, los mismos puntos del
Plan.
Apodaca condenó estos textos el 3 de marzo y el
14 puso a Iturbide fuera de la ley. En esos
días
desertaron más de la mitad de las fuerzas
trigarantes; pero, a cambio, se adhirieron al Plan
de
Iguala los granaderos provinciales de Jalapa (día
13), que se pusieron a las órdenes de
José
Joaquín de Herrera, en Perote; Luis de Cortazar, en
Amoles (hoy Cortazar, el 16
de marzo) y
Anastasio Bustamante, en la hacienda de Pantoja
(día 17), quienes luego tomaron la ciudad de
Guanajuato (día 24); varios miembros del Fijo de
Veracruz y del batallón provincial de Puebla,
que se unieron a Herrera para apoderarse de
Córdoba (1° de abril); los capitanes del Fijo
de
México, Vicente Filisola y Juan José
Codallos, en Tusantla (9 de abril); el teniente
coronel
Antonio López de Santa Anna, con 500 hombres, en
Alvarado (día 25); y en el curso del mes, el
teniente coronel Francisco Ramírez y
Sesma, con 80 soldados, en Veracruz; los hermanos
Flon,
capitanes de Dragones de Puebla, con casi todo su
regimiento; el teniente coronel Miguel
Barragán, en Ario, y el sargento mayor Juan
Domínguez, en Apatzingán, con una gruesa
sección
volante, el primero, y los granaderos de Guadalajara el
segundo. Advertido Iturbide de la
formación del Ejército del Sur, cuyo mando
confió el virrey al mariscal de campo Pascual
de
Liñán y que a la postre no se movió
de Cuernavaca, salió de Teloloapan hacia el Bajío,
por
Tlalchapa, Cutzamala —donde se le presentó
Ramón
Rayón—, Tusantla, Zitácuaro y
Acámbaro,
en cuyo curso fue incorporando a sus fuerzas a los
antiguos insurgentes, entre otros Epitacio
Sánchez, que comandó su escolta. El 1°
de mayo entró a León, el día 10 se
entrevistó en la
hacienda de San Antonio, cerca de La Barca, con
José de la Cruz, comandante e intendente de la
Nueva Galicia, consiguiendo que permaneciera inactivo, y
el 20 hizo que capitulara Valladolid.
Varios jefes realistas se rindieron a los trigarantes
durante junio: Novoa, en San Juan del Río
(día
7); Bracho, en San Luis de la Paz (día 22) y
Luaces, en Querétaro (día 28). El día 13 de
ese
mes, Pedro Celestino Negrete proclamó la
Independencia en San Pedro Tlaquepaque, en
las inmediaciones de Guadalajara, huyendo Cruz a
Durango, donde capituló a la postre (31 de
agosto). En el curso de junio el virrey suprimió
la libertad de imprenta y convocó a los
peninsulares a que formasen los cuerpos de "defensores
de la integridad de las Españas";
Iturbide, a su vez, abolió en Querétaro la
subvención temporal, la contribución directa de
guerra y
la de convoy, el 10% sobre alquiler de casas y todos los
demás impuestos
extraordinarios
vigentes desde 1810. Ya para entonces, en lugar de
hablar de "la tutela de la nación más
católica
y piadosa, heróica y magnánima",
según se había referido a España el 24 de
febrero, la
identificaba con "el yugo extranjero". A principios de
julio, a instancias del brigadier Arredondo,
se adhirieron al Plan de Iguala la ciudad de Monterrey
(día 4) y más tarde las otras Provincias
Internas de Oriente.
El avance de la revolución
fue atribuido por los militares de la ciudad de México a
incapacidad
del virrey Apodaca. El 5 de julio, mientras éste
celebraba en palacio una junta de guerra, los
cuerpos de órdenes, don Carlos y Castilla, a cuyo
frente se hallaban el teniente coronel Francisco
Buceli y los capitanes Llorente y Carballo, lo
despojaron del mando, encargándose del gobierno
el mariscal de campo Francisco Norella. En los
días subsecuentes, éste reunió hasta 5
mil
hombres de línea, en previsión de un
ataque a la capital. El día 7 Santa Anna asaltó el
puerto de
Veracruz, y aunque fue rechazado, mantuvo incomunicada
la plaza. Nicolás Bravo, a su vez,
tomó Pachuca, se apoderó de la
artillería y más tarde puso sitio a Puebla (1°
de julio), cuyo
comandante, el brigadier Llano, se rindió cuando
llegó Iturbide.
El 30 de julio desembarcó en Veracruz el teniente
general Juan O'Donojú, nombrado jefe
político
y capitán general en sustitución de
Apodaca; el 3 de agosto expidió una proclama
conciliatoria, el
4 entró en relación con Santa Anna para
que franqueara las comunicaciones
al interior del país y
ese mismo día escribió a Iturbide
proponiéndole una entrevista.
Ésta se celebró en Córdoba el 23
siguiente, y el 24 firmaron el tratado que puso
término a la dominación de España (v.
texto
completo). En resumen, se reconocía al Imperio
Mexicano como nación soberana e
independiente, instaurando un gobierno monárquico
constitucional moderado, a cuyo frente se
llamaría a Fernando VII y, por renuncia o no
admisión de éste, a otros miembros de la
casa
reinante; se nombraba una Junta Provisional Gubernativa,
encargada de designar una regencia
compuesta por tres personas, que ejercería el
poder
ejecutivo hasta que el monarca empuñase su
cetro; se convocaba a Cortes para formar la
Constitución; se dejaba en libertad de escoger
su
nacionalidad a los españoles avecinados en
América y a los americanos residentes en la
Península, y finalmente O'Donojú se
ofrecía a intervenir para que la capital se entregase
sin
efusión de sangre.
Iturbide y O'Donojú enviaron copia del Tratado de
Córdoba a Novella, quien el 30 de agosto
convocó a una junta de las principales
autoridades y vecinos, que sólo sirvió para que
se
manifestaran opiniones contrarias y se estimulara
aún más la deserción entre los realistas.
Hubo
algunas agrias contestaciones entre O'Donojú y
Novella, pero como el Ejército Trigarante —9
mil
hombres de infantería y 7 mil de
caballería— rodeaba ya la capital, éste
decidió reunirse con
aquél y con Iturbide en la hacienda de Pateza el
13 de septiembre para convenir la entrega de la
ciudad, en lo cual se manifestaron conformes, en los
días subsecuentes, la diputación provincial
y
el Ayuntamiento. Las tropas reales salieron sin
capitulaciones y los últimos en deponer las
armas
fueron los batallones de negros en la Tierra
Caliente.
El 27 de septiembre de 1821 hizo su entrada triunfal en
la ciudad de México el Ejército
Trigarante y el 28 —cuando en España se
abrían las Cortes extraordinarias para "promover
el
bien de América"— se instaló la
Junta Provisional Gubernativa, compuesta por 38
personas
nombradas por Iturbide. Aparte Juan O'Donojú, la
integraban siete eclesiásticos: Antonio
Joaquín
Pérez Martínez, obispo de Puebla
(presidente), Manuel de la Bárcena, Matías
Monteagudo,
Miguel Guridi y Alcocer, Francisco Severo Maldonado,
José Manuel Sartorio e Ignacio Icaza;
cuatro oidores: José Isidro Yáñez,
José María Fagoaga y Manuel Martínez
Mancilla, de México,
y José Domingo Rus, de Guadalajara; seis abogados
de la Audiencia de México: Juan José
Espinosa de los Monteros, Antonio Gama, Ignacio
García Illueca, José María Jáuregui,
Rafael
Suárez Pereda y Juan B. Raz y Guzmán; tres
miembros del Ayuntamiento de la capital: Juan
Francisco Azcárate, Francisco Manuel
Sánchez de Tagle y José Manuel Velázquez de
la Cadena;
siete títulos nobiliarios: el marqués de
Salvatierra, el conde de Casa de Heras, el marqués de
San
Juan de Rayas, dos miembros de la casa de Santiago
Calimaya, el conde de Jala y de Regla y el
marqués de San Miguel de Aguayo; cinco militares:
Manuel Sotarriva, José María Bustamante,
Juan Horbegoso, Nicolás Campero y Anastasio
Bustamante; tres comerciantes y hacendados:
Juan Lobo, Manuel Montes Argüelles y Manuel
Sánchez Enciso; y un alto empleado: Manuel
Velázquez de León, director de
Hacienda.
La naturaleza de la
Junta reveló el propósito de Iturbide de congregar
a las más altas clases de la
sociedad en un círculo aristocrático que
formase la corte del futuro monarca. Pero como la
Junta
tenía la función primordial de legislar,
su composición repugnaba al espíritu popular y
contradecía
el Artículo 12 del Plan de Iguala, según
el cual "todos los habitantes de la Nueva España,
sin
distinción alguna de europeos, africanos ni
indios" eran ciudadanos de la monarquía "con opción
a
todo empleo
según su mérito y virtudes". Y aun cuando el propio
Plan proclamó la
Independencia con "la misma voz que resonó en el
pueblo de los Dolores, el año de mil
ochocientos diez", los antiguos patriotas y los
insurgentes quedaron excluidos del gobierno.
El primer acto de la Junta Provisional Gubernativa
consistió en decretar —redactada por el
licenciado Juan José Espinosa de los Monteros, su
secretario— el Acta de Independencia
del Imperio Mexicano (v. texto
completo).
Autor:
Charles El-mann
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