Ley de justicia para adolescentes

9693 palabras 39 páginas
INTRODUCCION.

Siendo en Sinaloa uno de los estados de México, donde abunda en alto grado la delincuencia, y sobre todo considerando que los jóvenes adolescentes están mas involucrados cada ves mas en la comisión de conductas antisociales consideradas por la ley como delito. El derecho, apegado con la ley y la legislación vigente, buscado la forma de mantener el orden social, y sabiendo que a menores de 18 años no se les puede castigar con apego a las leyes penales, se hace una reforma con la creación de una ley especial para los adolescentes, la Ley de Justicia Para los Adolescentes con la finalidad de que coexista una ley aplicable a ellos y que esta no altere o intervenga en su pleno desarrollo.

El presente ensayo de investigación
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Los derechos y garantías reconocidos a los sujetos de esta Ley son irrenunciables, tienen un carácter enunciativo y no limitativo.

Son derechos y garantías de los adolescentes todos los considerados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Sinaloa y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, Los adolescentes tienen derecho a la libertad. Cualquier medida que implique una restricción a este derecho deberá aplicarse de forma excepcional, como último recurso y durante el tiempo más breve que proceda de conformidad con lo previsto por esta Ley cualquier restricción indebida del derecho de un adolescente a salir por su propia voluntad de un establecimiento público o privado será considerada como una forma de privación de libertad. En ningún caso, ser sujetos de medidas cautelares o definitivas que no estén establecidas en esta Ley. Ser siempre tratados y considerados como inocentes, mientras no se les compruebe la realización de la conducta que se les atribuye. Que la carga de la prueba la tenga su acusador Ser defendidos en igualdad de circunstancias respecto de su acusador. Hacerse representar por un defensor público o privado que sea licenciado en derecho. Ser informados, en un lenguaje claro y accesible, sin demora y personalmente, o a través de sus padres, tutores, quienes ejerzan la patria potestad o la custodia, o cualquier otro representante

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