LEY DE AGUAS NACIONALES
La Ley de Aguas Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de Diciembre de 1992, entro en vigor al día siguiente, es reglamentaria de los párrafos quinto y sexto del artículo 27 Constitucional, es de observancia general en todo el territorio nacional y sus disposiciones son de orden público e interés social.
Su objeto es el de regular la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. Las disposiciones de esta ley son aplicables a todas las aguas nacionales, sean superficiales o del subsuelo, así como a los bienes nacionales que la ley señala.
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Cuando se reglamento la extracción y utilización de aguas nacionales, la Comisión realiza previamente un estudio técnico. En el caso de la reglamentación de la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, se fijan los volúmenes de extracción y descarga que se puedan autorizar, las modalidades y los límites a los derechos de los concesionarios y asignatarios.
La explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales puede llevarse a cabo por personas físicas o morales a través de la concesión. Las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, estatal o municipal realizaran sus aprovechamientos mediante la asignación.
La concesión es el acto que realiza la administración pública mediante el cual confiere a particulares la explotación, uso a aprovechamiento de las aguas propiedad de la nación. Para el otorgamiento de las concesiones la Comisión debe contestar la solicitud de concesión dentro de un plazo de 90 días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación. Cuando se prevea la concurrencia de varios interesados, la Comisión podrá reservar para concesionar ciertas aguas mediante concurso.
Las formas de terminación de las concesiones o asignaciones son:
El vencimiento del plazo establecido, la revocación por incumplimiento, por caducidad declarada, cuando se dejen de explotar, usar o aprovechar aguas nacionales por más de tres años consecutivos, por rescate