LA INCOMPETENCIA DEL FUNCIONARIO QUE DICTA UNA RESOLUCIÓN.

CAUSALES DE ILEGALIDAD DE LOS ACTOS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES FISCALES.

Causales de incompetencia:

Incompetencia del funcionario.- comprende 3 situaciones: incompetencia del funcionario que dicta el acto, incompetencia del funcionario que ordenó que se dictara e incompetencia del que tramita el procedimiento del que deriva la resolución. En todos los actos administrativos las autoridades se encuentran obligadas a fundamentar su competencia.

Omisión de requisitos formales. La forma, es uno de los elementos esenciales de todo acto administrativo, a través de ella se exterioriza la voluntad de las autoridades tributarias. Estas violaciones son por ejemplo:

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FORMAS DE INSTAR ANTE UNA AUTORIDAD

LA PETICIÓN. La más elemental y de eficacia conocida, pero de eficiencia desconocida. La eficacia estriba en el deber y obligación que tiene la autoridad de responder, pero su eficiencia se desconoce por el grado de discrecionalidad con que cuenta la autoridad para contestar, ya que el sentido puede ir de una negativa, hasta una concesión de lo pedido.

En materia fiscal, podemos ubicar dentro de esta forma de instar a las consultas que se le plantean a las autoridades fiscales, las solicitudes de caducidad y prescripción, así como las aclaraciones administrativas y revisiones discrecionales a resoluciones no favorables.

DENUNCIA. Debe entenderse como la participación de conocimiento con un fin medido por la ley. En el ámbito tributario las leyes suelen disponer que los contribuyentes o terceras personas tengan a parte de la obligación sustantiva de contribuir, el deber de informar.

La denuncia no persigue, como la petición es una respuesta específica, sólo se limita a poner en conocimiento, hechos o situaciones jurídicas diversas que se encuentran reconocidas en las diversas leyes fiscales, y que deben participar en su conocimiento la autoridad.

RECURSO. Se distingue de la petición porque su eficiencia está prevista con certeza y se aparta de la denuncia porque pretende no la constatación de un hecho o situación jurídica, sino la modificación de un acto de autoridad que causa un prejuicio.