- CMA: reflexiones en torno a la
soberanía y la guerra contra las
drogas - FPPS: Seguridad Nacional
"made in the United States" - Legado peligroso: la
contaminación ambiental de los polígonos de
tiro y las armas químicas en isla San
José - ¿Economía de
guerra?: el acceso y la libre circulación de
petróleo y gas natural en el contexto de la guerra
contra el terrorismo de Estados Unidos - TLC: prisioneros de la
liberación comercial - Reflexiones
finales
La globalización no puede entenderse como un
fenómeno nuevo, sino todo lo contrario. Lo que diferencia
a la
globalización de los 90 del resto de las anteriores es
que la misma ha sido impulsada por la rápida evolución de la tecnología y de
los medios de
comunicación.
El polémico debate en
torno a la
globalización parte del plano conceptual, ante el hecho de
que no exista una definición precisa y ampliamente
aceptada del término globalización.
Podríamos definir la globalización como el
fenómeno de carácter mundial que, apoyándose en
la rápida innovación
tecnológica, modifica nuestras vidas al desmantelar
las fronteras de los Estados en los planos cultural, laboral,
informativo, ecológico, político y
económico.
Las nuevas
tecnologías, como Internet, no sólo han
favorecido la disminución de los costos de
comunicación para el ciudadano
común.
También han permitido que nuevos actores no
gubernamentales reduzcan distancias y puedan llegar a tener una
verdadera presencia y coordinación a nivel global, desde aquellos
que se dedican a la defensa del medio ambiente
y los derechos humanos
hasta los vinculados al terrorismo y
al tráfico de drogas.
Dada la importancia de su posición
geográfica, la cooperación que pueda brindar
Panamá es determinante en la lucha que encabeza Estados
Unidos contra los terroristas y narcotraficantes. Sin embargo,
las políticas
de cooperación de Washington contra el crimen
organizado encubren un deseo de absorber el Istmo, al
comprometer en demasía y de manera injustificada la
soberanía panameña.
Contrario a lo que generalmente se piensa, las causas de
conflicto entre Panamá y Estados Unidos, en vez de
reducirse al tema de la limpieza de los polígonos de tiro y la remoción de
las armas
químicas en isla San José, podrían aumentar
a raíz de los compromisos asumidos por Panamá en el
contexto de las guerras
antiterrorismo y antidrogas que lleva adelante Estados
Unidos.
[Bibliografía de
consulta]
Títulos fundamentales sobre el fenómeno de
la globalización son Giddens, Anthony. Un mundo
desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras
vidas. Grupo Santillana de Ediciones, S.A. Madrid. 2003.
117 p. y Beck, Ulrich. ¿Qué es la
globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la
globalización. Ediciones Paidós Ibérica,
S.A. Barcelona. 1998. 224 p.
Títulos que puede consultar sobre la
dimensión económica de la globalización son
Estefanía, Joaquín. La Nueva Economía. La
Globalización. Editorial Debate, S.A. Madrid. 1997.
193 p.; Passet, René. La Ilusión Neoliberal.
Editorial Debate, S.A. Madrid. 2001. 329 p.; Taibo, Carlos.
Cien preguntas sobre el nuevo desorden. Una mirada
lúcida sobre la globalización y sus
consecuencias. Suma de Letras, S.L. Impreso por Mateu Cromo,
S.A. Madrid. 2002. 348 p.; y Stiglitz, Joseph E. El Malestar
en la Globalización. Santillana Ediciones Generales,
S.L. Impreso por Mateu Cromo, S.A. Madrid. 2003. 471
p.
La globalización es analizada por Robert O.
Keohane y Joseph S. Nye Jr. en Globalization: What`s New?
What`s Not? (And So What?). Foreign Policy. Carnegie
Endowment for International Peace. Washington. No. 118. Spring
2000. p. 104-119 y por Moisés Naím en
Globalization. Passing Fad or Permanent Revolution?
Harvard International Review. Cambridge, MA. Spring 2004. Vol.
XXVI (1). p. 83-84.
Véase un interesante debate en torno al
fenómeno de la globalización en George, Susan y
Martin Wolf. La globalización liberal. A favor y en
contra. Editorial Anagrama. Barcelona. 2002. 206 p.
Véase también Micklethwait, John and Adrian
Wooldridge. The Globalization Backlash. Foreign Policy.
Carnegie Endowment for International Peace. Washington. No. 126.
September-October 2001. p. 16-20.
II. CMA: Reflexiones
en torno a la soberanía y la guerra contra
las
drogas.
El negocio de la droga es uno
de los más lucrativos a nivel mundial. Según el
Informe Mundial sobre Drogas 2005 de la Oficina de la
ONU Contra las
Drogas y el Crimen, el comercio
mundial de drogas está generando unos 320 billones de
dólares cada año.
Ante estas ganancias, las políticas de los
países de la región andina en materia de
erradicación de los cultivos de coca palidecen. De hecho,
las hectáreas cultivadas con coca durante la década
pasada se incrementaron en Colombia,
Perú y Bolivia de
206,200 (1991) a 210,939 (2001). Esto trajo como consecuencia una
reducción de hasta 40 dólares en el precio medio
del gramo de cocaína.
Ante el fenómeno de la globalización y la
creciente interdependencia entre los países, se necesita
de la cooperación internacional para resolver un problema
transfronterizo como el de la droga. En ese sentido, reconozco
que el tema de la soberanía nacional se debe manejar con
mayor flexibilidad si realmente se quiere acabar con este
flagelo, en vista de que las redes criminales dedicadas
al tráfico de drogas son una amenaza para nuestra democracia.
Pero ello no justifica que en el marco de la lucha
antidrogas que lleva a cabo Estados Unidos se comprometa en
exceso la soberanía panameña, tal como se
pretendió con el fracasado Centro Multilateral Antidrogas
(CMA).
En el marco de la reunión del Grupo de
Río, celebrada en la capital
ecuatoriana a inicios del mes de septiembre de 1995, los
presidentes de los países latinoamericanos acogieron con
beneplácito la propuesta del ex presidente panameño
Ernesto Pérez Balladares de crear un centro regional de
lucha contra el narcotráfico.
En esa dirección, los mandatarios latinoamericanos
recomendaron que la labor del centro antinarcóticos que se
instalaría en el Istmo debía enfocarse en una
diversidad de temas como el lavado de
dinero, las narcomafias, el trasiego de armas y el
tráfico ilícito de precursores químicos,
entre otros.
La iniciativa comenzó a tomar forma cuando el
entonces canciller Gabriel Lewis decide dejar a un lado las
negociaciones para la permanencia de las bases militares de
Estados Unidos, ante la renuencia del Pentágono a pagar
por el alquiler de las mismas.
Fue en ese momento, revela el Informe Hatheway,
cuando Lewis introduce oficialmente el concepto de un
centro multilateral contra el narcotráfico como
fórmula para que las tropas de Estados Unidos
permanecieran en el Istmo.
Agrega el citado informe que Lewis
dejó claramente establecido que haría todo lo que
estuviera a su alcance para mantener la presencia militar
estadounidense en Panamá y que tanto los funcionarios
panameños como los estadounidenses comentaban que algunas
veces Lewis parecía haber olvidado a cuál lado
él representaba.
Tras el fracaso de las negociaciones del CMA, algunos
observadores estadounidenses llegaron a la conclusión de
que la posibilidad de llegar a algún acuerdo sobre el CMA
se desvaneció con la muerte de
Lewis.
Ninguna de las medidas planteadas en el Borrador del
Acuerdo sobre el CMA estaba diseñada para combatir
eficazmente el problema de la droga. El propio carácter
multilateral del centro estaba en entredicho, ya que el Estado que
deseara incorporarse al mismo sólo lo podía hacer
mediante invitación por decisión unánime de
las partes, entiéndase Estados Unidos y Panamá, y
en virtud de los plazos y términos que estas
establecieran.
La duración del CMA, 12 años prorrogables
por períodos fijos de 5 años, así como el
necio argumento de que para poder
retirarse del acuerdo tenían que haber transcurrido los
primeros 12 años de vigencia del mismo planteaban serios
inconvenientes para el país.
Panamá debía renunciar a su derecho de
apelar ante cualquier entidad o jurisdicción
foránea por cualquier desacuerdo relacionado con la
aplicación, ejecución o interpretación de este acuerdo o de
cualquier otro relacionado con el mismo.
Como si fuera poco, se comprometía a no expedir,
adoptar o hacer cumplir ninguna ley, decreto,
reglamento o convenio internacional, ni a tomar acción
alguna que implicara reglamentar o interferir con el ejercicio,
por cualquiera de las partes, de derecho alguno garantizado bajo
este acuerdo o algún otro relacionado con el mismo, ni que
fuera inconsistente con éstos.
También ponía áreas revertidas
vitales para el desarrollo
socioeconómico del país a disposición del
centro antinarcóticos, tales como la pista e instalaciones
de Howard, centro de antenas de
Galeta, complejo de comunicaciones
de Corozal, instalaciones portuarias e inclusive aquellas
instalaciones adicionales que fueran acordadas entre las
partes.
El texto
también planteaba restricciones en áreas de gran
potencial turístico, como playa Kobbe y Venado, e incluso
facultaba a Estados Unidos a suministrar servicios
comerciales al por menor, un servicio
reservado exclusivamente para los panameños y
panameñas en nuestra Constitución Política
Nacional.
También se establecía que si Estados
Unidos asignaba personal civil y
militar, recursos y
equipos al CMA, entonces éstos se mantendrían en
todo momento bajo la autoridad de
aquel país y cualquier recomendación o
decisión sobre el uso de los mismos requeriría de
su aprobación. El documento comprometía la
soberanía nacional a tales extremos, que planteaba que
Panamá podía delegar la responsabilidad por la seguridad, el uso
y el acceso de ciertas instalaciones exclusivamente a Estados
Unidos.
El CMA era una base militar disfrazada de centro
antidrogas, así que las críticas al texto del
Borrador del Acuerdo sobre el CMA no se hicieron esperar.
Incluso el propio ex embajador de Estados Unidos en Panamá
durante la dictadura del
general Manuel Antonio Noriega, Everett Briggs, lanzó
duras críticas contra el gobierno de su
país al cuestionar la iniciativa estadounidense de
involucrar a efectivos militares en la lucha antidrogas y buscar
la permanencia de las bases militares más allá del
año 2000.
El CMA se vino abajo, porque el centro de atención de la política exterior
estadounidense pasó a ser la región
balcánica y porque el gobierno de Pérez Balladares
mostró una actitud
ambivalente e indecisa desde el comienzo hasta el final de las
negociaciones- en un intento por no sacrificar su posible
reelección, Pérez Balladares propone a Estados
Unidos reducir la duración del CMA de 12 a 3 años y
limitar las misiones a las antinarcóticos.
Uno de los elementos que salió a relucir con el
CMA fue la ambivalencia de la política exterior
panameña. Prueba de ello es que el propio Pérez
Balladares declara inicialmente que eran ganas de "fregar" decir
que el CMA sería una base militar, para meses más
tarde anunciar que el CMA se "hundía" porque lo que
Estados Unidos quería era una base militar. También
fue notoria la falta de transparencia, ya que el
Borrador del Acuerdo sobre el CMA apareció por
primera vez en el diario El Excelsior de México.
Al CMA le siguió otro intento frustrado por
mantener la presencia militar estadounidense, presentado por el
republicano Benjamin Gilman y denominado Proyecto de
Relaciones Panamá-Estados Unidos de 1998. Dicho
proyecto
establecía que Estados Unidos apoyaría el ingreso
de Panamá al Tratado de Libre
Comercio de América
del Norte (NAFTA, por sus
siglas en inglés)
a cambio de que
siguieran funcionando las bases militares de Howard, Kobee,
Rodman y Sherman por un espacio de 15 años más.
Esta iniciativa demuestra que Estados Unidos puede llegar a
condicionar el otorgamiento de preferencias comerciales por
concesiones en el plano militar.
Estados Unidos no puede pretender que el problema de la
droga se resolverá con bases y efectivos militares, con un
enfoque netamente represivo tipo Plan Colombia y
orientado principalmente hacia los países productores de
coca, mientras desatiende el problema de demanda de
droga que tiene a lo interno de su propia sociedad.
Como bien ha señalado Raymond Kendall, ex
secretario general de la INTERPOL, la demanda de drogas no se
reducirá mientras no exista un balance entre los recursos
que se destinan a la represión (80%) y los que guardan
relación con el tratamiento y la educación
(20%).
Washington debería utilizar su política
comercial para combatir el narcotráfico, eliminando la
política de subsidios agrícolas para sus granjeros
y otorgando importantes concesiones a los agricultores de la
región andina en el Tratado de Libre Comercio
(TLC), de tal
manera que puedan encontrar suficientes incentivos para
sustituir los cultivos de coca por otros que tengan pleno acceso
al mercado
estadounidense.
[Bibliografía de
consulta]
Moisés Naím analiza la guerra contra las
drogas en The Five Wars of Globalization. Foreign Policy.
Carnegie Endowment for International Peace. Washington. No. 134.
January-February 2003. p. 28-37.
Para conocer el contenido de la Declaración de
Quito
véase Álvarez Cedeño, Manuel. Presidentes
acuerdan reunión en Panamá contra el
narcotráfico. La Prensa.
Panamá. Septiembre 6, 1995. Portada.
El Borrador del Acuerdo sobre el CMA fue
reproducido en su totalidad en los Talleres del Grupo Editorial
Universal, S.A. (El Universal de Panamá). Panamá.
Febrero 1, 1998. 8 p.
El Dr. Jorge Illueca analiza las amenazas que para
nuestra soberanía nacional conllevaba el establecimiento
del CMA en los artículos No debe establecerse el
CMA y Howard: Patrimonio
Inalienable de El Panamá América.
Panamá. Marzo 20, 1998. Sección A, p.
6-7.
Para conocer las críticas del ex embajador
Everett Briggs véase Barroso, Arnulfo. Briggs:
Lógico pensar que el CMA encubre bases. El
Panamá América. Panamá. Julio 17, 1998.
Portada
El ex presidente Ernesto Pérez Balladares revela
detalles de la reunión con Bill Clinton en "Tal cual
es". La Prensa. Panamá. Panamá. Abril 26, 2005.
Sección A, p. 12.
Para conocer las declaraciones y los hechos más
relevantes sobre las negociaciones del CMA véase Redacción. Cronología sobre las
bases y el CMA. El Panamá América.
Panamá. Julio 19, 1998. Sección A, p. 2.
Las causas del fracaso del CMA se exponen en Arias
Calderón, Ricardo. Perdiendo a
Panamá… El Panamá América.
Panamá. Junio 6, 1999. Sección C, p. 4 y en
Raymont, Henry. Crónica del fracasado CMA. El
Panamá América. Panamá. Septiembre 27, 1998.
Sección A, p. 2.
Detalles del Informe Hatheway se revelan en
Gurdián Guerra, Reymundo, Las Bases Militares y el
Informe Hatheway. El desarrollo nacional frente a los intereses
norteamericanos en Panamá. Instituto del Canal de
Panamá y Estudios Internacionales. Editorial Portobelo.
Panamá. 1997. 44 p.
Para conocer la labor que desarrolló la sede del
centro de operaciones
antidrogas en la base aérea de Howard véase
Redacción. EU cierra operaciones antidrogas en
Panamá. El Panamá América.
Panamá. Mayo 6, 1999. Portada. Véase también
Brannan Jaén, Betty. De lo que nos salvamos al caerse
el CMA. La Prensa. Panamá. Julio 24, 2005.
Sección A, p. 13.
La labor que lleva adelante la INTERPOL contra el crimen
organizado se detalla en The FP Interview. Meet the
World’s Top Cop. Foreign Policy. Carnegie Endowment for
International Peace. Washington. No. 122. January-February 2001.
p. 31-40.
III. FPPS:
Seguridad NACIONAL "made in the United States".
A diferencia del gobierno de Ernesto Pérez
Balladares, la
administración de Mireya Moscoso no titubeó a
la hora de promover el interés
nacional de Estados Unidos en Panamá. Prueba de ello es la
gran amistad que
existe entre el mandatario estadounidense George W. Bush y la ex
presidenta.
Moscoso supo moverse hábilmente en el contexto de
una política de nacionalismo aparente, distrayendo
al auditorio nacional con el rechazo al Acuerdo sobre Fuerzas
Visitantes y la controversia suscitada por la contaminación ambiental provocada por los
pertrechos militares no detonados en los polígonos de tiro
que utilizó el Comando Sur y el hallazgo de armas
químicas abandonadas en isla San José.
Moscoso promulgó, con el aval de los entonces
opositores Partido Revolucionario Democrático (PRD) y
Partido Demócrata Cristiano (ahora Partido Popular), los
Fundamentos para la Política Panameña de
Seguridad (FPPS).
Desde el momento en que la ex presidenta firmó la
Resolución de Gabinete No. 34 de 21 de junio de 2000 "Por
la cual se promulgan los Fundamentos de la Política
Panameña de Seguridad", los partidos
políticos pasaron a ejercer pleno control sobre la
toma de
decisiones en materia de soberanía nacional en el
contexto de las relaciones con Estados Unidos. La
Declaración Conjunta sobre los FPPS lleva la firma de
Martín Torrijos (Partido Revolucionario
Democrático), José M. Terán (Partido
Arnulfista), Rubén Arosemena (Partido Demócrata
Cristiano), Jesús Rosas (Partido
Molirena), Rogelio Baruco (Cambio Democrático), Carlos
Clement (Solidaridad) y
Viola Icaza de García (Partido Liberal
Nacional).
Sobre los FPPS, Martín Torrijos comentó:
"Dentro de este proceso se ha
trabajado con miras al interés nacional. Este es un
documento elaborado por panameños donde asumimos la
responsabilidad con nuestros conciudadanos y con el mundo, de
mantener un país seguro, donde no
se da la posibilidad de tropas extranjeras dentro del territorio
nacional".
Por su parte, el dirigente demócrata cristiano
Rubén Arosemena expresó: "Que no quede ninguna duda
que Panamá va hacia el futuro a ser el país que va
a determinar la suerte de su seguridad sin injerencia de tropas
extranjeras". Sin embargo, el contenido nacionalista de las
declaraciones del presidente y vicepresidente de la
República se desvaneció luego del acuerdo al que
llegaron años después el Servicio Marítimo
de Panamá, la Marina de Estados Unidos y la Armada de
Chile, que dio origen a los ejercicios militares PANAMAX para la
defensa del Canal de Panamá de un posible atentado
terrorista.
Los FPPS son la piedra angular sobre la cual se
edificaron una serie de acuerdos que lesionan la soberanía
panameña. El primero de ellos es el Tratado
Alemán Healy-Becker (Nota No. 1547 de 19 de diciembre
de 2001 y Nota No. 0631 de 26 de diciembre de 2001), por medio
del cual se establece que las 16 agencias federales del gobierno
de Estados Unidos que participan en el Equipo Nacional de
Respuesta (NRT, por sus siglas en inglés), entre las que
sobresalen el Departamento de Defensa, el Departamento de
Estado y el
Servicio de Guardacostas, prestarán ayuda a Panamá
en caso de incidentes de contaminación ambiental y accidentes en
el Canal.
Pero lo inconcebible de este Tratado es que en el mismo
Panamá, a través del ex canciller José
Miguel Alemán, aceptó renunciar al ejercicio
exclusivo de la jurisdicción penal y eximir a Estados
Unidos de toda responsabilidad
civil, quedando a discreción de Estados Unidos pagar a
terceros una indemnización conforme a las leyes
estadounidenses.
Panamá también renuncia, junto con Estados
Unidos, a todas las demandas- que no sean contractuales- entre
sí por lesiones personales o la muerte de su
personal militar o civil, o por daños, pérdidas o
destrucción de los bienes del
otro que resulten de las actividades amparadas por estos
acuerdos.
Los objetivos del
Tratado Alemán Healy-Becker fueron reafirmados
mediante el Convenio Alemán Zubieta-Becker de 1 de
abril de 2002, un convenio al que llegaron la Autoridad del Canal
de Panamá y el Departamento de Estado de Estados Unidos
para hacerle frente a las amenazas terroristas y a los incidentes
de contaminación en lo que concierne al canal
interoceánico.
Con relación a este último, el Dr. Jorge
Illueca hizo hincapié en la falta de personería del
ingeniero Alberto Alemán Zubieta para concertar un acuerdo
evidentemente internacional, así como la falta de
autoridad y competencia del
administrador
reelecto para otorgar privilegios e inmunidades a funcionarios de
Estados Unidos y renunciar a ir ante tribunales internacionales
por cualquier controversia que surja por la interpretación
e implementación de este Convenio.
Illueca también criticó el hecho de que,
al momento de su firma, el texto del Convenio Alemán
Zubieta-Becker estuviera únicamente en idioma
inglés y previó la posibilidad de ejercicios
organizados a manera de maniobras conjuntas, que en base a este
Convenio podrían llevarse a cabo en el área del
Canal o en cualquier otro lugar que se estime conveniente y
necesario.
Mediante el Arreglo Complementario Salas-Becker
de 5 de febrero de 2002 se le confirió a las autoridades
marítimas de Estados Unidos el derecho a patrullar las
aguas panameñas para combatir el narcotráfico. A
juicio del Dr. Jorge Illueca, este acuerdo viola preceptos
normativos, en el sentido de que el ministro de Gobierno y
Justicia no
puede suscribir un acuerdo de tal envergadura, a diferencia del
presidente o el canciller de la República.
Finalmente, el Acuerdo Escalona-Bolton de 12 de
mayo de 2004 le confiere a Estados Unidos la potestad de abordar
barcos con bandera panameña, a fin de determinar si las
mismas llevan en su interior armas de destrucción
masiva.
Como pudieron apreciar, muchos de los privilegios e
inmunidades que se otorgaron al personal civil y militar de
Estados Unidos con el Tratado Alemán Healy-Becker,
el Convenio Alemán Zubieta-Becker, el Arreglo
Complementario Salas-Becker y el Acuerdo
Escalona-Bolton, son similares a los contemplados en el
Borrador del Acuerdo sobre el CMA.
Pero volvamos a los FPPS, de los cuales merecen especial
atención los Fundamentos No. 14 y No. 15. Cabe anotar que
ambos guardan relación con la opinión esbozada por
algunos analistas estadounidenses que califican a la selva del
Darién como escondite de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) y que
cuestionan la capacidad del Estado panameño de proteger su
frontera sin
ejército.
Así, el Fundamento No. 14 deja abierta la
posibilidad de que las tropas militares de Estados Unidos vuelvan
a estacionarse en territorio panameño para la defensa del
Canal, mientras el Fundamento No. 15 delimita la política
nacional de seguridad con relación al conflicto armado
colombiano. Con el Plan Colombia en mente, los Fundamentos No. 14
y No. 15 podrían llegar a comprometer la neutralidad del
Canal y de la República de Panamá que pretende
promover la política exterior panameña a
través del Fundamento No. 4, relativo a los Objetivos de
Seguridad Integral, a fin de que el Istmo no sea objeto de
represalias en ningún conflicto bélico entre otras
naciones del mundo ni se vea involucrado en confrontaciones
violentas entre Estados y dentro de los Estados.
[Bibliografía de
consulta]
Conozca las causas del rechazo al Acuerdo sobre Fuerzas
Visitantes en Barrios Villar, Rodolfo. Panamá rechaza
acuerdo de las fuerzas visitantes. Crítica. Panamá. Agosto 1, 2000. p.
2 y Jordan V., Gionela. Panamá rechaza propuesta de EU
sobre "fuerzas visitantes". La Prensa. Panamá. Agosto
1, 2000. Portada.
Para conocer el texto completo de los FPPS véase
Ministerio de Gobierno y Justicia. Fundamentos de la
Política Panameña de Seguridad. Panamá.
Impreso en los Talleres de Corporación Universal de
Información (El Siglo). Panamá.
Junio de 2000. 15 p.
Detalles sobre el origen y los países que
participan en la operación PANAMAX se encuentran en
Benítez, Katherine. Inicia operación
PANAMAX. Espacio Marítimo. Impreso en los Talleres de
El Panamá América. Panamá. Año 12.
Agosto 8, 2005. p. 4-5.
Marcel Salamín hace una defensa del Arreglo
Complementario Salas-Becker en Acuerdo Complementario entre
Panamá y Estados Unidos. Soberanía o
Narcotráfico. Avances del Ministerio de Gobierno y
Justicia. Panamá. Julio, 2002. Año 2 (2). p. 4-5.
Para conocer las críticas al Arreglo Complementario
Salas-Becker véase Yao, Julio. El Tratado
Salas-Becker. El Panamá América. Panamá.
Abril 17, 2002. Sección C, p. 10.
Las críticas del Dr. Jorge Illueca al Convenio
Alemán Zubieta-Becker aparecen en Vargas, Carlos.
Privilegios e inmunidad para EU en acuerdo con ACP. El
Panamá América. Panamá. Abril 19, 2002.
Portada. Véase también Illueca, Jorge E. El
Convenio Alemán Zubieta-Becker. El Panamá
América. Panamá. Abril 15, 2002. Sección C,
p. 10 e Illueca, Jorge E. El Tratado Alemán
Healy-Becker. El Panamá América. Panamá.
Mayo 13, 2002. Sección C, p. 10.
Para conocer la opinión que tienen algunos
analistas estadounidenses con relación a la
situación fronteriza en Darién véase Sweig,
Julia E. ¿Qué tipo de guerra necesita
Colombia? Foreign Affairs En Español.
Instituto Tecnológico Autónomo de México.
México. Vol. 2 (3). Otoño-Invierno 2002. p.
232.
IV. legado
peligroso: LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE LOS
polígonos de tiro y LAS armas químicas en isla san
josé.
Al salir de Panamá, el Comando Sur de Estados
Unidos dejó miles de hectáreas contaminadas con
pertrechos militares no detonados en los polígonos de tiro
de Balboa Oeste, Nuevo Emperador y Piña. La lectura del
Anexo A del Borrador del Acuerdo sobre el CMA, relativo a
las áreas designadas para entrenamientos y
polígonos, me hace suponer que el Departamento de Defensa
de Estados Unidos no saneó todas las áreas
contaminadas, porque pretendía utilizarlas en el marco de
las labores del CMA.
Los pertrechos militares no detonados constituyen una
seria amenaza para la salud y seguridad de la
población panameña- de hecho,
más de 20 personas han fallecido por estar expuestas a
estos artefactos. No sólo ejercen la misma función
que una mina antipersonal, también liberan toda clase de
sustancias químicas que pueden causar cáncer y
degradan el medio ambiente.
Pienso que este conflicto no tendrá una salida
negociada. En primer lugar, los asesores legales del
Pentágono temen que una respuesta favorable para
Panamá provoque peticiones similares en países que
albergaron bases militares de Estados Unidos- como Filipinas por
ejemplo- y una serie de procesos
legales por comunidades que puedan sentirse afectadas.
Es por esta razón que tanto el secretario de
defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, como la ex embajadora
Linda Watt declararon que el caso de los polígonos de tiro
estaba cerrado.
En segundo lugar, el proceso tendiente a que los
militares en Estados Unidos entiendan que el armamento que
utilizan en los combates y ejercicios de entrenamiento
degrada el medio ambiente no ha sido una tarea fácil. Fue
sólo en atención al descontento de la sociedad civil,
manifestado a través de una serie de movilizaciones de
protesta que se llevaron a cabo en diversos sitios de
entrenamiento militar en California (Fort Ord), Colorado (Buckley
Field), Michigan (Camp Greyling) y Washington (Camp Bonneville),
que las autoridades ambientales estadounidenses comenzaron a
ponerle un alto a la
contaminación ambiental provocada por los pertrechos
militares no detonados. Como resultado de estas acciones, hace
5 años la Agencia de Protección Ambiental de
Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés)
ordenó por primera vez a las agencias de la Guardia
Nacional la descontaminación de los polígonos de
tiro de Camp Edwards, en Massachussetts, por razones ambientales
y no de seguridad.
Washington también utilizó su
músculo diplomático para eludir la responsabilidad
que tiene con Panamá, luego del hallazgo de 4 bombas
químicas y otras 100 municiones sin detonar. No
sólo incumplió el plazo para atender la denuncia
panameña, también presionó para lograr la
destitución del director de la
Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas (OPAQ). La OPAQ es la entidad encargada de velar
por la implementación de la Convención de Armas
Químicas de 1997, de la cual Panamá y Estados
Unidos son Estados partes.
El estudio del pacifista estadounidense John
Lindsay-Poland, titulado La República de Probeta:
Pruebas de
Armas Químicas en Panamá y la Responsabilidad de
los Estados Unidos, ya nos había advertido a los
panameños y panameñas sobre la utilización
de isla San José como teatro de guerra
química
entre 1944 y 1947.
El estudio de Lindsay-Poland también dio a
conocer que toneladas de agentes químicos fueron
almacenadas e incluso pudieron haber sido abandonadas no
sólo en isla San José, sino también en
Curundú, Cerro Tigre, Chivo Chivo, Fuerte Clayton, Fuerte
Sherman, Fuerte Gulick, base de Howard, base de Corozal, base de
Albrook, Río Hato, France Field y campos de tiro de Balboa
Oeste y Nuevo Emperador.
Pienso que el gobierno debería orientar todo su
esfuerzo en lograr la descontaminación de los
polígonos de tiro y de la isla San José por cuenta
propia. La idea de otorgar parte de estas áreas en
concesión, con la condición de que las empresas que se
vayan a instalar realicen una labor de descontaminación,
resulta interesante. Pero también se puede obtener un
saldo positivo de las áreas contaminadas,
utilizándolas como laboratorios para el empleo de
nuevas tecnologías, la realización de estudios
científicos y el entrenamiento del personal de la
OPAQ.
[Bibliografía de
consulta]
Para ampliar sobre el tema de la contaminación
ambiental de los polígonos de tiro véase Illueca,
Jorge E. La Responsabilidad de los Estados Unidos por la
Contaminación Ambiental de Panamá. Bufete
Illueca. Panamá. 2000. 20 p y Arellano Lennox, Carlos.
Contaminación residual en la ex-Zona del Canal. En Las
bases militares y el desarrollo nacional (Volumen 2).
Instituto del Canal de Panamá y Estudios Internacionales
de la Universidad de
Panamá. Imprenta
Universitaria. Panamá. 1995. p. 103-123.
En Brannan Jaén, Betty. EU pide paciencia en
el tema de los polígonos. La Prensa. Panamá.
Noviembre 16, 2001. Plana 2, podrá conocer la
posición de Colin Powell, el único funcionario que
durante el primer mandato del presidente George W. Bush se
mostró dispuesto a cooperar con Panamá en el tema
de los polígonos de tiro.
La política de la administración de Mireya Moscoso con
relación al tema de los polígonos de tiro puede ser
consultada en Brannan Jaén, Betty. Denuncia de
Panamá ante la ONU "disgusta" a EU. La Prensa.
Panamá. Septiembre 22, 2000. Portada y en Alemán,
José Miguel. La limpieza de los polígonos.
La Estrella de Panamá. Panamá. Julio 11, 2001.
Sección A, p. 3. Véase también
Martínez, Oscar y Yuriela Sagel. Moscoso y embajadora
discrepan sobre polígonos. El Panamá
América. Panamá. Abril 9, 2003. Sección A,
p. 2.
El tema de la contaminación ambiental de los
pertrechos militares no detonados en Estados Unidos es atendido
en Williams, Wendy. Toxins on the Firing Range. Scientific
American. New York. June 2000. p. 10-11.
Sobre el hallazgo de las armas químicas en isla
san José véase Raymont, Henry. Panamá
presenta pruebas sobre uso de armas químicas. El
Panamá América. Panamá. Septiembre 6, 2001.
Portada y Raymont, Henry. Cuarentena en San José por
uso de armas químicas. El Panamá
América. Panamá. Septiembre 7, 2001.
Portada.
El tema de las armas químicas en Panamá es
cubierto por el suplemento Este País. Armas
Químicas en Panamá. Centro de Estudios y
Acción Social Panameño. Impreso en los Talleres del
Grupo Editorial Universal, S.A. Panamá. Año XII
(44). Noviembre de 1998. 20 p.
La investigación completa de John
Lindsay-Poland puede ser consultada en su libro
Emperors in the jungle. The Hidden History of the U.S. in
Panama. Duke University Press. March 2003. 265 p.
V.
¿ECONOMÍA DE GUERRA?: EL ACCESO Y LA LIBRE
CIRCULACIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL EN EL
CONTEXTO DE LA GUERRA CONTRA EL TERRORISMO DE ESTADOS
UNIDOS.
En su recordado libro Fundamentos de Ciencia
Política, el Dr. César Quintero subrayó
que las pugnas bélicas casi siempre se han debido a
fuerzas o necesidades económicas.
Este planteamiento cobra plena vigencia tras el fin de
la Guerra
Fría, cuando el tema del acceso a materias primas
(petróleo, gas natural,
agua, gemas,
minerales y
maderas) vuelve a ocupar un papel preponderante en el planeamiento de
la seguridad de las grandes potencias, especialmente de Estados
Unidos.
Aunado a ello, no se puede pasar por alto el hecho de
que a lo largo de estos últimos 15 años el proceso
de globalización económica que se ha
venido desarrollando no ha podido sacar a muchas zonas de
la pobreza,
provocando la erupción entre la población afectada
de un marcado sentimiento antiglobalización y, hasta
cierto punto, antiestadounidense.
Ahora bien, ustedes se preguntaran qué tiene que
ver el tema del acceso a materias primas y la pobreza de
ciertas áreas en el contexto de la seguridad de Estados
Unidos. Pues que el problema para la seguridad estadounidense
radica en el hecho de que un gran porcentaje de estas
áreas son- aunque suene paradójico- ricas en
recursos
naturales y esta riqueza está generando conflictos
internos y externos, que guardan más relación con
la pugna de ciertos grupos
(económicos, políticos, armados y terroristas) por
el control de estos recursos que con el nacionalismo o
la religión.
Pienso que además de ser un conflicto de
carácter cultural y religioso, el llamado "choque de
civilizaciones" es un conflicto eminentemente económico.
El propio Osama bin Laden ha declarado que desea que el barril de
petróleo
cueste unos 144 dólares y se ha propuesto frenar el flujo
de petróleo del Medio Oriente hacia Occidente por medio de
ataques terroristas contra la industria
petrolera.
En el contexto del "choque de civilizaciones", la
religión viene a ser el medio que utilizan las mentes
dominantes, tanto de Occidente como del Medio Oriente, para
atizar el conflicto cultural y congregar nuevos reclutas para sus
respectivas causas.
Así, el movimiento
evangélico en Estados Unidos no tiene mayor reparo en
hacerle el juego a bin
Laden, mucho menos ahora que están enquistados en el
círculo del poder en Washington. Predicadores como Pat
Robertson, Jerry Falwell y Franklin Graham han llegado a ponerle
toda clase de calificativos a Mahoma, desde "ladrón y
bandolero" hasta "terrorista", y le han dado connotaciones
diabólicas al Islam. En lugar
de propiciar el diálogo
interreligioso, estos fundamentalistas se han dedicado a promover
el odio y el rencor.
El propio enfoque de la guerra de Estados Unidos contra
el terrorismo islámico no atiende las verdaderas causas
del mismo. Thomas Friedman, el célebre columnista del New
York Times, resume la guerra de esta manera: "Predique el
libre comercio, mas no lo cumpla, para que así los
agricultores paquistaníes caigan incluso más en la
pobreza. Después solicite al Congreso que autorice un
recorte fiscal para
cualquier ciudadano estadounidense que desee comprar un Humvee,
que consume gasolina de modo excesivo, para ir a trabajar a la
oficina y también pida al Congreso que se resista a
cualquier nuevo esfuerzo con miras a hacer que Detroit incremente
el rendimiento de combustible de automóviles nuevos. Todo
lo anterior equivale a más importaciones
estadounidenses de petróleo saudita.
De manera que los sauditas tendrán más
dólares para dar a sus fundamentalistas del evangelio
wahabita, quienes lo invierten en la construcción de escuelas religiosas en
Paquistán. Entonces, el agricultor paquistaní, al
que sacamos del negocio con nuestros subsidios agrícolas,
envía a sus hijos a la escuela
wahabí porque es gratuita y ofrece un almuerzo
caliente.
Sus hijos crecen recibiendo una educación
exclusivamente coránica, de forma que carecen de la
preparación para enfrentar la modernidad, pero
les enseñan una cosa: que Estados Unidos es la fuente de
todos sus problemas. Uno
de los hijos del agricultor se une a la red Al Qaeda y es muerto en
Afganistán por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, y
nosotros creemos que estamos ganando el combate al
terrorismo".
En el caso de Estados Unidos, existe una simbiosis entre
el acceso a los recursos energéticos y la guerra contra el
terrorismo, dos temas de seguridad nacional que han servido para
avanzar los intereses de una industria energética que supo
colocar a sus mejores hombres y mujeres en el aparato
gubernamental estadounidense- George W. Bush estuvo vinculado
laboralmente a Harken Oil & Gas, Dick Cheney a Halliburton,
Condoleezza Rice a Chevron, Don Evans a Tom Brown, Inc., Kathleen
Cooper a Exxon Mobil Corp., y Thomas White a Enron Corp., entre
otros.
Un ejemplo de cómo la guerra antidrogas de Bush
beneficia a las empresas estadounidenses mientras garantiza la
libre circulación de los recursos energéticos hacia
su país lo encontramos en nuestra vecina Colombia. Como
parte del Plan Colombia, Washington otorgó 98
millones de dólares para que Fuerzas Especiales de Estados
Unidos entrenaran a una brigada del ejército colombiano
para proteger el oleoducto Caño
Limón-Coveñas.
Este oleoducto, propiedad de
las empresas Ecopetrol de Colombia y Occidental Petroleum de
Estados Unidos, fue atacado 152 veces en el año 2000 por
las guerrillas izquierdistas colombianas, que ven estas
instalaciones como un blanco de Estados Unidos.
Fue así como el denominado Plan Escudo se
convirtió en un precedente sumamente peligroso, porque
allana el camino para que tropas militares de Estados Unidos
protejan empresas petroleras estadounidenses en zonas de
conflicto.
Que quede claro una vez más, no se trata de
ideologías, sino de recursos. Y es que al igual que la
droga, el
petróleo se ha convertido en una importante fuente de
financiamiento
para los grupos irregulares colombianos. Hace algunos
años, la revista
colombiana Semana reveló que las guerrillas de las FARC y
del Ejército de Liberación Nacional (ELN) apostaban
a la extorsión de los ingresos
petroleros en el departamento de Arauca y que los grupos
paramilitares de extrema derecha (Autodefensas Unidas de
Colombia) habían establecido un sistema de robo
de gasolina, perforando poliductos, para financiar su
lucha.
Ante el binomio del acceso a los recursos
energéticos, manifestado en Panamá a través
de los intereses de exploración petrolera que tiene en
Darién una empresa muy
cercana a la Casa Blanca, Harken Oil & Gas, y la guerra
contra el "narcoterrorismo" en Colombia, la decisión del
gobierno de Martín Torrijos de incorporar a Panamá
en el Grupo de los Tres (G-3) me pareció sumamente
peligrosa.
¿Pero qué es el G-3? El G-3 nace a finales
de los 80 con un noble propósito: México, Venezuela y
Colombia abastecerían de petróleo a América
Central como parte del esfuerzo encaminado a resolver los
conflictos de la región. Revive gracias al esfuerzo
diplomático del presidente mexicano Vicente Fox y en la
actualidad se ha propuesto ayudar a resolver los conflictos de la
región andina.
Vicente Fox y George W. Bush comparten no sólo
una gran amistad, sino también un gran interés por
el tema energético. La razón: el destino del 90% de
las exportaciones
mexicanas es Estados Unidos, cuya economía se está
viendo afectada por los altos precios del
petróleo. Ante este escenario, Alan Greenspan, presidente
saliente de la Reserva Federal de Estados Unidos, ha vaticinado
que la clave de la recuperación económica
estadounidense será el gas natural.
Por esta razón, Washington está cada vez
más pendiente de lo que sucede en la Venezuela de Hugo
Chávez, país con las mayores reservas de gas
natural del Hemisferio y con un gobierno abiertamente
antiestadounidense.
Chávez ha llegado a plantear la necesidad de
integrar a las petroleras estatales latinoamericanas, excluyendo
así a las empresas estadounidenses. Pero el reto
más atrevido que el presidente venezolano le ha lanzado a
la administración Bush con relación a
Panamá es utilizar la posición estratégica
del Istmo- mediante la construcción de un oleoducto- para
venderle crudo a la República Popular China.
La pugna de ciertos grupos en el contexto del conflicto
armado colombiano, las constantes políticas y
retóricas antiestadounidenses del gobierno venezolano,
así como la injerencia estadounidense por tratar de
controlar el acceso y garantizar la libre circulación de
los recursos energéticos, amenaza con desestabilizar a la
región.
Si nuestras autoridades saben que las FARC tienden a
atacar infraestructuras económicas vitales para el Estado
colombiano, ¿son realmente conscientes del peligro que
conlleva construir un gasoducto, una red de
interconexión eléctrica y una carretera entre
Panamá y Colombia?
Como ya expresé anteriormente, el Fundamento No.
14 de los FPPS deja abierta la posibilidad de que tropas
militares de Estados Unidos vuelvan al Istmo para la defensa del
Canal y el Fundamento No. 15 de los FPPS delimita la
política nacional de seguridad con relación al
conflicto armado colombiano.
Por todo lo anterior, considero que el despliegue
armamentístico que efectuó la Policía
Nacional durante los desfiles patrios y la visita de Donald
Rumsfeld en noviembre de 2004, las declaraciones del jefe del
Comando Sur, general Bantz Craddock, en el sentido de que el
Darién es un santuario para las FARC y la reciente visita
del presidente George W. Bush para discutir asuntos de seguridad
parecen presagiar un retorno al militarismo en Panamá con
el fin de satisfacer los intereses de seguridad nacional de
Estados Unidos.
[Bibliografía de
consulta]
Michael T. Klare analiza el tema de los posibles
conflictos por el control de las materias primas en La nueva
geografía
de los conflictos internacionales. Foreign Affairs En
Español. Instituto Tecnológico Autónomo de
México. México. Vol. 80 (3). Verano 2001. p.
151-165.
La posibilidad de que en un futuro surjan conflictos en
más de 50 países en 5 continentes por el agua es
analizada en Postel, Sandra L. and Aaron T. Wolf. Dehydrating
Conflict. Carnegie Endowment for International Peace. Foreign
Policy. Washington. No. 126. September-October 2001. p.
60-67.
El choque de civilizaciones como fuente de conflicto
mundial es analizado en Huntington, Samuel P. ¿Choque
de civilizaciones? Foreign Affairs En Español.
Instituto Tecnológico Autónomo de México.
México. Vol. 80 (3). Verano 2001. p. 225-245.
El fundamentalismo religioso estadounidense en el
contexto de la guerra contra el terrorismo es descrito en
Zakaria, Fareed. Es hora de enfrentar a los predicadores del
odio. Newsweek En Español. Florida. Octubre 23, 2002.
p. 11.
El tema de las escuelas religiosas en Pakistán es
cubierto en Haqqani, Husain. Islam’s Medieval
Outposts. Foreign Policy. Carnegie Endowment for
International Peace. Washington. No. 133. November-December 2002.
p. 58-64.
Thomas Friedman analiza la guerra contra el terrorismo
en Connect the Dots. The New York Times. September 25,
2003. Section A, p. 27.
Ulrich Beck, director del Instituto de Sociología de la Universidad de Munich, nos
expone las oportunidades que brinda la sociedad del riesgo mundial
para lidiar con el terrorismo internacional en Sobre el
terrorismo y la guerra. Ediciones Paidós
Ibérica, S.A. Barcelona. 2003. 61 p.
Los nexos entre el aparato gubernamental y la industria
energética en Estados Unidos son revelados en Fineman,
Howard and Michael Isikoff. Big Energy at the Table.
Newsweek. Florida. May 14, 2001. p. 10-12.
Para conocer la pugna por el control de los recursos
energéticos y los beneficios económicos que se
derivan de éstos en Colombia véase AFP.
Paramilitares y guerrilla apuntan a financiarse con
petróleo. El Panamá América.
Panamá. Septiembre 24, 2002. Sección A, p. 11; AP.
Oleoducto colombiano paralizado por rebeldes.
Crítica. Panamá. Febrero 10, 2003. p. 82; y Barry,
John. Pipeline Brigade. Newsweek. Florida. April 8-15,
2002. p. 35.
Los planes de la empresa Enron
Corp., para construir un gasoducto submarino entre Panamá
y Colombia son revelados en Alexander`s Gas and Oil Connections.
Natural gas pipeline to be built between Panama and
Colombia. News and Trends: Latin America. Vol. 5 (8). May 5,
2000. http://www.gasandoil.com/goc/news/ntl01961.htm
Para ampliar sobre la protección que brinda el
Servicio de Guarda Costas de Estados Unidos a los buques
metaneros que podrían ser blanco de atentados terroristas
véase Testa, Karen. Are natural gas chips "boat bombs"
for terror? The Associated Press. February 16, 2004. http://msnbc.msn.com/id/4276348/
La visita de Donald Rumsfeld a Panamá es cubierta
en Pérez G., Rafael. Proponen endurecer las sanciones
contra el terrorismo. La Prensa. Panamá. Noviembre 15,
2004. Portada.
Una posible remilitarización del país es
analizada en Pérez Jaramillo, Rafael.
Remilitarización: alerta, pendiente. La Prensa.
Panamá. Noviembre 19, 2004. Sección A, p. 12;
Paredes, Rubén
Darío. Es organizar una fuerza
pública militarizada, ¡sin ejército! La
Prensa. Panamá. Noviembre 19, 2004. Sección A, p.
12; y Eisenmann, I. Roberto. Yes, Sir! La Prensa.
Panamá. Noviembre 21, 2004. Sección A, p.
12.
VI. TLC:
PRISIONEROS DE LA LIBERACIÓN COMERCIAL.
Básicamente, un Tratado de Libre Comercio (TLC)
es un acuerdo comercial preferencial entre dos o más
países. Estos acuerdos se originaron en Europa, a
raíz de la relación comercial preferencial que a
través de los años han mantenido Inglaterra y
Francia con
sus antiguas colonias de África, el Caribe y el
Pacífico.
Estados Unidos es el principal promotor de estos
acuerdos en la actualidad, seguido muy de cerca por los
países asiáticos. Dicho esto, ¿cuáles
serían las ventajas de un TLC con Estados
Unidos?
Con el TLC, los productos
panameños entrarían al mercado estadounidense con
acceso preferencial, o sea, libre de impuestos. En la
búsqueda de ese objetivo, el
equipo negociador panameño debe proponerse consolidar y
ampliar los beneficios otorgados por Estados Unidos a
Panamá mediante la Iniciativa de la Cuenca del Caribe
(ICC) y el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP).
La ICC y el SGP son acuerdos comerciales "unilaterales"
entre Estados Unidos y ciertos países en desarrollo, que a
diferencia del TLC tienen una fecha de expiración. La
llegada de nuevas inversiones
estadounidenses, que generen nuevos puestos de trabajo,
sería otra de las ventajas de un TLC con Estados
Unidos.
¿Y cuáles podrían ser las
desventajas? Seguramente el mercado panameño se
inundaría de productos agrícolas estadounidenses
como resultado de una mala negociación en materia agrícola- en
contraste con un país pequeño como Panamá,
en Estados Unidos existe un fuerte apoyo gubernamental a los
granjeros.
Se perderían miles de empleos directos e
indirectos, se trasladaría gran parte del campesinado a la
ciudad y se agravarían los problemas
sociales.
La utilización de barreras comerciales no
arancelarias por parte de Estados Unidos podría ser otra
de las desventajas. Veamos el caso de las normas laborales
y ambientales en el TLC. Supongamos que a la hora de su
implementación el gobierno nacional no ha desarrollado una
estrategia de
erradicación del trabajo
infantil en los cafetales y de supervisión para que todos los barcos
camaroneros cuenten con un Dispositivo Expulsor de Tortugas
(DET).
Estados Unidos podría paralizar las exportaciones
de café y
del camarón, debido a que en el marco del TLC
Panamá se compromete a realizar avances en el campo
laboral y ambiental.
Desde una óptica
mucho más crítica, hay que tomar en cuenta que los
TLC que hasta el momento ha negociado Estados Unidos han sido
criticados por tres razones fundamentales: avanzan las agendas de
los lobbies domésticos en Estados Unidos,
menoscaban la disposición de la nación
más favorecida de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y debilitan
el poder de los países pobres en las negociaciones
comerciales multilaterales.
Según el connotado economista y profesor de la
Columbia University, Jagdish Bhagwati, la estrategia que emplea
Estados Unidos al negociar un TLC se basa en "incitar" y
"castigar". Incita al ofrecer acceso preferencial a su
multimillonario mercado y castiga cuando condiciona ese acceso a
la aceptación de ciertos temas que, más que guardar
relación con el libre comercio, tienen que ver con la
satisfacción de los intereses de ciertos grupos
domésticos (lobbies).
El canciller panameño Samuel Lewis ha negado que
existan condiciones para que se apruebe el TLC con Estados
Unidos. No obstante, las declaraciones del canciller
panameño contrastan con la realidad vivida por
México, Jordania, Chile, Singapur y Centroamérica
durante las negociaciones para concretar un TLC con Estados
Unidos. Tomaré el caso de México durante las
negociaciones del NAFTA, por ser el más antiguo y
aleccionador.
Estados Unidos le hizo saber a los mexicanos que
tenían que abandonar sus objeciones con relación a
los derechos de
propiedad
intelectual- un tema impulsado por las
compañías de software y
farmacéuticas estadounidenses- para ser admitido en el
NAFTA. Los mexicanos también tuvieron que ceder ante las
presiones de los sindicatos y
las organizaciones
ambientalistas estadounidenses- grupos vinculados al Partido
Demócrata- y aceptar una serie de disposiciones laborales
y ambientales que ahora son parte medular de los TLC que negocia
Estados Unidos.
En base a esta negociación, ¿cuál
podría ser la condición o el precio del TLC para
Panamá? Algunos políticos conservadores del Partido
Republicano, como Virgil Goode, se muestran a favor de reinsertar
la presencia militar estadounidense ante el temor de que la
República Popular China se apodere del Canal de
Panamá, por lo que habría que evaluar con detalle
los límites o
el alcance de la carta de
comercio "seguro" que se anexará al TLC.
El TLC con Estados Unidos no sólo guarda
relación con el tema de la ampliación del Canal,
sino también con una redefinición de las relaciones
bilaterales que se enfoque en las preocupaciones de seguridad de
Washington con relación al conflicto armado colombiano,
las políticas antiestadounidenses del presidente
venezolano Hugo Chávez y la creciente influencia de la
República Popular China en Panamá y América
Latina.
Dependerá del gobierno actual que el TLC se
convierta en una herramienta fundamental para el desarrollo
nacional sin que tenga que comprometer nuestra soberanía
en función del interés nacional de Estados Unidos.
Primero con una buena estrategia de negociación y
después con la puesta en marcha de una adecuada respuesta
institucional a la implementación del acuerdo, que bien
podría traducirse en proporcionar los fondos
públicos para el reajuste, fortalecer el imperio de la ley
y preparar al recurso humano con la mira puesta en aquellas
actividades económicas en las que haya un potencial de
crecimiento.
[Bibliografía de
consulta]
Aunque data de 1990, uno de los estudios más
didácticos con relación al tema del TLC con Estados
Unidos sigue siendo el de Lorenzo, Alejandro. Panamá y
el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.
Panamá. Agosto de 1990. 100 p. Biblioteca del
Ministerio de Economía y Finanzas.
Para ampliar sobre el caso de México durante las
negociaciones del NAFTA véase Bhagwati, Jagdish. In
Defense of Globalization. Oxford University Press. New York.
2004. 308 p.
Jagdish Bhagwati y Arvand Panagariya critican los TLC
que negocia Estados Unidos en Bilateral Trade Treaties Are a
Sham. Financial Times. July 13, 2003. Global Policy
Forum.
Las declaraciones del canciller Samuel Lewis, en el
sentido de que no existen condiciones para que se apruebe un TLC
con Estados Unidos, aparecen en González Batista,
José. No hay nexo entre TLC y bases.
Crítica. Panamá. Abril 16, 2005. p. 4.
Sobre la carta de comercio
seguro que se anexará al TLC véase Brannan
Jaén, Betty. EU logra incluir componente de seguridad
en el TLC. La Prensa. Panamá. Diciembre 9, 2004.
Portada.
En la era de la globalización, los aspectos
militares y de seguridad han pasado a dominar la agenda de las
relaciones entre Panamá y Estados Unidos. Al igual que en
el pasado, una relación bilateral fundamentada en estos
dos aspectos podría generar problemas internos-
¿una vuelta al militarismo en el Istmo?- y nuevas causas
de conflicto entre ambos países- ¿el
establecimiento de bases militares estadounidenses en
Panamá bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo y
el narcotráfico?
En lo personal, pienso que la desaparición
física de
tres ciudadanos panameños durante las maniobras
antiterroristas PANAMAX 2005, además de ser una
pérdida irreparable para sus familiares y la Patria, es
también una señal de alerta sobre el rumbo
equivocado que está tomando nuestro país por tratar
de satisfacer los intereses militares y de seguridad de
Washington.
Si el Canal de Panamá realmente es un objetivo de
los grupos terroristas que aborrecen a Estados Unidos es
precisamente porque las administraciones de Mireya Moscoso y
Martín Torrijos (¿Pacto MAMI?) han aceptado una
alianza militar estratégica con el gobierno de George W.
Bush- que se manifiesta con la puesta en marcha de los
Fundamentos para la Política Panameña de
Seguridad, el Tratado Alemán Healy-Becker, el
Convenio Alemán Zubieta-Becker, el Arreglo
Complementario Salas-Becker y el Acuerdo
Escalona-Bolton. Por cierto, poco antes de su visita a
Panamá, en noviembre pasado, Bush comentó que una
de las razones que motivaba la misma era agradecer que el
gobierno y el pueblo panameño han sido inteligentes sobre
asuntos de seguridad.
Entiéndase bien, la forma más efectiva de
garantizar la seguridad de nuestro Canal y del país en su
conjunto es a través de la promoción y el ejercicio de una
política exterior coherente y neutral. Como aporte a este
argumento, hay que destacar que algunos de los pensadores
más respetados en Estados Unidos reconocen que la dosis
militar que le está imprimiendo la administración
Bush a flagelos transnacionales como el terrorismo es
sencillamente insuficiente y puede llegar en ocasiones a ser
hasta contraproducente.
Joseph S. Nye, decano de la Kennedy School of Government
en Harvard y autor de The Paradox of American Power: Why The
World’s Only Superpower Can’t Go It Alone, trata
de explicar este último punto cuando compara la agenda de
la política mundial con un juego de ajedrez
tridimensional. Nye argumenta que en el tablero superior, el de
los temas militares, seguirá prevaleciendo Estados Unidos
como potencia
hegemónica durante los próximos años, pero
en el tablero intermedio, el que abarca los asuntos
económicos entre Estados, la distribución del poder ya es
multipolar.
Del mismo modo, reconoce que en el tablero inferior, el
de los asuntos transnacionales, el poder ya está
ampliamente distribuido entre actores estatales y no
estatales.
Nye concluye que la actual visión washingtoniana
de este juego de ajedrez tridimensional es errada, porque juega
de manera unidimensional, es decir, Estados Unidos se está
apoyando únicamente en su poderío militar para
resolver asuntos como el terrorismo y el narcotráfico, un
enfoque que representa una garantía de derrota a largo
plazo.
Estados Unidos requiere más que nunca de la
cooperación internacional para solucionar aquellos
problemas transfronterizos que atentan contra sus intereses y
Panamá puede contribuir significativamente en esta tarea,
ya que no se puede desconocer que tanto el pueblo panameño
como el estadounidense abrigan los mismos valores
(libertad,
democracia y derechos humanos, entre otros). Pero cuando la
administración Bush le impone a Panamá sus
políticas militares y de seguridad, Estados Unidos pierde
lo que Nye ha denominado poder blando (soft power,
en inglés), definido como aquel poder que surge de los
atractivos que resulten los ideales políticos, la cultura y las
políticas de un país. Así, cuando Estados
Unidos pretende establecer una base militar disfrazada de centro
antinarcóticos en Panamá o se niega a sanear los
polígonos de Piña, Balboa Oeste y Nuevo Emperador y
a remover las armas químicas que dejó en isla San
José pierde legitimidad ante los ojos del pueblo
panameño, o sea, pierde una cuota considerable de su
poder blando. Y como si se tratase de un círculo
vicioso de nunca acabar, vuelven a emerger nuevas causas de
conflicto entre ambas naciones.
[Bibliografía de
consulta]
Algunos datos sobre el
desempeño institucional de los tres
ciudadanos panameños que murieron trágicamente
durante los ejercicios PANAMAX 2005 se revelan en López
Dubois, Roberto y Jean Marcel Chéry. Marinos cumplieron
hasta la muerte. La Prensa. Panamá. Agosto 17, 2005.
Sección A, p. 4. Véase también Chéry,
Jean Marcel y Roberto López Dubois. Víctimas de
la negligencia. La Prensa. Panamá. Agosto 16, 2005.
Portada.
Los reportes que cubren la entrevista
que le realizara la corresponsal en Washington del diario La
Prensa, Betty Brannan Jaén, al presidente George W. Bush
pocos días antes de su visita a Panamá son EU no
tiene interés de abrir bases militares en
Panamá. La Prensa. Panamá. Noviembre 2, 2005.
Portada y George W. Bush y sus planes. La Prensa.
Panamá. Noviembre 2, 2005. Sección A, p.
3.
La reforma militar en Estados Unidos es analizada en
Rumsfeld, Donald H. Transforming the Military. Foreign
Affairs. New York. Vol. 81 (3). May-June 2002. p. 20-32 y en The
FP Interview. Reinventing War. Foreign Policy. Carnegie
Endowment for International Peace. Washington. No. 127.
November-December 2001. p. 31-47.
El análisis de Joseph S. Nye se encuentra en
Poder y estrategia de Estados Unidos después de
Irak.
Foreign Affairs En Español. Instituto Tecnológico
Autónomo de México. México. Vol. 3 (3).
Julio-Septiembre 2003. p. 2-12.
POR:
JOSÉ H. SANTOS AGUILERA
LICENCIADO EN DERECHO Y CIENCIAS
POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ Y
MAGÍSTER EN NEGOCIACIÓN, MEDIACIÓN Y
ARBITRAJE EN
EL COMERCIO
INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA DE COMERCIO
EXTERIOR
DICIEMBRE 2005