Tp uriburu
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El intercambio comercial, cualquiera sea la vía utilizada (aérea, marítima o terrestre) para materializar la introducción o salida de las mercancías, está sometido a las regulaciones del Derecho Aduanero. Este intercambio comercial, se expresa de distintas formas, no obstante, tales formas pueden ser agrupadas bajo una denominación común “operaciones aduaneras”. Aunque, no es indispensable, para ser operación aduanera, la finalidad comercial, es posible que tenga fines distintos (personales, diplomáticos, auxilio, etc.). Las operaciones aduaneras son un conjunto de actividades de tráfico de mercancías sometidas a la potestad aduanera. Derecho Aduanero: ANDRES El Derecho aduanero es una rama del Derecho
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El Procedimiento Administrativo Aduanero se puede iniciar por tres actividades que realiza la autoridad administrativa son: ·Reconocimiento Aduanero de mercancías de importación y exportación ·El Ejercicio de sus Facultades de comprobación ·Verificación de mercancías en transporte Existen dos procedimiento respecto al mismo, el primero a irregularidades de carácter formal que dan lugar al embargo precautorio de mercancías sin existir secuestro de las mercancías, sin embargo el otro procedimiento es por faltas graves por las cuales si existe el secuestro de las mercancías una vez inicia el procedimiento establecido por la ley, pero el más común es el inicio de facultades de la autoridad o el reconocimiento único. Los Recursos Administrativos Surgen como un remedio a la legal actuación de la administración. Son medios legales que el ordenamiento jurídico pone a disposición de los particulares para lograr, a través de la impugnación, que la Administración rectifique su proceder. Son la garantía del particular para una efectiva protección de su situación jurídica. Son denominados Recursos, porque se trabaja con un acto preexistente, es decir, con una materia procedimental ya decidida, que en este caso, es un acto administrativo de efectos particulares, nunca general (Artículo 85). El Recurso Administrativo es un acto por el que un sujeto legitimado para ello pide a la Administración que revise, revoque o reforme una