Marketing social
JUANA MARIA SAUCEDO SOTO PROFESORA TITULAR UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA, MÉXICO. ESTUDIANTE DEL DOCTORADO EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UPC. BAJO LA TUTORIA DEL DR. BERNAT LOPEZ-PINTO RUIZ
1. - INTRODUCCION Las empresas realizan un excelente esfuerzo por entender, sentir y cumplir el deseo del consumidor. Pero a largo plazo: ¿Estarán en realidad trabajando para satisfacer mejor los intereses de las personas, de la sociedad y de la propia empresa? La visión de la empresa respecto a su filosofía, metas y políticas, en el marco de la sociedad, ha venido transformándose en la última década. El factor fundamental para que se …ver más…
Y en aquellos sectores donde la competencia no pueda desarrollarse y deba ser sustituida por la regulación gubernamental, garantizar una calidad y un servicio satisfactorios a un precio justo. Derecho a ser escuchado. Garantizar que el interés general de los consumidores será representado, escuchado y tenido en cuenta a la hora de formular las políticas gubernamentales que les afecten; supone asegurar igualmente un trato justo en el acceso del consumidor a los tribunales.
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La Asamblea Constitutiva del Consejo de Europa aprobó la Carta Magna del Consumidor en el año de 1972, donde establece los siguientes derechos: a la protección de la salud y la seguridad, derecho a la protección de los intereses económicos, derecho a la reparación de daños, derecho a la información y a la educación; y derecho a la representación. Posteriormente la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas estableció en 1985 los Principios de Protección al Consumidor, similares a los mencionados anteriormente. En España, el movimiento consumerista, desde una perspectiva legal, aparece veladamente en la Ley de Defensa de la Competencia en 1963; en 1968 se crea la Federación Nacional de Asociaciones de Amas de Casa, y en 1969 la Federación Nacional de Consumidores.
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Alonso Rivas, J. Comportamiento del Consumidor. Decisiones y Estrategia de Marketing. ESIC. Madrid 2000.
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En la constitución española, el artículo 51 consagra el principio