Marco teorico de la basura en mejicanos

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PENSION ANTICIPADA DE ALIMENTOS EN EL PROCESO PENAL?

El Decreto Legislativo 957 - Código Procesal Penal, vigente desde el 1° de abril de este año, en nuestro distrito judicial, contiene algunas disposiciones que dada la forma como han sido redactadas, van a generar al momento de plantearse, dificultades en su interpretación y aplicación.
Me refiero a una de las medidas reales de coerción procesal establecida en el artículo 314° del Código Procesal Penal, el cual establece que en los delitos de homicidio, lesiones graves, abandono de mujer en estado de gestación, violación de la libertad sexual, o delitos que se relacionan con la violencia familiar, el Juez puede a pedido de la parte legitimada, imponer una pensión de alimentos para
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Si bien, ya el artículo 178° del Código penal, modificado por el artículo 1° de la Ley 27115 del 17 de mayo de 1999, establecía desde dicho año, la obligación de sentenciar al agente de la comisión de delitos de violación sexual previstos en el capitulo IX del referido código penal, a prestar alimentos a la prole que resulte; sin embargo, establecía además que deberían aplicarse las normas respectivas del Código Civil. Esta norma, un tanto cuestionable, desde el punto de vista procesal, principalmente por dos motivos: a) porque la finalidad del proceso penal es establecer si se ha cometido un delito y si la persona o las personas procesadas son responsables de la comisión de dicho delito, para aplicarles la sanción que corresponda y el pago de una reparación civil y; b) porque, de la experiencia práctica se ha observado que en ningún momento de dicho proceso, se analiza o trata de establecer cuáles son las posibilidades económicas del procesado y cuáles son las necesidades del alimentista, los que son puntos a determinar en todo proceso de fijación de pensión alimenticia. Entonces, se termina fijando una pensión de alimentos, sin una mínima actividad probatoria en dicho extremo. Vulnerando así el debido proceso, en tanto existe además afectación del derecho de defensa, sobretodo del procesado a quien en ningún momento se le requiere

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