Jurisdicción contencioso administrativa en venezuela

14226 palabras 57 páginas
Índice

Introducción 3

Principios Constitucionales condicionantes del régimen de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 4

Principios para la configuración de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa. 7

1. Competencia por razón de la materia y de los sujetos controlados. 2. Los poderes del juez contencioso administrativo. 3. Las exclusiones de la competencia. a. Exclusión de las actividades de otros entes jurídicos Extraños al estado venezolano. b. Exclusión del control sobre los actos legislativos de rango legal, las sentencias y los actos de gobierno. 4. Los diversos tipos de acciones y recursos contencioso- administrativo.
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En primer lugar está el principio de la universalidad del control que la Constitución regula en el artículo 259 respecto de las actividades y actos administrativos como manifestación del principio de la legalidad. Ello se ha recogido en la Ley Orgánica establecerse que todos, absolutamente todos los actos administrativos, pueden ser sometidos a control judicial ante los órganos de la Jurisdicción contenciosa administrativa, por contrariedad al derecho, es decir, sea cual sea el motivo de la misma: inconstitucionalidad o ilegalidad en sentido escrito. La constitución no admite excepciones ni la Ley Orgánica las prevé, y como en su momento lo explico la Exposición de Motivos de la Constitución de 1961la fórmula “contrarios a derechos es una enunciación general que evita una enumeración que pueda ser peligrosa al dejar fuera de control algunos actos administrativo”.

Por tanto, de acuerdo con la intención de la Constitución, toda actuación administrativa y, en particular, los actos administrativos emanados de cualquier ente u órgano de la Administración Publica o de cualquier otra persona o entidad actuando en función administrativa, por cualquier motivo de contrariedad al derecho, pueden ser controlados por los Tribunales que conforman la jurisdicción contencioso-administrativa. Ello implica que cualquier exclusión de control respecto de actos administrativos específicos sería inconstitucional, sea que dicha

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