I. SUPLICIO 1. EL CUERPO DE LOS CONDENADOS
He aquí, pues un suplicio y un empleo de tiempo. Menos de un siglo los separa. Es la época en la que fue redistribuida en Europa y en los Estados Unidos, toda la economía del castigo. Por lo que toca a la justicia penal una nueva era, entre tantas modificaciones, señalare una. La desaparición de los suplicios.
Tenemos un hecho; en cuantas décadas, ha desaparecido el cuerpo supliciado, descuartizado, amputado, marcado simbólicamente en el rostro o en el hombre, expuesto vivo o muerto, ofrecido en espectáculo. Ha desaparecido el cuerpo como blanco mayor de la represión penal.
El castigo ha dejado poco a poco de ser teatro. Y todo lo que podía tener de espectáculo se encontrara en adelante …ver más…

Aquello sobre lo que se ejerce la practica penal, ha sido profundamente modificado.
Todo un conjunto de juicios apreciativos, diagnósticos, pronósticos, normativos, referente al individuo delincuente se ha alojado en el armazón del juicio penal. El código francés de 1810, no se planteaba hasta el final del artículo 64 que dice que no hay ningún crimen ni delito si el infractor se hallaba en estado de demencia en el momento del acto. No solo el examen del delincuente sospechoso de demencia, sino los efectos mismos, de tal examen debían ser externos y anteriores a la sentencia. Han admitido que se podría ser culpable y loco (tanto menos culpable cuanto un poco más loco) culpable indudablemente pero para encerrarlo y cuidarlo que para castigarlo; culpable peligroso ya que se hallaba manifiestamente enfermo. La reforma de 1832 que introducía las circunstancias atenuantes, pero permitía modular la sentencia de acuerdo con los grados supuestos de una enfermedad o a las formas de una semilocura. El juez de nuestros días hace algo muy distinto que “juzgar”.
Y no es el único que juzga. A lo largo del procedimiento penal, y de la ejecución de la pena, bulle toda una serie de instancias añejas. En torno del juicio principal se han multiplicado justicias menores y jueces paralelos expertos psiquiatras y expertos sicólogos, manifestados de la aplicación de las penas, educadores y funcionarios de la administración penitenciaria se reparten el poder legal de castigar.