Modelo de demanda de prescripcion positiva.

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AMBITO JURIDICO
La administración publica se desenvuelve dentro de un ordenamiento jurídico que va desde la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, que ocupa dentro de la pirámide jerarquica el primer lugar, en el que se encuentra estructurado todo el Estado y sus organismos (OL, OJ y OE), y la casi totalidad de órganos administrativos (Entidades Descentralizadas y Autónomas), la USAC, IGSS, las municipalidades, etc. (Las funetes Nacionales de Derecho Adminitrativo).
Inmersa también en el ámbito jurídico se encuentran lo que se le ha denominado como fuentes Supranacionales del Derecho Administrativo, que consisten en las normas contenidas en los Convenios y Tratados internacionales, que estudiamos en el Capitulo III del
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Cuando una ley viola alguno de esos principios, deja de ser aplicada ante la reclamación del interesado mediante una Accion de Incosnstitucionalidad; cuando el legislador descuida un principio o norma constitucional, es el Juez a quien le corresponde aplicarla en los casos concretos. Si la Constitucion tiene la particularidad de transformar en antijurídico todo lo que la viole, y si lo que la viola es por ello mism insusceptible de aplicación por la interposición de reclamo por el planteamiento de la Acción de Inconstitucionalidad, es evidente que ello se debe a que la Constitución aun con referencia a las leyes parlamentarias, es suprema luego del orden jurídico internacional.
Las leyes deben respetar la Constitucion, y a su vez los actos administrativos deben respetar las leyes: los acts de gobierno deben respetar la Constitución; luego, dentro del Estado, la constitución bajo un orden supranacional es la máxima expresión de la juricidad.
Esa supremacía que la constitución comparte con normas superiores no es por supuesto moral o ética; se trata de una supremacía jurídica, lo que explica por que una ley o un acto administrativo, que son expresiones de la voluntad coactiva del Estado, puedan perder validez e imperatividad en algún caso.
Decir que una ley o un acto administrativo puedan perder juridicidad e imperatividad en algún caso,

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