La Séptima papeleta fue una propuesta surgida de un Movimiento Estudiantil ante las elecciones del 11 de marzo de 1990 de Colombia, en las que se elegían Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, juntas administradoras locales (JAL), Concejo Municipal y Alcaldes (las elecciones para gobernador solo fueron a partir de la constitución del 91). El movimiento Estudiantil propuso incluir un séptimo voto en que se solicitaría una reforma constitucional mediante la convocatoria de Asamblea Constituyente. Aunque la papeleta no fue aceptada legalmente, sí se contó de manera extraoficial y, finalmente, la Corte Suprema reconoció la voluntad popular mayoritaria, validando el voto. El movimiento de la séptima papeleta es por tanto el …ver más…

Se insistió mucho en la bondad de la nueva forma como la justicia funciona a raíz de los cambios institucionales y aún aquellos que no aprobaron la forma como se implantó la séptima papeleta, hoy reconocen la bondad de la Constitución.
En general, los ya no muy jóvenes líderes del movimiento, así como los panelistas invitados, se concentraron en general más en la defensa de la Constitución del 91 que en una evaluación sobre su impacto en la situación nacional. La razón es obvia, se ciernen amenazas que provienen del mismo gobierno que ha mostrado su intención de desmontar aspectos fundamentales de la Carta como la acción de tutela, considerada como un gran avance para los sectores sin poder que la utilizan para defender los derechos que le ofrece la Constitución.
Queda pendiente un debate que no se ha hecho: las consecuencias de aislar lo económico de lo político, característica de este período, que no ha traído ninguno de los resultados esperados: la gran modernización de una Colombia en paz. Los mayores cambios para lograr este propósito deben venir probablemente más del modelo económico que de la Constitución y en esta dirección parece que se movería el país. Lo obvio, dada la función de bienestar explícita en la Constitución del 91, es ofrecer los mecanismos institucionales y los recursos públicos y privados suficientes para responder a las demandas de un estado de Derecho.
Solo queda una gran pregunta: ¿No se