AGRARIO Bolilla 6 punto 3

CONTRATOS AGRARIOS

ANTECEDENTES
Interesa desarrollar una teoría general de los contratos agrarios, por cuanto la teoría de los contratos en general, desarrollada en el derecho civil, no explica la especialidad de este subconjunto de contratos, tampoco desarrolla el concepto de “agrariedad”, ínsito en esta clase de vínculos jurídicos que se dan en este sector de la actividad económica. Creemos, tal como lo expresara el Dr. Eduardo Pigretti, que “los contratos agrarios constituyen un reflejo cierto de lo que está pasando en el campo. De ahí su enorme valor como fuente del derecho agrario, ya que las leyes van oportunamente a regular estas relaciones jurídicas nacidas de las reales necesidades de los …ver más…

Esto se traduce concretamente, en que en el ámbito de los contratos en general, el consentimiento es la gama de ofertas o propuestas posibles de expresar por una de las partes y ser aceptada por la otra parte. En el ámbito del derecho agrario, el principio de la autonomía de la voluntad sustentado en la supuesta igualdad de las partes, sufre condicionamientos en aras de proteger a una parte considerada más débil, o proteger los recursos naturales objeto de estas convenciones, por cuanto su desmanejo afecta el bienestar general.

TEORIA GRAL.CLASIF. PRINC.

Así en los contratos agrarios, se detecta un intervensionismo estatal, que restringe la autonomía de la voluntad y que se traduce en la presencia de la variable: orden público.
La presencia del orden público en los contratos agrarios, u orden público económico como lo reconocen algunos autores, surge a veces expresamente de la norma. Otras veces surge de la naturaleza y finalidad del contrato. Ejemplo del primer caso lo tenemos en la Ley 13.246/48 de Arrendamientos y Aparcerías cuando en su artículo 1º expresa: “los preceptos de esta ley son de orden público, irrenunciables sus beneficios e insanablemente nulos y carentes de todo valor cualesquiera cláusulas o pactos en contrario o actos realizados en fraude a la misma.” Ejemplo de la presencia de ingerencia estatal en la autonomía de la voluntad, protegiendo a una de las partes, surge de la Ley 25.113/99