Análisis económico del periodo 1970-1973 (Gobierno de la Unidad Popular) (página 2)

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Según Fontaine (1993), el objetivo principal de
las intervenciones gubernamentales se desplazó
gradualmente desde una mera apropiación de una parte de
las rentas generadas por las distintas actividades
económicas hacia la expropiación de los activos que
producían esas rentas. Durante la segunda mitad de los
años sesenta y a comienzos de los setenta, el centro del
debate fue la distribución de la propiedad. La
proposición económica fundamental del Gobierno de
Allende fue una expropiación masiva de los medios de
producción. De acuerdo a Cademártori (2004), el
Proyecto de Ley Prats-Millas trató de estabilizar la
situación del Área Social. Dejaba establecido
cuáles de un total de 122 grandes empresas serían
estatizadas, mientras otro centenar sería devuelto a sus
propietarios.

Además de la reforma agraria, el programa de
expropiación de los medios de producción
contempló la nacionalización de la industria y el
sistema financiero, lo cual se ejecutó a través de
la expropiación de bancos y empresas productivas. En 1971,
el Presidente Allende completó el proceso al nacionalizar
sin compensación alguna todos los yacimientos de cobre de
propiedad extranjera, de acuerdo a una reforma constitucional
aprobada unánimemente por el Congreso. Este hecho
constituye acaso el mayor y más importante proceso de
nacionalización de medios de producción por su
carácter estratégico para la economía
nacional, y así fue entendido por todos los sectores
políticos del país.

Los siguientes procesos de expropiación de los
medios de producción no contaron con semejante consenso.
El programa de la campaña de Allende postulaba la
expropiación de todas aquellas actividades que condicionen
en general el desarrollo económico y social del
país, tales como la producción y
distribución de la energía eléctrica;
transporte por aire, agua y tren; las comunicaciones; la
producción, refinación y distribución de
petróleo, incluido el gas licuado; la siderurgia, la
industria petroquímica, la industria química
pesada, la celulosa y el papel. Las empresas del sector
industrial, que habían prosperado gracias a una barrera
arancelaria altísima, fueron acusadas, con razón,
de prácticas monopólicas (el pequeño mercado
local estaba protegido de la competencia externa) y sus ganancias
se convirtieron en una tentadora presa para los competidores
políticos. Vino primero el alza en los impuestos, el
aumento de las reglamentaciones y de los salarios. Finalmente,
sin embargo, el sector industrial privado siguió el curso
de la minería y la agricultura: uno de los objetivos
básicos del Gobierno de Allende fue la
nacionalización de las principales industrias, la
creación de un "área de propiedad social". Este
constituyó el principal campo de batalla política
durante sus tres años en el poder.

Antes, sin embargo, fue el turno de la Banca (Fontaine,
1993). Debido a las intervenciones gubernamentales en el mercado
de capitales, los bancos privados (y el Banco Central) estaban
encargados de racionar los escasos y baratos créditos. No
resulta sorprendente, entonces, que surgieran poderosos grupos
económicos en torno a los bancos y que explotaran su
acceso preferencial a los créditos. El origen del problema
no radicaba en que los bancos fueran privados, sino en el
racionamiento artificial de los créditos creado por la
fijación de la tasa de interés y otras
regulaciones. El Presidente Allende pensaba de otro modo, y en su
discurso de Año Nuevo de 1971 (habiendo asumido
hacía tan sólo 60 días) anunció su
propósito de nacionalizar todos los bancos privados. En
menos de un año, y sin una oposición significativa,
el Gobierno había cumplido su objetivo. El mecanismo
utilizado fue, sin embargo, establecido dentro de la legalidad
vigente, ya que un organismo semi-autónomo, la
Corporación de Fomento de la Producción,
estableció un poder comprador de acciones de los bancos,
de tal manera que el Estado pudo ampliar su participación
en el sector financiero, desde el 50% que ya tenía en
1970, hasta el 90% de la propiedad bancaria.

El Gobierno de Allende se apoderó
fácilmente de las minas de cobre, de una gran parte de las
tierras agrícolas y de la mayoría de los bancos. La
batalla política en favor de la nacionalización de
las empresas industriales fue ardua. Las expropiaciones no
sólo alienaron a los inversionistas extranjeros y a las
grandes empresas, sino también a los pequeños y
medianos empresarios. Las asociaciones de camioneros, de
dueños de autobuses y de minoristas lideraron la
movilización social en contra del Gobierno de Allende.
Algunos poderosos sindicatos laborales de clase media, como los
trabajadores del cobre, se sumaron. El Gobierno de Allende
intentó recuperar algo del apoyo político de estos
grupos a través de políticas monetarias y fiscales
altamente expansivas y populistas. La prosperidad originada por
las políticas populistas duró poco (nunca dura
mucho). El consiguiente brote inflacionario y la crisis de la
balanza de pagos siguieron su curso natural.

En síntesis, de acuerdo a la estimación
realizada por el Banco Mundial en 1980 (Fontaine, 1993), y antes
comentada en este artículo, durante el período de
1971-1973 fueron "tomadas" cerca de 500 empresas y se
expropió más de un cuarto del total de tierras
agrícolas. Con todo, en opinión de autores como
Cademártori (2004), último ministro de
economía de la UP, en general la socialización de
empresas no impidió que el sector privado continuara
siendo ampliamente predominante en la manufactura, agricultura,
comercio minorista, transporte caminero y servicios. En cuanto a
las empresas mixtas sólo se constituyeron como sociedades
entre el estado y compañías extranjeras, siendo la
industria automotriz el primer campo de
experimentación.

5.3 Desabastecimiento y Mercado
Negro

¿Por qué se produce el
desabastecimiento en Chile? Diversos analistas han querido
responder esta interrogante, y las respuestas van desde las
explicaciones técnicas, íntimamente relacionadas
con el alza galopante de la inflación, hasta
especulaciones políticas tales como un supuesto complot
que la derecha chilena habría generado al provocar el caos
por la vía de ocultar los bienes esenciales de consumo. Lo
único que parece ser claro es que el mercado negro se
generó como la única opción viable (para la
población) en cuanto a la disponibilidad de dichos bienes
esenciales.

La grave situación inflacionaria a
partir del año 1971 generó un efecto inmediato
sobre los precios al consumidor, los cuales se elevaron 20% en
1971; 77,8% en 1972 y 188,1% entre Enero y Septiembre de 1973. En
tales condiciones surgieron los fenómenos del mercado
negro y las colas. Pero estos fenómenos no reflejaban una
disminución "absoluta" del abastecimiento, sino "relativa"
al elevado circulante existente. Esto ha quedado comprobado por
los volúmenes de producción y consumo que eran muy
superiores a los años precedentes. Por otro lado, al
decretar el fin de los controles de precios, el régimen
militar llevó la inflación a 1.100 % en diciembre
del 73 y la mantuvo muy alta durante los años siguientes,
con el agravante que descargó todo su peso sobre los
asalariados y pensionados.

Discusión y
conclusiones

La primera conclusión que surge de nuestro
trabajo tiene que ver con la relación que se produce entre
las ideas y los hechos, y como una equivocada
interpretación del funcionamiento de la economía
puede generar crisis de alto impacto. En efecto, todo el programa
de gobierno de la UP se construye sobre el supuesto que una
política altamente expansiva inicial es sostenible en el
tiempo, especialmente cuando el gran fantasma de la
inflación se resuelve (supuestamente) al introducir
modificaciones estructurales destinadas a controlar los precios
de la economía y la estatización de los medios de
producción. La experiencia demostró que este
supuesto básico era insostenible y de hecho fue la
inflación el detonante de la enorme crisis
económica que se genero en el gobierno de
Allende.

Respecto del equilibrio macroeconómico, la
experiencia socialista también nos demuestra que un nivel
de gastos superior al nivel de ingresos no es sustentable en el
largo plazo y el déficit resultante hay que financiarlo
con deuda presente, la cual ha que repagar finalmente en el
futuro. Esto quiere decir que el déficit fiscal recurrente
y elevado y los incrementos salariales superiores a los
incrementos de productividad generan presiones inflacionarias; la
reducción de la inflación requiere de programas de
ajustes con severos costos sociales. En consecuencia, el control
y la eventual eliminación de la inflación adquieren
una muy alta prioridad.

El cambio sistémico progresivo que implicaba la
sustitución del capitalismo por el socialismo y la
percepción de su irreversibilidad fueron el factor
primordial de la conflictividad social. Esto nos pone en un nivel
de discusión más ideológico, especialmente
si pensamos que las grandes reformas estructurales que
planeó Allende para Chile fueron pensadas en un contexto
democrático, bajo el Estado de Derecho, y es precisamente
esta condición la que hace inviable la generación
de reformas estructurales de esta envergadura, simplemente porque
se afecta el principio rector del funcionamiento
económico: las expectativas de los agentes
económicos se vió gravemente dañada en la
experiencia popular. El gobierno de Allende no fue sensible, o no
quiso serlo, a las expectativas de los principales agentes
económicos, y esto fue, en nuestra opinión, un
profundo error de interpretación del funcionamiento
económico.

Finalmente, la UP expuso un tema muy conflictivo e
importante: ¿cómo resolver el problema de la
pobreza?. En forma simplificada, en el diagnóstico de la
UP, los ricos eran los responsables de la existencia de los
pobres y la solución requería expropiar a los ricos
para transferir recursos a los pobres. Tanto el análisis
como la solución fueron erróneos y fracasaron
totalmente. No obstante la pregunta sigue siendo vigente:
¿Cómo superamos la pobreza en Chile?

Bibliografía

Bitar, Sergio (1979). Transición,
socialismo y democracia. México: Siglo
XX.
Cademártori, José (2004) "A
treinta años del triunfo de la Unidad Popular",
artículo publicado en el sitio web:
"www.clasecontraclase.cl"
Fontaine, Juan Andrés (1993)
"Transición económica y política en
Chile: 1970 – 1990", Centro de Estudios Publicos,
Edición Nº 50, Otoño. Pags. 230 –
279
Larraín, Felipe y Meller, Patricio (1990).
"La experiencia socialista-populista chilena: La Unidad
Popular, 1970-73". Cuadernos de Economía
82.
Meller, Patricio (1996) "Un Siglo de
Economía política chilena (1890 – 1990)".
Editorial ANDRES BELLO, CHILE. Primera
edición.