Gerencia pública y economía informal (página 2)

La finalidad e intención que se persigue al
efectuar la presente investigación, se expresa y resume en
los siguientes objetivos:

Objetivo General

Establecer la relación entre la opinión de
gerentes y funcionarios públicos sobre la economía
informal, y las políticas de apoyo, estímulo y
financiamiento a las microempresas del Estado Lara.

Objetivos Específicos

1) Analizar el marco legal e institucional vigente en
materia de apoyo a la Economía Social y a las
Microempresas, así como la gestión gubernamental
reciente dirigida a dichos sectores.

2) Examinar la opinión de los actores y
responsables institucionales oficiales en las áreas de
apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas sobre la
economía informal.

3) Establecer el nivel de influencia de los valores,
juicios y percepciones reflejadas en la opinión de
gerentes públicos sobre la economía informal y las
microempresas, en la administración de las
políticas dirigidas al sector microempresarial del Estado
Lara.

Justificación

La economía informal, o los múltiples
adjetivos que denotan su complejidad y el difícil consenso
teórico que gira a su alrededor, constituye una realidad
inocultable y presente en los países en vías de
desarrollo, en América Latina y muy particularmente en
Venezuela.

La permanencia y prolongación de un cuadro
recesivo, inflacionario, y de incremento del índice de
desempleo, por señalar solo algunos de los diversos
factores económicos que intervienen en su existencia, y su
reciente agudización como nunca antes en la historia del
país, indican aparte de su expansión como sector
económico, una presencia e implicaciones en todos los
órdenes que persistirá durante algún tiempo,
y que ameritan por tanto un estudio detallado.

Esto ocurre en el marco de un replanteamiento de las
relaciones de poder, participación e influencia entre el
Estado y el resto de los actores que conforman el tejido social,
contexto en el cual la ingobernabilidad creciente impide la
satisfacción de las necesidades básicas de la
colectividad, que asisten a su vez a la crisis del Estado de
Bienestar, tal como existió décadas
atrás.

En esa dificultad, que padece el gerente público
para que sus decisiones generen los resultados esperados, radica
igualmente el interés por establecer el grado de
relación entre la opinión de ese funcionario
público sobre la economía informal, como parte de
una realidad amplia y compleja sobre la cual busca intervenir, y
las acciones y decisiones que, convertidas eventualmente en
políticas, se diseñan y ejecutan para atender las
necesidades sociales y resolver el problema del desarrollo
económico, cuyo norte debe ser finalmente el desarrollo
social.

Se considera el Estado Lara, por su perfil
económico y productivo, por su larga tradición
cooperativa, microempresarial, de organizaciones populares y
comunitarias y por la existencia de diversas instituciones
orientadas a la atención del sector económico bajo
análisis, constituye una oportunidad que justifica y en
cierto sentido hace viable la presente investigación, en
momentos en que han surgido desde diversos sectores, dudas y
críticas en relación a la gestión
económica del actual gobierno, y a la orientación
que sustentaría buena parte de los programas y acciones
destinados al área microempresarial.

Alcances

• Los funcionarios, gerentes y empleados a consultar y
  a encuestar pertenecen a instituciones públicas cuyo
  funcionamiento o razón de ser tiene que ver
  directamente con el sector microempresarial y la
  economía informal, bien sea a través del
  diseño de estrategias, bien sea mediante el
  financiamiento o bien a través del seguimiento,
  asesoría y la capacitación (FUNDAPYME, FUNDEME,
  TECNOPARQUE, DIRECCIONES DE DESARROLLO SOCIAL Y DE DESARROLLO
  ECONOMICO DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO LARA). Se
  visitarán las sedes de dichas instituciones ubicadas
  en la ciudad de Barquisimeto, municipio Iribarren, capital
  del Estado, en el cual se concentra la mayor parte de la
  población atendida.

• No se pretende en este trabajo profundizar
  rigurosamente en la descripción y
  caracterización estadística y cuantitativa de
  la Economía Informal o del sector microempresarial,
  como es quizá lo usual cuando se aborda dicha
  temática, dado que es la dimensión cualitativa
  del fenómeno sobre la cual se quiere
  abundar.

• No se persigue una descripción detallada y en
  profundidad de la naturaleza, misión, visión,
  objetivos, resultados, cifras de los programas, actividades o
  políticas ejecutadas por dichos organismos, sino
  conocer la opinión y percepción de quienes las
  integran y dirigen sobre una realidad sobre la cual, directa
  o indirectamente, deben actuar.

• Aun cuando se reconocen las implicaciones de los
  adjetivos que se le pueden endosar a la palabra
  "Economía", en atención a determinada postura
  teórico-conceptual o ideológica, a los efectos
  del presente trabajo se empleará el término
  "Economía Informal" por ser el que, desde la
  perspectiva de los enfoques del Programa Regional de Empleo
  para América Latina y el Caribe-Organización
  Internacional del Trabajo (PREALC-OIT) y del Programa de las
  Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), expresa de mejor
  forma la tesis del autor; dejando claro no obstante, que
  también se hará uso indistinto de las
  denominaciones "Economía Social", "Economía
  Popular" o "Economía Alternativa" para caracterizar el
  objeto de estudio, en el entendido de que son éstas
  las categorías presentes mayoritariamente en el
  discurso y en la praxis normativa de la actual gestión
  gubernamental. Queda para una futura y más detallada
  aproximación científica, el desarrollo de una
  diferenciación conceptual o terminológica entre
  los distintos enfoques, y de su pertinencia y
  adecuación a la realidad venezolana.

Se asume el carácter complejo, diverso,
heterogéneo y altamente estructurado de la economía
informal, como expresión de una realidad con
múltiples vínculos con la pobreza, el desempleo, la
educación, el funcionamiento del Estado, la cultura y las
instituciones, por mencionar sólo algunos elementos. Al
tanto de dichas imbricaciones, la atención recaerá
fundamentalmente en los rasgos definitorios de la economía
informal, de las microempresas, sin obviar los vínculos y
conexiones necesarios y evidentes con los factores mencionados,
que pudieran incorporarse como variables en futuros y más
acabados estudios, sobre todo porque atienden en el fondo, al
igual que la actual indagatoria, al papel y a la posición
que debe desempeñar el Estado frente a dichas
realidades.

CAPITULO II:

Marco
teórico

Antecedentes

Parece existir un consenso generalizado en la literatura
consultada, en el sentido de atribuir la noción de
"informalidad" a las investigaciones auspiciadas por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) a
través de la labor realizada por Keith Hart hacia fines de
la década de 1960, dirigida a estudiar los mercados
laborales urbanos en África.

Portes (2000), Hart postuló un modelo dualista de
oportunidades de ingresos de la fuerza laboral urbana, apoyado en
su mayor parte en la distinción entre empleo y autoempleo.
El concepto de informalidad se aplicaba a los autoempleados. Hart
enfatizó el notable dinamismo y la diversidad de estas
actividades que, en su opinión, trascendían con
mucho a los limpiabotas y los vendedores de fósforos. Hay
quienes sostienen como Quijano (1998) que existe un similar
origen y desarrollo histórico-analítico entre la
noción de informalidad con la definición de
marginalidad.

La tesis de la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL), así como los trabajos de
sociólogos, economistas y científicos sociales en
torno a la Teoría de la Dependencia y el Subdesarrollo,
que sustentarían a la larga la política de
sustitución de importaciones, o la tesis del desarrollo
endógeno, aplicadas por varios gobiernos de la
época, constituyeron las aproximaciones no sólo
teóricas sino ideológicas que desde el materialismo
histórico o el estructural-funcionalismo analizaron la
realidad económica latinoamericana.

El proceso de industrialización acelerada, las
migraciones, el crecimiento demográfico, físico y
económico de las principales ciudades latinoamericanas,
fueron sentando las bases de los problemas de empleo, vivienda y
conformación de zonas deprimidas en los márgenes
urbanos, con distintas denominaciones como barrios, favelas,
villas miseria. En estos ámbitos citadinos, una vez que se
fueron agudizando los problemas económicos y sociales y el
empobrecimiento de crecientes masas humanas, se
conformaría el territorio concreto y real objeto de la
discusión sobre la "informalidad", y en cierta forma,
sobre la noción de "marginalidad."

Quijano (1998) describe acertadamente el panorama de la
región latinoamericana de la época:

Aquello ocurre en todo el orden capitalista mundial,
pero sobre todo en las áreas donde la heterogeneidad
histórico-estructural es más acusada, por el nivel
"subdesarrollado" del capital. En tal perspectiva, el continuo
crecimiento de una población sin empleo e ingresos
salariales estables, no proviene del pasaje de una sociedad
tradicional a otra moderna. Es un fenómeno producido por
las propias tendencias globales del capital, cuyos efectos sobre
la población trabajadora se ejercen en todo el universo
capitalista, pero que se agravan en las condiciones de una
sociedad "dependiente" (…) donde el rasgo sobresaliente era, y
todavía es, el desencuentro permanente entre sus normas y
valores "formales" y sus prácticas sociales
reales.

Barrantes (1997) defiende la denominación de
"Economía Popular", y afirma que ella define una
región específica del conjunto de relaciones de
nuestra configuración societal, no reducida a una
locación geo-espacial específica sino que se
encuentra múltiplemente inscrita en el entramado
político, ideológico, simbólico, imaginario,
económico, jurídico y cultural
venezolano.

Freije (2001) ha indagado sobre el empleo informal en
América Latina y el Caribe con base en los estudios y
cifras suministradas por la CEPAL y la OIT para la región,
los cuales a decir de este autor, denotan la disparidad de
registros y la dificultad para llegar a conclusiones respecto a
la tendencia que muestra el tamaño del empleo informal en
la zona, pero que en todo caso sugerirían que
ningún país latinoamericano ha podido eliminar la
informalidad, en el caso de las estadísticas de la OIT, y
que países como Chile, El Salvador y Honduras han mostrado
una disminución del tamaño relativo del empleo
informal en sus economías.

La conclusión de Freije (2001) en torno al
fenómeno se expresa en los siguientes
términos:

Cinco aspectos se destacan como los más
importantes y urgentes con respecto al tamaño y la
tendencia de las actividades informales en América Latina
y el Caribe. Estos aspectos son: el complejo efecto que las
regulaciones tienen sobre las actividades informales; el impacto
que las políticas macroeconómicas han tenido sobre
el sector informal en las últimas dos décadas; la
pobreza, desigualdad y estancamiento social que suelen
acompañar al empleo informal; la falta de
protección social que afecta a los trabajadores
informales; y la baja productividad que muestra la mayor parte de
las actividades informales. La literatura ha identificado los
primeros dos aspectos como las principales causas del voluminoso
sector informal que aun caracteriza a los mercados laborales de
la región. Los últimos tres aspectos son las
consecuencias del empleo informal y las razones por las que los
investigadores y los responsables de la formulación de
políticas deben encontrar estrategias para combatir el
problema.

En el ámbito latinoamericano, de acuerdo al
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación
Económica –ILPES- (1998), al estudiar la
evolución del mercado de trabajo en América Latina
resaltan cambios ocurridos en la estructura del empleo y el
significativo deterioro de su calidad. Afirma esta
institución que por un lado, disminuye la importancia del
sector público y de la gran empresa privada como
generadores del empleo y, por otro, aumenta la importancia de las
pequeñas empresas y de los trabajadores por cuenta propia
no profesionales. Esas dos categorías, sumadas al servicio
doméstico, pasan de 40% del total del empleo en 1980 a 52%
en 1990 y a 57% en 1996.

Este organismo pronuncia que de mantenerse la tendencia,
se puede prever la influencia de tales procesos en la estructura
del empleo.

A pesar de las diferencias que existen en la estructura
laboral, económica y socio-productiva de cada país,
estas cifras permiten constatar como punto en común el
peso y la presencia de la economía informal en
América Latina.

En el caso venezolano vale mencionar, el trabajo de
Valente y otros (2002) en torno al desempeño del sector
informal en el estado Zulia durante el período 1984-1998,
apoyado en el análisis estadístico del empleo por
sectores (formal e informal) en el contexto del entorno
macroeconómico de Venezuela, y su manifestación en
el mercado laboral.

De acuerdo al referido trabajo, el total de nuevos
empleos (588.229) que se generaron en el Estado Zulia durante el
período 1984-1998, al sector formal sólo le
correspondió el 33,93% (equivalente a 119.575 empleos),
mientras que el informal absorbió el 66,07% (es decir
388.654 empleos), lo cual evidencia la debilidad del mercado de
trabajo regional en el cual las industrias organizadas mostraron
poco dinamismo para generar empleo, dado el largo proceso de
estancamiento de la economía venezolana, y por ende, de la
zuliana.

Aunque dicha investigación comprende un
análisis estadístico y macroeconómico de la
economía informal en el estado Zulia, es conveniente
resaltar lo afirmado por Valente y otros (2002) en cuanto a
considerar que

A nivel micro, la informalidad está vinculada a
las estrategias de inserción laboral de los grupos
domésticos ante situaciones de carencias educativas,
desempleo, subempleo y/o bajas en los niveles de ingreso
familiar; así como también a formas "tradicionales"
de organización social de la producción que no
responden a la lógica de maximización de la
ganancia sino más bien a garantizar los bienes que
permiten la manutención y desarrollo de la
familia.

La naturaleza estructural y compleja de la
economía informal, plantea diversas conexiones y
vínculos teórico-prácticos con temas como el
desempleo, las carencias educativas y, ciertamente, con el de la
pobreza.

En el terrero tributario, Giménez (2002)
demuestra, a través del análisis de la Ordenanza
que establece el impuesto a las actividades económicas de
industria, comercio, servicios, o de índole similar en el
Municipio Iribarren del estado Lara, la posibilidad de pechar y
aplicar la potestad tributaria municipal a quienes realizan
actividades de manera informal en su jurisdicción, y
además, aporta datos interesantes en torno a los ingresos
promedio, motivaciones y disposición a pagar impuestos de
comerciantes informales entrevistados que muestran otra
dimensión, poco explorada y alejada de la imagen
tradicional del sector informal.

El crecimiento de la economía informal en
Venezuela ha estado relacionado, entre otros elementos, con el
aumento del índice de desempleo y con la imposibilidad del
llamado sector formal del aparato productivo de absorber no
sólo la mano de obra calificada o con experiencia en
situación de desempleo, sino a los venezolanos que cada
año se incorporan a la población
económicamente activa del país, estimada
según García (Diario El Nacional, 01-06-2003) en
350.000 personas, y de acuerdo a Santos (Diario El Universal, 14
–07-2003) en 240.000 personas.

Algunos datos que ilustran dicha realidad son aportados
por un estudio elaborado por la Oficina de Asesoría
Económica y Financiera de la Asamblea Nacional,
según el cual una persona que ha tenido trabajo pero que
se encuentra desempleada en Venezuela pasa en promedio 12,2 meses
buscando empleo; el lapso de búsqueda varía de
acuerdo a la capacitación, (65% de la población
desempleada no ha finalizado la educación media) la edad,
la actividad económica y hasta el sexo (una mujer dura
año y medio y una persona de 50 años puede
permanecer cesante más de dos años). (Diario El
Nacional, 26-03-2003.)

La firma consultora Datanálisis, en uno de sus
estudios, ha afirmado que al estudiar el fenómeno de la
informalidad por estratos sociales, sus cálculos indican
"que 4 de cada 10 trabajadores que pueden considerarse como parte
de la clase media trabajaban a finales de febrero de 2003 en la
economía subterránea; es decir, en el sector
informal trabaja 40% de la clase media". (Diario El Nacional,
30-04-2003).

Trasladándonos a otra perspectiva
analítica, se puede afirmar la existencia de
vínculos teóricos y prácticos entre la
economía informal y la actividad microempresarial, en la
tesis de que una parte considerable de quienes realizan
actividades de manera informal, suelen efectuarlas bajo el
particular esquema organizativo de la microempresa.

En relación a la conceptualización de
microempresas, Piñate y Vivas (1995), citando a
Chávez (1987), las definen como pequeñas unidades
que participan en el proceso productivo global, realizando un
conjunto heterogéneo de actividades que presentan
características que las diferencian del sector moderno,
manteniendo entre ellas rasgos comunes.

Desde el debate conceptual centrado en los elementos o
rasgos distintivos de ese complejo agregado de relaciones
categorizado bien como "economía informal", o bien como
"economía popular", se destaca la vinculación
establecida entre el ámbito o espacio económico,
social y cultural en el que la actividad se realiza, y la forma
organizativa o microempresarial bajo la cual esa acción se
canaliza. En esta orientación, el documento del PNUD
"Desarrollo sin Pobreza" citado por Iranzo (1995), ofrece, desde
la perspectiva de la economía popular, una
descripción acabada de esa realidad que se incorpora
integra a continuación:

La economía popular urbana, va desde las
manifestaciones más elementales de microempresa familiar
hasta empresas productivas con criterios contables más
formales, bien sean de origen familiar o basadas en formas
asociativas. Una descripción global de la economía
popular urbana debe considerar los siguientes
elementos:

• a) Sus agentes son familias pobres, cuyo
  capital tiende a estar representado, a lo sumo, en
  pequeños ahorros salariales y
  prestacionales.

• b) Desde el punto de vista empresarial casi
  siempre se caracterizan por la precariedad de su
  gestión administrativa, por la concentración de
  funciones en una persona que debe ser al mismo tiempo
  productor, vendedor y administrador.

• c) La lógica familiar, busca la
  generación de un ingreso suficiente para sus
  necesidades como objetivo central del proceso productivo;
  incorporar a dicho proceso la mano de obra familiar y
  utilizar la vivienda también como lugar de trabajo,
  son características de dicha lógica.

• d) La débil acumulación del
  capital inicial y la falta de información
  tecnológica se traducen en una dotación no
  siempre óptima de procesos. El producto, por su parte,
  refleja frecuentemente la precariedad empresarial de la cual
  es resultado: presenta, por lo tanto deficiencias en
  diseño, en calidad, en homogeneidad, etc.

• e) Encuentra una casi insalvable dificultad
  para incorporarse al "sistema institucional" debido a la
  excesiva regulación que caracteriza nuestra vida
  social y como consecuencia de esta informalidad se ve privada
  de acceso al sistema institucional de crédito y de
  compras.

• f) Ha sido, hasta hace poco, ignorada en los
  programas de desarrollo, considerándola solamente como
  un "problema social".

• g) No obstante todo lo anterior, la empresa
  popular compite con la empresa "formal", aprovechando nichos
  de mercado que le representan ventajas comparativas derivadas
  de su tamaño y estructura empresarial.

• h) Es fundamental entender que lo
  pequeño y lo popular no se identifican con la
  ineficiencia.

Más recientemente, Márquez y Gómez
(2001) analizan la modalidad microempresarial de
organización, desde la óptica metodológica
de los estudios de casos de éxito emprendedor, y en
sintonía con una visión liberal y positiva de la
economía y de la actividad empresarial.

Estos autores, al explicar la naturaleza de la
investigación desarrollada, esbozan la premisa que
fundamenta y resume los resultados de su indagatoria sobre los
microempresarios analizados, al expresar que

Sus experiencias sugieren que la microempresa que surja
de orígenes humildes puede –a partir del
espíritu emprendedor, de aprovechar redes y forjar
vínculos con otras empresas e instituciones- contribuir a
fortalecer la economía y el desarrollo social.

Bases Teóricas

Es evidente la diversidad conceptual y la heterogeneidad
de posturas y enfoques que intentan indagar en dichos constructos
teóricos, esto es debido al carácter no tan
novedoso de la informalidad y la actividad microempresarial en el
ámbito latinoamericano. En la opinión de Barrantes
(1997) el Sector Informal Urbano (SIU) fue definido no por lo que
es y tiene, sino, por lo que no es: lo no estructurado, lo no
formal, lo no rentable, lo no estético, lo no legal, lo no
legítimo; y por lo que no tiene: capital, razón,
organización, educación y, antes de El Otro Sendero
(De Soto, 1987), espíritu neolibreempresarial.

El debate actual sobre el desarrollo económico,
la Tercera Vía, y la edificación de modelos de
crecimiento socio-productivos que superen las deficiencias,
exclusiones y efectos perniciosos ocasionados por la
aplicación de las políticas de "shock" de corte
neoliberal propugnadas por el FMI y el BM en América
Latina en años recientes, ha incorporado como tema de la
agenda pública la emergencia del denominado Tercer Sector,
ámbito nebuloso que agrupa a las organizaciones que no
pertenecen al espacio del mercado, pero que tampoco encajan en
las dimensiones y lógica de funcionamiento de la
acción estatal.

En una línea argumental distinta a la de
Barrantes (1997), Bombarolo (2001) alude a la problemática
de homogeneizar desde una concepción sectorial, a las
expresiones organizativas, variadas por naturaleza, para
agruparlas en el mencionado Tercer Sector, y plantea
críticas al mito del conflicto Estado, Mercado y Tercer
Sector. En relación a esta idea, Bombarolo (2001) sostiene
que

no existe unidad sectorial alguna que nos permita hablar
del Tercer Sector como un "actor social universal". (…) Tan
grandes son las diferencias, posiciones, tamaños,
sentidos, orígenes, actitudes, que resulta casi imposible
encontrar puntos vinculantes más allá del hecho de
que se trata de "organizaciones de personas". Las visiones
funcionalistas desde donde se construye aquel "supuesto actor",
se construyen y conducen a privilegiar "lo formal" de las
organizaciones antes que "el sentido de su quehacer" (…) La
historia demuestra día a día que el enorme y
heterogéneo universo de las organizaciones no actúa
como "sector" ante los hechos cotidianos o las decisiones
macrosociales.

El mencionado autor expone así, los matices no
sólo económicos o laborales de la informalidad,
sino también los inconvenientes o riesgos en que se puede
caer al momento de "etiquetar" o analizar la realidad desde un
único enfoque conceptual o ideológico.

Según Bombarolo (2001)

Es necesario poner en duda la tan difundida disputa o
distancia sectorial entre Estado, Mercado y Tercer Sector. Para
descubrir el sentido de las argumentaciones que sostienen aquella
diferenciación, sería necesario revisar cuál
es el rol que se le asigna al Estado en los procesos de
construcción social, cuál al sentido de democracia
y cuál al sentido de lucro.

Enfoques sobre la informalidad

Piñate y Vivas (1995), al postular la variedad de
enfoques sobre la Economía Popular, cada uno con
implicaciones teóricas y prácticas distintas ante
el aspecto de la realidad que cada una enfatiza, plantean la
existencia de al menos cuatro enfoques: el enfoque del Excedente
Laboral, asumido por la OIT-PREALC (incapacidad del sector
moderno de crear nuevos empleos); el enfoque Neomarxista
(desigualdades del sistema económico internacional y
variante de la relación capital-trabajo); el enfoque
Neoliberal, del cual De Soto es figura emblemática (las
condiciones legales y el Estado como obstáculos y costos a
la operatividad del sector formal); y el enfoque de la
Economía Popular, asumido por la ONU-PNUD (estrategias de
sobrevivencia aplicadas por los pobres para autogenerar empleo e
ingresos).

En esa misma orientación conceptual, Caraballo y
Jiménez (1996) elaboran una descripción de los
distintos enfoques sobre el sector informal, que a
continuación se presenta en algunos de sus rasgos
fundamentales.

• Enfoque Neoliberal: Identifica a Hernando de Soto
  como su máximo exponente. Esta corriente entiende a la
  Economía Informal como una serie de actividades de
  producción extralegal pero lícita, que se deben
  a la excesiva carga de regulaciones impuestas por el Estado,
  además a su ineficiencia, por no proveer los recursos
  y medios necesarios para que las empresas registren sus
  funciones, debido al exceso de trabas burocráticas y
  administrativas.

• Enfoque Neomarxista: Según este enfoque, las
  grandes industrias con la finalidad de disminuir sus costos
  de producción utilizan la subcontratación de
  trabajadores de pequeñas empresas,
  convirtiéndolos en asalariados encubiertos del Sector
  Formal. Considera que el Sector Informal, al estar
  subordinado a las necesidades de acumulación de
  capital, no tiene posibilidad alguna de desarrollo
  autónomo. Es decir una vez superada la crisis, la
  economía experimentará períodos de
  crecimiento, ocasionando así una
  reincorporación de la población al sector
  formal.

• Enfoque del Programa Regional de Empleo para
  América Latina y el Caribe (PREALC): Este programa que
  depende de la OIT, define al sector informal como excedente
  de fuerza de trabajo producto de la incapacidad de
  absorción de mano de obra por parte del sector formal,
  haciendo referencia a la incapacidad estructural de la
  economía capitalista moderna de nuestros países
  de generar los ingresos monetarios que las personas
  requieren, y el tipo de desarrollo tecnológico que
  privilegia las técnicas intensivas de capital, por lo
  que surge la economía informal como respuesta a las
  necesidades de un grueso sector de la población que
  por obligación o por voluntad se autogenera empleo,
  para su subsistencia y la de su familia, asumiendo la
  renuncia a los beneficios económicos del sistema de
  seguridad social, ofrecido por el sector formal. Este enfoque
  resalta el efecto positivo que este sector tiene en
  relación a la generación de empleo y
  producción, si es apoyado a través de
  políticas específicas.

• Enfoque Alternativo o de Economía Popular:
  Este enfoque es apoyado por la ONU (Organización de
  las Naciones Unidas) y el PNUD (Programa de las Naciones
  Unidas para el Desarrollo), y hace mención a las
  diferentes estrategias de sobrevivencia que son capaces de
  implementar los pobres para autogenerarse empleo e ingresos,
  realizando para ello actividades económicas de
  pequeña escala que sirven para satisfacer sus
  necesidades ante la inflación y las altas tasas de
  desempleo. Su principal exponente, Luis Razeto Negliaro,
  indica que de esta forma los sectores populares constituyen
  formas alternativas de empresas creando un modo especial de
  hacer economía dentro del sistema económico
  global, a la cual se puede denominar Economía
  Popular.

Beccaria, Carpio y Orsatti (2000) contribuyen con el
debate conceptual sobre la informalidad, manifestando
que

(El sector informal) no es un nuevo segmento del mercado
de trabajo, ni un residuo de los modos de producción
precapitalistas. El sector informal es internamente
heterogéneo, formado por segmentos reorganizados de
combinaciones de producción preexistente, unificada por su
relación funcional con la economía capitalista.
(…) El hecho de que la unidad informal dependa
económicamente de la empresa moderna, no modifica (el
hecho de) que su titular sea un pequeño microempresario
que asume riesgos y cuenta con un capital.

Para Castells y Portes (1989), el sector informal
incluye a todas las actividades redituables que no están
reguladas por el Estado en entornos sociales en los que sí
están reguladas actividades similares.

Con la realización del presente trabajo se desea
lograr una postura teórica que combine o vincule los
planteamientos básicos del enfoque defendido por la OIT, a
través del PREALC, y la tesis del enfoque de la
Economía Popular, esbozado por el PNUD, de esta manera nos
permitiremos tener una visualización del fenómeno
que permita edificar, con base a las particularidades de la
realidad venezolana, una elaboración conceptual que
sistematice la esencia de un ámbito altamente
estructurado. Citado por Alejandro Portes (2000).

Decreto con Fuerza de Ley de Creación,
Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema
Microfinanciero.

El Decreto con Fuerza de Ley de Creación,
Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema
Microfinanciero, (Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 37.164 del 22 de marzo de 2001),
también conocido como "Ley de Microfinanzas" plantea en su
exposición de motivos, que el mismo

(…) tiene como objeto crear, estimular, promover y
desarrollar el sistema microfinanciero orientado a facilitar el
acceso a los servicios financieros y no financieros, en forma
rápida y oportuna, a las comunidades populares y
autogestionarias, las empresas familiares, las personas naturales
autoempleadas o desempleadas y cualesquiera otras formas de
asociación comunitaria para el trabajo, que desarrollen o
tengan iniciativas para desarrollar una actividad
económica, a objeto de integrarlas en las dinámicas
económicas y sociales del país.

Al analizar más brevemente el objeto del referido
instrumento legislativo, en el artículo 1 se plantea que
"el presente Decreto Ley tiene por objeto crear, estimular,
promocionar y desarrollar el sistema microfinanciero para atender
la economía popular (denominación ya presente en la
anterior Constitución de 1961) y alternativa, a los fines
de su incorporación a la dinámica del desarrollo
económico y social.

Artículo 2: A los efectos del presente Decreto
Ley se entiende por:

Sistema Microfinanciero: Conjunto de entes u
organizaciones públicos o privados que mediante el
otorgamiento de servicios financieros y no financieros; fomenten,
promocionen, intermedien o financien tanto a personas naturales,
sean autoempleada, desempleadas y microempresarios, como a
personas jurídicas organizadas en unidades asociativas o
microempresas, en áreas rurales y urbanas.

Microempresario: Persona natural o jurídica, que
bajo cualquier forma de organización o gestión
productiva, desarrolle o tenga iniciativas para realizar
actividades de comercialización, prestación de
servicios, transformación y producción industrial,
agrícola o artesanal de bienes. En el caso de persona
jurídica, deberá contar con un número total
no mayor de diez (10) trabajadores y trabajadoras o generar
ventas anuales hasta por la cantidad de nueve mil Unidades
Tributarias (9.000 U.T.).

Unidad Asociativa: Dos (2) o más personas
naturales bajo cualquier forma de organización con la
finalidad de acceder a los servicios financieros y no
financieros, para gestionar la iniciativa económica
común.

Servicios Financieros: Productos e instrumentos
financieros prestados por los entes u organizaciones
públicos o privados para facilitar y promover el
desarrollo de los usuarios del sistema
microfinanciero.

Servicios No Financieros: programas, proyectos,
instrumentos y acciones para el adiestramiento,
capacitación, asistencia tecnológica, productiva y
otros, prestados por los entes u organizaciones públicos o
privados a los usuarios del sistema microfinanciero.

Microcrédito: crédito concedido a los
usuarios del sistema microfinanciero con o sin intereses,
destinado a financiar actividades de producción,
comercialización o servicios, cuya fuente principal de
pago lo constituya el producto de los ingresos generados por
dichas actividades.

La Ley de Microfinanzas, hace mención
básicamente al microempresario y a la unidad asociativa,
bajo cualquier forma de organización, haciendo la salvedad
en el caso de microempresas registradas o asumiendo la forma de
una persona jurídica, que el número de trabajadores
no deberá ser mayor de 10, o de poseer ventas anuales que
no superen las 9.000 unidades tributarias (Bs.- 264.600.000,00
asumiendo el valor de la unidad tributaria vigente a la fecha,
Junio de 2005, de Bs.-29.400,00). Aun cuando se trata de un
límite superior, es evidente que ante la
agudización de la recesión económica y la
generalizada caída en las ventas que reportan los
organismos gremiales del sector privado, el referido monto (Bs.-
264.600.000,00) luce más cercano quizás a los
ingresos de una empresa mediana, pero no circunscrita al
ámbito de un trabajador por cuenta propia, de un
comerciante informal, de una unidad productiva familiar o de una
microempresa que a duras penas trate de sobrevivir.

Esta norma alude a lo que es el financiamiento y
transferencia de recursos o microcréditos propiamente
dichos a los beneficiarios, y lo que sería la
capacitación, asesoría y asistencia técnica
destinados a garantizar la viabilidad en el largo plazo de la
unidad microempresarial.

El artículo 6 describe los lineamientos, que
regirán la acción y las decisiones del Poder
Ejecutivo en la conformación del sistema microfinanciero y
en el fomento a la denominada economía popular y
alternativa, entre ellos:

1.- Promoción de programas y mecanismos que
estimulen la productividad y competitividad del sistema
microfinanciero (…)

3.- Promoción de la iniciativa e inversión
pública o privada nacional e internacional, en la
provisión de servicios de fomento y desarrollo para las
microfinanzas, auspiciando la competencia, sana y leal en el
mercado; (…)

6.- Evaluación de los resultados e impactos de
los programas, proyectos, instrumentos y servicios de
promoción y desarrollo, a los efectos de mejorar la
planificación y ejecución de sus objetivos
(…)

8.- Promoción y articulación de programas
y proyectos tendientes a desarrollar una cultura productiva y de
calidad de servicios, que facilite la sostenibilidad y
sustentabilidad del sector. (Subrayados del autor).

En relación a la sostenibilidad y sustentabilidad
como aspecto válido quizá no solo como finalidad a
lograr en los microempresarios o público objeto de
atención de la política, sino también de la
gestión, aplicación y administración de los
recursos que alimentan dicha política en cuanto tal, vale
mencionar lo planteado por Iranzo (1995) en cuanto a
que

(…) Se puede dejar de una vez establecido que hasta en
la aplicación de programas crediticios por parte del
Estado, en la práctica, independientemente de su
naturaleza, la concepción que se maneja es más de
distribución de los recursos que de inversión, por
lo que es insignificante el esfuerzo que se hace por recuperar
los fondos concedidos como préstamos.

Ante esta afirmación resulta pertinente hacer
referencia al artículo 3 de la Ley de Microfinanzas, el
cual estipula que, "los entes u organizaciones públicas y
privadas que integren el sistema microfinanciero deben ser
diligentes en el retorno y la recuperación de los recursos
económicos y la sustentabilidad del sistema en forma
eficiente y oportuna".

Cabe destacar que existen ciertos criterios que plantean
la verificación o la constatación del cumplimiento
de dicha norma. Como por ejemplo la flexibilización de los
requisitos y la facilitación de los trámites
administrativos que pauta el numeral 2 del artículo 15,
las debilidades en el seguimiento, y el contraste quizá
con lo que es la realidad en las instituciones que atienden
financieramente al sector microempresarial en cuanto a su
gestión cotidiana.

Microempresa, pequeña y mediana empresa:
¿ambigüedad conceptual?

En algunos casos, es común emplear los
términos "microempresa" y "pequeña y mediana
empresa" (PYME) para caracterizar modalidades particulares de
organización empresarial, definidas por su reducido
tamaño, escala de producción, flexibilidad
estructural y escaso capital, y como expresiones de lo que se ha
catalogado como economía informal o economía
popular, según la óptica teórica e
ideológica adoptada.

No obstante, podemos afirmar que, pese a la variedad
terminológica y poco consensual, la microempresa y la PYME
representarían precisamente la concreción en el
terreno empresarial, económico y organizativo, de las
transformaciones impuestas por la Globalización, la
conformación de mercados mundiales, y de los efectos
positivos o perniciosos causados por el surgimiento de una nueva
dinámica productiva y tecnológica, que junto a la
presencia de la organización Corporativa o Transnacional,
están replanteando la gobernabilidad y el papel del Estado
en tanto agente económico y político, así
como el papel de los costos de transacción y el
riesgo-país de una economía como determinantes de
la inversión extranjera.

Como bien lo plantea Rosales (1996)

¿Qué significa el término
competitividad para una PYME que debe rivalizar tanto con grandes
empresas nacionales y multinacionales como con las microempresas
y las empresas informales, dentro de una economía
altamente perturbada por la intervención –a veces
inexorable- del Estado? Tal pregunta a veces es respondida con
políticas públicas que, por su carácter
generalizante, difícilmente recogen la amplia diversidad
de empresas pequeñas y medianas que operan en los
países en vías de desarrollo.

Cuando hablamos de microempresas, suele existir una
conexión con la noción de informalidad; sin
embargo, de ella no escapa la PYME; más aún por la
agudización de la crisis económica y el difuso
límite más teórico que práctico que
separaría, a nuestro modo de ver, a una de la
otra.

Esta tesis parece corroborarse, a la luz de las
divergencias y coincidencias conceptuales según las
afirmaciones de reconocidos especialistas en el tema:

"Las microempresas han estado incluidas en las
definiciones del sector informal desde (…) hace tres
décadas. Arbitrariamente, mal medidas muchas veces, pero
incorporadas en forma creciente (…) al sector informal con
tamaños variables, (…) en algunos países las de
menos de cinco trabajadores, en otros menos de diez. Por lo
tanto, las comparaciones no siempre son válidas." Tokman.
(2000)

"…el sector informal se identifica en general con las
unidades económicas que tienen escasa acumulación y
baja productividad. En realidad, el hecho de que la lógica
de su funcionamiento sea la de subsistencia y no la de
acumulación, es central a esta visión. Beccaria et
al. (2000)

"…Un tamaño pequeño de establecimiento
no es necesariamente sinónimo de aspectos tales como bajo
nivel tecnológico, de eficiencia o de rentabilidad."
Monza. (2000)

En nuestra opinión, los términos
microempresas y pequeña y mediana empresa (PYME), aluden a
una misma realidad: la de pequeñas unidades productivas
que, en la mayoría de los casos, surgen bien como la
respuesta popular al desempleo, como expresión concreta
del ánimo emprendedor, como reconfiguración de una
gran empresa formal o como única vía de
subsistencia para un sector mayoritario de la
población.

En el contexto latinoamericano, y en el caso particular
de Venezuela, consideramos que ambas definiciones exhiben
diferencias más teóricas o conceptuales que reales.
En el fondo, refieren a la reestructuración de los
mercados capitalistas en el escenario global y competitivo, a la
precarización del trabajo formal, y a un ajuste impuesto
por la realidad en el funcionamiento de la economía, las
organizaciones, la presencia del Estado y al papel de la
ciudadanía en la búsqueda de mejores niveles de
vida.

Criterios de definición de las micro y
PYMES

Es importante mencionar algunos datos
estadísticos del ámbito latinoamericano, en el caso
particular de México, el universo de empresas consideradas
micro, pequeñas y medianas representa más de 95%
del total de las unidades económicas establecidas y
contribuye con más del 50% del empleo.

En alusión a la República Argentina, para
1998 se estimaba que de la estructura total de la
ocupación o el empleo, las microempresas (empleadores y
asalariados) representaban el 18,8%, y junto a las unidades de
producción familiar, con un peso del 16%, ambos sectores
representaban el 35% de la ocupación total de ese
país.

En Venezuela, según estudios y criterios
aportados por el Instituto de Estudios Superiores de
Administración (IESA), una microempresa tiene menos de 5
trabajadores, una pequeña entre 5 y 20, una mediana entre
21 y 100 trabajadores y una grande tiene más de 100. Para
1997, de acuerdo al IESA, había alrededor de 211.000
empresas, 78% de las cuales eran microempresas, 14%
pequeñas y el resto medianas o grandes, lo cual arroja una
proporción, al sumar las micro y las pequeñas
empresas, de 92%, evidenciando el peso considerable de este tipo
de organizaciones en la economía venezolana.

El IESA empleó como criterio de
cuantificación cifras del Ministerio de Hacienda (hoy
Ministerio de Finanzas), con base en datos del Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), es decir, empresas que
cotizan ante este instituto. No obstante, la evasión o no
inscripción en el Seguro Social, en el caso de aquellas
empresas informales, explicarían la diferencia entre la
cifra de empresas aportada por el IESA, y las estimaciones de
Francés (1999) y del trabajo del Observatorio PYME (2001),
que plantean la existencia en Venezuela de cerca de 500.000
empresas. Sin embargo, vale reseñar que como producto de
la crisis económica, con todo lo contradictorio de las
cifras estadísticas, para mediados del año
siguiente se anunció que del total de 16.229 que
existían en el sector industrial, solamente estaban
operando 7.957, es decir, aproximadamente el 50% se ha declarado
en quiebra o ha cambiado de ramo de actividad.

Fedeindustria, gremio que agrupa a las pequeñas y
medianas empresas industriales, estima que éstas
organizaciones aportan alrededor del 15% del PIB,17 cifra que
pudiera aumentar si se considera no sólo a las PYMES
industriales sino a las comerciales, que representan la
mayoría.

La falta de uniformidad al momento de categorizar a una
organización como PYME, queda igualmente reflejada en el
decreto presidencial Nº 963, del 27 de agosto de 2000
(Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,
12-09-2000), de exoneración de impuesto sobre la renta a
la PYME, en el cual se establece, en su artículo 2, que
"se entenderá por PYME manufacturera aquella empresa cuya
nómina no supere a los ciento cincuenta (150) trabajadores
y cuyos ingresos brutos anuales sean inferiores a cien mil
unidades tributarias (100.000 U.T), y por PYME comercial o de
servicios aquella empresa cuya nómina sea inferior a
cincuenta (50) trabajadores y cuyos ingresos brutos anuales sean
inferiores a cien mil unidades tributarias (100.000
U.T.)."

Pese a establecer límites superiores en cuanto al
número de trabajadores, los parámetros de ingresos
también contrastan, junto al número de empleados,
con la realidad de crisis, cierres, quiebras y
semi-parálisis de muchas empresas en la
actualidad.

En relación a los vínculos de lo informal
con otras realidades, Quijano (1998) establece una
analogía entre la aparición del concepto de
"marginalidad", y la noción de "informalidad", aparte de
alertar sobre las contradicciones teóricas y debilidad
científica de una cierta visión de lo informal, en
el sentido de que "todo lo que exista u opere al margen de las
normas `formales´ del Estado, es `informal, y es
`informal´ porque existe fuera de las normas formales del
Estado, es decir, el término `informalidad´ no ha
dejado de ser un membrete empírico, dentro de un
razonamiento tautológico".

El referido autor, además de afirmar la debilidad
o inadecuación formal del término "microempresa" en
su conexión con lo informal, sugiere la categoría
de "polo marginal" como

El conjunto de ocupaciones o actividades establecidas en
torno al uso de recursos residuales de producción; que se
estructuran como relaciones sociales de modo precario e
inestable; que generan ingresos reducidos, inestables y de
incompleta configuración respecto del "salario" o de la
"ganancia"; que producen bienes y/o servicios para un mercado
constituido por la propia población de trabajadores
marginalizados (en síntesis) (…) un conjunto de
actividades económicas, una red de roles y relaciones
sociales, un nivel de recursos y productividad, una
relación y un lugar dentro del poder capitalista, no un
mundo aparte de él ni un "sector" frente a
otro.

Es conveniente, ante la variedad de enfoques y visiones
sobre el área objeto de estudio, aportar algunos
comentarios preliminares que permitan dejar claramente
establecidos la visión del autor del presente trabajo
sobre el fenómeno bajo revisión, y sobre los
esquemas conceptuales que servirán de referencia
epistemológica al desarrollo de la
investigación.

Premisas sobre la Economía Informal y las
Microempresas.

A los efectos de identificar las ideas-matrices y las
nociones que orientarán la presente investigación,
se precisa la naturaleza predominantemente cualitativa del
estudio, sin obviar la necesaria referencia a datos y cifras que
permitan fundamentar el análisis a realizar,
extraídas de fuentes bibliográficas,
hemerográficas y electrónicas.

Igualmente, se plantean a continuación algunas
consideraciones que a manera de hipótesis, representan la
opinión o posición del autor sobre el
fenómeno en estudio, y cuya verificación o
contrastación con el fenómeno bajo análisis
se pretende desarrollar.

En esta dirección, se considera conveniente
puntualizar lo siguiente:

1) La informalidad es una realidad altamente
estructurada y compleja. El crecimiento de la denominada
economía informal en el país, no se agota en la
alusión al "buhonerismo" o a los vendedores informales en
las calles y avenidas de las principales ciudades de Venezuela,
sino que tiene que ver quizá con la tendencia a la
"informalización" de la estructura empresarial nacional,
producto de la dinámica global y los cambios que ella
ocasiona (reingeniería, downsizing, reducción de
personal, automatización de procesos, reducción de
costos, fusiones, en el caso de las que aun sobreviven)
así como de la imposibilidad de asumir los costos de la
"formalidad" (impuestos nacionales, municipales y estadales,
permisología, registro, contribuciones parafiscales,
costos laborales, decretos de establecimiento de salario
mínimo, gastos de funcionamiento, servicios
básicos, en el caso de las que al no poder asumir estos
costos o cierran, o los evaden abiertamente).

Por ello se asume la informalidad como una salida
necesaria para la subsistencia empresarial en un entorno en el
que la formalidad parece reservada sólo para las empresas
u organizaciones de cierta escala productiva, de cierto sector o
enmarcada en cierta red productiva e industrial de elevada
formalización, y en el que cultural, institucional y
socialmente, el Estado ha perdido o ha visto mermar
considerablemente su capacidad de vigilar, regular o controlar el
ejercicio de actividades lucrativas en amplios sectores
económicos.

El paradigma organizativo actualmente en
conformación, en el marco de la Globalización y el
ajuste acelerado de la economía mundial, plantea entre sus
características más marcadas la flexibilidad
estructural, el "achatamiento" (downsizing) y
horizontalización de su fisonomía, o la alternativa
de asumir esquemas de organización a través de la
división o creación de Unidades Estratégicas
de Negocios (Francés, 1999), empresas pequeñas o
centros independientes de costos, jurídicamente distintas
pero organizativa, estratégica y administrativamente
vinculadas y nucleadas alrededor de una unidad empresarial
mayor.

De tal forma, la microempresa aparece no sólo
como la manifestación de las fuerzas de la economía
popular, informal o no "incluida", en la realización de
transacciones y operaciones variadas en mercados desregulados, y
como mecanismos de subsistencia de los mayoritarios sectores
sociales deprimidos económicamente, sino también
como un modelo lucrativo de pequeños empresarios que
prefieren mantenerse al margen del orden legal y formal en lo
laboral, jurídico o impositivo, o como un mecanismo de
desconcentración organizativa y de reducción de
costos de una gran empresa o industria.

2) El Estado promueve la economía informal.
Aunque parece un monumental e ilógico contrasentido, la
crisis del modelo de desarrollo económico, la fragilidad
institucional a todo nivel, la ausencia de políticas
económicas que respondan más a una
estratégica visión de Estado a largo plazo y no a
un circunstancial cálculo político,
demagógico o electoral de un gobierno en esencia
transitorio, la agudización de la recesión
económica, la descapitalización industrial del
país, la desinversión, el aumento y persistencia
del desempleo, la ausencia de un clima propicio para la
inversión privada y particular, nacional y foránea,
la destrucción no declarada de sectores empresariales
privados por razones políticas, la anquilosada e
ineficiente estructura de la Administración
Pública, entre otros factores, conforman un cuadro poco
propicio a la creación de empresas, a la inversión
y a la creación de empleos.

Sin embargo, concebir a las microempresas y a las
asociaciones cooperativas como modelos ideales del desarrollo
económico, cuya proliferación en base a la
asistencia crediticia y financiera, no quiere decir que
garantizará el crecimiento económico y la
superación de la pobreza, ya que el desarrollo y el
diseño de políticas empresariales se encuentran
desvinculadas de una estrategia económica integral en la
que se creen redes productivas, y se vincule a las
pequeñas empresas con las medianas y grandes empresas,
desde una perspectiva más acorde con las nuevas realidades
globales.

El gobierno nacional, en su afán de propiciar y
promover el crecimiento de la microempresa y las cooperativas,
con énfasis sólo en el financiamiento, sin
diseñar o estructurar una política que las integre
y relacione con la mediana y la gran empresa y en lo posible con
el sector externo de la economía, con posturas
ideológicas poco claras y no identificadas con una
economía de libre mercado, y manteniendo un aparato
administrativo, institucional y normativo que en la
práctica obstaculiza la iniciativa empresarial, desde las
escalas más básicas y particulares hasta las
más organizadas y complejas, y que no penaliza, ni
fiscaliza, ni regula la informalidad empresarial, laboral o
jurídica, está en pocos términos promoviendo
e incentivando el ejercicio de actividades informales o la
informalización creciente del aparato productivo del
país.

En este sentido se asume a la informalidad no tanto en
su relación con la flexibilización propia y en
cierta forma impuesta por la competitividad global en las
organizaciones y en sus estructuras, sino como una salida
necesaria para la subsistencia empresarial en un ambiente en el
que la formalidad parece reservada sólo para las empresas
u organizaciones de cierta escala productiva, de cierto sector o
enmarcada en cierta red productiva e industrial de elevada
formalización, y en el que cultural, institucional y
socialmente, el estado ha perdido considerablemente su capacidad
de vigilar, regular o controlar el ejercicio de actividades
lucrativas en amplios sectores económicos, y en el que su
aparato burocrático puede fundarse como obstáculo a
la agilidad y dinamismo propio del mundo de los negocios y a la
materialización de la iniciativa empresarial.

El paradigma organizativo actualmente en
conformación, en el marco de la globalización y el
ajuste acelerado de la economía mundial, plantea entre la
flexibilidad estructural, el "achatamiento" y
horizontalización de su fisonomía, o la alternativa
de asumir esquemas de organización a través de la
división o creación de unidades estratégicas
de negocios, empresas pequeñas o centros independientes de
costos, jurídicamente distintas pero organizativa,
estratégica y administrativamente vinculadas y nucleadas
alrededor de una unidad empresarial mayor.

Así, la microempresa aparece no sólo como
la manifestación de las fuerzas de la economía
popular, "informal" , en la realización de servicios y
operaciones variadas en mercados ilegales, y como mecanismos de
subsistencia de los mayoritarios sectores sociales deprimidos
económicamente, sino también como un modelo
beneficioso de pequeños empresarios que prefieren evadir
todo el marco legal y administrativo que lleva una empresa del
orden legal, con la finalidad de obtener mas ganancia ya que no
pagan impuesto.

2) El Estado promueve la economía informal.
Aunque parece ilógico y erróneo, la crisis del
modelo de desarrollo económico, la fragilidad
institucional a todo nivel, la ausencia de políticas
económicas que respondan a una estratégica
visión de estado a largo plazo y no a un provisional
cálculo político de un gobierno, la
agudización de la recesión económica, la
descapitalización industrial del país, la
desinversión, el aumento del desempleo, la ausencia de un
clima propicio para la inversión privada y particular,
nacional y foránea, la destrucción no declarada de
sectores empresariales privados por razones políticas, la
ineficiente estructura de la Administración
Pública, entre otros factores, es decir varios factores
poco propicio a la creación, inversión de empresas
y por consiguiente a la creación de empleos.

El inusitado auge en el discurso y práctica
gubernamental de las microempresas y las cooperativas como
modelos productivos, auspiciados por la nueva Constitución
de 1999 y por decisiones y actuaciones del gobierno de Hugo
Chávez, se materializa en la Ley de Microfinanzas, y en la
creación de un circuito crediticio microfinanciero
conformado entre otras instituciones por el Banco del Pueblo y el
Banco de la Mujer, provistos para el financiamiento de la
iniciativa popular.

No obstante, concebir a las microempresas y a las
asociaciones cooperativas como modelos ideales del desarrollo
económico, cuya proliferación en base a la
asistencia crediticia y financiera, sin más,
garantizará el crecimiento económico y la
superación de la pobreza, constituye una visión
limitada y parcial del desarrollo y del diseño de
políticas empresariales, desvinculadas de una estrategia
económica integral en la que se creen redes productivas, y
se vincule a las pequeñas empresas con las medianas y
grandes empresas, desde una perspectiva más acorde con las
nuevas realidades globales.

El gobierno nacional, en su interés de favorecer
y promover el crecimiento de la microempresa y las cooperativas,
con énfasis sólo en el financiamiento, sin
diseñar o estructurar una política que las integre
y relacione con la mediana y la gran empresa y en lo posible con
el sector externo de la economía, con posturas
ideológicas poco claras y no identificadas con una
economía de libre mercado, y manteniendo un aparato
administrativo, institucional y normativo que en la
práctica obstaculiza la iniciativa empresarial, desde las
escalas más básicas y particulares hasta las
más organizadas y complejas, y que no penaliza, fiscaliza
, ni regula la informalidad empresarial, laboral o
jurídica, promoviendo e incentivando el ejercicio de
actividades informales creciente del aparato productivo del
país.

CAPITULO III:

Marco
metodológico

Naturaleza de la
Investigación

De acuerdo al "Manual para la elaboración del
trabajo conducente al grado académico de
Especialización – Maestría –
Doctorado", diseñado por la Dirección de Postgrado
de la UCLA (2001), la investigación se adapta a la
definición que dicho manual ofrece de la
investigación "monográfica-documental", es decir,
el estudio descriptivo o diagnóstico de una
situación inherente a la especialidad que lleva a la
descripción o evaluación de los elementos que
configuran el ámbito del problema.

En el ámbito general, el trabajo se inscribe en
el llamado método o enfoque cualitativo (Hernández
Sampieri et al, 2003), y más específicamente
siguiendo los lineamientos del método
hermenéutico-dialéctico (Martínez,
1994).

El conjunto de transformaciones ocurridas en diversos
ámbitos del quehacer humano, materializado en el proceso
de globalización, ha modificado el juego de los actores
económicos, la tecnología, el conocimiento y las
nociones de espacio y tiempo. La globalización,
dimensión concreta y fáctica de dichos cambios,
tiene su correlato en la posmodernidad, a decir de Brunner
(1998), y expresión filosófica del cambio
paradigmático al que asistimos, en el cual el paradigma
positivista tradicional de la actividad científica esta
dando paso importante a un paradigma postpositivista, definitivo
de una nueva manera de hacer ciencia, en el cual lo humano vuelve
a adquirir un valor significativo, revalorizando así la
subjetividad y relatividad del conocimiento.

En relación al método
hermenéutico-dialéctico, propicio para la
investigación científica en el área de las
ciencias sociales y especialmente en el terreno del
comportamiento humano, Martínez (1994) aporta elementos
para definirlo:

Dilthey –Uno de los principales exponentes del
método hermenéutico en las ciencias humanas- define
la hermenéutica como el proceso mediante el cual conocemos
la vida psíquica con la ayuda de signos sensibles que son
su manifestación. Es decir, que la hermenéutica
tendría como misión descubrir los significados de
las cosas, interpretar lo mejor posible las palabras, los
escritos, los textos y los gestos, así como cualquier acto
u obra, pero conservando su singularidad en el contexto de que
forma parte.

Se considera, que el método
hermenéutico-dialéctico es el que se adapta mas a
la naturaleza del fenómeno a estudiar, como también
los objetivos establecidos para la investigación en
desarrollo, en la que se procura establecer desde una perspectiva
estructural, sistémica e integral las relaciones entre la
opinión de gerentes públicos del sector de
promoción económica y microempresarial sobre la
economía informal, y la naturaleza y aplicación de
las políticas de desarrollo microempresarial en el estado
Lara.

Esto trae consigo la posibilidad de identificar en ella
elementos valorativos, subjetivos, conceptuales e
ideológicos, que abordan el contraste entre el discurso
"normativo o formal" del gerente público, producto de la
intencionalidad expresada en el objetivo, la misión
institucional o una política pública establecida, y
el discurso "real o cotidiano", resultante de las
prácticas habituales, de las costumbres, las relaciones
sociales y la rica y en cierta forma subyacente
interacción sociocultural de ese gerente público
con el resto de los integrantes de la estructura
burocrática, y especialmente, con las personas que acuden
a la institución en la búsqueda de apoyo crediticio
o de asesoría.

En esa relación con el fenómeno bajo
análisis, a través del diálogo con los
integrantes de la muestra a entrevistar siguiendo la
metodología referida, reafirmando lo planteado por
Martínez (1994) define la esencia y la intencionalidad de
un modelo metodológico aunque básicamente
cualitativo, aun bajo un entorno en el que pueden presentarse
fallas del tradicional modelo científico y
metodológico identificado con el positivismo.

Para la discusión viva hay algo de verdad en toda
idea. Nada es entera e indiscutiblemente verdadero; nada es
absolutamente absurdo y falso. Al confrontar las tesis, el
pensamiento busca espontáneamente una unidad superior.
Cada tesis es falsa por lo que afirma en forma absoluta, pero
verdadera por lo que afirma relativamente. (Bleger, 1972, citado
por Martínez).

La relatividad, el valor de la subjetividad y la
contextualización de los datos y de los hechos,
constituyen factores a ser conjugados con la rigurosidad propia
del método seleccionado.

Revisión de información
documental y electrónica

En el desarrollo de la investigación, se
realizó una revisión de fuentes documentales
bibliográficas, a los efectos de estructurar el cuerpo
teórico conceptual del trabajo, complementada con la
revisión de fuentes hemerográficas, notas
periodísticas, reportajes, reseñas e informaciones
de prensa directamente relacionadas con el objeto de estudio
seleccionado.

Paralelamente, se realizaron diversas consultas
utilizando la vía electrónica (INTERNET), para
tener información actualizada.

Instituciones de apoyo al sector microempresarial en el
Estado Lara consideradas para este estudio.

La tradición y trayectoria del movimiento
cooperativo y de organizaciones vecinales, comunitarias y
populares en el Estado Lara, establecen un cuadro en el que se
aprecia igualmente la existencia de diversas instancias, tanto
públicas como privadas, que se dedican a la
atención, fomento, apoyo, promoción, financiamiento
y capacitación al sector de las microempresas y de las
PYMES.

A los efectos de la presente investigación, dada
la facilidad relativa para acceder al personal; la experiencia
institucional y organizativa; el número de personas
empleadas así como su experticia y conocimientos en el
área, se han seleccionado los siguientes
organismos:

– Dirección de Desarrollo Social de la
Gobernación del Estado Lara.

– Dirección de Desarrollo Económico de la
Gobernación del Estado Lara.

– Fundación Parque Tecnológico de
Barquisimeto (TECNOPARQUE).

– Fondo para el Fomento de la Artesanía,
Pequeña y Mediana Empresa del Estado Lara
(FUNDAPYME).

– Fundación para el Desarrollo de la Microempresa
del Estado Lara (FÚNDEME).

Todas estas instituciones están relacionadas con
la Gobernación del Estado Lara, bajo la forma directa de
División o Dirección, o mediante la figura de
Fundación o Instituto con carácter de
Fondo.

La Dirección de Desarrollo Económico de la
Gobernación del Estado Lara es la instancia del Poder
Ejecutivo Regional llamada a promover el desarrollo productivo de
los distintos sectores que conforman la estructura
económica de la entidad. La Dirección de Desarrollo
Social es la encargada de la administración,
aplicación, y control de los distintos programas sociales
dirigidos a la población de bajos recursos o más
vulnerable por razones de edad o situación
socioeconómica y/o educativa.

La Fundación Parque Tecnológico de
Barquisimeto ejecuta programas destinados a originar la
creación de empresas, así como generación de
soluciones materializadas en asesoría,
capacitación, y asistencia técnica en los procesos
de emprendimiento empresarial, con base en las ventajas
comparativas del Estado Lara.

FUNDAPYME es un instituto autónomo con
carácter de fondo, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, distinto e independiente del fisco del Estado,
adscrito a la Secretaría General de Gobierno del Poder
Ejecutivo del Estado Lara (1998), aún cuando sus
antecedentes se remontan a 1993 año en que se crea
FUNDAPYMI. Tiene como objeto el fomento y promoción de la
artesanía, la pequeña y mediana empresa, las
empresas de servicio y la asistencia financiera para la
consolidación de centros de trabajo de profesionales que
ejerzan alguna carrera técnica o universitaria.

Entre los objetivos de FUNDAPYME, tendentes a lograr su
objetivo institucional, destaca el referido a "establecer
programas de asistencia crediticia, mejoramiento técnico,
capacitación e investigación de dichos sectores,
como parte de la política de desarrollo del Estado en la
búsqueda de la creación de riquezas,
consolidación y crecimiento de las fuentes de
trabajo".

Cuenta con los siguientes programas y políticas
de financiamiento:

Crediapyme (créditos a empresas ya establecidas);
Promoción de empresas (creado para asistir financieramente
la constitución y desarrollo de las pequeñas y
medianas empresas que conlleven al "aumento de la
producción y productividad del estado Lara a la vez que
constituyan nuevas fuentes generadoras de empleo". Subrayado del
autor); Artesanal (asistencia financiera a artesanos en equipos y
herramienta de trabajo); Profesionales y

Técnicos (créditos a profesionales
universitarios de libre ejercicio); Asistencia Tecnológica
(financiamiento de proyectos de mejoramiento de la capacidad
tecnológica) y Asociatividad (creación de alianzas
cooperativas entre pymes y artesanos).

FUNDEME es un organismo creado por el Gobierno del
Estado Lara, según decreto Nº040 del 27-07-90, para
desarrollar unidades empresariales en el área de la
producción y servicios y contribuir de esta manera a la
generación de empleos, mediante el otorgamiento de
créditos a través de programas de financiamiento.
La misión de dicho ente persigue "la promoción,
creación y consolidación de unidades empresariales
sustentables en el tiempo, a través de programas de
capacitación, asistencia técnica y
financiamiento".

Se establece, entre los objetivos institucionales de
FÚNDEME, el "contribuir a la promoción,
consolidación y fortalecimiento de pequeñas
empresas para la generación de fuentes de ingresos,
seguros y estables".

Se va también a la oficina del Banco del Pueblo
Soberano en la unidad de Barquisimeto, pero dado el escaso
personal en dicha oficina y al hecho de que estas personas eran
solo promotores esta institución fue descartada y no
incluyó en la muestra.

Enfatizando que aún cuando estas instituciones no
incorporan quizá la totalidad de los organismos
públicos que atienden al sector microempresarial en el
Estado Lara, si constituyen un agregado importante y
significativo de aquellos entes que en la entidad, ejecutan
políticas para el área de las microempresas y de
las PYMES.

Muestra

La relación a explicar entre políticas
microempresariales e informalidad, se establecerá con base
en la opinión aportada por funcionarios públicos
con cargos directivos y personal de gerencia media y operativa en
los organismos e instituciones seleccionadas, destinadas al
diseño, promoción e instrumentación de
políticas dirigidas en un sentido amplio a los estratos
sociales de bajos recursos interesados en realizar actividades
productivas de manera individual, familiar o asociativa, y en
sentido estricto hacia el área de las
microempresas.

En este caso, la atención se dirigirá a
las personas encargadas de gerenciar su aplicación y
ejecución, desde organizaciones pertenecientes al sector
público, o vinculadas a iniciativas auspiciadas por el
Poder Ejecutivo nacional, regional o local.

La población total, está conformada por
todos y cada uno de los directores, gerentes, coordinadores,
presidentes o responsable estratégico así como
personal de apoyo del área de la promoción de la
economía social y microempresarial en la estructura de la
Administración Pública o en instancias vinculadas
funcionalmente a la Administración Central, Estadal o
Municipal en el país.

Para el trabajo de grado, se ha considerado adecuada la
elección de una muestra conformada por veintiséis
(26) personas, que laboran en las instituciones referidas,
desglosadas en función de su pertenencia al nivel
estratégico de la organización (Alta gerencia), al
nivel táctico (Gerencia media) y al nivel operativo
(Personal administrativo o de apoyo), tal como se muestra en el
siguiente cuadro:

Hernández Sampieriet (2003) hace alusión a
las muestras cualitativas, y expresa que entre éstas la
muestra de casos típicos tiene como propósito el
estudio, conversación o interacción con
"individuos, sistemas u organizaciones que poseen claramente las
situaciones que se analizan o estudian".

Dada la naturaleza de la investigación, este tipo
de muestreo es el más apropiado al método
seleccionado, a través del cual si bien no es posible
calcular el error muestral o inferir estadísticamente con
base en la teoría de la probabilidad un determinado
comportamiento muestral, y extrapolarlo o generalizarlo a la
población, la profundidad y la técnica de
recolección de información dadas las
características y complejidad de las variables bajo
estudio, son las más adecuados para acceder, desde una
óptica estructural, sistémica y dialéctica a
una realidad esencialmente social o humana.

Por inconvenientes logísticos, no fue posible
consultar a personal del nivel táctico y operativo de la
DDE; DDS y TECNOPARQUE, concentrándose con los muchos
encuestados en FÚNDEME y FUNDAPYME, organismos que se
dedican básicamente al financiamiento de proyectos de
micro y pymes.

Técnica de Recolección de Datos

El levantamiento y la recopilación de
información se sustentará en el diálogo y la
conversación dirigida, con los gerentes o funcionarios en
posiciones directivas de los organismos de promoción
económica y microempresarial, bajo los criterios
técnicos de la entrevista semi-estructurada o focalizada,
en la cual existen una serie de aspectos predeterminados sobre
los cuales se quiere consultar al entrevistado, pero dejando un
margen o espacio para profundizar, complementar o enriquecer la
información recopilada con otros comentarios, opiniones o
visiones del entrevistado, y que agreguen valor cualitativo a la
investigación.

La elección de esta técnica de
recopilación de datos, se ve corroborada por la tesis de
Martínez (1994) al manifestar que:

Las técnicas que tienen mayor sintonía
epistemológica con el método
hermenéutico-dialéctico, y las más adecuadas
para describir estructuras, son las que adoptan la forma de un
diálogo coloquial o entrevista semi-estructurada,
complementada, posiblemente, con algunas otras escogidas entre
las técnicas señaladas de acuerdo con la naturaleza
específica y peculiar de la investigación a
realizar.

Hacia esta misma dirección apunta Cerda (1991),
al referirse a la encuesta focalizada, la cual posee la
característica de agrupar en un solo punto un conjunto de
cosas, conceptos y cuestiones referidas a un tema y a un
contenido.

Según el autor, este tipo de entrevista exige
cierta habilidad, tacto y experiencia para focalizar el
interrogatorio en torno a los aspectos que interesan al
investigador y orientar a la persona entrevistada, sin que se
percate, por el camino que conduzca al esclarecimiento de las
interrogantes planteadas.

Esta técnica será complementada con la
grabación, (cintas de audio y previa aceptación del
entrevistado) de las conversaciones a desarrollar con los
funcionarios a consultar, en las sesiones que sean
necesarias.

Fases de la Recolección de
información

La búsqueda y obtención de la
información en las instituciones seleccionadas (Fundeme,
Fundapyme Tecnoparque, Dirección de Desarrollo Social y
Dirección de Desarrollo Económico de la
Gobernación del Estado Lara) estará dividida en
tres etapas o fases, que son:

a).- Contacto Inicial: Percibe la primera visita a la
institución, para solicitar la entrevista con los
funcionarios o personal del nivel estratégico o directivo
de la institución, presentar la credencial institucional
de la investigación que fundamente su carácter
académico y concertar fecha de la entrevista.

b).- Entrevista Nivel Estratégico: Implica la
conversación con los funcionarios del nivel gerencial
estratégico, a través de una entrevista semi
estructurada, con base en los tópicos contenidos en el
instrumento, el cual le será entregado al final de la
entrevista para que sea llenado en ese momento.

c).- Aplicación del instrumento nivel
táctico y operativo: En una visita posterior a la
institución, se le suministrará el instrumento al
personal de gerencia media y operativa, para que lo respondan y
entreguen en ese momento.

Posteriormente los datos recabados en los instrumentos
serán procesados, para su presentación
estadística, e igualmente, serán complementados con
el análisis de las entrevistas grabadas hechas a los
gerentes de las instituciones.

Diseño del instrumento

La elaboración del instrumento de
recolección de información se sustentará en
la denominada Escala de Likert, según Hernández
Sampieri et al. (2003) en un conjunto de artículos
presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales
se pide la reacción de los sujetos.

Esto permite evaluar la actitud del entrevistado,
favorable o desfavorable en mayor o menor grado hacia el
fenómeno, situación o variable en
estudio.

Se pretende medir con la aplicación del
cuestionario la actitud favorable hacia la economía
informal, a través de la selección de las
alternativas planteadas, así como otras referidas a la
concepción de la riqueza, política microempresarial
con énfasis en el financiamiento, actitud favorable hacia
la exclusión de las medianas y grandes empresas y
visión sobre el papel del Estado en la
economía.

Las dimensiones u opiniones a consultar se
orientarán, de tal forma, a los siguientes
aspectos:

Aspecto Central:

a).- Actitud favorable hacia la existencia de la
economía informal (art. del 1 al 7).

Se pretende en este artículo indagar la postura
del funcionario en torno a los siguientes aspectos:

– El registro o constitución formal.

– La subsistencia como objetivo básico de
creación de microempresas

– Costos laborales, impuestos y gastos legales de
registro

– Facilidad de una empresa para ser informal

– Incentivos para no ser formal

– Papel del Estado ante la economía
informal

Las respuestas indicarán hasta que punto existe
una opinión favorable o justificadora de la
economía informal por parte del funcionario
público, ubicando a las microempresas como unidades
productivas familiares o inmersas en dicho sector.

Aspectos complementarios:

b).- Actitud favorable hacia una política
microempresarial con énfasis en el financiamiento (Art. 8
y 9)

Se persigue establecer el acuerdo o desacuerdo del
gerente sobre la tesis de una política microempresarial en
el cual énfasis recarga sólo en el financiamiento,
restándole importancia a la capacitación y la
asistencia técnica como factores componentes de esa
política. Esto, bajo el supuesto de que ha sido esta la
tendencia en la aplicación de estas
políticas.

c).- Actitud favorable hacia una política
microempresarial que excluya o no considere a las medianas y
grandes empresas (Art.10, 11 y 12).