Gerencia pública y economía informal

Introducción

En la Globalización uno de los instrumentos
más visibles, en el ámbito económico,
administrativo y empresarial, es la acontecimiento de una nueva
arquitectura organizativa que, obteniendo ciertas
características de la tradicional noción de
"empresa" y desde ámbitos mucho más
específicos y populares, participa en la libre oferta y
solicitud de productos y servicios, en mercados marcados cada vez
más, sobre todo en Latinoamérica y Venezuela, por
la recesión y la contracción económica,
junto a los dominantes de la competitividad y la eficiencia
gerencial.

Pese a que su apariencia en la praxis organizacional se
encumbre quizá a los inicios mismos de la actividad
empresarial, la microempresa establece hoy en día centro
de la atención oficial, académica, mediática
y individual, como expresión de la iniciativa individual,
familiar, grupal o comunitaria que frente al complejo entramado
de transformaciones y el replanteamiento de las relaciones de
poder entre el capital privado, el Estado y la sociedad civil en
el terreno del mercado, ha desarrollado su presencia, rol e
influencia, a la hora de estudiar las nuevas instintos de
desarrollo empresarial, o de diseñar políticas de
crecimiento económico a fin de reforzar el tejido
industrial y productivo de una sociedad.

Evidentemente vinculado a esta dispuesta, el argumento
de la economía informal y el reciente beneficio que su
existencia y esparcimiento en Venezuela ha suscitado, plantea una
variedad de interrogantes en torno no sólo a su
fisonomía y confusión como fenómeno que
excede las barreras de lo meramente económico para
involucrar variables institucionales, históricas, sociales
y culturales, sino su evidente interconexión con la
irrupción de las microempresas, como realidad conceptual y
práctica, en el escenario productivo mundial, nacional y
regional.

El Estado, cuya realización y gobernabilidad se
ha visto afectada por la nueva realidad global,
tecnológica y la influencia de las grandes empresas
transnacionales, sigue y seguirá desempeñando un
papel fundamental e insustituible, en tanto ámbito o
instancia llamada a 10 dictar los lineamientos y pautas para el
adecuado funcionamiento del mercado, y como actor vigilante o
activo rectificador de sus distorsiones e inequidades.

El Estado en las Políticas Públicas, que
hostiga atender determinada insuficiencia social o solventar una
situación problemática, irradian en su
diseño, elaboración y ejecución no
sólo la finalidad formal o declarada de atacar una
realidad determinada, sino que muchas veces contribuyen elementos
de juicio sobre la concepción, valoración o postura
ideológica de quienes desde el gobierno, perciben y
entienden de una forma específica dicha realidad, y de
quienes equivalentemente en el plano operativo, las emplean. En
este sentido, el encargo que a continuación se expone,
enmarcado en la potestad o destreza a manifestar en el uso del
método científico propio de quien aspira a alcanzar
el Titulo de Maestría en el área de la Gerencia
Empresarial, pretende abordar la vinculación entre la
Gerencia Pública y la Economía Informal, a
través del análisis de la opinión de los
actores oficiales comprometidos de las políticas dirigidas
a las microempresas sobre el aludido sector económico,
así como el contexto legal, social, económico y
sobre todo global, que concretan decisivamente el ambiente de la
actividad organizativa en sus diversas modalidades y escalas, en
el entendido de que es factible asemejar diferencias y
contradicciones entre lo mencionado sobre la economía
informal por quienes tienen el compromiso oficial de aplicarlas,
los objetivos del marco legal vigente, y los objetivos
institucionales y programáticos de dichas
políticas.

CAPITULO I:

El
problema

Planteamiento del Problema

La reseña al agravamiento del aprieto
económico venezolano y a su naturaleza
histórico-estructural, es hoy un lugar habitual que debe
sortear los ensayos por ahondar en sus causas, a objeto de
alcanzar un conocimiento más concluido y científico
en lo atinente a su persistencia y
complicación.

Esta crisis, que abarca numerosos ámbitos y cuya
entera determinación excede los objetivos del presente
trabajo, es beneficio del agotamiento de un modelo de desarrollo
económico rentístico-petrolero, del complejo
replanteamiento de las relaciones de poder entre el Estado, el
capital y el resto de los actores sociales, así como a la
difícil concreción de la estabilidad
política y la independencia institucional que en la
dialéctica histórica venezolana, determinan en
buena medida la naturaleza, funcionamiento y estructura del Poder
Público en Venezuela.

El ambiente de ingobernabilidad y de abandono de
consensos que ha marcado el conjunto de reformas
políticas, legales e institucionales iniciadas a partir de
1998 con el aumento al poder de Hugo Chávez Frías,
y la promulgación de un nuevo Texto Constitucional en
1999, producto de una Asamblea Nacional Constituyente, han
signado innegablemente el clima económico y el cometido de
los principales indicadores macroeconómicos y micro
sociales de la estructura productiva nacional, soberanamente de
la evaluación que pueda realizarse sobre la gestión
gubernamental del Presidente Hugo Chávez.

En el contexto de un desapego entre el liderazgo
empresarial del país y el Poder Ejecutivo, y de la poca
continuación de la política económica
oficial, la escena económica venezolana exhibe un proceso
de descapitalización progresiva, desinversión y
contracción generalizada de la producción en sus
distintas secciones y linajes de actividad.

El acrecentamiento en las cifras de desempleo, junto al
cierre de empresas y a la progresivo precarización del
trabajo y de las relaciones laborales, causadas por el proceso de
Globalización económica y la debilidad del modelo
de progreso económico venezolano, forman algunos de los
factores que han inducido a miles de personas a buscar nuevas
formas de ganarse la vida. Y es aquí cuando se hace
indudable un aumento de la presencia en el escenario
económico nacional de la designada economía
informal, cuyas cifras abarcan ya más de la mitad de la
población económicamente activa.

Para este corporación los venezolanos que
trabajaron lo hicieron en el sector formal, es decir, en empresas
de cinco o más personas del área pública o
privada, por lo que para ese lapso, el ente citado estima que el
53,7% de los trabajadores obtuvieron ingresos en el sector
informal de la economía, evidenciando cierta similitud con
las estimaciones no oficiales comentadas
anteriormente.

Aun cuando no se poseen las cifras oficiales y
definitivas del último censo realizado en el país
(año 2001), haciendo uso de las estimaciones y cifras
aportadas por firmas privadas, se evidencia que la
economía informal en el estado Lara, cercana casi al 60%,
rebasa lo que serían las cifras referidas al país,
aproximadamente un 50-55% de la población
económicamente activa.

Ahora bien, más allá de las
conceptualizaciones y enfoques hipotéticas e
ideológicas existentes alrededor de la economía
informal y su progresivo presencia en relación a un
disminuido sector formal o moderno del aparato productivo, junto
a la invasión de los llamados "buhoneros" en las aceras y
vías céntricas de las principales ciudades del
país como expresión más palpable más
no exclusiva de la informalidad, se ha convertido en un
fenómeno complejo cuyas implicaciones prevalecen los
términos superficiales de lo laboral o lo económico
para hundirse en raíces causales que atenderían a
aspectos como la naturaleza de la intervención estatal en
la economía, las características y problemas
estructurales del tejido productivo nacional y a la cultura e
instituciones de la sociedad venezolana.

La economía informal, concebida desde sus
múltiples y posibles significados; como espacio
socio-productivo objeto de debate político; problema de
orden público urbanístico ambiental;
justificación o escape aparente al desempleo de la fuerza
laboral; expresión de la reestructuración del
mercado global capitalista y de la relación
capital-trabajo; evidencia de las iniciativas sociales y
populares hacia el emprendimiento empresarial y la asociatividad,
o simple respuesta ciudadana a las restricciones, costos y
obstáculos estatales al libre juego de la oferta y la
demanda y al ánimo lucrativo de grupos sociales excluidos
del sector "moderno" o "formal" de la economía, constituye
una realidad compleja y altamente estructurada con
múltiples aristas analíticas, cuyas dimensiones
teóricas y prácticas justifican su análisis
riguroso y sistemático.

La misma caracterización de "economía
informal" traería consigo la predisposición hacia
una visión parcial del fenómeno, entre quienes han
planteado una terminología que refiere, con calificativos
quizá menos excluyentes, a una "economía social",
"solidaria", "alternativa", "popular" o "asociativa", lo cual
ilustra la ausencia de un consenso generalizado y absoluto sobre
esta novedosa tendencia. De hecho, la profusión de
adjetivos denotaría la poca claridad conceptual y los
distintos matices ideológicos o políticos en torno
a la economía informal.

Sin embargo, la informalización de la
economía, con vínculos igualmente notables con la
conformación de un nuevo paradigma organizativo en lo
empresarial, plantea precisamente la discusión en torno a
los esquemas, formas y modalidades bajo las cuales la
población excluida de ese sector formal, o en todo caso
imposibilitada de acceder a él, se organiza, asocia y
agrupa en pequeñas unidades productivas para lograr como
objetivos, o bien de la subsistencia o sobrevivencia, la
acumulación, o bien la consolidación plena en
términos empresariales.

Semblantes como la flexibilidad estructural, la escala
de producción, el tamaño y la adaptación del
trabajo a los sucesos tecnologías y las nuevas condiciones
del mercado laboral constituyen algunos de los elementos
presentes en la identificación de ese nuevo paradigma
organizativo, Guerra C. y Guerra S. (2002), lo que
plantearía incluso una redefinición,
replanteamiento o un debate alrededor de la noción misma
de "microempresa", asumiendo que lo "micro" no es ya sólo
una expresión de la economía social, popular o
informal, sino un imperativo y requisito ineludible de
reestructuración, sobrevivencia y competitividad
empresarial.

En todo caso, la microempresa surge como instancia
organizativa de primer orden en la economía
latinoamericana y, particularmente la venezolana, abarcando la
mayoría de las pequeñas unidades de
producción en proporción a las de escala mediana o
grande. Sus características o rasgos definitorios
fundamentales (naturaleza familiar, escaso capital, mano de obra
intensiva, gerencia rudimentaria, ausencia de formalidad
jurídica, entre otros) tienen una lógica
conexión con la noción de informalidad, en el plano
no sólo teórico sino histórico.

Microempresa e informalidad se erigen como dos
referencias analíticas que, en el actual contexto
socio-político y económico venezolano, y a la luz
de la naciente tendencia en círculos académicos,
oficiales y multilaterales a superar modelos teóricos
tradicionales u ortodoxos sobre el desarrollo y a valorar la
cultura, las instituciones, la historia y la subjetividad del
factor humano en los procesos económicos, hacen pertinente
una aproximación a la relación entre estos dos
constructos, y al papel del Estado como agente promotor del
crecimiento económico y social de una nación, y de
una mejor calidad de vida para su población.

El concepto de Capital Social empleado por el Banco
Interamericano de Desarrollo

(2000), Putnam (1993)5 y Madrid (2002), por mencionar
algunos; la insinuación a la "red" como medida central en
la articulación de las relaciones de producción,
comunicación e información del nuevo concepto de
información utilizado por Castells (1999); el papel de la
cultura en el nuevo pluralismo organizativo de Llano (1994); la
revalorización de lo humano en la organización
propia de la posmodernidad como tesis de Martínez (2000) y
Morín (2000), o el estudio de las instituciones y su
influencia en la teoría económica de la denominada
por Williamson (2001) la Nueva Economía Institucional,
evidencian la construcción de una nueva matriz
epistémica, como soporte cognoscitivo de cualquier
aproximación al tema de las microempresas y la
informalidad.

Frente al papel del Estado, en el espacio de lo regional
o lo local, y a su responsabilidad en el diseño,
ejecución y seguimiento de políticas
públicas destinadas al sector empresarial, las recientes
reformas institucionales, particularmente materializadas en la
nueva Ley Fundamental de 1999, plasman en cierta forma el
espíritu aludido anteriormente, en lo atinente a la
consideración de la sociedad civil, la economía
social o popular, a las micro, pequeñas y medianas
empresas, y a las cooperativas, como expresiones de sectores
sociales tradicionalmente no incluidos en la economía
"formal". La aparición del sector informal, o del conjunto
de actividades y organizaciones que comparten establecida
caracterización y suelen congregar en la economía
informal, tiene constriñe relación con los primeros
síntomas de crisis o agotamiento del modelo de desarrollo
económico venezolano, alimentado de la renta petrolera y
del Capitalismo de Estado, ubicados temporalmente hacia la
segunda mitad de la década del 70, específicamente,
a decir de Rojas (1992) en los años 1978-79. Según
el referido historiador

"El carácter petrolero de la economía
venezolana es lo que explica, en principio, el tardío
impacto de la crisis mundial capitalista en el interior de
nuestra estructura económica. (…) Mientras la
economía mundial entra en crisis a finales de la
década de los 60, agravada con el aumento de los precios
del petróleo en 1973, Venezuela conoce los primeros
efectos de la crisis en 1978-79, es decir, casi diez años
después. (…) Sin embargo, hay que mirar el
período anterior (1973-1978) para encontrar las
raíces más inmediatas de la crisis. Allí
encontramos como primer aspecto, la bonanza económica que
sigue al auge inusitado de los precios internacionales del
petróleo, el incremento inicialmente inexplicable de la
deuda externa venezolana, el crecimiento del Gasto Público
y, en lo fundamental, los desajustes financieros que harán
explosión en 1978 paralelamente a la política de
"frenazo" impuesto por el gobierno de Herrera
Campins."

El desperfecto progresivo de los importantes indicadores
macroeconómicos y sociales de Venezuela, contiguo la
agotamiento del método político venezolano,
desarrollado en parte por el debilidad progresivo del piloto de
Estado Paternalista y la penetrante dificultades fiscal que
limita cada vez más la complacencia de las miserias
más primordiales en materia de empleo, salud,
educación, vivienda, seguridad social y de calidad de vida
en general, conducen al crecimiento del sector informal de la
economía y de la población en circunstancias de
pobreza moderada y extrema.

Según la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y el Desarrollo (FAO), el 18%
de la población venezolana padece de hambre. Elisa
Panadés, representante del organismo en Venezuela, ha
declarado que 3,8 millones de venezolanos no comen lo suficiente,
por lo que se encuentran subnutridos. En correspondencia a las
estadísticas sobre la pobreza en el país, las
desigualdades que existen entre las apreciaciones públicas
y privadas no soslayan el hecho preocupante de su persistencia y
aumento.

Para el INE, la pobreza en el segundo semestre de 2002
había llegado a 48,6% del total de hogares, y en
términos poblacionales, al 55,4% del total de habitantes;
el 21% de los 5,81 millones de hogares y 25% de los 23 millones
de venezolanos viven en situación de pobreza extrema, ya
que su ingreso por cápita es inferior al valor de la
canasta normativa alimentaria.

Frente a este desolador escenario, el economista en Jefe
para América Latina y el Caribe del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, Enrique Ganuza, ha
señalado que Venezuela está en un grupo de 11
países que no logrará reducir en 50% la pobreza
extrema para el año 2015 si se reproducen las
políticas económicas de la década de los
noventa, afirmación hecha con base en una
proyección que hace el organismo multilateral fundamentada
en el comportamiento económico de ese lapso, y lo que
sucedería si se repiten hasta el 2015 los mismos
resultados macroeconómicos que se registraron (en cuanto a
variación del PIB y los coeficientes de desigualdad) entre
1990 y 1999, lo cual indicaría que pasarán 85
años para que el país llegue a disminuir 2% de la
pobreza extrema. (Diario El Nacional, 19-7-03). De acuerdo a
Datanálisis, la pobreza en cambio alcanza a 8 de cada 10
venezolanos, desagregada en un 38% de personas ubicadas en el
estrato D (pobreza moderada) y un 43% localizadas en el estrato E
(pobreza extrema). (Diario El Nacional, 25-05-2003). Por otra
parte, Francés (1999) aporta algunas consideraciones, en
la descripción cuantitativa del empeoramiento de la
economía venezolana hacia finales de los 70 e inicios de
los 80, al afirmar que:

"Después del Viernes Negro de 1983, la tasa de
empleo informal no ha bajado del treinta y ocho por ciento; en
1994 subió al cincuenta por ciento, manteniéndose
alrededor de este nivel desde entonces. El desempleo abierto,
vale decir, la proporción de la fuerza de trabajo que
está desocupada y buscando empleo, ha oscilado entre un
mínimo de seis por ciento (en 1993) y trece por ciento (en
1984). Sumando el desempleo y empleo informal resulta que apenas
el cincuenta por ciento, aproximadamente, de nuestra fuerza de
trabajo ha contado con un empleo desde 1983, y menos del cuarenta
por ciento, desde 1993."

Frente a la agudización de la crisis
económico-institucional venezolana, y a la ausencia o
ineficacia de políticas estratégicas que abordaran
el fenómeno, cierta clase política asumió
quizá a la informalidad como un "mal necesario", o como un
sector que, ante el aumento de las cifras de desempleo,
servía de vía de escape o "colchón" para
atenuar el fuerte golpe de la pobreza y la inexistencia de
oportunidades educativas o laborales.

Tal tesis es compartida por Hernández
(1993):

"El sector de la Economía Popular, a
través de las estructuras microempresariales ha evitado
que el desarrollo de la crisis se convierta en un hecho de una
mayor gravedad para los sectores populares. Gracias a este
sector, un grueso número de personas continuó
percibiendo algún tipo de ingresos, a pesar de haber
salido de los sectores de la economía formal (…) La
microempresa funcionó como un instrumento de los sectores
populares para el "rebusque".

Queda en el debate, no obstante, los esquemas o
modalidades de vinculación entre la empresa formal y la
informal, o el peso de la competencia informal al momento de
racionalizar y gerenciar los costos de la "formalidad" en algunas
empresas. El imperativo de la competitividad por reducir los
costos de producción, aunado a la contracción del
mercado, caída de la demanda, plantean como salida para
muchos empresarios, la adopción de prácticas
informalidad, evasión o incumplimiento de deberes
mercantiles o tributarios.

Cifras de la crisis

La conflictividad política y la
conformación de un clima creciente de violencia social,
aunado al rompimiento de los canales de comunicación y
concertación entre el gobierno de Hugo Chávez y el
sector privado y sectores de oposición, entre diversos
acontecimientos, desencadenaron un paro cívico nacional en
Diciembre de 2002, iniciado por trabajadores de Petróleos
de Venezuela S.A. (PDVSA), y liderizado por la principal central
obrera (CTV) y el gremio empresarial (Fedecamaras). Dicha
paralización cuya duración superó los dos
meses, más allá de las implicaciones
políticas que la ocasionaron, generó notables
costos en la estructura productiva nacional, y ha marcado
indudablemente, un antes y un después, por su magnitud y
número de sectores involucrados al momento de evaluar la
situación económica de Venezuela. Tal como lo
relata una nota periodística de El Diario El Universal
(30-03-2003)

El Banco Central reporta una contracción del PIB
de 16,7% en el cuarto trimestre de 2002, el consumo de
electricidad cae 8,5% en enero 2003 respecto al mismo mes del
pasado año; la recaudación real del IVA se desploma
48% en enero, la del impuesto al débito bancario sigue la
tendencia con un declive de 31% y los préstamos con
problemas de pago saltan 12% entre diciembre y febrero (…) La
Oficina de Asesoría Económica de la Asamblea
Nacional determina en su último informe que el impacto
económico total producto de la huelga general se estima en
un 7,6% del PIB, equivalente a 7 mil 367 millones de
dólares.

La gravedad de la situación,
históricamente inédita en cuanto a la caída
de todos los indicadores macroeconómicos, productivos,
industriales y sociales, se refleja en otros datos dados a
conocer en la prensa nacional. De acuerdo con la
información estadística aportada por el Banco
Central de Venezuela, el indicador que mide la capacidad de
producción de la industria privada descendió 74%
entre febrero del 2002 y febrero de 2003. Es decir, el
índice bajó de 86,80 puntos a 21,87 puntos en un
período de 12 meses. (Diario El Nacional, 03-04-2003).
Además de ello, el establecimiento a finales de Enero de
2003 de un control cambiario por parte del Ejecutivo, que no ha
podido entregar con la celeridad del caso las divisas requeridas
por los diversos sectores cuyos insumos son importados, enrarecen
aún más el horizonte para todas las organizaciones
empresariales, cuyo reto en los próximos tiempos parece
resumirse en una palabra: sobrevivencia.

La Economía Popular en la
Constitución de 1999.

La Constitución aprobada en Diciembre de 1999,
como el resultado normativo de un proceso constituyente y del
cumplimiento, en alguna medida, de la promesa electoral e
ideológica de Hugo Chávez, consagra el apoyo del
Estado a las nuevas tendencias organizativas en el ámbito
de la denominada economía social.

La Carta Magna, en su artículo 308,
(Capítulo I "Del régimen socioeconómico y la
función del Estado en la Economía, del
Título VI, "Del Sistema Socioeconómico") establece
que "el Estado protegerá y promoverá la
pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas
de ahorro, así como también la empresa familiar, la
microempresa y cualquier otra forma de asociación
comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo
régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer
el desarrollo socioeconómico del país,
sustentándolo en la iniciativa popular. Se
asegurará la capacitación, la asistencia
técnica y el financiamiento oportuno".

Este financiamiento oportuno, se ha concretado en la
"Ley de Microfinanzas", (Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela, Nº 37.164, del 22-03-2001), que le
ha permitido al gobierno entregar una suma considerable de
recursos (Bs 15,7 millardos para marzo de 2002)6 en
microcréditos a comunidades, agrupaciones, asociaciones y
personas de estratos deprimidos económicamente, a pesar de
las críticas generadas en razón de la ausencia de
garantías de recuperación de los mismos, la
exclusión del sistema microfinanciero de la
supervisión de la Superintendencia de Bancos, y del
impacto real de los microcréditos, provenientes
sólo del Estado con exclusión del sector privado,
en la reactivación productiva del país, en lo que
algunos han calificado como una visión meramente
asistencialista y dadivosa del proceso de estímulo a la
iniciativa empresarial popular.

Otro de los elementos presentes en el discurso y praxis
de la actual gestión gubernamental como un mecanismo de
fomento de esa economía popular o alternativa, lo
constituye el modelo cooperativo de organización. Hay
quienes sostienen que las asociaciones cooperativas constituyen
uno de los ejemplos más claros de cómo la
acción grupal organizada y mancomunada, siguiendo valores
como la solidaridad, cooperación, decisiones consensuales
y colegiadas y participación, pudieran concretarse en
dicho modelo de organización como una alternativa de
desarrollo social y económico. En esa dirección,
por iniciativa del Poder Ejecutivo, la legislación
nacional en materia cooperativa sufrió recientemente una
reforma y actualización, a través del Decreto con
Fuerza de Ley Especial de Asociaciones Cooperativas (Gaceta
Oficial Nº 37.285 del 18-09-2001.)

Según la Superintendencia Nacional de
Cooperativas, en el país existían para el
año

2001, 1.164 cooperativas, con un volumen de operaciones
que sobrepasaba los 69 millardos de bolívares y que
empleaban a 275.000,00 personas de forma directa. En otra
información de prensa se expresa que el Banco de
Desarrollo Económico y Social de Venezuela ha establecido
convenios de administración con las entidades
microfinancieras del sector público (Banco de la Mujer y
Banco del Pueblo Soberano) para la ejecución de programas
de financiamiento a microempresas y cooperativas, destinando para
ello recursos por el orden de los 13 millardos de
bolívares en sectores como el agroalimentario, turismo,
servicios y comercio. (Diario El Nacional, 07-08-2003). No
obstante, pese a las reformas legislativas, y a los recursos
financieros destinados a la promoción de cooperativas por
parte del gobierno nacional a través de sus órganos
respectivos, está latente el riesgo que significa concebir
al cooperativismo como una fugaz moda, o como un utópico y
aislado mecanismo para solucionar la aguda situación
socioeconómica de la población, como parte de una
visión limitada y sesgada que se reduce a preocuparse
quizá del número de cooperativas creadas, y no de
su sostenibilidad, viabilidad, y adecuación a los deseos,
objetivos e intereses de quienes eventualmente puedan
conformarlas. Estos hechos, así como la creación
del Banco del Pueblo Soberano, Banco de la Mujer, y el
establecimiento, vía decreto presidencial, de un Ministro
de Estado para la Economía Social, constituyen elementos
de un entorno que, en términos jurídicos,
financieros e institucionales, ha materializado un relativo apoyo
a las organizaciones e individuos inmersos en este espacio
productivo.

Sin embargo, el clima de enfrentamiento político
entre el gobierno nacional y el sector empresarial privado, junto
a sectores sindicales y opositores, plantean la posibilidad o
sospecha, de acuerdo al discurso oficial, en el sentido de la
utilización de este instrumental normativo-presupuestario
con fines demagógicos, electorales y, más que al
apoyo a la economía informal o popular, al
desestímulo de la iniciativa privada a gran
escala.

Planificación, acción y
concepción económica reciente del actual
gobierno

Al evaluar los planes y acciones del gobierno actual en
el plano económico, se puede percibir ciertamente la
continuidad de una línea de atención hacia la
economía social, consagrada ya en la constitución
de 1999, y en diversos planes y programas diseñados y
aplicados por el Poder Ejecutivo. No obstante, es posible
identificar la existencia de debilidades y fallas en la actual
planificación económica, que estarían
atentando contra la efectividad y solidez de la política
pública dirigida al sector económico en general, y
al ámbito de la economía social y a las
microempresas en particular. En el documento informativo
"Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico
y Social de la Nación 2001-2007", se plantea la existencia
de cinco ejes o equilibrios, que van a guiar la transición
a la "Revolución Bolivariana", (tal cual reza el
documento) y que abarcarían los siguientes ámbitos:
económico, social, político, territorial e
internacional.

En el apartado destinado al eje económico, se
plantea que (…)El propósito es el ampliar y profundizar
la democracia económica que enfatice la cultura del
trabajo y la producción, y que elimine progresivamente
nuestra dependencia del rentismo petrolero. Vamos a diversificar
la economía no petrolera y estimular la Economía
Social, equilibrando la heterogeneidad de intereses
económicos y sociales con la participación
autogestionaria de todos los venezolanos, convergiendo diversas
formas de propiedad y de relaciones de producción y
consumo urbano-rural. Se apoya toda esta iniciativa
autogestionaria en un sistema de microfinanzas y de asistencia
técnica a las comunidades organizadas.

Al estudiar el desglose de estos equilibrios o ejes de
acción en objetivos, estrategias, subobjetivos,
subestrategias y subsubobjetivos, se nota sin embargo la carencia
de acciones que involucren a las grandes compañías
o sectores industriales, una relativa generalidad en los
enunciados, duplicidad de objetivos y la simple
enunciación de intenciones, sin las metas o indicadores
correspondientes.

El fortalecimiento de la microempresa y las
cooperativas, la organización del sistema de
microfinanzas, y el aumento y fortalecimiento de la PYME se
esbozan como subsubojetivos en el orden económico; sin
embargo, en el caso de la economía social, aparece como
subobjetivo 1.4 ("Desarrollar la economía social") y como
subsubobjetivo 2.2.1. del eje social ("Fortalecer la
economía social"), planteando un interés
quizás no adecuadamente desagregado en términos de
la metodología de organización manejada.

En esta línea temática, el economista
Domingo Maza Zavala, expresaba en Enero de 2001, a
propósito de la conmemoración de la caída de
la dictadura de Pérez Jiménez y de una
retrospectiva sobre los modelos de economía de finales de
los 50 y del actual, lo siguiente:

(…) Se vive un proceso de transición, que no es
obra de Chávez, sino de un país que viene desde
mucho antes clamando por un cambio de esquemas. Si bien es cierto
que hay necesidad de un nuevo modelo económico, esta
estrategia está por definirse. La actual
administración tiene algunos hechos que vislumbran un
nuevo modelo: por ejemplo, el énfasis en la pequeña
y mediana industria, las microfinanzas y el mejoramiento de las
condiciones de vida de los marginados. (Subrayado del autor.
Diario El Nacional, 23-01-2002).

Por otro lado, en una reseña elaborada por el
Diario El Universal a un documento del Banco Mundial, se puede de
apreciar críticas en relación al manejo de las
políticas públicas por parte de la actual
gestión gubernamental:

En un documento del Banco Mundial se lee: Desde su
comienzo, la administración Chávez dio prioridad a
las reformas políticas, incluyendo la introducción
de una nueva Constitución. Esto, y la falta de un programa
económico amplio completamente implementado,
aumentó la incertidumbre, afectando el clima de
inversiones y reforzando el clima de desinversión del
sector privado (…) Aunque Venezuela ha sido beneficiada con una
gran riqueza natural, la pobreza es grave y las condiciones
sociales se están deteriorando. La deficiente gerencia
macroeconómica limita la participación del sector
privado y las incertidumbres políticas han aumentado los
riesgos de negocios y de país (…) El desempeño ha
sido afectado por debilidades en el marco legal e institucional y
una cultura del sector público ineficiente. La burocracia
pública ha sido incapaz de diseñar e implementar
programas para reducir la pobreza. (Subrayado del autor. Diario
El Universal, 15-04-2003).

Por otra parte, Francisco Rodríguez, director de
la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la
Asamblea Nacional, expone algunas consideraciones en torno a la
política y gestión económica y a la
dirección de la Hacienda Pública
Nacional.

En entrevista realizada por un diario de
circulación nacional, el referido especialista comentaba:
"Por eso creo que la política gubernamental es más
bien un colchón de retazos donde se apela a medidas
ortodoxas o heterodoxas para afrontar las crisis que se le vienen
encima, pero no como un plan sostenible en el tiempo sino
más bien como herramientas aisladas". (Subrayado del
autor. Diario El Nacional, 04-08-2003).

En un artículo de opinión en
relación a la política de endeudamiento de la
gestión actual, Rodríguez expresaba que

(…) Mientras en 1998 el servicio de la deuda
pública total representaba apenas 4,7% del PIB, para 2002
llegó a alcanzar 8,7% del PIB. Una de las causas del
aumento del saldo y costo de la deuda es el manejo desacertado y
poco justificable de la política de endeudamiento de la
nación que se comienza a manifestar a partir del
año 2002. Esta ha estado marcada por el deterioro
progresivo de la transparencia, llevando a operaciones cuyo
beneficio para la Nación es cuestionable. (Subrayado del
autor. Diario El Nacional. "La política de endeudamiento
público en Venezuela". 23-06-2003).

En tal sentido, pese a respaldarse en una
disposición Constitucional, y en su configuración
como objetivo del Plan de Desarrollo Económico y Social de
la Nación para el lapso 2001-2007, el apoyo a la
economía social, y concretamente a las microempresas,
PYMES y cooperativas como actores básicos de este
ámbito, necesita de un soporte de más alcance, de
una estrategia macro o global en materia económica
empleada con continuidad e integralidad, que admita armonizar
coherentemente los programas financieros, crediticios o de
capacitación puntuales o focalizados, con un plan
sólido y completo para toda la economía, que
principalmente, sea duradero y continuo.

En este orden de ideas, algunas críticas han
salido en relación a la concepción que la actual
gestión tiene sobre el desarrollo económico, la
disposición de un sistema microfinanciero, y de los
valores que conforman la justificación de las decisiones y
políticas que se están empleando
actualmente.

Ya en el año 2001, al comienzo de la actual
gestión gubernamental, las irregularidades en los
organismos de la estructura microfinanciera y de asistencia
social y crediticia que el Pode Ejecutivo comenzaba a establecer,
eran referidas por diarios nacionales.

Bajo una serie de denuncias e irregularidades, y por la
inefectividad de su gestión en la atención de
sectores populares, William Fariñas tuvo que renunciar al
Fondo Único Social, no sin antes expresar para el Diario
El Nacional (20-03-2001), lo que a continuación este medio
presentó:

El ex presidente del Fondo Único Social, William
Fariñas, admitió que durante su gestión
cometió errores y tuvo que "saltar talanqueras porque,
lamentablemente, son muy engorrosos los trámites en la
administración pública para poder cumplir con todas
las pautas que se establecen para cualquier
transacción."

Con esto queda en evidencia el peso de la estructura
burocrática, normativa y gerencial de la
Administración Pública en su gestión y
eficiencia, cuya lentitud administrativa no pueden justificar
nunca la posición asumida por el referido funcionario, y
más bien, plantea como propicia reformas y cambios que
permitan solventar esa situación.

Mohammad Yunus, presidente del Grammen Bank,
organización exitosa en materia de microcréditos en
Bangladesh, testificaba en una entrevista que se le realizara en
Octubre del 2001 (Diario El Nacional, 07-10-2001), a
propósito de la promulgación de la Ley de
Microfinanzas, que "el sistema de microfinanzas debe ser
autosostenible, para que no dependa del financiamiento del Estado
o de sus subsidios, sino que se convierta en un sistema bancario
genuinamente comercial."

No obstante, después, otra nota de prensa
ilustraba las críticas generadas en relación a las
irregularidades del sistema. La reseña periodística
planteaba:

El Banco del Pueblo tiene aproximadamente 88% de su
patrimonio colocado en papeles emitidos por la República
dentro del país, mientras 9% de su capital lo ha otorgado
en pequeños préstamos a los sectores más
necesitados. (…) Al 31 de diciembre del año 2002 el
Banco de Pueblo acumuló pérdidas por 7,49 millardos
de bolívares (…) después de haber obtenido un
saldo negativo entre enero y junio del mismo año que
llegó a 4,74 millardos de bolívares. (Diario El
Nacional, 09-06-2003).

Estos hechos, llevaron probablemente al Banco Central de
Venezuela, a advertir en documento enviado a la Asamblea Nacional
contentivo de observaciones del instituto emisor sobre la reforma
de la Ley General de Bancos, que instituciones como el Banco del
Pueblo y el Banco de la Mujer en realidad no son bancos,
entendiendo como bancos a entidades que reciben depósitos
y otorgan créditos.

Se señalaba además, que "lo más
lógico es modificar esas instituciones en fondos de
asistencia crediticia y conservar intacta la norma de que toda
entidad debe estar regida por la Ley General de Bancos. Es
altamente peligroso que instituciones que potencialmente pueden
recibir depósitos del público estén en una
especie de limbo regulatorio y de supervisión."

Ello conforma un cuadro en el que se reflejaría
la relativa premura o improvisación, por parte del Estado,
en la organización jurídico-administrativa del
Sistema Microfinanciero, con las lógicas consecuencias en
la dilapidación o uso poco eficiente de los recursos
dirigidos a la asistencia crediticia de sectores
populares.

Situación en el Estado
Lara

Trasladándonos al ámbito del estado Lara,
y como consecuencia de la coyuntura recesiva que atraviesa la
nación, Argenis Manzi, presidente de la Cámara de
Pequeños y Medianos Industriales del Estado Lara (CAPMIL)
informaba en relación a la entidad que

En la actualidad, existen 300 agremiados activos, pero
hay otro grupo de pequeños industriales que están
técnicamente cerrados desde los últimos 3
años, los cuales no han sido desincorporados del gremio
por mantener viva la llama de la esperanza y darles un auxilio
con créditos y asistencia técnica. (Diario El
Impulso, 13-06-2002).

El agravamiento de la crisis económica, junto a
los efectos del paro cívico iniciado en diciembre de 2002,
y al control de cambio instaurado por el Poder Ejecutivo, hacen
suponer un empeoramiento del nivel de actividad descrito por el
referido dirigente gremial larense.

Vale destacar en el estado Lara, la presencia de
organizaciones comunitarias, cooperativas y de acción
social con una amplia trayectoria en el trabajo social y en la
conformación de redes productivas, en el caso de
CECOSESOLA y las Ferias de Consumo Familiar, así como
otras organizaciones no gubernamentales, que reflejan la
existencia de elementos culturales, y de un perfil
económico de la entidad, con vocación
agroindustrial y especialmente comercial, propicio para la
actividad cooperativa, comunitaria y microempresarial.

Ese ámbito de lo que Moreno Contreras (2002)
denomina el "Tercer Sector", el cual adopta formas de
organización y participación más allá
del Estado y del mercado, tiene una presencia notable en la
entidad regional, corroborando lo expresado en torno a la
fructífera actividad cooperativa, comunitaria y
microempresarial que en ella se realiza. Muestra de ello, lo
constituye el listado de organizaciones, entes e instituciones
incluido en el "Directorio de la Alianza Social 2001", editado
por la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria
(Venacham) correspondiente estado Lara, el cual da cuenta de 29
organizaciones que bajo la figura de Asociaciones civiles,
Fundaciones, Juntas ambientalistas, organizaciones no
gubernamentales, sociedad de amigos, entre otras, realizan una
importante labor en áreas de salud, ambiente,
rehabilitación, educación, formación,
microempresas, planificación familiar y acción
social en general.

En este contexto, instituciones como FUNDEME y
FUNDAPYME, vinculadas administrativamente a la Gobernación
del Estado Lara y dedicadas al apoyo financiero a
microempresarios, sin incluir a otras organizaciones no oficiales
presentes en la entidad, conforman un escenario institucional
propicio para analizar la opinión de gerentes
públicos responsables en ésta área de
actuación en torno a la economía informal, a objeto
de proveer insumos para una reflexión seria y
sistemática de las políticas microempresariales, su
diseño, valores e impacto, en el marco de la actual
coyuntura nacional.

Ello, en el entendido de que los valores, posturas o
juicios reflejados en la opinión de dichos funcionarios
referida a la realidad sobre la cual buscan actuar, puede
evidenciar una concepción que, eventualmente, se
constituiría en un obstáculo o limitante en la
eficiente administración de la política
microempresarial a su cargo, y al logro cabal de las finalidades
generales del organismo oficial respectivo y de los programas
desarrollados por el mismo.

Objetivos de la
Investigación