El Presidente y el comediante. Los medios en el gobierno de Vicente Fox (página 2)

Al presidente Fox le tuvo sin cuidado -o al menos eso se
empeñó en decir- la información y la opinión en la
prensa
escrita. Lo suyo, y no sólo como gobernante sino como
consumidor
mediático él mismo, era la
televisión. En varias ocasiones, para justificarse,
esgrimió la peregrina tesis sobre la
presencia en la sociedad
mexicana de un bloque enterado y crítico aunque
minoritario y otro, desinformado pero con la absolución de
las mayorías. En México
"existe el pequeño círculo rojo, periódicos,
analistas, comentaristas, que no representan más de dos
millones de gentes en México. Y tenemos el círculo
verde, 98 millones de ciudadanos y ciudadanas que piensan libre,
que piensan en un cambio" le
dijo en 2000 a la periodista María Elena Salinas, de
Univisión. En varias ocasiones el presidente Fox
repitió ese concepto.

Por eso cuando le señalaban tropiezos de
dicción, examinaban posibles abusos de sus familiares o
subrayaban errores de su gobierno, el
presidente simplemente se enojaba con los periódicos. A
fines de octubre de 2001, cuando los reprendía por la
falta de suficientes resultados en su desempeño, les dijo a los miembros de su
gabinete: "Hemos estado bajo
una metralla impresionante de ataques por una sarta de babosadas
que no tienen la menor importancia para nuestro país". Si
no la tenían era extraño que se ocupara de tales
versiones. Pero resultaba evidente que ante esos
cuestionamientos, por lo demás crecientemente punzantes,
el presidente Fox se contrariaba y se hacía más
refractario a la crítica
que ofrecían los medios de
comunicación.

Fox desdeñaba a los medios
impresos pero en su administración nunca dejó de haber
preocupación por lo que decían. En términos
generales hubo libertad para
el ejercicio de la prensa pero, en más de una
ocasión, desde las oficinas presidenciales surgieron
amagos contra periodistas y medios que incomodaban a Fox o a
gente cercana a él. En agosto de 2001 la esposa del
presidente, Marta Sahagún, intervino para que el diario
Milenio destituyera a su director, el periodista Raymundo
Riva Palacio. Ese periódico
había publicado varias notas acerca de abusos y posibles
negocios no
lícitos en el entorno del presidente. En cambio con los
medios
electrónicos, y especialmente con la televisión privada, no era desde el
gobierno sino desde la parte empresarial en donde se dictaban la
agenda y las decisiones de esa relación. En tres notorios
casos se manifestó esa subordinación del
Presidente: en el conflicto
alrededor del canal 40, en el decretazo de octubre de 2002
y con la llamada "Ley Televisa"
durante el último año de su gestión.

Ante canal 40:
¿Yo? ¿Por qué?

   En un panorama dominado por los dos acaparadores
consorcios de la televisión
mexicana la existencia del Canal 40 constituía un
contrapunto a menudo saludable, especialmente en el terreno de
las noticias.
Desde que comenzó a transmitir en junio de 1995 y con
especial pujanza en los primeros años del gobierno de Fox,
el Canal 40 se había convertido en una alternativa para
los televidentes interesados en tener otro ángulo
informativo. Con pocos recursos
financieros y técnicos pero con imaginación y
libertad, el noticiero nocturno que conducían Denise
Maerker y Ciro Gómez Leyva recogía voces e
imágenes de actores sociales habitualmente
segregados en los medios nacionales.

   La influencia pública del Canal 40 de
la empresa
Corporación de Noticias e Información, CNI,
resultaba superior a su cobertura, fundamentalmente acotada al
Valle de México. Quizá por eso suscitó la
codicia o la rivalidad de las grandes televisoras. Cuando en 2002
CNI contrató los derechos para transmitir 40
partidos del Mundial de Futbol que se
realizaría en Japón y
Corea, Televisa emprendió una campaña de presiones
que incluyó la exclusión de ese canal del sistema satelital
Sky que es propiedad de
dicho consorcio. Pero el conflicto más difícil, que
terminaría por abatirlo como una opción distinta en
el dial de la televisión, fue el que Canal 40 tuvo con
Televisión Azteca.

   Necesitado de capital el
propietario de CNI, Javier Moreno Valle, pactó en julio de
1998 una alianza con Azteca. Esa televisora se encargaría
de comercializar y en parte de programar los horarios no
preferentes de Canal 40 a cambio de comprar el 10% de las
acciones de
CNI. El acuerdo incluía un préstamo de 25 millones
de dólares que Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV
Azteca, le hacía al Canal 40.

   El trato no funcionó y el dueño del
40 lo dio por terminado dos años más tarde.
Televisión Azteca anunció, entonces, que
ejercería el derecho de compra que le otorgaba el contrato suscrito
con Moreno Valle. Con tal propósito, entabló contra
ese empresario una
demanda por
100 millones de dólares. El litigio siguió un
tortuoso desarrollo en
tribunales nacionales e internacionales y en diciembre de 2002
una Corte de Arbitraje en
París expidió un fallo tan confuso que las dos
empresas
anunciaron que habían ganado la querella.

   Después de dos años de pleito
legal, el dueño de Televisión Azteca quiso
suplantar a la justicia. Con
aquella resolución como coartada, la madrugada del viernes
27 de diciembre de 2002 un comando enviado por Salinas Pliego
asaltó las instalaciones desde donde transmitía el
Canal 40 en el cerro del Chiquihuite, al norte de la ciudad de
México. Cerca de 30 elementos de seguridad, con
los rostros cubiertos y armas de fuego,
llegaron hasta la caseta bajo la antena transmisora, amordazaron
a los siete trabajadores del Canal 40 que la tenían a su
cargo y les obligaron a firmar un documento en donde se
decía que entregaban esas instalaciones sin violencia.
Luego les dieron fajos con dinero.

   Los trabajadores presentaron una denuncia en la
Procuraduría General de la República. Canal 40 hizo
lo propio en vista de que se trataba del despojo a una
instalación que funciona en virtud de una concesión
federal. Mientras tanto Televisión Azteca comenzó a
transmitir, en la señal del 40, una programación originada en sus estudios al
pie del Ajusco.

   Era un robo con ventaja y alevosía. El
diferendo de carácter financiero motivado por un adeudo
que CNI siempre reconoció, fue resuelto por Salinas Pliego
con una medida gangsteril. La Corte de París había
dictaminado que ese empresario podía ejercer su derecho a
comprar otra porción de las acciones de CNI pero de
ninguna manera dijo que la empresa ya era
suya. Sin embargo el dueño de Azteca consideró que
con eso bastaba para apropiarse de la frecuencia. La acción
que emprendió para ello fue tan culposa que se
perpetró de madrugada y en los últimos días
del año para evitar reacciones desfavorables en la
prensa.

   Aunque se trataba de los últimos
días del año, el gobierno federal tendría
que haber reintegrado las instalaciones del Canal 40 a su
propietario legítimo. Pero no sucedió así.
En la secretarías de Comunicaciones
y Transportes y de Gobernación nadie reaccionó
durante más de una semana porque los principales
funcionarios estaban de vacaciones. El 6 de enero de 2003 por la
mañana, cuando el presidente Fox recorría la sala
de prensa en Los Pinos el periodista Roberto López, de
Canal 40, le pidió que interviniera para resolver el
litigio contra ese medio. Fox siguió de largo sin hacerle
caso pero otros reporteros insistieron para que expresara su
posición sobre tal asunto. El presidente respondió
entonces: "¿Yo? ¿Por qué?".

   Esa frase sintetizó la actitud del
gobierno de Fox en numerosos terrenos de la vida pública,
incluyendo su política
mediática. Diez días después del atraco
el presidente consideraba que su intervención no
hacía falta.

   Televisión Azteca inició en la
señal del 40 una nueva programación que solamente
duró un día. El gobierno federal, a pesar de la
reticencia del presidente, intervino las instalaciones y
suspendió toda transmisión. Esa, igual que otras
medidas que la
administración de Fox tomó durante el
conflicto, perjudicaban fundamentalmente a CNI porque al privarlo
de la posibilidad de transmitir el canal perdía recursos
financieros. El 27 de enero, un mes después de la ilegal
ocupación, el Canal 40 recuperó su antena y pudo
reanudar transmisiones gracias a la decisión de un juez.
El gobierno se abstuvo de tomar medidas para que se cumpliera la
ley: simplemente se replegó hasta que el Poder Judicial
reconoció el derecho de CNI a transmitir en la frecuencia
que tenía concesionada.

   El desacuerdo entre esa empresa y
Televisión Azteca prosiguió en los tribunales. El
ahogo financiero colocaba a CNI en una situación cada vez
más difícil. Moreno Valle tenía un proceso
abierto por adeudos fiscales. El 40 estaba proscrito para recibir
publicidad
gubernamental. A sus trabajadores la empresa les debía
varios meses de salarios.

   El 19 de mayo de 2005 el Sindicato de
Trabajadores de la Industria de
la Radio y la
Televisión, STIRT, del cual formaban parte los
trabajadores del 40, estalló una huelga y el
canal quedó fuera del aire. La demanda
por el pago de salarios era evidentemente justa pero fue
aprovechada para precipitar la crisis de CNI.
Dos meses más tarde Moreno Valle consiguió que la
empresa estadounidense General Electric le hiciera un
préstamo de 5 millones de dólares con el cual
esperaba saldar sus adeudos con los trabajadores y lograr la
reanudación de actividades. Aunque no era ilegal, el
gobierno federal se opuso a que el mencionado consorcio se le
prestara ese dinero a Moreno Valle. La legislación
mexicana prohíbe la participación de extranjeros en
la propiedad de empresas concesionarias de radio o
televisión pero el crédito
no era a cambio de acciones sino, aparentemente, del compromiso
para difundir en la frecuencia del Canal 40 parte de la
programación de la cadena estadounidense Telemundo, filial
de General Electric. La Confederación de Trabajadores de
México, a la que está adherida el STIRT,
anunció que la huelga no se levantaría si la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes no garantizaba
que el dinero de
General Electric con que se pagarían  los salarios
atrasados no ponía en riesgo la
concesión del Canal 40. Esos subterfugios buscaban
mantener la crisis de CNI.

   La Secretaría tardó medio
año para responder que no contaba con información
suficiente que le permitiera emitir una opinión al
respecto. Unos días más tarde TV Azteca
anunció que pagaría los salarios caídos de
los trabajadores del 40. El 21 de febrero de 2006 esa frecuencia,
operada por Azteca, reinició sus transmisiones. El
diferendo legal no había concluido pero el consorcio de
Salinas Pliego se había apoderado nuevamente de la
señal del 40 aunque la titularidad de la concesión
seguía siendo de CNI. En la nueva programación
participaron algunos periodistas que habían colaborado con
la anterior etapa del Canal y algunas series fueron coproducidas
por Azteca y el diario El Universal. Aunque la
rehabilitación de la señal se realizó
transgrediendo la ley, el lema que TV Azteca acuñó
para la nueva etapa del canal era Proyecto 40, por un
México libre.

Decretazo propicio a las
televisoras

   Unas semanas antes del asalto de TV Azteca al
Chiquihuite, el presidente Fox había ofrecido una
todavía más palmaria expresión de
sujeción al interés
privado en el campo de los medios. La tarde del 10 de octubre de
2002 el Diario Oficial de la Federación
publicó un decreto presidencial en donde reducía al
10% el tiempo del
cual dispone el Estado en
las estaciones concesionadas de televisión y radio. De
manera simultánea se expedía un nuevo reglamento
para la Ley Federal de Radio y Televisión.

   Ambos ordenamientos fueron elaborados y
promulgados de acuerdo con el interés de los
radiodifusores privados. El "tiempo fiscal" que
debían pagar a consecuencia de una disposición
aprobada a fines de 1968 y que ascendía al 12.5% del total
de sus espacios había constituido, desde tiempo
atrás, una de las principales molestias de las empresas de
radio y televisión. Sus dirigentes más recientes,
además, hicieron de ese asunto un tema álgido cuya
persistencia cohesionaba y le daba una bandera al organismo que
los reúne, la Cámara Nacional de la Industria de la
Radio y Televisión.

   Durante años esos empresarios dijeron que
la obligación para entregarle al Estado el 12.5% del
tiempo de transmisiones de sus emisoras los empobrecía y
les limitaba la posibilidad de vender espacios publicitarios
aunque, en realidad, las estaciones más importantes ya
vendían todo el tiempo de publicidad -y a menudo
más- que les permitía difundir la
legislación en esa materia.
Además una porción importante del "tiempo fiscal"
se encontraba en horarios de baja audiencia, por las tardes e
incluso en las madrugadas. Por otra parte en diversas ocasiones,
cuando alguna institución gubernamental o estatal
decidía hacer uso de esa prerrogativa, los radiodifusores
hacían todo lo posible para regatear e incluso negar ese
tiempo. Cuando se realizaron las campañas electorales de
2000, durante varias semanas la CIRT se rehusó a difundir
los mensajes del Instituto Federal Electoral para promover el
voto entre los ciudadanos. 

   Así que aunque no tenía un valor
especialmente significativo en pesos y centavos, el "tiempo
fiscal" era una bandera ideológica y política que los
radiodifusores más poderosos esgrimían como parte
de su relación con el gobierno. Por eso a la directiva que
estaba a punto de dejar la conducción de la CIRT
encabezada por Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa,
le interesaba que el 12.5% despareciera o al menos quedase
sustancialmente cancelado para, con ello, obtener un triunfo que
los reivindicara ante los agremiados de esa Cámara.

   El propio Gómez, de acuerdo con
testimonios publicados y que nunca fueron desmentidos,
propició la redacción y cabildeó la
aprobación del decreto que modificó aquel 12.5% y
del reglamento de la Ley Federal. Algunas versiones aseguraron
que esos documentos fueron
discutidos y afinados por funcionarios de Televisa y por Marta
Sahagún, la esposa del presidente, en la cabaña en
donde vivían los Fox en Los Pinos. El presidente o su
esposa tenían prisa para que esos ordenamientos fueran
aprobados porque querían entregárselos como regalo
a Gómez, que el 10 de octubre concluiría su
gestión como directivo de la CIRT. Por eso, de manera
inusitada, el Diario Oficial publicó una edición
vespertina que estuvo impresa a tiempo para la asamblea de esa
Cámara.

   En el Decreto presidencial de esa fecha el 12.5%,
que equivalía a 180 minutos diarios en las emisoras que
transmiten de manera continua, quedó disminuido a 18
minutos diarios en las televisoras y a 35 minutos diarios en las
estaciones de radio. Gracias a ese decreto del presidente Fox el
país perdió el 90% y más del 80%,
respectivamente, del tiempo que el Estado tenía derecho a
utilizar en tales medios. El Decreto, además, asignaba el
tiempo fiscal únicamente para beneficio del gobierno
federal excluyendo, así, a numerosas instituciones
del Estado -el Poder Judicial y
el Congreso, gobiernos estatales y municipales, IFE, partidos
políticos, universidades públicas entre otras-.
Meses más tarde el propio Congreso de la Unión
modificó esas discriminatorias disposiciones.

   El Reglamento cambió, siempre en beneficio
de los radiodifusores privados, algunas normas para
aplicar la Ley Federal que había sido promulgada en 1960.
Los tiempos autorizados para difundir publicidad serían
más flexibles, se disminuyó (del 10% al 5%) el
tiempo que del total de su programación cada
estación debe dedicar a emisiones en vivo y se
estableció un aparente derecho de réplica que no
fue tal porque solamente podría ejercerse cuando un
material difundido en televisión o radio y que fuese
considerado falso no citara la fuente (es decir, si se transmite
una calumnia o una mentira pero se
menciona de dónde se tomó esa información el
afectado no tendría derecho a responder a tales
imputaciones).

   El decretazo del 10 de octubre, que fue
como sus impugnadores en distintos medios y el Poder
Legislativo denominaron a los documentos expedidos ese
día por el Presidente de la República, resultaba
aun más ominoso debido a que desde marzo de 2001, a
instancias de la Secretaría de Gobernación, se
había mantenido una "Mesa de Diálogo"
que discutía una reforma legal para la
radiodifusión. Durante más de año y medio,
reunidos en ocho grupos de
trabajo que en
total sostuvieron 57 sesiones, representantes de docenas de
organismos profesionales, empresariales, gremiales,
políticos y académicos habían llegado a
significativos acuerdos para reformar la Ley de Radio y
Televisión (1). La
inopinada expedición del Decreto y el Reglamento del 10 de
octubre terminaron con esa construcción de consensos. A la
mayoría de los participantes en esas reuniones les
pareció que el gobierno federal se había burlado de
ellos cuando, al mismo tiempo que los convocaba para discutir
modificaciones legales, expedía una normatividad en
beneficio de los radiodifusores privados.

Difíciles
esfuerzos de reforma legal

   La mayor parte de los organismos sociales que
habían participado en aquellas deliberaciones resolvieron
proseguir, por su cuenta, con ese trabajo. El resultado fue la
propuesta para crear una nueva Ley de Radio y Televisión
que esos grupos entregaron el 4 de diciembre de 2002 en la
cámaras de Diputados y Senadores. Con el fin de que
pudiera ser presentada de manera formal 64 senadores, encabezados
por Javier Corral Jurado del PAN y Raymundo Cárdenas
Hernández del PRD, suscribieron esa iniciativa.

   Aquella propuesta de ley establecía
límites
a la concentración de muchos medios electrónicos en
pocas manos, reivindicaba derechos sociales como el de
réplica delante de los medios de
comunicación, proponía la creación de un
organismo autónomo para regular a la radiodifusión,
garantizaba seguridad jurídica en el otorgamiento de
concesiones y planteaba un régimen legal específico
para los medios del Estado y los de carácter social. La
iniciativa fue turnada a dos comisiones senatoriales.

   Durante todo 2003 los senadores que simpatizaban
con la posibilidad de emprender una reforma completa para la
radiodifusión estudiaron esa y otras propuestas. Los
grupos de radiodifusión más poderosos, encabezados
por Televisa, se oponían a una nueva ley que limitase el
manejo prácticamente discrecional que, por décadas,
habían mantenido en los medios concesionados. Ese rechazo
y especialmente el temor de las direcciones de los partidos
políticos a desafiar al poder de Televisa propició
que la discusión sobre la posible ley quedara estancada
hasta que, entre las últimas semanas de 2004 y las
primeras de 2005, renació el interés por el tema.
En distintos foros legislativos y académicos se
contrastaron pros y contras de una nueva propuesta elaborada en
las comisiones senatoriales que habían analizado las
opciones legales para la radiodifusión.

   La nueva iniciativa de ley de Radio y
Televisión proponía la creación de un
Consejo integrado por cinco especialistas que tendría
autonomía funcional y financiera para asignar concesiones
y vigilar la aplicación de esa ley. Existiría un
límite del 35% para la posesión de concesiones en
una misma plaza y por parte de una misma empresa. Ese criterio se
aplicaría para el otorgamiento de nuevas licencias y no
implicaría quitarle a empresas como Azteca y Televisa las
que ya tenían. Los medios no comerciales tendrían
respaldos financieros establecidos legalmente, sus directivos no
podrían ser sustituidos por los gobiernos en turno y
tendrían espacios de participación social para
orientar y evaluar sus programaciones. Habría mecanismos
para alentar la producción radiofónica y televisiva,
en especial la que fuese elaborada por empresas independientes.
Se garantizaba el derecho de réplica en televisión
y radio al mismo tiempo que se brindaban seguridades para el
ejercicio de la libertad en la radiodifusión.

   Esa iniciativa recibió la adhesión
de centenares de cineastas, productores, artistas, periodistas,
profesores de comunicación y legisladores federales y
locales que la consideraron pertinente a la vez que posible. Sin
embargo la presión de
las televisoras impidió, reiteradamente, que fuese
dictaminada en las comisiones senatoriales que debían
revisarla. Hacia el primer trimestre de 2005 la propuesta de Ley
quedó congelada en el Senado.  

Ley Televisa

   La posibilidad de modificar la Ley de Radio y
Televisión había sido desechada por sus principales
impulsores cuando, a fines de 2005, una nueva iniciativa
planteó reformas muy distintas. El 1 de diciembre la
Cámara de Diputados aprobó serie de reformas a las
leyes
federales de Telecomunicaciones y Radio y Televisión. La
celeridad con que fue avalada esa iniciativa, sin discutirla
siquiera, propició que se le conociera como la reforma
de los siete minutos porque ese fue el tiempo que requirieron
los diputados para votarla por unanimidad. El sesgo que
definía a sus contenidos, pensados todos para favorecer a
las empresas que ya tenían concesiones de
radiodifusión, permitió que se le denominara Ley
Televisa.

   La propuesta inicial para esas reformas
había sido presentada por Miguel Lucero Palma, diputado
del PRI a quien no se le conocía especial interés
ni experiencia acerca de la regulación de los medios.
Distintas versiones confirmaron, más tarde, que la
iniciativa había sido redactada y promovida por Televisa.
El más importante de los cambios que implicaba era la
autorización a las empresas de radiodifusión que ya
tuviesen concesiones de televisión o radio para que en
tales frecuencias, además de señales
de esa índole, pudieran transmitir servicios de
telefonía, datos o Internet. La tecnología digital
permite que en el mismo ancho de banda en donde hasta ahora se
habían difundido solamente señales de
radiodifusión, se puedan conducir además otros
servicios. En todo el mundo el empleo de las
bandas de radiodifusión para propagar telecomunicaciones
adicionales es motivo de ventas o
licitaciones. El espectro radioeléctrico es un recurso
limitado y por ello especialmente costoso. En México la
Ley Televisa estableció que a los radiodifusores ese
beneficio adicional les resultara gratis. Una de las reformas
indicaba que la Secretaría de Comunicaciones "podrá
requerir" una contraprestación por esa utilización
adicional de las frecuencias. Al dejar a juicio de la autoridad no
sólo el monto sino antes que nada la decisión misma
de cobrar una participación específica por esa
explotación, la Ley Televisa propició una nueva y
arriesgada discrecionalidad en el gobierno.

   La Ley Televisa asignó la
regulación de la radiodifusión a la Comisión
Federal de Telecomunicaciones cuyos cinco integrantes, designados
por el Presidente de la
República, podrían ser objetados por el Senado.
Ese organismo tendría entre otras tareas la
organización de licitaciones para asignar nuevas
frecuencias de radiodifusión. Sin embargo cada una de sus
principales atribuciones quedó supeditada a la autoridad
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es
decir, la Comisión de Telecomunicaciones así
diseñada no contaría con verdadera autonomía
para tomar decisiones.

   La licitación de concesiones
tomaría como elemento principal la capacidad
económica de los solicitantes: más dinero,
más frecuencias era la fórmula detrás de
esas modificaciones. Y a los medios de carácter estatal o
social se les marginaba al no reconocer sus necesidades y
condiciones específicas, así como al impedirles que
pudieran aprovechar sus frecuencias de radiodifusión para
conducir otros servicios de telecomunicaciones -a diferencia de
las emisoras comerciales a las cuales se les dio carta blanca para
emprender esos negocios adicionales-.

   La Ley Televisa fue intensamente discutida. El
Senado organizó audiencias en donde la gran mayoría
de participantes se expresaba de manera adversa a esa contra
reforma. Durante los primeros meses de 2006 el rechazo a dicha
iniciativa cohesionó a centenares de escritores,
productores, artistas y periodistas así como a
legisladores de todos los partidos. El 30 de marzo,
después de una discusión inusitada por los variados
foros en donde se expresó y el espíritu
crítico que orientaba aquellas deliberaciones, el Senado
la aprobó con 81 votos a favor y 40 en contra. Los
argumentos contra esa propuesta fueron desestimados por la
mayoría senatorial. Los dirigentes nacionales y los
candidatos presidenciales del PRI y del PAN habían
promovido el voto favorable de sus senadores para, así,
congraciarse con Televisa especialmente en la temporada de
campañas que estaba desarrollándose en aquellas
fechas. No obstante ese compromiso político la tercera
parte del Senado, con legisladores de todos los partidos
nacionales, votó contra esas reformas.

   Ante la Ley Televisa el presidente Fox mantuvo un
disciplinado silencio. Aunque dentro de su gobierno había
posiciones en contra de esa reforma -durante varios meses la SCT
entregó a diversos medios documentos en los que se
demostraban riesgos y
contradicciones de esas modificaciones legales- el titular del
Ejecutivo la promulgó el 11 de abril. 47 senadores
presentaron ante la Suprema Corte un recurso para que esa reforma
fuera declarada inconstitucional.

   Varios meses después de su
promulgación la Ley Televisa seguía siendo
discutida dentro y fuera de las instancias judiciales. El
presidente no parecía inquietarse por ese cuestionamiento
a las reformas de Ley. La radiodifusión le había
dado algunas de las pocas satisfacciones que pareció
disfrutar durante su sexenio, como cuando se hacía pasar
por Ponchito.

(1) Un detallado recuento de
esos trabajos fue realizado por Irma Ávila Pietrasanta,
Aleida Calleja Gutiérrez y Beatriz Solís Leree en
No más medios a medias. Participación ciudadana en la
revisión integral de la legislación de los medios
electrónicos. Senado de la República y
Fundación Ebert, México, 2002.

Autor:

Raúl Trejo Delarbre

servidor.unam.mx

Investigador en el Instituto de Investigaciones
Sociales de la UNAM.

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