Radiotelevisión española: Gran oportunidad para un auténtico servicio público (página 2)

Desde meses antes de publicar el Informe, pero
sobre todo desde su entrega oficial, se desató una feroz
campaña de ataques por parte de algunos medios de
comunicación españoles
(especialmente, los grupos de
Planeta, Vocento, Berlusconi y El Mundo, del grupo
Agnelli), de sus editoriales, tertulianos y columnistas, pero
también de sus informaciones concertadas. El debate
ciudadano era lógico por la naturaleza de
los asuntos tratados, pero,
en muchos casos, se constató una estrategia de
descalificaciones absolutas, no ya al informe en sí, sino
también y para mejor destruirlo, al prestigio y hasta al
sentido común de los miembros del Consejo, pese al
incontestable historial de muchos de ellos. Algunos diarios se
dedicaron a mi persona en
particular, para asegurar que no era periodista (tras doce
años de profesión, veinticinco de profesor de
comunicación y veinte de fundador-director de una revista de
comunicación) o, al menos, que "no estaba en activo" (como
asegura Varela), e incluso que no sabía nada de televisión (tras trece libros y
cientos de artículos sobre la materia).

En la curiosa alianza de fuerzas organizada contra el Informe,
se pudo verificar que, junto a la presencia de periodistas y
medios de honda raigambre franquista, se situaban autores
neoliberales extremistas que no ocultaban su burda idea de que
-parafraseando un lema indigno- la mejor televisión
pública era "la
televisión pública muerta". En medio, se
encontraban grupos multimedia
frustrados que esperaban la subasta de los medios
públicos. Pero los arietes fundamentales de esta
campaña han sido economistas neoliberales "talibanes", y
periodistas económicos que seguían una línea
extremista, según la cual la razón económica
y el mercado son la
regla incontestable de todas las relaciones sociales. Para ellos,
el 40 por ciento de la audiencia en manos del servicio
público era una ofensa a la "libertad de
mercado" (como indica Varela). Algunos periódicos y
confidenciales digitales, incluyendo weblogs en
España
curiosamente dominados ideológicamente por la ultraderecha
y, en términos económicos, por periodistas
neoliberales que buscan las migajas de los grandes grupos,
agitaron esta estela (entre ellos, el de Varela). En cambio, el
despilfarro y los clientelismos políticos de las cadenas
privadas abiertas, su violación sistemática de la
normativa publicitaria europea, o su resistencia a
apoyar la producción cultural española, no
merecieron nunca su atención.

En realidad, esta falta de información, concertada en las secciones de
noticias y de
opinión, sobre el diagnóstico del Consejo, venía a
avalar las grandes conclusiones iniciales del Informe, destacando
por contraste el valor para un
país democrático de medios públicos que
garanticen una información veraz y plural, por encima de
toda sospecha de intereses particulares.

Programación de calidad

El Informe está a disposición pública
para comprobar su contenido (www.presidencia.gov.es,
www.mpr.es/gabprensa, www.lamoncloa.es). Las actividades y
misiones del servicio público ocupan más de 50
páginas de líneas maestras concretas que debe
seguir el servicio público para definirse de forma
integral -porque no cabe hablar de géneros privativos del
servicio público o de la vertiente comercial-. Su oferta central
contempla una programación de calidad, estética y ética, en
todos los géneros y para todos los ciudadanos, pero con
instrucciones concretas de atención especial a las
minorías más inermes de la sociedad, y a
los problemas
sociales más candentes.

Además, se limita estrictamente la publicidad, para
impedir que presione a la baja sobre los contenidos del servicio
público. Y, en materia de producción, se busca
potenciar la creación y la productividad
interna, potenciando la descentralización territorial de acuerdo
con las tradiciones y ventajas comparativas de cada centro
regional, pero conciliando esta actuación con un papel
más destacado en el fomento de la producción
audiovisual independiente, del cine
especialmente, y de las Industrias
Culturales en general.

También se establece, por vez primera en España,
la aplicación del derecho de acceso de los grupos
sociales significativos por mandato de la Constitución (artículo 20.3) y nunca
desarrollado, con un Consejo Asesor que orientará este
derecho. Los propios informadores audiovisuales, organizados en
Consejos de redacción y dotados de un Estatuto
negociado, se encargarán de proteger la independencia
informativa y editorial de los medios públicos.

RTVE en la era
digital

Un capítulo completo se ocupa, en el Informe, del papel
de RTVE en la era digital, del que se predica un rol de liderazgo
estratégico, como puerta fundamental para lograr una
Sociedad de la Información para todos los ciudadanos,
especialmente en la radio y la
televisión
digital terrestre que, en ausencia de desarrollo e
inversiones
privadas, todos los agentes del sistema han
caucionado, incluyendo la oferta de potentes servicios
interactivos y un gran portal de servicio público en
Internet.

Los organismos gerenciales de estas sociedades
están minuciosamente pensados para impedir el
intervencionismo gubernamental y las cuotas partidistas. Para
ello, los ocho miembros del Consejo de Administración, elegidos a su vez por
diversas instancias para garantizar su pluralismo (Parlamento,
Consejo Audiovisual, sindicatos
más representativos) deben tener perfiles profesionales
incuestionables en comunicación, y gozar de mandatos
irrevocables e improrrogables que refuercen su independencia. El
papel del Parlamento es respetado, como representación
genuina de los ciudadanos, pero los consejeros nombrados por
él deben ser propuestos por la mitad de los grupos
parlamentarios y elegidos por dos tercios de los votos, lo que
hará imposible las cuotas partidistas. Finalmente, los
directores generales deben ser nombrados y controlados en sus
resultados por esos Consejos, tras una convocatoria
pública, perdiendo así su actual carácter político.

Esta arquitectura de
contrapesos y controles viene complementada esencialmente por un
Consejo Audiovisual de ámbito estatal, demandado desde
hace años pero todavía inexistente en
España, caso insólito y único respecto a los
otros 14 países de la Unión
Europea. Autoridad
plenamente autónoma, organizativa y financieramente,
deberá controlar cada año el cumplimiento estricto
de las misiones de servicio público, además de
regular y vigilar el funcionamiento armónico de la
radiotelevisión privada.

En el campo financiero, y tras la asunción de la deuda
histórica de acuerdo con los compromisos gubernamentales
con Bruselas, se propone un modelo estable
y sostenible, con prohibición estricta de nuevo
endeudamiento financiero. Así, y junto a la
autolimitación paulatina de la captación de
publicidad, se propone la asunción transparente por los
presupuestos
generales del Estado del
coste neto del servicio público, en cantidades asumibles
por España.

No es de extrañar que, frente a este contenido, algunos
grupos mediáticos españoles mostraran su
conciencia y
voluntad de destrucción depredadora, a escala regional,
de un modelo audiovisual europeo singular acorde con su modelo
social. De ahí, la sordina puesta por muchos medios a la
declaración solemne de la Unión Europea de
Radiodifusión, que representada por los máximos
directivos de la BBC, France Télévisions, ARD y ZDF
de Alemania y la
RAI, expresó en Madrid, en
enero de 2005, su apoyo a la reforma de RTVE en España: la
radiotelevisión pública europea, dijeron, juega "un
papel vital para la democracia, la
cohesión social, la diversidad cultural, el pluralismo y
la construcción de un espacio de
comunicación abierto a todos"; y esperaban en consecuencia
que el proceso de
reforma emprendido por RTVE "le permita reforzar su estatus y
proyección como radiotelevisión de servicio
público y propiciar una sociedad más
democrática, libre y socialmente justa".

Una reforma profunda
de RTVE y del sistema audiovisual completo

Sea por resignación ante la voluntad política o por
cálculos oportunistas sobre la reforma, la mayor parte de
los medios españoles ha aceptado en los últimos
meses, con escasa reacción negativa, el plan integral de
reforma del audiovisual planteado por el Gobierno. En
efecto, el ejecutivo español ha
anunciado ya la asunción de la deuda histórica de
RTVE, y ha presentado al Parlamento un proyecto de
ley de reforma
de RTVE que recoge expresamente las recomendaciones sustanciales
del Informe, ya en tramitación en el Congreso. En camino
viene asimismo otro proyecto de Ley que instaura el Consejo
Audiovisual Estatal, que vigilaría el cumplimiento de las
misiones de servicio público, además de orientar y
controlar el conjunto del audiovisual español, incluyendo
el sector privado. Finalmente, un proyecto de Ley Audiovisual
armoniza la regulación del sistema radiotelevisivo, hoy
disperso en más de una docena de leyes
contradictorias e inoperantes, con un Título (III)
dedicado a delimitar el servicio público en todos sus
ámbitos (estatal, regional y local).

Ciertamente, y pese a la inequívoca voluntad
política del Gobierno a favor de la independencia y
fortalecimiento del servicio público, no todo es perfecto
en esos proyectos. La
ampliación del Consejo de Administración (de ocho a 10 miembros) y el
añadido de perfiles tecnocráticos (de gestión
pública o privada) pueden reintroducir prácticas de
cuoteos partidistas, aunque la mayoría reforzada
parlamentaria lo haga más difícil. En otro orden,
el anteproyecto de
Consejo Audiovisual no contempla la capacidad plena de este
organismo de conceder las licencias privadas de radio y
televisión ("informes
preceptivos, pero no vinculantes"), lo que seguiría
situando a éstas bajo sospecha de clientelismo
político. Pero hay esperanzas de limar estos aspectos en
la tramitación parlamentaria. Y, por otra parte, sabemos
que los modelos
europeos más acrisolados de servicio público se
consiguieron a través de diversas etapas y
múltiples batallas prolongadas.

Como puede verse, el Informe del Consejo para la Reforma
está lejos del cajón en que Varela lo ha encerrado.
Pero, si en la política se ha dicho que no hay cosa peor
que confundir los deseos con la realidad, en el periodismo y
la
investigación comunicativa esta contradicción
entre intereses y deseos con las pruebas
empíricas produce monstruos.

Integración del
Consejo

El Consejo para la reforma de los medios de titularidad
pública estuvo compuesto inicialmente por Emilio
Lledó, como Presidente (Catedrático de Filosofía); Enrique Bustamante
(Catedrático de Comunicación Audiovisual y
Publicidad); Victoria Camps (Catedrática de Etica);
Fernando Savater (Catedrático de Filosofía) y
Fernando Lázaro Carreter (Presidente de la Real Academia
Española).

Tras el fallecimiento de este último en plena
campaña electoral, el Gobierno incorporó al Consejo
a Fernando González Urbaneja, Presidente de la
Asociación de la Prensa de Madrid.
El "asesor financiero" propuesto por el Ministerio de Hacienda,
como su propio título indica, no tenía derecho a
voto.

Enrique Bustamante, español, catedrático de
Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad
Complutense de Madrid. Ha sido vocal del Consejo para la Reforma
de los medios públicos en España (abril de 2004 a
febrero de 2005).Autor, entre otras obras, de La
Televisión Económica (Gedisa.Barcelona, 1999,
2005).

Autor:

Enrique Bustamante

Revista Chasqui
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