Radiotelevisión española: Gran oportunidad para un auténtico servicio público
- Antecedentes: La
degradación histórica de la
radiotelevisión pública en
España - Una Comisión
independiente para la reforma - Campaña feroz de
ataques - Una reforma profunda
de RTVE y del sistema audiovisual completo - Integración
del Consejo
La larga y notable trayectoria de Chasqui exige una información fehaciente sobre un proceso
emblemático de regeneración democrática del
espacio público, como el que el Gobierno español ha
emprendido con Radiotelevisión Española. Este
texto no
pretende por ello, fundamentalmente, replicar al de Juan Varela,
publicado en el número 90 de esta revista
("RTVE: Rodríguez Zapatero y sus sabios se estrellan
contra la
televisión"), cuyas tergiversaciones, ocultamientos y
frivolidades son de tal calibre que no merecen más
atención que en tanto es una muestra de las
posiciones neoliberales extremistas de algunos periodistas
españoles, sino informar con datos
comprobables por respeto a los
lectores de Chasqui.
Antecedentes: La
degradación histórica de la radiotelevisión
pública en España
El examen de la situación actual de la
radiotelevisión pública en España
requiere un mínimo recordatorio de los principales
antecedentes que explican su situación actual, y que
contextualizan, por tanto, las grandes alternativas que enfrenta
hoy la sociedad
española.
A punto de cumplir, en 2006, el 50 aniversario de la
aparición de la televisión en España, hay que
recordar, en efecto, que RTVE nació como "televisión
de régimen" de la dictadura
franquista y no de Estado, en
ausencia de toda filosofía de servicio
público, con una emisión publicitaria sin
limitaciones, sin concepción alguna de defensa de la
cultura
nacional y como instrumento de propaganda de
un régimen autoritario. Sobre la huella influyente de
estas hipotecas históricas, pueden identificarse en los 28
años de Constitución democrática nuevos
errores acumulativos que nos conducen hasta la bancarrota
reciente: el nombramiento gubernamental de los directores
generales y las cuotas militantes de los partidos en el Consejo
de Administración han determinado una gestión
clientelar respecto del poder
ejecutivo, marcada por la manipulación informativa y
el descontrol gerencial; la financiación casi total por la
publicidad
condujo, desde 1990 con la competencia
privada, al endeudamiento (avalado por el Estado)
como vía preferente de financiación, oscura pero
coherente con esa dependencia.
El resultado de tal desarrollo en
el período democrático puede ser resumido
así: Catorce directores generales en 25 años de
Estatuto (teóricamente inamovibles por cuatro años)
que constituyen todo un récord insoportable para cualquier
gestión
empresarial pública o privada (cinco solo en ocho
años del PP en el Gobierno); ausencia de todo plan
estratégico; un endeudamiento acumulado de dimensiones
macroeconómicas; y una programación comercial-competitiva extrema
en donde las señas de identidad del
servicio público se habían difuminado. Unos rasgos
que se extremaron bajo el mandato del Partido Popular, en donde
el déficit (el coste del servicio público impagado)
subió en unos 600 millones de euros por año,
mientras que la manipulación informativa
sistemática llegaba a su culminación con
ocasión de las protestas masivas contra la guerra de
Irak y los
atentados del 11-M.
Una
Comisión independiente para la
reforma
En medio del acuerdo generalizado en los últimos
años de que era necesario modificar legalmente el Estatuto
de radio y
televisión de 1980, los grandes partidos
políticos prometieron en cada sufragio una
reforma democrática que diera cumplimiento efectivo al
servicio público, para olvidar inmediatamente el asunto en
cuanto llegaban al poder. Estas
circunstancias condujeron al líder
del PSOE, en plena campaña electoral para la
votación general del 14 de marzo de 2004, a garantizar su
voluntad de hacer una reforma en profundidad de RTVE y de
renunciar, por consiguiente, a su utilización partidista
mediante el nombramiento de un Consejo independiente de los
partidos que dictaminara la reforma. Posteriormente, y tras la
victoria electoral socialista, el ya Presidente José Luis
Rodríguez Zapatero cumplió su compromiso nombrando
oficialmente al Consejo para la Reforma de los medios
públicos (23 de abril, 2004) con un plazo legal de nueve
meses para la entrega de un diagnóstico sobre la reforma de los
contenidos del servicio público, la estructura
jurídica y el modelo
financiero de los medios de
comunicación estatales.
Durante ese tiempo, el
Consejo desarrolló sus trabajos a base de una amplia
consulta a entidades sociales, con más de 80 propuestas
recibidas, a la información actualizada proporcionada por
las radiotelevisiones públicas de los grandes
países europeos, a una copiosa documentación, y a consultas y debates con
investigadores y expertos españoles reconocidos.
Finalmente, el 21 de febrero de 2005, un día
después del referéndum en España sobre la
Constitución europea, el Consejo entregó
oficialmente al Gobierno un Informe de 202
páginas, más nueve de un voto particular parcial
sobre todo a las propuestas financieras, más abundantes
anexos de dictámenes financieros y jurídicos y de
propuestas sociales.
El voto particular, de nueve folios, del vocal F.
González Urbaneja, se remitía a las propuestas
societarias y financieras del experto financiero y, aunadamente,
proponían segregar RTVE en dos sociedades,
una totalmente mercantil que debía salir a Bolsa. Los
cuatro miembros del Consejo rechazamos tajantemente esta
solución de privatización salvaje del servicio
público, idéntica a la que el Gobierno de
Berlusconi propone en Italia para la
RAI.
Campaña
feroz de ataques
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