A 20 años del juicio a las juntas militares (página 2)

Pero, al mismo tiempo, se
sancionó la Ley de Reforma
del Código
Militar, que establecía que los delitos
cometidos por el personal militar
entre 1976 y 1983 debían ser juzgados por la justicia
militar. Esta ley tenía como objetivo que
las Fuerzas Armadas condenaran a sus propios miembros y se
incorporaran, de esta forma, al proceso
democrático. Por este motivo, como los militares se
enjuiciaban por sus propias leyes, nunca se
llegaba a sentencia (o se los declaraba inocentes. Los militares
no tenían apelación fuera del contexto militar, lo
que implicaba la inmunidad de cada miembro de las Fuerzas
Armadas. No resulta ilógico entonces comprender que el 25
de septiembre de 1984, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas,
expresó en un documento que las ordenes de
represión que habían dado las cúpulas
militares eran "inobjetablemente legítimas". Teniendo en
cuenta la ley 23.049 que permitía a los tribunales civiles
apelar la decisión de la justicia militar, con la llegada
de la democracia se
propuso habilitar una instancia judicial ordinaria que permitiera
que la junta militar no fuera juzgada solamente por instancias
militares. Esta cámara fue la Cámara Federal Penal,
habilitada por una norma del Congreso Nacional. De esta forma,
los militares serían juzgados con verdadera justicia y
así el Juicio a las tres primeras juntas militares
inició sus audiencias en abril de 1985 y finalizó
el 9 de diciembre del mismo año.

Es difícil generalizar la opinión de un
partido político respecto a un tema tan serio y
conflictivo como el Juicio a las Juntas, aunque no imposible. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que hay dos momentos  en
los que se puede rescatar la opinión de estos. En primer
lugar, se planteará la opinión del partido radical
y el partido justicialista antes y durante la realización
del mismo. El partido radical apoyaba, obviamente, la
realización del Juicio, principalmente porque esta idea
era impulsada por el presidente Alfonsín, quien
también pertenecía a la UCR. Algunos sectores
del peronismo, por el
contrario, no creían que el Juicio a las Juntas era lo
mejor que podía hacerse. De hecho, la
oposición justicialista, que tenía mayoría
en el Senado, cuestionó la creación de la CONADEP,
proponiendo en cambio una
Comisión Bicameral (de diputados y senadores) para
centralizar las denuncias; por lo que se negó a
designar tres legisladores para integrar la
comisión.

 Gracias a la conservación de diarios de la
época se puede recopilar cierta información acerca de lo que pensaba cada
partido. Un titular del diario La Razón dice: "El 92 por
ciento de los porteños está de acuerdo con el
proceso a las juntas" y agrega que "el sondeo arrojó que
están a favor del juicio o lo quieren más severo el
92,3 por ciento de quienes votarán a la UCR, el 93 por
ciento de quienes elegirán al PJ, el 97,8 de los futuros
votantes del PI y el 69,2 de los de la UCD". Claro que hay que
tener en cuenta que esta encuesta se
realizó a tan solo 580 consultados de los millones de
habitantes del país. Otro titular señala que "La
JPU convoca al acto organizado por las madres" y dice: "… la
Juventud
Peronista levanta el reclamo mayoritario de juicio y castigo a
los culpables del genocidio u la barbarie…" Esto demuestra que
la Juventud Peronista sí estaba a favor del
juicio.

   Por otro lado, es necesario analizar la
posición que tomaron los distintos partidos
políticos respecto a la sentencia. Mientras que
políticos radicales se mostraron satisfechos con el fallo
de la Cámara y la sentencia en el juicio, las entidades
vinculadas con este tema criticaron con dureza lo resuelto, al
igual  que las fuerzas de izquierda. En el peronismo
existieron diversas opiniones, aunque en general se mostró
disconforme. La disconformidad y crítica
de los partidos políticos a la sentencia no se basó
en que la misma había sido incorrecta, sino en que
había sido muy leve e insuficiente. En una de las
páginas seleccionadas del diario La Razón se citan
diversos representantes de los distintos partidos que muestran
claramente los pensamientos de cada sector. Así, Leopoldo
Moreau (diputado nacional UCR) dice: "Lo que nos debe satisfacer
no es la sentencia, sino el juicio…" y Ricardo Lafferiere
agrega: "La sentencia es una demostración de generosidad
de la democracia y también de la imparcialidad de los
juicios que habían sido atacados como políticos y
sentencias preconcebidas."

Por otro lado, el Partido Justicialista expresa:
"Significa empezar a poner límites a
la impunidad de
la violencia y la
represión. Sin embargo, vemos con preocupación que
esa impunidad sigue presente en la falta de castigo a los
ideólogos y culpables civiles de la destrucción del
país."  Cardozo (miembro del PJ) dice: " Creo que la
cadena perpetua resulta insuficiente porque por un motivo de
amnistía, indulto o comportamiento
esta gente puede salir en libertad. En
cambio, en la reclusión por tiempo indeterminado
están en la cárcel hasta el fin de los
días." Por otro lado, el Partido Intransigente
también muestra su
disconformidad: "El partido comparte la decepción que le
fallo ha producido en vastos sectores de la ciudadanía (…) a la vez que no es posible
omitir una referencia al hecho de que la Cámara no haya
utilizado esta oportunidad para sentar tesis alguna
sobre el concepto de la
obediencia debida." El Partido del Trabajo y del
pueblo también trata las sentencia de tibias y critica
duramente la política de
Alfonsín, diciendo que su política de derechos humanos
conduce a la amnistía abierta o encubierta para los
responsables de los crímenes cometidos. Por último,
el Partido Humanista reconoció que fallo constituyó
un avance, aunque insuficiente, en la consolidación del
estado de derecho
en la Argentina.

  En conclusión, a excepción de la
UCR la mayor parte de los partidos políticos se
mostró insatisfecha con la sentencia. Para una mayor
comprensión se adjuntan al final del trabajo notas
periodísticas que refieren al tema. ("Fuerte impacto de la
sentencia" y "Reacciones Opuestas luego de la sentencia"
especialmente).

   Una de las ideas que Alfonsín
trató de alcanzar fue quitarle a la Confederación
General del Trabajo (CGT) el monopolio en
la representación de los derechos de los
trabajadores. Alfonsín antes y en parte de su
campaña política denunció un "pacto sindical
militar", donde se garantizaba la obediencia por amnistía.
Para tratar de quitarle esa importancia a la CGT, en febrero de
1984 la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley
sobre Reordenamiento Sindical que permitía la
creación de nuevas uniones gremiales. El
rechazo a la ley de reordenamiento y democratización
sindical agrandaría los ánimos de los
líderes sindicalismo.
Tanto a nivel de la Confederación General del Trabajo
(CGT), como de las 62 Organizaciones
Peronistas, la política sería de  gran
oposición. En ocho de los diez sindicatos
donde se elegirían autoridades triunfarían
expresiones propias del sindicalismo peronista. Las demandas y
los conflictos se
incrementarían en gran medida a través de diversas
manifestaciones de un plan de lucha
protagonizado por el Ubaldini y Miguel. Durante este
gobierno hubo 13
paros generales organizados por la CGT en defensa de los
intereses sectoriales que representaba. A pesar de los conflictos
con el gobierno, sectores sindicalistas señalaron luego de
dictada la sentencia: "las variedad de condenas demuestra la
equidad con la
que ha obrado el tribunal." 

El elemento quizás mas importante para destacar
del contexto político internacional de la época es
la llamada Doctrina de Seguridad
Nacional, que permitió la instauración de
regímenes militares en casi toda América
latina. Esta doctrina vinculaba los conflictos externos e
internos, cambiando la concepción del enemigo que
había imperado hasta entonces. Frente al objetivo inicial
de las Fuerzas Armadas de defender las fronteras ante cualquier
amenaza exterior, la Doctrina de Seguridad Nacional
establecía que la amenaza no era solo externa, sino que
podía encontrarse dentro de las mismas fronteras de la
nación.
Para esta doctrina, la infiltración de ideas diferentes a
los intereses del gobierno de facto representaba un peligro aun
mas grave que una amenaza externa, la DSN consideraba que
el Estado se
encontraba en guerra
continua permanente.

Empleando esta doctrina los Estados Unidos
consiguen unificar el accionar de las distintas dictaduras
genocidas latinoamericanas, instaladas por la CIA, como la de
Augusto Pinochet (en Chile), Alfredo Stroessner en (Paraguay), Jorge
Rafael Videla, Roberto Viola y Leopoldo Galtieri (en Argentina,
1976-1983, con 30.000 desaparecidos), el general Banzer (en
Bolivia,
1971-1978), la dinastía de los Somozas (en Nicaragua),
El Salvador
durante sus más sangrientos años de guerra civil.
Para implementar la doctrina, los Estados Unidos instalaron la
Escuela de las
Américas en Panamá.
La idea fue de impulsar el equilibrio
político en América
Latina. Allí, durante casi cuarenta años, las
técnicas más salvajes de
interrogación fueron enseñadas a militares
sudamericanos.

Esta doctrina creó y sostuvo las dictaduras en
América Latina, y es importantísimo mencionarla
dentro de este tema. Que un país rodeado por dictaduras
militares trate de alcanzar la democracia es un avance, que trate
de alcanzar a justicia lo es más aún. Es por eso
que fue tan importante el Juicio a las Juntas, porque fue el
primero en América Latina y porque evitó que la
impunidad siguiera siendo una regla.

Como se dijo anteriormente, con la llegada de la
democracia se derogó en diciembre de 1983 la "Ley de
Autoamnistía" y se dicto el decreto 158/83 que
consintió en una Orden presidencial de procesar a las
juntas militares. También, teniendo en cuenta la ley
23.049 que permitía a los tribunales civiles apelar la
decisión de la justicia militar, con habilitó una
instancia judicial ordinaria que permitió que la junta
militar no fuera juzgada solamente por instancias militares. Esta
cámara fue la Cámara Federal Penal, habilitada por
una norma del Congreso Nacional.

El fallo pronunciado por la Cámara Federal en el
Juicio a las Juntas Militares permitió que en diversos
tribunales de todo el país se abrieran nuevas causa por
los secuestros, las torturas, y los homicidios
cometidos por los militares que participaron en la última
dictadura,
independientemente de su lugar en la cadena de mandos. Se calcula
que en 1986 se habían comenzado alrededor de seis mil
juicios en los que estaban involucrados aproximadamente
seiscientos militares.

El 24 de diciembre de 1986, el Congreso aprobó la
Ley de Punto Final (Ley 23.492)  en la que se determinaba un
lapso de sesenta días corridos para presentar denuncias
contra los militares y policías involucrados en la
represión ilegal. Cualquier acción
penal iniciada fuera de ese plazo quedaría inhabilitada.
El gobierno justificó la Ley de Punto Final planteando la
inquietud que había entre los militares por la cantidad y
la demora en las causas ya abiertas.

Sin embargo, la Ley de Punto Final aceleró el
inicio de acciones
penales contra militares de todas las graduaciones. Hacia marzo
de 1987, cuando diversos tribunales de todo el país
debían citar a declarar una gran cantidad de miembros de
las FFAA, se produjeron actos de rebeldía que derivaron en
una sublevación militar. El primer alzamiento militar se
produjo el 14 de abril de 1987 y ye encabezado por los tenientes
coroneles Ernesto Barrerio y Aldo Rico. Este alzamiento
movilizó a los militares que habían obedecido
órdenes durante la dictadura militar
y se resistían a presentarse en los juzgados.

Al poco tiempo, el Congreso aprobó la Ley 23.521
de Obediencia Debida en la que se establecía que todo el
personal militar y policial que, por su graduación,
hubiera actuado bajo ordenes no podía ser juzgado por los
delitos cometidos durante la dictadura militar. Esta Ley
consideraba que estas persona
habían actuado bajo las órdenes de una autoridad
superior y sin la posibilidad de cuestionar su legitimidad. De
esta manera, la Ley de Obediencia Debida permitió anular
los juicios y las penas de centenares de personas acusadas, y, en
muchos casos ya condenadas, por crímenes que atentaron
contra los derechos humanos.

Frente a estas leyes por supuesto también hubo
distintas reacciones, pero estas fueron, en su mayoría,
hostiles a las mismas. El Partido Comunista  el Movimiento
Socialista dijeron al respecto: "Si se quiere afianzar la
democracia y ahuyentar definitivamente los riesgos de las
campañas desestabilizantes y de golpes de estado, es
imprescindible que ninguno de los crímenes quede impune".
Y Zamora añadió luego: "el eventual punto final
debería ser llamado en realidad el "premio final" que el
Gobierno otorgaría a los miles genocidas del proceso." Y
estas personas no estaban equivocadas. Por algo en el 2003 el
Senado de la Nación
dio sanción definitiva a la derogación de las leyes
de Punto Final y Obediencia Debida. Esta decisión no
tendrá incidencia jurídica porque ninguna ley se
puede aplicar a hechos ocurridos antes de su sanción. Es
por esto que no podrán ser juzgados quienes se
beneficiaron con estas leyes en la década pasada. Sin
embargo, la derogación de las mismas tiene una fuerte
repercusión política a partir del masivo respaldo
del pueblo.

Una vez que las nuevas autoridades electas asumieron sus
cargos, el gobierno comenzó a dictar normas vinculadas
al juzgamiento de los hechos de la dictadura. Cabe
destacar que el principal obstáculo
jurídico para llevar a cabo los juicios estaba dado por la
llamada "ley de Autoamnistía" dictada por el gobierno
militar poco antes de la asunción del gobierno electo.
Otra circunstancia a tener en cuenta, aunque tenía una
incidencia menor en aquel momento, era la prescripción de
las acciones penales. La Autoamnistía dictada por el
gobierno de facto fue derogada por inconstitucional y declarada
nula mediante la ley 23.040 sancionada el 22 de diciembre de
1983. También la Justicia Militar sancionó la Ley
de Reforma del Código Militar, que establecía que
los delitos cometidos por el personal militar entre 1976 y 1983
debían ser juzgados por la justicia militar. Como los
militares se enjuiciaban por sus propias leyes, nunca se llegaba
a sentencia (o se los declaraba inocentes) y cada miembro de las
FFAA resultaba inmune ante la justicia. El 25 de septiembre de
1984, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, expresó
en un documento que las ordenes de represión que
habían dado las cúpulas militares eran
"inobjetablemente legítimas". De esta forma resultaba
necesario pasar por otra instancia en el Juicio Penal. Teniendo
en cuenta la ley 23.049 que permitía a los tribunales
civiles apelar la decisión de la justicia militar, con la
llegada de la democracia se propuso habilitar una instancia
judicial ordinaria que permitiera que la junta militar no fuera
juzgada solamente por instancias militares. Esta cámara
fue la Cámara Federal Penal, habilitada por una norma del
Congreso Nacional.

"Con tristeza, con dolor hemos cumplido la misión que
nos encomendó en su momento el Presidente Constitucional
de la
República. Esa labor fue muy ardua, porque debimos
recomponer un tenebrosos rompecabezas, después de muchos
años de producidos los hechos, cuando se han borrado
liberadamente todos los rastros, se ha quemado toda documentación y hasta se han demolido
edificios. Hemos tenido que basarnos, pues, en las denuncias de
los familiares, en las declaraciones de aquellos que pudieron
salir del infierno y aun en los testimonios de represores que por
oscuras motivaciones se acercaron a nosotros para decir lo que
sabían."  (Fragmento extraído del libro NUNCA
MAS).

Sin lugar a dudas la prueba testimonial fue fundamental
y su valor es
enorme, es esencial. El testimonio de las personas involucradas
en los hechos es lo único que nos queda de una
época en la que la eliminación física de personas y
de elementos eran frecuentes, una época donde reinó
la clandestinidad, la censura, la represión, las
desapariciones. La memoria ha sido
el deber de la Argentina posterior a la dictadura militar. El
testimonio hizo posible la condena del terrorismo de
estado: la idea del "nunca más" se sostiene en que sabemos
a qué nos referimos cuando deseamos que eso no se repita.
Como instrumento jurídico y como modo de
reconstrucción del pasado, allí donde otras
fuentes fueron
destruidas por los responsables, los actos de memoria fueron una
pieza central de la transición democrática,
sostenidos a veces por el estado y de forma permanente por
organizaciones de la sociedad.
Ninguna condena hubiera sido posible si esos actos de memoria,
manifestados en los relatos de testigos y víctimas, no
hubieran existido.

Sin embargo, cabe destacar que en algunos casos estas
pruebas no
fueron suficientes. Los delitos juzgados e investigados fueron:
tormentos, homicidios, privaciones ilegítimas de la
libertad y robos efectuados por los militares entre los
años 1976 y 1982. La desaparición de personas, sin
embargo, no pudo ser juzgada ya que no figura como delito penado por
el Código Penal Argentino. La sentencia fue unánime
y condenaba al general Jorge Rafael Videla y Almirante Emilio
Massera a prisión perpetua; al general Roberto Viola a 17
años de prisión; al almirante Armando Lambruschini
a 8 años y al brigadier Agosti a 8 años y 9 meses.
El General Galtieri, el Almirante Anaya, el Brigadier Lami Dozo y
el Brigadier Graffigna no fueron condenados porque la
Cámara consideró que las pruebas en su contra eran
insuficientes. Lamentablemente, los testimonios de las
víctimas no bastaron para desencapuchar la violencia
desatada durante la dictadura militar.

   A pesar de que un juez debe ser imparcial y
objetivo en el momento del juicio, es muy difícil serlo
cuando se trata de juzgar torturadores y asesinos. Especialmente
cuando el juicio se vuelve cíclico: los militares insisten
en que ellos tan solo cumplieron órdenes, en que ellos tan
solo "accionaron las armas". E incluso
niegan recordar los hechos. Entonces es comprensible que el
fiscal, siendo
humano también, se altere y trate de hacer que estas
personas confiesen, que digan la verdad. Nadie está
obligado a declarar contra sí mismo, y por eso no puede
tratar de ilegal lo que el militar está haciendo. Pero la
imparcialidad del juez, en ese momento, deja de
existir.

   Cabe agregar, además, que los
fiscales a cargo del Juicio a las Juntas fueron testigos de miles
de testimonios, de secretos, de confesiones, de relatos de
torturas, robos, persecuciones… de las más terribles
historias. ¿Y esto en qué influye? En realidad,
habría que preguntarse en qué no
influye…

  La CONADEP (Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas) fue creada por el presidente
argentino Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983
para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas
entre 1976 y 1983. Su investigación, plasmada en el libro Nunca
Más (que fuera entregado a Alfonsín el 20 de
septiembre de 1984), abrió las puertas para el juicio a
las Juntas de la dictadura militar. Fueron sus miembros: Ernesto
Sábato (Presidente), Ricardo Colombres, René
Favaloro, Hilario Fernández Long, Carlos T. Gattinoni,
Gregorio Klimovsky, Marshall T. Meyer, Jaime F. de Nevares,
Eduardo Rabossi y Magdalena Ruiz Guiñazú. Por la
Cámara de Diputados de la Nación se nombraron
integrantes también: Santiago Marcelino Lopez, Hugo
Diogenes Piucill y  Horacio Hugo Huarte. Se nombraron
además cinco secretarios: Graciela Fernández
Meijide (Recepción de Denuncias), Daniel Salvador
(Documentación y Procesamiento de
Datos), Raúl Aragón (Procedimientos),
Alberto Mansur (Asuntos Legales) y Leopoldo Silgueira
(Administrativo). En el libro "Nunca más" constan las
pruebas de casi 9.000 casos de desaparición forzosa de
personas instigados por el gobierno durante el Proceso, aunque
aunque la Amnistia Internacional estimó que el
número de victimas superó los 16.000 y
organizaciones argentinas como Madres de Plaza de Mayo hablaron
de 30.000 afectados entre muertos y desaparecidos.
¿Quiénes eran desaparecidos? Las personas
víctimas de la represión y detenidas sin registro en
dependencias del Estado, su paso por organismos bajo control
gubernamental era "borrado" y sus presencias ocultadas
totalmente, de modo que no pudieran ser rastreadas por quienes
las quisieran encontrar.

La frase "Nunca más" sigue resultando
emblemática. Expresa el sentimiento colectivo de una
sociedad que no quería, y no quiere, que las violaciones
sistemáticas de la Constitución Nacional y de los derechos
más elementales de las personas vuelvan a ser posibles
impunemente en el país.

"Nuestra Comisión no fue instituida para juzgar,
pues para eso están los jueces constitucionales, sino para
indagar la suerte de los desaparecidos en el curso de estos
años aciagos de la vida nacional. Pero, después de
haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de
haber verificado o determinado la existencia de cientos de
lugares clandestinos de detención y de acumular más
de cincuenta mil páginas documentales, tenemos la
certidumbre de que la dictadura militar produjo la más
grande tragedia de nuestra historia, y la más
salvaje. Y, si bien debemos esperar de la justicia la palabra
definitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído,
leído y registrado; todo lo cual va mucho más
allá de lo que pueda considerarse como delictivo para
alcanzar la tenebrosa categoría de los crímenes de
lesa humanidad. Con la técnica de la desaparición y
sus consecuencias, todos los principios
éticos que las grandes religiones y
las más elevadas filosofías erigieron a lo largo de
milenios de sufrimientos y calamidades fueron pisoteados y
bárbaramente desconocidos."

(Fragmento extraído del libro NUNCA
MÁS)

Es importante destacar que numerosos organismos
internacionales de Derechos Humanos intervinieron en gran medida
en este proceso.

Por ejemplo, concurrieron a la CONADEP: Miembros del
Partido Ecologista Alemán; Sr. Embajador de Holanda;
Grupo de
Legisladores italianos; Asociación Pro Derechos Humanos de
España;
los Sres. Embajadores de Suecia y Alemania; Sr.
Antoine Blanca, Embajador de Francia; y
hubo innumerables visitas de representantes de órganos de
opinión
pública internacional. Todos ellos, para ofrecer su
adhesión y apoyo a las tareas de la Comisión, la
cual auspició además, la visita al país de
integrantes del Comité de Libertad y Responsabilidad Científica, de la
Asociación Americana para el Avance de la Ciencia,
cuyo aporte en materia de
investigaciones en todo lo que hace a la inquietud
de los Organismos de Derechos Humanos y en especial a los fines
de esta Comisión fue de inestimable valor. La integraban
los Dres. Lowell Levine, Lesli Lukash, Marie Claire King, Ciyde
Snow, Luke Tedeschi, los que vinieron acompañados por el
Dr. Cristian Orrego y el Sr. Eric Stover. También la
Conadep mantuvo reuniones de trabajo con Organismos como: Cruz
Roja Intemacional, Comisión Parlamentaria de Derechos
Humanos de la Provincia de Buenos Aires,
Vicaria de la Solidaridad de
Chile, etc., y dispuso también, tomar contacto con
Organismos Intemacionales tales como Naciones Unidas,
Unesco, Amnesty Intemational, Clamor, Comisión
Internacional de Juristas, Asociación Internacional de
Juristas Democráticos y otras no menos significativas. Por
último, también vale destacar que la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
redactó un informe acerca de
la situación del país el 14 de diciembre de
1979.

Adjuntados a este trabajo se encuentran informes
periodísticos del diario La Razón y Clarín.
Mientras que este último se mantiene bastante objetivo, el
primero trata con más subjetividad y ahondamiento el tema
del Juicio a las Juntas. El Diario Clarín a pesar que
informa acerca de lo que está sucediendo, en su mayor
medida se limita a enunciar los hechos más importantes y
(a pesar de su objetividad) critica en ciertos momentos el
gobierno de Alfonsín. Por el otro lado, La Razón
tiene un mayor número de artículos que datan de la
época los cuales tienen diversidad de opiniones y noticias. Hay
en este diario posiciones a favor y en contra del juicio, como
así también de la sentencia, lo que lo hace
más rico en cuanto a información. 

Otro diario que puede agregarse a la comparación
es "Crónica". Este directamente trata de no informar
acerca de lo que sucede en el juicio: sus primeras planas
priorizan otros temas, fundamentalmente policiales, y las
sentencian quedan reducidas a una pequeña porción
de la portada principal. Hacia el 13 de Diciembre, los titulares
de dicho diario ya no informan absolutamente nada acerca del
Juicio.

Cabe citar también un fragmento de un
artículo publicado en la revista Humor
en el momento en el que se llevó a cabo el Juicio a las
Juntas:

"El informe de la Conadep llegó a muchos
argentinos. Pero sólo a muchos. Este juicio inunda la
República. Penetra en las casas, en los bares, en todas
las instituciones.
Nada se le resiste.

 Los testimonios se suceden. Los testimonios
están allí. No son una cifra, una estadística. Ocupan su lugar y hablan ante
los jueces. Narran sucesos inenarrables. Pero los narran. Se les
quiebra la voz.
Algunos lloran. Son seres tangibles. Cotidianamente, la Argentina
recibe estos testimonios (…) La Argentina, hoy, está
juzgando a las fuerzas armadas (…). Al hacerlo se está
juzgando a sí misma. Porque un país es responsable
de los monstruos que engendra."  Feinmann, José
Pablo. El País de La Memoria
(Publicado originalmente en la revista Humor, en octubre
1985).

Este fragmento muestra claramente que el Juicio, no
importa cómo ni en qué medida,  llegaba a
todos y a cada ciudadano del país. Todos estaban enterados
de qué era lo que pasaba.. Pero algunos lo callaban.
Quizás porque seguían temiendo, quizás
porque se oponían. La democracia renacía y la
libertad de
expresión también. La censura, al mismo tiempo,
iba desapareciendo. Pero algunos miedos, inevitablemente,
continuaban.

Si bien los medios
oficiales norteamericanos mantuvieron un prudente silencio
(debido a la necesidad de mantenerse neutrales sobre lo que se
consideraba una cuestión interna argentina), la sentencia
aplicada por la justicia mereció las primeras planas de
los diarios y un constante flujo informativo de los medios de
difusión de Estados Unidos. De esta forma, The Washing
Times, The Washington Post, The Wall Street Journal y The New
York Times, entre otros, dedicaron su primera plana a
cubrir dicha sentencia.

También el Times elogió a Alfonsín
y lo apoyó a lo largo de todo el juicio a las
juntas.

Por otro lado, Francia en su diario "Le monde", Italia en "Il
Gironale y "Il Manifiesto", y España en "El País" y
"Diario 16", también hablaron de la sentencia y la
finalización de dicho juicio. "El País"
señaló en su primera página: " la levedad de
las penas" y el "Diario 16" puso de relieve que
"el tribunal civil condena a cadena perpetua solo a Videla y a
Massera".

En Latinoamérica también tuvo mucha
repercusión. La prensa
brasileña divulgó en forma muy destacada las
condenas a militares en la Argentina (diarios "O Estado de Sao
Pablo", "O Globo", "Jornal do Brasil" y "Folha
do Sao Pablo", entre otros). La prensa mexicana también
elogió el fallo de la justicia argentina. El diario
"Unomaxuno" calificó al hecho de "victoria civil" y
subrayó que  fue "la primera vez en nuestro
continente que un tribunal civil no teme enjuiciar a militares
que abusaron del poder". "La
Jornada" señaló también que "unidos, los
vivos y los muertos lograron, por primera vez en
Latinoamérica, procesar y sancionar de manera justa,
democrática e institucional, a dos ex presidentes de la
República responsables de un régimen ilegal y
criminal que, por desgracia, no fue excepcional en la
región." Los fallos de la Justicia civil argentina contra
los militares también merecieron primera plana en los
diarios uruguayos, tales como "El Día", "El País" y
"La Mañana".

Sin embargo, antes de esta difusión de la
sentencia en toda la prensa internacional, esta última no
siguió con entusiasmo el proceso del Juicio a las Juntas
en General. Dice un artículo que date de Julio del diario
"La Razón": "Jean Luc Melenchon, dirigente del Partido
Socialista de Francia, estuvo en Buenos Aires, observó
durante varios días el desarrollo del
juicio y piensa que es éste "el acontecimiento
internacional más importante del momento", pero que los
medios de
comunicación del mundo "aún no se han percatado
de esto" por lo que a su regresó a Francia,
trabajará para la formación de "un comité de
apoyo a la democracia argentina" al que convocará a "a las
figuras más importantes de todos los sectores de la
sociedad francesa y europea."

Evidentemente Melenchon trabajó en lo que se
propuso, ya que a partir de ese momento la prensa internacional
comenzó a interesarse cada vez más en el
caso.

Al final del trabajo se adjuntan artículos de
diario que tratan acerca de la cobertura de la prensa
internacional durante el proceso.

Durante la presidencia de Alfonsín se produjeron
algunos levantamientos militares, ya que querían cambiar
la conducción del Ejército y reivindicar la
acción de las Fuerzas Armadas en la lucha antisubversiva.
Si bien se manifestaron como constitucionalistas, la sociedad los
identificó claramente como intentos golpistas y les
respondió saliendo a la calle en defensa de la democracia.
El 20 de abril de 1987, en Campo de Mayo, estalló en plena
Semana Santa
el levantamiento "carapintada" (en referencia a que los
sublevados tenían sus rostros pintados con camuflaje de
guerra), liderado por Aldo Rico y Ernesto Barreiro. Este
alzamiento movilizó a los militares que habían
obedecido órdenes durante la dictadura militar y se
resistían a presentarse en los juzgados. El levantamiento
de Semana Santa demostró que algunos militares
seguían recurriendo a las armas para hacer oír sus
reclamos. La rebelión concluyó luego de que el
presidente Alfonsín hablara con el grupo insurrecto en
Campo de Mayo. En enero de 1988, nuevamente, se levantaron en
Monte Caseros. Y, finalmente, El 4 de diciembre de 1988 Mohamed
Alí Seineldín encabezó el alzamiento de
Villa Martelli. Nuevamente crearon el pánico
en la sociedad recurriendo a las armas.

Respecto al juicio, los militares mantuvieron su
postura: ellos se consideraban inocentes, "el fin justifica los
medios", decían.

Consultado por un periodista acerca de la necesidad de
la
investigación profunda del problema de los
desaparecidos, el General Viola responde:

"Me parece que lo que Ud. quiere decir es que
investiguemos a las Fuerzas de Seguridad, y eso si que no. En
esta guerra hay vencedores , y nosotros fuimos vencedores y tenga
la plena seguridad que si en la última guerra mundial
hubieran ganado las tropas del Reich, el juicio no se hubiera
hecho en Nuremberg sino en Virginia"
(«Clarín», 18 de marzo de 1981).

La opinión de la Iglesia
respecto al tema no puede ser considerada como unánime, ya
que la misma estaba dividida en distintos sectores. El sector
mayoritario y más conservador de la misma estaba en contra
del Juicio y a favor del perdón. El presidente de la
Conferencia
Episcopal Argentina, cardenal Raul Primateata, sostuvo que "todos
necesitamos la conversión, para recibir y dar
perdón" al opinar sobre la sentencia. Y luego
repitió la posición de la Iglesia Católica
respecto a ese tema: "todos necesitamos a Dios y quizás
porque Dios estuvo lejos, nos equivocamos de tantas maneras en el
país." Esto muestra claramente la posición de este
sector de la Iglesia, que creía que lo mejor era empezar
una democracia dejando a un lado lo sucedido y perdonar y olvidar
lo pasado.

Por el contrario, un sector más minoritario de la
Iglesia estaba a favor del Juicio a las Juntas y la condena a los
militares. De hecho, varias personalidades religiosas ocuparon en
la Conadep un lugar destacado, lo que refleja el compromiso de
algunos sectores de sus instituciones con los Derechos Humanos. Y
la causa principal de esto es que a partir de la década de
1970, las fuerzas armadas pusieron su mira también en los
sectores progresistas de la Iglesia católica
considerándolos subversivos. El presidente del Partido
Demócrata Cristiano, Carlos Auyero, definió al
proceso de los nueve ex comandantes como "un juicio ejemplar y
ejemplarizador" y Eduardo Ginzalkez sostuvo que "la sentencia
dictada contra los máximos responsables del genocidio
producido en nuestro país durante la trágica
dictadura militar, no guarda estricta relación con la
magnitud de los crímenes cometidos" y que las profundas
heridas infligidas al cuerpo social, solo comenzarán a
cicatrizar cuando los responsables y ejecutores de tantos
horrendos crímenes reciban el condigno
castigo."

Conclusión

En conclusión, el Juicio a las Juntas
constituyó un paso fundamental dentro de nuestra
democracia. Y hoy en día sabemos que nos encontramos unos
pasos bastante más adelante que en aquel entonces, y de
esta forma, podemos sentarnos y reflexionar con una mente mucho
más abierta y clara acerca de lo que pasó. Sin
embargo, observamos el documental acerca del Juicio a las Juntas
e inevitablemente nos recorre un escalofrío y hasta
quizás nos caen algunas lágrimas. Lo que
pasó no es pura historia, es también nuestro
presente, porque hoy en día aún continúan
las búsquedas de hijos, de nietos, de hermanos… La
agrupación de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo lucha
todavía por justicia. El interrogante de qué
pasó con los desaparecidos aún sigue
vigente.

"Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y
sin duda el más terrible drama que en toda su historia
sufrió la Nación durante el periodo que duró
la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá
para hacernos comprender que únicamente la democracia es
capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que
sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y
esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente
así podremos estar seguros de que
NUNCA MÁS en nuestra patria se repetirán hechos que
nos han hecho trágicamente famosos en el mundo
civilizado." (Fragmento extraído del libro NUNCA
MÁS).

Autor:

Agustín Garrido