- Después de la Ley
Televisa - Legislación
estancada - TV digital:
más para unos cuantos - Las redes de
Televisa - Conectados y
desconectados - Concentración y
espacio público
Convergencia,
concentración, disparidades y
desconexiones (Mexico)
Ensayo publicado en la revista
Configuraciones. No. 18, 2006.
A los medios de
comunicación ya no se les identifica como recurso, ni
como industria,
sino como problema nacional. Ese es el saldo de la ausencia de
contrapesos ante la centralidad política y social que
las empresas
mediáticas más influyentes han adquirido en la vida
pública mexicana. En parte debido a las pobrezas y
limitaciones de otros espacios –partidos, Congreso,
universidades, etcétera— pero fundamentalmente a
causa de la voracidad no sólo financiera sino ahora
también cultural que han manifestado, los consorcios
comunicacionales hace tiempo dejaron
de ser medios para convertirse en los protagonistas
más exigentes de la sociedad y la
política en este país. A la formidable capacidad de
propagación de mensajes que han alcanzado, se añade
el silencio o el sometimiento de otros actores sociales y
políticos. Los medios, como
tanto se ha dicho desde hace años, se han erigido en
jueces de la vida pública nacional pero no toleran
cuestionamientos –salvo cuando son tan marginales que pasan
desapercibidos por la mayoría de los
ciudadanos–.
Ningún personaje, institución
ni fuerza
política significativos está al margen del tribunal
mediático. En todas las democracias los medios cumplen con
un saludable papel de escrutinio, cotejo e incluso denuncia de
los asuntos y personajes públicos. Pero cuando alcanzan un
poder superior
al de otros actores sociales –aunque sea debido a las
omisiones y sumisiones de quienes podrían contrastar
posiciones y ambiciones de las empresas de comunicación— y cuando rechazan ser
sujetos de un escrutinio similar, los medios son, antes que nada,
un problema para la democracia y
la convivencia sociales.
Después de la Ley
Televisa
La Ley Televisa,
discutida y aprobada durante los primeros meses de 2006,
ratificó la prepotencia del consorcio comunicacional
más importante y la subordinación de los poderes
institucionales a ese poder mediático. La sola
decisión de promover una reforma que no tenía
más propósito que el beneficio de una empresa
privada, permite apreciar la concepción que Televisa tiene
acerca del proceso
jurídico y de la legalidad en
el país. Cuando decidió que la legislación
que imperó durante casi cinco décadas no le
ofrecía condiciones de expansión suficientes para
sus negocios, ese
consorcio encargó la elaboración de un proyecto de
acuerdo a sus intereses.
El hecho de que una empresa busque
modificar la legalidad para ajustarla a sus proyectos de
negocios no resulta inusitado. Lo verdaderamente escandaloso fue
la docilidad de los legisladores –los diputados por
unanimidad y después los senadores en una
proporción de 2 a 1— para respaldar, sin modificar
un ápice, la iniciativa que enviaron los personeros de
Televisa.
El debate que se
desarrolló entre la aprobación en una y otra
cámaras así como el diferendo legal que se mantuvo
por varios meses –cuando varias docenas de senadores
exigieron a la Suprema Corte la revocación de aquellas
reformas a las leyes federales
de Radio y Televisión
y de Telecomunicaciones– indicó, sin
embargo, que el consenso social y político de Televisa se
encuentra cada vez más maltratado. Junto al incremento en
el desprestigio de esa empresa pudo advertirse una
deliberación más puntual acerca de aspectos
específicos de la operación y la presencia
pública de los medios [1].
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