Estado democrático y social de derecho y de justicia

Para poder comprender el significado de Estado
Democrático y Social de Derecho y de Justicia primero
debemos analizar cada uno de estos conceptos por
separado.

Estado
Democrático

Según las clásicas clasificaciones de
gobiernos encontramos que los filósofos de la antigua
Grecia (Platón primero y Aristóteles
después) definían a la Monarquía como el
gobierno de uno; Aristocracia como el gobierno de pocos; y por
último a la Democracia como el gobierno de la multitud
(Platón) o "de los más"
(Aristóteles).

Etimológicamente encontramos que la
terminología proviene de la antigua Grecia.

Encontramos en el diccionario de la real academia que la
democracia es una "doctrina política favorable a la
intervención del pueblo en el gobierno. Predominio del
pueblo en el gobierno político de un Estado."

El Estado Democrático está definido como
"el gobierno de las mayorías, el gobierno del pueblo y
para el pueblo". Este sistema permite la participación del
pueblo en la esfera de gobierno, generalmente por medio del
sufragio y del control sobre la toma de decisiones de sus
representantes.

El estado democrático está fundamentado
por toda la organización política de la
nación en conjunto, y a su vez identifica como recurso
indispensable para el constitucionalismo a la
representación del pueblo por dirigentes políticos,
mejor conocido como democracia indirecta o representativa, y por
elementos de organización popular mejor conocidos como
democracia directa o participativa.

Encontramos que la democracia participativa es superior
a la representativa, debido a que en la democracia representativa
es el pueblo quien acompaña a su represéntate
elegido, lo supervisa, lo apoya y lo sanciona para que este
cumpla los propósitos de su representación, sin
menospreciar sus aportes personales.

Todo estado democrático debe respetar el
principio de soberanía popular, que contradice el
establecimiento de monarcas o caudillos; y la regla de la
mayoría, que establece al sufragio como el método
más efectivo para resolver controversias.

En un estado democrático todos los representantes
o partidos políticos que participen en el sufragio, deben
someterse al mismo reglamento y respetar el resultado, ya que
este representa la voluntad de las mayorías
electorales.

Podemos entender que la democracia no se presenta como
una ideología especifica, sino a formas y mecanismos para
regular, a través de diferentes normativas, la
representación y el ejercicio del poder
político.

No se puede hablar de democracia cuando el sistema no
está fundamentado en los valores de igualdad, libertad y
pluralidad.

Estado de
Derecho

El Estado de Derecho es un concepto de teoría
política, jurídica y moral que sostiene que toda
autoridad gubernamental solo podrá ser ejecutada siguiendo
leyes escritas, que deben haber sido adoptadas mediante un
procedimiento establecido.

El Estado de Derecho está sometido al imperio de
la ley, lo que implica que este está sometido a controles
judiciales independientes. Es decir, Estado de Derecho es solo
aquel cuyo poder está limitado por el Derecho.

El Estado de Derecho implica la independencia de los
poderes públicos que garantizan los derechos humanos,
mediante lo cual se logran buenas leyes equilibradas y
establecidas por un Poder Legislativo autónomo, la
administración de justicia ejercida por jueces imparciales
e independientes y la ejecución de las leyes efectuada por
un Poder Ejecutivo eficiente, transparente y moderno.

En todo estado de derecho se sustenta sobre el Principio
de la Legalidad que menciona que no hay "Pena sin Ley, no hay
Pena sin Crimen". Este limita el ejercicio de la
aplicación de castigos solo a aquellas acciones
establecidas como delitos. Este principio tiene como objetivo
disipar los efectos de intimidación, disuasión y
prevención respecto a todas las conductas tipificadas como
actos contrarios a la ley.

El principio de legalidad permite que los ciudadanos
conozcan las causas que pueden llevar a su debida
detención legal y castigo penal. Por otra parte protege
los derechos individuales de cada ciudadano ya que establece
límites al poder disciplinario del estado, evitando que
quienes tengan el poder de administrar justicia, inventen penas y
sancionen al ciudadano por algo que no ha sido establecido con
anterioridad en la Constitución o Ley Jurídica. En
pocas palabras son normas que brindan seguridad y
protección a los derechos ciudadanos de los destinatarios
del ordenamiento jurídico.

A pesar de este principio muchas acciones punitivas se
siguen realizando fuera del Derecho. Las como torturas, pena de
muerte, ley de fuga y desapariciones en actuaciones ilegales de
la policía y cuerpos militares fueron frecuentes en la
Latino América del siglo XX.

Estado
Social

Un estado social es todo aquel que cuya prioridad sean
sus obligaciones sociales, de encaminar la justicia social.
Deriva del valor fundamental de la igualdad y no
discriminación, y de la declaración del principio
de la justicia social como base del sistema
económico.

Es un sistema que se dispone a fortalecer servicios y
garantizar derechos esenciales para mantener el nivel de vida
digno para participar como miembro pleno en la
sociedad.

El estado se presenta como garante de asistencia
sanitaria, salud, educación pública, trabajo y
vivienda digna, indemnización de desocupación,
subsidio familiar, acceso a los recursos culturales, asistencia
del inválido y del anciano, defensa
ecológica.

El estado debe garantizar los denominados derechos
sociales mediante su reconocimiento en la
constitución.

Estado de
Justicia

El Estado de Justicia se caracteriza por leyes justas,
necesarias, bien escritas, justamente aplicadas, eficaces, con
sanciones proporcionadas al hecho ilícito tipificado y que
sean acatadas por la sociedad en su conjunto [5]. Eso quiere
decir, que no sean extremadamente rigurosas ni débiles,
innecesarias, confusas, simbólicas o de imposible
cumplimiento. En el Estado de Justicia prohibida la justicia por
mano propia o venganza

Estado
Democrático y Social de Derecho y de
Justicia

La necesidad de adaptar las leyes de manera que los
estados garantizaran mejores condiciones de vida a sus ciudadanos
y una aplicación legal más justa llevaron a la
creación del Estado Democrático y Social de Derecho
y de Justicia.

El bienestar social y la realización de justicia
aparecen como funciones prioritarias del estado, manteniendo el
principio de legalidad establecido en el estado de
derecho.

Este nuevo sistema está al servicio del hombre, y
debe ser garante del bien común, basado en los principios
de justicia social y dignidad humana. El estado debe crear,
conservar y comprometerse a materializar esos derechos para
satisfacer las necesidades de sus habitantes, logrando así
un bienestar general. Por ello la justicia, la educación,
la salud, la seguridad social, el desarrollo integral del
individuo y de la sociedad y la protección de sus derechos
humanos, se transforman en funciones prioritarias del
Estado.

El estado social de derecho y de justicia persigue la
armonía entre las clases, evitando que la clase dominante
abuse o subyugue a otra clase de grupos sociales,
impidiéndoles el desarrollo y sometiéndolas a la
pobreza y a la ignorancia; a la categoría de explotados y
sin posibilidad de avance.

En un Estado de Derecho la aplicación de la ley
es imperante, en un Social de Derecho y de Justicia el estado
está obligado a ayudar a aquellos ciudadanos que se
encuentren en minusvalía jurídica. El Estado Social
de Derecho y de Justicia protege a los asalariados ajenos al
poder económico, tutela la salud, la vivienda, la
educación y las relaciones económicas.

El estado es garante de satisfacer las necesidades
vitales de todos los ciudadanos, tales como la salud, la
vivienda, la educación, etc.

En el caso del estado venezolano este estimula a sus
conciudadanos a fomentar el espíritu de solidaridad,
responsabilidad y ponderación en sus acciones ante los
demás organismos que no se inscriben en la función
social.

El estado se propone a obtener la procura existencial a
través de la "administración prestacional", su
principal ruta es lo social y sus objetivos buscan el bien
común y la participación justa en la riqueza
social.

En este caso el intervencionismo es positivo.
Independientemente de su relación con la economía,
es imprescindible salvaguardar el rol del estado como
última opción de garantía de la
ejecución del a procura existencial, gracias a la
protección y el fomento de los derechos sociales y
económicos.

El fortalecimiento del Estado Social de Derecho y de
Justicia es fundamental para la inserción de los
países a la comunidad de naciones del mundo, como para
lograr la paz, proteger a la población, reforzar la
legitimidad de los estados, alcanzar un desarrollo humano
sostenible y asegurar la eficacia de las políticas
públicas y desarrollo del pensamiento en pro a los
derechos humanos. En la actualidad, programas alternativos mejor
conocidos como Misiones, son un intento de solventar de forma
masiva el problema de muchos excluidos y que ahora son
incorporados.

El Estado Social de Derecho y de Justicia se soporta
en los principios de:

• Equidad: constituye un componente del
  desarrollo humano donde la igualdad en los bienes o servicios
  necesarios permite gozar de una adecuada calidad de
  vida.

• Solidaridad: Implica el reparto
  orgánico de la riqueza de un país, con la
  intención de crear riqueza común en materia de
  infraestructura de bienes de servicios considerados para el
  buen funcionamiento y desarrollo de la solidaridad, pudiendo
  ser desde un punto de vista altruista o
  mutualista.

• Bien común: obedece al conjunto de
  principios, reglas, instituciones y medios q permiten
  promover y garantizar la existencia de todos los miembros de
  luna comunidad humana en el plano inmaterial. Es decir, el
  reconocimiento, el respeto y la tolerancia en las relaciones
  con el otro. Por otra parte, en el plano material, el bien
  común representa la materialización de los
  bienes y servicios como: Alimentación, vivienda digna,
  energía, educación, salud, transporte,
  información, democracia y expresión
  artística.

• Responsabilidad social: Se refiere
  generalmente al daño causado a la sociedad por
  acciones de otro individuo o grupo. Es el compromiso de cada
  persona con su sociedad.

• Convivencia Social: desde un punto de vista
  abstracto son todos esos aspectos formales como la
  ética, moral, sinergia y respeto al otro. En cambio,
  desde un punto de vista concreto se refiere a la no
  discriminación, la aceptación de la diversidad
  cultural, social e ideológica, es decir el respeto a
  los derechos y a las diferencias de todos los valores que
  comprenden vivir en sociedad.

• Justicia Social: Se refiere a las nociones
  fundamentales de igualdad y derechos humanos, a la
  inclusión social de manera que todos los ciudadanos
  tengan las mismas oportunidades de un buen desarrollo
  integral, desarrollo humano y la paz integral, y q a su vez
  pueda cumplir con sus deberes. No puede considerarse justicia
  social si alguno de estos atributos es excluido.

¿Existe
Estado de Derecho Social en Venezuela?

En la segunda mitad del siglo XX, salvo algunos
períodos, Venezuela nadaba en dinero. Pese a ello, el
sistema democrático funcionaba sólo en lo formal,
los índices de pobreza eran muy elevados y los partidos
tradicionales (Acción Democrática y COPEI) se
repartían el botín estatal con mucho tesón y
pocos escrúpulos. El descontento popular crecía.
Los militares se embarcaron en un fallido golpe de Estado en
1992. Chávez estuvo preso dos años, fue indultado y
luego accedió al poder, en 1999, mediante elecciones
libres. La mayoría de la población,
tradicionalmente marginada, acogió su discurso de medidas
sociales y de grandes reformas. Estas últimas comenzaron
por una nueva Constitución, considerada muy progresista.
Cambió también el nombre del país, la
bandera, el escudo nacional e incluso la hora oficial.

El resto de la historia es bien conocido: Chávez
ha buscado ser un protagonista regional e internacional, ha
ganado varias elecciones y se ha hecho famoso por su
admiración por Fidel Castro, sus osadas declaraciones
públicas y sus discursos interminables. Lamentablemente,
también se ha hecho célebre por controlar todos los
orondos poderes del Estado establecidos en la Constitución
y por reprimir a la disidencia.

Las preguntas que se hacen hoy día los
observadores internacionales son, entonces, ¿hay
democracia en Venezuela?, ¿hay estado de
derecho?

¿No bastaría, como creen algunos, que el
régimen de Chávez haya llegado al poder por
vía electoral (y ganado luego otros varios comicios) para
declararlo democrático? A mi juicio, ello es suficiente
para reconocer que su gobierno tiene legitimidad
democrática de origen, pero no necesariamente de
ejercicio. Y esto es así porque en Venezuela no ha
subsistido el estado de derecho.

Esta última afirmación exige aclarar
conceptos: Se suele distinguir entre estado de derecho de forma y
de fondo (o material). El primero supone que las autoridades y
las personas están sujetas a la ley y nadie está
por encima de ella. La ley debe ser pública, predecible y
aplicarse igualmente a todos. El estado de derecho de fondo o
material implica, además, que las instituciones y las
autoridades estén orientadas hacia el interés
público y que se respeten los derechos fundamentales de
todos, sin discriminación.

A partir de estas nociones, en Venezuela, antes de
Chávez, hubo estado de derecho formal, pero no material.
Bajo Chávez no existe estado de derecho en ninguno de las
dos acepciones. Léanse las declaraciones del presidente y
sus seguidores y se verá que dicho concepto tiene sentido
solamente si contribuye a la realización de lo que llaman
"Revolución Bolivariana" o "Socialismo del Siglo XXI".
Todos estos personeros no creen en la separación de los
poderes del Estado, ni en su autonomía y mutua
fiscalización. Les interesan los fines, no los
medios.

Por otra parte vale destacar que, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que el
Gobierno de Venezuela "atenta" contra la democracia y los
derechos humanos, pues existen "serias restricciones" al pleno
goce de esas garantías en el país
andino.

En su informe sobre los derechos humanos en Venezuela,
afirma que la intolerancia política, la falta de
independencia de los poderes del Estado, las restricciones a la
libertad de expresión y a la protesta pacífica, la
hostilidad hacia los disidentes, la violencia y la impunidad
"limitan seriamente la vigencia" de los derechos en ese
país.

La Comisión afirma que en Venezuela no existe una
efectiva separación e independencia de los poderes
públicos, no se garantiza a todas las personas el pleno
ejercicio de sus derechos con independencia de su posición
frente al Gobierno y se utiliza el poder punitivo del Estado para
intimidar o sancionar a personas en razón de su
opinión política.

El gobierno de Chávez va estrechando el cerco en
torno a la disidencia, Hay numerosos presos políticos,
aunque no existan las gruesas violaciones de los derechos humanos
que se conocieron en Chile, Argentina u otros países de la
región en el pasado. No hay ni un asomo de independencia
judicial. La gran mayoría de los jueces tiene
nombramientos transitorios y revocables por el
gobierno.

Un ejemplo actual que se puede mencionar es el de la
jueza venezolana María Lourdes Afiuni se halla encarcelada
desde el 10 de diciembre de 2009, imputada de ayudar a un
banquero a huir del país. Su detención se produjo
inmediatamente después de que el presidente la acusara
públicamente de corrupción. Una comisión de
Naciones Unidas, Amnesty Internacional y Human Rights Watch,
consideran su detención políticamente motivada. Se
trata de las principales organizaciones internacionales de
derechos humanos.

La injusticia social en Venezuela necesita ser
corregida. Chávez ha contado con respaldo electoral para
enfrentarla. Sin embargo, sus designios y sus métodos no
respetan el estado de derecho, ni en la forma ni en el fondo. Si
declaramos estar a favor de la democracia y los derechos humanos,
estos principios deben aplicarse tanto a los predecesores de
Chávez como a su propio gobierno; a Norte, Sur, Este y
Oeste; a Israel y los países árabes; a Estados
Unidos y China… La aplicación selectiva demuestra
que subordinamos dichos valores a nuestras preferencias
ideológicas.

Bibliografía

1. Estudio de Derecho, Democracia y Galantismo en
Venezuela: Algunas Reflexiones Críticas. María
Fernández G., Jorge Morales M., Jesús
Párraga M, Pablo Han Chen.

2. Del estado Democrático al Estado Socialista.
Allan Brewer Carias.

3. Diccionario de la Real Academia
Española

4. El pensamiento Bolivariano: Visión Integradora
y Reinvención del Socialismo en Venezuela

5. La función social del Estado venezolano en
tiempos de la modernidad. Luz María Martínez de
Correa.

6. Sala constitucional del tribunal supremo de justicia
de Venezuela, 24/01/2002.

7. Fernando M. Fernández // Derecho y
justicia

Autor:

Carla Santaella

República Bolivariana de Venezuela

Universidad José Antonio
Páez

Cátedra: filosofía

Valencia, julio de 2010