Política Económica y Economía Política, una visión teórica y un planteo práctico a la luz de la Constitución Nacional Argentina (página 2)

Enviado por Javier Alejandro Corigliano

Partes: 1, 2

Sin embargo en ningún momento se llamo
democráticamente a un grupo
representativo de la población para crear justamente, el
sistema
representativo. Los grupos de
poder
sí están siempre representados, ya que el sistema
económico capitalista se basa en instituciones
políticas básicas del ordenamiento
actual, como son el establecimiento de un sistema legal estable y
armónico, un sistema judicial estable e independiente
(mucho más importante en los países del Common
Law), garantías para la propiedad
privada y libertad de
contratar.1

La constitución es escrita para mantenerse
constante dentro del cambio
económico, técnico y social.2 Solo
así cumple su finalidad primordial.

Dentro de la economía, los
evolucionistas argumentan que las instituciones emergen del
desarrollo del
proceso
histórico sin que forzosamente haya sido hecho un acuerdo
constitucional explícito. La evolución institucional fija en el tiempo
aquellas instituciones aceptadas por los agentes, que coinciden
con el intercambio voluntario y con una asignación
eficiente de recursos.
3

Y tomando una postura eminentemente práctica, y a
la vista de la realidad Argentina, caracterizada por la falta de
respeto a la
ley, no parece
tan descabellada una adaptación de algunas de estas
teorías
al plano jurídico…

Aspectos
económicos de la Constitución
Argentina

Antes y después de la reforma de 1994 encontramos
diferentes disposiciones de carácter económico directo en
nuestra carta magna. El
art. 4º ya nos habla del régimen financiero, y otorga
al Congreso la responsabilidad de la designación de los
impuestos,
empréstitos y operaciones de
crédito. Las tarifas aduaneras
también son fijadas por el Congreso (art.
9º).

Luego de la reforma, en el nuevo art. 75º inc. 1
(aduanas), 2
(impuestos directos e indirectos), 4 (empréstitos), 5 (uso
y enajenación de tierras), 6 (establecer y
reglamentar el BCRA), 7 (pago de la deuda externa),
9, (acordar subsidios), 10 (emisión monetaria), 13 (reglar
el comercio–
derivada del 12, dictar los Códigos de Fondo), 30
(reglamentar los establecimientos de utilidad
pública). Pero revisten especial importancia a fines de
este trabajo el
inciso 8, que dice: "Fijar anualmente, conforme a pautas
establecidas en el tercer párrafo
del inc 2 de este art., el presupuesto
general de gastos y cálculo de
recursos de la
administración nacional, en base al programa general
del gobierno y al
plan de
inversiones
públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión"; y el inc 18, al referirse a
"proveer lo conducente a la prosperidad del país, al
adelanto y bienestar de todas las provincias… y
promoviendo la industria,… construcción de ferrocarriles,…
establecimiento de nuevas industrias,… concesiones temporales de
privilegios… [ ]"

La Auditoria general de la Nación,
dependiente del Congreso, será la encargada del control del
sector externo de los aspectos patrimoniales, económicos,
financieros y operativos (art 85).

En el Poder
Ejecutivo (concretamente en la persona del Jefe
de Gabinete –figura devaluada si las hay) recae la competencia de la
administración general del país (art
100 inc 1), enviar al Congreso la ley de presupuesto, y cumplirla
(100 inc. 6 y 7).

Luego de analizar los conceptos de Política
Económica y de economía política volveremos
sobre este punto.

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1 Los Mercados no
pueden desarrollarse sin derechos de propiedad
efectivos. Y éstos solo son efectivos cuando se cumplen 3
condiciones: La primera es la seguridad contra
el robo, la violencia y
otros actos predatorios. La segunda es la protección
contra los actos arbitrarios del gobierno, desde acciones
impredecibles, regulaciones e impuestos ad hoc, hasta la
corrupción
abierta, que desorganizan las actividades empresariales. La
tercera condición es la existencia de un sistema judicial
razonablemente justo y predecible. Éstos son algunos de
los problemas, que
muchos países han señalado como los
obstáculos más importantes a su desarrollo. –
Banco Mundial,
1997, Pág. 41

2 V. P. Dorweiler, "Legal Systems
and Multinational Business", Hydrocarbon Processing, marzo
de 1997

3 Jose Ayala Espino,
Instituciones y Economía, Fondo de Cultura
Económica, México, 1999, Pág. 329

Política
Económica y Economía
Política

Si bien cotidianamente se suelen utilizar ambos
conceptos en forma indistinta, su diferencia es
notable.

El concepto
más general y antiguo de política económica
hace referencia al conjunto de condiciones bajo las que se
organiza la producción. Este término fue
acuñado en Inglaterra en el
siglo 18. La primera cátedra de Economía
política fue creada en 1763 en la universidad de
Viena.

En cuanto a su aspecto académico, podemos
conceptualizarla como el conjunto de estudios
interdisciplinarios que toman a la economía, las leyes y las
ciencias
políticas y que tiene como objetivo
entender como las instituciones políticas, el medio ambiente
político y el capitalismo se
influencian mutuamente. En particular, se relaciona con las
leyes puesto que son las creadoras de la política de
capital y de
los aspectos legales bajo los que se relaciona la
economía, e indirectamente porque son la leyes el medio de
ordenar la conducta de los
ciudadanos, que determinan en cierta forma los aspectos
básicos de la microeconomía.

Por otro lado, la Economía Política se
refiere al estudio de las acciones que los gobiernos toman en el
campo económico. Abarca el sistema de tasa de
interés, déficit fiscal,
mercado de
trabajo, y muchas otras áreas del gobierno.

La Economía Política puede dividirse en 3
áreas principales:

Política fiscal: el tamaño del
déficit y los métodos
que utiliza para financiarlo. Incluye:

Posición Fiscal: el tamaño del
déficit.
Política Fiscal: Impuestos
Gastos de la Administración

La política Monetaria, referida a la
cantidad de dinero en
circulación, y en consecuencia, tasas de
interés e inflación.
- Tasa de interés.
- Control de ingresos,
  que punta a controles no monetarios de la
  inflación.
- Regulaciones bancarias, que afectan al
  multiplicador monetario.
Política de mercado, referida a las
tarifas, acuerdos de comercio y las instituciones
internacionales que las gobiernan.

Generalmente la política económica se
dirige a objetivos
concretos y particulares, como el desempleo, la
inflación el crecimiento
económico. Estas metas son llamadas objetivos
políticos, y a su vez son los resultados hacia los que se
apunta la economía política. Para lograr estas
metas, se utilizan herramientas
políticas, que están bajo el control del Estado.
Generalmente incluyen las tasa de interés, mercado
monetario, impuestos, gasto
público, tarifas, tipo de
cambio, mercado de trabajo y muchas otras áreas que
abarca el gobierno.

Si embargo, los gobiernos están limitados en el
corto plazo4 en su cantidad de objetivos. Por ejemplo,
puede haber presión
del gobierno para reducir la inflación, reducir el
desempleo, reducir las tasas de interés y mantener la
estabilidad de la moneda. Si todos estos objetivos son
seleccionados para el corto plazo, entonces la política
económica tenderá a ser incoherente, porque la
consecuencia normal de reducir la inflación y mantener la
estabilidad de la moneda es incrementar el desempleo y las tasa
de interés.

La aplicación de políticas
económicas discrecionales permite rápidamente
reaccionar ante estos signos
económicos, pero puede producir una inconsistencia de
políticas, algo a lo que somos especialmente proclives los
argentinos, a poner parches arriba de los parches. Una
política basada en reglas es más creíble y
otorga mayores seguridades. Al tener establecidas las reglas de
juego se
genera estabilidad y la posibilidad de prever las condiciones de
mercado.

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4: N del A:
tomando por corto plazo el significado económico, en el
cual alguna de las variables a
analizar permanecen constantes. Esta significación no
guarda relación estricta con ámbito
cronológico en el cual se desarrollan las actividades. Son
variables y no parámetros (datos o valores no
sujetos a análisis) puesto que en el largo plazo si
varían.

Planteo de la
cuestión:

De la interpolación de los capítulos 2 y 3
surge claramente que corresponden al Congreso muchos aspectos
tanto de Economía Política como de Política
Económica, algunos de ellos en forma exclusiva.

¿Cual es el procedimiento
usual de la ley de presupuesto en lo conceptual? El ejecutivo
define sus objetivos, elabora un proyecto de
inversión y gasto para el año fiscal que se
avecina, lo envía al Congreso, es debatido. Allí se
modifica o no, y es aprobado. Puede que no sea aprobado el primer
proyecto de
presupuesto, pero eventualmente alguno se aprobará.
¿Qué sucede si el Congreso estima procedente alguna
medida extra de crecimiento dentro de sus facultades, como
una empresa de
utilidad pública, fuera de la época de
sanción de la Ley de Presupuesto? O decide de donde
extraer fondos extraordinarios, o debe esperar hasta el
tratamiento del próximo presupuesto.

Y ¿cual es la participación del Congreso
en la determinación de los objetivos de la política
presupuestaria nacional? ¿Levantar la mano solamente?
¿Cuál es la responsabilidad política del
Congreso por políticas económicas erróneas?
El Ejecutivo cambia de ministro de Economía, que prueba
alguna receta nueva, y así sucesivamente. ¿Cuando
podrá ser marcada una línea medianamente estable
que brinde una cierta seguridad acerca de la política
económica del país?

En Estados Unidos,
las reglas de juego en materia tasas
de interés, por ejemplo, son dadas por la Reserva Federal.
Ésta se encuentra divida en tantas partes como zonas
económicas delimitó el gobierno, y cada oficina regional
es responsable de la delimitación de los objetivos a
lograr y las condiciones alrededor de los mismos. Otro dato
interesante es que el presupuesto que se tratara cada año
no corresponde al año inmediatamente siguiente, sino al
posterior. Así, un presidente saliente hace un presupuesto
que el entrante debe seguir. De esta manera se puede saber con
anticipación cual será la política
económica del Estado en el transcurso del año
posterior, sin que las posibles elecciones puedan provocar un
clima de
incertidumbre que paralice la economía, o genere
especulaciones desestabilizadoras.

Mi idea consiste en que sea el Congreso el responsable
de determinar cuáles serán los objetivos que el
Ejecutivo deberá tratar de lograr. De ésta manera
se lograría que los representantes directos de las
provincias y de los ciudadanos sean quienes determinen las metas
de la política económica. Éstos objetivos se
enviarían al Ejecutivo, y en función de
los mismos se realiza el proyecto de la Ley de
Presupuesto.

Este planteo no es incoherente con la letra de la
Constitución, ya que lo que se pretende no es alterar la
responsabilidad de la elaboración de la ley, sino
simplemente que sea el Congreso quien estime cuáles son
los objetivos de la política económica. El
ejecutivo sigue siendo responsable (en forma compartida en
aquellas decisiones que debe tomar en forma exclusiva el
Congreso) de la Economía Política. No se pierde
gobernabilidad directa, punto sobre el que insisten todos los
gobiernos de turno, pero sin embargo se reduce la cuota
discrecional de poder del P.E.

¿Importaría esto una cesión de
poderes? Desde mi punto de vista no, ya que el P.E. sigue
conservando todas sus facultades, al igual que el P.E., lo
único que cambia es el condicionamiento de plantear
determinados objetivos como primordiales. Un planteo
analógico se da en el caso de los accionistas de una
empresa que le
plantean determinados objetivos al CEO. En función de los
mismos el mismo plantea un curso de acción,
y si se aprueba se sigue adelante, con el norte claro.

De seguir esta estructura, se
lograría, en principio, un incremento en la
sensación de seguridad y estabilidad económica,
puesto que ya no sería el gobierno o el ministro de
economía de turno el encargado de determinar que es lo
mejor para el país. El P.L. es el encargado, y el P.E. el
órgano encargado de realizar las medidas tendientes a
alcanzar dichos objetivos.

El primer problema que surge es de índole
personal. Los
grupos de poder no están dispuestos a ceder un
ápice del mismo, como se vio con la figura del Jefe de
Gabinete, introducida por la reforma del `94. Como son justamente
los grupos de poder dominante los que se encuentran en el
gobierno, una reforma de estas características sólo
puede obedecer a presiones externas o a negociaciones, frente a
un eventual debilitamiento de la estructura de poder interna.
Pero todas estas circunstancias escapan del análisis
actual, y quedan comprendidas principalmente dentro de los
estudios de la ciencia
política

Conclusión

Metodológicamente, mal puede decirse que una
conclusión sea sólo un conjunto de sensaciones e
ideas flotando en el aire, sin
embargo, debido al particular tema que se ha abordado, desde el
campo teórico podemos decir que, en principio, muchos de
los aspectos principales de la economía política de
nuestro país son competencia exclusiva del Congreso. Sin
embargo, por cuestiones históricas, el P.E. ha ido tomando
el control de muchas de estas atribuciones hasta reducir la
figura del Legislativo a un mero órgano que simplemente
aprueba y le da fuerza de ley
a las medidas que el P.E estima necesarias para su gobierno.
Definitivamente éste no fue el espíritu originario
que se plantearon nuestros constituyentes al redactar la Carta Magna, e
incluso atenta contra el principio mismo de la división de
poderes. Pero es responsabilidad de lo legisladores hacer valer
el poder que la exclusividad de tratamiento sobre tan poderosas
herramientas les confiere.

Pero también la política económica
es llevada a cabo en los recintos legislativos, y la
"gobernabilidad" no debe ser una excusa para no aceptar la
responsabilidad política que entraña determinar el
norte que debe buscar la administración del país para
así poder lograr, de una vez por todas, encontrar un
camino de crecimiento, estable y predecible, que permita no
sólo la seguridad de los inversores e industriales, sino
también de todos los habitantes de nuestro
país.