Lineamientos de política económica para abatir el desempleo a partir de la solución de los problemas sustantivos de las empresas mexicanas (página 2)
Entorno teórico e
institucional
Con objeto de tener referencias que muestren con
evidencias
claras el porqué existe esta situación y
porqué se debe de corregir la política
económica a la brevedad posible, así como
enfatizar ciertas acciones de la
misma, he creído conveniente presentar como primera
referencia de manera sucinta la génesis del desarrollo
empresarial mexicano, para que una vez conocido su origen, se
pueda evaluar objetivamente su evolución y perspectivas en el futuro
inmediato, en función de
sus fortalezas y debilidades, es decir, su competitividad
en el mundo globalizado de nuestros días.
En este contexto debemos comentar que las micro y
pequeñas empresas
mexicanas, (MYPES), objeto principal ( sin descuidar su
vínculo adecuado con las medianas y grandes) de esta
investigación en el periodo 1982-2002, por
ser el primer eslabón de la cadena normativa que pretendo
construir, surgieron y evolucionaron dentro del sistema
capitalista, cuyas características es necesario
conocer para detectar la viabilidad de su desarrollo y visualizar
las posibilidades de hacerlas competitivas dentro de la
globalización, última fase del capitalismo
contemporáneo. En este sentido es conveniente
señalar de manera resumida, por una parte, que el
capitalismo es un sistema
económico caracterizado por la reducida
intervención del Estado en la
economía
y, por otra, por la movilidad del capital que
supera los obstáculos de tiempo y
espacio; opera en el mercado por medio
de sus fuerzas concurrenciales: la oferta y la
demanda, mismas que promueven la competencia
permanente entre las empresas tanto para hacer eficiente la
asignación de los factores productivos como para
satisfacer las necesidades del consumidor. Los
factores de la producción son de propiedad
privada y generan un ingreso que garantiza cierta tasa de
ganancias para sus dueños, que a su vez, les permite la
acumulación y reproducción del capital. Lamentablemente
la competencia, por un lado, provoca la desaparición de
las empresas más débiles y, por el otro, fortalece
a las triunfadoras que terminan operando como monopolios u
oligopolios.
Estas características de operación del
sistema expresadas a través de sus leyes económicas
tienen su origen en tiempos remotos: desde que existe historia documentada del ser
humano se observó y registró que tuvo que luchar
para conseguir satisfactores que le permitieran sobrevivir,
generalmente en condiciones adversas, ya fuera por el clima, la
insuficiencia de bienes o por
lo rudimentario de sus instrumentos para cazar, pescar, pastorear
y sembrar la tierra. El
grado de dificultad lo orilló a desarrollar su capacidad
creativa , a volverse diestro en algo, situación que en
alguna forma constituye el origen del trabajo
especializado, actividad que en su momento le permitió
obtener provecho de la naturaleza,
como también del grupo en que
convivía, donde se organizó para la defensa mutua y
para manifestar su libertad de
elegir la manera en que pensaba actuar para ganarse la vida,
situación que lo llevó a la creación del
estado de derecho
y luego al régimen de propiedad privada, primero de la
tierra y
después del resto de los medios de
producción, propiedad que evolucionó, se
acrecentó y se perfeccionó con el sistema
capitalista en que surgieron la clase
patronal, las mercancías y los asalariados.
Este sistema opera a través de la interacción de dos fuerzas concurrenciales:
La oferta y la demanda, cuya
sincronización pudiera significar que la economía
se halla en equilibrio, el
cual generalmente no se alcanza por los motivos que describen a
la perfección las leyes del
capitalismo, entre otras, la propia ley de la oferta
y la demanda, la de la movilidad y de acumulación del
capital. El desequilibrio entre las fuerzas concurenciales genera
crisis que a
su vez repercute en los niveles de empleo de un
país. De ahí que sea difícil que una
economía opere a toda su capacidad y que mantenga niveles
de empleo pleno en todas sus actividades durante largos periodos,
salvo en ocasiones excepcionales.
La manifestación teórica-económica
actual del capitalismo es el neoliberalismo
globalizador que se expresa por medio de las actividades
comerciales, financieras y tecnológicas de las empresas
trasnacionales, principalmente. En este contexto es que la
economía mexicana se gestó, evolucionó y
alcanzó su madurez durante los últimos 24
años dentro del capitalismo, cuyo desempeño está por encima de
fronteras físicas y limitan la capacidad de gestión
de los Estados nacionales; ya que en el mejor de los casos, se ha
subordinado o condicionado la estrategia de los
programas de
desarrollo de sus gobiernos a las perspectivas de los mercados
internacionales, en los que las trasnacionales para mejorar su
posicionamiento basado, entre otras acciones, en
el sistema de producción posfordiano, incorporan
ocasionalmente en países "emergentes" como México, a
ciertas empresas medianas a sus sistemas de
producción flexible , preferentemente industriales.
Esto significa que reservan los mercados nacionales para la
distribución y venta de sus
bienes y servicios, en
los que por cierto intervienen de manera complementaria, a manera
de sobrevivencia , con la fortaleza que les da la facilidad con
que pueden operar en cualquier sistema económico ( Lange:
1976) , por lo general sin la estrategia operacional que
caracteriza a la gran empresa, sin
apoyo institucional decidido y lamentablemente adecuado, las
micro y pequeñas empresas, sobre todo las de los sectores
comercio y
servicios, en condiciones de marginación porque ellas como
la mayoría de las micro y pequeñas industrias no son
incorporadas a las cadenas productivas ni se benefician de las
innovaciones tecnológicas que periódicamente
aplican las trasnacionales para ser competitivas en los mercados
internacionales con sus exportaciones,
sector en que las micro y pequeñas unidades de
producción mexicanas tienen una participación
modesta.
Potencial de las micro y pequeñas
empresas,MYPES
Como se indicó, estos estratos empresariales
(Sánchez Barajas, 2005) constituyen el 98.6% del total de
empresas registradas en el país, de ahí que
simplemente por su número deberían de recibir
atención institucional prioritaria, dado
que representan la principal fuente de empleo por unidad de
inversión en el país. Datos oficiales
(INEGI/a, 1999) revelan que desde 1989 ocupan al 66.0% de los
trabajadores registrados; por su esfuerzo productivo aportan el
25.0% del total de las remuneraciones y
generar el 30.6% del PIB con
sólo emplear el 27.0% del total de activos fijos
netos de la planta productiva nacional.
Esta contraste en sus indicadores
pone de relieve por
una parte, el potencial que tienen para coadyuvar sustantivamente
en la solución del problema crónico del desempleo en el
país, por la otra, que hoy en día las MYPES
están rezagadas en la capacitación de sus recursos
humanos: apenas se capacita al 20.0% de sus directivos y
técnicos, porciento que contrasta con el 70.0% de las
grandes empresas (SE, 2003). Esto último aunado al
desconocimiento que tienen del inventario
nacional de innovaciones tecnológicas en los procesos de
fabricación, de maquinaria y equipo eficientes y baratos
para procesar materias primas e insumos nacionales, explica en
parte el porqué las MYPES apenas aportan el 16.9% valor agregado
censal bruto. No obstante lo anterior, es innegable que
constituyen la principal fuente de empleo en el
país.
Derivado de lo anterior, cabría preguntarse
porque dentro del reducido margen de maniobra ( Saldaña,
2006) que le dejan los monopolios al gobierno
mexicano, éste no ha diseñado una política objetiva de
fomento para estos estratos. Al respecto, con el fin de brindar
información para el diseño
apropiado de la política económica, es conveniente
decir que la última encuesta
levantada por el INEGI/b (2002) sobre micronegocios en el
país, ésta señala que están
registrados 4.4 millones y que para alrededor del 80.0% de sus
empresarios entrevistados, tres son sus problemas
principales: la competencia excesiva, la escasez de
clientes y las
ganancias reducidas. Sólo el 11.1% de ellos considera que
el crédito
y la escasez de recursos
económicos constituyen su principal problema. Como
puede observarse sus problemas principales son estructurales y
no operacionales, los cuales se derivan del modelo de
economía establecido, mismo que además de
constreñir la demanda nacional reduce los ingresos fiscales
y limita la capacidad del Estado para apoyar las
MYPES.
La realidad muestra
palpablemente que esta política de estabilización
económica establece que los aumentos salariales se fijen
en función del índice inflacionario y no de la
productividad
de los trabajadores, situación que hace poco atractiva su
capacitación, hasta podría pensarse que es
innecesaria. Igualmente, al perder dinamismo el poder de
compra y con ello los planes de expansión de las empresas,
ocasiona que la contratación del crédito no sea
vital para la operación y consolidación de las
empresas, aun más, que en el ámbito de la
tributación los impuestos
directos e indirectos crezcan menos que el potencial que
brindaría una economía con crecimiento
significativo. En consecuencia, establecer programas de fomento
para empresas que no venden a una población sin poder adquisitivo, ocasiona
que no se aprovechen a plenitud los programas oficiales en
vigor; es claro que al no haber demanda permanente las empresas
quiebran y cierran provocando desempleo. Mi experiencia de campo
revela que son pocas las micro empresas que operan y se
consolidan después de dos años, la mayoría
sólo dura en operación unos cuantos
meses.
Consecuencias:
Lo anterior genera un círculo vicioso, limita la
capacidad rectora del Estado en la economía, los pocos
recursos fiscales se destinan a programas con metas coyunturales
y no resolutivas de los serios problemas de las empresas , se
cancela la posibilidad de aprovechar los recursos humanos
capacitados, la recuperación de la inversión es
insuficiente y no rentable, se pierde la cartera de clientes que
garantiza la estabilidad de una empresa y, lo
más preocupante, desaparecen los empleos permanentes, bien
remunerados y con las prestaciones
sociales de ley.
Al respecto, este espectro negativo en el ámbito
económico lo resume el Dr. Eduardo Loría (2006) de
la Facultad de Economía de la UNAM de la siguiente manera:
" el desarrollo del país comenzó a presentar
dificultades desde hace 22 años, ya que de 1982 a la fecha
el PIB per cápita avanzó 0.6 por ciento anual,
cifra varias veces inferior a la media de 3.0 por ciento
reportada entre 1935 y 1981".
Por otra parte, es conveniente resaltar que centros como
el Instituto Mexicano de la Juventud (El
Financiero, 2006) informe que de
acuerdo con los resultados de su encuesta del 2000: el 72% de los
jóvenes entrevistados informaron que su empleo no tiene
relación con los estudios que realizaron a nivel
profesional o técnico, motivo por el cual considera que "
la solución tal vez se encuentre en compartir plazas como
sucede en Europa. Se
comparte el empleo y el sueldo Cada joven trabaja cuatro horas
diarias en vez de ocho."
Vista en esos términos la aplicación
del gasto
público en México luce inadecuada puesto
que se eroga en programas educacionales y de desarrollo
empresarial desarticulados entre sí e ineficientes porque
no fomentan la creación de empresas sólidas ni
incorporan al personal
calificado a unidades de producción o de servicios
relacionadas con su formación académica, es decir,
porque el ejercicio del gasto público no ataca de
raíz los problemas de desarrollo nacional.
Este diagnóstico urge que se tomen medidas
correctivas a la brevedad posible, sobre todo sabiendo que los
estímulos económicos para incrementar la
competitividad de los factores de la producción no
producen resultados inmediatos como exige la problemática
nacional, de manera que aun cuando el nuevo Presidente cambie de
política económica, de que le dé congruencia
a los programas al instrumentarla, además de la
reacción lenta de las fuerzas económicas, se
enfrenta a serias limitantes de naturaleza estructural física, productiva y
de servicios, mismas que se deben de atender para acelerar el
crecimiento hasta quizás en dos años,
mientras tanto,
Reflexión:¿ Qué hacer para
resolver el problema del desempleo en el
país?
La opinión generalizada indica que en el futuro
inmediato seguirá vigente el modelo neoliberal y por ende
tendrá prioridad la política económica de
estabilización con crecimiento hacia afuera. En estas
condiciones el Estado
mexicano debe tener capacidad de respuesta al desafío que
plantea el dinamismo en el crecimiento de la PEA, (Cadena, 2006)
ya que pasará de 43 millones en 2005 a 64 millones en
2030, misma que posiblemente observe la siguiente
composición estructural: 97.9% estén empleados y
2.1% estén desocupados. De los primeros, 4.1% serán
patrones; 24.2% trabajarán por su cuenta; 61.1%
serán asalariados; 8.3% trabajarán sin percepción
monetaria alguna y quizás 0.2% estarán en el rubro
de "otros trabajadores".
La situación es crítica
porque muchos piensan que no habrá reformas estructurales
en el corto plazo. La composición esperada en el poder
legislativo del 2006 al 2012 no augura consensos expeditos
entre las fuerzas políticas
del país. En consecuencia, no hay una visión
optimista sobre el establecimiento de condiciones técnicas
ni productivas para dinamizar la economía; prevalecen la
insuficiente y por consiguiente cara oferta de
energéticos, la escasa inversión en
investigación y desarrollo de la cual se deriva el rezago
tecnológico, las prácticas empresariales no
competitivas, la ausencia de infraestructura física,
social y productiva competitivas, etc. situación que en
parte explica que en México la tasa de desempleo haya
aumentado anualmente de 3.8% en el año 2001 a 5.9% durante
el 2004, la cual afortunadamente decreció a 5.6% en el
2005. No obstante en febrero pasado nuevamente registró un
porciento parecido al de años anteriores:3.6% ; a nivel de
perspectiva por el impacto que produce, es conveniente mencionar
que en los Estados Unidos la
tasa de desempleo en febrero pasado fue del 4.8%, superior a la
estimada de 4.7%.
Esta situación corrobora la necesidad de
diseñar una política autónoma hasta donde
sea posible para disminuir la dependencia de la evolución
de la economía norteamericana, la cual debe caracterizarse
por una mayor intervención del estado en la
economía con una política que además de
estabilizar la economía también la dinamice con
programas de mayor cobertura social y de protección a las
MYPES para que efectivamente generen más empleo, para que
la mayoría de ellas se vincule a las cadenas productivas y
de servicios, así como para que mejoren su posicionamiento
en las exportaciones directas o indirectas al mercado
internacional.
Referencias para el diseño de una
política económica que impulse el empleo basada en
la solución de los problemas sustantivos de las empresas
mexicanas.
1.- Conviene recordar lo señalado en
párrafos anteriores: el INEGI desde 1992 viene dando a
conocer la opinión de los empresarios de estos estratos
sobres los principales problemas que les aquejan: Para la
mayoría estos son: La competencia excesiva, la falta de
clientes y por consiguiente las escasas utilidades que obtienen;
o sea que la falta de crédito no es su principal
obstáculo para operar competitivamente en un mercado
globalizado. Lamentablemente ésta información no es
utilizada en el diseño de las políticas de fomento
de las MYPES.
2.- Su inobservancia será perjudicial para las
MYPES y la normatividad que se implemente carecerá de
visión sobre el futuro de la doctrina internacional que la
sustenta: más mercado y menos Estado. El profesor John
Gray de la London School of Economics ( 2004) señala que
"el gobierno de Bush pasará a la historia como la
administración que cavó la tumba del mercado
libre global. Posiblemente sólo sea una cuestión de
tiempo que los Estados Unidos dejen con un palmo de narices a
la
Organización Internacional de Comercio. En este caso,
el comercio volverá a ser un asunto de negociaciones
bilaterales entre gobiernos y bloques. El sistema internacional
volverá a ser una sociedad de
Estados soberanos."
3.- Con respecto al crédito, en todos lados se
continúa insistiendo menos en el circulo de los
microempresarios, en que su escasez es uno de sus principales
problemas a resolver para hacerlos competitivos. Por ejemplo,
hace apenas unos cuantos meses, cuando se inauguró el
canal de televisión
de MONITOR, si no
mal recuerdo fueron invitados el primer día de su
inauguración el C. Gobernador del Banco de
México y el C. Secretario de Hacienda y Crédito
Público, quienes hablaron entre otras cosas, de la
estabilidad macroeconómica y de que ya se estaba en
condiciones de conceder un poco más de crédito,
preferentemente para las MYPES. En esta perspectiva, no se ve
próximo el desarrollo promisorio de las empresas puesto
que institucionalmente se apuesta a soluciones que
poco tienen que ver con los problemas principales de los
diferentes estratos empresariales, en particular de las
MYPES.
A mayor abundamiento, el 23 de marzo pasado el
Periódico el Financiero publicó como principal
noticia que " impulsará al país la expansión
del crédito"
Suponiendo sin conceder que el crédito fuera uno
de los principales problemas, La encuesta del último
trimestre del 2005, cuyos resultados dio a conocer hace poco el
periódico el Financiero (Redacción, febrero, 2006) revela al igual
que las anteriores, que los proveedores
constituyen la fuente principal de financiamiento
para las empresas, seguidos por la banca comercial
y, en menor medida, por el apoyo crediticio que otorga la banca
de desarrollo. Esto parece contradictorio ya que dentro de la
política de fomento, por una parte, se le concede una gran
importancia al crédito y por la otra, éste no se
asigna en cantidades significativas por la banca comercial que se
supone debería de estar motivada por la política
institucional de fomento; como tampoco de la banca de desarrollo.
Agréguese que las tasas de
interés como los esquemas de amortización del capital .no corresponden
al concepto de
"créditos preferenciales o blandos" que se
usan para impulsar la economía, sino al deseo desmedido
por obtener una intermediación financiera alta.
Propuesta
La solución al problema del desempleo se debe de
fundamentar en una política de apoyo objetivo y
sustantivo del Estado mexicano, la cual debe guardar congruencia
con la situación real de los empresarios y no a ultranza,
con los compromisos establecidos internacionalmente. Esta
política debe establecer la competencia regulada
sectorial, temporal y regionalmente entre las MYPES mexicanas.
Para delimitar la acción
del Estado, su intervención en la economía, su
implementación debe sujetarse a las facultades que le fija
la Carta Magna
y a la normatividad establecida en la Ley Federal de
Competencia, así como en las experiencias exitosas
registradas, digamos, en España y
en Estados Unidos.
Dar solución a los problemas torales de las MYPES
es resolver problemas del tejido económico que se sustenta
en el social y en el demográfico. El desarrollo
económico de estas empresas es condición
necesaria para el desarrollo social
y garante de la paz social en el país.
Actividades específicas de los programas a
instrumentar
1. El Estado por medio del Ejecutivo Federal
formulará la reglamentación necesaria para
normar la operación espacial, temporal y sectorialmente
para cada uno de los tamaños de empresa.
2. Al contar con esos ordenamientos, conjuntamente con
las agrupaciones de empresarios elaborará los programas de
organización y administración suficientes
para apoyar y supervisar a las empresas.
3. El Estado en coordinación con las organizaciones
empresariales monitorearán de manera permanente el mercado
para conocer las necesidades y preferencias de los consumidores,
mismas que constituirán la base para actualizar la
política, la normatividad y sus programas correspondientes
de fomento selectivo entre las empresas, que en turno, de
acuerdo con la demanda detectada, quizás nuevamente
serían organizadas para competir rentable y abiertamente
con un horario y en un espacio preestablecidos. El
propósito es como dice Drucker: hay que fabricar lo que se
vende, no vender lo que se fabrica.
4. En esta forma sin aumentarlo, se optimizará el
modesto gasto público promoviendo selectivamente y
no de manera indiscriminada como sucede en la actualidad,
sólo las actividades económicas de interés
prioritario para el consumidor. Ello no excluye la libertad de
que las empresas operen en las que estimen conveniente,
estén o no apoyadas institucionalmente.
5. Con esta programación espacial, temporal y
sectorial, se garantizará que los micronegocios
tengan clientes y que la competencia sea menor entre
ellos.
6. La suficiencia presupuestaria para instrumentar la
organización y administración institucional ahora
sí hará posible que se aprovechen mejor los
programas en vigor, tales como la vinculación de las MYPES
con las medianas y grandes empresas por medio de las cadenas
productivas y comerciales; el desarrollo empresarial; la
formación de recursos humanos técnicos y
directivos; de abasto y suministro de materias primas; asistencia
técnica; su asociación en alianzas
estratégicas comerciales, financieras y
tecnológicas; los crediticios, etc. mismos que en la
actualidad al no atacar de raíz los principales problemas
de las empresas producen resultados modestos.
Alcance de esta política
Al resolverse los problemas principales de los
empresarios con esta política de competencia regulada,
indudablemente que aumentarán los niveles de empleo en las
diferentes actividades que integran la economía mexicana.
Para cuantificar su efecto se parte de la clasificación o
estratificación empresarial. En el Diario Oficial de la
Federación del 30 de marzo de 1999 se establecieron los
tamaños de empresa definidos por SECOFI en
función del número de empleados para los siguientes
sectores económicos:
Cuadro 5: estratificación por
sector económico
Fuente: INEGI/1:Censos Económicos
1999. Micro, pequeña, mediana y gran empresa,
p12.
En consonancia con lo anterior es interesante decir que
la Encuesta Nacional de Micronegocios realizada por INEGI/a el
año 2002, se informa que ese año estaban
registrados 4.4 millones de micronegocios en el país.
Claramente se observa que independientemente de que dichas
empresas estén clasificadas en cualesquiera de los
sectores económicos o tamaños de empresa
anteriores, un cálculo
sencillo pero ilustrativo muestra que si con esta política
de fomento cada una de las empresas contratara un trabajador
adicional, el número de asalariados aumentaría en
4.4 millones, cantidad que corrobora la capacidad de las MYPES
para abatir el desempleo.
Dada la magnitud del impacto es conveniente reiterar que
este es un documento en el que se sugieren políticas
para mejorar el empleo, no establece metodología alguna para elaborar programas
operativos, por consiguiente al no tener como fin último
el exponer la metodología para elaborar los programas
operativos, no hay una exposición
rigurosa sobre las actividades , sobre su programación y
presupuestación, mucho menos sobre su aplicación e
incidencia en los resultados buscados. El cuidado especial se
puso en el diseño de los lineamientos que caracterizan
esta política.
Es indiscutible que en la fase de elaboración de
los programas correspondientes será cuando se establezca
una metodología adecuada para determinar con más
precisión el impacto en el empleo y por consiguiente en el
PIB; el aumento real puede ser mayor o menores que los 4.4
millones de empleos obtenidos y sin embargo, dado el gran
número de estos estratos empresariales, cualesquiera que
sea el dato definitivo siempre será importante porque
dentro de la metodología a utilizar se incluirán no
sólo el número de micronegocios, también la
actividad económica ( existen unas que son intensivas en
mano de obra, otras no), el monto de las inversiones
públicas, cuantía de los programas de gasto
específico y sus correspondientes multiplicadores del
efecto que provocan en cada uno de los tamaños de empresa,
entre otros.
- Evaluación: análisis de sensibilidad ex –
ante
Sin modificar la normatividad existente, sin elaborar
lineamientos adicionales en las leyes primarias,
inclusive, sin cambiar de política económica en el
corto plazo, el Estado puede instrumentar la política de
competencia regulada con programas específicos para
resolver los principales problemas de las MYPES.
Bastará que su promoción y operación giren en
torno a la Ley
Federal de Competencia por constituir este ordenamiento el
marco regulatorio a partir del cual el Estado puede alentar o
restringir la libre competencia entre todas las empresas
mexicanas en lugares y con horarios específicos para que
tengan más clientes, para que se reduzcan los competidores
y aumenten sus ganancias en beneficio de una vida prolongada de
las empresas que, además de incrementar el empleo
permanente y mejor remunerado, garantizaría la
recuperación rentable de la inversión, pero sobre
todo, las empresas aprovecharían de mejor manera los
programas de fomento que los tres órdenes de gobierno
tienen en vigor. Sin duda sus resultados serían mucho
mejores, tanto los institucionales como los de las organizaciones
empresariales y de las instituciones
docentes y de
investigación, dado que el entorno institucional favorable
gestaría sinergias que coadyuvarían a aumentar la
competitividad empresarial y el empleo de las MYPES, mismas que
al ser por ejemplo, vinculadas a clusters, a
cadenas productivas y de servicios y, en general a los esfuerzos
que despliega actualmente la Secretaría de Economía
y sus homólogas estatales y municipales, mejorarían
su participación en la creación de la riqueza
nacional, en su distribución equitativa y uso sustentable
de los recursos
naturales del país. Esta mejoría en su
operación incrementaría sus activos fijos, el
valor agregado que generan y podría convertirlas en la
bujía del desarrollo
sustentable con equidad y
justicia
social. .
Al ser la Ley Federal de Competencia un ordenamiento que
tiene como objetivo principal el desalentar la creación de
monopolios y por consiguiente, la promoción de las micro,
pequeñas y medianas empresas, sus lineamientos dan la
pauta para elaborar los programas regulatorios de la competencia
entre las empresas. La experiencia exitosa del Estado
interventor legislando y promoviendo la competencia
regulada se localiza además del ordenamiento mexicano
descrito, por ejemplo, en la Ley Antimonopolios de hace
aproximadamente cien años en EEUU y recientemente, en
España con la Ley de Ordenación del Comercio
Minorista, cuyos resultados convendría evaluar para
derivar lecciones útiles para México.
Con esta propuesta realista y ecléctica, no se
plantea el dilema entre el populismo y el
estatismo, tampoco que debe existir más mercado que
Estado, no, se sugiere que contando con la guía
institucional, se indica cómo poner el mercado al servicio del
empresario y
del consumidor; independientemente de que se complemente con
los mejores resultados obtenidos con los diversas programas
aplicados en el pasado inmediato.
En este sentido convendría estudiar su
vinculación con el programa
OPORTUNIDADES, ya que el Estado no tienen como objetivo
permanente toral el combate per sé a la pobreza, sino
la mejoría en la calidad de
vida de los mexicanos. Debe de haber un límite a
partir del cual la población antes marginada ahora ya
cuente con elementos que hayan mejorado su autoestima y
desee formar su propio negocio. En este punto surgirá su
vinculación con las MYPES como eslabón productivo
que les permitirá generar sus propios ingresos en el
mediano plazo.
Con este concepto de competencia regulada que tiene como
eje rector la planeación
espacial, temporal y sectorial por tamaño de empresa, se
combinan en el corto plazo los beneficios de la teoría
y de la práctica institucionales de manera preferencial
para el mejor desarrollo independiente de las MYPES en el
mercado interno y, en el largo plazo, su apertura al exterior
mediante su vinculación en alianzas
estratégicas, directa e indirecta con los programas de
exportación de las grandes empresas que
incursionan en el vasto mercado mundializado de la
actualidad.
En esta forma se logra mejorar la competitividad
macroeconómica y microeconómicamente, en virtud de
que el Estado organiza, administra, fomenta, sugiere actividades
y lugares que cuenten con demanda plenamente identificada; hace
seguimiento, evalúa y actualiza pero nunca más
produce ni manipula los precios del
mercado. Microeconómicamente, porque no coarta la
iniciativa de los empresarios, no restringe su libertad para
elegir la actividad económica en la que se pretendan
realizar, por el contrario, ahora si se preocupan por calificar a
sus recursos humanos y obtener financiamiento para iniciar,
consolidarse o ampliarse competitivamente en el
mercado.
Factibilidad de esta política
económica
1.- Los antecedentes internacionales y del país
muestran que desde el momento que existe normatividad en la
materia,
prácticamente el problema en términos generales ya
no es de legislación sino de operación, de
elaboración, organización y de puesta en marcha de
los programas antes mencionados, cuya justificación anual
para darles suficiencia presupuestaria se hará en la
exposición de motivos de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de
Egresos de la Federación. Por consiguiente ya no es
necesario generar la idea y mucho menos consensarla entre los
integrantes del Congreso de la Unión. Será responsabilidad del Ejecutivo instrumentarla por
medio del ejercicio del gasto público en cada año
fiscal. La
Carta Magna y
su derivación en La Ley Federal de Competencia
acotarán la participación del Estado promoviendo
con esta política el empleo a través de las micro y
pequeñas empresas mexicanas.
Puesto que no se modificará la política
económica nacional en el futuro inmediato, se
continuará con la política laboral de
contención salarial, con la restricción monetaria,
con política
fiscal de equilibrio presupuestal y la financiera de un menor
endeudamiento externo e interno; en particular, si se hace
referencia a la nueva ley para la elaboración del
presupuesto de egresos federal que idealmente recomienda cero
déficit. Dicho en otras palabras, no se perturbará
la estabilidad macroeconómica ni las finanzas sanas
del gobierno, sólo se optimizará la
aplicación del gasto de fomento en programas para
actividades de interés para los consumidores, es decir,
que distribuyan mejor la demanda con procedimientos de
organización y administración para incentivar la
creación y comportamiento
competitivo de las empresas, mismas que al contar con mercado
para sus bienes y servicios tomarán el riesgo de
reinvertir sus utilidades y contratar más personal para la
expansión de su aparato productivo o
distributivo.
En esa forma se dará respuesta a la pregunta
que se hace sobre cómo crecer más
rápido. Definitivamente la proliferación de
empresas sanas y con perspectivas de crecimiento en un plano de
competencia regulada además de resolver el problema del
desempleo, gradualmente eliminará las profundas
desigualdades económicas, sociales y políticas que
prevalecen en la sociedad mexicana. Así, el objetivo de
crecer con estabilidad se alcanzará a través de la
consolidación y aumento de empresas exitosas que al tener
una demanda permanente serán la piedra de toque para
asegurar el crecimiento y desarrollo nacional.
2.- El grado de intervencionismo de Estado mexicano que
se sugiere es menor al que practica el Estado chino, cuya
política económica es instrumenta por un solo
partido político, que a través de una
planeación centralizada utiliza instrumentos distintos a
los convencionales en el "mundo occidental" para atraer
inversiones foráneas en grandes cantidades y para
dinamizar su economía, la cual sin haber dado el gran
salto tecnológico que recomiendan los manuales de
desarrollo económico, registra tasas de crecimiento de
alrededor del 9% y en el año 2010 será la primera
exportando, situación que repercutirá en una mejor
calidad de la
vida de su sociedad.
La intervención del Estado mexicano
continuará siendo congruente con las recomendaciones de
las modernas teorías
de la competitividad, en virtud de que en México como
en Estados Unidos el Estado creará la normatividad
para gestar el entorno macroeconómico favorable,
además de supervizar la buena marcha de las
empresas.
2.1.- En este sentido es que la actual
discusión sobre el contenido de las reformas que deben
de hacérsele a la Ley Federal de Competencia para
mejorar su normatividad, fortalecerá su capacidad para
acotar mejor el intervencionismo del Estado y las maniobras de
las empresas, es decir, cuidará que no se violen las
garantías jurídicas contenidas en la Carta Magna,
como que su alcance favorezca la eficiencia de
los mercados. Parece haber consenso en torno a que el
desplazamiento sea parte esencial de la
competencia, así como la libertad de sustituir un bien o
servicio por otro de origen nacional o extranjero con objeto de
que se atienda la demanda oportunamente y no ocasione
manipulaciones lucrativas en los precios, derivadas de
su escasez relativa o transitoria.
3.- El análisis reciente de los resultados
y en particular de la opinión de los empresarios
entrevistados cuando el INEGI realizó la Encuesta Nacional
de Micronegocios el año 2002, muestra que los empresarios
sin apoyo institucional ya iniciaron un cambio
territorial de sus escalas de producción o de
distribución, debido a la excesiva competencia que lejos
de producir un crecimiento vigoroso en sus empresas, ha generado
una modesta rentabilidad
empresarial, la cual ha ocasionado su desplazamiento
geográfico hacia lugares con mayor demanda efectiva,
dentro de los que destacan Jalisco, Baja California y Veracruz.
(Gutiérrez, 2006)
Este cambio de residencia de las empresas obligadas por
la falta de oportunidades en el lugar de su creación, fue
externada por un número significativo de empresarios,
urgidos por recuperar su inversión, dar empleo y contar
con un ingreso que les permita realizarse. Esta rotación
debe apoyarlo el Estado con una política económica
basada en la planeación espacial, temporal , sectorial y
por tamaño de empresa como la descrita en párrafos
anteriores.
Es indudable que al vincular estos estratos
empresariales con los de la mediana y gran empresa a
través de una política integral planteada en el
próximo Plan Nacional de
Desarrollo, que contenga los incentivos para
su crecimiento, los resultados serán más
importantes puesto que al mejorar el poder de compra y reducir la
competencia entre las empresas, aumentarán los planes de
expansión empresarial en espacios que cuenten con demanda
identificada por el Estado y las organizaciones empresariales,
situación que provocará en consecuencia un mayor
dinamismo y empleo remunerado para la clase trabajadora
mexicana.
Bibliografía
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abril, 2006,p.14. - Secretaría de Economía, Documento
promocional, 2003.
DR. Genaro Sánchez Barajas,
FACULTAD DE ECONOMIA/UNAM – 04455 14732231 Y
56744515
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