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Desarrollo territorial y gestión del agua en la marina alta de alicante (página 2)



Partes: 1, 2

 

2.-
El medio físico y los
recursos
ambientales.

Los rasgos estructurales marcan una gran
compartimentación del territorio, que es mucho más
marcada en el sector interior y de predominio montano, donde
llegan a alcanzarse cotas de 1.384 m.s.n.m. en el nacimiento del
río Gorgos, el mayor rió de la zona. De Oeste a
Este se producen variaciones significativas de las directrices
tectónicas y de la topografía que anuncian la presencia de la
componente ibérica manifiesta en el óvalo del
litoral valenciano lo que condiciona, la presencia de valles
fluviales excavados y colmatados por los ríos que
descienden bruscamente desde los rebordes orientales del Macizo
del Alcoy a la costa. Estos ríos han conformado llanuras
aluviales en el litoral, quedan únicamente interrumpidos
por los finisterres prebéticos que se asoman al mar en las
puntas del Cabo de San Antonio,
La Nao, Punta de Moraira y Klipper de Ifach, facultando
así la presencia de costas de acantilado alto.

Contrastes esenciales se derivan de los rasgos
orográficos apuntados, y que se dirimen esencialmente
entre la parte litoral en los que abundan, llanuras de
acumulación y espacios de avenamiento precario, que
originan sectores de costas bajas y otra zona montañosa
interior que muestra rasgos
alpinos y que en se proyecta en algunos tramos sobre la costa
ofreciendo tramos de acantilados altos y medios. Hechos
esenciales en la ocupación posterior del
territorio.

El clima de la
Marina Alta se caracteriza por veranos secos y calursos,
inviernos suaves y una estación equinoccial (otoño)
muy lluviosa por lo que la componente de aridez que afecta a la
provincia de Alicante en su sector meridional aquí
desaparece. Con una media térmica de 18º C y una
precipitación media que en la mayoría de los
observatorios supera los 600 mm y que puede alcanzar en algunos
puntos los 900, arroja un balance hídrico-climático
que ofrece en todos los observatorios analizados un
superávit manifiesto y un tipo climático C2, es
decir subhúmedo que únicamente acusa un
déficit hídrico en los meses centrales del verano
(julio y agosto). Cabe destacar sin embargo que las principales
aportaciones se producen en forma de aguaceros intensos, que
concentran en un día o unas horas hasta el 40% del
volumen anual,
y que provocan las crecidas espasmódicas de los
ríos de la comarca que se precipitan inundando los llanos
costeros (Bru Ronda, 1993).

El ámbito interior corresponde a las cuencas
medias y altas de los ríos y barrancos que los drenan la
Marina Alta (Gallinera, Ebo, Bullens, Girona y Gorgos) donde la
escorrentía superficial esta continuamente mediatizada por
la topografía abrupta y los materiales
permeables y por ello de difícil regulación, y un
ámbito litoral en el que se desarrollan una serie de
subcuencas litorales escasamente jerarquizadas que al
desarrollarse sobre sectores llanos e impermeables determinan
áreas inundables (Planas de Gandía-Denia y Javea)
como la Marjal de Pego-Oliva y donde los barrancos pierden su
cauce en desembocadura , por los voluminosos arrastres que
depositan y por la intensa trasformación del medio , como
ocurre en los tramos entre el Montgó-Dénia, y Les
Marines-Setla. Estas zonas inundables son sobre las que se
asienta una gran parte de la población e importantes puntos negros en la
Comunidad
Valenciana.

Tanto en las grandes cuencas como las pequeñas la
regulación es inexistente ya que el único embalse
de 1 Hm3 de capacidad y que se
sitúa en el Río Girona tiene un vaso permeable que
lo inhabilita para regulación superficial de agua. Las
aguas subterráneas en la zona, las aportan las cinco
Unidades Hidrogeológicas que afectan a la Comarca y que se
comparten con otros sistemas de
explotación. Estas son a priori , abundantes si tenemos
como referencia el balance hídrico climático, de la
zona y las características de permeabilidad de los
acuíferos, y sin embargo se desconoce aún el
potencial de algunos de ellos como en el caso de la UHG
Almirante-Mustalla-Gallinera con unas entradas evaluadas de 100
Hm3 y unas salidas de 36
Hm3. En conjunto se valoran en
un volumen medio de 157,22 Hm3
anuales, la aportación de las mismas y del cual 26
Hm3 son salidas al
mar.

En este espacio comarcal, y a lo largo de las cuencas
altas y media de los ríos se localizan espacios naturales
de gran valor
ambiental y etnográfico entre los que destacan por las
especies que allí se localizan y el patrimonio
cultural de los municipios, la zona del Vall d’Ebo, y el
entorno de la Sierra de Bernia. Ya en las cuencas bajas
encontramos en la costa el Cabo de la Nao, Cabo de San Antonio y
Sierra del Montgó así como la Marjal de Pego-Oliva.
Estos dos últimos ámbitos han sido declarados,
parques naturales. En el caso del Montgó por su
importancia botánica ya que alberga numerosos
endemismos, y en el de la zona húmeda por constituir uno
de los ecosistemas
más valiosos de Europa por la
abundancia de especies vegetales y animales que
allí se crían.

3.-
Ocupación del medio y desequilibrios
territoriales.

La Marina Alta alberga entre su patrimonio cultural y
etnográfico parte de los conjuntos de
arte rupestre
más significativos del Arte Levantino, lo que indica que
desde esas fechas en los valles del interior y abrigos de la
costa ha habido un poblamiento continuo de la comarca. Sin
embargo hasta finalizado el primer tercio del S. XVIII se trata
de un territorio subpoblado y que se recuperará
demográficamente con el lanzamiento comercial de la
agricultura
que se produce a comienzos del S. XIX y que vendrá
caracterizada por un secano, donde la vid de pasificación
domina toda la economía agraria. Tan
solo a finales del XIX, cuando entró en crisis el
negocio pasero la agricultura comenzará a diversificarse y
se iniciará la expansión del regadío y al
mismo tiempo el
crecimiento de las demandas urbanas del agua, centradas
principalmente en los valles prelitorales y la costa.

3.1. Los usos del agua y su evolución.

3.1.1. El regadío y las
aguas

Los usos del agua y las obras de regulación
hidráulica, se encuentran en la zona tardíamente
refenciados, los precedentes tienen que ver con la
desecación de áreas pantanosas, y no será
hasta que se producen los primeros ordenamientos en el S. XIX y
con motivo de la aprobación del cultivo del arroz cuando
se produzcan las concesiones de caudales y el desarrollo
sistemático de la red de riego y drenaje de la
zona inundada de la Marjal de Pego. Desde fines del XVIII se
habría intentado además, regular el caudal del
río Girona, mediante la construcción de una presa que no se
llevaría a cabo hasta mediados del S. XX. Serán
mucho más efectivos, sin embargo los usos de aguas
fluyentes de fuentes y
manantiales y la prospección y búsqueda de caudales
que quedarían regulados por la Ley de Aguas de
1879, iniciándose en la segunda mitad del S. XIX, la etapa
de explotación de agua, con la adecuación de los
aprovechamientos de aguas superficiales existentes y la
institucionalización de la privatización de las aguas
subterráneas, que a partir de entonces adoptaron
múltiples tipologías en los sistemas de
explotación.

La recesión del negocio pasero desde 1890 y los
primeros embates de la filoxera en 1904- 1905 empujaron a los
agricultores a buscar alternativas viables al monocultivo de la
vid, entre los cuales estaba el regadío y en concreto los
cítricos, que alentaron junto al incremento de la demanda urbana
los mayores incrementos en las perforaciones.
Sistemáticamente en las partes media y baja de la cuenca
agricultores y empresas de agua
privadas criban, merced a los adelantos técnicos y la
aplicación de la electricidad a
partir de los años 30, los mantos acuíferos y
coincidiendo con el mayor auge del sector naranjero y que
desempolvó de nuevo el proyecto de la
presa de Isbert, la cual se levantó en 1944, pero y tras
el llenado del vaso las aguas se filtraron por las paredes y el
techo quedando obsoleta para regular aguas superficiales. Hoy
sigue cumpliendo sin embargo la función de
reinfiltración de caudales que descienden por el
Girona.

En los años cincuenta se produce una nueva
revitalización de los alumbramientos, que resultará
sostenida hasta prácticamente la entrada en vigor de la
nueva Ley de aguas. Si bien, ya desde mediados de los cincuenta
del siglo pasado se sufren los problemas de
restricciones puntuales y elevadas salinidades existiendo la
pugna entre usos agrarios y usos urbanos, entre los que se diluye
el uso industrial, ya que la industria
está escasamente representada en la comarca. Encontramos
ya en 1967 riegos que en algunos puntos utilizan aguas con
contenidos de 2.930 mg/l de sales (Bru Ronda, 1993). En los
años 60 y 70 se tienen constancia de incrementos de la
superficie regada en un 27,2% y un 22,1% respectivamente y a
principios de
los noventa la superficie regada es de 9.646 Ha que ocupaban
principalmente la plana y valles litorales, mientras que
aglutinaban el 76,3% del regadío mientras que entre los
pueblos del interior se reparte el resto y lo que aquí
predomina es un secano, basado en cultivos leñosos entre
los que destacan vid, olivo y almendro.

Las grandes expansiones de la zona regada que a partir
de los años ochenta se ralentizará por la competencia que
introducen los espacios urbanizados, vendrán favorecidas
por los planes de actuación de la
administración central IRYDA e INC que tendrán
actuaciones importantes en los valles prelitorales y sobre todo
en el valle y Marjal de Pego que desde 1972 se intenta
reconvertir, mediante su saneamiento y transformación en
regadío, inversiones y
obras, que dieron al traste tras las lluvias de 1987, en que
cayeron 388 l/m2 y devolvieron
la Marjal a su anterior situación tras una inversión próxima superior a los
1.000 millones de pesetas. Tiempo después la
Consellería de Obras Públicas inició el
proceso de
conservación del espacio al proponer su declaración
como parque natural, lo que suponía indemnizar de nuevo a
los propietarios históricos de las tierras de la Marjal
con una nueva inversión de 1.200 millones
más.

Casi todas las transformaciones de regadío se
centraron en los valles prelitorales y cuencas medias y bajas y
subcuencas litorales del Racons-Bullens, Girona y en el Gorgos,
en las que se captaron los mayores aforos al principio con aguas
que salían caballeras por los minados y cavas, pero que
con el tiempo y ante el descenso de niveles piezométricos
hubo que reprofundizar y aforar. Así a principios de los
90 el espacio regado lo era en un 76% con aguas
subterráneas, el 4,3% con aguas superficiales y el resto,
20% regadíos mixtos.Siendo la localización de
áreas regadas en el interior meramente simbólicas y
con carácter deautoconsumo, aunque
favorecían la exportación de caudales desde los
acuíferos.

Las dotaciones oscilaban entre zonas más
favorecidas con 7.500 m3/Ha/año en la zona arrocera de la Marjal
y 6.000 y 5000 m3/Ha/año en zonas de huerta y
cítrticos más aventajados, y en zonas con problemas
de irregularidad se aplicaban con suerte los 4.000
m3/Ha/año. La estructura de
estos regadíos que ha permanecido invariables hasta estos
momentos, tenía unas características definidas por
su nivel de minifundismo y dispersión parcelaria, hecho
más llamativo en los lugares mejores del regadío
(extremo NE). Un 93% son explotaciones menores de 5 Ha que
agrupan a un 47,2% de la tierra de
explotación.

Minifundismo y dispersión parcelaria han impedido
aplicar recursos técnicos y financieros para mejorar las
explotaciones, a lo que se añade, que la propiedad es
directa en un 98% de la superficie censada, aunque luego se
utilice mano de obra asalariada para realizar el cultivo, ya que
la ocupación principal del propietario no es la agraria,
pues su trabajo
principal lo realiza en otras empresas u otro sector productivo,
llevando a la práctica el sistema de
agricultura a tiempo parcial. Y ello es así porque el
mayor porcentaje de las explotaciones (un 44,7% del total) rinden
menos del 20% de los ingresos
familiares, y otro 43,5% corresponde a las empresas que rinden un
80%, siendo por ello necesario desarrollar otra actividad fuera
de sus tierras, normalmente en el sector servicios o en
actividades industriales. Ello conlleva a su vez que la
formación agraria de estos espacios es baja normalmente, y
de no integrarse en un sistema de cooperativa no
aplica correctamente las técnicas
de cultivo y riego, e incluso infrautiliza la maquinaria que
tiene. Este tipo de agricultura con graves déficits
estructurales y serias debilidades se enfrenta a un futuro
incierto ante la entrada en vigor de las medidas adoptadas por la
Política
Comunitaria Agraria y que dependiente de las ayudas de la
Administración para subsistir en muchas
ocasiones.

El sistema de propiedad de las aguas se distribuye entre
las comunidades de regantes y los grupos de
colonización que eran los que disfrutaban de las
concesiones de aguas superficiales.

Ante la reducción de éstas se convirtieron
en sociedades
agrarias de trasformación, sindicatos del
campo y cooperativas,
quedando detentada la propiedad actualmente por empresas privadas
y particulares. Tanto en el caso de las comunidades de regantes
como en el de los sindicatos de riego, se trata de
aprovechamientos de aguas adscritas a la tierra, que
pasa a formar parte de la comunidad con una dotación fija
de acuerdo al número de Ha inscritas. Además estas
se rigen por estatutos, en los que se vierten sus ordenanzas y
reglamentos que guían la actividad de la sociedad.

Numerosos son, sin embargo las empresas privadas
detentadas por particulares de evidente solvencia
económica o por sociedades capitalistas que invirtieron
ante las expectativas de negocio, en perforaciones con fines
meramente lucrativos y de especulación (siendo un hecho
diferencial a lo que encontramos en otras partes de la
provincia). En algunas ocasiones, y en el segundo de los casos,
sucede que colaboran agricultores como copropietarios, bajo una
modalidad de acciones de
agua, y en otras mediante la venta a
posteriori de participacioneshora (incluyendo en todo caso
la propiedad porcentual sobre las instalaciones
eléctricas y de bombeo). Una vez se han obtenido las
aguas, los regantes se constituyen en algún tipo de
mancomunidad o sindicato de
riegos para atender a su distribución y administración. Estos no dependen
jurídicamente de los anteriores, pero sí lo hacen
de facto, ya que centran en el mismo aprovechamiento, el agua,
indispensable para la supervivencia de su explotación y de
su economía.

El claro exponente de la privatización de las
aguas, lo constituyen las empresas particulares, de entre las que
cabe destacar por su rango económico y antigüedad: La
Junta de Aguas de Riegos, S.A. (Denia), que pasó a
llamarse Aguas y Riegos Garrigues (Denia), y ahora Sosegur (que
abastece a la ciudad); Agriben, S.A. (Orba), y Pozos Reunidos,
S.A. (Javea). Existen algunas más, pero todas ellas
constituyen monopolios locales del agua, que actúan en los
distintos municipios. Su función es meramente
especulativa, ya que tras la compra o arrendamiento de los
predios en los que se ubican los pozos, comercian con el agua.
Las extracciones y oferta de
recursos se realiza siempre supeditada a las demandas,
cuestión esta que ha entrañado el escandaloso
descenso de niveles, sobreexplotación, salinización
y deficiencias de calidad y, en
fin, carestía del producto.

El precio del
agua es un elemento que influye diariamente en la economía
del regadío y además está muy relacionado
con el aspecto de la propiedad de la misma y las
características de su origen. En este sentido, las aguas
superficiales no entrañan grandes variaciones, ya que sus
precios
dependen exclusivamente del mantenimiento
de las acequias de riego y del pago del personal
encargado del mismo. Más compleja resulta la
delimitación del coste de las aguas profundas que se han
ido encareciendo ante los índices de
sobreexplotación provocados por el incremento de los
consumos del área regada y también por el consumo que
sobre el agua de riego efectúan zonas residenciales y
urbanizadas carentes de otro tipo de suministro. En el
último quinquenio las graves restricciones sufridas en la
zona por periodos de reducida pluviometría han agravado el
nivel de sobreexplotación en las zonas costeras donde
habitualmente se localizaba el agua entre 5 y 20 mts y los
precios de elevación se situaban antaño sobre las 8
Ptas/m3.

Según se remontan los valles, ascie nden las
cotas por encima de los 50 metros y se sitúan como
término medio en los piedemontes calcáreos a 150
metros, llegando a cotas máximas de 400 ó 460 m de
profundidad, como casos extremos, en Tormos a Benimeli
respectivamente. El precio medio que se baraja actualmente en
explotaciones entre 50 y 100 m de profundidad y en concepto de
cooperativa, oscila entre las 18 y 22 ptas/m3, y en muy pocas ocasiones rebasa las 25
ptas/m3. Se da la
circunstancia de que muchas de estas sociedades de riego
particulares, son las que resuelven el suministro de los
municipios, desarrollando auténticos negocios con
la venta del agua y que suele ser a veces más rentable que
la propia aplicación en las explotaciones
agrícolas.

La calidad del agua es en este sector el problema
más acuciante por los altos contenidos salinos que
producen unos rendimientos bajos y acaban secando el arbolado, por
lo que resultan antieconómicos dichos recursos, aunque
sean abundantes. De otra parte, la clara efección de los
sectores litorales por la intrusión salina, ha conllevado
el acantonamiento de las nuevas explotaciones en los piedemontes,
donde la profundidad es mayor y son también más
abultados los gastos de
trasformación de las tierras y puesta en regadío,
aunque no el precio del suelo, siendo en
estos momentos uno de los handicaps más
importantes. Las elevadas salinidades de las aguas provocadas por
efectos de intrusión salina y los contenidos elevados en
nitratos son los problemas más acuciantes de la zona. Los
agricultores riegan con aguas en las que los 6 g/l de sal
disuelta es habitual, así como el elevado contenido de
sólidos disueltos y la conductividad (un ejemplo de estos
parámetros en un pozo recién clausurado en el
Montgó es de 20 de conductividad eléctrica, 12,80
de sólidos disue ltos y 8,87 g/l de cloruros).

Las aguas de mejor calidad se sitúan en el
interior de la Vall de Laguart, Vall de Gallinera, Orba,
Pedreguer y Pego, hacia la costa las calidades descienden
drásticamente. Ello ha supuesto la reducción de
plantaciones y de la productividad por
los daños irreparables que sufren los cultivos y las
escasas dotaciones que se aplican. Las zonas de riego afectadas
por este problema son las planas litorales y todas ellas entre un
60 y un 90%.

El regadío con una componente muy tradic ional
requiere para su sostenibilidad una importante
transformación y mejora que se perfilaba en el Plan Director de
Modernización de regadíos de la Generalitat
Valenciana de 1995, y que preveía para la zona la
consolidación del regadío existente mediante varias
actuaciones.

El incremento necesario del grado de regulación
de los recursos existentes procedentes de surgencias y fuentes
mediante la construcción de balsas con una capacidad de 6
Hm3, y que permitiría
la sustitución de caudales y reducción por sondeos.
La implantación de riego localizado es otra necesidad
urgente para ahorrar e incrementar la eficiencia del
riego y que ahora afecta a tan solo a poco más de 2.000 Ha
y que se pretende extender a otras 6.500 Ha. Y sustitución
de sondeos para el riego localizado.

De igual modo la mayor asignatura pendiente es la
reutilización de aguas depuradas que es muy baja y que de
0,7 Hm3 a mediados de los
noventa se prevé incrementarla a 12,5 Hm3. Actuaciones que requieren concesiones
elevadas de auxilios económicos, siendo uno de los mayores
problemas para ello que la mayoría de estos
aprovechamiento para riego no son entidades de derecho
público ya que la mayoría de las comunidades de
regantes lo son de los antiguos regadíos de agua
superficiales, y los aprovechamientos actuales que hacen de las
aguas como se ha expuesto se efectúan a expensas de
explotaciones privadas a particulares o empresas que se dedican a
comercializar el recurso de agua. Un total de 9.720 millones en
inversiones se había previsto, y que una vez hechas las
mismas supondrán para las entidades afectadas su
conversión en Comunidades de Regantes y las revisiones
concesionales de los caudales suscritos en el Registro de
Aguas.

En estas zonas además la presión
que ejerce la demanda urbana de tipo residencial viene provocando
periodos críticos en los que el abastecimiento es
dominante, y a expensas muchas veces de agua no potable
(situación que viene sufriendo gran parte de la costa de
la Marina Alta desde 1999). Actualmente el área regada se
sitúa en 10.009 Ha (87% son cítricos) que consumen
un volumen de 61,5 Hm3
cúbicos de agua.

3.1.2. Los usos urbanos del
agua

Los 138.225 habitantes que tiene la Marina Alta se
reparten entre un 8% ubicados en las tierras montanas e
interiores y un 92% concentrado en el sector litoral. Los
municipios interiores sometidos a una débil
economía de montaña han sufrido una fuerte
despoblación traducida en la emigración centrada en
la Cuenca del Jalón y Medio Girona. A la
polarización de los efectivos se suma la fuerte
estacionalidad de los consumos provocada por el turismo que tiene un elevado
peso específico en la comarca, ya que es una zona de
veraneo tradicional de las gentes que vienen desde el interior de
la Península y es objeto de un turismo residencial, de
origen centroeuropeo que ha escogido la zona por sus atractivos
paisajísticos y medioambientales.

La fuerte bipolarización de las necesarias
infraestructuras y equipamientos, así como de los
volúmenes de caudales de agua provocan una
hipercongestión estival y una subutilización
invernal. La demanda generada actualmente por consumos urbanos se
sitúa en torno a los 17,6
Hm3, y hasta mediados de los
noventa se solucionó con fuertes explotaciones de los
acuíferos sometidas ya de por sí a las extracciones
de los consumos agrícolas, que han provocado y agudizado
los procesos de
intrusión masiva y sobreexplotación.

Los núcleos más dinámicos
turística y demográficamente, Dénia, Javea,
Benitachell, Teulada- Moraira y Calpe vienen sufriendo los
problemas de inseguridad de
dotaciones, cortes de suministro y consumo de agua no apta por el
consumo humano. Es llamativa la falta de planificación y previsión de esta
comarca que a diferencia de otros espacios no recurre a soluciones
globales hasta principios de los 80 en que se inició el
intento de constitución de un Consorcio de Aguas de la
Marina Alta que desarrolló un proyecto para resolver el
abastecimiento de agua a los municipios de la Marina Alta desde
captaciones en el Vall de Gallinera. Solución que no se
llevó a cabo ante el reparo y la reclamación de los
municipios del interior y también ante el recalcitrante
individualismo y aislacionismo de los municipios que han impedido
políticas globales y coherentes.

Evidente en este sentido es que hasta el año
99/00 la gestión
de los abastecimientos recaía en los propios Ayuntamientos
y a expensas muchas veces de pozos de particulares y servicios de
iniciativa privada. Esto ha conllevado la carencia de una
gestión adecuada a la que a mayor abundancia se
unía la ausencia de planificación y previsiones en
unos municipios con un crecimiento exponencial de la demanda y
fuertes fluctuaciones verano/invierno e incapaces de satisfacer
las mismas. Dentro del espacio alicantino es paradigmática
la situación de la Marina Alta que con recursos
suficientes e incluso excedentarios, es la que mayores
situaciones de restricción y desabastecimiento sufre y
donde la población abastecida en un 96% en el sector
costero, lo viene siendo a expensas de agua no potable, lo que ha
venido motivando denuncias ante la Unión
Europea llevadas a cabo tanto por lugareños como por
residentes extranjeros.

La demanda urbana para los municipios costeros se ha
venido resolviendo mediante sobreexplotación de los
acuíferos y uso de aguas salobres que ha obligado a la
implantación de plantas
desaladoras en todos los municipios del litoral de la Marina
Alta, de tal suerte que actualmente encontramos que estas
infraestructuras han proliferado, llegando a funcionar ocho en
los últimos 5 años, de las cuales seis se han
habilitado en el 2002. El coste del agua se aproxima a los 0,26
€/m3, precio a pie de planta y sin tener en cuenta costes de
transporte y
teniendo en cuenta la participación financiera de la
administración hidráulica y de los fondos
estructurales de la Unión Europea.

 

En los dos últimos años se ha
estandarizado el sistema de gestión mixto
(Ayuntamientoempresa) en casi todos los sectores litorales y
prelitorales, y las empresas concesionarias se encuentran que uno
de los problemas mayores a la hora de abordar la solución
al déficit hídrico es la construcción de
infraestructuras necesarias para superar el mismo. Los municipios
deben hacer frente a importantes inversiones que han ido
demorando inexplicablemente y que ahora son inevitables,
provocando el endeudamiento de más de un
ayuntamiento.

La competencia de los sectores costeros frente a los
interiores, en los consumos de agua, provocaba además
conflictos tan
notorios como los de Pego-Denia que han hecho inviable cualquier
tentativa de solucionar los déficits vía acuerdos
interterritoriales. Con todo, la expectativas especulativas de la
costa, chocaban con el tradicionalismo agrario del coto arrocero
de la Marjal de Pego que en contra de la declaración del
Parque Natural establecida a principios de los noventa por la
Consellería de Medioambiente, ha puesto en cultivo tierras
en la marjal, provocando además grandes impactos
ambientales, y la
contaminación de las aguas salobres del río
Racons de las que se abastece la potabilizadora de Denia. Todo
ello en una continuada serie de despropósitos a los que
parece ser nadie pone freno, y a los que ha venido asistiendo de
espectadora la administración hidráulica, que hasta
fechas recientes, finales de los noventa no ha intervenido de
forma decisiva sobre planteamientos y estrategias
globales y ante la inoperancia del Consorcio de Abastecimiento de
la Marina Alta , lo que ha llevado a que algún municipio
de modo particular haya adoptado sistemas mancomunados de
gestión para salir de la crisis, tras reiteradas
épocas de escasez y de agua
no potable (Consorcio Teulada-Benitachell).

3.2.- El balance hídrico y la
situación real.

A tenor de la documentación que aporta el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Júcar, encontramos la
siguiente evaluación
para los recursos disponibles y en función de las demandas
existentes, el consiguiente balance hídrico que delata la
existencia de un superávit en la cuenca.

Ante las cifras expuestas, es paradójico que se
den situaciones como las que viene sufriendo la zona desde
principios de los años noventa y que advierten de la falta
total de previsión y planificación
hidráulica, que parece persistir y ante los planes de
crecimiento sostenido de algunas demandas como las urbanas con
porcentajes superiores al 20% en los horizontes próximos
(28,65-2010 y 36,11-2020) y teniendo en cuenta que en estos
municipios la política de ahorro
mediante la adecuación de infraestructuras
(tuberías para evitar pérdidas en la red, tarifa
por bloques de consumo coherentes, gestión especializada,
reutilización de aguas residuales) se ha iniciado
más tardíamente y queda aún mucho por hacer,
de donde se deduce que parte del consumo evaluado en
pérdidas se debería recuperar y reducir futuras
demandas de recursos.

Así, frente una política de gestión
de la demanda, se viene incentivando una política de la
oferta con fines especulativos muchas veces y que no invierte en
políticas de ahorro ni planifica el futuro, funcionando en
la mayoría de los casos con hechos consumados de
superación de las necesidades demandadas.

4.-
La falta de planificación y la permanencia de un

modelo basado
en la oferta de recursos.

En la Marina Alta se ha establecido un modelo
turístico en el que la construcción y el consumo de
recursos
naturales (suelo y agua) son evidentes, este modelo ha nacido
carente de toda gestión
ambiental o territorial y al margen de cualquier
planificación o coordinación entre las diferentes
administraciones e incluso de espaldas al interés
ciudadano que no ha participado en los procesos de
expansión de los núcleos, incluso con desavenencias
en los propios gobiernos municipales.

A la carencia de recursos se ha sumado la de
infraestructuras, equipamiento y los impactos generados en el
medio ambiente
en lugares de alto valor ambiental y potenciando un desequilibrio
territorial que en las últimas décadas se
consolidan con la extracción de aguas desde las zonas
interiores que han ido abasteciendo los déficits de la
costa.

El planeamiento
urbano y a tenor de la normativa vigente, es autónomo para
definir los procesos de crecimiento de la edificación y
ocupación del suelo, al margen de los recursos
hídricos que se tengan. En un vistazo a los Planes
Generales de Ordenación Urbana de estos municipios,
vigentes o futuros, se advierte que tan solo se limitan a prever
una demanda que supuestamente debe cubrir la oferta existente o
que se generará desde otros sectores
(administración autonómica, central, provincial o
local). Lo singular no estriba en las limitaciones que se sufren
y llevan a extremos como el sufrido en Denia entre 1999 y 2002 en
que no ha tenido agua potable
para una población estival que supera los 100.000
habitantes, y al igual que ha ocurrido en Calpe o Javea, sino que
en estos momentos el planeamiento existente ignora este hecho y
prevé incrementos urbanísticos exponenciales (Denia
18.000 viviendas nuevas y concesiones de licencias
urbanísticas que por término medio alcanzan la
media de 1000 al año)

Frente a esto, la carencia de infraestructuras es
ostensible como EDAR (van a incrementar ahora las aguas
residuales en la zona hasta los 9.8 Hm3/año) pero a principios de los noventa
con 0.7 Hm3/año era la
zona más atrasada. Al igual que en los planes de
protección contra avenidas o el suministro
energético con graves problemas en la zona y que provoca
desabastecimiento de luz pero
también de agua (por los necesarios bombeos y
tratamientos). Este tipo de modelo de crecimiento está
basado en el agua como factor de producción y la necesita para mantener un
crecimiento
económico revierte que creciente en procesos
especulativos frente a los que la administración se ha
limitado a desarrollar las estrategias necesarias para solucionar
esa demanda y favorecer su uso a precios que no se corresponden
con la parquedad del recurso y que por supuesto no tienen
parangón con la recuperación de los costes de
inversión. Mientras tanto y en vez de establecer puntos de
cohesión y de intergración de un espacio
fuertemente desestructurado, se está potenciando un modelo
de crecimiento y de gestión caduco que además choca
con la normativa Europea y los principios legales recogidos en la
actual legislación de Aguas y Planificación
Hidrológica.

5.- Conclusiones.

El futuro de la Marina Alta por el momento se encuentra
hipotecado por la elevada densidad de
ocupación del suelo en sus poblaciones costeras sometidas
a una fuerte presión urbanística y de usos de suelo
agrícola en regadío, que está dilapidando
sus mayores potenciales ambientales.

El turismo puede tener un importante papel de
cohesión territorial si se establecen políticas
territoriales de vertebración en el sentido interior-costa
y de este modo se diversificaría el enorme potencial
paisajístico y patrimonial de un interior condenado a ser
"zona desfavorecida" a pesar de albergar los recursos
imprescindibles como el agua, espacios naturales, patrimonio,
tradiciones culturales, en definitiva nuevos ámbitos y
productos
especializados y de calidad.

De igual modo el desarrollo de programas como el
LADER II , fomentaría la recuperación de las
inversiones efectuadas en los municipios interiores y la renta de
sus habitantes, contribuyendo al reequilibrio territorial y a la
conservación medioambiental y del patrimonio
cultural.

La intervención de la administración
debería estar orientada a generar concertaciones sociales
y acciones y toma de posturas conjuntas e integradoras para
resolver estos "pequeños reinos ambos
regulados por políticas económicas activas, que
además de inversiones territoriales prevean instrumentos
de control y de
regulación administrativa, técnica y social de la
gestión del recurso y de la demanda. En este sentido la
concentración social y la implicación de los
agentes económicos, y de la ciudadanía es imprescindible y su
formación y aleccionamiento en una nueva cultura de
preservación, control y gestión de una demanda,
acorde con el entorno y la capacidad de acogida de los
territorios se hace imprescindible.

6.-
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133-141.

Concepción Bru Ronda –

Instituto Universitario de Geografía
Universidad

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