Segunda presidencia del Doctor Rafael Caldera (1994-1999)

Rafael Caldera asume por segunda vez la
presidencia de la República para cubrir el período
constitucional 1994-1999. Se constituía así en el
octavo presidente electo desde que se inició la etapa
democrática. El triunfo electoral de Caldera fue el
resultado de un proceso de cambios en el sistema político
venezolano, uno de cuyos aspectos más relevantes es la
definitiva ruptura del bipartidismo, fenómeno que ya se
había puesto de manifiesto en las elecciones de 1988. Sin
embargo, es la primera vez desde la instauración de la
democracia, que triunfa un candidato sin el apoyo de los partidos
Acción Democrática o Copei.

Caldera, fundador del partido Social
Cristiano Copei, candidato por este partido en cinco
oportunidades y presidente de la república por esta misma
organización en el período 1968-1973, ante la
imposibilidad de obtener el respaldo de Copei para postularse
nuevamente a la presidencia, acepta la oferta del Movimiento al
Socialismo de lanzarlo como candidato a la Presidencia de la
República. Además del MAS, la candidatura de
Caldera es respaldada por el partido Convergencia Nacional,
integrado por independientes y por ex-militantes de Copei leales
a su fundador, así como por otras pequeñas
agrupaciones políticas de las más diversas
orientaciones y tendencias. La oferta electoral de Caldera se
basa en una crítica severa al programa de ajustes
adelantado por el gobierno de Carlos Andrés Pérez,
distanciándose abiertamente del modelo económico
"neoliberal". En la campaña se planteó la necesidad
de adelantar un esquema que, sin desatender los principios del
social-cristianismo, se orientara hacia la integración de
la política social con los intereses económicos de
la nación; se postuló la utilización de los
recursos petroleros como factor capaz de impulsar el aparato
productivo nacional y se propuso una política de apertura
controlada a las inversiones extranjeras en la economía
nacional. En las elecciones del 5 de diciembre Caldera obtuvo
1.710.722 votos; su más cercano contendor, el candidato de
Acción Democrática, Claudio Fermín, se vio
favorecido por 1.325.287 votos; Oswaldo Alvarez Paz, candidato de
Copei logró 1.276.506 votos y Andrés
Velásquez, de la Causa R, obtuvo 1.232.653 votos. La
abstención fue del 40% del electorado.

El cerrado resultado de las elecciones para
presidente también se expresó en la
composición del Congreso de la República. Ninguna
de las organizaciones que se presentó a los comicios de
diciembre alcanzó una clara mayoría en el Poder
Legislativo Nacional. Por primera vez, desde 1958, el Congreso
estuvo conformado por cuatro bloques políticos. La
cámara del Senado quedó integrada por 16 senadores
de AD, 14 de Copei, 9 de la Causa R y 11 de la alianza
MAS-Convergencia. En la cámara de diputados el reparto fue
similar: 55 Diputados de AD, 51 de Copei, 39 de la Causa R y 44
del MAS y Convergencia, más un diputado por cociente
obtenido por otras agrupaciones como URD, ORA, NGD y
MEP.

Decisiones
políticas y oferta gubernativa

Uno de los principales retos del presidente
electo fue buscar la manera de llegar a acuerdos que le
permitiesen armonizar las diferentes tendencias y aspiraciones
políticas de sus adversarios, acometer la
recuperación de la economía y atender la crisis
política, luego de la inestabilidad y la incertidumbre
generadas por los dos intentos de golpes de Estado, la salida de
Pérez de la Presidencia y el corto gobierno de
Ramón José Velásquez.

Una de las primeras iniciativas para
alcanzar esos objetivos fue la de convocar a su residencia a los
integrantes del Alto Mando Militar con el fin de informarles su
resolución de removerlos de sus cargos, argumentando la
necesidad de renovar y reorganizar las Fuerzas Armadas. La
reacción del ministro de la Defensa, el vicealmirante
Radamez Muñoz León, fue de abierta molestia. En su
opinión, la decisión del Presidente electo
contribuía a fracturar una institución que se
encontraba al servicio de la Patria y no de los partidos
políticos, de personalidades o de intereses
económicos. No obstante, se impuso la determinación
del Jefe del Ejecutivo sin que se produjeran mayores tensiones en
el aparato militar. A pesar del malestar expresado por el alto
oficial, la medida fue saludada como una posición que
favorecía el regreso al lugar que le correspondía a
las FFAA en el sistema democrático.

Otra polémica decisión del
nuevo presidente fue la de propiciar el sobreseimiento de la
causa a los procesados por las insurrecciones militares del 4 de
febrero y del 27 de noviembre de 1992, luego de que se cubriesen
los requisitos institucionales. Este anuncio lo hizo el 2 de
febrero al concluir su discurso de toma de posesión en el
Congreso de la República. Diez días más
tarde, 23 de los militares golpistas fueron puestos en libertad;
a finales de mes salían de su prisión otros 10
oficiales y el 26 de marzo era puesto en libertad Hugo
Chávez Frías, jefe visible de la intentona del 4 de
febrero. Todos fueron dados de baja, requisito expreso del
gobierno para concederles la libertad. Al poco tiempo regresaban
del Perú los oficiales comprometidos en el golpe del 27 de
noviembre, quienes también se vieron beneficiados por la
decisión del primer mandatario. Con estas medidas se
intentaba regularizar la relación del Ejecutivo con las
Fuerzas Armadas y se trataba de superar la crisis institucional
producida como consecuencia de las intentonas del año
1992.

Pero igualmente era prioritario dar
respuestas al nuevo cuadro político puesto de manifiesto,
con los resultado de las elecciones de diciembre. La visible
minoría parlamentaria de los partidos que habían
promovido la candidatura de Caldera, exigía adelantar
negociaciones que favorecieran, en un primer momento, la
conformación de la directiva del Congreso de la
República y a partir de allí el establecimiento de
algún tipo de alianza más perdurable a fin de
garantizar la aprobación de las medidas y leyes previstas
en el programa gubernativo del nuevo presidente.

Las negociaciones dieron como resultado que
un representante de Convergencia, cuarta fuerza política
del Congreso, obtuviese la Presidencia del Senado y que AD,
partido con mayor número de Diputados, se encargase de la
Presidencia de esta cámara. Sin embargo, no tuvieron el
mismo desenlace las disputas por las presidencias de las
comisiones permanentes del Congreso, lo que dificultaba
visiblemente el trabajo parlamentario. Finalmente, una
declaración del presidente del partido Acción
Democrática aclaraba el panorama. El principal partido de
oposición manifestó su disposición a no
obstaculizar la gestión del gobierno. Sin que ello
constituyese la formalización de un pacto político,
las medidas propuestas por los representantes de la alianza del
gobierno MAS-Convergencia fueron aprobadas por los parlamentarios
de AD.

La composición del poder ejecutivo
del presidente Caldera estuvo integrado por independientes y
militantes de las organizaciones que apoyaron su candidatura. Los
Ministros del primer gabinete fueron los siguientes: Relaciones
Interiores, Ramón Escovar Salom; Relaciones Exteriores,
Miguel Angel Burelli Rivas; Hacienda, Julio Sosa
Rodríguez; Defensa, Miguel Ángel Montero Revette;
Fomento, Luis Carlos Palacios; Educación, Antonio Luis
Cárdenas; Sanidad y Asistencia Social, Vicente
Pérez Dávila; Agricultura y Cría, Ciro
Añez Fonseca; Trabajo, Juan Nepomuceno Garrido; Transporte
y Comunicaciones, Cesar Quintini Rosales; Justicia, Ruben
Creixens; Energía y Minas, Erwin Arrieta; Ambiente,
Roberto Pérez Lecuna; Desarrollo Urbano, Ciro Zaa Alvarez;
Familia, Mercedes Pulido de Briceño; Cordiplan, Enzo del
Búfalo; Secretaría de la Presidencia, Andrés
Caldera; Juventud, Pilarica Iribarren de Romero; Educación
Superior, Ciencia y Tecnología, Guido Arnal; Oficina
Central de Información, Guillermo Álvarez Bajares.
Creó dos nuevos ministerios, el de Reforma
Económica, para el cual fue nombrado Asdrúbal
Baptista y el de Asuntos Encomendados por el Presidente, el cual
quedó a cargo de Pompeyo Márquez.

En su discurso de toma de posesión
expuso los orígenes de la profunda crisis por la que
atravesaba Venezuela. En su concepto, la situación de
descomposición política y recesión
económica en la cual se encontraba el país
había tenido su inicio veinte años atrás
como consecuencia del primer "boom" petrolero y la
desorientación, desorden y descomposición moral que
se habían manifestado en las más diversas
instancias de la sociedad. Exponía el Presidente que la
preocupación central de su gobierno sería resolver
la crítica situación económica. Si bien la
gravedad aconsejaba declarar un estado de emergencia, su
disposición era atender los problemas por las vías
normales, apartándose del populismo de épocas
pasadas, pero también diferenciándose de las
medidas neoliberales de épocas más
recientes.

Anunciaba su propósito de enfrentar
la emergencia económica como un "compromiso de
solidaridad". Hacía un llamado a los distintos sectores
del país a "deponer sus intereses egoístas" en
función de la colectividad con una visión de largo
plazo. En síntesis, se trataba de llegar a la
modernización y la competitividad sin olvidar el
compromiso de la solidaridad social. El proyecto inicial del
gobierno aspiraba atender varias materias claves en el terreno
económico: lucha contra la inflación; austeridad en
el gasto público; apertura económica;
estabilización macroeconómica; combate contra la
corrupción; privatización transparente y una
política tributaria integral.

Como medidas específicas
anunció la eliminación del IVA (Impuesto al valor
agregado) y su sustitución por otras fuentes de ingreso
fiscal; su oposición al control de cambios y a cualquier
esquema de maxidevaluación del bolívar;
ofreció aumentar el salario mínimo y los beneficios
por alimentación y transporte; darle prioridad a la
reactivación de la agricultura, el turismo y la
pequeña y mediana empresa. Finalmente, en el ámbito
de lo económico expuso su voluntad de transformar el
modelo petrolero de una economía rentista a una
economía efectivamente productiva, así como su
interés y apoyo a la política de
descentralización.

Crisis
política y derrumbe del sistema
financiero

Dos conflictos de envergadura tuvo que
sortear la administración Caldera en su primer año
de gobierno: el enfrentamiento con el poder legislativo y el
estrepitoso derrumbe del sistema financiero. Pese a lo anunciado
en su discurso de toma de posesión, cuando todavía
no se había cumplido el primer semestre de gobierno, el
presidente Caldera en Consejo de Ministros del 27 de junio,
suspendió las garantías contempladas en los
artículos 60, 62, 64, 96, 99 y 101 de la
Constitución vigente, las tres primeras referidas a la
libertad y la seguridad individual del ciudadano, la
inviolabilidad del hogar y el libre tránsito por el
territorio nacional; las tres últimas relacionadas con los
derechos económicos. El decreto declaraba, en la
práctica, un "estado de emergencia". En cadena de radio y
televisión esa misma noche anunció el
establecimiento de un conjunto de medidas extraordinarias entre
la cuales se encontraban el control de cambios y de precios como
salidas impostergables frente a la severa inestabilidad del
sistema financiero.

El Presidente, al justificar la radicalidad
de las medidas, admite su disposición inicial a no
declarar una situación de emergencia, pero en vista del
inevitable derrumbe del sistema financiero, expone que era
impostergable dar respuestas drásticas para evitar los
movimientos especulativos que podrían llevar al
bolívar a una situación irrecuperable. La
decisión del Ejecutivo generó una grave crisis
política con el poder Legislativo ya que éste, con
los votos de AD, Copei y la Causa R, se opuso a la
suspensión de garantías, restituyéndolas el
22 de julio, excepto la correspondiente al artículo 96
sobre libertad económica. Inmediatamente, el Ejecutivo
procedió a una nueva suspensión de las mismas
garantías y propuso una consulta popular para que fuese
esa instancia la que resolviese si la medida contaba o no con el
apoyo del país. Una encuesta nacional arrojaba un
resultado favorable al Ejecutivo de un 90% de los consultados.
Fueron los votos de AD, nuevamente, los que permitieron una
salida institucional al conflicto entre el Ejecutivo y el
Legislativo.

El origen cercano de la problemática
fue el derrumbe del sistema financiero. Luego de la
intervención del Banco Latino ocurrida en enero de 1994,
interpretada por el Presidente en su toma de posesión como
un "coletazo" de la crisis moral de los años precedentes,
el derrumbe de la banca privada puso de manifiesto la magnitud de
la crisis financiera que afectaba a la economía
nacional.

La decisión del gobierno fue
auxiliar con recursos extraordinarios del Fondo de
Garantías de Depósitos y Protección Bancaria
(FOGADE) a los bancos en problemas. El propósito era
contribuir a su estabilización sin llegar a la medida de
intervención y cierre. Esta medida no tuvo éxito.
El 14 de junio fueron intervenidos los bancos Maracaibo, Barinas,
Construcción, La Guaira, Amazonas,
Confinanzas-Metropolitano y Fondo Fiveca. Para atender la crisis
se creó el 29 de junio la Junta de Emergencia Financiera.
No obstante, entre los meses de agosto y enero los bancos
Venezuela, Consolidado, Andino, el grupo financiero
Latinoamericana-Progreso, los bancos Federal, Principal, Italo
Venezolano y el Profesional pasaron a manos del
Estado.

Unos fueron cerrados, otros estatizados
para luego venderlos a nuevos inversionistas, de forma tal que el
Estado quedó en control del 60% de las instituciones
financieras del país, en medio de una ola de denuncias en
torno a las irregularidades en el manejo de los auxilios
financieros otorgados a las entidades bancarias y como
consecuencia de la huida al exterior de los banqueros
responsables de la crisis.

El reordenamiento
de la economía: La "Agenda Venezuela"

La crisis del sistema financiero
determinó la salida del ministro Sosa Rodríguez de
la cartera de Hacienda; inmediatamente se dio inicio a la
reorganización del gabinete económico y a la
reelaboración de la política económica para
enfrentar la crisis. En sustitución de Sosa ingresó
Luis Raúl Matos Azocar al despacho de Hacienda el 7 de
febrero de 1995. Ante el fracaso del control de cambios y de
varias medidas para superar la gravedad de la situación
económica; el desequilibrio fiscal, la disminución
de las reservas internacionales y el aumento de la
inflación, el gobierno resolvió adelantar un nuevo
programa económico, el cual fue presentado al país
como la Agenda Venezuela.

Ingresaron al gabinete económico
Freddy Rojas Parra como ministro de Fomento y en CORDIPLAN fue
designado Teodoro Petkoff. Este último y Matos Azocar
fueron los encargados de adelantar las negociaciones con el Fondo
Monetario Internacional. El 15 de abril de 1996 el presidente se
dirigió a la nación acompañado del nuevo
equipo económico con el propósito de informar los
aspectos fundamentales de la Agenda Venezuela, los cuales
habían recibido el visto bueno del Fondo Monetario
Internacional.

Las medidas del plan de ajustes anunciadas
por el presidente contemplaban: el aumento progresivo de los
precios de la gasolina y el diesel; aumento del impuesto a las
ventas del 12.5% al 16.5% para las ventas al mayor y del 22. 5%
al 30% para los bienes suntuarios; aumento progresivo de los
servicios públicos; liberación total del control de
cambios vigente desde 1994; incremento de las tasas de
interés; protección para la banca;
ampliación y profundización del proceso de
privatización; liberación del control de precios. A
esta serie de medidas económicas se sumaban diferentes
programas sociales cuyos objetivos eran mitigar el impacto del
plan de ajustes entre los sectores de más bajos recursos;
también se anunciaba la resolución del gobierno de
atender el problema de las prestaciones sociales, el cual
sería llevado a discusión en el Congreso luego de
llegar a acuerdos entre el gobierno, los empresarios y los
trabajadores.

El programa respondía a los
lineamientos que permitirían finalmente cerrar el acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional para la entrega de un
préstamo por 1.400 millones de dólares, así
como alcanzar una reorientación de la economía
venezolana ajustada a las premisas fijadas por este organismo
financiero. El 12 de junio de 1996 se firmaba el acuerdo entre el
gobierno venezolano y el Fondo Monetario
Internacional.

La ejecución del programa de ajustes
generó controversias y conflictos de distinto signo. Uno
de los conflictos de mayores repercusiones sociales y
políticas fue la huelga convocada por la Federación
Médica de Venezuela en diciembre de 1996. A las exigencias
salariales promovidas por el gremio se sumaron una serie de
denuncias relacionadas con el deterioro creciente en las
condiciones del sistema de salud pública.

Duramente criticado por el gobierno -en
palabras del Ministro Petkoff el conflicto fue calificado como
una "guerra contra los pobres"- y sin el apoyo de la
población, la huelga médica concluyó sin que
los médicos vieran satisfechas sus exigencias. Tampoco se
logró dar respuesta al tema más complejo de las
condiciones en que se encontraba todo el sistema de salud
pública en el país.

Simultáneamente, el episodio de la
quiebra de la línea aérea Venezolana Internacional
de Aviación, la cual había sido privatizada y sus
acciones parcialmente adquiridas por IBERIA, también
generó opiniones encontradas respecto a las ventajas y
posibilidades reales de la política de privatizaciones
adelantada por el gobierno. La situación de los empleados
de la empresa y la crítica a los términos y
condiciones de la negociación con los compradores de
VIASA, ponía de manifiesto la necesidad de revisar con
mayor detenimiento las modalidades y mecanismos más
apropiados para llevar a cabo nuevas privatizaciones.

El balance del gobierno al cumplirse el
primer año de la Agenda Venezuela era positivo. De acuerdo
a los principales voceros del gabinete económico, con la
ejecución del plan de ajustes se había estabilizado
el tipo de cambios, era notable la recuperación del
sistema financiero, la confianza generada por el programa
había favorecido la inversión extranjera y los
programas sociales se habían adelantado con
regularidad.

No obstante, en los partidos de
oposición las opiniones eran encontradas. Copei,
Acción Democrática y la Causa R consideraban
insatisfactorios los resultados de la Agenda. De acuerdo a los
voceros de estas organizaciones la ejecución del plan
había sido tardía; las medidas no habían
logrado controlar la inflación y la superación del
déficit fiscal no era resultado de un aumento en la
productividad sino efecto de la devaluación, el
endeudamiento y el incremento de los impuestos.

La apertura
petrolera

También en el terreno
económico la opinión se vio dividida respecto a la
llamada "apertura petrolera" que determinó la
orientación en la gestión de Petróleos de
Venezuela (PDVSA). Al comenzar el gobierno de Caldera, Luis
Giusti, presidente de PDVSA, presentó ante el gabinete el
sentido y los alcances de lo que debía ser la
reorientación en la política petrolera del Estado
venezolano. Básicamente se trataba de convertir al
petróleo en un agente económico activo propulsor
directo del crecimiento económico, convertirlo en el motor
de la economía nacional. La inspiración fundamental
se sostenía sobre la valorización de las abundantes
reservas de hidrocarburos y su conversión en riqueza para
el país. El objetivo era promover un crecimiento gradual y
sostenido del sector que no se limitara al aumento de la
producción, de las exportaciones y de los ingresos del
Estado, sino que estuviese acompañado del diseño de
políticas y de la instrumentación de estrategias
dirigidas a maximizar los efectos multiplicadores de la
economía petrolera sobre la economía del
país.

Desde esta orientación, uno de los
aspectos cruciales de la apertura era incorporar nuevos capitales
al negocio petrolero. Además de los proyectos aprobados en
1993 que contemplaban la asociación estratégica
para el desarrollo de crudos pesados en la faja del Orinoco, el
proyecto Cristóbal Colón para el desarrollo de las
reservas de gas natural costa afuera en la península de
Paria y la firma de convenios operativos para la
reactivación de campos inactivos, se proponía la
ejecución de actividades de exploración en
áreas nuevas bajo la figura de ganancias compartidas. La
iniciativa perseguía acelerar el esfuerzo exploratorio a
fin de determinar la existencia y cantidad de las reservas
estimadas sin comprometer al Estado venezolano en el riesgo
exploratorio y garantizando su participación en el grueso
de los beneficios que se desprendiesen de la explotación
del nuevo hallazgo.

En resumen, tal como lo expresara Luis
Giusti, la llamada "apertura" tenía como propósito
consolidar la nacionalización petrolera al permitir que la
industria petrolera venezolana se convirtiese en una potencia
internacional en un ambiente de creciente competencia y de
rápida evolución tecnológica, aprovechar las
ventajas comparativas de Venezuela en el negocio petrolero,
asegurar los mayores efectos multiplicadores sobre la
economía nacional y lograr de manera definitiva la
integración orgánica del petróleo a la
sociedad venezolana.

La apertura generó fuertes
polémicas. Su detractores, aferrados a la fuertemente
arraigada concepción rentista de la industria petrolera,
estimaban que su orientación era desnacionalizadora y que
favorecía claramente a los inversionistas extranjeros en
detrimento de los capitales nacionales; que se entregaba
territorio a manos extranjeras; que el Estado perdía
control sobre el negocio nacionalizado y que se reducía la
regalía vulnerando así la soberanía del
Estado venezolano. Todas estos reparos fueron respondidos en su
momento por quienes dirigían la política petrolera
del Estado; no obstante, las reservas frente al sentido y
orientación de la apertura se mantuvieron y tomaron mayor
fuerza en el último año de gobierno con la
caída de los precios del petróleo y sus nocivos
efectos sobre la economía venezolana

Conflictos
laborales y ambiente pre-electoral

Desde mediados de 1997 el ambiente
político se vio conmovido por diferentes conflictos
laborales y por las discusiones internas en los partidos respecto
al proceso electoral del año siguiente, debate que
ocupó a las organizaciones hasta mediados de 1998. La
prolongada huelga de los profesores de las Universidades mantuvo
paralizada la educación superior por dos meses; el
conflicto de los empleados del Metro de Caracas, la huelga de la
CANTV, los paros de los trabajadores de los tribunales y las
demandas salariales de los empleados del sector público,
ocuparon la atención del gobierno y de la opinión.
Mientras tanto, la Comisión Tripartita procuraba llegar a
acuerdos para elaborar un nuevo estatuto laboral, el cual fue
aprobado por el Congreso en julio de 1997, luego de un intenso
debate. Semanas más tarde, la Confederación de
Trabajadores de Venezuela (CTV) convocaba un "Paro Cívico
Nacional" para el día 6 de agosto con el objetivo de
exigirle al sector empresarial que se pusiese al día con
la nueva legislación nacional. El paro no tuvo mayor
impacto.

Sumados al clima de discusión
laboral, los enfrentamientos en los partidos para definir el tema
de las candidaturas presidenciales afectaron la unidad interna de
las más importantes organizaciones representadas en el
Congreso.

En la Causa R el cisma se produjo como
consecuencia del debate electoral. Ante la imposibilidad de
llegar a acuerdos respecto al tema de la candidatura un sector
fundó una nueva organización, Patria Para Todos
(PPT), la cual formó parte de la coalición que
apoyó la candidatura de Hugo Chávez
Frías.

Igualmente, la dificultad para llegar a
acuerdos en AD sobre quién debería ser el candidato
presidencial determinó la salida de Claudio Fermín,
quien se lanzó a la presidencia, mientras el partido
resolvió respaldar la candidatura de Luis Alfaro
Ucero.

En Copei, las disputas entre los sectores
que apoyaban la candidatura de Irene Sáenz y quienes
propiciaban una candidatura del partido, si bien no determinaron
una nueva división de los social-cristianos, expresaban la
crisis que afectaba a esta organización.

En el MAS, el proceso interno para elegir
las nuevas autoridades del partido planteó la posibilidad
de una división; finalmente el pleno nacional del partido
decidió apoyar la candidatura de Hugo Chávez
Frías. Teodoro Petkoff, uno de sus fundadores, así
como otros antiguos militantes de la organización,
renunciaron a ella en julio de 1998.

El último
año de gobierno

Finalizando 1997 se planteó un nuevo
conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. En esta
ocasión el motivo de la confrontación fue la
denuncia que hicieron los representantes de Copei, Causa R y PPT
ante el Congreso de la República sobre los efectos
negativos de la operación de canje de los Bonos Brady por
Bonos Globales adelantada por el ministro de Hacienda, Luis
Raúl Matos Azocar. Planteaban que tal operación,
además de promover un refinanciamiento innecesario y
desventajoso, generaba pérdidas cercanas a los 600
millones de dólares. En consecuencia, solicitan un voto de
censura contra el ministro Matos y su salida del gabinete. No
obstante, hubo opiniones encontradas respecto a esta materia.
Desde el gobierno se defendía la operación como
beneficiosa para el país y expertos económicos
manifestaban que en la negociación no se había
perdido, pero tampoco se había ganado. El desenlace final
del episodio culminó con nuevas denuncias contra Matos y
su salida del ministerio de Hacienda.

En materia de privatización, en
noviembre de 1997 concluyó la venta de SIDOR de manera
exitosa; no tuvo la misma suerte el proceso de
privatización de la empresa del aluminio.

La despartidización del organismo
electoral, prevista en la nueva Ley del Sufragio, se lleva a
efecto en febrero de 1998; es eliminado el Consejo Supremo
Electoral y sustituido por el Consejo Nacional Electoral,
integrado por independientes sin ningún compromiso ni
vínculos directos con los partidos. En su cuarto mensaje
al Congreso y frente a la caída de los precios del
petróleo, el presidente Caldera anunció que no se
modificarían los planes de inversión y se
reduciría la producción petrolera. Ratificaba su
disposición a que durante este último año se
garantizaría la estabilidad institucional.

Como consecuencia de la crisis financiera
mundial, la caída de los precios del petróleo, el
déficit fiscal y la necesidad de nuevos ajustes en el
presupuesto, el Ejecutivo presentó ante el Congreso para
su aprobación un proyecto de ley habilitante que,
nuevamente, dividió a la oposición. Finalmente con
los votos de AD, Copei y Convergencia se aprobó la ley
habilitante con el fin de resolver una serie de asuntos
económicos: la aprobación del fondo de
estabilización macroeconómica, un nuevo
régimen de aduanas, el refinanciamiento de la deuda
pública, el subsistema de paro forzoso y la
liquidación del Instituto Venezolano del Seguro
Social.

Por disposición del Consejo Nacional
Electoral se resolvió separar las elecciones. El 8 de
noviembre se eligieron los gobernadores, las Asambleas
Legislativas de los estados y los representantes ante el Congreso
Nacional; el 6 de diciembre se llevaron a cabo las elecciones
presidenciales, en las cuales resultó electo Hugo
Chávez Frías.

El 2 de enero de 1999 el presidente Caldera
se dirigió por última vez a la nación:
"Habríamos querido hacer mucho más de lo que hemos
podido cumplir, pero las circunstancias no han sido favorables",
fueron sus palabras iniciales. Destacó los esfuerzos
realizados por preservar la paz en todos sus aspectos. En su
opinión, la paz política había permitido que
las diferencias pudiesen ser solventadas sin alterar el orden
público; la paz laboral se había logrado como
resultado los acuerdos tripartitos y del entendimiento entre
empresarios y trabajadores para fundar las bases de un nuevo
sistema de seguridad social y la paz social había sido el
resultado del empeño puesto por el gobierno al atender el
gasto social como una prioridad, a pesar de las dificultades y
restricciones económicas que tuvo que afrontar.

Manifestó su confianza en la
continuidad de la institucionalidad democrática para esta
nueva etapa en la vida de Venezuela. Solamente en el respeto a la
institucionalidad, clave del proceso que nos ha conducido hasta
el presente, pueden realizarse los cambios que el país
aspira.

Muerte del Doctor
Rafael Caldera

El ex presidente de Venezuela Rafael
Caldera, quien gobernó la nación durante los
períodos 1969-1974 y 1994-1999, falleció en la
madrugada del jueves 24 de Diciembre del 2009.

Medios locales informaron que el ex
mandatario de 93 años sufrió durante largo tiempo
de mal de Parkinson.

Muerte de Alicia
Pietri de Caldera

EL UNIVERSAL

jueves 10 de febrero de
2011  01:32 PM

Caracas.- Alicia Pietri de Caldera
(1923-2011), viuda del dos veces Presidente de la
República, Rafael Caldera, será recordada por
amigos y familiares como la mujer con un espíritu creador,
luchadora incansable por los derechos de los infantes y con el
ímpetu de querer convertir a Caracas y al país
entero en un modelo humano de maravillas para todos los
venezolanos. El exministro de relaciones Interiores durante el
gobierno de Caldera, Asdrúbal Aguiar aseguró que
"Alicia Pietri de Caldera o Alicia Mía, como solían
llamarla en la intimidad sus hijos y nietos, nunca fue el mero
complemento del hombre de Estado, que es hasta su muerte Rafael
Caldera. Pude descubrirla como algo más esencial. Fue el
tronco o la columna de los Caldera y de su mismo esposo, quien la
amó profundamente hasta el final de su vida sembrando un
ejemplo". "Sin halagar y sin vituperar al poder lo pone en su
justo sitio – participó de él con distancia – para
cuidar de lo que está más allá del mismo
poder y permanece, la estabilidad y el ejemplo de la familia que
funda. Es como si estuviese convencida, que efectivamente lo
estaba, de que la tarea nacional comienza por la casa",
expresó. Aseguró que Pietri de Caldera "amó
profundamente y con devoción" a toda Venezuela.
"Sembró el país de programas vacacionales para los
niños de menores recursos y de parques de bolsillo a toda
nuestra geografía". "Nos queda el dolor y la
sensación de soledad por su partida, pero se fue dejando
tras de sí su ejemplo de discreción, de gentileza,
de civilidad y de hacer bien sin estridencias que alguna vez
habremos de recuperar los venezolanos", manifestó Aguiar,
quien también fue Secretario de la Presidencia y
Gobernador de Caracas en el gobierno de Caldera. Mujer
abnegada Como una dama valiosa, abnegada y distinguida,
describió el ex ministro de Comunicación más
joven del Gobierno de Caldera, Fernando Egaña, a Alicia
Pietri de Caldera. "Valiosa porque dedicó gran parte de su
vida a desarrollar una gran obra de servicio público tanto
como Primera Dama de la República y todas las actividades
que emprendió desde la Fundación del Niño
como también en su condición de fundadora y
presidenta del Museo de los Niños". "Abnegada porque se
entregó siempre a su hogar, a su familia y a trabajar por
los jóvenes y los niños de Venezuela sin pedir nada
a cambio, una labor verdaderamente desinteresada fruto del amor y
el cumplimiento del deber social y distinguida porque fue
símbolo de sobriedad, educación y empeño por
hacer las cosas bien hechas y en su justa medida", destacó
Egaña.

Bibliografía

*Fundación Polar *El
Universal

Autor y recopilador(Historiador
Latinoamericano)

Post-Doctor Omar Gómez
Castañeda,Senior,Ph.D

*Egresado del Programa Post-Doctoral en
Gerencia en las Organizaciones en la URBE,Maracaibo,Estado
Zulia,Venezuela(2008)

* Doctorado(Doctor of Arts)en
Historía,distinción en Historía Antigüa
y Medieval con el grado de Summa Cum Laude de Belford
University,5715 Will Clayton Nº 1301,Humble,Texas,Estados
Unidos de Norteamérica,el 15 de Agosto del
2008.

(2006-2008).(www.belforduniversity.net).

(www.belforduniversity.net/verification/).(Graduate
ID:RV436403-PASSWORD:84505801).

Distinction

Ancient and Medieval
History

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or ask us to send you the documents directly through postal mail,
FAX or e-mail.

*Ex-Profesor Titular de la Cátedra
de Venezuela Contemporánea en el IUTIRLA,Extensión
Barquisimeto,Estado Lara,Venezuela.(2008).

*Creador y Administrador del Grupo de
Historiadores en Facebook

(www.facebook.com)

*Donador de trabajos,ensayos,obras y
revistas sobre historía,economía,filosofía y
otros tópicos a la Biblioteca de la Academia Nacional de
la Historía,Palacio de las Academias,Bolsa a San
Francisco,Caracas,D.Capital,Venezuela.

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Obras,artículos,ensayos y
trabajos del autor en materia histórica:

*Historía del Arrendamiento
Financiero en

Venezuela y sus
perspectivas,Caracas,1983,

Talleres Tipográficos "Impresos
Milano",

C.A,Caracas.

(La obra puede ser consultada en las
Bibliotecas del Instituto Universitario de Tecnología
Industrial "Rodolfo Loero Arismendi(IUTIRLA),Extensión
Barquisimeto,Estado Lara;de la Academia Nacional de Ciencias
Económicas en Caracas;del Banco Central de
Venezuela,Caracas y la Biblioteca de la Academia Nacional de la
Historía,Caracas:

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* Los Templarios: Su influencia
económica y financiera

*El legado económico dejado por el
antigüo Egipto en nuestra actualidad en:

http://www.zonaeconomica.com/omar-gomez-castaneda/economia-egipto(2009).

* Biografía del Gran Almirante
Cristóbal Colón – Monografias.com

 - 4 visitas - 9 Mar

Enviado por Omar Gómez
Castañeda. Partes: 1, 2 … se han prestado a numerosas
disquisiciones y debates entre biógrafos e historiadores.
… www.monografias.com

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