Segundo gobierno,
2.2.1989 – 20.5.1993
La segunda presidencia de Carlos Andrés
Pérez corresponde al período constitucional
1989-1994. Es el séptimo gobierno del período
democrático iniciado en 1958. Pérez ganó en
las elecciones nacionales del 4 de diciembre de 1988 con
3.879.024 votos, lo que representó el 52,91% de la
preferencia electoral. El contendor más cercano, Eduardo
Fernández, de COPEI obtuvo 2.963.015 votos, el 43,26%. En
el congreso, el partido de gobierno Acción
Democrática, obtuvo 97 diputados, COPEI 67, Movimiento al
Socialismo (MAS), 18, Nueva Generación 6, La Causa R 3,
ORA (movimiento evangelista) 2 y el Movimiento Electoral del
Pueblo (MEP), Unión Republicana Democrática (URD),
Fórmula 1, Opinión Nacional (OPINA) y el Partido
Comunista Venezolano (PCV), un diputado cada uno. En el Senado,
Acción Democrática contaría con 23
senadores, más uno vitalicio (el ex presidente Jaime
Lusinchi), mientras COPEI con 22 y 2 vitalicios (los ex
presidentes Rafael Caldera y Luis Herrera Campins). El MAS obtuvo
3 senadores y Nueva Generación Democrática uno.
Estos resultados significaron que AD no contaría en las
Cámaras con una mayoría absoluta, como la
había tenido en el período inmediato anterior,
siendo necesario por lo tanto hacer negociaciones con partidos
minoritarios para la aprobación de las políticas
del gobierno. Esta segunda gestión de Carlos Andrés
Pérez estuvo marcada por el intento de salir de la
profunda crisis económica y fiscal que venía
desarrollándose desde años anteriores, a
través de un conjunto de políticas de
libreración de la economía. Otros rasgos destacados
fueron la agudización de la crisis social cuya
manifestación más dramática ocurrió
en febrero de 1989 y el desarrollo de una crisis política
que produjo, en 1993, la suspensión en el ejercicio de su
cargo del presidente de la República y su
sustitución por uno nombrado por el Congreso Nacional para
culminar el período. Fue también durante esta
segunda presidencia que comenzó el proceso de
descentralización político-administrativa del
país, gracias a la aprobación, en los
últimos meses del gobierno del presidente Lusinchi, de las
primeras reformas del Estado por parte del Congreso
Nacional.
El programa de ajuste económico y el estallido
social del 27 de febrero de 1989 y los días siguientes: En
su discurso inaugural del 2 de febrero, el presidente
Pérez señaló algunas líneas
orientadoras de su nuevo gobierno, dándole una importancia
especial a las relaciones interamericanas e internacionales como
parte de la estrategia para la construcción de una salida
de la crisis económica y fiscal que se padecía.
Pérez definió el año 1989 como el
idóneo para ampliar el proceso de reformas
políticas que con anterioridad se venía
desarrollando; así mismo, aseguró que su
fórmula política para resolver de manera permanente
el problema de la deuda, se apoyaría en la solidaridad
entre países deudores y enfatizó que se
buscaría estimular decisivamente la ciencia y la
tecnología en el país, como áreas
estratégicas para retomar el crecimiento económico.
El 16 de febrero, en medio de gran expectativa, Pérez
presentó su programa de ajuste económico, conocido
de allí en adelante como «el paquete», cuyas
disposiciones de libre economía, en muchos aspectos
contrariaba el discurso de toma de posesión y las promesas
electorales.
El programa contemplaba medidas de aplicación
inmediata y otras de aplicación gradual pero en plazos
relativamente cortos. Las principales fueron:
a) acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) y
someterse a su programa de ajustes, con el fin de obtener un
financiamiento de US $ 4.500.000.000 en 3 años;
b) liberar las tasas de interés activas y pasivas
hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30%;
c) unificar la tasa cambiaria con la eliminación
de la tasa preferencial de divisas y realización de todas
las transacciones a la nueva tasa flotante. Esto significaba la
eliminación de la Oficina de Régimen de Cambios
Diferenciales (RECADI);
d) liberar los precios de todos los productos a
excepción de 18 renglones de la «cesta
básica»;
e) aumentar las tarifas de los servicios públicos
como luz, agua y teléfono;
f) aumentar anualmente durante 3 años los
derivados del petróleo en el mercado nacional con un
primer aumento de 100% en el precio de la gasolina y un 30% en
los precios del transporte;
g) Aumentar los sueldos de la administración
pública entre el 5 y el 30%, el salario mínimo a
Bs. 4.000 en la ciudad y Bs. 2.500 en el campo; racionalizar y
eliminar progresivamente de los aranceles de
importación;
i) reducir el déficit fiscal a un máximo
de 4% y congelar los cargos de la administración
pública.
Como compensación para la población
más afectada por estas medidas, además del aumento
de los sueldos de la administración pública y el
incremento del salario mínimo ya mencionado, se anunciaron
las siguientes políticas:
1) política de subsidios directos a los
componentes de la canasta básica;
2) Programa de becas alimentarias;
3) Constitución de 42.000 hogares de cuidado
diario;
4) Reforzamiento de programas de control del lactante y
del preescolar y combate de las enfermedades diarreicas,
respiratorias y las que son prevenibles por vacunas;
5) Plan de consolidación de barrios;
6) Política de apoyo a microempresas;
7) Programa masivo de transferencias alimentarias
dirigido a los niños hasta los 14 años, a las
madres embarazadas y a los lactantes;
8) Amplia acción dedicada a consolidar los
ambulatorios de salud;
9) Programa destinado a la organización y
estructuración de un sistema de seguridad
social;
10) Creación de la Comisión Presidencial
para la Lucha contra la Pobreza. Al día siguiente el Banco
Central de Venezuela liberó las tasas de interés,
fijó las modalidades con que se financiarían las
cartas de crédito del sector privado y anunció que
en 2 o 3 meses comenzarían a recibirse los fondos de un
crédito stand by por unos US $ 1.500.000.000 otorgado por
el FMI.
Por su parte, el ministro de Energía y Minas,
anunció los primeros aumentos de la gasolina para el 26 de
febrero: Bs. 2,75 la alta y Bs. 2,55 la media. El día 19
se informó de la visita de representantes del Banco
Mundial y del FMI a Caracas, así como de la estadía
de Edgar Leal, el nuevo negociador de la deuda en Washington.
Para una población que había venido sufriendo desde
años anteriores un creciente deterioro de sus condiciones
de vida, así como un prolongada angustia por la escasez de
productos básicos, en buena parte provocada por el
acaparamiento de algunos comerciantes inescrupulosos, este
mensaje del presidente significó el debilitamiento de las
ilusiones sobre lo que podía esperarse del nuevo gobierno
y del futuro en general.
También contribuyeron a eso las denuncias de
corrupción durante la gestión del presidente
Lusinchi. Como consecuencia, el 27 de febrero y los días
siguientes, tuvo lugar una explosión social de
históricas proporciones en Caracas y varias ciudades del
país. Con ella comenzaron las dificultades
políticas del nuevo gobierno. El día 27 de febrero
desde la mañana se produjeron acciones de violencia
colectiva en Guarenas, ciudad dormitorio de Caracas, motivadas
por el aumento desproporcionado del pasaje del transporte.
Reacciones similares se dieron poco después en
áreas populares de Caracas como Caricuao, en encrucijadas
para el transporte de la ciudad, como el terminal del Nuevo Circo
y Chacaíto, y en otras zonas suburbanas de la capital,
como La Guaira.
En la medida en que transcurrió el día y
los hechos comenzaron a ser difundidos por los medios
audiovisuales y radiales, las acciones comenzaron a extenderse a
otras ciudades del país: Maracay, Valencia, Barquisimeto,
Puerto Ordaz, Mérida. En la tarde muchedumbres de
habitantes de las barriadas citadinas salieron a las avenidas y
zonas comerciales, tomando por asalto los establecimientos,
saqueando dichos lugares para hacerse de productos de todo tipo.
Igualmente, algunas vías centrales de las ciudades fueron
tomadas por turbas, construyéndose barricadas y
quemándose autobuses de transporte colectivo,
vehículos privados y cauchos, en clara protesta contra los
costos del servicio de transporte.
El día 28 de febrero los sucesos habían
desbordado a los cuerpos policiales. El presidente y sus
ministros no aparecían por los medios de
comunicación para calmar a la población y dar las
informaciones obligadas, con lo cual crecía la
incertidumbre. En la tarde, bajo las órdenes del
presidente y de su ministro de la Defensa, quien adquirió
protagonismo durante esos días, los militares entraron a
controlar la situación en los barrios,
produciéndose toda clase de excesos.
Una semana después, las cifras oficiales de
muertos pasaban de 300 y las pérdidas materiales eran
incalculables. También el día 28 de febrero el
Ejecutivo Nacional procedió a suspender las
garantías constitucionales en todo el país, las
cuales sólo serían restablecidas parcialmente 10
días después. Se implantó el toque de queda
en Caracas y otras ciudades que fue levantado gradualmente en los
días siguientes. En sus casas, la población vio por
televisión al presidente Pérez haciendo este
anuncio y a su gabinete parado aplaudiendo.
A partir de entonces el gobierno no pudo recuperarse de
su repentina impopularidad. No obstante la magnitud de la
protesta y del desacertado desempeño del gobierno,
éste logró sostenerse gracias a la lealtad de las
Fuerzas Armadas al mando del ministro de la Defensa. El
presidente Pérez mantuvo inalterable el programa
económico y el gabinete ejecutivo. El 7 de marzo en
cumplimiento del cronograma de medidas, se decretó la
liberación de precios. Hasta 1992 el gobierno
siguió la misma política económica y el
pueblo continuó dando señales de repudio, abonando
el terreno para el desarrollo de una crisis
política.
El desarrollo de la economía entre 1989 y 1992 y
algunos indicadores sociales: Las radicales medidas que el
gobierno del presidente Pérez aplicó a los males
económicos de la sociedad venezolana, producirían a
lo largo de los 3 primeros años de la gestión
resultados macroeconómicos satisfactorios, pero a un costo
social y político exorbitante. En diciembre de 1989 las
cifras del gobierno revelaban una contracción
económica general del orden de 8,1%, la mayor registrada
por la historia moderna venezolana; en el sector de la
construcción llegó al 30% y en el de la manufactura
al 12,4%. La tasa de inflación, según datos de
Agroplan C.A., alcanzó la cifra histórica de 84,5%.
En términos sociales la inflación reflejaba que una
familia promedio a mediados de 1989 podía con su ingreso
adquirir solamente el 40% de lo que hubiese podido comprar en
1968. La pobreza, según cálculos de Agroplan,
abarcaba al 62% de la población; 30% de la cual se
encontraba en pobreza absoluta.
En contraste, las reservas internacionales aumentaron
para ubicarse en US $ 7.411.000.000; el déficit en la
balanza de pagos fue menor a los años anteriores y el
déficit público se redujo de 9,9% a 1,7% del
Producto Territorial Bruto (PTB). Esta última era una
cifra muy por debajo de la estimación que se había
hecho a inicios de año. Una mayor recepción de
ingresos corrientes, a consecuencia de la modificación del
tipo de cambio y un mayor valor de las exportaciones petroleras
permitieron llegar a este nivel. Igualmente, se logró
concretar con el FMI un programa que contemplaba el otorgamiento
de US $ 5.000.000.000 en 3 años. Con el Banco Mundial (BM)
se acordaron créditos por un total de US $ 4.000.000.000,
con el Interamericano de Desarrollo (BID) se consiguieron
400.000.000 por año.
En el año 1990 la economía, según
el Banco Central de Venezuela, creció en un 5,3%,
revirtiéndose la depresión del sector manufacturero
y de la construcción. El sector de la banca y los seguros
sobrepasaron el 23% en su crecimiento, mientras la agricultura
cayó en un 1,3%. La tasa de desempleo se colocó en
10%, superior a la del año anterior, cuando estuvo en
9,6%. Así mismo, la inflación sobrepasó los
cálculos iniciales, situándose en 40,7% y la
pobreza aumentó alcanzando el 66,9% de la
población, 33% de los cuales eran pobres absolutos. La
balanza global de pagos registró un superávit
aumentando las reservas a US $ 11.700.000. Este año se
firmó el acuerdo con la banca internacional,
lográndose una reducción de la deuda en alrededor
del 20% y una reducción del 50% en el pago de los
intereses de la misma. El ministro de CORDIPLAN, Miguel
Rodríguez, declaraba que con el canje de la deuda vieja
por nuevos instrumentos, realizada el 18 de diciembre, se
ponía punto final al problema de la deuda pública
externa.
La economía en 1991, según el
análisis hecho poco después por los economistas
asociados Purroy y Espinaza, experimentó un vigoroso
crecimiento del 9,2% que aunado al de 1990 de 5,3%,
compensó la contracción ocurrida en 1989. El sector
petrolero tuvo alta incidencia en el total de ese crecimiento,
toda vez que su expansión, junto con sus efectos
multiplicadores, generaron cerca de la mitad del crecimiento de
la economía ese año. La gestión fiscal, por
su parte, cerró con un importante superávit de unos
Bs. 75.000.000.000, fruto de las privatizaciones de la
Compañía Anónima Nacional Teléfonos
de Venezuela (CANTV) y de Venezolana Internacional de
Aviación, S.A. (VIASA), las cuales significaron una
entrada de capital del orden de Bs. 122.000.000.000. En los
ingresos ordinarios, un 80% provino de la tributación
petrolera. Purroy y Espinaza señalaron que en los 3
primeros años del gobierno de Pérez, la
reducción del déficit fiscal se logró por
factores no recurrentes y hasta fortuitos: en 1989 fue por la
fuerte devaluación y la violenta contracción del
gasto; en 1990 el impacto de la guerra del Golfo Pérsico
en la comercialización internacional del petróleo y
en 1991 el factor fue la privatización. En 1991 el precio
del petróleo bajó de US $ 20 por barril, a un
promedio de US $ 16,60. El ingreso fiscal se vio compensado sin
embargo, por el aumento de los volúmenes exportados. Se
produjo una reducción de exportaciones no petroleras,
tanto de volumen como de precios. La balanza de pagos fue
superavitaria gracias a una combinación de factores: tasas
de interés positivas, lo que junto a una tasa de cambio
revaluada estimuló el ahorro. También concurrieron
los préstamos del BID y BM y la inversión
extranjera directa (CANTV y VIASA). Estas fueron las cifras
macroeconómicas. En relación a la traducción
de estas cifras en implicaciones sociales, los economistas ya
mencionados pensaban a inicios de 1992, que algunos indicadores
mostraban cierta mejoría en las condiciones de vida de la
población: la tasa de desempleo abierto había
descendido en el último año de 10% a 8,8%. La tasa
de población empleada en el sector informal de 42,4% a
40,5%; hubo una mejoría en los sueldos y salarios, el
consumo de alimentos repuntó en cerca del 20%. Sin
embargo, en relación con la pobreza, ésta
continuó creciendo: según datos de Agroplan
abarcaba un 67,2% de la población, 34,1% de la cual se
hallaba en pobreza absoluta. Por ello, pese a lo positivo de las
cifras económicas, la población no percibía
la mejoría, pues las cargas estaban repartidas
inequitativamente. Tampoco lograba conjurarse la extrema
dependencia de la actividad económica, y en particular de
la gestión fiscal, al petróleo, pues seguía
paralizada, o con modificaciones contraproducentes, la reforma
tributaria, limitando seriamente la expansión del gasto
interno neto.
Año 1992: el 4 de febrero y el 27 de noviembre:
En enero de 1992, mientras el gobierno mostraba con
satisfacción los logros macroeconómicos expresados
en las cifras señaladas, en el país algunos
sectores mostraban intranquilidad. En realidad, desde 1989 las
manifestaciones, huelgas y brotes de saqueos no habían
cesado, debe mencionarse el paro nacional de trabajadores
convocado por la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) en
mayo de ese año para expresar el repudio al «paquete
económico», o «la marcha de los
pendejos» realizada poco después para expresar el
rechazo a los actos de corrupción. En 1990, ante la ola de
disturbios que se generaron y el temor del gobierno a desembocar
en un nuevo «sacudón», hubo de posponerse
hasta agosto el aumento de la gasolina previsto en la Carta de
intención con el Fondo Monetario Internacional.
En 1991, ante los anuncios de la modificación del
sistema de prestaciones sociales se acentuaron los disturbios y
el gobierno se avino a congelar el proyecto de ley. Por otra
parte, se produjeron varias huelgas significativas, entre ellas
la de los trabajadores de la CANTV y VIASA. En el segundo
semestre del año, las clases de educación
básica y diversificada fueron suspendidas durante varias
semanas por el exacerbamiento de los disturbios estudiantiles,
que ocasionó la muerte de varios estudiantes. Sin embargo,
ninguna de las docenas de manifestaciones y actos de protesta
lograron hacer mella en la férrea voluntad del gobierno de
cumplir con las medidas de ajuste que se había propuesto.
A fines del año 1991, Carlos Andrés Pérez
informó que se habían cumplido las metas del
paquete y correspondería, de allí en adelante, el
crecimiento económico y la puesta en acción de un
vigoroso programa social. Anunció un nuevo y ambicioso
proyecto, conocido como el «El Megaproyecto Social»,
consistente en la inversión de millones de dólares
concedidos en préstamo por los organismos internacionales,
para profundizar programas de ayuda y atención a la
infancia, a las madres y a los jóvenes;
repotenciación de los sectores sociales más
vulnerables a la crisis. Sin embargo, el proyecto social llegaba
un poco tarde.
El mes de enero de 1992 se inició con una huelga
de maestros, informaciones relativas a la pronta
aprobación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual
era percibido como una amenaza por diversos sectores sociales, y
la aprobación del decreto 1911, sobre registro como
venezolanos de niños de padres indocumentados, que
despertó un desagrado general. Con este panorama, el
presidente Pérez viajó a la ciudad de Davos, Suiza,
a inicios de febrero. El objetivo era continuar con su
política de promocionar directamente las inversiones
extranjeras en el país, concurriendo para ello a esta
reunión anual. En la noche entre el 3 y el 4 de febrero,
regresando el presidente de este viaje, se produjo un
levantamiento militar encabezado por un grupo de oficiales del
ejército, de mediana y baja graduación (tenientes
coroneles, mayores, capitanes y tenientes) reunidos en una
agrupación llamada Comacate, y ejecutado con la
participación de tropas de los cuarteles de Maracay,
Maracaibo y Valencia. Los rebeldes se presentaron en la noche en
La Casona, residencia del presidente, donde intentaron apresarlo,
pero éste, ya en cuenta de que algo sucedía por
información de su ministro de la Defensa, había
hecho una breve escala allí y salido para el palacio de
Miraflores. Por consiguiente, las acciones se concentraron poco
después en el palacio presidencial.
El presidente, con el jefe de la Casa Militar,
logró escapar y alcanzar una planta de televisión,
Venevisión, canal 4, desde donde se dirigió a la
nación a las 2 a.m. Informó al país de lo
que sucedía, solicitó el apoyo popular y dio
órdenes a los militares leales para que controlaran la
situación. La imagen del presidente Pérez por los
medios, las maniobras, tanto militares como persuasivas
realizadas por el ministro de la Defensa, general Fernando Ochoa
Antich, y la equivocación del comandante Hugo
Chávez Frías, jefe de la insurrección, al no
moverse de su centro de comando en el Museo Militar de La
Planicie, para personalmente lograr la captura del presidente en
Miraflores, han sido esgrimidos como los factores que obraron a
favor de Pérez. En la mañana del 4 la ciudad de
Caracas se encontraba de manera mayoritaria controlada por
fuerzas leales al gobierno.
El presidente pudo entonces volver a Miraflores y desde
allí dirigirse al país. Los rebeldes siguieron
resistiendo unas horas más en algunos puntos
estratégicos como el aeropuerto de La Carlota, en el
corazón de la capital; pero hacia principios de la tarde,
el teniente coronel Chávez se dirigió al
país por televisión, para informar de su
rendición y llamar a sus compañeros a deponer las
armas con miras a evitar un derramamiento de sangre. Pese a
fracasar, el golpe del 4 de febrero desencadenó un
acelerado proceso de debilitamiento del piso político del
gobierno y el surgimiento de actores y acciones que
impulsarían cambios drásticos en el devenir
político venezolano. El presidente Pérez, ante la
precariedad con que se encontró por el respaldo popular
que obtuvieron los rebeldes y las precisiones que se hicieron
desde el Congreso contra el gobierno, en los días
siguientes manifestó su voluntad de rectificar la
política de ajuste. Desde entonces también se vio
obligado a negociar con los partidos y las Fuerzas Armadas con el
objeto de mantener el respaldo necesario para seguir gobernando.
Y aunque obtuvo poco éxito, algunas de las acciones que se
dieron entonces resultarían claves para lograr encauzar la
crisis política de 1992 por canales
institucionales.
En este orden de ideas destacó la
conformación, poco después del fallido golpe, de un
Consejo Consultivo con el fin de hacerle al Ejecutivo
recomendaciones ante la situación crítica. Dicho
Consejo fue presidido por Ramón J. Velásquez e
integrado por Pedro Pablo Aguilar, Ruth de Krivoy, Domingo F.
Maza Zavala, José Melich Orsini, Pedro A. Palma, Pedro
Rincón Gutiérrez y Julio Sosa Rodríguez, la
mayoría de ellos independientes que habían
discrepado de algunas de las políticas del gobierno. A
inicios de marzo esta Comisión presentó un
documento al Ejecutivo donde confirmaban que la crisis en
Venezuela era global, pero tenía especiales connotaciones
en lo económico, social y ético. El Consejo se
pronunció por una reforma constitucional en los meses
próximos que llenase las expectativas de la
población, hizo énfasis en la necesidad de extremar
las medidas contra la corrupción, se pronunció por
el saneamiento del Poder Judicial y la continuidad del proceso de
descentralización. Hizo además un conjunto de
recomendaciones puntuales, entre las cuales destacaban
importantes modificaciones al programa económico. Entre
ellas: la suspensión de los aumentos de gasolina hasta
tanto no se estableciera un criterio racional que tomara en
consideración la condición de país
energético que tiene Venezuela; la estabilización
de los precios de la «cesta básica» y de las
medicinas, así como las tarifas de los servicios
públicos y la detención de la apertura comercial
compulsiva para el sector agropecuario hasta que fuese revisada
por los productores y adecuada a las circunstancias y
especificidades del país.La debilidad del gobierno
también obligó a Pérez a hacer maniobras con
la composición de su gabinete. Tres veces se dieron
cambios en el mismo, aunque de poca trascendencia, para expresar
una voluntad real del gobierno de rectificar su política
de ajustes. Así las cosas, el 27 de noviembre se produjo
la segunda asonada, esta vez con oficiales de alto rango de las 3
fuerzas.
La conspiración tuvo su epicentro en
las bases aéreas ubicadas en el estado Aragua: Libertador
y Sucre, de donde salieron temprano en la mañana varios
aviones Bronco con destino a Caracas. Allí bombardearon el
palacio presidencial, el Capitolio y una de las sedes de la
policía política, la DISIP. Al mismo tiempo, grupos
civiles tomaron una estación de televisión,
así como el centro que permitía la
transmisión de 3 de los 4 principales canales televisivos
de Venezuela. Se pasó varias veces una alocución
del comandante Chávez, el de la asonada anterior, llamando
al pueblo a la subversión. Los rebeldes fueron rechazados
por las fuerzas leales al gobierno, quienes a media
mañana, manejando los aviones F-16, salieron en
persecución de los Bronco y derribaron uno hacia el
mediodía. Sometidas las fuerzas sublevadas, algunos se
entregaron y otros huyeron al Perú. Además de las
escaramuzas militares hubo saqueos esporádicos en Barinas,
disturbios callejeros en Maracay y Valencia, y se produjo una
masacre en el retén de Catia en Caracas, donde murieron
más de 60 presos. Como dirigentes de la
insurrección fueron señalados el general Francisco
Visconti Osorio, jefe de logística del Estado Mayor
Conjunto, el contralmirante Hernán Grüber
Odremán de la Marina, el oficial de más alto rango
y antigüedad de los sublevados y el contralmirante Luis
Cabrera Aguirre.
Año 1993: el 20 de mayo: Uno de los logros
derivados de la sostenida presión para cambios en el
ordenamiento político por parte de algunos grupos de la
sociedad fue la recomposición de la Corte Suprema de
Justicia en 1992. Entre los promotores de esta iniciativa se
encontraban personalidades reunidas en el llamado Grupo de los
Notables; pero también contó con el apoyo y la
movilización de muchas otras personalidades. Con una Corte
recompuesta gracias al pase a retiro de algunos de sus miembros y
su sustitución por otros magistrados independientes de los
partidos, en marzo de 1993, el fiscal general de la
República, Ramón Escovar Salom, solicitó un
antejuicio de mérito al presidente Carlos Andrés
Pérez por malversación de fondos públicos en
el orden de Bs. 250.000.000 de la partida secreta. También
consideró el fiscal que existía responsabilidad
penal para los ex ministros Alejandro Izaguirre y Reinaldo
Figueredo. El Tribunal de Sustansación de la Corte
Suprema, admitió la petición y reabrió el
caso que había sido declarado improcedente en febrero tras
una primera demanda intentada por el partido La Causa R. La
ponencia fue encomendada al presidente de la Corte, Gonzalo
Rodríguez Corro. El 5 de mayo algunos diarios
recogían el rumor de que la ponencia del magistrado
Rodríguez Corro era desfavorable al presidente
Pérez y que éste, al conocer del posible fallo,
habría dicho que renunciaría. Es de destacar que
por esos mismos días, una comisión especial del
Congreso estaba terminando su informe donde también
encontraban responsabilidades de Pérez, junto con otros
altos funcionarios de su gobierno, por un fraude a la
Nación de aproximadamente US $ 10.000.000. Planteada la
posibilidad de que el presidente de la República pudiese
ser sometido a juicio, la zozobra del país,
adquirió ribetes dramáticos. El 20 de mayo, buena
parte de los venezolanos detuvieron sus actividades cotidianas
para escuchar la anunciada decisión de la Corte Suprema. A
tempranas horas de la tarde, actuando como vocero de la misma, el
magistrado Rodríguez Corro declaró con lugar la
solicitud de antejuicio intentada el pasado 11 de marzo por el
fiscal general contra el presidente y sus ex ministros Izaguirre
y Figueredo.
El Senado se reunió al día siguiente y por
unanimidad autorizó el juicio, asumiendo a
continuación la presidencia del país, de manera
provisional, el presidente del Congreso, Octavio Lepage. Poco
después el Congreso eligió como sustituto
definitivo del presidente a Ramón J. Velásquez. El
presidente Velásquez tomó posesión el 5 de
junio siguiente.
Otros aspectos significativos: el proceso de
descentralización: En los últimos meses del
gobierno de Jaime Lusinchi y los primeros de la segunda
presidencia de Carlos Andrés Pérez fue aprobado un
conjunto de reformas políticas que iniciaron el proceso de
descentralización político-administrativa del
país. En diciembre de 1989 y en diciembre de 1992 tuvieron
lugar los 2 primeros procesos electorales para la escogencia de
gobernadores de estado y alcaldes. La difícil
situación social y política de estos años
afectó los resultados de ambos comicios, sobre todo a
nivel regional, constituyéndose dichas elecciones en
instrumentos para expresar el repudio al gobierno del presidente
Pérez. En 1989 el partido de gobierno, Acción
Democrática, perdió 9 de las 20 gobernaciones que
controlaba; en 1992 perdió 14 de las 22 en disputa.
También las primeras elecciones de gobernadores y alcaldes
comenzaron a expresar los nuevos desarrollos políticos
regionales y locales: la emergencia de un nuevo tipo de liderazgo
de arraigo regional o local, el surgimiento de organizaciones
políticas alternativas a las tradicionales de AD y COPEI,
y el ejercicio del poder en manos distintas a las que
venían gobernando el país desde 1958.
Muerte del Ex
-Presidente Carlos Andrés Pérez
Cientos de personas rindieron homenaje al dos veces
presidente de Venezuela (1974-1979 y 1989-1993), al desfilar ante
el féretro con los restos mortales de Pérez,
fallecido el 25 de diciembre del 2010 de un ataque
cardíaco,en la Ciudad de Miami,Estados Unidos.
El ex político fue velado en la funeraria
Caballero Rivero Woodland, en el suroeste de Miami, y algunos de
sus antiguos compañeros del partido Acción
Democrática (AD) viajaron desde Venezuela para rendir un
último tributo a Pérez
La familia de Pérez recibió mensajes de
condolencia de los ex presidentes Felipe González de
España, Alan García de Perú, George Bush y
Jimmy Carter de EE.UU., Óscar Arias de Costa Rica,
Fernando Enrique Cardoso de Brasil, el mandatario colombiano,
Juan Manuel Santos, entre otros dignatarios, ex gobernantes y
políticos.
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