La reestructuración del modelo eléctrico ecuatoriano

La tendencia neoliberal de los 90 tuvo como propósito la desregulación, privatización y apertura comercial de los mercados y sectores estratégicos, bajo el criterio que las fuerzas del mercado optimizarían los procesos, induciendo en el Ecuador la creación de un nuevo modelo en el sector eléctrico a través de la promulgación de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE) [1]Para el cumplimiento de este objetivo se constituyeron las unidades de negocio de generación, transmisión y distribución y comercialización, y el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que operó desde 1999, actuando como organismo de control y regulación el CONELEC y como organismo técnico y administrativo de las transacciones del MEM el CENACE.

El modelo impuesto por la LRSE, transcurrido algo más de una década, colapsó sin haber cumplido con sus objetivos principales de mejorar la calidad del servicio, incrementar la oferta de energía y bajar las tarifas. El presente artículo tiene la finalidad de plantear algunos criterios a considerarse en la reestructuración del sector alineándose con la Constitución de la República bajo la premisa de una mayor participación estatal, para lo cual debe elaborarse el plan de expansión de carácter determinativo (obligatorio), crearse el organismo de regulación y control, extinguirse el mercado spot u ocasioanal, mantenerse las unidades de negocio de generación, transmisión, distribución y comercialización pudiendo ser en una sola empresa pública. Se establecerán las reglas para propender el uso eficiente de la energía.

El Estado construirá los grandes proyectos hidroeléctricos determinados en el plan de expansión determinativo. Los medianos y pequeños proyectos podrán ser construidos por organismos estatales descentralizados incluidos los distribuidores, otorgándole la posibilidad a la iniciativa privada de ejecutar proyectos asignados en el plan de expansión luego de un proceso de concurso o licitación.

Introducción

La nacionalización del sector eléctrico acaecida con cierta simultaneidad en América Latina, en los años cincuenta, aparece asociada a una estrategia de desarrollo económico y social en donde el rol del Estado era considerado crucial bajo el enfoque de servicio público. Ello condujo a una expansión del índice de electrificación y particularmente, en algunos países, a impulsar la electrificación rural. Así la cobertura en la región aumentó del 40% al 70% en la década de los 50, 60 y 70, estando presente sin embargo las dificultades financieras.

A partir de los años 80 fue necesario un cambio en las empresas eléctricas de Latino América como consecuencia de la importancia de las economías de escala y de la coordinación o de alcance en las actividades de generación, transmisión y distribución de electricidad. Dichas economías de alcance provienen de las reducciones de costos derivadas de la coordinación operativa de las centrales, reducción de la demanda máxima simultánea, mayor calidad y seguridad del servicio, como consecuencia de la interconexión de los sistemas eléctricos.

A principios de la década de los 90, aparece en América Latina la tendencia neoliberal (liberalización de la economía), que considera que los bienes y servicios económicos de interés general pueden y deben ser suministrados por agentes económicos distintos del Estado, estableciendo tres elementos básicos: la desregulación, la privatización y la apertura comercial; ya que las fuerzas del mercado (oferta y demanda) provocarían una asignación eficiente de los recursos, con una mejor relación calidad – precio que si estuviera interviniendo el Estado.

Los componentes básicos de la reforma regulatoria en la región sudamericana fueron los siguientes:

• Separación de los tres componentes de la cadena de valor (generación, transmisión y distribución).

• Competencia al nivel de la generación, pero sujeta a un despacho centralizado.

• Operación de la transmisión y distribución entregada en concesión.

• Construcción licenciada de las centrales hidroeléctricas, no de las termoeléctricas.

• Libre acceso, no discriminado, para las líneas de transporte de electricidad.

• Obligación de las distribuidoras de abastecer su área de concesión.

• Un sistema de precios en la generación y transmisión basado en los costos marginales. Los precios de distribución basados en el costo de una empresa modelo o un sistema de precios tope.

• Multas para estimular la calidad del servicio en algunos de los países.

Los organismos que mayor influencia tuvieron en los países para la liberalización de los mercados fueron el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, quienes para la renegociación de la deuda externa obligaron a realizar reformas de apertura comercial y la implantación de reformas según sus políticas. Todo esto resultado de la aplicación del denominado "Consenso de Washington".