Exclusión Social (página 2)

La política social es el instrumento
fundamental a través del cual se promueve el desarrollo
social, no sigue un camino único, siempre responde a un
modelo de desarrollo, a un contexto, a una coyuntura, a una
relación de fuerzas sociopolíticas y es producto de
una estrategia pensada a partir de la situación social,
económica y política existente; cumpliendo
importantes funciones de legitimación, reproducción
y acumulación, mediante la implementación de una
serie de programas que pueden ser de carácter promocional,
compensatorio, sectorial, o estructural, con el fin de incidir en
el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población.

En el caso particular de Venezuela, según las
intervenciones oficiales correspondientes al período
democrático, es posible identificar, básicamente,
el predominio de dos modelos de política social, en los
cuales se han inscrito las estrategias de atención a la
pobreza: el universalismo y la focalización. El primero,
el modelo universalista, implementado en el período
1958–1988, se caracterizó por la aplicación
de subsidios indirectos dirigidos a garantizar el acceso de los
sectores de bajos ingresos a los alimentos básicos,
igualmente, los programas tradicionales del Estado en materia de
salud, educación, vivienda y seguridad social, estaban
diseñados para brindar asistencia libre y universal a la
población en general, sin discriminar a los sectores de
altos, medianos o bajos ingresos.

Como consecuencia de la crisis económica de la
década de los ochenta, la política social
universalista se vio gravemente comprometida al pretender
continuar con menos disponibilidad de recursos programas masivos,
lo cual condujo al deterioro generalizado de los servicios
sociales fundamentales, como la educación y la
salud.

El segundo modelo, el de focalización, aplicado
en el país a partir de la implementación del
programa de ajuste económico, entre los años
1989-1998, se caracterizó por la puesta en marcha de un
conjunto de programas compensatorios, especialmente a
través de la red escolar y de salud. Este tipo de
política se orientó hacia mecanismos de
transferencia directa a la población más vulnerable
para compensar los costos sociales, hasta tanto las consecuencias
negativas del ajuste se superaran.

El criterio universalista, hasta ese momento en
vigencia, es sustituido por el de focalización de la
atención, partiendo de las premisas de que los subsidios
indirectos no eran eficientes ni equitativos y que las
intervenciones tradicionales del Estado habían sido
incapaces de enfrentar y resolver la problemática social.
No obstante, al no constituirse en una intervención de los
factores estructurales de la pobreza (sus causas) y concentrarse
sólo en sus consecuencias más acuciantes, y al
excluir otros sectores de la población que a causa de la
crisis también vieron deterioradas sus condiciones de
vida, la focalización y el asistencialismo compensatorio
multiplicaron y agudizaron la pobreza.

A partir del año 1999, con el gobierno del
presidente Hugo Chávez Frías, puede ubicarse la
política social del país en una suerte de
transición, donde se combinan elementos del modelo vigente
durante el período desarrollista con otros cercanos a las
políticas de corte neoliberal aplicadas durante los
años "80, y otros que tienden a un esquema alternativo al
neoliberalismo, razón por la cual no es posible
identificar un modelo específico.

En este período, la política social se ha
desenvuelto en medio de una serie de cambios políticos
sustanciales generados en el país desde el año
1999, tales como un nuevo marco institucional, a partir de la
reestructuración y legitimación de los poderes
públicos y una nueva Constitución nacional,
permeados por un ambiente de polarización,
confrontación y conflictividad política, influyendo
algunos eventos de este tipo en la orientación de la
política dirigida hacia la pobreza y la exclusión
social. En este sentido es posible identificar dos grandes
momentos en la política social: uno ubicado entre los
años 1999 y 2002 (correspondiente a programas sociales de
tipo compensatorio-asistencial) y otro a partir del año
2003, después del paro petrolero iniciado en diciembre
2002, que abarca otro tipo de programas, representados en las
"misiones sociales".

Puede señalarse, de acuerdo a los principios
plasmados en documentos oficiales (la Constitución
Bolivariana, la propuesta de la Revolución Social de la V
República, etc.), que la política social en este
período gubernamental, al menos en su filosofía, es
cónsona con la tesis y objetivos del desarrollo humano,
fundamentados en la integración social,
corresponsabilidad, cohesión social, participación
social, intersectorialidad, entre otros principios.

No obstante, en el análisis del primer momento
(1999-2002), en general, la prioridad oficial fue el ajuste
macroeconómico la estabilidad del PIB y el abatimiento de
la inflación, racionalidad economicista que en el
ámbito de la política social se tradujo en una
estrategia cortoplacista, efectista y centralizante,
especialmente de los programas de atención a la pobreza y
de las nuevas instituciones encargadas de su financiamiento y
ejecución. Fondo Único Social; Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes; Ministerio de Salud y
Desarrollo Social. En consecuencia, la tendencia fue conservar
las estrategias asistenciales compensatorias focalizadas
anteriores, pese a su oposición frontal a ellas en el
discurso, por responder a un esquema neoliberal y pese a su
insuficiencia para mitigar la pobreza y la exclusión
social.

A partir de la crisis política del 2002
después del golpe de Estado de abril, si bien se
debía cambiar parcialmente algunos aspectos de la
política económica se deja incólume la
orientación de la atención a la pobreza.

Las medidas de este tipo se limitaron a incrementar el
presupuesto destinado a los principales programas sociales
asistenciales para ampliar su cobertura, en un intento de
contrarrestar los efectos de las medidas dirigidas a disminuir el
déficit fiscal.

Es lógico suponer que en ese momento post-golpe,
muy delicado para la gobernabilidad, se haya procurado mantener
la adhesión de los sectores populares por vía de
los programas compensatorios, de alta aceptación entre la
población, según encuestas sociales realizadas en
los gobiernos de Pérez y Caldera.

Desde el golpe de abril, la necesidad gubernamental de
lograr mayor legitimidad y de recuperar o mantener el control
político, ha reforzado factores estratégicos como
por ejemplo la injerencia de los grupos políticos
dominantes y la continuidad del sector militar en la
ejecución de los programas de asistencia
social.

Después del paro petrolero iniciado en diciembre
2002, es decir en los años 2003 y 2004, el gobierno
introdujo modificaciones parciales a la estrategia anti-pobreza y
anti-exclusión social que venía ejecutando,
diversificándola con la incorporación de otros
programas, sin abandonar los de tipo asistencial-compensatorio
del subperíodo 1999-2002.

Las nuevas iniciativas del gobierno (mejor conocidas
como misiones sociales) giran en torno a: 1) el fortalecimiento
de la seguridad alimentaria (Plan Nacional de Abastecimiento
Alimentario: Programas MERCAL, Mega mercados Populares, PROAL,
entre otros; 2) enfrentar la exclusión social (rural,
educativa, productiva-laboral, sanitaria a través de las
estrategias de economía social-cooperativismo; la famosa
trilogía de misiones educativas: Robinson, Ribas y Sucre;
la Misión "Vuelvan Caras"; y los Programas de
Atención Primaria en salud, especialmente la Misión
"Barrio Adentro". También se habló de la
Misión "Cristo" (o mega misión que
englobaría a todas las misiones, con el lema "pobreza cero
en el 2021").

Dichos planes, programas y misiones, desde el punto de
vista normativo, lucen más compatibles con los principios
u orientación teórica de la política social
(intersectorialidad, participación social,
cogestión, corresponsabilidad, inclusión social,
democratización, etc.) que las estrategias del primer
período (1999-2002), especialmente porque enfatizan en el
precepto constitucional de la inclusión y
participación como un derecho social y
político.

Sin embargo, aunque los objetivos formales son atacar
las causas de la pobreza y de la exclusión social, su
carácter es aún muy asistencial focalizado. Las
misiones no están integradas en una política social
universal e integral, presentan fallas de articulación, de
planificación y ejecución, especialmente porque no
se ha creado la nueva institucionalidad pública requerida
para incrementarles efectividad, se desmanteló la
existente y algunos canales no son aprovechados por los
ejecutores (especialmente por los militares). Estas iniciativas
siguen siendo insuficientes ante los problemas sociales que
atienden, de origen básicamente estructural.

Pese a los éxitos parciales del actual gobierno
en materia de gestión social, aún no se ha
diseñado una estrategia de largo plazo, universal,
sistemática y coherente, para atacar el problema de la
pobreza y de la exclusión, de la distribución del
ingreso, garantizar equidad, participación ciudadana
efectiva y profundización de la democracia.

A pesar de los matices de la política social en
cada período gubernamental, existen elementos que denotan
continuidad en factores institucionales, organizativos,
gerenciales y políticos, que a lo largo de los años
han estado presentes en el desarrollo de la política
social y han obstaculizado una gestión eficiente,
convirtiendo a lo social en un entorno complejo de
gestionar.

Debilidades en la
gestión de la Política Social
venezolana

Sobre los obstáculos que limitan la
implementación de la política social, además
de los factores políticos como el interés por el
logro de legitimidad y gobernabilidad, especialistas han
señalado problemas de orden metodológico y
técnico-organizativo que han repercutido desfavorablemente
en la gestión de la política social
venezolana.

Entre ellos destacan: Débil Integración
entre la política económica y la política
social, evidenciada en la escasa relevancia otorgada a lo
social como requisito para el desarrollo. El interés de la
acción estadal ha estado centrado fundamentalmente en lo
económico, en tratar de alcanzar equilibrios en los
indicadores macroeconómicos y no en desarrollar una
política dirigida a enfrentar la pobreza y lograr mayor
equidad, siendo lo social concebido como un instrumento dirigido
a compensar los efectos indeseables de la política
económica.

Existe consenso en que ambas políticas deben
articularse estrechamente, sin embargo la lógica
economicista aún prevalece, a pesar de que la experiencia
de países tanto industrializados como subdesarrollados ha
demostrado que el incremento en las variables
macroeconómicas por sí solo no lleva al desarrollo
y bienestar social, por el contrario en ocasiones se evidencia la
ampliación de la brecha entre ricos y pobres.

Debilidad organizativa del sector social para
garantizar una gestión eficiente, expresada por un
lado, en el crecimiento desmesurado e irracional de las
instituciones del Estado y por otro, en la vulnerabilidad de las
dependencias vinculadas a lo social (fundaciones, ministerios,
otras) cuando hay cambios a nivel gubernamental; esto genera un
ambiente propicio para el uso ineficiente de los recursos, la
desorganización, la no continuidad en los programas y
proyectos, amén del bajo impacto en la población
beneficiaria.

Inexistencia de una política orgánica
de acción compartida para el desarrollo social,
evidenciada en la presencia de un diverso conjunto de
instituciones (ministerios, oficinas, institutos, otros), que
trabajan de manera aislada y descoordinada en la ejecución
de programas similares, ocasionando la duplicidad de esfuerzos y
recursos, además del bajo impacto en la población
beneficiaria.

Insuficiente recurso humano calificado para gerenciar
la política social. uno de los rasgos que ha
caracterizado a la política social en Venezuela, es que su
administración ha estado bajo la tutela de un personal
cuya formación no está vinculada al área
social, señala que la mayor parte del personal que labora
en la administración pública no reúne el
perfil y las capacidades técnicas para gestionar la
política social sin profundizar en la politización
de las instituciones y el predominio de intereses particulares,
lo que aunado a la carencia de objetivos y procedimientos
rigurosos de contratación, despido, ascenso y
remuneración de personal; tornan más complicado el
escenario para la administración de la política
social.

Desarticulación entre los distintos niveles
territoriales de gobierno: nacional, estadal y municipal. Uno
de los avances logrado en la gestión de la política
social en el escenario altamente neoliberal de los años
90, fue el relacionado con la descentralización de la
administración pública, fundamentado en la
necesidad de diseñar e implementar acciones
cónsonas con las particularidades regionales y locales;
sin embargo, una de las debilidades de este proceso fue la
proliferación de estructuras organizacionales
(instituciones, fundaciones, otros) creadas por los gobiernos
estadales y municipales que persiguen objetivos comunes, este
conjunto de organizaciones públicas además de
cabalgar competencias, consumir burocracia, son agencias
públicas que compiten entre sí por los recursos
cada vez más limitados que se le asignan al área
social.

Escasa participación de la comunidad y la
ciudadanía en la gestión social. Teórica
y jurídicamente se reconoce la importancia de la
participación comunitaria en las distintas fases de la
política social (diseño, ejecución, control
y evaluación) como elemento clave para el mejoramiento de
la calidad de vida, pero su intervención en la
práctica ha sido escasa y desarticulada. Generalmente el
proceso de planificación es realizado por los gerentes
sociales desde el escritorio, sin tomar en cuenta la
opinión ni las potencialidades de los usuarios lo cual
propicia la formación de ciudadanos dependientes del
Estado, con pocas posibilidades de mejorar sus condiciones de
vida desde sus propios medios.

Desvalorización de la política social
como elemento fundamental que potencia el desarrollo, pues se
ha considerado a los recursos invertidos en esta área como
simple gasto corriente y no como una inversión con
retornos positivos para el crecimiento económico, mejoras
en la capacidad productiva de la fuerza de trabajo y
fortalecimiento de la democracia; situación que la hace
susceptible a los continuos recortes financieros, en
comparación a cualquier otro sector.

Carencia de un sistema de seguimiento, control y
evaluación que permita conocer oportunamente el nivel de
cumplimiento de las metas previstas y la ausencia de indicadores
de gestión. Técnicamente la política
social adolece de herramientas que permita hacer seguimiento y
evaluación a las acciones realizadas, ello dificulta la
posibilidad de obtener información relevante y oportuna,
que permitan alimentar la toma de decisiones, aplicar los
correctivos necesarios en cuanto al funcionamiento de los
programas sociales, conocer los impactos generados en la
población beneficiaria y propiciar una inversión
eficiente de los recursos en el área social.

Ante un panorama de cambios constantes y gran
incertidumbre como el que actualmente atraviesa Venezuela, donde
las condiciones de vida de la población demandan
constantemente la implementación de acciones que reviertan
favorablemente su situación, y en el marco de nuevas
lecturas o enfoques sobre el desarrollo y de nuevas iniciativas
gubernamentales, surgen las siguientes interrogantes:
¿Cuáles serían las estrategias
idóneas que conducirían a mejorar las condiciones
de vida de la población y, por ende, a superar la pobreza?
¿Qué elementos debe contener una política
social para la enfrentar la pobreza? ¿Cuál es el
contexto más favorable para la superación de la
pobreza?

Responder estas interrogantes resulta difícil por
diversas razones, entre ellas: no existe una salida única
para superar la pobreza, se trata de un problema estructural,
complejo y multidimensional cuya naturaleza amerita la
acción de múltiples actores y estrategias
simultáneas.

Sin embargo, y con la finalidad de contribuir al debate,
además de estimular el interés sobre la seriedad e
implicaciones de esta problemática, se presentan a
continuación algunos lineamientos que pudieran servir de
orientación general para el diseño de una
política social dirigida al enfrentamiento de la pobreza,
que además contribuya a fortalecer la democracia y
alcanzar un desarrollo social sostenible.

Muchos de estos lineamientos se acoplan a las propuestas
que actualmente se vienen debatiendo a nivel internacional, las
cuales plantean que el desarrollo de una política dirigida
a la superación de la pobreza debe cimentarse en un
escenario caracterizado por:

• Un entorno favorable en el cual coexistan
equilibrios no sólo en las variables
macroeconómicas, sino también en las sociales,
políticas, culturales, demográficas, entre otras,
las cuales en su conjunto desempeñan un papel
trascendental para alcanzar el desarrollo social y por ende
superar la pobreza.

• Voluntad política para dar prioridad,
tanto en el discurso como en la acción, a la
reducción de la pobreza, tomando en cuenta que dichas
estrategias, por su integralidad y complejidad, ameritan
trascender los diferentes períodos
gubernamentales.

• Un marco de viabilidad
político-democrática, cimentada en un acuerdo entre
los diferentes actores (gobierno, empresarios, universidades,
sociedad civil, grupos comunitarios, población, entre
otros), donde la concertación de intereses y esfuerzos
deberán estar enrumbados a la superación de la
pobreza.

• Una institucionalidad sólida y la
necesaria coordinación entre las diferentes instancias
encargadas de la ejecución de políticas y programas
dirigidos a la superación de la pobreza, lo cual pasa por
una profunda revisión de las instituciones que integran el
Estado y su necesaria modernización.

Lo anteriormente expuesto dibuja un panorama
idóneo para impulsar estrategias que coadyuven con el
objetivo de superar la pobreza; en este orden, se presentan a
continuación algunas orientaciones que pudieran servir de
apoyo al diseño e implementación de una
política social pensada con ese
propósito.

Algunos lineamientos
de política social para la superación de la pobreza
en Venezuela

Inserción en una política de Desarrollo
Social

Cualquier estrategia dirigida al enfrentamiento de la
pobreza deberá estar enmarcada en una política de
desarrollo social, definida sobre la base de objetivos y metas
claras y factibles de ser cumplidas en el corto, mediano y largo
plazo, según la naturaleza de las metas, donde la
superación de la pobreza aparezca como uno de los ejes
estratégicos. Para ello es importante realizar una
evaluación sobre los resultados de las acciones
implementadas, los recursos disponibles y las metas que se
quieren alcanzar en función de la realidad.

El diseño de una política dirigida al
enfrentamiento de la pobreza lleva intrínseca la necesidad
de establecer prioridades en el tiempo, atacando en primer lugar
los problemas más graves y con consecuencias más
irreversibles, con el fin de no dispersar los escasos y
debilitados recursos institucionales y presupuestarios que
existen.

En el corto plazo continuará siendo inevitable
ejecutar programas compensatorios, dirigidos a aquella
población que se encuentra en situación de pobreza
extrema, que por su condición de vulnerabilidad ameritan
atención inmediata. En tal sentido, se propone reemplazar
los enfoques tradicionales de asistencia o beneficencia
pública propios del Estado traducidos en jornadas
médico asistenciales, entrega de bolsas de comida, otras
por verdaderas políticas de asistencia social, concebidos
como "prácticas de acción social que aplican
procedimientos técnicos para atender, ayudar, asistir y
apoyar a los sectores vulnerables en su estado de necesidad
comprobado, para que logren desarrollarse, competir y
funcionar.

Por otro lado, no se trata de descuidar las
políticas estructurales universales, es decir, aquellas
que posibilitan el acceso a la población a
educación y a la calificación para el trabajo, a la
preservación de la salud y la garantía del derecho
a la supervivencia, a la seguridad social universal, a la
vivienda, entre otros, siendo indispensable mejorar la calidad de
los servicios ofrecidos, ampliar su cobertura e incrementar el
presupuesto asignado, de manera que se puedan cubrir los
déficit de atención y garantizar a la
población el acceso a bienes y servicios que sirven de
soporte al proceso de desarrollo social y a la ciudadanía
en general.

Reestructuración de la institucionalidad en la
cual se ejecuta la política social: Unido a lo
anterior, y como plataforma para la implementación de
políticas dirigidas al enfrentamiento de la pobreza, es
indispensable realizar reformas en el plano institucional, las
cuales implican, entre otras cosas, la necesaria
superación de aquellas deficiencias que a lo largo de
estos años han obstaculizado el desempeño de la
política social. Uno de los grandes desafíos a
afrontar está relacionado con "la necesidad de superar los
problemas de tipo organizacional que afectan la gestión
social; el nudo central que debe romperse es el de la hipertrofia
institucional, la burocratización y la
descoordinación del aparato público del sector
social".

En este contexto se plantea la necesidad de redefinir el
número de organismos del Estado que ejecutan programas con
objetivos similares y dirigidos a la misma población
beneficiaria, propiciar la coordinación de programas
sociales a los fines de unificar criterios y recursos, la
coordinación entre los diferentes ámbitos de
gobierno (nacional, estadal y local), entre otros aspectos
importantes.

Estrategias que permitan potenciar y aprovechar el
Capital Social: En el marco del análisis sobre el
desarrollo, en los últimos años, uno de los temas
que ha venido ganando terreno, dada su contribución a los
objetivos de la política social y por ende a la
reducción de los problemas de pobreza y exclusión,
lo constituye la noción de capital social, que apunta
hacia una revalorización de aspectos vinculados con la
cotidianidad de la gente, al conjunto de normas y valores que
orientan las relaciones al interior de una sociedad.

El capital social "podría entenderse como la
capacidad efectiva de movilizar productivamente y en beneficio
del conjunto, los recursos asociativos que radican en las
distintas redes sociales a las cuales tienen acceso sus
miembros".

Estos recursos asociativos, según refiere el
mismo autor, son: la confianza, vínculo que combina la
aceptación del riesgo con un sentimiento de afecto o
identidad ampliada; la reciprocidad cimentada en una
lógica que supera la del mercado ya que, supone
intercambios basados en obsequios, en el dar y la
cooperación, como una acción complementaria
orientada al logro de objetivos compartidos de una actividad en
común.

Experiencias desarrolladas en varios países del
mundo entre ellos los de América Latina señalan los
aportes que puede generar este tipo de capital en la plataforma
económica, política, social, entre otros,
incluyendo la superación de la pobreza. De ahí la
importancia de desarrollar estrategias que permitan aumentarlo o
potenciarlo.

La CEPAL en el informe "Panorama social de
América Latina 2001-2002" sugiere: 1) La necesidad de
establecer políticas de promoción del enfoque de
capital social para que los investigadores, agentes y promotores
sociales se capaciten tanto en la teoría como en la
metodología del capital social; 2) establecer una
plataforma de políticas culturales y desde ellas impulsar
experiencias precursoras de capital social; 3) la acción
estadal debe enfocarse en las políticas de creación
y fortalecimiento del capital social como forma de
intervención directa en la comunidad y 4) impulsar
políticas de coordinación de capital social entre
el Estado, organismos internacionales, sociedad civil, sector
privado y los mismos pobres, de manera que se generen sinergias
favorables para el objetivo de superar la pobreza (CEPAL:
2002).

Lo esencial de este enfoque es que busca fortalecer las
capacidades y potencialidades de los grupos en situación
de pobreza, hacerlos conscientes de ellos y transformarlos en
protagonistas en la lucha por el desarrollo; como un factor
importante para aumentar la eficacia de las actividades
económicas y sociales y por ende para la superación
de la pobreza, aspectos que anteriormente no eran muy
considerados dada la importancia que se ha otorgado a lo
económico y al capital financiero.

Políticas dirigidas al enfrentamiento a la
pobreza desde la pobreza: Unido a lo anterior y tomando en
consideración las limitadas opciones que tienen los
pobres, tanto por la carencia de recursos económicos como
para negociar mejores prestaciones y servicios, es necesario
propiciar estrategias que favorezcan sus capacidades y
potencialidades considerando sus valores, cultura, autoestima,
autoconfianza, capacidad de asociarse, entre otros de manera que
ellos puedan actuar y tomar decisiones en asuntos concernientes a
su bienestar presente y futuro, lo cual remite a la noción
de empoderamiento. Se trata de un término muy en boga en
los análisis actuales sobre la pobreza y está
referido a la posibilidad de otorgarle a la población en
esa situación, herramientas que le permita desde su mismo
entorno, tomar decisiones en asuntos concernientes a sus vidas,
dentro de un proceso para obtener el control sobre los recursos
físicos, humanos, intelectuales, financieros e
ideológicos que poseen las comunidades y que no han sido
aprovechados al máximo. Existen cuatro elementos claves
que respaldan el empoderamiento de los pobres:

Acceso a la información: los
ciudadanos informados están mejor preparados para
aprovechar las oportunidades, obtener servicios, velar por sus
derechos, negociar eficazmente y controlar las acciones del
Estado y de los actores no estadales. Sin una información
relevante, oportuna y presentada en forma fácilmente
comprensible, es imposible que los pobres puedan
actuar.

La inclusión y participación de los
pobres: y de otros grupos tradicionalmente excluidos en el
establecimiento de prioridades y en la toma de decisiones, es
fundamental no sólo para asegurar que los escasos recursos
públicos se inviertan en las prioridades locales, sino
también para construir un compromiso hacia el
cambio.

Responsabilidad o rendición de cuentas: se
refiere a la potestad de llamar a los funcionarios oficiales,
empleados públicos, o actores privados a rendir cuentas a
los usuarios y clientes depositarios de sus actos, requiriendo
que se hagan responsables de sus políticas, sus acciones y
del uso de los fondos.

Capacidad local de organización:
tiene que ver con la habilidad de la gente para trabajar en forma
conjunta, organizarse y movilizar recursos para solucionar
problemas de interés común. Todos estos elementos
permitirían a los pobres desarrollar sus propias
capacidades, incrementar sus activos y por ende hacer frente a la
pobreza.

Mecanismos que garanticen la
participación: Una de las condiciones básicas
para la construcción de capital social y para el
empoderamiento de los pobres, lo constituye un escenario que
permita a la población que se encuentra en esta
situación, no solo debatir diferentes asuntos, sino
también participar directa o indirectamente en el
establecimiento de prioridades locales o nacionales, en el
diseño del presupuesto y en la provisión de
servicios básicos.

La participación a nivel local puede tomar varias
formas: a) directa; b) representativa de grupos y asociaciones;
c) política, por medio de representantes electos o d)
mediante la recolección de información, con datos
agregados y reportados directamente o a través de
intermediarios a los responsables de la toma de decisiones a
nivel local y nacional; y e) la participación puede
llevarse a cabo a través de mecanismos competitivos de
mercado, por ejemplo removiendo restricciones y otras barreras,
incrementando las opciones de los agricultores y vendedores, no
sólo sobre lo que pueden sembrar, sino también a
quienes pueden vender. Asimismo, se debe permitir escoger el tipo
de pago de los servicios seleccionados y recibidos. La
participación de la comunidad en forma cada vez más
activa en la gestión de los asuntos públicos surge
como una exigencia: los programas sociales hacen mejor uso de los
recursos, logran mejor sus metas y crean autosostenibilidad, si
las comunidades pobres a las que se desea favorecer participan
desde el inicio y a lo largo de todo su desarrollo.

En este contexto es necesaria la creación de
espacios e instrumentos que permitan una participación
activa de la población en la definición de su
propio desarrollo, que permitan la negociación y la
defensa de sus derechos. Sólo se puede construir capital
social si hay participación genuina, solo en condiciones
de participación crece la confianza, mejora la
asociatividad, crece la conciencia civil, porque el ser humano
nació para participar".

Políticas económicas favorables a los
pobres: Otro requisito indispensable para la
superación de la pobreza es la necesidad de contar con una
plataforma económica que estimule la inversión, la
generación de empleos productivos y el crecimiento
económico, dirigidos fundamentalmente a aquellos sectores
que demandan fuerza de trabajo poco calificada, que es la
más abundante dentro de los sectores populares a
través de microempresas, cooperativas, entre otros. Las
organizaciones de los pobres pueden ser altamente efectivas para
satisfacer las necesidades de supervivencia, pero estas
organizaciones suelen estar limitadas por la falta de recursos y
de conocimiento técnico.

En este marco resulta indispensable que el Estado
propicie condiciones que permitan a la población mejorar
su capacitación, construir sus propias riquezas y por ende
mejorar su calidad de vida, siendo necesario para ello eliminar
en la medida de lo posible las restricciones que entraban la
actividad productiva, procurar la superación de los
desequilibrios a nivel económico, la implementación
de políticas redistributivas y de empleo productivo, que
hagan posible que el crecimiento sea favorable para los
pobres.

Esto permitirá democratizar la generación
de riqueza, la posibilidad de que la gente cubra de manera
autónoma sus necesidades básicas,
estimularía una cultura ligada al trabajo, tendería
a crear una sociedad de productores y propietarios, además
que contribuiría a garantizar la sostenibilidad de las
acciones realizadas.

Fortalecimiento del gobierno local como escenario
propicio para la implementación de estrategias dirigidas a
enfrentar la pobreza: Lo local constituye el escenario
idóneo para el diseño e implementación de
políticas y programas dirigidos a enfrentar la pobreza,
toda vez que permite facilitar su adecuación a la
problemática social en función de las demandas y
expectativas de la población beneficiaria, además
de favorecer su ejecución y control.

En este sentido, es indispensable profundizar la
descentralización y la transferencia de competencias desde
el nivel central hacia los estados, colocando especial
énfasis en el desarrollo de la municipalización.
Por otro lado, en el marco de la Ley de Participación
recientemente promulgada en Venezuela, es importante materializar
los mecanismos institucionales para la promoción de la
participación comunitaria y el estímulo a los
programas locales de desarrollo social a nivel local, permitiendo
un acercamiento del ciudadano a la toma de decisiones respecto a
las situaciones que le afectan.

Implementación de un sistema de seguimiento y
evaluación permanente: Resulta indispensable el
desarrollo de sistemas de información suficientemente
desagregados a los fines de conocer los avances y los resultados
de las acciones implementadas, los cambios en los niveles y
perfiles de la pobreza así como el impacto de los
programas. Para ello, debe promoverse el desarrollo de un
conjunto de indicadores que han de ser generados con la
suficiente periodicidad y desagregación para determinar
líneas de base de los programas y realizar un seguimiento
adecuado.

Por otra parte, es importante incorporar el seguimiento,
el control y la evaluación, como parte integrante en el
proceso de planificación ejecución de las
políticas y programas dirigidos al enfrentamiento de la
pobreza y no como una actividad aislada, pues permitirá
alimentar la toma de decisiones y realizar a tiempo los
correctivos que sean necesarios, tomando en cuenta, como variable
fundamental, el impacto social que pueda ser directamente
imputado a los programas ejecutados. Todos estos lineamientos no
agotan el abanico de posibilidades dirigidas a fortalecer los
elementos a partir de los cuales se debe diseñar y
desarrollar una política social que busque superar la
pobreza, en el contexto de una política integral y
sistemática de desarrollo social, no obstante sirven de
referencia y como punto de arranque para reflexionar y propiciar
acciones que lleven a repensar la política social desde
una perspectiva más amplia.

El logro de una política de desarrollo que tenga
como norte enfrentar de manera decidida y permanente la pobreza,
requiere superar los esquemas reduccionistas de atención,
mediante la incorporación de estrategias que definan el
rumbo en el corto, mediano y largo plazo en materia social con
objetivos claros y precisos con una visión orgánica
e integral, que incorpore diferentes actores, no solo el Estado,
sino también la sociedad civil, empresa privada, la
comunidad (los pobres mismos), organismos internacionales, entre
otros, en los niveles territoriales: nacional, estadal y local,
de manera coordinada.

El diseño y ejecución de acciones
dirigidas a enfrentar la pobreza ha de constituirse en una
prioridad de Estado, toda vez que su magnitud y las secuelas que
genera comprometen el presente y el futuro de la población
y, en general, el desarrollo de un país, razón por
la cual es un asunto que no se debe ni postergar ni intervenir
con políticas únicamente
asistenciales-compensatorias.

En el caso venezolano, la experiencia en la materia y
las recomendaciones asociadas al desempeño de la
política social, podrían puntualizarse en los
siguientes planteamientos, a manera de resumen conclusivo de lo
expuesto en este trabajo:

• En Venezuela no ha existido una política
social dirigida decididamente al enfrentamiento de la pobreza
como un problema multidimensional, multicausal,
heterogéneo, complejo y estructural. Se ha orientado
básicamente, en las últimas dos décadas, a
la mitigación del impacto de las medidas
económicas, en los sectores más sensibles a
éstas. Ha prevalecido un enfoque economicista sobre el
desarrollo y sus problemas, entre ellos la pobreza. Incluso las
estrategias sociales más recientes, no han superado el
esquema asistencial focalizado y hay aún un camino por
transitar hacia la articulación de una política
orgánica e integral de desarrollo social, con
énfasis en el combate de la pobreza y de la
exclusión.

• Por lo tanto, cualquier estrategia social
alternativa ha de comenzar por superar los esquemas
reduccionistas de atención, mediante la
incorporación de acciones encarnadas en programas sociales
que permitan aprovechar al máximo las capacidades y
oportunidades de los pobres (y en general de la población,
mediante esquemas universales) de manera que puedan tener una
vida digna, desarrollarse plenamente como personas y ejercer sus
derechos ciudadanos.

• En sus diferentes momentos, el diseño y
desarrollo de la política social en el país han
sido afectados por una serie de factores metodológicos,
organizacionales y políticos (desvinculación entre
la política económica y la social, hipertrofia
institucional, carencia de recursos humanos formados para las
tareas, desarticulación en los diferentes niveles
territoriales, carencia de un sistema de evaluación y
seguimiento, preocupación por la gobernabilidad y
mantenimiento del poder político, entre otros) que han
incidido en la ejecución y en los resultados
alcanzados.

• Para el diseño de una política
social integral son indispensables algunas condiciones que
propicien un entorno favorable: un contexto macroeconómico
propicio, voluntad política, consenso nacional sobre lo
que es la pobreza y cómo enfrentarla, una
institucionalidad sólida, un contexto que de cabida a la
participación de diferentes actores, un proceso sostenido
de descentralización y municipalización, entre
otros.

• Entre los lineamientos que se recomiendan para la
orientación de las iniciativas, destaca la necesidad de
tener presente que las estrategias para la superación de
la pobreza no pueden concebirse y gestionarse aisladamente, sino
insertarse en el marco de un modelo de desarrollo y de una
política de desarrollo social que se preocupe por
potenciar el capital social, establecer mecanismos que hagan
factible el enfrentamiento de la pobreza (o una parte importante
de ella) desde la pobreza misma, fomentando mecanismos que
garanticen la participación comunitaria; la
formulación de políticas económicas
favorables para los pobres, el fortalecimiento de los gobiernos
locales como escenario propicio para la ejecución de
estrategias dirigidas a enfrentar la pobreza; un sistema de
petición y rendición de cuentas que favorezca la
contraloría social y en general el empoderamiento de los
pobres; además de una institucionalidad pública
adecuada para el cumplimiento de los nuevos retos y un sistema de
seguimiento-evaluación que dé cuenta oportunamente
de los resultados e impacto social de las estrategias
desarrolladas.

Para la deducción de los conceptos puros del
socialismo venezolano, una unidad sintética la constituyen
los indigentes, su comunidad, no es considerada en ley
orgánica social alguna o ley especial sanitaria,
sólo a modo genérico constitucionalmente se
presumen incluidos en programas paliativos emergentes, sin
seguridad social estable, atención medica
psiquiátrica efectiva y eficaz, donde por
obligación del estado social impartido en ¿derecho
socialista? en Venezuela y familiares, de poseerlos, se les
incluya al alcance, incorpore, controle, inste, -asistencia de
ambas partes- e indague sobre su perfil, insertarlo, hacerle
seguimiento y control en un trabajo u oficio social
legítimamente genuino y revolucionario.

La disciplina de la razón pura socialista
respecto de sus demostraciones. Y no, como muchas veces desde una
visión de profilaxis social, con la mejor de las
intenciones de contenido ético humano y estética
socialista.

Es un ser humano actual de la revolución
venezolana de justicia social, extraviada de dignidad,
ética, valores, morales, prejuicios, perjuicios entre
otros subjetivos inherentes. En su mayoría enfermos
afectados que deambulan protagónicamente en el
país. Ellos, en su gran mayoría padecen debido,
entre otras, a razones de salud mental derivadas de estragos
sociales, familiares, producto de la alienación y
enajenación social explotadora a que fueron expuestos por
diversas causas en el pasado y, las políticas emprendidas
en la actualidad, culturales, sanitarias, educativas y de
rescate, es decir, la administración social estatal no les
alcanzan, les es imposible acceder a los beneficios que
recién existen de la revolución bolivariana.
Están completamente enajenados no se enteran de
ellas.

En Venezuela se cuenta actualmente con un modesto pero
cálido programa social emprendido por el gobierno,
"Misión Negra Hipólita" efectivo en su figura
teórica técnica solidaria concepción que ha
logrado circunscribir a su valioso programa una cantidad
importante de personas con este problema, y se han rescatado,
pero se carece de planificada continuidad, de un cuerpo
jurídico normativo institucional en esta delicada materia
social de también derechos humanos tan importantes como
urgentes. Ya no es suficiente este programa para la actual
cohorte ellos siguen creciendo.

Que les preserve en concreto sus garantías
constitucionales consagrados derechos ciudadanos y a la vez les
rescate obligados legalmente, muchas veces contra su voluntad, ya
que en su mayoría no pueden libremente decidir
asertivamente por sí mismos. Lamentablemente nuestros
hermanos están afectados, desequilibrados mentalmente. Y
debemos rescatarlos, rescatando su dignidad. Es obligación
social.

Deben ser atendidos más familiarmente e
institucionalmente; multi-disciplinariamente, profesionalmente en
extenso, en un programa persistente, estructurados a largo plazo.
Incorporando el Estado Docente a ésta actividad social. En
los alrededores de la Universidad Bolivariana de Venezuela por
ejemplo existen en no menos de un kilómetro cuadrado 38
indigentes pululando día y noche en las calles.
¿Qué hace la Universidad al respecto, que programa
emprenden?

Programas regidos desde la filosofía de la
ciencia social con una ley especial suscrita a la reciente
orgánica ley de educación que no lo contempla
así y, en el no tan reciente proyecto Ley Orgánica
de Trabajo, Salud y los anteproyectos de Cultura y Deportes
tampoco, en el aquí y el ahora de la revolución
bolivariana. Se espera óptimamente su inclusión
integral en el desarrollo social bolivariano.

Pues es alarmante tristemente humano como viven,
deambulan, mueren asesinados, en manos delincuentes, grupos de
exterminio también delincuenciales enfermos sin conciencia
de la realidad por no haber accedido a educación alguna.
Es una obligación ciudadana y del Estado Socialista
venezolano su atención.

Sus múltiples causas corresponde investigarlas
exhaustivamente para elaborar filosofía
sociopolítica revolucionaria, las causas detectarlas
social y políticamente evitarlas desde el criterio
humanista socialista, para no obviarlas y/o repetir otra
actualizada versión mejorada.

También en las cárceles con sus reclusos
sin el debido proceso son paraderos seguros de muchos marginados
indigentes y, junto al trato a los animales y la atención
social a los indigentes, son los parámetros por los que se
mide una sociedad humanista, "socialista" sin importar la causa
estructural -entramado- social que les llevo allí. Eso es
otro tema básico importante que toca obligadamente
incluirlo en las políticas sociales preventivas del
revolucionario Estado actual.

Es imprescindible y, no como una fachada corporativa
textual de imagen socialista sino humanista de verdad real
concreta, pues su existencia al igual que las toneladas de
toneladas diarias de basura donde hurgan a diario para comer,
inobjetables desde hacen muchos años. Anterior incluso a
la revolución y, aun persisten acentuándose
constantemente. Por consiguiente es una tarea de cada uno de
nosotros, de la revolución venezolana en cada ciudadano
del país y de ellos mismos como afectados. De los
consientes en sí mismos en cuanto a no enajenación
marxista se refiere. Y de los no conscientes en
sí.

Es nuestro deber y obligación junto al Estado
rector. Los indigentes de la revolución los encontramos
cuadra tras cuadra en las esquinas de Caracas y de toda
Venezuela, jugando al malabar entre automóviles, pidiendo
una moneda, dormidos entre la basura, son la innumerable cuota de
pobreza y desdicha humana reflejada en sí, en alguien, en
un colectivo que padece, que nadie quiere ver, pero existen y se
debe ver, atender y remediar en lo posible.

Sólo así venceremos. Porción de
vida, vejes o juventud a veces no tanta que se desperdicia, en la
cual ya el tiempo corrompió irremediablemente por diversas
causas sociales complejas, que no analizaremos ahora aquí
ahora, por ser un tópico diverso y complejo entre muchas
la exclusión social que es la misma pobreza critica el
alcohol y las drogas.

¿De dónde provienen estos vicios en el
actual estado socialista?. ¿Los legales, casinos,
burdeles, tugurios de juegos, cumplen con planes de desarrollo
social emprendidos? ¿Normativas de expendio? ¿El
desempleo crónico? ¿Exclusión
discriminatoria? ¿Causas de origen familiar?
¿Factores educativo? ¿Que las ánimas y por
qué aun hoy persisten a once años de
revolución social emprendida?

Y es aquí donde el Estado Docente actual en ley
orgánica virtuosa en honor a su ámbito regente debe
protagonizar, accionando la justicia social, sancionar el
incumplimiento de normativas, actuar aun más, ya que
representan la cuota-reto de compromiso con las minorías
indefensas, responsabilidad social, deuda morosa a cumplir por el
Estado socialista, sin saldar aún. La aplicación de
la justicia social comunal a través de la Ley
Orgánica del Consejo Federal Legislativo, Venezuela
febrero 2010 y la Ley Orgánica de Consejos Comunales
2009.

Su importante urgencia se torna diletante en la
administración burocrática legislativa en cuanto a
derechos humanos se refiere, como garantiza y obliga agregarse en
la confección articulada en título del anteproyecto
"sistema integral nacional de salud" y trabajo socialista que
actualmente se estimula e impulsa intentando desarrollar para
Venezuela un mejor índice de calidad de vida
también para con los excluidos de siempre. Hable con 17 de
ellos y así lo manifestaron. "desean no pasar tanta hambre
y penurias…Ser tomados en cuenta…" "están
dispuestos a trabajar… con la
revolución".

La "comuna" en implementación por lo tanto para
ello, debe contener una dinámica de conformación
planificada organización perenne de solidaria
integración entre las familias de las personas afectadas
conjuntamente al Estado, programas, bienes y servicios sociales,
educativos, culturales y de salud como objetivos sociales
loables. Es inherente a la cultura nacional en parte de su
heterogenia diversidad cultural. Los indigentes deben ser
atendidos y, las diversas instituciones creadas avocadas a ello,
así como el ministerio del poder popular para la cultura,
de educación, trabajo y salud en los aspectos más
esenciales de su doctrina demuestren que sirvan asertivamente en
la consolidación del hombre humanista nuevo para la
prevención del delito y reinserción social de
"pacientes" por conceptualizar el término
"indigentes".

La comunidad de marginales críticos se derivan de
núcleos familiares desintegrados por los programas
capitalistas de los años 1960 y antes, sin figura paterna
estable familiar como célula básica social donde la
madre fue impulsada al campo de trabajo explotador obligada
marginada por la sociedad era maltratada excitada por el consumo
alienante y enajenador, sin tiempo libre para su familia, sin
justicia social en salud y educación y condiciones
laborales indignas, el hombre también afectado evadiendo
su rol paterno y subempleado, es un problema estructural de
acción social; un estado con una educación familiar
de una sociedad de subdesarrollo heredado de la cuarta
república, que puede después de once años
empezar a ser propio de la revolución transicional hacia
el socialismo.

Un problema del estado comunal socialista actual.
Así el excluido social venezolano de la década de
los 60-70-80s es un claro ejemplo. ¿Quién es hoy en
día? Un indigente de 40 a 60 años promedio, o
delincuente si quizás no ha muerto en
consecuencia.

Pero ¿El Estado decente-docente socialista emerge
ahora? ¿Desde Leyes Orgánicas contra la cultura de
la miseria humana? Prevenir es corregir ahora y, el cuadro
presente de indigentes y delincuentes en Venezuela así lo
confirman, centenares de indigentes en el país se estiman
como un componente social heredado y, también de la
transculturización mediática traducida como
subdesarrollo, en vicios analfabetismo, pobreza crítica en
altas tasas de incremento por un inadecuado sistema educativo
excluyente para un lamentable cuadro cultural de indigencia y
delincuencia de interés capitalista promovida por el
expansionismo inhumano creciente de los imperios a través
de injerencias sesgadas sociales para la implantación de
intereses de capital, interés foráneo en detrimento
nacional.

Intereses expansionistas en transnacionales debilitando
el estado la familia y su sociedad, su cultura, moral e
identidades nacionales distorsionadas en valores fragmentados
alienantes. Conjuntamente los recursos naturales nacionales al
servicio tecnócrata de industrias capitalistas para
biotecnologías, guerras, influencias culturales
políticas e ideológicas imperialistas, en
consecuencias ignorancia, pobreza crítica,
carestías de medios básicos de vida familiar
exclusión, incapacidad laboral, desempleo profundo todo un
cuadro de subdesarrollo entre otras tendencias fetichizadas y
enajenadoras de la explotación del obrero.

Y las drogas plantadas en el inconciente colectivo como
salida exitosa, una evasión sin rumbo impuestas por el
capital neoliberal.

Anteriormente con un estado entreguista promulgante de
una esclavista ley de educación, salud y trabajo que
representó la corrupción administrativa opresora,
clasista y excluyente del pueblo. Crecía
geométricamente fomentándose con decenas de vicios,
licorerías, casinos, bares, entre otros como centros de
corrupción social que preparaban al pueblo
alistándolos para su entrega explotadora a los medios de
capital neoliberal.

En consecuencias para la delincuencia e indigencia
funcional o, en el mejor de los casos asistir a los centros de
reclusión social del sistema penitenciario
venezolano.

Los afectados sociales "indigentes" deben ser no solo
incluidos, sino tratados efectiva real y concretamente rescatados
reinsertados comunitariamente productivos, considerarlos en leyes
de cultura, trabajo, salud, educación, deportes y
ámbitos anexos socialistas por ser seres humanos y
ciudadanos venezolanos. No sufragan mayoritariamente en
elecciones ni participan en política alguna pero importan
significativamente como manifestación superior del
humanismo real socialista. Y, para eso es el "socialismo del
socialismo" para el conjunto del inconsciente colectivo ignorante
indigente y para el colectivo revolucionario ilustrado consiente.
El estado lucido comunal socialista en acción.

Cuadro comparativo sobre las
políticas de exclusión e inclusión social en
Venezuela 1959-2007

Autor:

Pedro Armando
Martínez

Lilian Sanabria Araujo

Jesús David
Dávila

José Alexander
Villamizar

Enviado por:

Donkan Fenix

Barinas, Octubre de 2010