Contraloría Social (Venezuela)

Introducción

El proceso constituyente iniciado a raíz de la
llegada de Hugo Chávez a la Presidencia de la
República significó entre otras, un cambio de
relaciones entre la sociedad y el Estado, un cambio de la
democracia representativa y la democracia participativa y
protagónica y un cambio que está en proceso de
construcción de nuevas relaciones de
Producción.

En Venezuela La nueva dinámica entre el trato del
Estado y la Sociedad Civil se ha caracterizado por la
erradicación de las relaciones marcadas por el
paternalismo y por las cúpulas partidistas. Ahora, la
gente pasa a ocupar un rol activo y directo en las actividades y
decisiones que involucran su comunidad, su municipio o su
región

Sobre este eje de participación ciudadana, surge
la propuesta de la Contraloría Social para todo lo
vinculado con el control, vigilancia y supervisión de las
obras servicios y programas sociales que se ejecuten a
través de los órganos de la administración
pública, específicamente en las áreas de
competencia del municipio.

La Contraloría Social en Venezuela no posee una
ley específica y propia, con normas y procedimientos que
determinen con precisión su contorno y formas de
operación institucional. En el siguiente trabajo de
Investigación se profundizara un poco más acerca de
la denominada "contraloría social", la cual es un derecho
constitucional de recientísima data, igualmente se
pretende profundizar los en los principios y valores que la
rigen, además de cuál es su objetivo, los elementos
Característicos que la rigen. Además de Indagar las
Bases legales que Normatizan la Contraloría Social en
Venezuela.

Contraloría Social

Se entiende como el conjunto de acciones de control,
vigilancia y evaluación que realizan las personas, ya sea
de manera organizada o independiente, bajo un esquema de derechos
y compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a
que la gestión gubernamental se realice en términos
de transparencia, eficacia y honradez.

Es la participación de los ciudadanos y
beneficiarios para vigilar, cuidar y verificar que las obras,
apoyos y servicios que se reciben a través de un programa
de desarrollo social se proporcionen con oportunidad y
calidad.

Antecedentes de
la Contraloría Social

Los Antecedentes acerca del tema de la
Contraloría Social comenzaron a tener algidez en el
escenario internacional de las naciones a partir de 1994 cuando
por las recomendaciones y conclusiones de la V Asamblea General
de la Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores, realizada en Montevideo
(Uruguay), los países latinoamericanos evaluaron con
novedoso interés la estrategia de participación
ciudadana que acoplaba a la sociedad civil a los organismos de
control de sus sistemas políticos. Un año
después en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social en
Copenhague (Dinamarca), el mismo tema fue desarrollado ahora no
como una estrategia, sino como un punto innegociable para las
naciones democráticas del mundo, conscientes de sumar a su
sociedad civil a las actividades de control de la gestión
pública.  

En Venezuela, la "Contraloría social" es una
derivada concepción constitucional de reciente data que
aún no posee norma. Por esa razón, la
Contraloría Social no se traduce en una condición
administrativa estructurada. Inclusive es desconocida en su
concepto y trascendencia, por amplios sectores de la sociedad
civil.

En Venezuela la contraloría social se convierte
en uno de los principales mecanismos establecidos en la normativa
legal vigente, a partir de la promulgación de la Carta
Magna de 1999, donde se abre espacio a los ciudadanos para
intervenir de manera activa en el desarrollo y vigilancia de la
administración pública. Aunque el término de
contraloría social es relativamente nuevo se señala
en varias de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo
nacional como la Ley Orgánica de Administración
Pública, la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y el Sistema Nacional de Control
Fiscal, la Ley Orgánica de Planificación, la Ley de
los Consejos Comunales, Ley Contra la Corrupción y la Ley
Orgánica del Poder Ciudadano, sin embargo, no existe una
estructura definida, ni normativa que regule la creación
de grupos de personas organizados para convertirse en vigilantes
de los intereses públicos desde el seno de la
sociedad.

La aparición de la figura de consejos comunales
sí contempla la conformación de un órgano de
control dentro del funcionamiento de esta figura, no obstante, la
Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela de 1999 señala que la participación
ciudadana puede ser ejercida de manera directa por cualquier
habitante del país de manera directa. Para que el
ejercicio de la contraloría social sea efectivo y
esté en manos de todos los venezolanos por igual se
requiere que exista un acceso libre a la información
relacionada con el funcionamiento de la administración
pública.