Todo esto, enfatizó, debido a que los plazos de caducidad de las medidas cautelares privativas de libertades establecidas en la Constitución, no concuerdan con la realidad procesal, ya que establecen la diferenciación entre delitos sancionados con prisión y reclusión sin contemplar aspectos específicos de cada caso.
El Canciller Ricardo Patiño, también respaldó esta versión. En una rueda de prensa para la presentación del nuevo Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Proecuador), el martes anterior, manifestó que son necesarias las consultas sobre la legislación y la función judicial. "…Cuando hablamos del Consejo de la Judicatura estamos hablando de hacer un cambio inmediato, radical, profundo para asegurar que ya no sigamos teniendo el nivel de corrupción, ineficiencia en los juzgados de la República.
Y él (el Presidente de la República) ha pedido 18 meses para que un equipo técnico pueda trabajar en ello, y luego la Judicatura en adelante designado siga ese tipo de trabajo manteniendo la autonomía…".
La inseguridad se ha convertido en la piedra en el zapato del gobierno, a criterio de Patiño, porque no se han logrado cambios significativos. "Hemos trabajado en la búsqueda de solucionar el tema de la inseguridad, el Presidente ha reconocido que no hemos logrado cambios fundamentales, se han puesto muchos recursos…", dijo.
Patiño recordó incluso, que cuando fue ministro de Finanzas, en los primeros seis meses de gobierno, acudió a la Corporación Andina de Fomento (CAF) para conseguir un crédito por 300 millones de dólares por petición del Primer Mandatario.
Esos recursos fueron destinados a la compra de implementos como chalecos, armas, municiones. "El presidente preguntó: qué se necesita para atender el problema de la inseguridad, y esa fue la respuesta (los 300 millones de dólares para implementos)…Se han aportado los recursos, sin embargo, los resultados no son de quiebre, de ruptura como esperábamos. Esperábamos que disminuyera la inseguridad de manera sensible, no radical y esto no ha pasado…".
Por estos motivos, según Patiño, el Ejecutivo tomó la decisión de asumir personalmente el tema de la inseguridad con la consulta popular, y que planea seguir invirtiendo en este problema. "Incluso nos ha dicho en el gabinete: vamos a tener, si es que es necesario, recortar algunos presupuestos de otros ministerios para ponerles recursos a la seguridad…".
Pero el ex ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, considera que no es necesario hacer un cambio constitucional para frenar la ola delictiva. Dijo que la dilatación de procesos y la acumulación de estos, también se deben a que en el país hay apenas un poco más de 200 jueces cuando la necesidad del país es al menos de 800, para que traten causas que superan las 2 mil por año. Y para ello el gobierno puede aplicar otras medidas.
Añadió también que hay que equipar a la Policía, profesionalizándola y volviéndola más científica y con tecnología de punta. "Considero que el tema delictivo es un tema grave en el país y requiere de respuesta de parte del Estado y distintas instituciones y de la ciudadana para enfrentarlo, sino que el Presidente empieza a hablar del tema y a responsabilizarse directamente él, en los últimos tres o cuatro meses".
Para Larrea ya existe un camino constitucional si se quiere nombrar a la Función Judicial, de lo contrario sería "meter mano" en este poder del Estado. "…Vamos a lograr lamentablemente mayor politización, por lo tanto creo que no debería, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo meterle mano a la Función Judicial sino seguir el proceso que el Consejo de Participación Ciudadana está llevando y que está en curso".
Preocupa posible politización de poder judicial
Primo Díaz, ex presidente de la Corte Provincial del Guayas, indicó que de aceptarse la creación de una comisión técnica, compuesta por tres delegados designados por el Presidente de la República, otro de la Asamblea, y otro de la Función de Transparencia y Control Social, para que asuma en el periodo de 18 meses las funciones del Consejo de la Judicatura, eso sería una clara intromisión al poder judicial.
Consideró que la comisión va a estar dirigida por el Ejecutivo, y por tanto no cabe aceptar este tipo de reorganización judicial. ".. Está (la reorganización) detalladamente señalada en el régimen de transición, que está anexo a la Constitución y el proceso está en trámite en el Consejo de Participación Ciudadana. Y no creo que en los 18 meses que le dan a esta comisión sea tiempo menor del que se va a tomar el consejo en hacer lo mismo…".
Díaz señaló que aunque el proceso que sigue el Consejo de Participación Ciudadana es más lento es más transparente que el método propuesto por el Gobierno, mediante la consulta popular. "Los asambleístas en Montecristi sabían que esto (la reorganización judicial) no se iba a poder lograr en poco tiempo, pues mire que para elegir primero a los miembros de Participación Ciudadana hubo que hacer todos unos concursos".
Dijo que preocupa el hecho de que se intente imponer funcionarios judiciales afines al partido del gobierno. "Mucha gente está creyendo eso y vamos a ver si esto, la mayoría alcanza a comprender de esa manera la situación y de eso dependerán los resultados de la consulta popular".
María Leonor Jiménez, presidenta actual de la Corte del Guayas, también está en desacuerdo con las modificaciones que se proponen en la consulta popular. "Siete (miembros del Consejo de la Judicatura) fueron incapaces de hacer los cambios, y luego se convirtieron en nueve por la Asamblea de Montecristi, ahora el poder se reducirá a tres, osea el poder está en menos manos", dijo en una estación televisiva.
El analista político, Teodoro Bustamante, se muestra en desacuerdo con la consulta porque manifestó que las autoridades del gobierno no hicieron las cosas bien, pues se preocuparon más de la publicidad, de mantener una imagen. "…Dijeron: haber qué medidas hacemos, vamos a separar delitos de contravención, que eran los delitos de 500 dólares…Todo eso que creían que iba subir la popularidad…Y como los tienen preocupados todo el tema penal, ahora no saben qué medidas tomar".
Agrava imagen del país ante comunidad internacional
La intervención del Ejecutivo en otros poderes del Estado es un total irrespeto al principio de la independencia de las funciones del mismo, a criterio del jurista internacionalista Carlos Estarellas.
Indicó que esto afecta la imagen internacional del Ecuador en el exterior porque no se refleja esa división de funciones estatales, "sino todo lo contrario, que se quiere acaparar todo el poder en una sola función. Entonces, lamentablemente la imagen no es positiva".
En ese sentido, se refirió al caso de Venezuela, país en donde el Primer Mandatario, Hugo Chávez, recibió poderes de la Asamblea, integrada totalmente por el partido de gobierno, la atribución de tomar dinero de cualquier presupuesto estatal para manejar la emergencia por las lluvias en esa nación. Esto fue cuando se posesionó la asamblea venezolana, el pasado 5 de enero.
"Copó (Chávez) todos los poderes, pero la situación de Venezuela es negativa, entonces mal sería seguir el ejemplo venezolano, en lugar de seguir otros ejemplos que son positivos. En Estados Unidos el Presidente de la Republica propone los nombres (de candidatos a la Corte), pero hay una selección muy fuerte sobre el candidato, y sobre ese nombre, pues se ve los valores de ese candidato y solo así se lo nombra en la Corte Suprema de Justicia… Solo se dan esas vacantes cuando muere un magistrado entonces hay un verdadero respeto a la Función Judicial, sumamente fuerte", dijo el internacionalista.
Añadió que por historia los dictadores siempre son los que han querido asumir todas las funciones en un Estado, como el caso de Alberto Fujimori, ex presidente de Perú, cuando se declaró dictador y asumió la Corte de Justicia de su país.
La hoja de ruta legislativa se altera por la consulta de Correa
Fuente: El comercio
Fecha: 24 De Enero Del 2011
El desarrollo de la consulta popular modifica parcialmente la agenda legislativa en dos proyectos de ley: Comunicación y Reforma penal.Por un lado, María Paula Romo, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, ratificó ayer que "continuarán con el trámite regular" de las reformas penales. Dijo que la mesa mantendrá la tesis de que no se puede dar paso a ningún cambio en los plazos de la caducidad de la prisión preventiva. El Ejecutivo plantea en preguntas entregadas a la Corte Constitucional, cambiar el límite de seis meses a un año establecido en la Carta Magna.
Sobre este punto, Fernando Cordero, presidente de la Asamblea, defendió la tesis de que se consulte al pueblo.
Aseguró que la propuesta de reforma para cambiar el plazo de caducidad de la prisión preventiva del PSC era "demagógica". "Proponen hacer una reforma penal en la Asamblea y se hacen respaldar por 46 000 firmas… Una ley nunca puede estar más allá de la Constitución", apuntó. Se refiere a la tesis de Cynthia Viteri y sus compañeros del PSC y Madera de Guerrero, que no pasó en la mesa.
Romo indicó que solo un punto de la reforma penal no será debatido dentro de la comisión que prepara el informe para segundo debate de reformas penales. Es la posibilidad de prohibir los negocios dedicados a los juegos de azar: casinos y salas de juego.
Es la segunda pregunta planteada por el Ejecutivo, en el paquete que iría a consulta popular.
"No vamos a tomar ninguna decisión al respecto", señaló la asambleísta de Alianza País, quien ayer viajó a EE.UU.
Otro de los proyectos de ley, que tramitaba el Legislativo, sí saldrá de la agenda de los próximos meses: Comunicación.Hasta el año pasado, Cordero sostuvo que permitiría que el Pleno lo analice en segundo debate durante este mes. Se comprometió a dialogar con los diferentes sectores para llegar a un acuerdo.Luego descartó la posibilidad de debatirlo porque en febrero la Asamblea tendrá su segundo receso y en la práctica preferían esperar a contar, por lo menos, con un texto borrador, del proyecto de Ley de Telecomunicaciones, que está por enviar el Ejecutivo.
Pero, el miércoles pasado, el bloque de A. País decidió esperar el resultado de la consulta popular. En la cuarta pregunta se plantea la creación de un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos de los medios
Resolución de la Corte Constitucional sobre consulta popular será acatada por el Ejecutivo: A. Mera
Fuente: Confirmado.net
Fecha: 24 De Enero Del 2011
Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera
El Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, puntualizó que la Corte Constitucional es el organismo independiente encargado de calificar las preguntas que se enviaron en torno a la Consulta Popular, previo a una resolución e informe final, que será acatado por el Ejecutivo.
"Puede calificar por ejemplo si una pregunta es inductiva, si lo considera así, la podría cambiar", explicó, añadiendo que el Pleno del organismo emite resoluciones con la mayoría de votos de sus vocales.
En este sentido, explicó que si uno de los miembros de la Corte expresa su oposición a la consulta, ese informe no es vinculante y el Pleno puede resolver en contrario.
El sorteo del análisis del contenido de la propuesta se realizó el pasado 20 de enero en el Pleno de la Corte y la responsabilidad recayó en la jueza Nina Pacari, quien se encargará de analizar las cinco preguntas sobre enmiendas constitucionales; mientras que Roberto Brunis tendrá a su cargo las que se refieren a los temas de interés nacional.
Durante el pasado Enlace Ciudadano, el Presidente de la República, Rafael Correa, desvirtuó los argumentos expuestos por algunos sectores de la oposición que aseguran que las preguntas son inducidas para que los ciudadanos se pronuncien afirmativamente en el referéndum.
"Lo que hemos hecho es justificar la pregunta. No estamos manipulando. Los ciudadanos no son tontos (…) tendrán la posibilidad de votar por el no y si están de acuerdo, votarán por el sí", aclaró.
"Atento pueblo ecuatoriano, atentas también las comunidades, cuidado, por ahí hay una jugada política para boicotear la consulta, para evitar la transformación de la justicia y para evitar que el pueblo ecuatoriano se pronuncie en las urnas", alertó el Jefe de Estado.
Conclusión
No nos olvidemos que no se puede legislar en contra de la constitución, no podemos retraer el sistema con eliminación de los derechos de la ciudadanía, la corte tiene que nombrarse en ese método y la reforma que no es reforma sino cambio de sistema no es valedero legalmente.
Esperemos que la Corte Constitucional responda al momento histórico y sus miembros estén consientes de la importancia de su verticalidad e independencia, piensen que por más que les ofrezcan toda la inmunidad para dictaminar de alguna forma, el juicio de la historia no acepta dichas inmunidades.
Los principios que se buscan son esenciales y más que nada como siempre ha manifestado el Presidente, nos podemos equivocar en este proceso, pero nunca traicionar los principios y los objetivos que persigue esta Consulta.
La consulta popular busca eliminar los juegos de azar y los espectáculos con animales vivos, como las corridas de toros
El mandatario planteó 10 preguntas, cinco de las cuales corresponden a temas que requerirán una reforma constitucional y que buscan transformar el sistema judicial, por lo que se realizarán bajo el concepto de "referendo".
Recomendaciones
Tratar de realizar los cambios necesarios en un área del Estado que aún demuestra muchas falencias en la función de la justicia judicial.
Analizar y cuestionar el débil contenido en relación a los temas fundamentales del país que deberían ser consultadas al soberano.
Modificar o disminuir derechos humanos y sociales de los ecuatorianos, comprometer la justicia bajo el pensamiento del gobierno para que le sea más fácil la condena de la lucha social, el reclamo justo y el derecho constitucional a la resistencia
Pronunciar temas de profundidad, si se debe o no seguir entregando el petróleo, los recursos naturales y riqueza a las empresas transnacionales, aspectos trascendentales como el respeto y profundización de los derechos recogidos en la Constitución.
Garantizar postulados en democracia como la libertad de expresión, el reclamo justo y la seguridad nacional.
Bibliografía
Fuente: El Telégrafo
Fuente: La información
Fecha: 19 de Enero del 2011
Fuente: Diario Electrónico
Fecha: 19 de enero 2011
Fuente: Periodistas en Español
Fecha: 19 De Enero Del 2011
Fuente: El Comercio
Fecha: 20 De Enero Del 2011
Fuente: Metroactiva Blog Noticias
Fecha: 20 de Enero 2011
Fuente: La Trinchera
Fecha: 21 De Enero Del 2011
Fuente: La Hora Nacional
Fecha: 23 de Enero del 2011
Fuente: Correo El Diario de Todos
Fecha: 23 de Enero del 2011
Fuente: El
Comercio
Fecha: 23/01/2011
Fuente: El Nuevo empresario
Fecha: 23 de enero del 2011
Fuente: La información
Fecha: 23 de Enero del 2011
Fuente: El nuevo globo
Fecha: 24 de Enero del 2011
Fuente: El Comercio
Fecha: 24 De Enero Del 2011
Fuente: El Telégrafo
Fecha: 24 de enero del 2011
Fuente: Radio Satelital
Fecha: 24/01/2011
Autor:
Cristina Celi
Jenny Gonzabay
Sandra Rodríguez
Viviana Solano
Docente:
Abg. Arturo Clery
Facultad: Ciencias Administrativas
Carrera: Ingeniería En Marketing
Asignatura: Derecho
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