Construcciones controversiales en el Puerto Rico del siglo XXI (página 2)

Con relación a la forma en que César
Cabrera se las había arreglado para adquirir el terreno,
se menciona que curiosamente el "mismo día" que se
publicó el anuncio de la venta del solar, Cabrera
notificó "por escrito" a PRIDCO su intención de
comprarlo. Ante la interrogante de ¿cómo se
enteró?, la información nos presenta que fue por
medio de sus relaciones "sociales y políticas" con Juan F.
Woodroffe, el presidente de PRIDCO para ese
entonces.[5]

El proyecto de construcción del condominio
Millennium contó con la aprobación de las agencias
gubernamentales encargadas de reglamentar las construcciones en
Puerto Rico. El edificio, que estaría ubicado en un lugar
privilegiado, al lado opuesto del Tribunal Supremo de Puerto Rico
y del Parque Luis Muñoz Rivera en Puerta de Tierra,
recibió la aprobación de la Junta de
Planificación el 20 de diciembre de
1995[6]El proyecto, que en un principio se
presentó por el desarrollador como uno dirigido a proveer
viviendas para personas de "clase media", más tarde se
reveló que sería uno de residencias para "personas
pudientes".

Al recibir el endoso de la Junta de
Planificación, al proyecto se le "concedieron"
"variaciones" para su construcción, algo que no era
permitido en esa zona de acuerdo con el Reglamento de
Planificación Núm. 23. Con esta acción, la
Junta de Planificación estaba violando su propio
reglamento. Esta posición fue reiterada en el año
1997, cuando Planificación y la Administración de
Reglamentos y Permisos (ARPE) concedieron a ROCCA variaciones de
gran impacto en el proyecto.[7] Entre las
variaciones concedidas al Millennium se destacan las relacionadas
con:

Parcelación – el desarrollo requería una
parcela de 9,584 metros cuadrados como mínimo y se
aprobó una de 6,600 metros cuadrados.

Servidumbre y puntos de acceso – se había
aprobado un acceso por una calle que ya no existía y una
salida por el carril exclusivo de la AMA, pero luego esto se
modificó.

Alturas reguladoras – la altura máxima permitida
era de 8 pisos, mientras que ROCCA propuso y la Junta de
Planificación le autorizó 16 pisos, aumentados a 17
pisos por ARPE.

Tipo de muro urbano – se autorizó eliminar el
muro requerido por reglamento para la colindancia Norte y
sustituir el de la colindancia Sur por la pared del
edificio.

Acceso vehicular – los reglamentos prohibían
categóricamente el acceso vehicular directo por la Avenida
Ponce de León, pero la Autoridad de Carreteras
endosó un "acceso temporal" directo por dicha
avenida.

Áreas recreativas – se requerían 600
metros cuadrados de espacio para juego de niños y se
autorizó a ROCCA a tener solo 200 metros cuadrados, se
autorizó al desarrollador a eliminar por completo las
áreas requeridas de 200 metros cuadrados para
recreación activa y 150 metros cuadrados (cubiertos y
cerrados) para reuniones.

Espacios de estacionamientos – se requerían 26
espacios de estacionamiento para visitantes y se le
autorizó al constructor tener solo 6; además, se
requerían 9 espacios de estacionamiento para impedidos y
se le autorizó a tener solo 4
espacios.[8]

En octubre de 1997 la Autoridad de Carreteras
denegó su endoso al proyecto, por entender que este
desarrollo impactaba negativamente los proyectos gubernamentales
del Tren Urbano y el llamado "Triángulo
Dorado"[9]. Sin embargo, entre marzo y mayo del
1998, el entonces Director Ejecutivo de la Autoridad de
Carreteras Sergio Gonzáles Quevedo, impartió
instrucciones para que se le concediera al Millennium un acceso
temporero por la Ave. Ponce de León. Esto se
autorizó formalmente, a pesar de que tal acceso estaba
"prohibido" por la reglamentación
aplicable[10]Es notable que dicho acceso hubiera
sido aprobado por Planificación, aún antes de
haberse aprobado por la propia Autoridad de Carreteras. La
aprobación del acceso al Millennium viabilizó su
construcción y por ende, el DTOP tuvo que cancelar sus
planes de establecer una estación del Tren Urbano en esa
propiedad.

El desarrollo y construcción del condominio
Millennium continuó, pese a que "afloraron" ciertos
rumores y comentarios que afectaban la imagen de "legalidad" del
proyecto. Entre estos rumores se destacó, el que en marzo
de 1995 la Junta de Planificación había solicitado
comentarios sobre el proyecto a la Federal Aviation
Administration (FAA), para determinar si la construcción
propuesta "constituía una obstrucción a la
navegación aérea o atentaba contra la seguridad de
la navegación". Dicho estudio había concluido que
la altura del edificio excedía los estándares de la
FAA y representaba un peligro para la
aviación.[11] De acuerdo con la
información que se dio a conocer tiempo más tarde,
aparentemente ROCCA modificó los planes del edificio para
que el mismo se ajustara a los límites exigidos por la
agencia federal, pero pese a ello, el edificio aprobado por
Planificación y construido por ROCCA excede por mucho los
límites de altura establecidos por el reglamento de
zonificación aplicable[12]Además de
esto, se hablaba de los problemas de "tránsito" que
generaría el edificio, por ser uno residencial, en una
zona tan altamente congestionada de
trafico[13]

Pese a los rumores de tipo técnico, los rumores
de tipo político son los que más controversia
generaron. Entre ellos, los de mayor "voltaje" eran los
relacionados con el papel de la entonces Presidenta de la Junta
de Planificación la Sra. Norma Burgos. Se hablaba de si
los intereses políticos habían pesado a la hora de
otorgarle los permisos a César Cabrera, etc. Sin embargo
es de notar, que de acuerdo con la información, aun cuando
varios de los documentos de la Junta de Planificación, en
este caso, están firmados por Norma Burgos, las decisiones
de la Junta fueron tomadas por un panel de 2 miembros de la
junta, en el cual ella no participó.[14] No
obstante, la percepción de una "componenda"
política para beneficiar a Cabrera, por parte de los
funcionarios del PNP, continuó flotando entre sectores de
la opinión pública.[15]

Con todo y rumores, la construcción
continuó, y la opinión del público no estaba
tan influenciada, debido a que como mencioné en una
ocasión, no es hasta unos años más tarde que
se hicieron públicos los pormenores del caso. Es a partir
de 1999 que la situación comenzó a tornarse
altamente controversial y a convertirse en un tema de
discusión pública.

Se desata la
controversia, las irregularidades se hacen
públicas

En octubre de 1999, el Municipio de San Juan, entonces
bajo la administración de Sila María
Calderón (PPD), notificó a ARPE que retiraba su
endoso al proyecto del Millennium, si no se atemperaba el
proyecto a la reglamentación vigente. Posteriormente, el
Municipio retiró su endoso por completo, ya que
Planificación no cumplió con su
compromiso.[16] Esta maniobra despertó el
interés en el público, ya que se percibía
como parte de una controversia política, entre la
administración municipal PPD y los "asociados" de la
administración del PNP.

Con el cambio del siglo y el triunfo del PPD en las
elecciones del año 2000, las investigaciones sobre
diferentes proyectos, realizados bajo la administración
Rosselló, no se hicieron esperar. Por una Orden Ejecutiva
en enero de 2001, la gobernadora Sila Calderón creó
la "Comisión Independiente de Ciudadanos para Evaluar
Transacciones Gubernamentales", mejor conocida como el
"Comité Blue Ribbon"[17]. Dicha
comisión se encargaría de investigar aquellas
transacciones que resultaron "perjudiciales" al erario
público y que las agencias del gobierno no fiscalizaron
adecuadamente.[18]

Los aires políticos que soplaban en los
años 2001 al 2002, polarizaron las opiniones del
público sobre el Millennium. La construcción
había marchado "viento en popa", pero los comentarios de
que éste sería investigado por el comité
Blue Ribbon comenzaron a afectar su imagen. Para el mes de abril
de 2002, los rumores se habían confirmado y la
investigación hecha por el "Blue Ribbon" estaba por
hacerse pública, mientras que en la prensa la
"controversia" se había desatado.

En los días 18 y 19 de abril de 2002, el
periódico El Nuevo Día publicó noticias con
titulares impactantes, que revelaron varios de los aspectos
controversiales del Millennium.[19] En una noticia
titulada "Luz verde de Planificación a construir en una
ruta aérea", se revela que el edificio, para ese entonces
casi terminado, había sido desaprobado en 1995 por Norma
Burgos, debido a que no cumplía con la
reglamentación vigente, pero que dos años
después se dió marcha atrás a la
determinación, permitiendo que se desviara de los
requerimientos de
Planificación[20]Además, se
presentaba el texto de un memorando de la FAA enviado a ROCCA
Development y a Planificación, en donde se notificaba el
peligro que representaba la estructura para la navegación
aérea.[21] Otros aspectos que destacaba el
reportaje era que en ese año (2002) la Autoridad de
Puertos había cerrado una de las dos rutas de vuelo del
aeropuerto de Isla Grande, debido al edificio.[22]
En la noticia también se mencionaba, que de acuerdo con la
oficina de ventas del Millennium, los precios de los apartamentos
fluctuaban de $340,000 a $500,000 y los "penthouse" de $600,000 a
$1 millón.[23]

El 19 de abril se publicaron en El Nuevo Día dos
noticias de seguimiento sobre el Millennium. En una nota titulada
"Burgos adjudica a la JP el permiso de Millenium", la entonces
senadora novo progresista y ex directora de Planificación,
respondió a la controversia diciendo que "Norma Burgos no
aprobó nada, fue la Junta de
Planificación".[24] En la noticia se
cuestionó a la funcionaria sobre la evidencia de la FAA, a
lo que ella admitió, que el proyecto modificado nunca fue
sometido a la consideración de la FAA, porque a su juicio
eso no era necesario.[25] No obstante, en la
noticia se destaca que el proyecto requería
notificación a la agencia federal, "en cualquier
instancia" que el proyecto fuese modificado. Otros aspectos
sobresalientes en esta noticia, lo eran las afirmaciones de
Burgos sobre las variaciones permitidas al Millennium, y que
éstas habían sido avaladas porque la
"política publica del gobernador Rosselló era
densificar en la construcción de vivienda en Puerto
Rico".[26] Burgos agregó, que para la Junta
era importante que la estructura cumpliera con la altura
máxima permitida por la FAA y con la densidad establecida
de 130 apartamentos.

Los aspectos más "volátiles" de la
información publicada por la prensa, se relacionaban con
las negociaciones y concesiones obtenidas por el ingeniero
César Cabrera para su proyecto. El mismo día 19 de
abril, se publicó una pequeña noticia titulada
"Vendió fomento las tierras a Cabrera a precio de
ganga"[27], donde se daban a conocer los detalles
de la compraventa del terreno por debajo de su valor en el
mercado. Además, en esa fecha el propio ingeniero Cabrera
hizo unas escasas declaraciones sobre las controversias que
rodeaban a su proyecto. Ante preguntas sobre la "peligrosidad"
del edificio y la cancelación de la ruta aérea,
Cabrera dijo "desconocer" sobre dicha
cancelación.[28] Otro aspecto "candente"
que se reveló en la prensa, lo fue la admisión de
Cabrera de que era primo segundo de Carlos Ignacio Pesquera, el
entonces presidente del PNP y ex secretario de Obras
Públicas.

Estas noticias añadieron a la controversia y
sacudieron la opinión pública, al sector de la
construcción y a las agencias del gobierno, que en esa
época estaban "bajo fuego".[29] Entre los
años 2001 a 2002, el gobierno de Puerto Rico asumió
una posición de "cautela" con respecto a la
construcción. Esto trajo consecuencias para este
sector[30]ya que se detuvieron múltiples
proyectos, en pro de "analizarlos más rigurosamente" y
darle paso a aquellos que se "adaptaran" a las políticas
de desarrollo urbano del gobierno.

A finales de octubre de 2002, la Comisión "Blue
Ribbon" emitió su séptimo informe, titulado
Irregularidades en la adquisición del terreno y en el
trámite de concesión de permisos para la
construcción y desarrollo del condominio Millennium a la
entrada de la isleta de San Juan. En dicho informe se
hacía una detallada relación de los hechos e
irregularidades en el proceso de desarrollo del edificio. En el
texto se presentan irregularidades que van, desde el cheque con
que se pagó el terreno hasta los "arreglos" para la
otorgación de los permisos.[31]

Sin embargo, lo más impactante del informe lo son
sus conclusiones y recomendaciones, donde se establece
que:

…la transacción evaluada refleja que las
agencias reguladoras y viabilizadoras concernidas incurrieron en
un claro abuso de discreción, y abdicaron
irresponsablemente las obligaciones que les imponen las leyes y
reglamentos pertinentes para la concesión de endosos y
permisos en cuanto a la construcción y desarrollo ordenado
de proyectos, demostrando un claro y totalmente impropio
favoritismo hacia ROCCA.[32]

Esta conclusión quedaba evidenciada ya que, de
acuerdo con el informe, a pesar de la oposición de
aquellas instituciones que opinaron que el proyecto no
cumplía con la reglamentación, tanto
Planificación como ARPE, concedieron indebidamente
variaciones significativas a la
construcción.[33]

En cuanto a las "recomendaciones" del Comité
sobre el caso del Millennium, las más "impactantes"
resultaron ser las que solicitaban que el Departamento de
Justicia investigara si había mediado influencia indebida
en la concesión de permisos, que Planificación y
ARPE revisaran los permisos y que si éstos "no eran
irremisiblemente contrarios" a la normativa, se ordenase la
construcción de un acceso permanente adecuado para el
edificio (todo ello pagado por ROCCA). Pero, que en caso de que
los permisos fuesen "irremisiblemente contrarios a las leyes" o
que mediaron influencias indebidas en su otorgación, que
se deniegue permanentemente todo permiso de uso al condominio y
se ordene su "demolición" (con el costo cubierto por
ROCCA).[34]

Con la publicación del informe número
siete del "Blue Ribbon", se confirmó la información
de que el ingeniero César B. Cabrera Morales
(desarrollador del Millennium) había declinado en "varias
ocasiones" la invitación de la Comisión para ser
entrevistado con relación al caso.[35] Este
hecho, a mi parecer, creaba dudas y sospechas en la
opinión pública, sobre las actuaciones de Cabrera
en el caso del Millennium. Además, nos crea la
interrogante de por qué no se defendió ante las
sospechas y señalamientos.

Dos días después de publicarse el informe
sobre el Millennium, se reportó en El Nuevo Día la
noticia, con el titular "Informe de nebulosa
compraventa".[36] En dicha noticia se
presentó un resumen de los principales hallazgos de la
Comisión y se señala que para esa fecha (24 de
octubre de 2002) el edificio se mantenía aún
desocupado.

Pese a la difusión del informe sobre el
Millennium, la controversia no había terminado. Al
conocerse los hallazgos sobre el edificio y las recomendaciones
de "demolerlo", la controversia se politizó. Algunos
sectores de la opinión pública tildaron al "Blue
Ribbon" de ejercer una "persecución política"
contra allegados del PNP.[37] El propio
César Cabrera argumentó en la prensa, que "esto es
una caza de brujas política" y que solo se estaban
centrando en él por estar relacionado con el presidente
del PNP, Carlos Pesquera.[38] Si bien era cierto,
que el "Blue Ribbon" no podía desligarse de cierto
"oportunismo político" en sus investigaciones,
también era cierto que la obra de construcción de
Cabrera había sido un "negocio redondo" para este; negocio
que había afectado al erario
público.[39] Lo que si resultó
notable fue el grado de polarización que alcanzó la
opinión de los puertorriqueños. Algunos estaban a
favor de la demolición y otros no, siempre influenciados
por las líneas partidistas. Sin embargo, había
voces que señalaban que el problema no estaba en el
edificio, ni en el contratista, sinó en las agencias
gubernamentales que violentaban sus propias reglas, lo que
propiciaba que los contratistas hicieran caso omiso a las normas.
Era por ello que se debían reformular los reglamentos y
procesar a aquellos que los hubiesen
violado.[40]

Uno de los últimos incidentes en la controversia
del Millennium lo fue la situación relacionada con el
"acceso temporero" otorgado al edificio. Según el acuerdo
firmado por la Autoridad de Carreteras y ROCCA, este
último debía pagar una suma de $96,162 en dos
plazos, por concepto de impacto sobre las vías
estatales.[41] La situación del acceso se
transformó en disputa, ya que la empresa constructora se
rehusó a pagar la cantidad acordada, y en abril de 2004 el
Gobierno de Puerto Rico decidió demandar a la
constructora.[42] En la demanda se reclamaba el
pago de los $96, 162, más sobre $600,000 por concepto de
arrendamiento de un solar, propiedad del gobierno, que
utilizaban, como acceso de forma ilegal, los residentes del
condominio.[43] Además, se menciona que
ROCCA nunca construyó el "acceso permanente" como lo
había acordado.[44]

Pese a todas las controversias, el condominio Millennium
en San Juan es un edificio de diseño vanguardista que
posee elementos arquitectónicos modernos, a la vez que
incorpora detalles "de moda" en su fachada. Entre estos detalles
resalta el uso de cristales de color azul-verdoso en sus
balcones, algo que le brinda cierto estilo "futurista", estilo
muy difundido en los últimos años del siglo XX. Los
apartamentos del edificio se vendieron muy bien, sin embargo
más de un año después de que éstos se
pusieran a la venta, no se había alcanzado una
ocupación mayor al 10 por ciento.[45]
Varios años más tarde, el índice de
ocupación sigue siendo bajo, y se rumora que esto se debe
a que muchos de los que "compraron" los apartamentos contemplan
entablar acciones legales.

Las
construcciones controversiales continúan

El sector de la construcción continúa
desempeñando un rol protagónico en la
economía de Puerto Rico en el nuevo siglo. Sin embargo, la
isla ha sufrido históricamente de una falta de
planificación urbana, que ha promovido el que se construya
"afectando negativamente" diversas zonas del
país.[46] Es cierto que deben haber
existido numerosas construcciones "controversiales" en Puerto
Rico, con anterioridad a la década de los noventa. Esto es
muy probable, ya que el vínculo entre los desarrolladores
y los políticos siempre es estrecho, en un país que
depende mucho de la construcción como principal actividad
económica. Pese a lo ocurrido en el caso del Millennium,
en los primeros años del siglo XXI, la prensa informa
sobre otros proyectos que parecen seguir una tendencia; la
tendencia de recibir permisos de construcción de parte del
gobierno, a pesar de que causan efectos negativos en las zonas
donde se construyen.

En el año 2003 la controversia se
concentró en el proyecto Paseo Caribe, que se
construía en la entrada de Puerta de Tierra. Dicho
proyecto contemplaba una torre residencial de 17 pisos, un casino
para el hotel Caribe Hilton, 1759 espacios de estacionamiento, un
centro comercial y otras facilidades, en un reducido espacio de
5.6 cuerdas de terreno.[47] De acuerdo con las
denuncias públicas de los residentes del área, los
proponentes del proyecto, lograron mediante artimañas y
medias verdades, que la Junta de Planificación aprobara el
proyecto ignorando los reglamentos vigentes, entre éstos
el famoso Reglamento Núm.23, tan solo con el
propósito de maximizar la ganancia del
desarrollador.[48] A estas denuncias se
unió una investigación de la Comisión de
Desarrollo del Municipio de San Juan de la Cámara de
Representantes, que investigaba los efectos de cinco grandes
desarrollos en la entrada de la Isleta de San
Juan.[49]

El análisis de la Comisión
señaló que las agencias reguladoras que aprobaron
los proyectos, entre ellos el de Paseo Caribe, "no los analizaron
íntegramente sino de manera individual, lo que
impidió tener una proyección del efecto adverso en
la zona".[50] Sin embargo, resulta notable el que
el proyecto Paseo Caribe recibió todos los permisos del
gobierno, a pesar de poseer una torre de apartamentos más
alta que la del Millennium y las agencias concernientes no
dijeron nada ante esta violación del Reglamento
Núm.23.[51] Esta situación es
sumamente interesante, ya que este proyecto se construía a
menos de un año de que la administración del PPD
"hiciera caso omiso" a las recomendaciones del informe del "Blue
Ribbon" sobre el Millennium.

Ante las denuncias y señalamientos sobre el
proyecto Paseo Caribe, su desarrollador Arturo Madero, presidente
de San Gerónimo Development, dijo que su proyecto "tiene
todos los permisos de las agencias y recibió el
asesoramiento técnico de 20 profesionales en
planificación".[52] Madero opinó
públicamente que la Comisión investigadora
había opinado "sin saber y sin tener conocimiento
técnico profundo del proyecto" y que el presidente de la
Comisión, el representante del PPD Luis Raúl Torres
"hacía una gestión
política".[53]

En marzo de 2003, el periódico Primera Hora
publicó un artículo donde se denunciaban los
problemas de congestión vehicular que provocarían
las construcciones del Millennium, Paseo Caribe y la
ampliación del Departamento de Justicia en Miramar. En
dicho articulo se criticaba, que "la milla dorada de la Isleta de
San Juan, en su desarrollo integral, se opone al interés
público, en beneficio exclusivo de intereses particulares
que vienen desde hace años amenazando todos los recursos
del país".[54] En junio de 2003, El Nuevo
Día publica una noticia titulada "Lupa a un proyecto de
apartamentos"[55], donde se informa que ARPE
evaluaría una posible "revocación" de los permisos
para la construcción del proyecto Royal Bay Club. El
edificio, que estaría ubicado frente a las oficinas del
Cuerpo de Ingenieros en la Ave. Fernández Juncos (a pasos
del Millennium), constaría de 25 pisos y los precios de
los apartamentos comenzaban en "los bajos
$200,000".[56]

El caso del Royal Bay Club llama la atención
porque el proyecto había obtenido en el 2002, la
aprobación del permiso previo a la aprobación
final, a través del Centro Expreso de Trámite, un
organismo adscrito a ARPE y creado por la administración
de Sila Calderón, para "agilizar" el proceso de permisos
en cumplimiento de la reglamentación.[57]
Además, el Royal Bay Club era propuesto por el arquitecto
Enrique Gutiérrez, quien estaba vinculado al condominio
Princesa del Mar, cuya construcción detuvieron los
tribunales por "irregularidades en los
permisos".[58] Las denuncias contra el Royal Bay
Club, señalaba que el proyecto había sido aprobado
con variaciones a los reglamentos que "se parecían a las
del Millennium".[59]

Una de las controversias más recientes lo fue la
del proyecto Marriot Residence Inn, en los terrenos
públicos del Balneario de Carolina, adyacente a la Playa
de Isla Verde.[60] El proyecto contemplaba un
edificio de 15 pisos, 196 habitaciones un estacionamiento
soterrado y había sido avalado por la Junta de
Planificación, pero sin requerirle una Declaración
de Impacto Ambiental, a pesar de que la construcción
afectaría la zona.[61]Por esta razón
el Colegio de Abogados de Puerto Rico emitió en marzo de
2005, una resolución que expresa su oposición al
proyecto. En dicho documento se plantea, que el Municipio de
Carolina y la Autoridad de Puertos también se oponen a la
construcción, ya que éste "viola el Reglamento de
Planificación que establece parámetros de altura en
edificaciones cercanas a Aeropuertos, la misma
reglamentación que se obvió en la
construcción del Condominio Millennium de San
Juan".[62]

Como se ha observado, a pesar de las denuncias
públicas de algunas instituciones y entidades que
denuncian los proyectos de construcción que afectan el
entorno, los desarrolladores se las "arreglan" para obtener la
permisología para sus proyectos. Es notable que la
estrecha relación entre contratistas y políticos
permite que la situación continúe sucediendo bajo
cualquier administración.

Conclusión

Las grandes construcciones realizadas en Puerto Rico
durante la década de los noventa, fomentaron en la
opinión pública una visión de progreso y
prosperidad. Aparentemente la isla se preparaba para entrar en el
siglo XXI con unos proyectos de avanzada.

Entre los proyectos privados más destacados de
fin del siglo se encontraba el condominio Millennium, el cual se
percibía como uno de los estandartes de la nueva era. Sin
embargo, a lo largo de su desarrollo y construcción los
rumores de irregularidades y violaciones a los reglamentos y
leyes de construcción fueron surgiendo. La
investigación hecha por el comité "Blue Ribbon"
trajo a la luz pública, que en la realización del
Millennium habían existido desde el principio,
múltiples violaciones reglamentarias y serios favoritismos
políticos.

La publicación del informe sobre el Millennium y
la cobertura periodística de la controversia, dividieron
la opinión pública. La discusión de dicha
controversia por el público también se
politizó. Por un lado, unos sectores acusaban al "Blue
Ribbon" de persecución política, mientras que otros
señalaban que ese era un mecanismo para descubrir y
castigar el favoritismo político y las violaciones a los
reglamentos de construcción. Lo que resultó notable
de dicha controversia, fue la forma en que el Millennium se
convirtió, para la opinión pública, en un
referente o símbolo de las transgresiones y la
corrupción en la construcción. Por esto, en otras
controversias surgidas luego de terminado el edificio, el
Millennium era constantemente mencionado como ejemplo de lo que
no se debía permitir.

En los primeros años del siglo XXI,
continúa la práctica de otorgar permisos de
construcción a proyectos conflictivos. Las controversias
recientes demuestran, que aunque las autoridades gubernamentales
hagan un "aparente" esfuerzo por fiscalizar las construcciones,
la relación entre contratistas y políticos permite,
en muchas ocasiones, buscar formas para que los proyectos se
lleven a cabo. Sin embargo, de cara al futuro no todo puede ser
pesimismo. Es importante reconocer que la industria de la
construcción es importante para la economía de
Puerto Rico. Por ello, en la discusión sobre el rol de la
construcción en la isla, el asunto no es si se debe o no
construir. La discusión debe centrarse en qué rumbo
va a tomar y que consideraciones éticas van a asumir,
tanto los constructores como las agencias reglamentadotas. De
ello dependerán las consecuencias que enfrentará
nuestro país a largo plazo.

Bibliografía

Fuentes primarias:

El Nuevo Día

7 de marzo de 1994.

18 de abril de 2002.

19 de abril de 2002.

20 de abril de 2002.

18 de octubre de 2002.

22 de octubre de 2002.

24 de octubre de 2002.

10 de noviembre de 2002.

11 de noviembre de 2002.

12 de noviembre de 2002.

13 de noviembre de 2002.

14 de noviembre de 2002.

10 de marzo de 2003.

6 de junio de 2003.

19 de abril de 2004.

Comisión Independiente de Ciudadanos para Evaluar
Transacciones Gubernamentales, "Irregularidades en la
adquisición del terreno y en el trámite de
concesión de permisos para la construcción y
desarrollo del condominio Millenium a la entrada de la isleta de
San Juan", Informe 2003-02, 22 de octubre de 2002.

Fuentes secundarias:

Altieri, Jaime J., "El triángulo de
la muerte", Primera Hora, 13 de marzo de 2003,

Altieri, Jaime J., "Proponen ley de
emergencia para resolver demanda sobre viviendas", Centro de
Medios Independientes de Puerto Rico, http://indymediapr.org/mail.php?id=3330

Colegio de Abogados de Puerto Rico,
"Resolución numero 11 para expresar la oposición
del Colegio de Abogados de Puerto Rico a la construcción
del proyecto Marriot Residence Inn en la playa de Isla Verde",
año de sesiones 2004-2006, http://www.capr2.org/reso_junta_gobi/Resol_11.htm

Díaz Román, Miguel, "Lupa a
un proyecto de apartamentos", El Nuevo Día 6 de junio de
2003,
http://www.ceducapr.com/wmview.php?ArtID=1360&term=millenium

Díaz Román, Miguel, "Ojo al
impacto de 5 proyectos para San Juan", El Nuevo Día, 10 de
marzo de 2003,
http://www.ceducapr.com/noticias/wmview.php?ArtID=712&term=millenium

Gómez, Antonio R., "Demandan
constructora de edificio Millenium", Primera Hora, 19 de abril de
2004,
http://www.ceducapr.com/noticias/wmvieu.php?ArtID=4942&term=condominio
millenium

Marino, John, "Salvar el Millennium", The
Puerto Rico Herald, 15 de noviembre de 2002,
http://www.puertorico-herald.org/issues/2002/vol6n46/PRR0646-es.shtml

Ruíz Marrero, Carmelo, "Ciudadanos
denuncian desastres de planificación", Claridad, 28 de
febrero de 2003, http://www.ceducapr.com/noticias/wmview.php?ArtID=678

[1] Las implosiones de estructuras, tales como
condominios, el complejo deportivo del Escambrón y la
Villa Panamericana, eran eventos a los que asistía el
público y funcionarios gubernamentales y en los que el
gobierno ofrecía refrigerios. Además, estos eventos
eran promocionados en los medios de comunicación y
televisados en vivo.

[2] El Nuevo Día, 7 de marzo de 1994,
p.22; Comisión Independiente de Ciudadanos para evaluar
Transacciones Gubernamentales, “Irregularidades en la
adquisición del terreno y en el trámite de
concesión de permisos para construcción y
desarrollo del condominio Millennium a la entrada de la isleta de
San Juan”, Informe 2003-02, 22 de octubre de 2002, pp.5, 6
y 9. Estos terrenos habían sido traspasados a PRIDCO por
el Departamento de Transportación y Obras Públicas
en 1960. Como parte de su política de vender propiedades
de la agencia, PRIDCO publicó un anuncio en el
periódico El Nuevo Día en el que enumeró
varias propiedades, incluido el solar, que estaban disponibles
para la venta.

[3] Comisión Independiente…, op.
cit., pp. 10-16. El informe presenta varias irregularidades,
entre ellas el permitir que el comprador fuese quien diligenciase
la tasación del solar y que dicha tasación se
hiciera con métodos cuestionables. Además, se
señalan varias deficiencias en la escritura de compraventa
del solar.

[4] Ibid., pp.3, 10 y 11.

[5] El Nuevo Día, 19 de abril de 2002,
p.20; Comisión Independiente…, op.cit., p.10. El
propio Juan F. Woodroffe admitió en su testimonio para la
comisión (Blue Ribbon) que mantenía una
relación social y política con Cabrera, quien era
Director Ejecutivo del Comité del Partido Republicano en
Puerto Rico.

[6] Comisión Independiente…, op.
cit., p.19.

[7] Loc.cit.

[8] Comisión independiente…,
op.cit., pp.19-20. La resolución de la Junta de
Planificación del 12 de marzo de 1997, concediendo estas
“variaciones”, aprobaba en su totalidad las
variaciones planteadas por la corporación ROCCA.

[9] Esta era una iniciativa del gobierno para
crear una zona exclusiva para el turismo y el comercio en el
área de San Juan.

[10] Comisión Independiente…,
op.cit., pp.21 y 22. Se señala que esta decisión se
tomó sin realizar un estudio de transito, tal y como
había sido recomendado por funcionarios de la Autoridad de
Carreteras. Además, el acceso temporero concedido no era
seguro, ya que no proveía espacio suficiente para la
construcción de carriles de aceleración y
deceleración. El mismo funcionario que firmó la
autorización, reconoció que ese acceso no estaba
permitido por el reglamento, ni siquiera como una
“variación”.

[11] Comisión Independiente…,
op.cit., p.59. De acuerdo con los estándares aplicables,
el edificio no debía rebasar los 146 pies de altura sobre
el nivel del suelo ó 160 pies de altura sobre el nivel del
mar.

[12] Ibid., pp.58 y 59.

[13] Ibid., p.53. Esto había sido
señalado internamente en la Junta de Planificación
desde febrero de 1995.

[14] Ibid., pp.20 y 21.

[15] En múltiples programas radiales de
opinión pública, gran cantidad de ciudadanos
expresaban su sentir al respecto.

[16] Comisión Independiente, op.cit.,
p.60. En mayo de 1995, el Municipio de San Juan bajo la
administración de Héctor Luis Acevedo (PPD),
había endosado el proyecto del Millennium, antes conocido
como “Puerta de San Juan”. Esto había sido
siempre y cuando no se concedieran al proyecto variaciones al
Reglamento Núm. 23.

[17] Ibid., pp.1 y 2.

[18] La comisión estaba compuesta por el
ex-representante del PIP David Noriega como presidente, los
ex-jueces Carmen Rita Vélez Borrás, Ángel G.
Hermida y la ex- contralor Ileana Colón Carlo como
comisionados.

[19] El Nuevo Día, 18 de abril de 2002,
p.6; 19 de abril de 2002, p.20.

[20] El Nuevo Día, 18 de abril de 2002,
p.6. En la noticia se hace claro que la información
provenía de documentos obtenidos por la redacción
del periódico. Además se señalaba que la
entrada al edificio por la Ave. Ponce de León había
sido endosada, por el entonces director de Obras Públicas,
el ingeniero Carlos Pesquera.

[21] Loc.cit.

[22] Loc.cit. Esto había salido a
relucir en un estudio de viabilidad comisionado por la Autoridad
de Puertos a la firma PBS&J, ante un propuesto cierre del
aeropuerto de Isla Grande.

[23] Loc.cit.

[24] El Nuevo Día, 19 de abril de 2002,
p.20.

[25] Loc.cit.

[26] Loc.cit. Se refería
específicamente al “cambio de altura” del
edificio.

[27] El Nuevo Día, 19 de abril de 2002,
p.20.

[28] Loc.cit.

[29] El Nuevo Día, 20 de abril de 2002,
p.40; 22 de octubre de 2002, p.4. En esas fechas se publicaron
noticias que informaban sobre el desarrollo de una nueva ley de
planificación en la legislatura y sobre el
“escándalo” de equipo para espionaje
electrónico hallado en las oficinas de ARPE.

[30] El Nuevo Día , 22 de octubre de
2002, p.103. En una noticia titulada “Frenada por dos
años la construcción”, se planteaba que entre
2001 y 2002 la Junta de Planificación había
denegado la aprobación de 242 consultas de
ubicación para proyectos, principalmente para desarrollos
en la zona rural. Esto había implicado una pérdida
de $1,377 millones y 14,229 empleos. De acuerdo con los
críticos de Planificación, esto se debía a
una visión “romántica” de
Planificación, que “quería concentrar el
desarrollo en los cascos urbanos y no permitir la
construcción en zonas rurales”.

[31] Comisión Independiente…,
op.cit., pp.27-71.

[32] Ibid., p.26.

[33] Ibid., p.65.

[34] Ibid., pp.71, 75-77. Se mencionaba que se
debía ordenar la demolición del edificio, si ROCCA
no cumplía a cabalidad con la construcción del
acceso permanente y adecuado para el edificio.

[35] Ibid., p.11.

[36] El Nuevo Día, 24 de octubre de
2002, p.6.

[37] Esta opinión era bastante
común en los programas radiales de opinión
pública y entre algunos analistas políticos.

[38] John Marino, “Salvar el
Millennium”, The Puerto Rico Herald, 15 de noviembre de
2002,
http://www.puertorico-herald.org/issues/2002/vol6n46/PRR0646-es.shtml,
p.2.

[39] Loc.cit. Cabrera había admitido
públicamente que su empresa inmobiliaria ganaría
unos $64 millones en ventas con el proyecto.

[40] John Marino, op.cit., pp.2 y3.

[41] Comisión Independiente…,
op.cit., p.69. El acuerdo disponía que el importe que
cobraría Carreteras sería empleado directamente en
el proyecto Millennium, a pesar de que los reglamentos
especifican, que dicho importe no se podía invertir en el
mismo proyecto.

[42] Antonio R. Gómez, “Demandan
constructora de edificio Millenium”, Primera Hora , 19 de
abril de 2004,
http://www.ceducapr.com/noticias/wmvieu.php?ArtID=4942&term=condominiomillenium,
pp.1 y 2. También se demandó a la empresa fiadora
United Surety and Indemnity Company y la Junta de Directores del
condominio Millennium.

[43] Ibid., p.2. Dicho solar es una franja de
terreno ubicada en la intersección de las avenidas Ponce
de León y Fernández Juncos.

[44] Comisión Independiente…,
op.cit., pp.69 y 70. La construcción del acceso permanente
estaba imposibilitada por una serie de factores, entre ellos el
que la Autoridad de Carreteras pueda adquirir los terrenos
aledaños al edificio, la cooperación de otras
entidades públicas cuyos terrenos se afectarían con
la construcción y que el costo del acceso sobrepasa $1
millón. El acuerdo firmado, propiciaba que Carreteras
subvencionara a ROCCA la construcción del acceso, y a
pesar de que el costo total debía ser asumido por ROCCA,
este solo pagaría los $96,162.

[45] Jaime J. Altieri, “Proponen ley de
emergencia para resolver demanda sobre viviendas”, Centro
de Medios Independientes de Puerto Rico,
http://indymediapr.org/mail.php?id=3330, p.1.

[46] El Nuevo Día, 18 de octubre de
2002, p.111. En una columna titulada “Construcción
vs. conservación”, Ángel Collado Schwarz hace
planteamientos sobre este tema.

[47] Carmelo Ruíz Marrero,
“Ciudadanos denuncian desastres de
planificación”, Claridad, 28 de febrero de 2003,
http://www.ceducapr.com/noticias/wmview.php?ArtID=678,p.1.

[48] Loc.cit. Esto lo señaló la
arquitecto Carmen Mascaró, portavoz de la
Asociación de Residentes del Condominio San Luis.

[49] Miguel Díaz Román,
“Ojo al impacto de 5 proyectos para San Juan”, El
Nuevo Día , 10 de marzo de 2003, http://www.ceducapr.com/
noticias/wmview.php?ArtID=712&term=millenium,p.1. La
Comisión consideraba los proyectos del Parque de la Laguna
del Condado, el Paseo Caribe, la ampliación del
Departamento de Justicia, el Centro de Convenciones de Puerto
Rico en la antigua Base Naval y el condominio Millennium.

[50] Loc.cit., La Comisión había
podido constatar, que los efectos en el ambiente, el
tránsito vehicular y la capacidad para generar ruidos
serían enormes cuando se finalizaran los proyectos.

[51] Loc.cit.

[52] Loc.cit.

[53] Miguel Díaz Román, op.cit.,
p.2. El desarrollador denunciaba que había pedido
más de 10 vistas públicas y la Comisión no
le había concedido ni una.

[54] Jaime J. Altieri, “Triángulo
de la muerte”, Primera Hora, 13 de marzo de 2003,
http://www.puertadetierra.com/noticias/millador.htm, p.2. En otro
de sus artículos Altieri criticaba la política de
expropiación del gobierno, que utilizaba cualquier
circunstancia para viabilizar la transferencia de una propiedad a
algún desarrollador; convirtiéndose el gobierno en
un “agente de bienes raíces”, cuyo
único cliente era el sector de la construcción.
(véase, “Proponen ley de emergencia…,
p.2.)

[55] Miguel Díaz Román,
“Lupa a un proyecto de apartamentos”, El Nuevo
Día , 6 de junio de 2003,
http://www.ceducapr.com/noticias/wmview.php?ArtID=1360&term=millenium,
pp.1y 2.

[56] Loc.cit.

[57] Loc.cit.

[58] Miguel Díaz Román,
“Lupa a…”, p.1.

[59] Loc.cit. Estas denuncias habían
sido hechas por la Asociación de Residentes del Condominio
Torre de la Reina.

[60] Colegio de Abogados de Puerto Rico,
“Resolución Numero 11 para expresar la
oposición del Colegio de Abogados de Puerto Rico a la
construcción del proyecto Marriot Residence Inn en la
playa de Isla Verde”, año de sesiones 2004 –
2006, http://www.capr2.org/reso_junta_gobi/Resol_11.htm Estos
terrenos son públicos y habían sido cedidos en
usufructo al Municipio de Carolina.

[61] Loc.cit., Se menciona que se
afectaría el acceso y disfrute a las playas del lugar,
habría un incremento en el tráfico vehicular y el
desarrollo constituiría un uso inadecuado de terrenos
públicos para fines privados.

[62] Colegio de Abogados de Puerto Rico,
op.cit., p.2.

Autor:

Luis A. Reyes
Rodríguez

Mayo de 2006