El principio de legalidad y los actos administrativos

Introducción

La necesaria existencia del acto administrativo no se
debe única y exclusivamente a que La Administración
Pública tenga que tener algún medio para hacer
válidas, legales y ejecutorias sus decisiones, sino, que
por algo más importante aun, "el acto administrativo es el
nexo imprescindible entre la administración y la
consecución de gran parte de sus fines",[1]
es realmente quien permite su actividad, quien genera la
relación jurídico administrativa externa y
práctica de la Administración pública hacia
aquellos de quienes protege sus intereses.

La importancia de esto radica en que entorno al acto
administrativo giran todas las garantías jurídicas
administrativas que están a disposición del posible
ataque a las irregularidades que se pueden presentar en el actuar
de la Administración, ya que es a través de propio
acto que esta se propone el logro más eficaz de sus
objetivos y fin primordial.

Siendo el acto administrativo la vía
idónea de que dispone la Administración
Pública para producir los efectos jurídicos que
desea, y siendo considerado como un acto jurídico donde el
objeto causal de su relación jurídico
administrativa es entre los sujetos que en ella participan: La
Administración -generalmente sujeto activo- y el
administrado – generalmente sujeto pasivo.

De esta manera el Principio de Legalidad puede ser
entendido de manera genérica es decir como principio de
juridicidad, sometiendo los poderes públicos, y
principalmente la administración, al Derecho, a las normas
jurídicas. La legalidad se concibe como: "un principio de
la vida socio-política que consiste en la
subordinación de toda la vida social, política y
administrativa al imperio de la ley que debe derivar de la
voluntad soberana y mayoritaria de la población y a cuya
regulación debe subordinarse el Estado en su ejercicio del
poder, las organizaciones sociales y políticas y la
ciudadanía." [2]

La Legalidad
Socialista

La Administración del Estado es ejercida a
través del Derecho Administrativo, impartiéndole
este último determinada forma jurídica como
sistema, se encuentra regido por principios, estos tienen
existencia por sí mismos, como resultado de la
integración de propiedad de los elementos del sistema,
relacionados entre sí y generando nuevas
cualidades.

Los principios de la Administración del Estado se
dividen en dos clases: político-sociales y organizativos,
entre los que identifican el primer grupo podemos encontrar el
principio de legalidad socialista. Este principio, base de la
actuación de todo el sistema estatal socialista; exige la
observancia incondicional y estricta, por parte de los
órganos y organismos estatales, funcionarios,
organizaciones sociales y de masas y ciudadanos de todo el
ordenamiento legal, así como de los actos que emitan,
basados en él, los órganos del Estado.

Puede sintetizarse expresando que ante la ley todos son
iguales y que los administrados tienen el derecho de exigir se
les trate conforme a la ley y al propio tiempo, los
órganos, organismos y organizaciones tienen el deber de
ajustarse en todos su actos a la ley.

A través de la legalidad socialista, el Estado se
enfrenta a los elementos antisociales y los que violan la
disciplina estatal y del trabajo y al radicarse como principio
fundamental inculca en las masas una conciencia jurídica.
La ley es voluntad vinculante, autónoma e inviolable. No
sólo vincula al destinatario sino a los propios
órganos de poder que la confeccionaron.

El principio de la legalidad socialista es viable porque
por primera vez en la historia de la humanidad las leyes no
generan contradicciones entre quienes las dictan y sus
destinatarios y en su conjunto son el medio para la
implantación de las relaciones sociales socialistas. Por
ello, la legalidad socialista ha de ser base del derecho
regulador de la Administración del Estado.

La legalidad socialista -dice Fernando Álvarez
Tabío- es un método de acción de una
sociedad que aspira a la realización del comunismo.
Consiste en una aplicación constante y estricta del
Derecho emanado de los órganos superiores del poder
político, y tiene por objetivo el establecimiento en el
país de un orden jerárquico cierto y seguro. Este
orden debe caracterizarse por la claridad, precisión y
dinamismo de las normas que impone; debe fijar de antemano la
esfera de competencia de los órganos estatales, sobre el
principio de que ningún funcionario, ya sea de arriba o de
abajo, puede hacer sino lo que la ley lo autoriza; garantizar los
derechos fundamentales del ciudadano y de las organizaciones
sociales y establecer los deberes correlativos; proteger la
estabilidad de las relaciones jurídicas y crear y
desarrollar una atmósfera de confianza en la estricta
aplicación de un orden jurídico justo y eficaz por
órganos emanados del pueblo y sujetos a su
control.[3]