Historia política argentina (página 3)

A comienzos del siglo XX, a medida de que los efectos se
acumulan, la inmigración adquiere la
característica de lo irrevocable, como tan no
podría ser considerada problemáticamente sino en
sus modalidades objetivas, al mismo tiempo siguen
ofreciendo el camino más obvio para adelantarse en una
problemática que constantemente la excede.

Izquierda,
régimen político, cuestión social y
cuestión ética en Argentina. Ricardo
Falcón

En las primeras décadas del siglo XX, el régimen
del "80 comienza a evidenciar algunos síntomas de
profundos desequilibrios.

La economía parecía constituir el
elemento más preocupante. Sin embargo, ciertos problemas
políticos de envergadura y el estallido de lo que en la
época se denominaría la cuestión social se
vislumbraron como crecientes factores desestabilizantes. Las
transformaciones económicas seguían siendo el
elemento legitimante fundamental del la elite gobernante heredada
del régimen del "80, pero el tratamiento de la
situación política y social
requería, al menos de un reajuste.

El régimen político se caracterizó por
ser restrictivo y exclusivista. La cuestión social ya
había comenzado a manifestarse en la década de
1890, pero fue a partir de la huelga general
de 1902 que hizo su plena irrupción en la escena nacional
convirtiéndose desde entonces en un problema
político de primer orden.

Surgió un nuevo tema problemático que se
relacionaba con la situación de los inmigrantes. Estos se
relacionaban con la crisis del
régimen político ya que se encontraban marginados
por este y el movimiento
obrero ya que los trabajadores extranjeros eran los centros
urbanos los principales protagonistas de los movimientos
huelguistas.

La elite se mostró indiferente frete a la
situación de amenaza. Las reformas electorales de 1902 y
1910 como intentos de depuración y ampliación del
régimen político y el frustrado proyecto de
"código
de trabajo" y la
legislación del trabajo que le siguió fueron los
principales pasos de lo que se ha llamado "el reformismo
oligárquico".

La izquierda de la época también pensaba en la
lucha por imponer una de las alternativas posibles a la crisis.
Esta izquierda había adquirido un peso político
sindical creciente en los primeros centros urbanos compuestos
mayoritariamente por extranjeros, sus propuestas no eran
indiferentes a la proposición en que el peso creciente se
distribuiría entre las distintas corrientes que lo
componían.

El término izquierda denominó al conjunto de
movimientos políticos expositores de ideologías que
globalmente se podrían definir como "contestaciones
sociales o si se quiere anticapitalistas.

Dentro del movimiento de izquierda se pueden visualizar tres
tendencias: La anarquista, la socialista y el sindicalismo
revolucionario.

LOS SOCIALISTAS:

En la primera década del siglo XX la política de
los socialistas ya había adquirido un perfil definido: "se
trataba de la construcción de un partido basado en una
doble estrategia hacia
el socialismo. Por
un lado se presentaba como un instrumento apto en la
secuenciación de mejoras económicas y sociales para
los trabajadores y por otro lado como un partido de reformas
democráticas, republicanas y "profundas". El nexo entre
ambos aspecto se llamó "la acción
política".

La relativa consolidación de estas políticas
como dominantes en las filas socialistas habían requerido
un encarpado camino, que supuso etapas diferentes y la presencia
de tendencias contrarias a las orientaciones que desde mediados
de 1890, Juan B. Justo y su equipo imprimirían
crecientemente a la política partidaria. Un breve análisis de esas alternativas de la
política socialista reveló que los cambios y las
polémicas apuntaban en lo esencial al corazón de
las tres cuestiones centrales.

El socialismo argentino enfatizó una orientación
en la que se vinculaban estrechamente lo político y lo
sindical. Se desprende la idea de la construcción de un
partido socialista a partir del desarrollo del
movimiento sindical.

En 1894 se registraron dos fenómenos que contribuyeron
a modificar sustancialmente el perfil de la acción
socialista en Argentina:

• 1. Al calor de la reactivación
  económica se reanuda el movimiento huelguista, quien
  en 1895 y 1896 tendrá una intensidad especial,
  particularmente en Buenos Aires y Rosario.

• 2. Se incorpora al socialismo una serie de
  intelectuales, argentinos por nacimiento o naturalizados, que
  configuraron el proto-intelectual de la Izquierda en
  Argentina, y que rápidamente ocuparon los principales
  espacios dirigentes.

Dentro de los intelectuales
que desarrollaron papeles principales en las filas del socialismo
podemos mencionar: Juan B. Justo, Leopoldo Logones, Enrique
Dickman, José Ingeniero, Ángel Jiménez,
Nicolás Repetto, Roberto Payró y Nicanor Sarmiento
entre otros.

Una de las consecuencias de esos cambios introducidos en el
año 1894, fue la iniciación de lo que se
llamó la "argentinización del socialismo". La
acción parlamentaria se utilizó como instrumento
fundamental para la conquista de
reformas democráticas generales y económicas y
sociales de los trabajadores.

La argentinización se combinó con la
acción política en un punto fundamental: la
necesidad de la naturalización de los extranjeros para que
estos pudieran ejercer sus derechos electorales.

En el Congreso desarrollado en el año 1896, José
Ingenieros y Leopoldo Logones, lograron imponer enmiendas al
proyecto original de la declaración constitutiva. Una de
ellas corrigió la propuesta que preveía la
posibilidad de alianzas electorales con otros partidos, las
restantes se refirieron al empleo de
otros medios.

El Congreso aprobó las dos enmiendas y así en
sus orígenes el partido socialista no excluís el
recurso a una acción revolucionaria para la conquista del
socialismo, aunque esta debía ser precedida por la
"acción política".

Hacia fines del silo, los anarquistas "organizadores"
comenzaron a conquistar posiciones significativas en el seno del
movimiento obrero, al mismo tiempo que iban extendiendo su
influencia a otros sectores.

LOS ANARQUISTAS:

De los grupos pioneros
de la década de 1880 surgieron dos grandes tendencias: Los
anarquistas "organizadores" y los anarquistas
"anti-organizadores", cuyo eje de discusión era la
aceptación o el rechazo de ciertas formas de organización estables del movimiento, la
participación en las organizaciones
sindicales y en la lucha por las reivindicaciones parciales.

Entre 1890 y 1894 son los anarquista anti-organizadores
quienes llevan la delantera. Al igual que los socialistas, los
anarquistas organizadores encontraba dificultades para su predica
en el marco social caracterizado por la desocupación y el reflujo del movimiento
huelguista que había tenido lugar entre 1880 y 1890.

En cambio, la
acción predominante propagandista y agitadora de los
anarquistas anti-organizadores encontraba un mejor escenario para
su desarrollo.

Los anarquista anti-organizadores se caracterizaron:

• 1. Tener tono antipoliticista

• 2. Ser antiestatista

• 3. Contar con una cerrada oposición al
  establecimiento de vínculos entre los anarquistas que
  fueron más allá de libre fórmula de
  "Grupos por afinidad"

• 4. Mostrar un fuerte rechazo a los principios de
  lucha de clase y consecuentemente a la participación
  en las organizaciones obreras y a las huelgas parciales

• 5. Llevaron adelante un continuo reclamo de la
  "propaganda por los Hechos".

Como los socialistas, los anarquistas adoptaron principios de
la
organización por grupos sobre la base de criterios de
orígenes étnicos o comunidades
lingüísticas. No obstante, la característica
acerca de descentralizar que tenía la actividad anarquista
hacía mucho más evidente la persistencia de estos
criterios, a través de la proliferación de
periódicos publicados en diferentes idiomas. Su
antipoliticismo descarta cualquier preocupación por la
naturalización de los extranjeros.

El anarquismo organizado comenzó a expandir su
influencia sobre los trabajadores extranjeros desde mediados de
1890 y en 1897 dio un paso decisivo en su consolidación
como corriente, con la aparición de un periódico.
La protesta funcionaba como una especie de "frente unido" de
distintos grupos de anarquistas organizados.

Los anarquistas organizadores fueron adquiriendo cada vez
más un perfil "anarco-sindicalista", ya que visible en los
últimos años del siglo XIX adquirieron rasgos
definitivos en la década siguiente, particularmente por su
acción en la FORA. Compartió con la otra sentencia
su carácter de antipoliticismo y
antiestatismo, se diferencia, sin embargo, por la admisión
de formas organizativas federativas para el movimiento
anarquista, y aceptaba la importancia de las organizaciones
sindicales y de la lucha por las demandas parciales aunque
siempre el camino a tomar era la huelga general
insurrecional.

En 1910 las tensiones llegaron al máximo en
ocasión del centenario y la derrota de la huelga general
de ese mismo año que marcó el fin de una etapa.

SINDICALISTAS REVOLUCIONARIOS

Nació como el producto de
una fusión
interna del Partido socialista y la llegada a nuestras playas de
los principios Sindicalistas revolucionarios europeos. La
Facción disidente fue esbozando un conjunto de planteos,
que sin implicar una ruptura total con el socialismo argentino,
la ubicaba como un ala de la "izquierda".

No renegó abruptamente del parlamentarismo, sino que lo
aceptaba como una posibilidad.

Los sindicalistas revolucionarios compartían el
antipoliticismo y el antiestatismo de los anarquistas. Sin
embargo, pronto se haría visible, la notoria diferencia
entre ambas corrientes. Para los sindicalistas revolucionarios el
rechazo a la "acción política" no será
sustituido por la preparación de la vía insurrecta,
sino que el sindicalismo aparecerá como el eje presente y
futuro de toda la vida social y política.

El problema de la "unidad" se convertía en el elemento
decisivo en la polémica con los anarquistas.

En lo al estado y el
régimen político concierne, los sindicalistas
revolucionarios, postulan de forma similar a los anarquistas.
Rechazaron, en consecuencia, cualquier tentativa de reforma
política y cualquier intento de "integración" de los trabajadores.

POR QUÉ EL ANARQUISMO?

La afirmación de la existencia de serias dificultades
en la estructura de
la política socialista no puede, sin embargo, llevarnos a
ignorar la importancia que tuvo como empresa
política.

Dos han sido las tradicionales explicaciones frente a este
fenómeno:

• 1. la primera atribuye la fuerza del anarquismo
  argentino a la presencia de un fuerte porcentaje de
  inmigrantes italianos o españoles, países
  considerados de amplia tradición anarquista.

• 2. la segunda, hace descansar este éxito, en
  la persistencia en la Argentina urbana de los rasgos
  pre-capitalistas.

Los motivos fundamentales del predominio anarquista sobre las
otras corrientes de izquierda, deben buscarse en sus posturas
entorno a las tres cuestiones que se han definido como decisivas
para la época: las alternativas frente al régimen
político, la cuestión étnica y la
cuestión social:

• 1. En lo que refiere al régimen
  político el antipoliticismo y antiestatismo
  anárquico aparecía para los sectores populares
  como lo más simple y adecuado al tipo de estado que
  enfrentaban, que las proposiciones socialistas. En efecto, su
  antipoliticismo se traducía al repudio de partidos
  políticos y a las practicas electorales y
  parlamentarias, esta señalando, en realidad, una de
  las características central del régimen
  político vigente.

• 2. Que los inmigrantes internacionales se mantuvieran
  marginados del régimen político, lo que
  significaba que había que encontrar otra forma de
  participación política, forma no
  "institucional" si se quiere, al menos en alguno de sus
  segmentos. La propaganda anarquista toca otro de los puntos
  nodales de política de la elite, respecto a los
  trabajadores. Esta actitud no sólo era alterada cuando
  esos conflictos alcanzaban dimensiones que amenazaban con
  alterar gravemente el "orden público" o cuando
  afectaban el corazón de la política
  agroexportadora.

La situación se modifica a partir de la huelga general
de 1902. El Estado
inaugura entonces una doble política hacia el movimiento
de trabajadores. Por un lado, en las huelgas y manifestaciones
obreras, la puesta de se. Por otro lado semi-legalidad
"vigilada" de los movimientos de izquierda. Por otro lado, hay
una tentativa, aunque parcial, de integrar limitadamente el
movimiento obrero al régimen político, a partir de
la reforma electora que daría lugar a la elección
de Alfredo Palacios. Por otro lado, hay un intento de
"integración corporativa" del movimiento obrero a
través del proyecto "código de trabajo", seguida
luego por la sanción de algunas leyes acerca de
las condiciones de trabajo y la creación del Departamento
Nacional de Trabajo.

Frente a una política estatal de este tipo, la propaganda
antiestatista de los anarquistas no encontraría demasiadas
contradicciones. Su denuncia implacable y sistemática del
Estado como instrumento de opresión, parecía
convalidada por la actitud de la
elite hacia los trabajadores.

Para los socialistas, la situación era cada vez
más compleja. Pese a sus denuncias acerca del
régimen político vigente, los socialistas
tenían finalmente frente a él una actitud positiva.
Esta se traducía en la insistencia en la necesidad de
participar de los procesos
electorales y en utilizar el parlamento.

Los sindicalistas revolucionarios, por su parte, al menos en
los períodos iniciales de su existencia como corriente
autónoma, manifestaron un antipoliticismo y antiestatismo
en muchos aspectos similares a los del anarquismo. Para los
sindicalistas revolucionarios la construcción de la
clase obrera
inspirada por un criterio netamente clasista, pensaba sobre todo
en la unidad obrera, que debía tener como eje el sindicato y la
actividad sindical solidaria.

En los socialcitas existía una predisposición
similar a rechazar las tendencias de la identidad
étnica y sus formas organizativas derivadas, por
parte de los trabajadores extranjeros.

Los anarquistas inspirados por sus concepciones profundamente
antipatrióticas e internacionalistas, sumadas a su repudio
del régimen político, no evidenciarían
ningún interés
particular por ahogar las tendencias del agrupamiento sobre las
bases étnicas, que mostrarían ciertas capas de
trabajadores.

La incapacidad de generar un régimen político
como integrados de los trabajadores extranjeros aceleraba por
parte de la elite la necesidad de crear otro elemento de
dominación.

La tentativa de nacionalización forzada agregó
un electo más de simpatía hacia la actitud
anarquista de tolerancia con
posparticulares étnicos. Los socialistas, en cambio,
participaban de alguna manera del proceso de
"argentinización" aún cuando su óptica
fuera parcialmente diferente de la de la elite.

• 3. En lo que se refiere a la cuestión social,
  las ya analizadas repuestas del estado, y la intransigencia
  de los capitalistas, que se negaban a reconocer el pleno
  derecho, e incluso a veces el hecho, a los sindicatos
  obreros, llevaban crecientemente a los trabajadores a adoptar
  las formas de "acción directa" para la
  consecución de sus objetivos.

Los anarquistas promovieron esta forma de lucha sin
restricción alguna. Frente a la intransigencia y
represión estatal y patronal impulsaron la acción
directa y la huelga general como instrumento de lucha
fundamental.

Para los socialistas la estrategia insurrecta esta claramente
descartada, para ellos las huelgas eran parciales con objetivos
concretos y precisos como son las condiciones del ámbito
de producción.

El movimiento sindical era sólo uno de los elementos de
una tripla articulación en la lucha por la cuestión
social.

LA IZQUIERDA Y LA CRISIS DEL RÉGIMEN
POLÍTICO:

La importancia de la influencia alcanzada por el anarquismo
entre los sectores populares urbanos y también el
crecimiento del Sindicalismo Revolucionario hacia fines del
período, revertían a su turno sobre la crisis del
régimen político y no dejaban de incidir, de alguna
manera, sobre las instituciones.

Las huelgas y movilizaciones que estos movimientos impulsaban,
creaban un clima de
agitación social casi constante. El empleo de la
represión fuerte y sistemática no otorgaba mayor
credibilidad a la elite gobernante, sino por lo contrario,
ponía de evidencia su necedad de emplear entre recurso,
carente de cualquier forma de consenso entre los sectores
populares urbanos.

Estas corrientes de izquierda constituían
también una amenaza, en la medida que las repercusiones
del movimiento social parecían sumarse a los que
preveían de la oposición política. La huelga
general de 1910 terminó de profundizar la derrota para el
movimiento obrero.

El Estado argentino
frente a los trabajadores urbanos: Política social y
Represión, 1880-1916. Juan Suriano

El proceso de crecimiento de la economía
agroexportadora argentina generado entorno a 1880 produjo, como
uno de sus resultados más notable, la aparición de
un heterogéneo mosaico de trabajadores urbanos. Una serie
de diversidades trabaron el proceso de construcción de una
identidad colectiva. Sin embargo, los trabajadores hallaron
numerosos espacios donde plasmar sus experiencias comunes:
sociedades
mutuales, cooperativas,
centros recreativos, cultuales y bibliotecas entre
otros.

El aparato estatal se involucró en las zonas
conflictivas de la sociedad solo
cuando el orden social y económico pareció,
supuestamente, amenazado por las posibilidades de que los
trabajadores instrumentaran respuesta amparados en la fuerte
presencia del anarquismo y el socialismo. El estado
comenzó su propio proceso de autoformación como
árbitro y regulador de las relaciones sociales, ya sea por
las vías de la coerción o el consenso.

Los primeros pasos del poder
público en materia de
política
social fueron tímidos y contradictorios,
parecían responder al temor del conflicto que
a una conciencia clara
de necesidad de integrara a los trabajadores al sistema.

En general predominó la opinión deque la
represión era la solución al problema que era
importado de Europa por los
inmigrantes y extraño al cuerpo social de la nación.
Esta disociación del conflicto social motivó una
política dual de estado destinada a integrar a la
mayoría de los trabajadores y a marginar a la
minoría contestataria.

EL ESTADO ANTE LA CUESTIÓN SOCIAL: NEGACIÓN,
PRESCINDENCIA Y PRESCEPCIÓN DEL CONFLICTO 1880-1900:

Hacia 1880 el estado había logrado consolidar su
posición y a partir de ese momento se aceleró
notablemente la incorporación de Argentina en el mercado
internacional como productor de bienes
primarios exportables.

La desagregación de la vida urbana fue considerada como
una consecuencia inevitable del crecimiento descontrolado de la
ciudad debido al LAISSEZ FAIRE que excluía acciones
planificadoras.

Fue en el ámbito municipal donde se vieron los primeros
síntomas de un heterogéneo conglomerado de
trabajadores que comienzan a cuestionar la legitimidad de los
sectores dominantes, o al menos, a exigir la mediación de
los poderes públicos ante las desventajas surgidas de los
empresarios.

La idea del rechazo al inmigrante penetró el entramado
de las instituciones estatales, en un marcado reduccionismo que
vincula el conflicto local social con la calidad de la
inmigración. Esta se trasforma en un elemento de
disolución social, no solo por los vicios morales que las
masas de hombre
pervertidos importaban sino también por las numerosas
enfermedades
físicas que padecían.

Lo que sólo era una preocupación por un
síntoma de disolución moral de la
sociedad devino en inseguridad e
inquietud en el Estado y la sociedad política a
raíz de la irrupción del socialismo y
principalmente del anarquismo.

La intervención de los factores aunados a la
intransigencia patronal y la poca disposición
gubernamental a mediar en los conflictos
permitieron a los trabajadores llevar adelante el movimiento
huelguista que paralizó, por primera vez, la
economía del país afectando directamente a los
intereses de la burguesía agroexportadora e instalando el
conflicto de clases en el primer plano de las relaciones
sociales.

La Ley de Residencia
y la aplicación del estado de sitio en 1902 no son
más que la culminación de un proceso mediante el
cual la clase dominante elaboró un sistema de ideas sobre
la política y la sociedad que desembarcó en el
esquema de dominación en el cual los conflictos sociales
no alcanzaban a articularse desde el poder. El estado argentino
que se había demostrado dinámico y moderno
impulsando la inserción del país en el mercado
internacional y que había adoptado medidas proteccionistas
ante los sectores más tradicionales y conservadores de la
sociedad a través de la implementación de la educación laica y
el matrimonio
civil, exhibió fuertes debilidades frente a la
irrupción de nuevos sectores sociales. El grupo
dirigente se aferró al esquema de sociedad elaborado por
la generación del "80 y ante las impugnaciones sociales y
políticas apeló a profundizar la coerción
física
para mantener el orden imperante que articulaba el liberalismo
económico y el conservadurismo político y
social.

La ley de residencia o otras medida represivas representaron
una respuesta lógica
de un sistema de ideas que vinculaba el concepto como
crimen, violencia,
anarquismo, socialismo, huelgas o degeneración de la raza
con la inmigración, entre otras. Esta visión
negadora del conflicto social como electo inherente a las
modernas sociedades capitalistas instaló un velo
distorsionado en el entramado de las relaciones entre la clase
dominante y los trabajadores.

INTEGRAR O REPRIMIR? LOS PRIMEROS PASOS DE LA POLÍTICA
SOCIALDEL ESTADO ARGENTINO:

Joaquín V. González encaró en 1904 la
elaboración de un ambicioso proyecto de ley nacional de
trabajo cuyo objetivo
respondía no solo a la necesidad de hallar respuestas y
fretar el conflicto social, sino también la
integración plena de los trabajadores al sistema. El
Estado debía comenzar a medir los conflictos intentando
captar a los trabajadores mediante estrategias que
combinaban la coerción y el consenso.

Solo una legislación global e integradora podía
eliminar los conflictos provocados por las protestas obreras y
alcanzar una armonía permanente de los sectores esenciales
del trabajo del hombre: la mano de obra y el capital.

El descubrimiento del conflicto social y el consecuente
reconocimiento de la existencia de la clase obrera como un
importante actor social derivó en la reformulación
y el en el reacomodamiento de las políticas estatales
orientadas a los trabajadores. Es Estado se vio obligado a
superar y ampliar las esferas de actuación con el fin
logara la paz y armonía social y un relativo consenso
político mediante la estrategia de integración de
los trabajadores al sistema, basada en la táctica dual que
apelaba a la represión o la política de
aplicación de leyes laborales y de seguridad
social.

El poder
ejecutivo comenzó a dar sus primeros pasos como
mediador del conflicto social sin abandonar la
representación de la clase hegemónica y orientando
sus política en la búsqueda de formas de
dominación más legales, organizadas y eficaces.

Se trató de un estado mediados con intensiones de
vincular las clases
sociales en una relación de dominación que
garantizaba la reproducción del sistema en paz y
armonía.

La principal característica de la política
estatal frente a los trabajadores durante los primeros
años del siglo estuvo signada por dos elementos centrales
que apuntaban a un mismos fin:

• 1. Especialización del aparato represivo: La
  Política. Reconocida la existencia de la
  cuestión social, el estado se propuso definir y
  destruir los vínculos establecidos entre el anarquismo
  y los trabajadores recurriendo al control parcial de las
  actividades sindícales, la limitación del
  derecho a huelga, el hostigamiento e intimidación de
  los militares más destacados, la vigilancia de los
  actividades de la organizaciones obreras y la
  restricción de los piquetes de huelga.

La aplicación de la Ley de residencia y más
tarde la de Defensa civil,
el estado de sitio, la participación del ejército
de línea o el cierre impulsivo de periódicos
locales sindicales fueron hechos más que frecuentes en
esos períodos.

Los gobiernos tendieron a profundizar e impulsar el
mejoramiento de las herramientas
de control policial
tanto en los aspectos represivos como en los preventivos.

El control se tronaba mucho más efectivo con el
anarquismo ya que era considerado el verdadero enemigo
público y el cual era necesario desarticular.

La especialización política de una parte del
aparato represivo generó ciertas distorsiones de las
funciones de
la policía que la llevaron a exceder los objetivos
asignados por el ejecutivo. Lo informes
policiales no se limitaron a efectuar reseñar de su
actuación, sino que a menudo emitían juicios de
valor
avanzando sobre temas que no eran específicos como la
libertad de
prensa, el
derecho de circulación y reunión, el rol de las
agrupaciones políticas o la libre agremiación de
los trabajadores.

• 2. El Departamento Nacional de Trabajo.
  Pretendió la idea de un estado previsor. Si bien fue
  esbozado por Joaquín V. Gonzáles debió
  su creación a una solicitud presentada en forma
  sorpresiva del diputado Julio A. roca en 1906.

Dos factores convergieron en la formación del DNT: el
primero se relacionaba con la irresolución de la
cuestión social y la consecuente necesidad del estado de
controlar con herramientas idóneas para prevenir y
resolver las situaciones conflictivas. La solución de
problemas pasaba por la creación de un corpus legislativo
pero también por la existencia de una oficina de
trabaja estatal que efectuar un estudio apropiado de las
situaciones de los trabajadores para poder legislar sobre esa
base.

El segundo factor se vinculaba a la existencia de un grupo de
intelectuales y profesionales influenciados por el positivismo
spenceriano y el consecuente desarrollo de las ciencias
sociales. Esta corriente preconizaba la posibilidad de
adaptar al estudio de la sociedad métodos
similares a los de las ciencias
naturales. Observación, experimentación y
comparación.

La trayectoria de DNT fue errática y carente de
autoridad al
comienzo para convertirse paulatinamente, en especial desde 1912,
en un instituto con relativa presencia en las relaciones
obrero-patronales y con cierta autonomía en su
funcionamiento que comenzó a conferirle los rasgos
particulares de una burocracia
política administrativa. Esta evolución se vinculó no solo a los
cambios producidos en el seno de la clase gobernante sino que
también a las modificaciones en la estructura interna del
DNT que fue conformando a un grupo de tecnócratas
especializados y partidario de una política social
orgánica independiente de las determinaciones
económicas.

CONCLUSIONES

Las modificaciones y complejizaciones de las relaciones
socioeconómicas a partir de 1880 alteraron las aptitudes
prescindentes del estado ante las relaciones obrero-patronales.
El resultado no fue la conformación de un estado
interventor, sino que, en cambio, la visión de un sector
de los grupos gobernantes con respecto al rol de los poderes
públicos en las relaciones sociales que implicaron los
primeros pasos en materia de política social en el
país bajo la influencia de las diversas experiencias de
legislación social en las naciones capitalistas más
avanzadas.

La intervención estatal en los conflictos sociales
aparecía como un factor cohesiónate en el orden
social y comenzaba de diferenciar la función
del estado con el fin de garantizar la reproducción del
sistema en paz mediante la estrategia dual que apelaba a la
represión y a la marginación de los elementos
cuestionadotes del sistema y la integración de la
mayoría de los trabajadores a la sociedad según las
reglas de juego
establecidas por el Estado.

El cambio fue paulatino y contradictorio de actitud de los
grupos dirigentes ante la irrupción del conflicto social y
la adecuación del estado a las transformaciones sociales
del proceso de crecimiento de la Argentina agroexportadora.

La especialización del aparato represor permitió
marginar en buena medida la ideología anarquista sustentada por el DNT
como la creación de un reducido cuerpo legal y de una
impaciente burocracia político administrativa que
deberían actuar como nexo integrador de los trabajadores
al sistema

Los liberales
reformistas. La cuestión social en argentina 1890-1916.
Eduardo Zimmermenn

RESPUESTA A LA "CUESTIÓN OBRERA":

Miguel Cané y Carlos Pellegrini

La represión del anarquismo fue solamente una cara de
la actividad hacia la cuestión obrera por parte de los
grupos gobernantes liberales. La contrapartida de esta
política de exclusión fue el acercamiento al
Reformismo del partido Socialita, el apoyo a esta estrategia no
provino solamente de las cátedras universitarias sino
también de un amplio conjunto de intelectuales,
políticos y hombre públicos. Un ilustre personaje
de la cultura y
política argentina del período, Miguel Cané,
ilustró en sus opiniones sobre esta materia esa estrategia
selectiva de los grupos liberales.

En 1899 Cané volvió a la escena de la
cuestión obrera con su proyecto de ley de expulsión
de obreros, antecedente de la lo que luego sería en el
año 1902 la Ley de residencia, que se centraba más
en la necesidad de reprimir el fenómeno anarquista. El
mismo Cané afirmaría en 1904 que la ley de
residencia era "una ley concebida y sancionada contra el crimen y
no contra el derecho".

Las condiciones fundamentales para el progreso de los
trabajadores, según cané, era la disminución
de los presupuestos
suntuarios tanto en el orden nacional como en el de las
provincias, para alcanzar la reducción de los impuestos,
Cané ligaba esta reforma al liderazgo
político de Carlos Pellegrini.

Carlos Pellegrini sostenía que el obrero no
podía ser tratado "como un ser inferior sujeto a la
fábrica como el siervo antiguo que trabajaba la tierra",
por lo que se hacía necesario la eliminación del
trabajo asalariado. Era necesario vincular al trabajador en los
resultados económicos de su propio esfuerzo, que el
trabajador tuviera un interés de prosperidad en la empresa
industrial en la que era empleado.

La propuesta de Pellegrini se basaba en que los obreros de una
misma industria
formarían su propia compañía, nombrando un
director que negociaría con los otros directores de la
compañía de capital un contrato por el
cual ambas partes aportarían capital y trabajo, fijando
además condiciones y detalles de producción, los
tribunales ante los cuales verían sus diferencias.

Pellegrini envió su proyecto a Carroll Wright,
presidente del Departamento nacional de trabajo norteamericano,
quien se mostró muy interesado aunque dudando de las
posibilidades de llevarlo adelante. En la Argentina no
pareció haber tenido mayor repercusión que la de
algunos comentarios aislados, y un intento de reflotar el
proyecto en 1910 por Marcos Avellaneda durante su corta
presidencia del DNT.

EL PROYECTO DE LEY NACIONAL DE TRABAJO EN 1904:

Joaquín V. González era un decidido partidario
de la concepción liberal de fines de siglo acerca de la
cuestión social, este fue el autor de la redacción del código laboral que tuvo
como primeras disposiciones sustantivas el tratamiento de los
extranjeros. El proyecto establecía una serie de
restricciones a la admisión de ciertas categorías
de inmigrantes, que en general reproducían restricciones
establecidas por la legislación vigente.

Sigue en el proyecto la regulación de la
inmigración, un minucioso tratamiento de la
institución de contrato de
trabajo, su naturaleza,
salario y
condiciones de pago, obligaciones
de las partes, duración y extinción.

El proyecto establecía la jornada máxima de ocho
horas, fijaba el descanso dominical, regulaba estrictamente las
condiciones de las mujeres y los menores y la higiene y
seguridad en los lugares de trabajo.

Respecto a las organizaciones de asociaciones profesionales
obreros, se establecía que solamente obtendría
personería jurídica aquellas asociaciones que
fueran reconocidas oficialmente s través de la
inscripción en el registro de la
Junta Nacional de trabajo. Los beneficios concedidos a las
organizaciones legales, además de los propios de toda
persona
jurídica, consistirían en la facultad de concretar
contratos
colectivos, confederarse con otras asociaciones y el derecho al
fuero de conciliación y arbitraje.

Según González, el propósito de esta
norma era "poder traer las sociedades al registro y acogerlas a
los beneficios especiales que esta inscripción les da
derecho.

Como autoridad administrativa en el campo laboral se crea una
dependencia del Ministerio del Interior con jurisdicción
en Capital Federal, la Junta nacional de trabajo se encargaba
además de la publicación de un boletín de
estudio y de propagación de los conocimientos
profesionales y legales relativos al trabajo.

Por último, se establecía la creación de
un tribunal de Conciliación y Arbitraje para dirimir las
controversias derivadas de los contratos de trabajo.

El ministro González estimaba que el sistema de
relaciones
laborales que proponía era un complemento de la
reforma electoral que el mismo había impulsado dos
años antes y que había facilitado el ingreso de
Alfredo Palacios a la Cámara de Diputados como el primer
parlamentario socialista en América.

La prensa en general recibió el proyecto con cierto
escepticismo. El diario "La Nación"
expuso que el proyecto de Joaquín V. Gonzáles, si
bien era meritorio y digno de un aplauso, no atacaba el problema
principal: "huele a improvisación y esnobismo todo
programa del
gobierno que
promete al obrero la protecciones que merece y a la vez le echa
encima la carga de las contribuciones, dejando subsistir al
sistema
tributario anticuado e injusto, en el que los que más
tienen son los que menos dan".

La Organización obrera, periódico de la
anarquista FORA, condenó decididamente el proyecto como un
intento de controlar las organizaciones obreras.

José Ingenieros, en cambio, fue un entusiasta
partidario del proyecto, poniendo especialmente énfasis en
el carácter científico de la obra.

En julio de 1905 la "Unión industria argentina
–UIA-" presentó un memorando en la Cámara de
Diputados, haciendo conocer sus objeciones al proyecto, y
proponiendo como alternativa la formación de una
comisión industrial y de obreros para estudiar la
sanción del proyecto sobre accidentes de
trabajo, mujeres y niños,
higiene y
seguridad y la
reglamentación de las asociaciones. La UIA dejaba en claro
que no se oponía a la intervención del estado en
materia social. Sus objeciones serían fundadas en la
necesidad de atender a la capacidad económica de la
industria local para enfrentar los costos
adicionales impuestos por la legislación
laboral.

La oposición al movimiento obrero y los grupos
industriales probó ser fatal para la suerte del proyecto,
que sería abandonado en el Congreso sin lugar a debatirlo
en detalle.

Muchos observadores apuntaron, que el proyecto era demasiado
ambicioso en cuanto al número y complejidad de los asuntos
que trataba, y en términos prácticos resultó
más fácil proponer reformas parciales y
específicas en forma gradual que aprobar ese enorme cuerpo
del artículo de una sola vez. Esto es precisamente lo que
ocurrió durante los años siguientes, cuando, como
veremos, casi toda la legislación sancionada en esta
materia tenía su antecedente en el proyecto de
Joaquín V. González.

La llegada al poder
de Irigoyen

En 1916 llega a la Presidencia Irigoyen, lo cual
implicó la primera experiencia democrática y una
profunda y lenta transformación del poder político.
Durante el primer Gobierno de Irigoyen, este apeló a la
cooperación en cuestiones no prioritarias y una ruptura en
la cuestiones de primer orden.

El radicalismo no presentó una oposición o
cambio del modelo
agroexportador, pero si postuló la necesidad de reformular
la redistribución del excedente.

El irigoyenismo solucionó la oposición en el
Congreso a través de:

• 1. Intervención federal
  –intervención en aquellas provincias que no
  tuvieran gobierno radicales- Fueron 19 las intervenciones: 13
  por decreto y 6 con el apoyo del congreso,
  justificándose en la reparación nacional. Para
  Irigoyen el radicalismo es el defensor de los intereses
  nacionales, es decir, el radicalismo es la nación.

• 2. No asistencia por parte de Irigoyen a las
  interpelaciones parlamentarias, esto es, bajo la
  concepción de que el irigoyenismo era el representante
  de la nación no debía dar cuenta de su
  accionar.

Irigoyen y su accionar llevaron a que la legislatura
dejara de ser la caja de resonancia de la sociedad y profundiza
las relaciones ente el legislativo y las corporaciones.

Irigoyen creó un canal directo de comunicación con las corporaciones,
desdibujando de esta manera el rol del legislativo. Esto tuvo
como resultado una tensión permanente entre el legislativo
y el ejecutivo, lo que muchas veces dificultó la
acción gobernativa.

Irigoyen se consideraba el guardián del interés
nacional. El surgimiento de la democracia se
manifiesta como problema que debe ser resuelto por los partidos
políticos.

El hecho de que Irigoyen fuera presidente de la nación
y al mismo tiempo de Unión Cívica Radical
generó un profundo debate en
ambos ámbitos.

El inicio del proceso democrático no pudo consolidar
las instituciones, sino todo lo contrario llevó a su
debilitamiento.

El análisis de Mustapic sostiene que la esencia de
las prácticas políticas se encontraba en las
creencias de que Irigoyen llevaba a acabo una democracia
plesbicitaria, lo que tuvo como resultado:

• 1. El replanteamiento permanente del Rol del
  partido político.

• 2. Conflictos al interior del radicalismo, y su
  posterior división en el personalismo y
  anti-personalismo.

El debilitamiento institucional llevó a la fractura de
muchos partidos políticos. Irigoyen mantuvo un diálogo
fluido con las corporaciones, especialmente con el movimiento
obrero, y particularmente con aquellos sindicatos que
se encontraban en manos del Sindicalismo Revolucionario.

Los sindicatos ferroviarios y marítimos se convirtieron
en la clave para el modelo agroexportador, lo que le dio a la
FORA sindicalista mayor poder que a la FORA 5° -la FORA
anarquista-.

El proceso de democratización se relacionó con
el concepto de nación integradora de Irigoyen, que llama a
todos los sectores a integrarse a la política, lo que tuvo
como consecuencia el surgimiento de una nueva relación
entre estado y sectores urbanos.

La apertura al diálogo por parte del estado se vio
reflejada en la intervención de Irigoyen en:

• 1. 1916 Huelga marítima

• 2. 1917 Huelga ferroviaria

La huelga ferroviaria fue mucho más violenta que la
marítima. Esta huelga se caracterizó por estar el
gremio dividido en dos, los que buscaban mejas en las condiciones
laborales y los que perseguían la "ley jubilatoria". Al
igual que en la huelga marítima el estado aparece como
garantizador de las necesidades de los obreros.

Cabe destaca que el gobierno abandonó en estos casos la
política de represión lisa y llana y obligó
a las compañías marítimas y ferroviarias a
captar el arbitraje.

Según Irigoyen los empleados públicos no tienen
derechos a llevar adelante una huelga, ya que estos trabajan por
el interés nacional.

En la huelga de los municipales en Capital Federal
también se vio un predominio de la tendencia del
socialismo, el estado buscó resolver esta situación
a través del diálogo directo individual. Finalmente
el Estado no reprimió, pero si reemplazó a los
obreros huelguistas por nuevos obreros.

La cuestión obrera dejó de ser una
cuestión del ámbito policial, para convertirse en
una cuestión política, ya que el movimiento obrero
se constituye en un actor de peso, gracias a que sus integrantes
engrosan las listas electorales.

El vínculo entre el Sindicalismo Revolucionario y el
Estado es tácito. El Estado comienza a arbitrar los
conflictos obreros, garantizando los pedidos de estos.

A partir de la década de 1910 la curva de estallidos
obreros alcanza su pico máximo en la semana
trágica, con la muerte de
un importante número de obreros.

Se registró una gran dificulta para entablar el
dialogo
gracias a la presencia del anarquismo.

En el año 1919 tiene lugar la "Semana Trágica",
los sucesos comenzaron el 7 de enero con una huelga en los
Talleres Metalúrgicos Vasena en la Ciudad de Buenos Aires, los
huelguistas reclamaban la reducción de la jornada laboral
de 11 a 8 horas, mejores condiciones de salubridad, la vigencia
del descanso dominical, el aumento de salarios y la
reposición de los delegados despedidos. La empresa
intentaba seguir funcionando con obreros rompehuelgas,
crumiros (carneros) provistos por la Asociación
del Trabajo, una asociación patronal. Un disturbio entre
los obreros en huelga terminó con la intervención
de la policía, que disparó con armas largas
contra la multitud. Los disturbios no tardaron en extenderse a
las zonas cercanas, con rotura de vidrios y levantamiento de
adoquines de las calles. El saldo fue de cuatro obreros muertos y
más de treinta heridos, algunos de los cuales fallecieron
después.

La presencia de la Liga patriótica –militares
retirados y grupos conservadores que conformaron un equipo
paramilitar que se dedicó a la matanza de obreros-
dejó en claro la creencia de estos de que el gobierno
radical era incapaz de sostener lose estallidos obreros. En este
período se comienzan a debatir las capacidades del
radicalismo y la ley Sáenz peña que se utilizaba
como garantizadora de los gobiernos demagógicos.

En 1921 tuvo lugar el suceso de La Patagonia
Rebelde que fue protagonizado por un grupo de trabajadores
anarcosindicalistas en rebelión de la provincia de Santa
Cruz y que fueron reprimidos fuertemente por el
Ejército.

La ola de huelgas que culminó en 1922 expresaba de
manera ciertamente violenta la magnitud de los reclamos
acumulados durante período. Dicha culminación y
debilitamiento de la Unión sindical han dado testimonio de
la tenuanción de los conflictos sociales.

Se produce un realineamiento de los sectores conservadores con
la idea de retomar los hilos de la conducción del Estado
Nacional.

Los límites de
las políticas sociales del radicalismo fueron:

• 1. La relación conflictiva con los capitales
  extranjeros.

• 2. La escasa u nula relación con el sector
  conservador.

• 3. El cuestionamiento en la década de 1920 del
  proceso democrático.

• 4. La restricción de a dialogar con ciertos
  sectores solamente, como lo fue con el moviendo obrero y no
  en su conjunto.

Contexto nacional e
internacional del Gobierno de Irigoyen

Irigoyen mantuvo la línea de "Neutralidad
benévola" hacia los aliados, lo que implicaba continuar
con el abastecimiento de los clientes
tradicionales y además concederles créditos para financias sus compras. Con la
entrada de Estados Unidos al
conflicto, se pone en tela de juicio la posición de
Argentina. Nuestro país se alejó de Estados Unidos
al no aceptar la doctrina del Panamericanismo.

La Primer Guerra Mundial
que estalló en el año 1914 fue un punto de
inflexión para el modelo agroexportador que llevaba a cabo
Argentina, lo que planteó nuevas pautas:

• 1. Se cortaron los flujos inmigratorios.

• 2. Se suspendieron los flujos de capital.

• 3. Estados Unidos comenzó a tener una
  presencia preponderante en las relaciones comerciales,
  instalando una competencia permanente e inestable.

• 4. las relaciones comerciales de Argentina quedaron
  determinadas de la siguiente manera:

Argentina

Inglaterra . . .
. . . .. Estados unidos

Registrándose un debilitamiento de la hegemonía
inglesa y un aumento de la norteamericana, quien se encontraba en
pleno auge del fordismo y el
taylorismo. Inglaterra buscó recuperar su liderazgo a
través del reformismo y la presión
terrateniente.

La sociedad rural comenzó la campaña, "solo se
compra a quien nos compra".

En este escenario el sector ganadero registra una
división sociopolítica:

• 1. Por un lado, los Criadores, que son aquellos
  productores que se dedican a criar los terneros hasta que
  adquieren la edad para ser llevados a loas campos de engorde
  donde aparecen los invernadotes.

• 2. Por otro lado se encuentran, los invernadotes,
  quienes solo se relacionan con los frigoríficos, en
  cambio, los criadores sólo se ocupaban del mercado
  interno.

La aparición del CHILLED –la carne enfriada- tuvo
como resultado la necesidad de carnes de buena calidad. A partir
del desarrollo de esta técnica fueron los invernadotes
quienes se hicieron cargo de la misma, dejándoles la
técnica de carne congelada –de menor calidad- a los
creadores.

Se podría concluir que durante el primer gobierno
radical la carne enfriada desplazó a la carne congelada,
generando una competencia
directa entre los invernadotes y los criadores para posicionar
mejor sus productos en
el mercado.

Los ingleses y los norteamericanos se dividieron los
frigoríficos para de esta forma manejar el mercado y poder
influir directamente sobre el precio.

Estos conflictos se agudizaron en los momentos de crisis. El
sector ganadero presionó al gobierno para el dictado de
leyes contra las Trust. En 1923 se sanciona la "Ley Anti-Trust",
la cual planteó la instalación de un
frigorífico estatal para romper con los acuerdos entre los
demás frigoríficos, además estableció
un precio mínimo de pago de la carne de exportación. La legislatura del pago de
kilage vivo y la inspección gubernamental.

La respuesta de los frigoríficos extranjeros fue "la
batalla por el precio mínimo", suspendiendo todas las
compras de carne de exportación y a partir de esto el
diálogo con los terratenientes para lograr presión
sobre el legislativo con el objeto de derogar la serie de leyes
sancionadas contra ellos.

El gobierno de Irigoyen no mostró intenciones de
modificar el modelo agroexportador, es más,
contribuyó a su mantenimiento.
El radicalismo solo apuntó a las transformaciones de la
cuestión social.

En el sector agrícola se presento la gran
problemática sobre la existencia de "la variable de
ajuste", que fueron los chacareros o arrendatario, ya que
sofrían un constante desplazamiento y esto se debía
a los vaivenes de la agricultura o
de la expansión ganadera. Esto generó la
posibilidad de atomizar las crisis.

Esta permanente rotación provocaba un desplazamiento
que tuvo como consecuencia:

• 1. La pérdida de sus mejoras.

• 2. El desarraigo.

• 3. No eran indemnizados ni por las mejoras ni por las
  consecuencias climáticas.

A partir del gobierno de Irigoyen se van a llevar a cabo una
serie de protestas con el fin de presionar al ejecutivo a toma de
medidas para la mejora de sus condiciones.

En 1917 se sancionó la "Ley de hogar", la cual
entregó tierras públicas a los arrendatarios,
aunque esto no tuvo demasiado efecto ya que nunca entregaron las
doscientas hectáreas, las cuales tampoco era demasiado
fértiles. Lo que tuvo como consecuencia vendieran los
latifundios.

El gobierno dictó una serie de leyes para los contratos
en el año 1921, las cuales establecían:

• 1. La devolución de las reformar
  realizadas.

• 2. Los contratos no podían ser menores a tres
  años, para de esta forma evitar el desplazamiento
  constante.

Para este período también se registra la "huelga
de los braseros", quienes estaban un escalón más
abajo que los arrendatarios ya que no contaban con ninguna
legislación que los amparara. Eran trabajadores golondrina
dedicados a levantar la cosecha. El anarquismo logró
aglutinar a los braseros para la huelga que reclamó la
mejora de condiciones y salarios.

Esta huelga repercutió en los intereses de los
terratenientes y arrendatarios, es por eso que estos grupos se
unieron para presionar al gobierno en la búsqueda de la
represión de este movimiento.

En la década de 1920 la producción
agrícola encuentra su techo. Se encontraban inmersos en
profundas crisis que se ven reflejadas en las huelga de los
distinto sectores.

La respuesta a este fenómeno se da a fines de la
década de 1920 cuando se registra un alza en los precios de los
cereales.

La Primer Guerra mundial
fue la que impulsó la producción industrial
sustitutiva. El capital norteamericano también
impulsó este proceso. Y la industria farmacéutica
entró de la mano de los alemanes.

Durante el gobierno de Alvear hubo un intento de llevar a un
60% más las tasas de exportaciones,
como medida proteccionista. El desarrollo industrial era muy
liviano, casi nulo. Se pensaba en la división
internacional del trabajo.

Otra de las cuestiones que surge en este momento fueron los
yacimientos petrolíferos, otorgándose concesiones a
capitales extranjeros sin demasiado control. Esto comienza a
cambiar durante la década de 1920 de la mano del General
Mosconi, quien planteó de manera estratégica al
estado del control total.

Se crea YPF –Yacimiento petrolíficos fiscales-
para desalojar y competir con los capitales extranjeros
existentes. La ideas de Mosconi obtuvieron media sanción
–ya que fue sancionada por diputados pero no por senadores-
esto se debió a una campaña que llevaron a cabo los
capitales extranjeros para desacreditar a Mosconi.

La campaña llevada a cabo estas empresas
petroleras son una de las causas del derrocamiento de Irigoyen en
el año 1930. A fines de la década del 1920 las
divisiones al interior de radicalismo se agudizaron y la
relación con los conservadores era cada vez más
difícil.

Conflictos
institucionales durante el primer gobierno Radical -1916-1930.
Ana María Mustapic

Puede considerarse a la ley Sáenz Peña como
aquella que intentó sentar las bases de el nuevo
compromiso institucional fundado en el pleno reconocimiento de
los derechos civiles de los ciudadanos, así como en las
minorías a participar en la gestión
de gobierno. Con su sanción se procuró dictar un
marco normativo –hasta entonces suficiente- a fines de
encausar el pasaje del régimen oligárquico al
régimen democrático. En el centro de esta
operación estaba la búsqueda de la
participación institucional de la Unión
Cívica Radical, que se había negado
sistemáticamente a cualquier entendimiento con la elite
gobernante, optando, en cambio, por la obtención electoral
y la actividad conspirativa.

Los cambios introducidos en la legislación electoral se
propusieron, por un lado, dar satisfacción a la
reivindicación entorno de la que el radicalismo
había plasmado su identidad como fuerza
política: la libertad del sufragio
–garantizada la libertad del voto perdían
justificación las tácticas revolucionarias del
partido-. Por otro lado, la adopción
del sistema de listas incompletas puso de manifiesto la voluntad
del grupo dirigente reformista de asegurar la presencia de la
oposición en el gobierno. Desde ese modo, se
respondía al malestar existente sobre el poder
político, el cual bajo el imperio del fraude se hallaba
concentrado en manos de la vieja gobernación de la
época.

Producida la renovación presidencial en el año
1916, que le otorgó el triunfo a Hipólito Irigoyen,
el carácter mismo de la transición que se
pretendía impulsar se constituyó en un nuevo e
inesperado problema. El radicalismo formado como partido
"antisistema" bajo la dominación oligárquica, no
abandonó esa postura una vez en el gobierno. Los
fundamentos mismo de la reglamentación vigente comenzaron
a ser objeto de interpretación divergente entre radicales y
conservadores, creando profundas tensiones entre el experimento
democrático iniciado en el año 1912.

Así las vicisitudes de la interpretación
parlamentaria reveló la existencia de un conflicto de
valores
políticos. La democracia no constituía un ideal en
cuya definición consideran los principales actores de la
época, por lo contrario, de delimitaron los perfiles de
dos concepciones incompatibles. Por otro lado, el estudio de las
interpretaciones parlamentarias y del recurso de la
intervención federal sirvió para demostrar como esa
posición de principios se expresó en el plano
institucional.

La posición sostenida por Irigoyen en sus mensajes era
tributaria de una concepción de democracia más
próxima al tipo plebiscitaria. De ella se consideró
pertinente retener: "la teoría
del mandato invocado y la visión de excepcionalidad del
rol presidencial".

La teoría del mandato esgrimida por Irigoyen
descansó sobre la noción de representación
en la que se vincula elecciones con autorización. Esta
vinculación puede entenderse de diversas maneras, las
cuales, a su turno, afecta a la legitimidad de las decisiones del
gobierno. Un cuestión central es la de establecer
quién es él que autoriza y para qué lo
hace.

Irigoyen se concebía como ejecutor de un mandato
encomendado por el pueblo. Pero, dada la ausencia en el Partido
radical de un plataforma electora, el mandato se
convertía, de hecho, en una transferencia de la voluntad
del pueblo a favor del poder ejecutivo. De donde se concluye que
Irigoyen había sido autorizado por el pueblo para actuar
según los dictámenes de su conciencia.

Irigoyen procuró definirse así mismo como la
personificación de los valores
del pueblo, su líder
por excelencia, el guardián del interés nacional y,
sobre todo, como un apóstol llamado a cumplir un misión
histórica.

La identidad establecida por Irigoyen entre presidente y
gobernadores llevó a ver al Poder ejecutivo como la
realización de la soberanía popular. Así las cosa, el
congreso dejaba de expresas un valor democrático, para
llenar apenas un función técnica. Según
Irigoyen la voluntad popular, única e indivisible, no
admitía ser contradecida, como tampoco toleraba
obstáculos que se interpongan a la centralizada
política del líder que encarnaba. La única
formula institucional reconocida por este tipo de democracia es
el plebiscito.

Las creencias de Irigoyen se tradujeron en gestos
simbólicos significativos que pusieron de manifiesto el
desajuste entre su visión de orden político y las
imposiciones de las normas
constitucionales. Así sería el primer y
único presidente que decidiera no concurrir a la apertura
anual del congreso, subrayando su desinterés por el
parlamento. Ilustrativo fue también el desplazamiento de
su rol y la función decisional hacia el poder ejecutivo.
La distribución del poder entre 1916 y 1922 no
favorecía justamente el desarrollo de esta tendencia. El
papel predominante del ejecutivo que en el pasado estaba
garantizado por la existencia de la mayoría adictivas
artificialmente fabricada por el fraude, ahora se asentaba en las
decisiones unilaterales del presidente.

En la visión de Irigoyen el consenso mayoritario era el
que recogía en las urnas y no el que se lograba en el
ámbito de las negociaciones parlamentarias. Lo que
colocó también a sus propios correligionarios en el
congreso frente a un dilema. En tanto en el parlamento, los
diputados radicales no dejar de concebirse como expresiones de
las aspiraciones políticas de la nación. En este
sentido competían con las pretensiones del ejecutivo y en
más de una oportunidad reivindicaron frente a este al
parlamento como traducción institucional de un valor
democrático. A su vez, e su calidad de mayoría
radical demostraron compartir el punto de vista presidencial
cuanto se trataba de reestablecer espacios políticos a la
minoría. Su actuación en el Congreso fue generosa
en malabarismos técnicos y retóricos que buscaban
conciliar las lealtades escindidas. Así, en la
ocasión del debate alrededor de un pedido de
interpelación, el líder del bloque radical,
León Anastasí; defendió
simultáneamente la tesis del
presidente como la del Congreso.

La oposición, por su parte, optó
comprensiblemente por colocar al Congreso en el centro de la
argumentación política. Esta fue, en rigor, una
opción impuesta por las circunstancias, puesto que el
parlamento era el lugar al que había estado confinada su
influencia en las instituciones. Pero al realizarlo, al poner el
acento en el respeto a las
atribuciones del congreso, la oposición se presentó
al debate envuelta en las banderas de la defensa del orden
institucional. Su prédica estuvo dirigida a subrayar que
la constitución Argentina, con la
separación y división de poderes, con los mecanismo
de peso y contrapeso incorporados al juego político,
ponía ciertos límites a las pretensiones de ejercer
el monopolio de
la representación popular. Desde esta perspectiva, se
mostraba dispuesta a considerar legítimas solo aquellas
decisiones que hicieran caso omiso a este proceso de
formación de consenso a través de las instituciones
parlamentarias, las cuales estaban destinadas, según su
juicio, a ser antidemocráticas por definición, lo
que autorizaba a las minorías a oponerles resistencia y su
condena.

Planeaba de este modo la controversia, para muchos
conservadores, a quienes seguramente la necesidad hizo virtuoso.
Irigoyen estaba destruyendo "la confianza en la estabilidad de
las instituciones y el temor reverencial a la
constitución". Algunos, incluso, fueron más lejos y
apuntaron decididamente al campo intrainstitucional, aludiendo a
la violación de las normas constitucionales por parte del
presidente, justificándose en el derecho de
rebelión.

Entre las razones que llevaron a Irigoyen a designar un
moderado como Marcelo T. de Alvear como su sucesor en la
presidencia ¿habrá estado reconociendo las
necesidades de restaurar la confianza en la
oposición?.

CONCLUSIONES

El artículo de Ana María Mustapic se
ocupó de los conflictos y tensiones generadas por el
desajuste entre el marco institucional y las creencias
políticas durante la primera presidencia de Irigoyen que
tuvo lugar entre 1916 y 1922.

Los resultados de las elecciones del año 1916 dieron
lugar a una singular distribución del poder. Mientras que
la Unión Cívica Radical accedía a la
magistratura, la vieja elite dirigente continúa
controlando ambas cámaras legislativas. Aunque en el
año 918 pierden el control de la cámara de
diputados, aunque su firme posición en el senadote
permitió retener aún el poder de veto en proceso de
toma de
decisiones. Dado que la constitución de 1853
concebía la ejecutivo y al legislativo como poderes
colegiados, la paridad de fuerzas entre los radicales y los
conservadores amenazaban con paralizar el aparato
gubernamental.

Las estrategias posibles eran las clásicas: o se optaba
por una política recooperación o por una de
confrontación. En el caso de confrontación se
intentaba transformar, ya sea al ejecutivo o al congreso. De
hecho, esto fue lo que sucedió, tal como es ilustrado en
la "interpretación parlamentaria y en la
intervención federal". Intentándose demostrar, por
un lado, que los principales antagonistas del período
sostuvieron visiones opuestas acerca del régimen
democrático deseable y, por otro lado, que ello
afectó los mecanismos constitucionales poniendo a prueba
su flexibilidad pero al precio de crear profundas tenciones en el
sistema
político.

El gobierno radical:
Debate institucional y práctica política. Ana
Virginia Persello

El acceso del radicalismo al poder, en 1916, fue posible en la
medida que esa intensión –de la ampliación de
la participación política- se tradujo
en ley. En 1912, la sanción de la ley Sáenz
Peña incorporó la obligatoriedad y secreto del
voto, con el propósito de evitar el fraude, la
manipulación del electorado y el desplazamiento de los
círculos enquistados en el poder.

Sus primeras aplicaciones a nivel provincial le dieron el
triunfo a UCR en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos y
en el ámbito nacional entre 1916 y 1930, se sucedieron
tres gobiernos radicales, el de Irigoyen y Lena de 1916-22, el de
Marcelo T. de Alvear entre 1922.28 y el de Irigoyen de
1928-30.

Se inició así una nueva experiencia en la que se
combinaban nuevas prácticas con viejos modos de hacer
política. Nuevos sectores se incorporaron a la
práctica del sufragio, lo cual modificó la
estructura de los partidos que debieron competir en otros
términos por la conquista del poder, ampliando su aparato
y adaptándose a campañas electorales masivas.
Combinaron la composición y la dinámica del Congreso, el radicalismo por
primera vez ocupó el gobierno y los tradicionales sectores
gobernantes ocuparon el rol de la oposición.

El período de los gobiernos radicales estuvo atravesado
por un debate acerca sobre el sentido de las transformaciones que
se operaban en la vida política. Es decir, la apertura
electoral planteó como tarea la construcción de un
sistema político democrático, que pudiera en acto
los principios representativos, republicanos y federales
inscriptos en la constitución, y lo que ahora enfrentaban
a los diferentes sectores era el contenido que le asignaba cada
uno de ellos.

Sus términos oponían al presidencialismo con el
parlamentarismo y, por ende, discutían el lugar de la
soberanía: el principio de legitimidad del gobierno
representativo, la forma de que debía adoptar el sistema
electora: "la separación o el involucramiento de la
política en la
administración".

EL GOBIERNO REPRESENTATIVO: PARTIDOS POLÍTICOS

El análisis de la ingeniería institucional y de las
prácticas conlleva a un diagnóstico de crisis moral, intelectual y
política, uno de cuyos elementos centrales era la ausencia
de aquellos partidos políticos que eran la
condición SINEQUANON para democratizar y moralizar la mida
política. En su lugar, predominaba el personalismo, los
círculos de notables y la manipulación de
elector.

La ampliación del sufragio situó a los partidos
políticos en el centro de la escena política. La
política de masas requería de organizaciones para
reclutar al elector junto con la demanda por la
ampliación de la participación, las organizaciones
políticas, la prensa y los publicistas demandaban la
organización de los pertidos permanentes y
orgánicos.

Los estatutos de 1892 de la UNR proponían la
conformación de agrupaciones permanentes, principistas e
impersonales y establecer un gobierno descentralizado,
dándole al partido una estructura federalista con bases de
clubes.

Se diferenciaban de este modo del Partido autonomista
nacional, agrupaciones constituidas por grupo de notables
provinciales, sin dirección centralizada y de la que
surgían, a partir de una complicada red de alianzas renovada en
cada coyuntura electoral. Era el grupo en el poder, y la
recurrencia al fraude evitaba el reclutamiento
de adherentes, la ampliación de sus bases o la
construcción de un partido centralizado.

El sector conservador temía la dispersión
conservadora y la hegemonía del sector radical liderado
por Irigoyen. Las predicciones negativas se transformaron en
constataciones una vez dictada la ley Sáenz peña.
Fracasó el intento de las fuerzas conservadoras con el eje
en el partido Democrático progresista y la candidatura de
Irigoyen se impulsó en la convención de la UCR.

EL PARTIDO GOBERNANTE:

El radicalismo se enfrentaba a su nuevo rol de partido
político. Esta situación lo obligaba a ocupar
escenarios que eran ajenos, como el Parlamento y la burocracia,
liberando, por un lado, tensiones inscriptas en su origen
heterogéneo y por otro, incorporando conflictos nuevos que
se relacionaban con la superación del plano de las
abstenciones y los postulados abarcadores para pasar a las
realizaciones concretas en una coyuntura complejizadas por la
primera guerra
mundial.

El radicalismo se había construido como un partido de
oposición. Sus adherentes se aglutinaban a partir de
la lectura
compartida de los que funcionaba, de los cambios que
habían producirse para poner en vigencia un régimen
político democrático, que, aunque inscrito en la
propia legitimidad oligárquica, era permanentemente
escamoteado por prácticas excluyentes.

El orden legislativo era aquel que limitara al poder
dividiéndolo y descentralizado. La intervención
exclusiva del estado iba a detrimento de las libertades
individuales. Los poderes de gobierno central debían tener
carácter excepcional porque allí donde
residía la soberanía sino en el parlamento,
única institución que no ofrecía peligro
para los derechos y libertades públicas y que evitaba el
despotismo.

A diferencia de Alem, la preocupación de Irigoyen
pasaba por la construcción de una nación como
instancia privilegiada de articulación posibilitando la
síntesis de agregación de conjunto
social.

El partido radical iba construyéndose como una
organización que se pretendía impersonal
diferenciándose de los personalismo que acuño la
oligarquía, pero también como fuerza que
pretendía monopolizar la construcción del estado.
Allí se funda la ruptura del partido en el año 1924
entre el personalismo y el antipersonalismo. La oposición
al liderazgo de Irigoyen recuperó la carta
orgánica de 1892 y el propósito central de Alem
–organizar una asociación impersonal-.

Cuando el radicalismo pasó a de ser un partido de
oposición a partido de gobierno, las tensiones adoptaron
la forma de dimensiones locales y no cuestionaron el liderazgo de
Irigoyen, pero progresivamente se fueron transformando en un
enfrentamiento por definir donde residía el "verdadero"
radicalismo: en la causa sintetizada de su líder o en el
partido.

Se enfrentamiento adquirió nivel nacional. La
gestión irigoyenista comenzó a ser cuestionada ya a
fines del 1918 en el Comité de la Capital, donde se
redactó un documento que enumeraba las cuestiones que
preenunciaba la ruptura: ausencia de programa, de ideas y de
principios, ausencia de autoridades centrales en el partido y su
reemplazo por una jefatura indiscutida, la del presidente de
la
república, lo que generó confusión en el
partido y en el gobierno, Comités formados por empleados
públicos o aspirantes a serlo que provocaban la
retracción de los militares prestigiosos. La ruptura
antipersonalista estaba en marcha, aunque recién se
consumó en el año 1924.

Las elecciones de 1922 produjeron una primera
separación con la conformación del Partido
Principista, que convocó al radicalismo a reorganizarse
según los principios originarios que consideraban
traicionados por Irigoyen. Su primera manifestación fue el
conflicto entre el vicepresidente, presidente natural del Senado
–Elpidio González- y senadores opositores a
Irigoyen.

Se produjo una división del radicalismo en personalista
y antipersonalistas, es decir, la figura de Alem se oponía
a la de Irigoyen.

La ruptura del partido gobernante provocó re
alineamientos al interior de los partidos de oposición.
Finalmente, todos los sectores coincidían en una formula
común para las elecciones de 1927.

PARLAMENTO

Cuando Irigoyen asumió la presidencia, la cámara
baja se componía de 120 diputados y la alta de de 30
senadores. El radicalismo obtuvo 43 bancas de diputados y 4 de
senadores. Una primera mirada a los cambio en la
composición de sectores a lo largo del período
muestra el
crecimiento de los radicales en términos de los
conservadores. En cuanto a los partidos menores, el socialismo y
la Democracia progresista, mantuvieron un número de bancas
más o menos constantes hasta 1928. En ese período
legislativos los demócratas perdieron su
representación y los socialistas, divididos, se las
repartieron con ventajas para los independentistas.

Lo que respecta al partido radical en el sector legislativo
existía la separación entre el partido y el
gobierno. Se podía ser radical y opositor. El gobierno era
personalista y, por ende, ajeno a las tradiciones del partido que
se basaba precisamente en el repudio al personalismo.

Otro grupo, el más numeroso, se sentía solidario
con el mandato por el cual Irigoyen fue ungido. La misma
lógica se despliega durante los años de gobierno de
Alvear. Para los irigoyenistas el presidente se apartaba de la
tradición parlamentaria y esto justificaba las
obstrucciones y ausencias al recinto parlamentario.

La ausencia de partidos orgánicos y disciplinarios
fundamentaba dos tipos de planteaos: no modificar el accionar del
partido a través de reformas legislativas en el marco de
la representación territorial o promover cambios que los
reemplacen por otras formas de mediciones funcionales,
sectoriales y de interés. Detrás de ambos
argumentos estaba la cuestión de la ley Sáenz
Peña, para los primeros esta necesario modificarla.

EL PRINCIPIO REPUBLICANO: LA RELACIÓN
EJECUTIVO-LEGISLATIVO.

La principal cuestión de la época fue el
desequilibrio entre la labor legislativa y el debate
político. Para los radicales, la ineficacia parlamentaria
era producto del obstruccionamiento que enjuiciaba
permanentemente al gobierno y al partido para provocar
dilataciones. Para la oposición, la explicación se
encontraba, por un lado, en la división del partido
radical que obviamente se trasladaba al congreso y provocaba un
enfrentamiento enconado y posiciones irreductibles, y por otro
lado, en la sujeción del partido al gobierno,
fundamentalmente al ejecutivo.

En los dos períodos presidenciales de Irigoyen
aumentó considerablemente el número de
interpelaciones fracasadas en relación con los
períodos anteriores. En la última presidencia, el
radicalismo personalista contaba con la mayoría absoluta
en la cámara de diputados, es decir, es la misma
cámara de diputados la que renunciaba a la facultad de
interpelar en una actitud de protección al Poder
Ejecutivo.

Se registró un abuso de las facultades ejecutivas de
intervenir las provincias en el receso parlamentario. La
conflictiva relación entre el legislativo y el ejecutivo
dio lugar a un debate sobre el lugar de la soberanía que
no llegó a poner en cuestión las formas del
régimen político.

En cuanto a las intervenciones por decreto, los radicales
sostenían que la constitución le otorgaba al
ejecutivo, tácticamente, la facultad de intervenir sin
restricciones en los períodos de receso parlamentario,
aunque muchos de ellos consideraban abusivo el accionar del
ejecutivo, por ejemplo, cuando intervenía solo dos
días antes de que el Congreso reanudara sus actividades.
El grupo personalista esgrimía, en última
instancia, el principio de supremacía de la voluntad
popular sobre la división de poderes.

Los ministros de Alvear acudieron al Congreso y disminuyen las
intervenciones por decreto. La crítica
a Irigoyen por exceso se convierte en una crítica a Alvear
por defecto. Si el primero ejercía una injerencia
absorbente que violentaba la división de poderes, Alvear
se abstuvo de colaborar y coordinar la tarea de legislativa
dentro de los límites de sus atribuciones.

Entre 1916 y 1922 Irigoyen intervino nueve provincias
gobernadas por conservadores y diez encabezadas por radicales.
Así, al terminar su mandato, todas las provincias, excepto
Santa Fe, habían sido intervenidas y algunas en varias
ocasiones.

Las intervenciones a los gobiernos conservadores daban
respuesta a la ilegitimidad, el argumento era que sus
gobernadores habían sido elegidos en elecciones
fraudulentas y era necesario devolver la soberanía al
pueblo de las provincias, en cambio, los motivos de las
intervenciones provinciales a gobierno radicales eran varios,
pero en general respondían a los conflictos entre los
poderes: gobernadores que clausuraban a la legislatura o
legislaturas que no reconocían a sus gobernadores.

Al iniciar su Gobierno Alvear intento diferenciarse de
Irigoyen, sin provocar rupturas en la política
intervencionista. Solo dos provincias fueron intervenidas: San
Luís y San Juan.

Uno de los intentos para modificar la política de
intervenciones fue el proyecto de reforma parcial de la
Constitución en el año 1923. La iniciativa
reducía el mandato de los diputados a tres años,
estableciendo elecciones directas de los senadores y la
renovación total de la cámara. Sustrayendo la
elección de los senadores a las legislaturas provinciales
se intentaba eliminar uno de lo modos conflictivos de la
relación entre los gobierno provinciales y nacionales y,
por ende, uno de los motivos más frecuentes para las
intervenciones federales.

Vicente C. Gallo se hizo cargo del Ministerio de Interior
diferenciándose de Matienzo, volvió a las
intervenciones por decreto. Los conservadores cuestionaban los
decretos y los radicales la conducta del
Ministerio. El ministro era parcial y favorecía en las
situaciones provinciales a una facción radical en
detrimento de la otra, con la intensión de cambiar el
signo político con vista a las elecciones de 1928.

Durante el segundo gobierno de Irigoyen los argumentos de los
legisladores personalistas se extremaron y las posiciones se
tornaron más dificultosas: "el pueblo tiene cada seis
año la libertad absoluta de elegir el presidente de
mandar". El equilibrio
entre gobierno y pueblo está por encima del principio
federal.

ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICA

La burocracia se consideraba la fuente de prebendas al
servicio de
los círculos de poder, en efecto perverso del fraude
electora, un lugar donde se pagaban votos y lealtades. Moralizar
la administración equivalía a sujetarse
a reglas claras, eliminar la arbitrariedad y las clientelas. Para
los impulsadores de la ampliación del sufragio, esta
determinaría los favoritismos y la ineficacia.

Las críticas a la administración continuaban y se mantuvo en
la imagen de una
burocracia estatal subordinada al partido político
gobernante y puesta a su servicio exclusivo e inoperante.

Lo que si se renovó fueron los elencos
burocráticos. Los gobiernos electores fueron dejando paso
a los partidos. La pertenencia al círculo de los notables
que "garantizaban" la capacidad, el mérito y el talento
unido a una cierta posición social fue dando lugar a la
militancia partidaria a la hora de designación
funcionarios y las vinculaciones tradicionales, a los lazos de
lealtad y a la afiliación a un comité si se trataba
de seleccionar empleados públicos.