Política Criminal

Lizt define Política Criminal
como: "el contenido sistemático de principios
-garantidos por la investigación científica de las
causas del delito y de la
eficacia de la
pena- según los cuales el Estado
dirige la lucha contra el delito, por medio de la pena y de sus
formas de ejecución".-

Teniendo un claro y firme propósito
nuclear, la lucha contra el crimen, atendiendo "a la posibilidad
y a la necesidad de formular a nivel comunitario una propuesta
jurídico criminológica de tipo pragmático
tendiente al estudio y evaluación
de las medidas instrumentalmente útiles a la
prevención y tratamiento de la fenomenología criminal;

Raffo de la Reta, expreso: "el
delito y el delincuente son complementarios, lo mismo que la
enfermedad y el paciente".

Como se comprenderá, la acción
del Estado es
primordial en la eficaz lucha contra el flagelo
delictivo.-

Romagnosi consideraba cuatro
causales concurrentes en los delitos:

* No alcanzar las necesidades
básicas para la subsistencia.-

* Carencia de educación.-

* Deficiencia de
vigilancia.-

* La Injusticia…-

Lo que transcribo a continuación lo
tome de un análisis presentado en Internet de la Univ.
Kennedy:

¿Qué es una Política Criminal
Integral? Un conjunto muy amplio, complejo y diversificado de
medidas y acciones
desarrolladas bajo el impulso del estado pero con amplia
participación comunitaria, tendiente a reducir,
limitar  y atenuar el delito en general, y la violencia que
suele ser su acompañante tradicional y todo ello
promoviendo el ascenso social de la población y el desarrollo
económico  del país.

¿Cómo se elabora una Política
Criminal?

Primero hay que efectuar un amplio diagnóstico por áreas de
problemáticas y de instituciones
y organizaciones
sociales, no limitadas sólo al delito, aunque las cifras
de éste serán fundamentales.

El diagnóstico nos permitirá comparar la
situación existente con una situación
razonablemente satisfactoria, que en este caso sería la
ideal. De allí surgirán los pasos a seguir en la
planificación y posterior ejecución
de un plan, por
ejemplo, un Plan  Director de Política
Criminal.

La Política Criminal Integral
procurará que el delincuente no pueda delinquir, pero
fundamentalmente procurará que el niño o joven,
especialmente el marginal, aquél abandonado por su
familia, por
el Estado y por la sociedad,  no se convierta
en delincuente; que otros no se hagan adictos a las drogas o
al alcohol; que
se reduzca la circulación ilegítima de armas de fuego,
que se refuercen los sistemas
educativos y recreativos para la niñez y la juventud, con
énfasis en la formación en valores; que
se brinde apoyo a la familia de
bajos recursos; que se
organicen los barrios y las comunidades participativamente y que
en cada zona se creen esquicios de prevención en coordinación con la policía y que se
involucren todos en recuperar el espacio urbano muchas veces
"desertizado" por haber sido abandonado por los vecinos y cedido
a los delincuentes, quienes rápidamente se instalan en
él.

Deben también ser objeto de análisis las
instituciones vinculadas a la minoridad, frecuente "semillero"
del  delito adulto. Reestructurados integralmente los
servicios
penitenciarios (legislación, reglamentación,
infraestructura, capacitación y selección
del personal,
metodología de tratamiento, etc.) y puestos
en funcionamiento real los postpenitenciarios para asegurar una
adecuada reinserción
social de la prisión y las medidas y sanciones penales
no privativas de libertad para
los autores de delitos menores mediante un tratamiento educativo
y correctivo;  modernizada y agilizada  la justicia,
frecuentemente morosa e ineficiente, etc.

La elaboración de un Plan Director de la
Política Criminal debe buscar, además, el consenso
con todos los sectores políticos y sociales,
comprometiéndolos en los mismos objetivos,
para así conformar una Política de Estado duradera
y estable  y no una ocasional política del gobierno de
turno.

El Plan debe contar con un presupuesto e
identificar las fuentes de
financiamiento y además contar con un organismo de
conducción del más alto nivel (científico y
funcional) y con instrumentos de evaluación para analizar
los resultados y corregir las desviaciones.

Un estudio promovido por el Banco
Interamericano de Desarrollo y
desarrollado por Juan Luís Londoño y Rodrigo
Guerrero (Violencia en América
Latina. Epidemiología y Costos, Documento
de Trabajo 
BID. R 375, agosto de 1999), se estableció, luego de
estudiar seis países de Centro y Sudamérica, que la
violencia llegaba a consumir hasta el 24,9% del Producto Bruto
Interno en alguno de ellos, con un promedio, considerando los
seis en conjunto, del 14,2%.