Formulación y configuración de la política criminal dominicana al amparo del plan de seguridad democrática (página 3)

Esto va mas allá de si se logra una sentencia o
no para los intereses particulares, lo que queremos establecer es
que todo va a depender de si dicho proceso penal
ha sido llevado a cabo de acuerdo a los derechos y garantías
que atañen al imputado tanto constitucionalmente como por
mandato de la ley
ordinaria.

Esto es lo que salvaguarda un verdadero Estado de Derecho
en un país, donde se garantice a sus habitantes la buena
aplicación de la ley por vía de consecuencia la
justicia.

En el código
procesal penal de la Republica
Dominicana se afianzan algunos derechos y garantías.
Decimos afianzan por que a diferencia de la carencia popular, no
son derechos que surgen a la luz de dicho
código, honestado vigentes en el articulo 8 de la constitución, bajo el nombre de "Los
derechos individuales y sociales".

El derecho
procesal penal es un derecho
constitucional aplicado, puesto que todos sus principios
rectores tienen su fuente en la constitución de la
Republica y en los pactos internacionales debidamente ratificados
por los poderes públicos.

Así podemos concluir diciendo que el derecho
procesal es una herramienta de la política criminal, ya
que con el derecho procesal penal se respetan los derechos del
ciudadano al momento de sancionarlo por la comisión de un
ilícito.

CAPÍTULO IV

Formulación de la política
criminal dominicana

La formulación de la política criminal se
concretiza a momento en que una decisión política
criminal se objetiviza dando comienzo a un proceso
social.

4.1- La Política Criminal
Dominicana

La política criminal dominicano ha dado un
cambio
bastante considerable en los últimos tres años
(2005 en adelante), esto así por la forma en que se esta
configurando la misma y por el papel que están jugando
tanto la secretaria de interior y policía como las
demás instituciones
del estado
involucradas de manera directa e indirecta con el
tema.

Antes de continuar y a modo de premisa, no debemos de
dejar de mencionar lo que era la política criminal
dominicana desde la era de Trujillo hasta los gobiernos de
Balaguer. En aquellos tiempos de la dictadura y
los 12 años de Balaguer, la política criminal
envestida por el poder penal,
absolutamente canalizado por un sistema penal
oculto, el cual consistía, en torturas, desapariciones,
ejecuciones extrajudiciales, etc., pretendía exterminar la
criminalidad y no curarla, esta situación se debía
-en el caso de la era de Trujillo- a que para el jefe los
delincuentes eran aquellos que estaban en contra del
régimen y por tal habías que eliminarlos, lo mismo
sucedía en el caso de Balaguer. En estos tiempos la
democracia
estaba hermetizada y para estos dos grandes lideres dominicano la
misma no estaba apta para el pueblo dominicano, ya que un pueblo
sin democracia es mas fácil de gobernar que un pueblo que
pueda dar opinión entre lo bueno y lo malo que pasa en una
nación.
Antes de concluir con el aspecto histórico de acuerdo con
la prensa de
aquellos tiempos y los documentales de René Fortunato
podemos apreciar que el índice de criminalidad
delincuencial era casi cero en la era de Trujillo y que los casos
que la policía reprimía era siempre en contar de
las personas que luchaban a favor de la libertad y en
contra del régimen. En el caso de los gobiernos de
Balaguer fue casi lo mismo la única diferencia que podemos
encontrar es que en ese periodo ya la población empieza a crecer entramos ya en
un proceso de cambio social y esto trae como resultado
-además de no tener miedo absoluto como cuando Trujillo-
nuevos barrios que con el tiempo se
fueron enrojeciendo, debido al descuido, a la situación
dejada por el triunviratum y la revolución
del 1965 y también a la falta de oportunidades generadas
por esas causas. En aquellos momentos la política criminal
estaba dirigida por la policía nacional, y no obstante
eso, por una policía sin preparación que lo
único que sabia hacer para prevenir lo que se consideraba
delincuencia
era valerse del sistema penal oculto.

Ya para el año 1996 las cosas empiezan a cambiar
con el inicio de un nuevo gobierno, un
gobierno que surge como la consecuencia de un "cerrar la
puerta para que el malo no entre", este primer del gobierno
del doctor Leonel Fernández empieza a cambiar el curso de
las políticas
del Estado y además da inicio a la democracia que hoy
estamos disfrutando.

Para este primer periodo del doctor Leonel
Fernández, la política criminal no sufrió un
cambio muy considerable, pero si podemos decir que en lo que se
refiere a la estructura de
la política penal hubieron mejoras, tanto en el ministerio
publico como en el cuerpo del orden.

Para el año 2000 en el gobierno de
Hipólito Mejía la política criminal sufre un
cambio. En el mes de abril del año 2003 se promulga
"El Estatuto Del Ministerio Público" (ley 78-03),
la cual vino dar cierta prerrogativas al ministerio publico entre
las cuales esta la de dirigir la política criminal del
Estado.[16]

Dos años más tarde en febrero del 2005,
con Leonel Fernández nuevamente a la cabeza, y con
Francisco Domínguez Brito, quien a la sazon era procurador
general de la republica y Franklin Almeyda en interior y
policía se anuncia "El Plan De Seguridad
Democrática Para la Republica Dominicana". Este plan
propone el fortalecimiento institucional de la policía, la
creación de la policía comunitaria, el adiestramiento de
la policía y fuerzas armadas en situaciones especiales,
así como una estrategia de
comunicación que contribuiría, entre
otras cosas, a cambiar la percepción
negativa de la ciudadanía respecto a la gestión
policial.

El plan de seguridad de seguridad democratita es
justificado por sus precursores diciendo: "Que en nuestro
país como en otros de la región latinoamericana,
las políticas de prevención suelen caracterizarse
por la imprevisión y la improvisación, con los
resultados lógicos que ellos suele aparejar".

Contribuye a ello varios factores: a) no se conoce la
criminalidad real del país, pues no se cuenta con
estimación de la cifra negra (infracciones no denunciadas)
y es defectuosa la medición de la criminalidad oficial
(infracciones denunciadas) en gran medida producto de la
debilidad institucional; b) no existen trabajos de campo, sobre
las modalidades delictivas de mayor gravedad o de mas alto
impacto social; c) no se cuenta con programas
específicos que actúen sobre factores asociados al
delito y la
violencia; d)
el sistema de investigación y persecución de las
infracciones es demasiado ineficiente, de tal modo que la
mayoría de los autores no son identificados y un alto
porcentaje de los individualizados eluden la acción
de la justicia; e) el sistema carcelario, en lugar de favorecer
la rehabilitación de los autores de las infracciones,
representa un potente factor criminológico
adicional.

Desarrollar un plan eficaz exige, por un lado contar con
información confiable vinculada con el
fenómeno sobre el cual nos proponemos actuar, y por el
otro, hacerse cargo de la complejidad de ese fenómeno y de
los niveles de intervención, todo lo cual reclama un
trabajo
conjunto y mancomunado de los organismos estatales con
responsabilidades directas, pero también de aquellos otros
que pueden actuar sobre los factores subyacentes asociados a la
criminalidad ( pobreza, marginalidad,
desamparo, inserción laboral, acceso
ala educación, etc.).

4.1.2- División de la
política criminal dominicana

Desde la pronunciación del Plan de Seguridad
Democrática en febrero del año 2005 la
formulación de la Política Criminal dominicana se
particionó en tres tipos de acciones para
combatir el mal de la criminalidad en el territorio dominicano,
siendo estas las siguientes:

a) Acciones De Carácter Preventivo

Control Del Expendio De Bebidas
Alcohólicas.

Acciones: Promover la adopción
de medidas dirigidas a:

• Prohibir el expendio de bebidas alcohólicas a
  través del mecanismo de venta directamente al
  conductor en su automóvil (Drive-Thru):

• Disponer una hora límite para el expendio de
  alcohol en los colmados:

• Disponer una hora límite y días
  específicos para el expendio de alcohol en los
  lavaderos y otros establecimientos de
  diversión:

• Controlar el cumplimiento de estas normas a
  través de los órganos y medidas que resulten
  adecuadas a tal fin.

Justificación: El control sobre la
venta de bebidas
alcohólicas procura reducir los efectos de un factor
asociado a muchos delitos y a la
violencia (riñas, homicidio,
accionar de pandillas, delitos en el tránsito,
etc.).

Institución responsable: Corresponde a la
Procuraduría General de la
República hacer la petición a las autoridades
municipales y de salud
pública, justificando la necesidad de la
regulación. A las autoridades municipales les compete
dictar las ordenanzas y controlar su cumplimiento.

Transporte
Público.

Acciones: Plantear la necesidad d desarrollar un
Programa de
Regularización Gradual de los vehículos del
transporte
público, que debe contemplar en una primera etapa, lo
siguiente:

• Disponer mecanismos visibles de
  identificación, tales como el pintado de los techos de
  los vehículos de transporte de pasajeros
  público, los servicios de taxis y otros.

• Disponer la retención de los vehículos
  sin placa, depuración de su estatus, entrega previa
  justificación legal del derecho de
  propiedad.

• Hacer un reempadronamiento de las unidades de
  transporte público urbano (buses, taxis,
  vehículos de alquiler. etc.), y exigir la
  verificación técnica de los automotores con
  cierta periodicidad.

Justificación: Los asuntos indicados no
agotan los aspectos preocupantes vinculados con el
tránsito, pero representan formas elementales de atender a
la seguridad vehicular, para ir revirtiendo paulatinamente el
caos del transporte público y del tránsito de los
particulares.

Institución responsable: El Ayuntamiento
del Distrito Nacional, y los Municipios de Santo Domingo y
Santiago, como primeras áreas de desarrollo de
las acciones. A tal fin, la Procuraduría General de la
República solicitará, motivadamente, la
adopción de las medidas indicadas.

Juegos De Azar

Acción:

• Disponer el retiro de máquinas tragamonedas
  de colmados y otros lugares no apropiados ni
  autorizados:

• Redoblar la vigilancia y otras medidas de control,
  para impedir la venta de bebidas alcohólicas en las
  bancas de apuestas.

Justificación: La popularización de
estas máquinas y
las características de accesibilidad de los colmados y
otros lugares similares posibilita la presencia de menores de
edad sin restricciones horarias, mientras los adultos y los
propios menores consumen bebidas alcohólicas, todo lo cual
es nocivo para el proceso de socialización de los niños y
jóvenes.

Institución responsable: Los Municipios y
Lotería Nacional. La Procuraduría hará una
solicitud fundada a las autoridades municipales a tal
fin.

Tránsito De
Vehículos

Acción:

• Acentuar los controles sobre las licencias de los
  conductores, los seguros obligatorios, los principales
  mecanismos de seguridad de los vehículos conductores
  (cascos de motociclistas, cinturón de
  seguridad);

• Un mayor control sobre las autopistas. tanto en lo
  concerniente a las condiciones de preservación de la
  cinta asfáltica. vías de ingreso y egreso y la
  regulación de medios de transporte especiales (equipos
  pesados. maquinaria agrícola, etc.):

• Prevención de conductas riesgosas de peatones
  y ciclistas, además de la observancia de las normas de
  tránsito.

Justificación: Es indispensable comenzar a
revertir también en este aspecto un generalizado estado de
incumplimiento de las reglas específicas, que contribuye a
la inseguridad de
las calles y que favorece la pérdida del valor
simbólico de las normas y de la
ley Las medidas aludidas deben ser el punto de partida mientras
se diseña y se implementa un Plan Integral de Seguridad
Vial.

Institución responsable: Los Municipios.
Obras Públicas y Autoridad
Metropolitana de Transporte (AMET) y Autoridad Metropolitana de
Transporte de Santiago (AMETRASAN). Al efecto la
Procuraduría General de la República hará
una solicitud motivada a tales organismos.

Violencia En Las Escuelas Y
Mediación Escolar

Acción: Elaborar un Programa de Prevención
de la Violencia y de Mediación Escolar, que contemple,
entre otras acciones, las siguientes:

• Medidas de concientización dirigidas a los
  jóvenes y a los maestros, a fin de propiciar el
  diálogo y desalentar las formas de comportamientos
  violentos (charlas, cine–debate, concursos literarios o
  artísticos, etc.);

• Capacitación de los docentes en la
  detección temprana de actitudes y conductas
  agresivas;

• Programas de apoyo a los docentes que se
  desempeñan en establecimientos escolares
  difíciles;

• Desarrollo de estrategias para fomentar en los
  educandos prácticas de respeto y entendimiento, para
  aceptar diferencias, la diversidad cultural y el
  pluralismo;

• Acciones que promuevan en los educandos la
  responsabilidad individual, asunción de reglas
  (autorregulación), tolerancia a la frustración,
  solidaridad, cooperación y el compromiso
  social;

• Puesta en marcha de un Programa de Mediación
  Escolar, que permita establecer una instancia de
  resolución pacífica de conflictos en el
  ámbito de cada escuela, con capacitación de
  operadores (maestros y alumnos), para intervenir como
  facilitadores o mediadores.

• Para situaciones más graves, la
  participación y acompañamiento de la Unidad de
  Atención a las Víctima, dependiente de la
  Procuraduría General de la República, brindando
  medidas especiales de protección o asistencia, y
  derivando al sistema formal aquellos casos que no puedan
  resolverse en las instancias mediadoras.

Justificación: Las escuelas se han
transformado en uno de los espacios donde se proyecta la
violencia y poseen una alta capacidad para influir en comportamiento
los jóvenes fuera de la Escuela. Por
ello, en varios países del mundo se han diseñado
planes para reducir la intimidación y la violencia en las
escuelas y en pro de soluciones
pacíficas.

Institución responsable: Secretaría
de Estado de Educación. A tal fin la Procuraduría
coordinará con dicha Secretaría a los fines de
procurar que esta elabore y ejecute dicho programa.

Programas Deportivos En Comunidades
Con Alta Conflictividad

Acción: Crear canchas para la práctica de
deportes y
organizar y ejecutar programas deportivos en comunidades de alta
conflictividad, como parte de una estrategia comunitaria de
prevención de mayores alcances, con participación
de los actores locales.

Justificación: La práctica
deportiva puede servir como catalizador de la violencia, como
mecanismo para la detección de actores locales y como
elemento de cohesión social.

Institución responsable: La
Secretaría de Estado Deportes. Educación
Física y Recreación
(SEDEFIR), a través del Programa Vida y Deportes. La
Procuraduría General de la República puede
participar en la selección
de las comunidades que se elijan para la realización de
las primeras actividades, sobre la base de pautas objetivas y
adecuadas, acompañando la implementación del
programa.

Emprendimientos Productivos Para
Jóvenes En Riesgo En
Comunidades Vulnerables

Acción: Establecer emprendimientos
productivos, a través de formación de
pequeñas cooperativas,
para Jóvenes de zonas de alta marginación social y
conflictividad, para facilitar el ingreso de jóvenes al
campo laboral y productivo, procurando el apoyo de organizaciones
públicas y privadas. Debiera diseñarse un sistema
de incentivos
para que las empresas privadas
apadrinen algunos de estos emprendimientos.

Justificación: La falta de trabajo y de
oportunidades laborales, aumenta la exclusión
social y favorece la criminalidad. Es indispensable, plantear
y ejecutar acciones de este tipo especialmente orientadas a los
jóvenes, si se busca tener resultados satisfactor1os en
este campo. Es necesario aprovechar cierta capacidad de
gestión instalada (Programa Promipyme y Trabajo Joven, por
ejemplo) y la disposición existente en entidades
empresariales, tal como acontece con la Cámara Americana
de Comercio.

Institución responsable: La
Secretaría de Estado de Trabajo y Secretaría de
Industria y
Comercio. La Procuraduría General de la República
puede participar en la selección de las comunidades
elegibles y acompañar la implementación del
programa.

b) Acciones De Carácter
Preventivo—Punitivo

Trata De Personas Y Prostitución Infantil

Acción: A) Elaborar un Programa de
Prevención y Control de la Trata de Personas y la Prostitución Infantil, que contemple lo
siguiente:

• Acciones de concientización que desalienten
  la exposición a las personas u organizaciones que se
  ocupan de ello.

• Trabajar sobre sectores en riesgo, como los
  niños y niñas de la calle.

• Establecer mecanismos para detectar y desalentar el
  denominado "turismo sexual" en nuestro
  país.

• Declarar a ciertos centros turísticos, entre
  ellos Boca Chica, Cabarete y Sosua, como lugares para el
  "turismo familiar", con mayores restricciones para algunas
  formas de diversión y esparcimiento;

• Establecer mecanismos de control estricto en lugares
  de diversión nocturna, para evitar la presencia de
  menores de edad en los mismos, especialmente en aquellos que
  puedan aparecer asociados con la oferta de prestaciones
  sexuales.

• Mejorar el control de las fronteras y de las rutas
  marítimas utilizadas para el transporte ilegal de
  personas fuera del país.

• Implementar las medidas de protección
  previstas en la ley 137-03, Sobre Trafico Ilícito de
  Migrantes y Trata de Personas.

B) Instar a los órganos del Ministerio
Público a mejorar los mecanismos de detección,
investigación y persecución penal, especialmente en
relación a los delitos previstos en la lev 137-03, para
lograr mayor efectividad en relación a la lucha de las
formas de criminalidad organizada vinculada con el área
descrita. En especial, deberá considerarse la comercialización de la prostitución
infantil por Internet, estableciendo
acciones específicas y estrategias de
cooperación con aquellos países que tienen
importancia como destinatarios de dicho comercio.

Justificación: Este tema ha sido
considerado prioritario en la Declaración de Viena sobre
la Delincuencia y la Justicia: frente a los retos del siglo XXI
(abril de 2000), fijando en el punto 14), el año 2005 como
plazo para conseguir una disminución apreciable de esta
delincuencia en el mundo. También la Resolución
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
(56 261. enero de 2001), plantea la necesidad de adoptar medidas
inmediatas y eficaces y sugiere algunas medidas
específicas que corresponde tener en cuenta (cap. III).
Por otra parte, la sanción de la lev 137-03, ofrece un
mejor entorno normativo e impone la adopción de nuevas
acciones en la dirección reclamada.

Institución responsable: En
relación a las indicadas en A. Secretaría de Estado
de la Mujer
(acciones a. b y g): Secretaría de Turismo y Municipios
(acciones d y e Policía Nacional (acciones e y e) y
Secretaría de Estado Relaciones Exteriores y
Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas (acción
f). En cuanto a las expresadas en B. corresponden a la
Procuraduría General de la República y a la
Policía Nacional. Comisión de Ejecución del
Código para el Sistema de Protección y los Derecho
Fundamentales de los Niños. Niñas y Adolescentes.

Violencia Intra-Familiar Y De
Género

Acción: Se proponen las siguientes
acciones:

• Establecimiento o fortalecimiento de los programas
  de atención a las víctimas de maltrato familiar
  (refugios. asistencia terapéutica. provisión de
  celulares para mujeres en riesgo. etc.):

• Sensibilización de las instituciones que
  suelen detectar casos de violencia familiar, especialmente a
  las autoridades policiales, escolares y sanitarias, para que
  brinden la atención adecuada a las víctimas y
  en su caso, procuren la intervención de las
  instituciones especializadas:

• Fortalecer la actuación de las
  Fiscalías de Violencia contra la Mujer, en el
  ámbito del Ministerio Público, capacitando a
  los operadores, estableciendo protocolos de actuación
  (en especial en medidas de protección directas o
  jurisdiccionales) y construyendo redes para mejorar la ayuda
  a las víctimas;

• Establecer programas terapéuticos para
  personas violentas, en el ámbito del sistema de salud
  pública:

• Implementar un programa específico de
  resolución alternativa de estos conflictos, con
  perspectiva de género.

• Establecer una línea 1-200 (gratuita) de
  ayuda y asesoramiento a víctimas en riesgo, otra para
  la denuncia anónima de los casos de maltrato o abuso
  de niños, de los que se rendirá cuenta a los
  órganos correspondientes. entre ellos la
  Fiscalía de Violencia contra la Mujer.

Justificación: La violencia
intrafamiliar es un problema serio en el país, afecta
a personas vulnerables, entre ellos a muchos niños, tiene
un efecto reproductor de otras formas de conductas
violentas.

Institución responsable: La
Secretaría de Estado de la Mujer. El
Comisionado de Apoyo a la Reforma Modernización de la
Justicia y la Procuraduría General de la República,
a través del Ministerio Público de Niños.
Niñas. Adolescentes y Familia.

Corrupción En La Función
Pública

Acción: Se postulan las acciones
siguientes:

• Iniciar un programa de sensibilización,
  prevención y control de la corrupción en el
  ejercicio de la función policial, de los
  órganos del Ministerio Público y judiciales.
  que incluya mecanismos de detección más
  efectivos.

• Elaborar un Repertorio de Medidas dirigidas a la
  Prevención y el Control de la Corrupción. que
  se hará llegar a los órganos gubernamentales,
  organizaciones de la sociedad civil y medios de
  comunicación.

• Encarar un programa de Recuperación de
  Activos producto de la Corrupción. seleccionando los
  casos existentes con mayor perjuicio para los fondos
  públicos.

Justificación: Los compromisos asumidos
por el estado
Dominicano al suscribir la Convención Interamericana
contra la Corrupción. Si bien el fenómeno de
la corrupción
es muy complejo, la focalización inmediata en las
áreas apuntadas, hace posible desencadenar mayores
acciones en alguna medida, obtener resultados en el mediano
plazo.

Institución responsable:
Procuraduría General de la República.

Lavado De Activos Y
Movimientos Sospechosos De Dinero

Acción: Se propician las siguientes
acciones:

• Traducir en medidas y acciones concretas, la
  previsión de la ley 72-02 (Art. 38 sgtes), contra el
  lavado d dinero, especialmente en orden cumplimiento de las
  obligaciones impuestas a los sujetos que se ocupan
  movimientos dinerarios indicados por la les.

• Poner en marcha la Unidad de Análisis
  Financiero, establecida en la ley Monetaria y Financiera,
  previendo la integración con componentes profesionales
  provenientes de la autoridad financiera. Dirección
  Nacional de Control de Drogas y de Procuraduría
  General de la República.

• Propiciar el perfeccionamiento de los registros
  públicos de propiedades (inmuebles, vehículos.
  Buques) de obligados tributarios, registro mercantil y de
  sociedades y los bancos de datos correspondiente a las
  declaraciones juradas d los obligados a rendirlas,
  facilitando el acceso a tales fuentes información de
  la Unidad de Análisis Financiera u de la
  Procuraduría General de la República, en las
  condiciones que se establezcan.

• Capacitar y tecnificar a la unidades fiscales que se
  ocupen de la investigación y persecución de
  estas infracciones, a fin de que estén en condiciones
  de actuar con eficacia.

Justificación: La necesidad de adoptar
estas medidas surge de lo dispuesto en la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, la convención de Naciones Unidas contra el
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias
psicotrópicas u la Convención Interamericana contra
la Corrupción. A las que nuestro país se
adhirió, u de las recomendaciones aprobadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas (56/261. de enero de
2001), en las que se reclaman a los Estados la adopción de
medidas de amplio alcance para abordar eficazmente el problema
del lavado de
dinero en todos sus aspectos.

Institución responsable: Comité
Nacional contra el Lavado de Activos, del que la
Procuraduría General de la República forma parte, y
esta última en lo atinente al punto 2. Superintendencia de
Bancos y
Superintendencia de Valores. En lo
tocante al literal d) el Comisionado de Apoyo a la Reforma u
Modernización de la Justicia, conjuntamente con las
demás instituciones responsables
señaladas.

Atención Integral A Las
Víctimas

Acción:

• 1) Creación de la Comisión
  Multisectorial para la Garantía y Preservación
  de los Derechos de las Víctimas de Delitos Violentos
  (Comisión Multisectorial Pro-Victima). encargada de
  brindar respuesta a las personas que han padecido graves
  victimizaciones.

• 2) Creación y puesta en funcionamiento
  de la Unidad de Atención a las Víctimas, en el
  ámbito de la Procuraduría General de la
  nación, para llevar adelante tareas de
  contención, asistencia y protección de las
  víctimas en los casos en que intervenga el Ministerio
  Público.

• 3) Elaboración de instructivos a los
  operadores del sistema de la justicia penal (policías.
  fiscales. jueces y empleados judiciales) para prevenir la
  victimización secundaria.

• 4) Elaboración de una cartilla
  conteniendo los derechos de las víctimas e
  instituciones de apoyo, para su entrega en las dependencias
  estatales que trabajan con víctimas.

Justificación: Si bien la
protección la consideración a las víctimas y
la protección integral reclaman muchos más
esfuerzos y medidas, los mencionados representan un adecuado
punto de partida para atender al problema planteado.

Institución responsable:
Procuraduría General de la República y el
Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la
Justicia.

Fiscalías de la
comunidad

Acción: 1) Poner en marcha las Fiscalías de la Comunidad, a
través de un proceso de transformación de las
actuales fiscalías de destacamento y de la creación
de nuevas unidades fiscales con las siguientes funciones
básicas: a) actuar como instancia de atención primaria de los conflictos
penales de esa comunidad
recepción de denuncias, atención de casos de
flagrancia e investigación preliminar en casos sencillos):
b) intervenir como instancia que promueva la resolución
pacífica y desjudicializada de conflictos
(conciliación, mediación. supervisión de acuerdos); c) brindar
protección y asistencia a las víctimas, a
través de recursos propios,
comunitarios o de otras instituciones; d) identificar problemas
criminales que preocupen a la comunidad y requerir la
intervención de otros órganos del Ministerio
Público, para que puedan actuar con eficacia; y e)
participar en las redes de acción o
programas de gestión comunitaria vinculadas con la
prevención del delito y de la violencia, en
representación del Ministerio Público.

Justificación: Las estrategias más
modernas de Política Criminal recomiendan aplicar formas
de intervención locales, lo cual reclama instaurar un
proceso de descentralización de los órganos del
Ministerio Público, para mejorar el acceso a la justicia
de las víctimas, ofrecer formas de justicia restaurativa y
para participar en los programas de prevención
extra-penal. Afortunadamente, en nuestro país existe un
embrión de descentralización a través de las
Fiscalías Barriales, de modo que debe tomarse esa
experiencia, profundizarla y delimitar con claridad el campo de
actuación.

Institución responsable:
Procuraduría General de la República.

Daños al Medio Ambiente
e Infracciones Ecológicos

Acción: Se propician las siguientes
acciones:

• Fortalecer los mecanismos de coordinación
  entre la Procuraduría General de Medio Ambiente. la
  Secretaría de Estado de Medio Ambiente Recursos
  Naturales y la Dirección de Parques, para mejorar los
  mecanismos de detección de las acciones lesivas al
  medio ambiente.

• Requerir a la Secretaría de Estado de Medio
  Ambiente y Recursos Naturales la realización de un
  Mapa del Daño Ambiental, que refleje el estado actual
  de la situación, con indicación de las regiones
  afectadas y las actividades más nocivas etc., y la
  fijación de metas alcanzables en el mediano y largo
  plazo.

• Delimitar adecuadamente el campo de actuación
  de la Procuraduría General de Medio Ambiente, a
  efectos de evitar la superposición de actividades con
  la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

• Reorganizar la Procuraduría General de Medio
  Ambiente, considerando las distintas regiones del
  País, a fin de que pueda desplegar su actividad con
  eficacia en todo el territorio nacional.

• Fortalecer la actuación de la Policía
  Ambiental, como auxiliar de la Procuraduría y de las
  autoridades administrativas, para que participe eficazmente
  en la detección e investigación de infracciones
  ambientales.

• Establecer un Programa de Capacitación para
  los funcionarios de la Procuraduría General de Medio
  Ambiente, para posibilitar una actuación más
  eficaz en materia de investigación de estas
  infracciones.

Justificación: Las obligaciones
emergentes de la propia Lev 64-00 Sobre Medio Ambiente y
Recursos
Naturales.

Institución responsable: La
Procuraduría General de la República y la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

Programas deportivos en las
cárceles

Acción: Organizar y ejecutar un conjunto
de actividades deportivas en las cárceles de todo el
país, en la forma que permitan las condiciones de
seguridad de los establecimientos.

Justificación: El deporte representa un factor que
alivia las tensiones provocadas por la privación de
libertad y favorece la resocialización de las personas
privadas de libertad.

Institución responsable: Dirección
General de Prisiones y Secretaría de Estado de
Deportes.

Fortalecimiento de la capacidad
operativa de la Policía Nacional

Acciones:

En el marco del Plan de Seguridad Democrática
anunciado por el Señor Presidente de la República
el 27 de febrero de 2005 a fin de mejorar la capacidad operativa
de la Policía Nacional se han previsto el conjunto de
acciones urgentes y de corto plazo que se indican a
continuación:

• a.  Aumento del personal afectado a la
  función de policía preventiva: Se
  afectarán nuevos agentes a los servicios preventivos,
  mediante la racionalización de los recursos y la
  reducción de la cantidad de efectivos destinados a la
  custodia de dignatarios o personalidades
  públicas.

• b.  Fuerte inversión en las áreas
  de comunicación, mejoramiento edilicio, equipamiento y
  vehículos: A tal fin se dotará a la
  policía de medios de transporte, comunicación,
  chalecos y cascos, entre las herramientas necesarias para
  incrementar la presencia efectiva en las calles.

• c. Separación completa y efectiva de las
  funciones de prevención y de investigación,
  según dispone la Ley Institucional de la
  Policía Nacional (No 96-04).

• d. Continuar y profundizar la depuración
  de los cuadros policiales, para excluir de la Policía
  Nacional a todos los que han violado la ley o han incurrido
  en causales de mal desempeño.

• e. Puesta en marcha de un Programa de Control
  de la Corrupción Policial a través de la
  Dirección de Asuntos Internos y con supervisión
  de una Comisión integrada por representantes de todos
  los poderes del Estado y organizaciones de la sociedad
  civil.

• f. Reforma del escalafón y de los planes
  de estudio para ingresar a la fuerza policial: Se
  establecerán indicadores de desempeño policial,
  a los fines de promover en base al mérito.

• g. Dignificación del trabajo policial:
  Disponer un aumento de salario para los miembros de la
  policía.

Justificación: La Policía Nacional
tiene problemas operativos concretos y acuciantes, por una falta
de inversión en el sector durante los
últimos años. Por ello, sin perjuicio de impulsar
la reforma integral de la Policía Nacional, corresponde
adoptar estas medidas de ejecución inmediata. En alguna
medida, la Secretaría de Estado de Interior y
Policía ha comenzado a desarrollar algunas líneas
de trabajo en la dirección apuntada, de modo tal que estas
acciones pretenden darle continuidad a las mismas.

Institución responsable: Secretaría
de Estado de Interior y Policía y Jefatura de la
Policía Nacional.

c) Acciones De Carácter
Punitivo

Verificación de antecedentes.
Captura de prófugos.

Acciones: 1) Disponer la verificación de
los antecedentes penales de toda persona contra
quien el Ministerio Público inicie una
investigación y decida darle curso, con particular
énfasis en:

• Verificar si fue beneficiado con indulto, con
  libertad condicional o con libertad provisional, a los fines
  de procurar la revocación correspondiente.

• Verificar si se trata de una persona deportada de
  otro país. a los fines de identificar la naturaleza y
  gravedad de los hechos que generaron su deportación,
  datos que permitirán definir adecuadamente la
  estrategia procesal del Ministerio Público en la
  investigación correspondiente.

• Crear un Registro de Personas Prófugas de la
  Justicia y un Programa de Búsqueda y Captura de
  Prófugos de la justicia, para asegurar el sometimiento
  de las personas imputadas de ilícitos a la
  jurisdicción de los tribunales.

Justificación: La cantidad de personas
prófugas de la justicia o las que por falta de
identificación adecuada sustituyen su identidad,
representa un problema grave para el funcionamiento de cualquier
sistema judicial, pero mucho más para uno de
orientación acusatoria, en donde el juicio ocupa una
posición central y se busca reducir el abuso de la
prisión preventiva, toda vez que es indispensable crear un
conjunto de condiciones que permitan realizar el juicio en un
tiempo razonable y posibilitar la actuación de los jueces.
Por ello, resulta necesario mejorar y tecnificar los registros que
actualmente lleva la Policía Nacional y definir un
programa de localización y aprehensión
eficaz.

Institución responsable:
Procuraduría General de la República y
Policía Nacional.

Instituto Nacional de Ciencias
Forenses

Acción: Creación del Instituto
Nacional de Ciencias Forenses, como órgano de apoyo
científico y técnico a la investigación criminal, dependiente de la
Procuraduría General de la República.

Institución responsable:
Procuraduría General de la República.

Unidad de Atención a las
Víctimas

Acción: Creación de la Unidad de
Atención a las Víctimas: como órgano
dependiente de la Procuraduría General de la
República y destinado a la contención,
asesoramiento, protección y acompañamiento de las
víctimas de los ilícitos. Y para la
articulación con otras organizaciones, estatales y no
gubernamentales, que también se ocupen de esta
temática.

Institución responsable:
Procuraduría General de la República. Comisionado
de Apoyo a la Reforma y Modernización de la
Justicia.

Programa de capacitación de policías y fiscales
en investigación criminal

Acción: Poner en marcha un conjunto de
acciones de capacitación para Policías en funciones
de investigación y para fiscales sobre
investigación criminal, previendo diversos niveles
(elemental, medio y superior), para contribuir a la profesionalización y tecnificación
de la
investigación. También deben considerarse
algunas modalidades criminales específicas (entre ellas
las infracciones complejas) y sobre la cadena de custodia de la
evidencia, a fin de contribuir a una persecución penal
más eficaz.

Institución responsable:
Procuraduría General de la República y
Policía Nacional. Comisionado de Apoyo a la Reforma y
Modernización de la Justicia.

Oficina de Control de Obligaciones
Sustitutivas

Acción: Crear una Oficina de
Control de Obligaciones Sustitutivas. Para seguimiento y
supervisión de las obligaciones impuestas como
consecuencia de suspensión de los procedimientos y
suspensión condicional de la pena, y de los compromisos
asumidos en los acuerdos reparatorios.

Justificación: La regulación de las
medidas de coerción del nuevo código, que pretenden
hacer de la privación de libertad durante el proceso de
uso excepcional, y el mismo régimen penal para las penas
de corta duración, exigen contar con un órgano de
control de las otras modalidades, a fin de evitar que se
desnaturalicen en los hechos los fines

Institución responsable:
Procuraduría General de la República. Comisionado
de Apoyo a la Reforma y Modernización de la
Justicia.

Programa de descongestión de
causas del viejo sistema

Acción: Continuar, profundizar y controlar
la ejecución del programa de descongestión de
causas del viejo sistema dispuesto por la ley de
implementación del nuevo Código, a fin de crear las
condiciones necesarias para no dificultar la aplicación
del nuevo sistema y liberar recursos institucionales.

En ese sentido, debe ponerse en marcha un conjunto de
acciones específicas para las causas por infracciones
graves y complejas del viejo sistema, a fin de concluir en un
tiempo razonable la investigación y posibilitar la
realización del juicio en aquellos casos que así lo
ameriten.

Institución responsable:
Procuraduría General de la República y Suprema
Corte de Justicia.

Oficina de Recepción de
Denuncias y Atención Permanente

Acción: Crear una Oficina de Denuncias
Atención Permanente. Que funcione durante las 24 horas del
día en el Distrito Nacional, en la Provincia de Santo
Domingo y en Santiago de los Caballeros (primera etapa), para
facilitar la accesibilidad del servicio a las
víctimas de los delitos y mejorar la capacidad de
respuesta frente a situaciones de urgencia.

Para ello deben definirse las pautas de
intervención de la oficina, capacitar adecuadamente a los
operadores y dotarlo de los medios de
comunicación que aseguren accesibilidad de los
usuarios y de los funcionarios de las distintas unidades
policiales. Además debe darse una adecuada difusión
en los medios de
comunicación y en determinados espacios con alta
concurrencia de las personas (hospitales. comisarías,
dependencias judiciales. etc.)

Institución responsable:
Procuraduría General de la República.

Línea Telefónica contra
la Corrupción

Acción: Instalar un servicio de
atención telefónica permanente (automatizado) para
recibir denuncias anónimas sobre casos de
corrupción en la función pública que
deberán ser examinadas por el Departamento de
Prevención de la Corrupción (DEPRECO), a fin de
determinar su verosimilitud y viabilidad de iniciar una
investigación.

Institución responsable:
Procuraduría General de la República.

Racionalización de la
Prisión Preventiva

Acción: Emitir una directiva general a
todas las Unidades Fiscales con un conjunto de criterios e
instrucciones, haciendo un seguimiento constante de las causas
judiciales a fin de obtener los pronunciamientos jurisdiccionales
que correspondan en un plazo razonable y reducir la
proporción de presos sin condena.

Institución responsable:
Procuraduría General de la República y Suprema
Corte de Justicia.

4.2- Papel De La Policía En La
Política Criminal De Acuerdo A La Ley Institucional De La
Policía Nacional, No 96-04

De conformidad con la ley 96-04 podemos decir que La
Policía Nacional es una institución especializada y
permanente del Estado, apolítica, apartidista y de
naturaleza
policial. Su estructuración y organización son de naturaleza
jerárquica y su funcionamiento se rige estrictamente por
lo establecido en la Constitución de la República,
por las leyes, decretos,
resoluciones y reglamentos que a ella se refieran.

El objeto de su creación es proteger la vida, la
integridad física y la seguridad
de las personas, garantizar el libre ejercicio de los derechos y
libertades, prevenir el delito, preservar el orden público
y social y el medio ambiente, velar por el cumplimiento de la ley
y el desempeño de sus funciones, con la
colaboración y participación interactiva de la
comunidad en la identificación y solución de los
problemas, a fin de contribuir a la consecución de la paz
social y el desarrollo
económico sostenible del país.

La Policía Nacional es una organización
civil al servicio de la ciudadanía, con competencia
especializada y ámbito nacional, disciplinada, de carrera
profesional, siendo su característica esencial la
institucionalidad y estabilidad de su personal, lo que
determina que el régimen de ingreso, jerarquías,
promociones, designaciones, separaciones y retiros se realicen
dentro de las disposiciones de esta ley y sus
reglamentos.

Son funciones de la Policía Nacional:

a) Preservar la vida, la integridad física y
moral de las
personas;

b) Proteger y garantizar el libre ejercicio de los
derechos y libertades de las personas en todo el territorio
nacional;

c) Mantener la paz interior, el orden público y
social y la seguridad pública;

d) Velar por el fiel y efectivo cumplimiento de las
leyes y demás disposiciones generales, ejecutando las
órdenes que reciba de las autoridades en el ámbito
de sus respectivas competencias;

e) Prevenir y controlar la delincuencia y
criminalidad;

f) Ejecutar las detenciones y capturas en los casos
previstos por la ley;

g) Vigilar y proteger los edificios, instalaciones
públicas y parques, así como aquellos centros o
establecimientos que por su interés lo
requieran;

h) Registrar y controlar los servicios a
las entidades o servicios privados de seguridad;

i) Vigilar el tránsito vehicular y el transporte
de personas y mercancías en las vías
públicas y velar por la seguridad vial;

j) Custodiar todas las vías de
comunicación terrestre, marítimas y aéreas,
de frontera,
puertos y aeropuertos, en coordinación con las instituciones que
corresponda;

k) Velar, conjuntamente con los organismos expresamente
establecidos a esos fines, por la conservación del medio
ambiente y los recursos naturales;

l) Obtener, recibir y analizar todos los datos e
informaciones que tengan interés para el orden y la
seguridad pública, y estudiar, planificar y ejecutar
métodos y
técnicas de prevención y control de
la delincuencia;

m) Auxiliar a los habitantes en caso de calamidad
pública;

n) Participar en los programas de orden social,
cívico, cultural
o educativo que disponga el Gobierno de la
República;

o) Proteger y proporcionar seguridad especial a
dignatarios, diplomáticos y legisladores y los ex
presidentes de las Cámaras Legislativas y
cooperación con instituciones policiales y organizaciones
policiales de otros países;

p) Brindar especial protección y un trato
apropiado a turistas, visitantes y parroquianos en las
áreas de intenso flujo como una forma de preservar esta
industria y la buena imagen del
país;

q) Cualquier otra disposición que le sea
atribuida por las leyes o las autoridades
competentes.[17]

Podemos concluir diciendo que el papel de la
policía en el Plan de Seguridad
Democrática es únicamente
preventivo.

4.3- El Consejo De Seguridad Ciudadana

Por medio del decreto 315-06, de fecha 28 del mes de
julio del año 2006, el presidente de la Republica doctor
Leonel Fernández crea el consejo de seguridad
ciudadana el cual esta constituido por las siguientes
instituciones: Secretario de Estado de Interior y Policía,
quien esta encargado de la coordinación; el Secretario de
Estado de las Fuerzas Armadas, el Procurador General de la
República, el Jefe de la Policía Nacional, el
Director Nacional de Investigaciones,
el Director Nacional de Control de Drogas, el
Presidente del Consejo Nacional de Drogas y el Asesor del
Poder
Ejecutivo para Programas de Lucha contra Narcotráfico.

Este consejo tiene como funciones principales las
siguientes:

a) Asesorar al Presidente de la República en
asuntos relativos a la seguridad nacional: y diseñar
estrategias para ser sometidas a su aprobación en la misma
materia;

b) Realizar la coordinación interinstitucional
para el diseño
de estrategias de seguridad;

c) Elaborar políticas y diseñar acciones
contra el crimen
organizado, de manera especial contra el narcotráfico,
el tráfico humano y el tráfico de armas;

d) Planificar. Producir, coordinar y evaluar la inteligencia
interinstitucional para la prevención del
crimen;

e) Servir de soporte para la aplicación del Plan
de Seguridad Democrática.

Este consejo es una de las innovaciones de la
política criminal dominicana apartir del plan de seguridad
democrática.[18]

CAPÍTULO V

La seguridad
democrática

5.1- Concepto.

En un contexto democrático, la seguridad
pública o seguridad ciudadana debe entenderse como una
situación social y política donde las personas
tienen legal y, efectivamente garantizado el goce pleno de todos
sus derechos que emanan del estado de derecho. Sugiere una
situación social donde los riesgos,
peligros y conflictos se prevengan, controlen y gestionen en
forma satisfactoria y donde exista un pleno y real goce de los
derechos, libertades y garantías constitucionales. Por
ende, supone que se "establecen políticas y mecanismos
institucionales eficientes tendientes a prevenir, controlar y o
neutralizar aquellos riesgos, peligros o conflictos concretos o
previsibles que lesionen aquella libertad o goce pleno de esos
derechos, libertades y garantías".

La seguridad es un problema de la comunidad por ende, la
comunidad constituye uno de los actores principales de las
políticas de seguridad democráticas, razón
por la cual el Estado debe promover y asegurar la efectiva
participación comunitaria en el diseño,
implementación y seguimiento de las estrategias y medidas
propias de la política criminal.

Democratizar las política de seguridad, como
parte integrante de la política criminal, implica
abandonar la perspectiva adoptada hasta el presente y tan bien
caracterizada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos
como "institucionalmente segmentada, exclusivamente asentada en
el desarrollo de medidas reactivas y puntuales frente a problemas
específicos y en un marco institucional signado por la
duplicidad de organismos, la debilidad en la coordinación
interestatal y la ausencia de participación de otros
actores sociales en las estrategias para enfrentar las
problemáticas en cuestión".

Democratizar la política de la seguridad implica
terminar con el desgobierno, con la improvisación y
también con la excesiva autonomización de la
actividad policial (policialización de la seguridad),
desarrollando una auténtica política de estado que
considere los problemas en su integralidad y que sea respetuoso
de los valores
democráticos.

5.2- Plan De Seguridad Democrática En La
Republica Dominicana.

El Plan De Seguridad Democrática en la Republica
dominicana se implemento através del programa Barrio
Seguro, este
programa se puede definir como el proceso que se
desencadenó a partir de la formulación de la
política criminal realizada por la procuraduría
general de la republica en el compendio de los lineamiento de la
política criminal dentro de los parámetros del Plan
De Seguridad Democrática para la republica
dominicana.

Barrio seguro se inicio el 31 de agosto del 2005, por
decisión del presidente de la Republica doctor Leonel
Fernández, tomando como piloto emblemático por la
percepción que tenia la ciudadanía de que en este
barrio existían los mayores índices de
criminalidad. Luego de probarse el éxito
del programa en capotillo se extendió a los 12 barrios que
completan la parte note del Distrito Nacional.

Después del éxito obtenido en los barrios
intervenidos en el Distrito nacional el programa paso a la
región norte del país-específicamente en
santiago-en 14 de sus barrios mas calientes en un acto que fue
encabezado por el Presidente de la Republica y el Secretario de
Interior y Policía señor Franklin Almeyda, en el
barrio cien fuegos. Luego, en 17 barrios mas de la ciudad de
Santiago.

Barrio seguro en la actualidad ( enero del 2009) se esta
aplicando en 103 barrios de la Capital y
Santiago, en los que se desarrollan mas de 7 subprogramas de los
cuales hablaremos en el punto 5.5, con el objetivo de
garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos y superar la
ausencia que ha tenido el Estado en las comunidades excluidas,
creando oportunidades de participación y solidaridad y las
coediciones de seguridad física y material para que las
organizaciones comunitarias y de la sociedad
recuperen su espacio social.[19]

Según la coordinadora del programa los
próximos barrios que serán intervenido por el Plan
de Seguridad de Seguridad Democrática serán:
Herrera, Los Alcarrizos y Pedro Brand.

5.3– Propósitos del Plan De Seguridad
Democrática.

El plan de seguridad democrática es el producto
de un trabajo en equipo
por parte de la Secretaria de Interior y Policía, la
Procuraduría General de la Republica y la Policía
Nacional. Al momento de su formulación contó con el
asesoramiento de un grupo de
expertos nacionales e internacionales que trabajaron en el
diagnostico de la problemática de seguridad en la
Republica Dominicana y sugirieron líneas de
acción.

El plan de seguridad democrática tiene dos
propósitos fundamentales. El primero es restablecer la
autoridad del Estado Dominicano, através de una profunda
reforma de la Policía Nacional. Este paso intenta lograr
no solo la presencia permanente de las fuerzas del orden en las
ciudades y pueblos del país sino también recuperar
la confianza de la ciudadanía en esta institución.
El segundo propósito es garantizar los derechos de los
ciudadanos básicos de cada dominicana y cada dominicano
para que así el ciudadano se convierta en el actor
principal de la seguridad democrática en la Republica
dominicana.

5.4- Descripción De Las Áreas En Que Se
Enfoca El Plan De Seguridad Democrática.

• El desarrollo de una eficaz policía
  preventiva;

• Una profunda reforma académica para formar
  mejores policías;

• El desarrollo e implementación de un sistema
  de investigación criminal adecuado a las realidades de
  la democracia dominicana, incluyendo el establecimiento de un
  Instituto Forense que cuente con laboratorios
  adecuados;

• El acercamiento de la Policía Nacional a la
  sociedad a través de una Policía
  Comunitaria;

• Diseño y organización gerencial para
  su eficiencia en la administración y el equipamiento
  para que cada área pueda cumplir adecuadamente sus
  funciones.

• El desarrollo de un programa efectivo de asuntos
  interno para el control dentro de la Policía Nacional
  para reducir sistemáticamente la corrupción y
  profesionalizarla con tecnología para la inteligencia
  delictiva y así crear una institución que
  responda a los intereses de los ciudadanos.

• Estas seis líneas de acción comprenden
  el objetivo central del Plan de Seguridad Democrática
  y se establecen metas de corto, mediano y largo
  plazos.

5.5- Programas y Subprogramas del Plan De Seguridad
Democrática.

Marco Conceptual

Para todos los programas.

1. Garantizar el ejercicio de los derechos
Ciudadanos.

2. Atacar integralmente las multicausales de la
violencia y de la delincuencia.

3. Favorecer la ruptura de la ausencia que ha tenido el
Estado con las comunidades excluidas, para crear oportunidades de
participación y solidaridad.

4. Crear las condiciones de seguridad física y
material para que las organizaciones comunitarias y de la
sociedad recuperen su espacio social.

Programas y
Subprogramas

5.5.1 Barrio Seguro (para las
comunidades excluidas) Subprogramas:

1) El Banco de Mi
Barrio

2) Un Techo para Mi Barrio

3) Becas para Mi Barrio

4) Centro de Capacitación
Tecnológica

5) Centro de Capacitación Comunal

6) Competidores de Mi Barrio

7) Incubación de Trabajo

8) La Fiesta de Mi Barrio

Programas:

5.5.2 Reforma y Modernización
de la Policía Nacional

1. Nueva Estructura y Doctrina Basada en los seis Ejes
Policiales.

2. Policía Auxiliar y nueva imagen y reciclaje.

3. Programa de Capacitación Permanente

4. Protección a Victima de la
Violencia

5. Control de Armas

6. Ordenamiento de transito y Carreteras – OTCA
–

7. Control de Bebidas Alcohólicas – COBA
–

8. Red Alimentaria

9. Call Center hacia el 911

10. Ordenamiento de los Cuerpos de Bomberos

11. Prevención y Seguridad

Desarrollo

5.5.3 El Banco De Mi
Barrio

Objetivo:

Crear oportunidades a emprendedores
financiándoles micro y pequeñas empresas, como
parte del programa Barrio Seguro.

Metodología:

Se otorgan créditos de 10 en 10 familias de cada
barrio, a 12 meses, con cuotas semanales o mensuales y una tasa
de 0.60% mensual, equivalente a 7.2% anual y con una gracia de
hasta 2 meses.

Financiamiento:

Se otorga abriéndoles cuentas de
ahorro en el
Banco de Reservas (del Estado), donde luego realizan los pagos en
cuotas sucesivas durante doce meses, compuestas de capital e
intereses. La tasa de recuperación ha sido de un
100%.

OBJETIVO Y
METODOLOGÍA

Garantía de palabra

La garantía es de palabra, dada por los voceros
comunitarios. Cuando las primeras 10 familias empiezan a pagar se
les presta a las siguientes 10 y así sucesivamente con las
que siguen en cola. Si una familia no paga no se le presta a las
siguientes 10 familias. No son financiados los negocios
orientados a actividades tales como: banca de
apuestas, prestamistas, casas de empeño, venta de bebidas
alcohólicas, prostitución y sus
equivalentes.

Financiados a octubre
2007

Distrito Nacional Santiago Total

304 141 445

Hombres 200 45%

Mujeres 245 55%

Barrios Dist. Nac. Barrios Santiago Total
de Barrios

34 14 48

Distrito Nacional Santiago Total desembolsado

RD$ 11, 877,110.00 RD$ 5, 164,360.00 RD$ 17,
041,470.00

5.5.4 Un Techo para mi
barrio

Propósito:

Crear un paradigma
habitacional que consolide la integralidad del núcleo
familiar, referente de inclusión en una nueva
sociedad.

Procedimiento

Los voceros comunitarios selecciona a la familia con
las condiciones habitacionales y de vida más precaria, a
la cual se le construye una vivienda y se le dota del mobiliario
interior, de las raciones alimenticias mensuales y por un
año, se le busca empleo por lo
menos a uno de sus integrantes, se evalúa la salud de todos y se asume el
compromiso de integrarse a la educación
escolar.

Viviendas construidas y en proceso a
octubre 2007:

Detalle de viviendas en
proceso

Distrito Nacional Santiago
Sub-Total

17 0 17

Detalle de viviendas
entregadas

Distrito Nacional Santiago
Sub-Total

25 14 39

Viviendas reconstruidas a consecuencias
de desastres naturales

Distrito Nacional Tamboril
Sub-Total

9 36 45

Adquisición de viviendas a
Policías y voceros meritorios

Distrito Nacional Santiago
Sub-Total

3 2 5

Total General de viviendas Total
invertido a la fecha

Cantidad

106 RD$36, 917,792.2

5.5.5 La Beca de Mi
Barrio

Las becas:

Propiciar el ingreso de jóvenes de Barrio Seguro
a las universidades, para su formación

Profesional y tener oportunidades de inclusión
social con su familia.

Beneficios que reciben becados

1. Beneficios:

La Secretaría de Estado de Educación
Superior Ciencia y
Tecnología facilita la beca hasta un monto de
RD$30,000.00 al año para las universidades privadas y
RD$3,000.00 para la Universidad
Autónoma de Santo Domingo.

2. Monitores:

La SEIP selecciona becados que se involucran en los
programas del Plan de Seguridad Democrática, como
Monitores u Oficiales de Cuentas, y a esos les cubre el costo de los
libros de
texto, seguro
médico, raciones alimentarías mensuales para su
familia.

Becados hasta octubre
2007

Total de Becados 526

Distrito Nacional 389

Santiago 96

Policía Auxiliar 09

Navarrete 32

5.5.6 CENTRO DE CAPACITACIÓN
TECNOLÓGICO

Objetivos:

– Reducir la brecha digital al proporcionar el aprendizaje en
informática e incorporar con mayor destreza
a jóvenes y adultos en el mercado
laboral.

– Promover el uso de tecnología en
informática para ampliar las oportunidades de
comunicación y mejorar la calidad de
vida de los moradores de los Barrios Seguros, al tener
acceso a centros inteligentes del país y el mundo, para su
propio desarrollo.

5.5.7 CENTRO DE CAPACITACIÓN
COMUNAL

Objetivos:

– Capacitar en la elaboración textil y
manualidades para el diseño y confección de prendas
de vestir, de artesanía, joyas y mecánica industrial.

– Darle oportunidades a sus egresados al educarlos para
incorporarse en el mercado laboral con empleos o
facilitándoles financiamiento
para micro empresas.

– Fomentar la base productiva del barrio con la
educación textil y artesanal.

Corte y Confección

Confección de Prenda de Vestir Femenina
I

Confección de Prenda de Vestir Femenina
II

Confección de
Lencería

Tapicería en General

Manualidades

Bordado en Pedrería

Pintura Sobre Tela

Diseño de Joyas y
Carteras

Mecánica Especializada para la
Confección

Maquinas Industriales

Curso de Iniciación de Maquinas
Planas y Especiales

5.5.8 COMPETIDORES DE MI BARRIO

Integración social de los jóvenes mediante
el acceso a prácticas deportivas y recreativas.

Promover la participación en disciplinas
deportivas para llevarlos a competir entre si e interbarrial,
para fortalecer los valores y hábitos integrales
propios en los seres humanos. Ofrecerle a los jóvenes
oportunidades de destacarse en disciplinas deportivas que los
sitúe en el ambiente de aceptación y alta estima en
su barrio y la sociedad.

Disciplinas deportivas

Se preparan equipos por cada Barrio Seguro en las
siguientes disciplinas:

Basquetbol

Voleibol

Baseball

Softball

Dominó

Atletismo

Natación

5.5.9 INCUBACIÓN DE
TRABAJO

Objetivo

Reducir el desempleo al
ubicar en una base de datos
a personas que deben ubicarse en el mercado laboral

Actividad:

Ofertar al sector privado, productores y de servicios,
el registro de
las personas disponibles, accediendo por la Pág. Web:
www.seip.gov.do/empleos.

5.5.10 LA FIESTA DE MI
BARRIO

Objetivo:

-Propiciar la integración y solidaridad de los moradores,
celebrándole a la Patria, a las madres, a las Navidades y
al amor.

-Lograr la participación de las familias de la
comunidad en los preparativos de esas fiestas, para acercarlas y
haya confianza y solidaridad entre ellos.

-Retomar tradiciones y valores sociales y culturales que
cultiven la buena vecindad, la solidaridad familiar y
social.

Las Actividades

En Navidad:

1. Celebrar Aguinaldos al mismo tiempo los fines de
semana en cada Barrio Seguro y antes de Nochebuena.

2. Premiar el barrio que mejor sea decorado.

3. Organizar una cena de navidad por barrio, el
día 23 de diciembre, en su demarcación.

El día de la Patria: (27 de Febrero y 16 de
Agosto)

1. Colocar en las puertas de las casas una Banderita
Nacional, la cual debe ser entregada por las organizaciones
comunitarias, gestionadas con la Comisión de
Efemérides Patrias y la Secretaria de
Interior…

2. Invitar al barrio a izar u ondear la Bandera
Nacional, en un acto que debe organizarse en la Escuela del
barrio, a las 8 de la mañana.

Las otras celebraciones

El día del amor (14 de
Febrero):

1. Darles serenata, al amanecer el 14, a las familias o
personas previamente seleccionadas, por su integración
comunitaria y, a las jóvenes que en ese año cumplan
los 15 ó la mayoría de edad.

2. Organizar una retreta en el parque o en un
área verde, invitando a todo el barrio e
iniciándola con una dedicatoria a los comunitarios
destacados.

El día de las madres:

Seleccionar tres o mas madres, destacadas, consagradas a
la educación de sus hijos e integradas a la comunidad,
para hacerles un homenaje publico, con el reconocimiento de la
Sala Capitular y organizando el acto en los salones del
Ayuntamiento o en la escuela o el lugar que se escoja.

5.5.11 REFORMA Y MODERNIZACIÓN
DE LA POLICÍA NACIONAL

Objetivo:

Profesionalizar a la Policía para que sea garante
en el ejercicio de los derechos ciudadanos.

Aspectos más sensibles:

1. Policía Auxiliar

2. Transformación estructural y seis
ejes

3. Programas académicos.

5.5.12 POLICÍA
AUXILIAR

Definición:

Formar con métodos académicos masivo un
personal, para patrullaje preventivo en lugares de bajo riesgos y
cubrir labores administrativas, provocando con su ingreso un
proceso cualitativo en la modernización
policial.

Perfil de sus miembros:

Jóvenes de 18 a 30 años de edad, inscritos
en las universidades, con licencia para conducir vehículos
de motor, manejo en
informática y hablar, preferiblemente, un segundo
idioma.

Beneficios y formación
académica

Beneficios:

Los Policías Auxiliares reciben tres
mil pesos mensuales, un seguro médico, transporte al
centro de capacitación y una ración alimenticia
cruda para una familia de no menos de 5 integrantes.

Periodo académico:

Como Policías Auxiliares se forman en el Primer
Módulo del Curso Básico, es decir 180 horas de
capacitación. Pueden continuar el Curso Básico y
formarse como miembros de la Policía Nacional.

Objetivo y Resultados

Resultados:

Se han graduado 2 mil jóvenes a diciembre 2007 y
se le ha dado inició a una segunda promoción de mil 600. Debido a que en su
fase preparatoria se ha tenido a la ciudad como laboratorio de
campo, realizando labores preventivas y administrativas en
oficinas, sin haber concluido sus estudios, han causado excelente
impresión y han ayudado a cambiar la percepción de
inseguridad existente.

Los Ejes en la nueva estructura policial han demandado
de esos jóvenes por su capacidad y destreza para realizar
labores.

La estructura:

Se ha definido la estructura organizativa basada en seis
Ejes que delimitan los campos de trabajo:

a) Dirección Preventiva,

b) Dirección de Investigaciones
Delictivas

c) Dirección de Inteligencia
Delictiva.

d) Dirección de Asuntos
Internos.

e) Dirección Académica,
y

f) Área Administrativa.

Transformación estructural y seis
ejes

Redefiniciones

Asuntos a Definir:

a) La centralización del sistema organizacional
de los recursos
humanos.

b) Las Direcciones Regionales y el sistema de los
más de 550 Destacamentos y Puestos Policiales.

c) Sujetar el horario de trabajo a 8 horas diarias, 5
días a la semana, o 40 horas semanales.

d) suministro de alimentos crudo a
su núcleo familiar.

e) Aplicar la escala salarial
aprobada.

f) Decidir el método de
los policías asignados a dignatarios, funcionarios y
sector privado.

g) Utilización de accesorios y
equipos policiales que eleven su nivel profesional.

5.5.13 Programas
académicos.

1. Se ha priorizado el Curso de Formación
Básica elaborado con universidades y académicos
policiales para nuevos miembros, el cual se inicia con los
Policías Auxiliares.

2. Programas académicos para actualización
y educación permanente a los miembros actuales.

3. Programas de actualización conforme a las
necesidades de los seis Ejes.

4. Gestiones para que puedan alcanzar la
formación mínima en manejo de computadoras,
conducción de vehículos de motor y hacerse
bachilleres.

5.5.14 Protección A Victima De
La Violencia

Definición del
Programa:

Protege a los afectados por las balas perdidas, a las
personas victimas de la violencia y de la delincuencia, en Barrio
Seguro, a los familiares de los policías caídos en
el ejercicio de sus funciones, a las personas cuyas viviendas han
sido afectadas por siniestros comprobados y realza el esfuerzo de
las autoridades policiales y dirigentes comunitarios consagrados
a su comunidad.

Se financia

Fondos en Fideicomiso:

Se inició como un programa del Plan de Seguridad
Democrática, por Resolución 08-05, de fecha 1 de
agosto del 2005, dictada por el Secretario de Estado de Interior
y Policía, y se creó un fondo especial del aporte
que hacen las personas cuando renuevan y originan una licencia
para porte y tenencia de armas de fuego. Esa Cuenta en
Fideicomiso, fue autorizada por la Contraloría General de
la República, y es supervisada por una "Comisión de
Garantes" la cual está integrada por su Eminencia
Reverendísima Nicolás de Jesús (Cardenal)
López Rodríguez, la Sra. Mary Pérez de
Marranzini y el Dr. José Joaquín Puello.

Número de casos de Balas
Perdidas

Periodo 2005 al 2007

Periodo Balas Personas Personas Victima
Policía

Perdidas Heridas Fallecidas Violencia
Caídos

Agosto – 50 casos 45 5 30 2

Diciembre

2005

Enero –

Diciembre 50 casos 47 3 60 4

2006

Enero – 28 casos 27 1 45 8

Septiembre

2007

5.5.15. Control De
Armas

Por aplicación a la Ley sobre Comercio Porte y
Tenencia de Armas de Fuego, actualizar un sistema
electrónico y descentralizado para el registro,
renovación y emisión de las armas de fuego en manos
de la población civil autorizada. Colocar el sistema
electrónico abierto y de libre acceso en la pág.
Web: www/seip.gov.do.

Regular y auditar los negocios dedicados a la importación y comercio de las armas y
municiones, requiriéndoles controles, calidad y
eficiencia en
sus operaciones.
Supervisar el comportamiento de las personas autorizadas al porte
de las armas de fuego para garantizar de ellos uso
correcto.

Participar de las regulaciones internacionales dictadas
por las Naciones Unidas y la OEA, sobre el
control de las armas cortas y ligeras.

Flujo de Solicitudes:

1- Recepción de 2- Procedimientos de
3- Despacho de

Solicitudes Solicitudes
Licencias

Crear Solicitud

Completar Datos

Depuración/Verificación

Posibles Fichas

Intendencia de Armas

Control de Calidad

Generar Licencias

Organizar Despacho

Errores

Corregir Errores

Usuario

Banco

Recibir

Procesar

Preparar

Imprimir

Registrar Despacho

Enviar a Banco

5.5.16 Ordenamiento De Transito Y
Carreteras (OTCA)

Objetivo:

Ofrecer seguridad vial en las carreteras, autopistas y
autovías del país, incrementando la presencia de
las unidades en esas vías para contribuir a la
disminución de los riesgos de accidentes y
lograr una mayor capacidad de respuesta en caso de
emergencia.

Situar agentes de AMET, dotados de los equipos
necesarios para sus funciones, incluyendo vehículos (52
Harley Davidson, 20 en el corredor Sto. Dgo. – Santiago, 16
en la Autovía del Este, y 16 en la autopista 6 de
Noviembre). Así como grúas, ambulancias y
patrulleros en vehículos de cuatro ruedas…