La libertad de
comercio con
América, concedida en 1788, acabó
con el monopolio de
la Casa de Contratación sevillana (que fue suprimida en
1790) y permitió el desarrollo
comercial e industrial de Cataluña y el País
Vasco. El ministro de Hacienda, Cabarrús, crea el
Banco de San
Carlos. El país, aunque en el fondo vivía
apegado a sus viejas tradiciones, empezaba a europeizarse, por lo
menos entre la «intelligenzia» y la burguesía
adinerada.
Un año antes de estallar la Revolución
Francesa había subido al trono Carlos IV (1748-1819),
de escasas luces y débil carácter; su mujer era
María Luisa de Parma.
El monarca había sido reconocido por las Cortes
en 1789, las cuales solicitaron la anulación de la
Ley
Sálica que no permitía reinar a las mujeres.
Carlos IV prometió publicar la nueva ley, pero lo
olvidó, posiblemente porque tenía hijos varones que
iban a sucederle. Tres años después de
ceñir la corona, ocupa el cargo de primer ministro Manuel
Godoy (1767-1851), un guardia de corps, ascendido a este puesto a
instancias de María Luisa.
Desde 1795, España era
aliada de Francia.
Para concretar su objetivo de
invadir Portugal, Napoleón necesitaba atravesar
España. Pactó entonces con Godoy, quien
permitió el libre paso de las tropas francesas por el
territorio hispánico. A cambio de esta
concesión proyectaron, emperador y ministro, el reparto de
Portugal, correspondiendo a éste último el reino de
Algarbe (Tratado de Fontainebleau, 1807).
Carlos IV había demostrado su incapacidad para gobernar
cuando abandonó el poder en las
ambiciosas manos de Manuel Godoy. Por su parte, el
príncipe heredero Fernando lo acusaba de intentar la
usurpación del trono. Cuando las tropas
napoleónicas marcharon sobre suelo español
con rumbo a Portugal, el partido fernandista -temeroso de una
maniobra francesa para apoderarse de la Península-
organizó el motín de Aranjuez, conjura
aristocrática española manifestada en forma de
movimientos populares violentos que tuvieron lugar desde la noche
del 17 al 19 de marzo de 1808 en el Real Sitio de Aranjuez (con
réplica en Madrid).
Amparados en la situación internacional, en el clima de
inquietud provocado por la invasión francesa, y alentados
por rumores que aludían a la marcha de la corte a
Andalucía (quizá a las Indias), los conjurados
asaltaron el palacio del favorito y principal figura del gobierno, Manuel
Godoy, al que se hacía responsable de todo, y a punto
estuvieron de lincharle. Este levantamiento finalizó con
la destitución de Godoy y la abdicación de Carlos
IV a favor de su hijo Fernando. En toda España se
celebró la caída de Godoy y la exaltación
del nuevo monarca.
Mientras estos sucesos se desarrollaban en Aranjuez,
Napoleón -a solicitud de Frenando- envió a Murat al
frente de un ejército que se instaló en Madrid.
Al
enterarse de lo ocurrido, Napoleón envió una
carta a Murat:
"Debe usted impedir que hagan daño al
rey, a la reina y al Príncipe de la Paz. Hasta que
sea reconocido el nuevo rey, haga como si el viejo siguiera
reinando. Si se hablase de procesar al Príncipe de
la Paz, pienso que me pedirán consejo. Dígale
a Beauharnais (el embajador francés en Madrid) que
es mi deseo que intervenga para que no se verifique tal proceso.
Diga siempre que no ha recibido instrucciones concretas.
Mientras tanto, no dejo de darle algunas, diciéndole que
tenga a sus tropas bien descansadas, con las raciones de comida
al completo y no trate de resolver por sí mismo
nada"
El Príncipe de Asturias, proclamado rey como Fernando
VII, trató infructuosamente de lograr la aceptación
de Murat, primero y de Napoleón, después: Francia
no reconoció al flamante soberano. Carlos IV, por su
parte, revocó su abdicación y el conflicto se
complicó aún más.
Napoleón consiguió hábilmente que tanto
Fernando VII como los reyes viejos lo nombraran
árbitro de la situación. Hecho esto,
convocó a Carlos y a Fernando a una entrevista a
celebrarse en Bayona.
En abril de 1808 Carlos IV, Fernando y Napoleón se
reunieron, tal como había sido acordado, en Bayona (ciudad
francesa de los Bajos Pirineos). Allí, Bonaparte
obligó a Fernando a devolver la corona a su padre. A
continuación, Carlos IV cedió todos sus derechos sobre España
y las Indias -en su nombre y en el de sus hijos- en beneficio de
"su amigo el gran Napoleón", a cambio de una
pensión y de algunas posesiones en Francia. El
Emperador dispuso, de inmediato, que su hermano José,
hasta entonces rey de Nápoles, ocupase el trono
español y que Murat lo reemplazara en Italia.
Sin embargo, a esta operación le faltó lo
esencial: el consentimiento del pueblo.
En la misma entrevista de Bayona, Napoleón dispuso que
Fernando y su séquito fueran
trasladados, en cautiverio, a Valençay. Ante este
suceso el pueblo de Madrid se sublevó el 2 de mayo.
Los pequeños acontecimientos estallaron frente al Palacio
Real de Madrid cuando, con las carrozas preparadas ya y entre la
multitud estacionada, se hizo correr la voz de que el
príncipe Francisco de Paula se había puesto a
llorar al no querer marcharse. El sentimentalismo popular
reaccionó frente a las tropas de Murat que intentaron
dispersar a los grupos. Los
gritos se convirtieron en disputas y se acabó persiguiendo
por todas partes a los soldados franceses aislados, en una lucha
que cambió rápidamente de signo en cuanto Murat
tuvo tiempo de
lanzar cargas de caballería y de alinear su
artillería. Se combatió duramente en la
Puerta del Sol y en el Parque de Artillería de
Monteleón, a donde el pueblo había acudido en busca
de armamento. Murat aplastó el levantamiento
y, a partir de ese momento, inició una dura
represión contra los españoles. La
reacción del 2 de mayo fue el comienzo de una tenaz y
encarnizada resistencia
contra los invasores, convertida en guerra por la
independencia,
que duró más de cinco años.
Un funcionario fugitivo del Madrid revuelto, redactó al
pasar por el pueblecito de Móstoles un bando en el que se
conminaba a acudir en defensa de la capital y que
los dos alcaldes del pueblo suscribieron. Resultó
una declaración de guerra. Entre el 20 y el 30 de
mayo, tras unos días que parecieron de calma, el
país se levantó. Con pocos días de
diferencia, negaron su obediencia a José ciudades tan
lejanas como Oviedo, Cartagena, Sevilla o Santander.
En julio de 1808, para dar visos de legalidad al
gobierno de José I, hermano de Napoleón, se
convocó en Bayona una junta de ciento cincuenta diputados
de todas las provincias españolas con el fin de que fuesen
aprobadas las abdicaciones de Bayona y sancionado el Estatuto
constitucional. Pero sólo acudieron sesenta y cinco
diputados, proclamándose la nueva constitución el 6 de julio. Al
día siguiente juró como rey de España
José I. Las instituciones
y un grupo de
españoles "afrancesados" se prestaron a colaborar con el
nuevo representante de la dinastía Bonaparte; pero la
mayoría de la población, hombres, mujeres y niños,
sin distinción de clases
sociales, se agrupó en torno de sus
caudillos (aristócratas, sacerdotes o campesinos) e
inició una devastadora acción
contra los franceses.
En las diversas regiones españolas se constituyeron
Juntas gubernativas y aspiraron a renovar las antiguas Cortes,
como organismo general que representaría a todas y
acordaría respecto de las necesidades y deseos de la
nación
en ausencia del rey. Así se hizo, reuniéndose
en Cádiz una asamblea formada por cuatro clases de
diputados: de las ciudades que tuvieron voto en las cortes
anteriores; de las Juntas Provinciales nuevamente
constituidas; del pueblo, eligiendo un representante por
cada 50.000 personas; y de América (un representante
por cada 100.000 habitantes blancos). La mayor parte de los
miembros de estas Juntas eran liberales, influenciados por las
ideas de la Revolución
Francesa, y partidarios de una monarquía limitada.
Constituidas las Cortes como extraordinarias y soberanas en la
función
legislativa, comenzaron sus tareas sobre la base del
cuádruple juramento de los diputados, que se obligaban a
mantener la religión
católica, la integridad nacional y la fidelidad a las
leyes y
proclamaban como rey a Fernando VII.
Los franceses dominaban solamente aquellas ciudades donde
tenían guarnición (como Madrid), mientras el resto
del país preparaba, cada vez con más intensidad,
los núcleos de resistencia. Y si bien los
alzamientos fueron derrotados en Madrid y en otras ciudades,
triunfaron en el interior del país. Allí la
contienda adquirió las características de guerra
total, en la que participó toda la población civil
como elemento militante y en la que toda acción era
válida: desde cavar una zanja hasta matar un
caballo.
El 19 de julio de 1808, las tropas francesas al mando del
experimentado General Dupont, tras haber saqueado la ciudad de
Córdoba, fueron derrotadas en Bailén por un
ejército comandado por el General Castaños.
Esta batalla representó un duro golpe para Bonaparte y fue
muy eficaz para la causa de los patriotas, fortaleciendo el
ánimo de los indecisos y alentando la formación de
guerrillas en los puntos más aislados y
estratégicos. José Bonaparte se vio obligado
a abandonar Madrid, y las ciudades de Zaragoza y Gerona quedaron
libres del asedio enemigo.
Poco después, el 25 de septiembre, se constituía
en Aranjuez la Junta Suprema Central, que, presidida por el conde
de Ploridablanca, ordenaría las actividades de las Juntas
provinciales. Se solicitó la ayuda inglesa.
Gran Bretaña envió sus refuerzos al mando de Arturo
Wellesley (futuro duque de Wellington) quien desembarcó en
Lisboa. Wellesley reorganizó el ejército
portugués y obtuvo la victoria de Cintra y el abandono de
Portugal por parte de los invasores. Ante estos reveses
Napoleón intervino personalmente poniéndose al
frente de su ejército para salvar la
situación. Entró en Madrid, repuso a
José I en el trono y ordenó la conquista de
las plazas fuertes que aún se hallaban en poder de los
españoles. Zaragoza y Gerona se rindieron
después de largos meses de asedio y de una heroica
resistencia.
En enero de 1810, los efectivos napoleónicos ocuparon
toda la Península merced a las terribles ofensivas
llevadas a cabo por los generales Massena, Junot y Soult.
La Junta Central Suprema, con sedes sucesivas en Aranjuez,
Sevilla y Cádiz, se disolvió y algunos de sus
miembros, refugiados en la isla de León, establecieron el
Consejo de Regencia, mientras se convocaba a la reunión de
las Cortes. La ciudad de Cádiz, donde se
habían refugiado los elementos más destacados de la
resistencia, llegó a estar sitiada por el ejército
invasor, lo cual no fue obstáculo para que las sesiones de
las Cortes, que habían de discutir y promulgar una
constitución, se inaugurasen el 24 de septiembre.
Entre los integrantes de las Cortes se perfilaban dos
tendencias bien definidas: los liberales, partidarios de renovar
las instituciones de acuerdo con los principios
políticos de la Revolución Francesa, y los
conservadores, fieles a las formas tradicionales. En marzo
de 1812, se promulgó la nueva Constitución, de
carácter sensiblemente liberal, cuyos puntos fundamentales
eran: soberanía de la nación,
juntamente con el rey; monarquía constitucional;
separación de los poderes del Estado;
inviolabilidad de los diputados y su incompatibilidad con el
disfrute de cargos públicos; igualdad de
derechos entre españoles y americanos;
abolición de derechos abusivos sobre los indios;
libertad política de la
prensa,
quedando ésta sujeta a la previa censura en lo relativo a
cuestiones religiosas; sumisión del Rey a las Cortes
en cuanto a su casamiento y a los pactos internacionales que
hiciese estando en cautividad; abolición del
tormento; formalización de un presupuesto
nacional, sujetando al clero al pago de tributos para
la guerra; abolición de la pena de cárcel y
azotes a los indios que rehusaban bautizarse;
reconocimiento de los derechos individuales intangibles (libertad
civil, propiedad,
capacidad para cargos públicos, igualdad ante la ley,
etc.); reformabilidad de la Constitución;
ministros del rey responsables; municipios con Ayuntamiento
electivo; milicia nacional y ejército
permanente; gran desarrollo de la instrucción
pública; abolición del Tribunal de la
Inquisición, pasando los delitos
religiosos a conocimiento
de los tribunales de los obispos; limitación del
número de comunidades religiosas; reparto de tierras
baldías y comunales a los pobres y a los licenciados del
ejército; supresión de la pena de azotes en
las escuelas; planteamiento de una contribución
única directa, y otros más de análogo
sentido.
Ante el sorpresivo levantamiento de Austria,
Napoleón se vio obligado a retirarse de España
durante un año.
En 1811, Massena asumió la dirección de las operaciones
cuando las tropas francesas ya daban señales
de agotamiento. El intento de desalojar a los ingleses de
Portugal fue detenido por Wellesley en Torres Vedras. Al
año siguiente, los franceses empezaron a batirse en
retirada. Por fin, en 1813, Wellesley inició desde
Portugal una gran ofensiva y tras los triunfos de Arapiles (22 de
julio de 813), Vitoria (21 de junio de 1813) y San Marcial (31 de
agosto de 1813), el territorio español quedó
libre. La retirada de los franceses fue rápida, y
las pocas guarniciones que quedaban en el norte y en el este de
la Península fueron siendo evacuadas. Wellington
entró en Francia persiguiendo al enemigo. Casi al mismo
tiempo, se produjeron una serie de acontecimientos que
contribuyeron a poner fin a la Guerra de Independencia: el 24 de
marzo de 1814 Fernando VII entraba en España, dispuesto a
recuperar el trono; una semana después abdicaba
Napoleón
Bonaparte, derrotado en la batalla de Leipzig;
inmediatamente, Soult y Suchet parlamentaban con Wellington,
acordándose el cese de hostilidades entre España y
Francia; el 4 de junio era evacuada por los franceses la
plaza de Figueras, y con ello terminaba la ocupación, que
había durado seis años.
El Rey
"Deseado"
La vuelta al absolutismo y
el bienio liberal.
Desde la abdicación de Carlos IV a favor de su hijo, a
consecuencia del motín de Aranjuez, los españoles
habían considerado siempre a Fernando VII como su rey
legítimo. Las Cortes de Cádiz habían
gobernado y legislado en su nombre mientras duró la Guerra
de la Independencia, y bastaba con que ahora, al regresar de
Francia, aceptase y jurase la constitución de 1812
(Constitución doceañista). Pero una
cosa, en apariencia tan sencilla, dio origen a dos actitudes
diametralmente opuestas, cada vez más endurecida y
extremada la una por la intransigencia de la otra, que
escindieron a los españoles en dos bandos irreconciliables
y agresivos, y trazaron el camino inevitable de la historia durante casi todo
el siglo XIX. El problema consistía en decidir
qué ideas y qué hombres gobernarían la
nación: si los liberales o los reaccionarios; y,
para eso, la lucha se había de entablar necesariamente en
el terreno político, con el fin de obtener el poder y
limitar el absolutismo de modo que pudieran significarse las
aspiraciones de los reformistas y del pueblo entero. La
tenacidad de ambas partes; la resistencia, siempre viva, de
la reacción, empeñada en no conceder ni lo
más mínimo a los doceañistas (nombre
dado a los partidarios de la Constitución de 1812);
la crueldad de las persecuciones y los odios que a consecuencia
de ello arraigaron en ambos partidos, hicieron que el
período de 1814 a 1833 (fecha en que murió Fernando
VII) hubiera una serie ininterrumpida de conspiraciones,
sublevaciones y acechanzas de una y otra parte, que
consumían la atención y las fuerzas del país,
neutralizando toda posibilidad de llevar adelante cualquier obra
positiva de gobierno..
La familia
real española había permanecido en Francia durante
la guerra bajo la vigilancia de Bonaparte. Tras su
caída, los reyes viejos y Manuel Godoy continuaron
viviendo fuera de España, mientras Fernando VII
atravesó la frontera y fue
recibido en Valencia con gran entusiasmo. Inmediatamente se puso
en contacto con sus incondicionales, entre ellos es general
Elío, quien le aseguró la fidelidad del
ejército. Un grupo de diputados, presidido por Bernardo
Mozo de Rosales, marqués de Mataflorida, le
presentó un documento, el denominado Manifiesto de los
Persas, en el que le aconsejaban la restauración del
sistema
absolutista y la derogación de la Constitución
aprobada por las Cortes de Cádiz en 1812.
El 4 de mayo, mientras las Cortes, ya instaladas en Madrid,
esperaban su regreso, el rey promulgó un decreto
disolviéndolas y declarando sin efecto cuanto hubiesen
legislado. Las Cortes fueron clausuradas y los diputados
liberales detenidos.
El rey inició una dura represión contra los
"afrancesados" que habían prestado apoyo a los
ejércitos de Napoleón, aunque las recomendaciones
de Wellington impidieron que se aplicase la pena de
muerte. Además, conceptuó de traidores a
quienes habían mostrado sus ideas liberales en las Cortes
de Cádiz, y por este motivo los mandó encarcelar en
fortalezas de la Península o de África.
No sólo se persiguió a los liberales y se
proclamó el principio de que los años transcurridos
de 1808 a 1813 debían darse como no existentes; sino
que se retrocedió a un estado de mayor restricción
que el del siglo XVIII. Como consecuencia de este proceso,
se restableció la Inquisición, se admitió
nuevamente a los jesuitas, se
multiplicaron los conventos de frailes y monjas, se cerraron las
universidades y los teatros, se prohibió la
publicación de más periódicos que la
Gaceta oficial, y se impidió toda propaganda en
sentido de mejoramiento material o moral del
país. La Hacienda volvió a desorganizarse,
bajó la riqueza pública, creció
desmesuradamente el número se empleados y se
repitió el espectáculo de un pueblo hambriento y un
ejército miserable al que no se le pagaban los sueldos. De
esta manera fracasó el trabajo
llevado adelante durante años para liberar a la
nación de la opresión francesa y dotarla de una
monarquía constitucional, adaptada a las nuevas corrientes
de la época. Los más exaltados acabaron por
sublevarse contra el rey, sufriendo caso todos ellos la pena de
muerte;
los que pudieron sustraerse a esta suerte huyeron a Francia o a
Inglaterra.
La política exterior de Fernando VII tenía
tantos problemas como
la interior. Los políticos españoles,
principalmente dos Pedro de Ceballos y el embajador en Viena –
donde se reunía el célebre Congreso donde se
reorganizaba la política europea- no pudieron lograr que
se tomase en consideración la
personalidad internacional española, porque se
desconfiaba de su gobierno; y las grandes potencias
preferían segur aprovechando sus errores en beneficio
propio, antes que pactar seriamente con ella. Inglaterra
consiguió así un Tratado para comerciar libremente
con las Indias, y los Estados Unidos,
la cesión de la Florida. Es famoso también el
desastroso negocio de los barcos comprados a Rusia a un
precio muy
elevado, en el que el monarca participó personalmente, y
que luego resultaron inservibles por estar la madera
podrida.
Se llegó a crear contra Fernando VII una compacta y
numerosa oposición interior, en la que figuraban los
veteranos doceañistas y combatientes
antinapoleónicos, muchos de los cuales formaban parte de
las sociedades
secretas creadas por entonces en Europa y que
comenzaban a germinar en España. En las logias
masónicas andaluzas de Sevilla y Cádiz se
preparó un nuevo pronunciamiento que tuvo éxito. El "Taller Sublime" de la
Logia Lautaro, que estaba dirigido pro Francisco Javier
Istúriz, Alcalá Galiano (hijo del almirante muerto
en Trafalgar), Mendizábal, y el comandante del
ejército Rafael de Riego, trabajó el
ejército que se concentraba cerca de Cádiz para
embarcarse hacia América, y prepararon el ambiente
propicio para una revuelta liberal. Aunque el general en
jefe O"Donell también estaba comprometido en el
alzamiento, detuvo en el puerto de Santa María a los
comandantes que esperaban la orden de sublevarse
("Traición del Palmar", julio 1819), y entonces Riego, el
1º de enero de 1820, proclamó en Cabezas de San Juan
la Constitución de 1812. Esto repercutió en
otros puntos de la Península: el 21 de febrero
estalló en La Coruña y el 5 de marzo en
Zaragoza; luego en Barcelona, Pamplona y Cádiz.
Incluso el general O"Donell, que había recibido el mando
del ejército reunido en La Mancha para combatir a los
rebeldes, aceptó la Constitución de 1812 en
Ocaña.
Frente a esta situación, Fernando VII comenzó
por tomar algunas medidas pacificadoras, tales como la
convocatoria a las Cortes el 6 de marzo, pero ante los motines
desatados en Madrid se vio obligado a jurar la
Constitución el día 9 de marzo. El manifiesto
del día 10 terminaba con la célebre frase:
«Marchemos francamente, y Yo el primero, por la senda
constitucional».
Cuatro meses más tarde, ante las nuevas Cortes, el
monarca ratificaba su juramento. Entre la exaltación
de los triunfadores y el regreso de los exiliados
políticos comenzó a funcionar el nuevo Ministerio,
del que era figura preeminente Argüelles, un liberal
moderado. Sin embargo, el afán de desquite de los
liberales exaltados, que cantaban el "Trágala" contra
Fernando VII («Trágala o muere – tú,
servilón – tú, que no quieres -la
Constitución»), y la intención de
éste, difícilmente encubierta, de anularla,
acabaron por hacer insostenible aquel ministerio, que fue
reemplazado por el de Feliu. Este gobierno fracasó
por el mismo motivo y dio paso al de Martínez de la Rosa,
que intentó vanamente un acuerdo entre las
antagónicas posiciones que iban minando el orden en toda
la nación. El día 7 de julio de 1822 se
sublevó la Guardia Real, proclamando el absolutismo de
Fernando VII; pero fue reducida por los milicianos, y el rey se
vio obligado a encargar el gobierno a Evaristo de San Miguel, de
notoria significación liberal. Esto motivó el
incremento de la lucha civil. Mientras en Valencia los
liberales triunfantes ejecutaban al general Elío,
partidario del absolutismo, en la Seo de Urgel los absolutistas
constituían una Regencia Suprema de España
durante la cautividad de Fernando VII. La Regencia
dirigió una proclama a la nación (14 de agosto de
1822), en la que preconizaba un absolutismo moderado de
carácter incluso regionalista, pero los guerrilleros
absolutistas no pudieron evitar que los liberales obligaran a la
Junta a refugiarse en Francia. Con esto quedaba demostrado
que los elementos absolutistas no contaban con apoyo suficiente
en el país para imponerse a los gobiernos liberales.
Fue necesario, entonces, recurrir a la ayuda de las potencias de
la Cuádruple Alianza, que en octubre de 1822 se hallaban
reunidas en el Congreso de Verona.
La Cuádruple Alianza (Francia, Rusia, Austria y
Prusia) examinó la situación de España y
decidió ayudar al rey. Las Cortes recibieron
comunicaciones
diplomáticas amenazadoras, en las que se les exigía
la libertad del monarca, la abolición de la
Constitución de 1812y la represión de la
anarquía que, según ellos, reinaba en la
nación. Estimando inminente la guerra, se trasladaron a
Sevilla y obligaron al rey y a sus ministros a que les
siguiesen. Unos días más tarde, el 7 de abril
de 1823, un ejército francés de 100.000 hombres
(los Cien mil hijos de San Luis), al mando del duque de
Angulema, penetró en España y ocupó la
nación tras derrotar a los generales liberales. Las
Cortes se habían refugiado en Cádiz con el propio
rey; pero al rendirse la ciudad, el 1º de octubre,
todo el país quedó en manos del duque de Angulema,
que devolvió el poder absoluto a Fernando
VII.
El corto gobierno de los liberales había llegado a su
fin. Durante este período (1820 – 1823) se
habían reanudado las reformas legislativas:
división del territorio en provincias (las actuales), Ley
Orgánica de la Armada, Beneficencia pública,
aranceles de
Aduanas,
Código
Penal, nuevo plan de
estudios. Estas iniciativas tuvieron como consecuencia una
reacción mucho más dura que la de 1814, y una nueva
emigración a Francia e Inglaterra de elementos
liberales.
Al verse Fernando VII dueño absoluto del poder y
protegido por las fuerzas de Angulema, se entregó sin
freno a satisfacer sus ansias de venganza, y empezaron las
enconadas persecuciones de liberales (decreto del 4 de octubre de
1824). Al frente del gobierno fue colocado Víctor
Damián Sáez, confesor del monarca;
aparecieron las llamadas "Juntas de Fe", que junto a las
oficiales "Comisiones militares", dedicadas a juzgar a los reos
de delitos políticos, persiguieron a los elementos
liberales y masones y llevaron a cabo una tremenda
depuración de los funcionarios civiles y militares del
país. El general Riego fue ahorcado
públicamente en la plaza de la Cebada de Madrid, y el
propio Angulema, horrorizado por las represalias de que era
testigo, favoreció la escapatoria de muchos
políticos, regresando luego a Francia.
En 1824 la represión parecía haberse mitigado,
pero vino a recrudecerla el movimiento
revolucionario del general Valdés en Tarifa. Los
gobiernos de escaso prestigio se sucedían. Pero la
derrota sufrida por las tropas españolas en Ayacucho
(Perú), el 8 de diciembre de 1824, que significó la
consumación de la independencia de las colonias
americanas, frenaron la desorbitada violencia del
partido absolutista más intransigente, representado por el
infante Don Carlos María Isidro, hermano del rey.
Zea Bermúdez aconsejó moderación al rey, y
éste separó del gobierno al ministro de guerra
Aymerich, y decretó una amplia amnistía en junio de
1825.
Los absolutistas exaltados, llamados
apostólicos, acusaron al rey de haberse pasado al
bando liberal y crearon el partido carlista, el cual
pretendía sustituir al monarca por su hermano el infante
Don Carlos.
La pérdida del imperio colonial en 1825 y la crisis
económica que alcanzó especial importancia en 1827
obligaron a Fernando VII a solicitar un empréstito ante la
alta Banca, integrada
en general por antiguos afrancesados. Ese mismo
año estalló en Cataluña el movimiento
llamado "des malcontents", después de una serie de
conspiraciones carlistas y del Manifiesto del Pueblo
español (1827), firmado por una federación de
realistas puros que pedían la elevación al trono
del príncipe Carlos. Se constituyó en Manresa una
Junta Suprema Carlista (agosto de 1828). Se acusaba
al monarca de estar dominado por los liberales masónicos,
de haber permitido reformas liberales en Portugal y, sobre todo,
de no haber disuelto el ejército liberal y haberlo rehecho
con oficiales absolutistas. Esta revuelta acabó con
el fusilamiento de la mayor parte de los jefes de la Junta, al
mismo tiempo que arreciaba la persecución contra los
liberales: las cárceles se encontraron llenas de
partidarios de ideología antagónica.
En agosto de 1830, una revolución destronó en
Francia a Carlos X, sustituyéndolo por Luis Felipe de
Orleáns, de carácter liberal y
constitucional; Fernando VII se negó a reconocer su
gobierno. Desde entonces Francia comenzó a ser un
seguro refugio
para los emigrados y conspiradores liberales de España, a
los que también protegía Inglaterra. Al
reconocer Fernando VII a Luis Felipe, terminó la
protección francesa a los revolucionarios, pero no la
inglesa.
En marzo de 1829 falleció la tercera esposa del rey,
Amalia de Sajonia. Fernando VII, que contaba en ese momento
con 45 años y no tenía sucesión,
decidió casarse de nuevo con su sobrina María
Cristina de Borbón, de tendencias liberales.
A punto de nacer el primer hijo, ante la posibilidad de que
fuese mujer, María Cristina consiguió que Fernando
VII pusiese en vigor la derogación de la Ley
Sálica, que excluía del trono a las mujeres (esta
ley fue promulgada en 1713 por Felipe V y derogada por Carlos IV
en 1789, aunque no llegó a publicarse en ese
momento). El 10 de octubre de 1830 nació
Isabel, que fue legalmente proclamada Princesa de Asturias
y heredera de la Corona.
La Pragmática que reconocía a las mujeres el
derecho a gobernar entró en vigor, de manera definitiva,
el 31 de diciembre de 1832, cuando ya la reina María
Cristina se había ocupado del despacho de los asuntos del
Estado debido a la enfermedad que aquejaba al rey.
Necesitando apoyarse en los liberales para defender la
sucesión de su hija Isabel, María Cristina
publicó una amplia amnistía que permitió el
regreso de los exiliados, abrió de nuevo las
universidades, y adoptó otras medidas de
transigencia. Las Cortes juraron heredera a la Princesa
Isabel, cuando ya el Príncipe Carlos había salido
de España camino a Portugal. El 29 de septiembre de
1833 moría Fernando VII.
El fallecimiento de Fernando VII
entabló un pleito sucesorio, que pronto se tradujo en una
cruenta guerra civil entre los denominados isabelinos o
cristinos, defensores de la legitimidad al trono de la regente
María Cristina de Borbón, madre de Isabel II,
y los partidarios del infante don Carlos, aferrados a la validez
de la Ley Sálica e identificados bajo la etiqueta
carlista.
Regencia de María
Cristina
Al asumir la regencia de su hija Isabel II, de tan sólo
3 años, la política de María Cristina se
apoyó en las fuerzas liberales. Las fuerzas absolutistas
del país, lideradas por el Príncipe Carlos,
defendían el programa
reaccionario y eran enemigas declaradas de la Regente.
En octubre de 1832, por orden de María Cristina,
Francisco Zea Bermúdez pasó a ejercer el
último gobierno del reinado de Fernando VII y, desde el
fallecimiento de éste hasta enero de 1834, el primero de
su regencia.
Los carlistas provocaron de inmediato, ese mismo año,
la primera Guerra Carlista. El conflicto, iniciado en el
Norte, se extendió rápidamente por las Provincias
Vascongadas, Navarra, Aragón, Cataluña y Valencia,
dirigido por el coronel Tomás Zumalacárregui, que
se reveló como habilísimo estratega derrotando a
las fuerzas enviadas contra él y estableciendo
permanentemente el carlismo en las Provincias Vascongadas.
Esto excitó los ánimos de los liberales, y se
produjeron una serie de disturbios en diversos lugares de la
Península.
Se sucedían distintos gobiernos, como los de Zea
Bermúdez, Martínez de la Rosa, el conde de
Toreno y Álvarez Mendizábal; todos ellos
intentaron, sin éxito, restablecer el orden en el
país. En 1835 el Secretario de Estado Juan
Álvarez Mendizábal -un liberal radical-
convocó a las Cortes para solucionar los problemas
económicos de la nación, y determinó la
desamortización de los bienes de la
Iglesia y la
supresión de todas las órdenes religiosas.
Todos sus bienes y propiedades pasaron al Estado, el cual
decretó su venta. Pero
sin un sistema de créditos que ayudara en la compra de las
propiedades a los campesinos que las trabajaban, éstas
terminaron siendo adquiridas a precios muy
bajos por los propietarios ricos, que aumentaron de esta manera
sus latifundios. Aunque en algunos casos se mejoró
la producción, la situación del
campesinado empeoró. Los nuevos propietarios, nobles
o burgueses de clase media,
apoyaron desde entonces incondicionalmente a los liberales, ante
el temor de que un gobierno tradicionalista declarase nulos los
decretos de desamortización.
Por su parte, muchos campesinos, alienados de las nuevas
elites sociales, en el País Vasco, Navarra, Aragón
y Cataluña, se vieron empujados al carlismo.
Ni la reina Regente ni sus ministros habían adoptado la
Constitución como reiteradamente pedían los
liberales doceañistas, y se regían por el
Estatuto Real, que tenía un matiz más
conservador. Entretanto, la guerra carlista, al morir
el coronel Zumalacárregui en el sitio de Bilbao,
perdió algo de su violencia y ferocidad, y siguió
sin acciones
decisivas por parte de ninguno de los dos bandos.
La reina regente estaba enfrentada al primer ministro, Juan
Álvarez Mendizábal, y consiguió su
dimisión el 14 de mayo de 1836. Le sustituyó el
conservador Francisco Javier de Istúriz, quien, al no
contar con el apoyo suficiente en las Cortes, las
disolvió. María Cristina firmó el decreto de
disolución, inaugurando una práctica frecuente en
el constitucionalismo español. Cuando iban a reunirse las
nuevas Cortes estallaron distintos levantamientos en varias
ciudades que Istúriz intentó controlar. En el Real
Sitio de La Granja (en la localidad segoviana de San Ildefonso),
donde estaban reunidas las Cortes, la guardia, dirigida por los
sargentos, se sublevó el 12 de agosto, pidiendo la
restitución de la Constitución de 1812. la
consecuencia fue la promesa de María Cristina de adoptar
la Constitución, la caída del ministerio de
Istúriz, que fue sustituido por Calatrava, con
Mendizábal en el ministerio de Hacienda para proseguir su
labor desamortizadora de los bienes del clero, y, finalmente, la
convocatoria de las Cortes, encargadas de redactar una
Constitución inspirada en la de 1812.
En agosto de 1837, se produjo un pronunciamiento militar en
Pozuelo de Ara Vaca, que hizo cambiar el ministerio de Calatrava
por el de Bardají.
La guerra carlista se había extendido a la
región de Andalucía. El general Espartero, un
liberal progresista de familia humilde,
consiguió poner fin a la guerra que decidió el
futuro del régimen liberal. Así, la primera
Guerra Carlista, notable por el fanatismo y la crueldad de ambos
bandos, terminó en 1839 con el Convenio de Vergara (29 de
agosto). Allí, los generales Espartero y Maroto se
dieron un simbólico abrazo ante sus respectivos
ejércitos, mientras el Príncipe Carlos abandonaba
el país. En el resto de España, especialmente
en el Maestrazgo y Cataluña, los episodios habían
sido numerosos y sangrientos; pero terminaron cuando el
general carlista Ramón
Cabrera cruzó la frontera hacia Francia. Con esto se
dio por terminada la primera de las guerras
carlistas.
Espartero, nombrado el Duque de la Victoria, se
convirtió en la personalidad
más popular de España, pero dejó sin
solucionar el conflicto ideológico entre liberales y
tradicionalistas. Hasta el año 1843 se sucedieron
una serie de gobiernos ejercidos por secretarios de Estado cada
vez más liberales.
Regencia de
Espartero
En 1840 Espartero se opuso a una serie de medidas de la
Regente María Cristina y pasó a encabezar la
oposición. Cuando milicianos y soldados se
sublevaron en Barcelona y en Madrid, Espartero, con el apoyo del
ejército, obligó a la reina a salir de
España y las Cortes lo elevaron a la Regencia en su
sustitución.
La Regencia de Espartero duró dos años. Su
proceder dictatorial le granjeó muchos enemigos en el
ejército y en el gobierno, entre liberales progresistas y
moderados. Los republicanos, junto con la burguesía
industrial, que lo acusaba de fomentar el librecambismo para
favorecer a sus aliados ingleses, se unieron en 1843 y derrotaron
al gobierno en las elecciones. El Regente respondió
disolviendo el Parlamento, y entonces estalló nuevamente
la revolución, dirigida por dos generales, Prim y
Narváez, que se sublevaron y obligaron a Espartero a
exiliarse en Inglaterra (30 de julio de 1843).
Reinado de Isabel
II
Las Cortes declararon mayor de edad a Isabel, quien, tras
jurar la constitución, fue coronada como Isabel II.
Tenía trece años de edad. Su reinado fue tan
inestable como lo había sido la regencia. Se
agravaron las luchas entre progresistas y moderados y se hizo
más clara la politización de los jefes del
ejército, cuyos generales más distinguidos,
Espartero primero; Narváez, O"Donnell, Serrano y
Prim después, dominaron la política española
con su prestigio personal y con el
poder que les daba su mando en el ejército. En estos
años el liberalismo
progresista fue adquiriendo un tono antimonárquico y
republicano cada vez más acentuado.
Isabel II inició su gobierno apoyándose en el
general Narváez, que se había constituido en jefe
del partido moderado. De acuerdo con ello, dispuso la
convocatoria de elecciones constituyentes, que se reunieron en
1844 y redactaron una nueva Constitución.
ésta entró en vigor el 23 de mayo de 1845.
Algunos intentos de sublevación, como los de los generales
Prim y Zurbano, fueron reprimidos con mano dura.
Debido a las circunstancias en que se desarrollaban los
acontecimientos, la reina siempre se mantuvo en contacto con
algún oficial del ejército, que le garantizaba la
posesión de la Corona. El gobierno fue pasando, a
través de los años, de uno a otro, sin que el poder
civil tuviese una intervención decisiva en la
política. Esto dio origen a murmuraciones que
acabaron por desacreditar a la reina y, finalmente, condujeron a
su destronamiento.
En octubre de 1846, cuando Isabel contaba con 16 años,
se la casó contra su deseo, después de numerosas
conversaciones con potencias extranjeras, con su primo Francisco
de Asís de Borbón.
En 1848 se produjeron una serie de insurrecciones en diversos
países europeos, donde habían fracasado los
intentos de llevar a cabo reformas económicas y políticas.
Estas revoluciones, de carácter liberal democrático
y nacionalista, fueron iniciadas por miembros de la
burguesía, que reclamaban gobiernos constitucionales y
representativos, y por trabajadores y campesinos, que se
rebelaban contra el aumento de las prácticas capitalistas
que les estaban sumiendo en la pobreza. Este
movimiento ejerció una influencia a largo plazo en los
gobiernos europeos al minar el concepto
absolutista de la monarquía y promover una corriente en
favor del liberalismo y el socialismo.
En España, Narváez debió reprimir
enérgicamente los brotes de la Revolución
Europea, así como los intentos de
insurrección de los progresistas y del carlismo, al mando
de Cabrera; finalmente, en 1851 presentó su
dimisión.
Al ministerio de Narváez sucedieron los ministerios de
Bravo Murillo y de Sartorius; ambos pretendieron gobernar al
margen de las Cortes; esta actitud
motivó un nuevo movimiento revolucionario, dirigido por el
general Dulce y secundado por O"Donnell.
Debido a los enfrentamientos políticos provocados por
el debate de las
concesiones ferroviarias, el gobierno presidido por Luis
José Sartorius suspendió las Cortes en diciembre de
1853. Desde ese momento, destacados elementos pertenecientes a
los partidos Progresista y Demócrata, pero también
a los grupos disidentes del propio Partido Moderado en el poder,
empezaron a preparar un relevo gubernamental. El general Leopoldo
O"Donnell efectuó el 28 de junio en Vicálvaro el
pronunciamiento que promovía la destitución de
Sartorius y que logró atraerse a otros generales, entre
los que se encontraba Domingo Dulce. El día 30, tuvo lugar
el consiguiente encuentro militar de Vicálvaro que
enfrentó a las tropas de O"Donnell con las del ministro de
la Guerra y general Anselmo Blaser. Sin un claro vencedor, ambos
contendientes se retiraron. Sin embargo, este
enfrentamiento dio lugar a los acontecimientos revolucionarios
que desembocaron en el llamado Bienio Progresista
(1854-1856).
El llamado Manifiesto de Manzanares, firmado por O"Donnell el
7 de julio siguiente, amplió los objetivos
políticos del movimiento y lo extendió socialmente
por el país de forma inmediata, por medio de juntas
revolucionarias y milicias nacionales. De resultas del
pronunciamiento, y del enfrentamiento militar posterior, los
progresistas volvieron a ser llamados días después
por la reina Isabel II para asumir el gobierno, con Baldomero
Fernández Espartero en la presidencia del mismo y
O"Donnell en el Ministerio de la Guerra: había comenzado
el Bienio Progresista.
Desde 1854 hasta 1856, de nuevo el Partido
Progresista se volvió a hacer con el poder. Su principal
dirigente, Espartero, volvía así al primer plano.
Lo más trascendente de cuanto ocurrió en este
periodo (llamado Bienio Progresista) fue la
desamortización civil llevada a cabo en 1855 por el
ministro de Hacienda Pascual Madoz, quien logró la
aprobación de la controvertida Ley General de
Desamortización de 1 de mayo de ese año, que
pretendió completar el ya iniciado proceso desamortizador
con la venta pública de los bienes civiles y de los bienes
eclesiásticos que se encontraban todavía fuera del
libre mercado.
Sin embargo, el gobierno de Espartero, compartido con
O"Donnell, fue poco eficaz para la buena marcha de los
acontecimientos: mientras las Cortes discutían las bases
de una nueva Constitución de carácter liberal, se
producían graves desórdenes en Barcelona, Valencia
y otros lugares. Debido a esto, la reina terminó por
eliminar a Espartero del gobierno.
O"Donnell disolvió las Cortes, dejando sin efecto la
Constitución de aquél mismo año; en su
lugar, se reforzó la de 1845 con un Acta adicional de
tendencias liberales. Disgustado momentáneamente con
la reina, O"Donnell dimitió. En su lugar, por un breve
período, gobernó Narváez (en 1857) y luego
volvió al poder O"Donnell. Con tal versátil
proceder, se fomentaba inconscientemente la revolución del
país.
Durante este período de gobierno (1858-1863) se
formó la llamada Unión Liberal, en cuyo
programa intervino el propio O"Donnell, Martínez de la
Rosa y Juan Prim. Este fue un periodo de relativa
estabilidad social, durante el cual O"Donnell jugó un
activo papel en el exterior -tanto en su gobierno ejercido desde
1858 hasta 1863 como en el que presidió entre 1865 y
1866-, hasta el punto de poder hablarse de una etapa
neoimperialista, como muestran la guerra en Marruecos (con la
firma del Tratado de Wad-Ras, en 1860, que delimitaba las
posesiones españolas en el norte de África); la
intervención en México
(llevada a cabo, junto a franceses y británicos, en 1861 y
1862) y en Cochinchina (como apoyo a las tropas francesas que
intervinieron en el territorio desde 1859); la anexión de
la República
Dominicana (1861-1864); y la provocación de la guerra
del Pacífico (1864-1866), que, entre otros avatares, se
manifestó en el bombardeo español en 1866 del
puerto peruano del Callao.
Después del gobierno de O"Donnell siguieron algunos de
escasa consistencia, y ante los frecuentes y cada vez más
alarmantes síntomas revolucionarios, la reina
entregó el poder a Narváez, de actitud implacable
en la persecución de los liberales. Sin embargo,
aquella vez bastó la publicación de un
artículo periodístico contra la reina titulado El
Rasgo, y firmado por Castelar, para que Narváez dimitiese.
Ante la crisis de la Hacienda y la petición de nuevos
empréstitos que estaba dispuesto a solicitar el gobierno
de Narváez, la reina decidió ceder al pueblo la
cuarta parte de los bienes del Patrimonio
Real. La prensa gubernamental coreó el
acontecimiento y Narváez, en el Congreso (20 de febrero de
1865) lo calificó de «grande, extraordinario y
sublime». En respuesta a esto, el
periódico La Democracia publicó un
artículo del catedrático de la Universidad de
Madrid, Emilio Castelar, titulado ¿De quién es
el Patrimonio Real?, en el que se declaraba que los bienes
tan gentilmente cedidos pertenecían a la
nación.
El 25 de febrero Castelar publicó otro artículo
referido al mismo tema, El Rasgo, en el que, aceptando las
ideas de la oposición, sostenía que los bienes
donados jamás hubieran proporcionado a la reina la renta
que conseguirían entonces. Como consecuencia de esta
opinión, Castelar fue destituido de su cátedra,
pero se produjeron disturbios, cuando en la noche del 10 de abril
la Guardia Civil disolvió una manifestación de
estudiantes en la Puerta del Sol, provocando nueve muertos y
más de un centenar de heridos ("Noche de San
Daniel"). Debido a la inquietud pública originada,
Narváez acabó por dimitir.
O"Donnell, que le sucedió en el gobierno, tuvo que
hacer frente a la insurrección de los sargentos artilleros
de San Gil, en Madrid, ordenando el fusilamiento de sesenta y
seis complicados en ella.
Durante el gobierno de O"Donnell y por una cuestión de
prestigio de llevó a cabo una guerra en el Pacífico
contra las repúblicas de Perú y Chile, que supuso
graves pérdidas para España: hasta 1871 no se
firmó un armisticio con Perú y Chile. El
gobierno de O"Donnell no tardó en caer (10 de julio de
1866). Con esto quedaron completamente agotadas las
ayudas que la reina venía recibiendo de "sus
generales", ya que O"Donnell falleció en noviembre de
1867, y Narváez, en abril del año
siguiente.
Al encargarse del poder González Bravo, los
revolucionarios consideraron llegado el momento de actuar.
Se logró un acuerdo entre la Unión Liberal, el
Partido Demócrata y el Progresista: el 18 de septiembre de
1868, el almirante Topete se sublevó en Cádiz con
toda la escuadra, el general Prim tomó el mando de la
guarnición de Barcelona y el general Serrano, de la de
Sevilla. La reina se exilió el 30 de
septiembre. Con esto se iniciaba en España un
dramático período de intensa vida
revolucionaria.
INDEPENDENCIA DE LAS
NACIONES EN HISPANOAMéRICA
El desarrollo de los acontecimientos ocurridos en
España desde 1808 había repercutido sensiblemente
en Hispanoamérica, predispuesta siempre, como toda
colonia, a reclamar su independencia. Su evolución secesionista, intensificada por
muy diversos motivos, tiene profundas raíces y ofrece
numerosos episodios, preliminares chispazos del desenlace
definitivo.
La independencia de los Estados Unidos (1776) y la
Revolución Francesa (fines del siglo XVIII) crearon el
adecuado ambiente para que pudiesen convertirse en programas
concretos y acciones definidas lo que antes eran tan sólo,
en la América española, confusas ansias de
libertad. A ello se unió la ayuda inglesa y la de
las sociedades secretas europeas, además de la evidente
incomprensión del Estado español, más atento
a las cuestiones dinásticas que a la conveniencia
política de la patria.
Sintetizando en pocas palabras un tema tan complejo, se puede
decir que España perdió sus colonias en
América porque no supo o no pudo crear, junto a unos
vínculos espirituales indiscutibles, otros de
carácter material, económico y político,
entre la colonia y la metrópoli.
En 1780 se produjo en el Perú la sangrienta
insurrección de Túpac Amaru, y en la misma
época se desarrollaron la de los llamados comuneros
de Nueva Granada y Paraguay.
Como precursores de la independencia se destacaron el
venezolano Francisco Miranda (1806), que terminó sus
días en una prisión gaditana, diez años
más tarde; el cura Hidalgo, en México,
durante el año 1810; Simón Bolívar,
también venezolano, formado en España, que, al
apoderarse de caracas en 1813 recibió el nombre de
«Libertador», aunque luego fue vencido y desterrado,
hasta convertirse más tarde en el personaje
simbólico de la independencia. El Paraguay
logró su autonomía con el doctor Francia en 1814, y
la Argentina, con Juan Martín de Pueyrredón, en
1816.
Pero la verdadera guerra organizada comenzó entonces,
en una serie de acciones muchas veces combinadas y
simultáneas. El argentino José de San
Martín atravesó los Andes y alcanzó
sobre los españoles la gran victoria de Maipú
(1818); posteriormente, en 1819, en la batalla de
Boyacá, se obtiene la independencia de Chile y de Nueva
Granada, a las cuales sigue la del Perú;
México la obtuvo mediante el Pacto de Córdoba (24
de agosto de 1821) entre el general español
O"Donojú y el caudillo mexicano Iturbide. Al
año siguiente, los Estados Unidos reconocieron la
independencia de estas repúblicas, y pronto la lograron
las demás.
El día 8 de diciembre de 1824 se libró en
Ayacucho (Perú) la última batalla, que
significó la independencia de las colonias
españolas.
BIBLIOGRAFÍA
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ALTAMIRA; "Civilización española", Manuales Soler,
cap. IX
§ GRIECO
Y BAVIO, Y OTROS; "Historia Segundo curso: la Edad Moderna,
el surgimiento de la Edad Contemporánea, la Argentina
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§ MARIA
TERESA DE RABAZA;"La guerra de la independencia española",
Editorial. Plaza y Janes, Barcelona, pp 4 a 31
§
DIRECTOR: FRANCESC NAVARRO; "Historia
universal: el siglo XIX en Europa y Norteamérica",
Editorial Salvat, , Lima, Perú, 2005
- MICROSOFT® ENCARTA® 2007 [DVD].
Microsoft
Corporation, 2006. - ENCICLOPEDIA LABOR, "Historia de España", Editorial
Labor, 1978, cap. XXIV - BUSTINZA; "Historia 4: Instituciones americanas:
prehispánicas, coloniales, sociedad y
economía", (Serie Plata),A-Z
Editora, Bs. As., 1996, cap. VI - BUSTINZA-GRIECO Y BAVIO; "Historia 2: Los tiempos modernos
y contemporáneos hasta 1830", Serie Plata, A-Z Editora,
Bs. As., 1995, cap. V
Autor:
Aimore Papini
Año de realización: 2008
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