Reforma agraria, Nacionalización de las exportaciones y Nacionalización de la banca en El Salvador (página 2)

Enviado por Rolando Andr�s Valenzuela Amaya

Partes: 1, 2

Aspectos
positivos

Redistribución de un 25% de la tierra
agrícola.

En las haciendas mayores expropiadas se establecieron
grandes cooperativas
de producción.

Un 5.8% de las familias han sido beneficiadas por la
reforma agraria

los campesinos tienen que pagar durante 30
años por la tierra
entregada.

El sector agrícola muestra una
recuperación en su crecimiento (1.4% anual) en contraste
con la reducción en la década de los ´80
(1.4% anual)

Aspectos
negativos

Difícilmente se podría impulsar una
reforma agraria eficaz cuando soldados y guerrilleros ya
estaban enfrentándose en diversas zonas rurales del
país.
Afecto aproximadamente a un 16% de las tierras
agrícolas del país, sobre todo en las zonas
central y oriente
Quedaron afectados los inmuebles que a la fecha de la
vigencia de la referida ley estuviesen
explotados por fines de uso agrícola.
La reforma
agraria fue sólo un pretexto que fue aprovechado por
los comunistas, para ganarse el apoyo del campesinado, aunque
después las tierras terminaban en poder del
Estado y los
campesinos bajo el yugo estatal.
La reforma originó un baño de sangre.
En El Salvador, más de la mitad de los
beneficiarios han recibido parcelas de tierra de menos de 2
hectáreas, tierra que no se puede sembrar anualmente por
su ubicación en zona de declives y bajo nivel de
fertilidad
La reforma agraria "a la Prosterman" condena al
campesinado a tierras no sirven ni siquiera para la
subsistencia de sus familias.
El producto interno
bruto descendió -0.4%
La agricultura
cayó -0.7% anual en los años 80.
La pobreza
permaneció constante en el campo durante los años
80
Perdida de la importancia relativa del sector
agrícola dentro de la estructura
productiva como de empleo de
los países
Falta de infraestructura en zonas rurales y escasa
innovación tecnológica
Reducción de la importancia del sector
agrícola
Disminución del salario real
en la agricultura
Disminución del empleo en este
sector

Nacionalización de la
banca

Primeros Bancos en El
Salvador
Se realizaron varios intentos para organizar
bancos en El Salvador, pero muchos de ellos fallaron. En 1867,
entre los diferentes proyectos se
encontraban el Banco del
Salvador, un banco de emisión, depósito y
descuento, cuyo fundador, es William Francis Kelly, el cual
contaba con el apoyo del Gobierno. El
intento fue fallido…
Fue hasta en 1880 que empezó a funcionar el Banco
Internacional de El Salvador como banco privado emisor de
billetes. El banco fue fundado mediante un contrato entre el
Ministro de Hacienda, Pedro Meléndez y J. F. Medina, el 5
de abril de 1880. Tenía la facultad de emitir
billetes de curso legal, pagados a la vista y al portador. Le fue
concedida la facultad de emisión exclusiva por 25
años.
El Banco Salvadoreño, se fundo en 1885 con el nombre de
Banco Particular de El Salvador, fue creado por una
concesión del Ministerio de Fomento a Mauricio Duke y
Francisco Camacho. Este banco también tuvo la facultad de
emitir billetes pagaderos a la vista al portador y se le
autorizó para negociar con el Banco Internacional su
permiso para que sus billetes tuvieran curso legal. Fue en 1891
que cambió su nombre a Banco Salvadoreño.
El Banco Agrícola Comercial fue fundado en 1895, por
José González Asturias y Rodolfo Duke. A
éste se le facultó para emitir billetes al
portador, al igual que a los otros bancos fundados
anteriormente.
Para 1898 funcionaban en el país cinco bancos: el Banco
Internacional , el Banco Salvadoreño, el Banco Occidental,
el Banco Industrial y el Banco Agrícola Comercial.
Sin embargo, durante 1898, la situación económica
del país no era muy buena y no daba señales
de mejoramiento, por lo que la Asamblea Nacional decretó
una Ley Moratoria que, entre otras cosas, establecía que
los billetes en circulación de los bancos emisores
serían recibidos a la par de la moneda nacional de plata,
en pago de las rentas internas del Estado, y se establecía
la inconvertibilidad de los billetes. El Gobierno continuó
haciendo esfuerzos para superar la crisis que
hacía peligrar las actividades de los bancos establecidos.
Pero en abril de 1898, por acuerdo de su Junta General se puso en
liquidación el Banco Industrial de El Salvador, que
había nacido en junio de 1895. También
en 1898 se promulga la primera Ley de Bancos de Emisión,
se reformo en 1899.

El Banco Central de Reserva (BCR) de El
Salvador

En El Salvador durante algún tiempo hubo
tres bancos emisores los bancos salvadoreño, Occidental y
Agrícola comercial fundados en 1885, 1889 y 1895,
respectivamente. Las actividades de estos bancos eran vigiladas
por el Estado
mediante una serie de leyes y
reglamentos como la Ley de Bancos de Emisión del 4 de mayo
de 1889, la Ley del 6 de mayo de 1910, entre otras.

Una de las propuestas para subsanar la crisis nacional
producida por la baja del café
fue la fundación de un banco central. El primer intento
infructuoso se dio en 1933, cuando el Gobierno de El Salvador
adquirió las acciones del
Banco Agrícola Comercial, empeñado en convertirlo
en el Banco de El Salvador, para que hiciera las funciones de un
banco central; pero para este tiempo el proyecto no
llegó a concretarse.

Se necesitó de la asesoría y ayuda de un
delegado del Banco de Inglaterra para
formular el proyecto que haría realidad la creación
del Banco Central de Reserva de El Salvador.

A fines de 1933, el Gobierno de la República le
encargó a Frederick Francis Joseph Powell y a su ayudante
Gordon Víctor Richdale, el estudio de las condiciones de
la economía
salvadoreña y los procedimientos
operativos de las instituciones
de crédito
en El Salvador, para que dieran un diagnóstico de la situación
económica imperante en el país. En el informe Powell
concluyó que la estructura bancaria salvadoreña
debería ser organizada sobre la base de un banco central,
concebido dentro de un sistema ortodoxo,
tradicionalista, que se encargara de mantener y resguardar la
moneda y el crédito y teniendo la facultad exclusiva de
emitir billetes.

Según el Informe Powell, el banco central
debería ser creado con el objetivo
principal de controlar el volumen del
crédito y la demanda de
medio circulante, para asegurar la estabilidad del valor externo
del colón. La creación del banco central
comprometía al Gobierno a mantener un equilibrio del
presupuesto
fiscal y a que
la institución debería estar libre de influencia
gubernamental.

Indicó también el Señor Powell que
debería depositarse los fondos del Gobierno y de todas sus
dependencias en el nuevo banco y que los bancos comerciales
deberían mantener al menos 10% de sus depósitos en
la Institución con el fin de formar la base para un
sistema de compensación administrado por el Banco Central.
También recomendó que debiera mantenerse una
reserva mínima en oro del 30% en
respaldo a los billetes y obligaciones a
la vista y que nunca compitiera en forma activa con los bancos
comerciales. Este proyecto le fue diseñado al Gobierno el
8 de marzo de 1934

El plan presentado
por Powell obtuvo la aprobación de los sectores
público y dio paso a la reforma bancaria de El Salvador,
el Gobierno entró en conversaciones con los bancos
Salvadoreño y Occidental en el sentido de acordar con
ellos la renuncia al privilegio de emisión de billetes, lo
mismo que la transferencia de las existencias de oro al BCR que
respaldaban las emisiones de esos bancos.

El 19 de junio de 1934, se promulgaron la Ley de
Fundación y la Ley Constitutiva del Banco Central de
Reserva de El Salvador, cuyas disposiciones fueron contenidas en
los decretos legislativos números 64 y 65. Se le
definió el objetivo de asegurar la estabilidad del valor
externo del colón

El Banco Central de Reserva de El Salvador abrió
sus puertas al público el 1 de julio de 1934. En el acto
de inauguración estuvieron presentes el Presidente de la
República, General Maximiliano Hernández
Martínez, el Ministro de Hacienda, Doctor Carlos
Menéndez Castro; Agustín Alfaro Morán, el
Señor William W. Renwick y don Luis Alfaro Durán,
como miembros propietarios de la Junta Directiva

El Banco Central se convirtió en el coordinador
entre la política fiscal y la
monetaria, ejerciendo control sobre el
crédito, con facultades para actuar como intermediario del
crédito externo a largo plazo y para ejercer un control
sobre las transferencias internacionales de fondos.

El Banco Central continuó trabajando durante la
década de los 80 como ejecutor de las políticas
dictadas por la Junta Monetaria.

Junta Monetaria
En agosto de 1973, el
Ministro de Economía sometió a la
consideración del Poder
Legislativo, el proyecto de Ley de Creación de la
Junta Monetaria. El objetivo de su creación fue dar
cumplimiento al mandato constitucional contenido en el Art. 143,
de la Constitución Política de 1950
La Junta Monetaria permitiría el cumplimiento del precepto
constitucional de que el Estado dispusiera de un organismo
adecuado para la formulación de las medidas de política
monetaria que fueran necesarias. Las atribuciones de la Junta
Monetaria fueron las mismas ejercidas por el Banco Central a esa
fecha. Sin embargo, como se consideraba que las políticas
fiscal y monetaria eran esenciales para la política
económica, su formulación debería ser de
responsabilidad directa de los funcionarios
públicos vinculados con el proceso de
desarrollo del
país.
La Junta Monetaria estaba integrada por el Presidente de la
República, quien presidía, el Ministro de
Economía, el Ministro de Hacienda, el Ministro de
Agricultura y Ganadería,
el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Económica y el
Presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, quien
actuaba como secretario de la Junta.-

En 1989, después de una década de guerra civil y
de nacionalización bancaria, la economía
salvadoreña se encontraba inmersa en una aguda crisis
económica y social reflejada en graves desequilibrios
macroeconómicos, bajo crecimiento, limitación de la
actividad productiva privada, situación de violencia y
dependencia externa. Dentro de este contexto, fue necesario
reestructurar el marco legal en que se desarrollaba el sistema
monetario y financiero del país.

El Banco Central de Reserva desarrolló un papel
protagónico en la modernización del marco legal
financiero del país, así como en el fortalecimiento
y privatización del sistema
financiero y el programa de
reformas a dicho sistema.

El Banco Central presentó anteproyectos para la
aprobación de una nueva legislación que rigiera el
sistema financiero salvadoreño. Las leyes aprobadas por la
Asamblea Legislativa, incluyeron entre otras, la Ley
Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador,
promulgada el 12 de abril de 1991, que define a la
Institución como una institución pública y
de carácter técnico, que vela por la
estabilidad de la moneda y coordina la política monetaria
y mantiene las condiciones favorables para la estabilidad de la
economía nacional

La Ley fija como sus objetivos
fundamentales, ejercer con carácter exclusivo la facultad
de emitir moneda, mantener la estabilidad del valor interno y
externo de la moneda y su convertibilidad, prevenir o moderar las
tendencias inflacionarias y deflacionarias, regular la
expansión del crédito, velar por el normal
funcionamiento de los pagos internos y externos y propiciar el
desarrollo de un sistema financiero eficiente, competitivo y
solvente, entre otros.

Nacionalización de los bancos y
asociaciones de ahorro y
préstamo
Se entendió como una medida
complementaria a la de la reforma agraria. Al pasar los bancos a
manos del estado, este estaría en condiciones de canalizar
los préstamos a las cooperativas y los propietarios que se
estaban creando en las zonas rurales bajo la reforma agraria.
Asimismo el control estatal del comercio exterior
de los principales productos de
exportación suponía que el estado
captaba las ganancias que antes terminaban en manos de los
dueños de las empresas
exportadoras de café, algodón
y azúcar.

Destacándose que en esta el predominio de
criterios políticos y militares sobre los necesarios
criterios técnicos, económicos y administrativos
que deberían de haber prevalecido. Evidentemente los
intereses del conflicto
político militar determinan la dirección de esa nacionalización
bancaria.

El funcionamiento de un sistema bancario contrapuesto a
la racionalidad y eficiencia
empresarial redundan en una crisis del sistema, el cual no se
derrumba gracias a la sostenibilidad y ayuda gubernamental y a la
concepción contrainsurgente de su
desenvolvimiento.

En esas condiciones no es extraña la importante
contracción de los depósitos bancarios (-26.3%
entre 1979-1989) y de los créditos totales (-31.8% en términos
reales y en 43.6% los dirigidos al sector privado). El monto de
la mora se triplicó en un período de 10
años, pasando de 245.2 millones en 1980 a 786.7 millones
en 1988.

A pesar de los problemas de
liquidez bancaria, la banca
nacionalizada continuó canalizando sus recursos
mayoritariamente a las grandes empresas de exportación
tradicionales, al comercio y la
industria
manufacturera y en base a períodos de concesión
fundamentalmente cortoplacistas y con el predominio de
garantías hipotecarias.

Esta forma de funcionamiento, el aumento permanente de
la mora bancaria y las condiciones propias de desenvolvimiento de
la economía de ese entonces, hace que se incremente la
desconfianza al sistema bancario salvadoreño y se produzca
una fuga permanente de capitales hacia el exterior.

Estas condiciones facilitaron la reprivatización
de la banca nacionalizada como condición previa para
iniciar el proceso de liberalización del sistema
financiero. Ello por dos razones básicas:

La liberalización del sistema financiero se
realiza bajo el supuesto de que el sistema privado es
más eficiente y competitivo que el sistema
público
La liberalización es concebida
exclusivamente con el predominio y dominio del
capital
bancario privado.

Evidentemente estos dos supuestos y el predominio
político de la clase
empresarial dirigente más conservadora del país,
determinará una forma de privatización que
recordará los procesos de
acumulación y uso del aparato estatal similar a las formas
de apropiación del siglo pasado.

Se aducía en la ley que los bancos comerciales y
las asociaciones de ahorro y préstamo se encontraban en
situación de insolvencia y que le correspondía al
estado asumir el saneamiento de esas instituciones financieras,
para lo cual fue creado el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento
Financiero.

Justificándose por la situación
económica que caracterizaban la economía
salvadoreña a finales de la década de los 70, se
tomó la determinación de nacionalizar el sistema
financiero privado. Entre las razones que justificaron la
acción
estaban las siguientes:

La extrema pobreza de la población

La concentración del crédito en un
pequeño grupo de
familias
El negocio de la intermediación
financiera
Las empresas en los sectores agropecuario,
industrial y de servicios
La agudización de los problemas relacionados
con la alta concentración de la riqueza y del
ingreso
La estructura de propiedad
que hizo posible que los bancos privados se volvieran
cómplices de la fuga de capital

Esto último, se registró en los
últimos dos años de la década y que
demandaba la adopción
de medidas que atacaran los factores limitantes, estructurales e
inferiores en el fondo de la crisis.
La nacionalización de la banca fue decretada el 7 de marzo
de 1980 y tenía como objetivo:

Promover una menor desigualdad en la distribución del ingreso y de la
riqueza, mediante una nueva estructura de propiedad de las
instituciones nacionalizadas
Democratizar el crédito mediante la
extensión de sus beneficios a los sujetos
económicos que habían permanecido
marginados
Promover la utilización más racional
del ahorro interno captado por el sistema
financiero.

El Decreto No. 158 "Ley de Nacionalización
de las Instituciones de Crédito y de las Asociaciones de
Ahorro y Préstamo" (7 de marzo de 1980)

Esta ley fue promulgada, entre otras razones, para que
la canalización de los ahorros se orientara a promover el
bienestar general de la población. Para esto, se
"reestructuró el sistema financiero para volverlo capaz de
contribuir a los esfuerzos que en adelante debería
realizar el Gobierno, para acelerar el proceso de desarrollo
económico y social del país".

En su Artículo número uno, la mencionada
Ley declara de "utilidad y
necesidad pública la nacionalización de los
bancos comerciales privados, las financieras de empresas y las
asociaciones de ahorro y préstamo afiliadas al
sistema de la Financiera Nacional de la Vivienda".

Al entrar en vigencia la Ley, se levantó un
inventario de
activos y pasivos
en los entes financieros y se realizó la
depuración de los mismos. A tal efecto se
designó comisiones, cada una compuesta por tres delegados
para cada institución, quedando así: uno por la
Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras,
otra por la Corte de Cuentas de la
República, y un tercero por el Banco Central de
Reserva de El Salvador.

"Las comisiones deberán concluir su
cometido en un plazo no mayor de seis meses."

A efecto de transformar la composición
accionaría de las instituciones afectadas por la
nacionalización bancaria y establecer los criterios de la
privatización de ese sistema.

En esta ley se establece la autorización de la
venta de
acciones, las limitaciones tanto para el sector
público como el privado, la categoría de
compradores, las modalidades de venta, el precio de las
acciones, las facilidades crediticias y otras disposiciones. Sin
embargo en la práctica, la privatización se
realizó de acuerdo a lo programado por los principales
accionistas privados. Estos grupos,
utilizando todo tipo subterfugios que aparentemente no iban en
contra de la ley, han logrado evadirla y han obtenido buena parte
del capital accionario de los bancos y financieras; mientras que
las autoridades en lugar de aclarar y de explicar aquellos puntos
en los cuales ha existido anomalías, ha hecho caso omiso
de las críticas, incluso han defendido el
proceso.

Para 1992 ya habían sido privatizados ocho bancos
y cuatro financieras. Dichos bancos eran el Banco Agrícola
Comercial, el Banco Cuscatlán, el Banco
Salvadoreño, el Banco de Comercio, el Banco de Desarrollo
entre otros y las financieras Casa, Ahorromet, Credisa y
Atlacatl.

En 1998 existían más de 15 bancos
comerciales y 5 financieras, aparte de la compleja estructura
financiera creada en esta última década del
presente siglo, en las que sobresalen los bancos privados, las
financieras, las sociedades de
seguros y
fianzas, las casas corredoras de bolsa, las casas de cambio y las
administradoras de fondo de pensiones.

Con la privatización de la banca se produce un
nuevo marco de concentración de capitales en El Salvador y
da origen a un cambio en la composición de los grupos
económicos dominantes.

El Decreto No. 159

Ley Transitoria de Intervención de las
Instituciones de Crédito y de las Asociaciones de Ahorro y
Préstamo establecía en su Art. 1 que "para
garantizar el normal funcionamiento de los bancos comerciales
privados, de las financieras privadas de empresas y las
asociaciones de ahorro y préstamo afiliadas al Sistema de
la Financiera Nacional de la Vivienda y prevenir actos que
dificulten su reordenamiento," se decretaba la
intervención de los mismos. La ejecución del
decreto estuvo a cargo del Banco Central de Reserva de El
Salvador, que nombró en cada institución un
interventor.
Los bancos permanecieron nacionalizados por más de una
década, hasta que en 1990 se dio paso a un Programa de
Fortalecimiento y Privatización del Sistema Financiero en
preparación a una nueva privatización de la
banca.

Aspecto positivo de la
Nacionalización

La banca nacionalizada continuó canalizando
sus recursos mayoritariamente a las grandes empresas de
exportación tradicionales, al comercio y la industria
manufacturera y en base a períodos de concesión
fundamentalmente cortoplacistas y con el predominio de
garantías hipotecarias
fue creado el Fondo de Saneamiento y
Fortalecimiento Financiero.
Se promulgo la ley nº 158 para que la
canalización de los ahorros se orientara a promover el
bienestar general de la población
se "reestructuró el sistema financiero para
volverlo capaz de contribuir a los esfuerzos que en adelante
debería realizar el Gobierno, para acelerar el proceso
de desarrollo económico y social del
país".
las políticas aplicadas por el Gobierno
reformista tampoco beneficiaron al sector, ya que trasladaban
el excedente de la agro exportación a otros sectores
más protegidos como la industria y el
comercio

Aspectos negativos de la
Nacionalización

Los intereses del conflicto político militar
determinan la dirección de esa nacionalización
bancaria.
El monto de la mora se triplicó en un
período de 10 años, pasando de 245.2 millones
en 1980 a 786.7 millones en 1988.
incrementa la desconfianza al sistema bancario
salvadoreño y se produce una fuga permanente de
capitales hacia el exterior.
El nacionalizar los bancos no disminuyo el
descontento del pueblo
A manera de ley este banco debía de contar
con "los depósitos del Gobierno y el 10% del dinero de
los bancos debe de estar a disposición del BCR
[…]" Lo cual no produjo un mayor beneficio al pueblo
ya que este dinero posteriormente fue robado

El nacionalizar los bancos no disminuyo el
descontento del pueblo
A manera de ley este banco debía de contar
con "los depósitos del Gobierno y el 10% del dinero de
los bancos debe de estar a disposición del BCR
[…]" Lo cual no produjo un mayor beneficio al pueblo
ya que este dinero posteriormente fue robado

Nacionalización de las
exportaciones

Con un mayor sobre el comercio exterior de los
principales productos de exportación suponía que el
estado atraía las ganancias que antes terminaban en manos
de los dueños de los empresarios exportadoras de
café, algodón y azúcar. Por supuesto estas
medidas fueron rechazadas en su totalidad por el sector privado,
que vio acercarse una serie de medidas socializantes a la vez que
incrementaba el conflicto militar.

En El Salvador se han dado muchas crisis en las que los
gobiernos de la época han tomado sin fin de medidas para
superar las crisis, sin embargo, lo único que "ha
funcionado" para remediar en cierta medida estos problemas
aumentar el precio del café que evitan la total
caída de la economía salvadoreña.

En la crisis de 1959-1962 se da una disposición
de tipo desarrollista que de igual manera que la actual se forma
para responder los mismos intereses. Esta crisis solo
demostró por enésima vez la debilidad de la
agro-exportadora del país pues sufrió una baja
importante en los precios del
café, lo que demuestra una gran vulnerabilidad a los
cambios del mercado.

Delante a esta situación el sector
agro-exportador intenta de mantener sus niveles de ingresos y sus
niveles de compra, tratando de ampliar la
industrialización del café. En 1955 esto no
prosperó debido al control de mercado de este tipo de
café, por lo que busca una elaboración de una
política que aumente su capacidad de importación y evitar la contracción
de la economía. De aquí surge a lo que se le llamo
la "Alianza para el Progreso" que sirve como orientación
para los países latinoamericanos. Con esta "Alianza" surge
también una contradicción con EE.UU. y el capitalismo
agro-exportadora, por la mayor extensión que tenían
los primeros sobre dicha estrategia, la
cual termina en la prohibición de las reformas y se llega
únicamente a sustituir el nivel de importaciones
aprovechando el mercado común centroamericano.

"La nacionalización de las exportaciones no
puede quedarse atrás en el desarrollo económico,
social y político del país."

Un fenómeno que brotó fue la gran
intensificación de la contradicción entre el
productor y el gobierno, porque los productores manifestaban su
enojo ante el gobierno expresando que puesto que no
querían solucionar el problema del impuesto del
café que se pagaba por cada quintal, ya que se
había demostrado que se estaba pagando de una manera que
se producían grandes pérdidas, ya que los precios
de INCAFE no alcanzaban a cubrir los gastos de
producción.

Uno de los efectos que la economía del
país tendrá con la nacionalización de las
exportaciones del café será la seguridad del
ingreso de divisas.

Los intereses externos se proponen hacer un cambio en la
industria del país, como consecuencia se concreto el
modelo
reformista aprovechando la integración del mercado centroamericano.
Esta política dinamizo los sectores industriales y
comerciales, creando una gran actividad
económica.

En el año de 1960 se dio una crisis; esta nos
demostró la incapacidad del modelo reformista para
asegurar una estabilidad económica, haciendo que el modelo
reformista fracasara y dando paso a un nuevo modelo: el modelo
desarrollista

El modelo desarrollista se inicio en el año de
1969 y aunque hubo una evidente estabilidad económica, los
problemas económicos y políticos no se hicieron
esperar. Estos persistieron durante un tiempo, por lo que este
movimiento
también fracaso.

En 1979 aparece nuevo movimiento reformista que
tenía como prioridad alcanzar la nacionalización de
la banca. La nacionalización de las exportaciones del
café se inicia en manifestación al interés de
cambiar, preservar o acelerar las condiciones de dicho proceso,
además se ve involucrado en el proceso de desarrollo
económico, social y político del
país.

La estrategia que tenían era contemplar ciertos
cambios estructurales en la reforma agraria,
nacionalización del comercio exterior, la
nacionalización de las instituciones de crédito y
de las asociaciones de ahorro, pues desde su punto de vista
había en ellas algunos problemas estructurales que no
satisfacían las necesidades básicas de la
mayoría de los habitantes para poder vivir
dignamente.

Como alternativas a estos problemas tenia el crear bases
firmes para iniciar un proceso de reforma agraria, y que a
través de reformas en el sector financiero y el comercio
exterior en el país, brindar al pueblo mejores
oportunidades económicas.

A pesar de los planteamientos que las reformas
anteriores presentaban, no tenían la orientación
para resolver los problemas que pretendían. Cabe mencionar
que las reformas estaban fuera de una política global de
desarrollo.

También se decreta la creación de INCAFE,
quien estaba a cargo de la exportación del café.
Sin embargo esta reforma creo consecuencias para el sector
cafetalero pues elimino por completo al exportador
privado.

Esta reforma se oriento a modificar la estructura
productiva pues pretendían superar la economía
agro-exportadora que afectaba a los trabajadores de unas
cúreles formas.

Aspectos positivos

Los ingresos provenientes del sector agro
exportador también constituían la principal
fuente de ingresos del estado
Los ingresos provenientes del sector agro
exportador también constituían la principal
fuente de acumulación de capital de la economía
salvadoreña.
extraía el excedente que servía para
generar inversiones.
El sector agro exportador por lo demás, era
una de las principales fuentes de
empleo en el sector agropecuario.
En el plano político, la economía
agro exportadora contribuyó a la configuración
de sistemas
autoritarios y no participativos, debido en buena medida, a
la necesidad del mismo modelo de utilizar métodos represivos para asegurar la
disponibilidad de mano de obra requerida por los cultivos de
agro exportación

Aspectos negativos

Acabó perjudicando sobre todo a los
productores
Cargó con un aumento de los costes de
producción
Sufrían constantes retrasos en los
pagos
Los procesadores solían cobrar siempre por
adelantado.
No implicó, sin embargo, el inicio de un
proceso real de democratización.
A lo largo de los años 80, el modelo fue
afectado por una profunda crisis económica y social,
por el masivo ingreso de recursos externos, y por los efectos
conflicto armado.
El ingreso masivo de recursos externos, proveniente
principalmente de las remesas familiares que envían
los salvadoreños viviendo en Estados
Unidos es el elemento principal que provocó el fin
de la economía agro exportadora en El
Salvador.

CITAS
BIBLIOGRÁFICAS:

1- Góchez, Roberto. "Evaluación
de Bancos y Financieras a partir de los objetivos de la
privatización del Sistema Financiero 1992-1996". Tesis de
grado, UCA, Septiembre 1997

2- Sorto Rivas Francisco, CENITEC, Ajuste Estructural y
el Sistema Financiero en El Salvador, Cuaderno de Investigación. Año III, Marzo 1992.
Pág. 16.

BIBLIOGRAFÍA: