La crisis
económica que está atravesando actualmente el
país, es uno de los principales motivos por el cual los
diferentes contribuyentes están velando más por sus
intereses que por la contribución de tributos para
el Estado,
como ser los respectivos impuestos
nacionales.
Producto de
esto, es que la conciencia
tributaria está debilitándose día a
día, ya que estos contribuyentes, están buscando la
forma de evadir impuestos, ya sea para pagar menos de lo que les
corresponde, o simplemente para no pagar nada. Un claro ejemplo
de esto se puede apreciar con la comercialización sin factura de
productos
electrónicos en los diferentes mercados
informales de Bolivia.
Estos comerciantes afectan enormemente al crecimiento y
desarrollo del
país, ya que uno de los ingresos
más fuertes que tiene el Estado es por
recaudación de impuestos y dichos mercados no contribuyen
con impuesto alguno,
es decir, los movimientos que se dan en estos sectores informales
no aportan absolutamente nada.
El mercado informal
es un fenómeno del cual derivan graves consecuencias para
la sociedad en su
conjunto, supone una merma para los ingresos públicos, lo
que afecta a la presión
fiscal que
soportan los contribuyentes cumplidores; condiciona el nivel de
calidad de los
servicios
públicos y las prestaciones
sociales; distorsiona la actividad de los distintos agentes
económicos, de tal modo que los contribuyentes fiscalmente
cumplidores deben enfrentarse a la competencia
desleal de los incumplidores; en definitiva, el mercado
informal constituye uno de los principales elementos de inequidad
en nuestro Sistema
Tributario.
Frente a los efectos negativos de este fenómeno,
la actuación de los poderes públicos debe
encaminarse no sólo a la detección y
regularización de los incumplimientos tributarios, sino
también, y con mayor énfasis si cabe, evitar que
éstos incumplimientos se produzcan, haciendo
hincapié en los aspectos disuasorios de la lucha contra la
informalidad, al tiempo que se
favorece el cumplimiento voluntario de las obligaciones
tributarias.
El fortalecimiento del control y la
prevención de la comercialización fraudulenta, son
una tarea y un compromiso del Gobierno. En
cumplimiento de dicho compromiso, debe existir un plan de
prevención contra defraudación fiscal, en
relación a la detección, regularización y
persecución de los incumplimientos tributarios más
graves, y estableciendo un conjunto de medidas coordinadas sobre
la base de la experiencia práctica que persiguen mejorar
la respuesta frente al fenómeno del mercado
informal.
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