Lo cierto es que la clasificación es necesaria,
sobre todo para su estudio y para establecer las bases del
desarrollo de
los propios estados de bienestar. El modelo liberal
responde a un modelo individualista, basado en una escasez de
políticas sociales, un bajo nivel de medida
de beneficios y modestos aseguramientos sociales; dirigidos sobre
todo a la parte más pobre y necesitada. Este modelo
defiende la no intervención del Estado en
ningún aspecto de la vida pública. Por tanto, se
basa en el libre comercio
entre las naciones, considerando este aspecto como el más
adecuado para brindar estabilidad social y solucionar los
problemas de
pobreza.
En este modelo los problemas
sociales son considerados producto de
desajustes e incapacidades individuales y por tanto no deben ser
resueltos por la vía de la intervención estatal.
Sus políticas están basadas en la
reprivatización y el retorno al mercado,
mecanismo autorregulador de la sociedad,
destinado a cubrir las principales necesidades de la población.
Por otra parte el modelo conservador está
estrechamente relacionado con el modelo de la democracia
cristiana que se basa en conceptos religiosos. El Estado
Conservador es paternalista y pacifista y entre sus objetivos se
encuentra conservar la familia,
como agente principal en el proceso de
socialización e institución
encargada de fortalecer la autogestión. Promueve
así el modelo de familia
tradicional, donde el hombre es
el proveedor y asegura a sus hijos y esposa y donde la familia
tiene que ocuparse siempre que pueda de los ancianos, los
niños y
no esperar el apoyo del Estado. Como rasgo característico
y a diferencia del modelo liberal, el conservador, otorga ciertos
beneficios sociales basados en las necesidades individuales y
seguros
sociales, los cuales se encuentran en las ocupaciones. O sea, se
establece una relación entre Estado, sindicatos y
empresas o
empleador, construida sobre consensos generales. Cada uno de
ellos paga una parte que será, junto a los ahorros
privados del trabajador: su pensión.
Y el tercero es el modelo socialdemócrata que
está basado en la institucionalidad y en la universalidad
al considerar a todas las personas importantes. El principal
objetivo del
gobierno
socialdemócrata y su principal responsabilidad es garantizar el pleno empleo,
salud y educación para todos
sus ciudadanos (lo cual lo vincula mucho al modelo cubano).
Mantienen muchos servicios de
cuidados para niños, ancianos, los cuales son financiados
por el Estado, quien se basa en la redistribución. Se ha
ido observando una progresiva desburocratización y
descentralización del Estado, a partir de
la creación de instituciones
públicas en provincias y municipios con autonomía
para la gestión. Se ha incrementado la
participación en los asuntos públicos a la ciudadanía. Se ha garantizado la seguridad de los
trabajadores sin temor a quedar desempleados y con coberturas
sociales suficientes. Las políticas de protección
social han aumentado, disminuyendo así gradualmente
la
pobreza.
Varios de los más recientes estudios subrayan la
transición de los modelos
actuales que son afectados por las consecuencias de la nueva
economía
mundial y por los fenómenos de control que
castigan a los gobiernos muy generosos y a las economías
que son incapaces de competir. En los primeros años de
este siglo veintiuno resulta cada vez más difícil
cumplir con la tarea de redistribución equitativa, porque
en el avance de nuestro proceso civilizatorio, para bien o para
mal, el hombre ha ido
creando nuevas necesidades que se imponen a todos a través
de las distintas formas de la
globalización alcanzadas.
En América
del Sur encontramos otra situación. El desarrollo
está basado sobre los recursos
naturales y activado por las privatizaciones. Costa Rica en la
actualidad mantiene medidas social-demócratas de
universalización de salud, educación, etc. y existe
además la posibilidad de elección de sociedad.
Uruguay es un
país que presenta una adecuada distribución del ingreso, sin embargo, los
estudios concluyen que América
Latina, en escala mundial,
está muy atrás en la cuestión de la
distribución de la riqueza.
El Estado de bienestar cubano presenta ciertas
semejanzas con el modelo socialdemócrata, como por
ejemplo, la capacidad y la voluntad del Estado de garantizar
seguros sociales y proporcionar servicios con criterio de
universalidad y accesibilidad, sin embargo, en mi opinión
resulta muy arriesgado ubicarlo totalmente en una de las
tipologías estudiadas (si bien no existen modelos
teóricamente puros), dadas sus especiales
características y las circunstancias que nos distinguen al
ser Cuba un
país latinoamericano, tercermundista y socialista
además. Lo cual determina muchos de los principales
elementos del estado social cubano. Para comprender esto debemos
tener en cuanto los principales aspectos de las políticas
sociales en Cuba y sus cambios y transformaciones a partir de la
segunda mitad del siglo XX y principios de
este nuevo siglo, donde se destacan los años 90 como un
período esencial.
La política
social, como es lógico, se establece teniendo en
cuenta factores económicos, políticos y sociales,
de ahí su vínculo estrecho con la sociedad, con un
contexto histórico determinado. Es por eso que no se pueda
hablar de una política social
universal no obstante existir organismos internacionales que se
encarguen de trazar lineamientos al respecto.
El desarrollo, y bien claro para nosotros está,
no se alcanza solamente creando planes, modelos de crecimiento,
leyes o
decretos, sino que es necesaria la participación popular
en la aplicación de dichos planes. Tanto en el
ámbito de la sociedad en su conjunto como en el plano
territorial, local. En el caso de nuestro país, a partir
del triunfo de la revolución, esta ha sido la óptica;
por ello la Política social de la revolución en
aspectos esenciales como la educación, la
salud, la vivienda, el empleo y la cultura han
sido conjugados con la movilización y se ha promovido la
participación popular. En este sentido son de destacar la
campaña de alfabetización, las campañas de
vacunación, las micro-brigadas de construcción y el fomento de la acción
de barrios y vecinos en la construcción de viviendas.
(Aunque sea la situación de la vivienda un problema que se
ha mantenido durante estos 49 años).
El empleo es uno de los campos en que la política
de la revolución ha tenido más logros. La
eliminación del desempleo como
fenómeno social, la rápida ubicación del
personal
calificado que egresa de las aulas, la incorporación de
la mujer al
trabajo
creando facilidades para su permanencia, la seguridad del
trabajador, la humanización del trabajo y la
conciliación de los intereses de los jóvenes en los
procesos de
entrada a la ocupación son aspectos importantes de sus
logros, los que se han tratado de mantener, aun en
períodos de elevada dinámica de la población en edad
laboral, o de
moderado crecimiento.
En Cuba a partir de la década de los 90, comienza
a proliferar el subempleo, a partir de la relación entre
la capacitación, las posibilidades reales de
empleo a partir del desarrollo
económico y el ingreso. Esto comenzó a generar
desinterés por el empleo y a su vez por la
preparación educacional. A partir de aquí las
políticas respecto al empleo y los salarios han
tenido que variar y se han comenzado a construir políticas
que generen el aumento del capital humano a
partir de una política
económica que prioriza los servicios. Además de
esto surgen en este período las economías emergente
y sumergida, las cuales junto a la despenalización de la
tenencia del dólar, generaron diferenciación social
por lo que la política social ha tenido que reajustarse,
eliminando, en cierta medida, el precepto del
igualitarismo.
La salud y la educación han sido los servicios
básicos más priorizados en la política
social cubana, y esto explica el adelanto que se observa en la
sociedad en aquellos aspectos estrechamente vinculados a estas
esferas. En los momentos más crudos del período
especial las políticas de salud estuvieron encaminadas a
la reestructuración de la
organización de los servicios, a favorecer el
autofinanciamiento en divisas y a una
mayor descentralización del control de los recursos a favor
de las instituciones de salud. Pero nunca en detrimento de la
calidad de la
atención médica, ni del trabajo
profiláctico de las enfermedades. De forma que
no solo se buscó el mantenimiento
de la salud de la población sino su aumento.
En el caso de la educación se mantuvieron los
logros alcanzados, no obstante, la precaria situación
económica tuvo un gran impacto en las condiciones
escolares sobre todo los centros internos y seminternos. Los
efectos en este sector están fuertemente vinculados a las
necesidades técnicas
profesionales de la economía del
país y a los ingresos del
sector profesional. Los organismos rectores encaminaron las
medidas hacia el ahorro de los
recursos y al autofinanciamiento en divisas, manteniendo
constantemente la calidad de la enseñanza en el país.
En este aspecto no podemos dejar de señalar el
papel central que juega la educación dentro de la Batalla
de Ideas, como una trinchera insustituible para el objetivo
fundamental de lograr en nuestro pueblo una cultura
general-integral cada vez mayor.
Tanto la salud como la educación han conservado
en general sus logros hasta el momento, y en la política
social en estas esferas se han dado pasos para su
adaptación a las nuevas condiciones restrictivas de
recursos, lo que ha posibilitado que las afectaciones sociales
hayan sido menores que lo que hubiera podido esperarse de la
disminución de las disponibilidades de gastos materiales.
El estado cubano durante los años de
revolución ha desarrollado un política activa de
inserción en la sociedad de aquellas personas que se
encuentran en desventaja social, ya sea por factores sociales,
psicológicos o físicos. Siempre han existido
programas de
atención a los diferentes grupos y el
tratamiento siempre ha sido multidisciplinar con el objetivo de
lograr una inserción integral en la sociedad. Aún
en los momentos actuales la política social se ha
instaurado como medio para lograr el mejoramiento social. En este
sentido pueden mencionarse el uso del estudio como fuente de
empleo para aquello jóvenes desvinculados socialmente y
para aquellos sectores económicos que han perdido su
eficacia
productiva. El caso de los discapacitados es referencial en Cuba,
es impresionante el gasto presupuestario que hace el estado para
la mayor inserción posible de este sector a la sociedad a
partir de la creación de fuentes de
trabajo, de escuelas especiales y de programas activos de
socialización.
Una lección muy importante ofrece el caso cubano,
y es la certeza de cuanto se puede hacer con pocos recursos, y en
ese sentido constituye un ejemplo para la comunidad
internacional. Nuestro país se ha situado en la avanzada
del desarrollo social
de toda el área latinoamericana y caribeña,
aún sometido a un bloqueo económico y con
agresiones constantes por parte de Estados Unidos
Resulta imprescindible realizar un análisis sobre la relación que se
establece entre una política social efectiva y el papel
del estado en la utilización de los recursos. El sistema
político social cubano permite a partir de la centralización del presupuesto
estatal y de los recursos una mejor distribución de estos
de forma que puedan desarrollarse políticas sociales
eficientes, no en el sentido de controlar a los mas
desfavorecidos, sino de articular una política social con
el resto de las políticas en pos de un desarrollo
humano integral de la sociedad, partiendo como ya dijimos de
la participación activa de esta en la puesta en
práctica de estas políticas.
Cada vez se hace más evidente la necesidad de un
modelo que tenga en cuenta el rol específico de las
mujeres a través de un análisis de género. En
muchas ocasiones el análisis de la relación
Estado-Mercado en materia de
provisión de prestaciones
sociales no toma en cuenta el rol de la familia como proveedor de
servicios sociales. El trabajo no
remunerado de las mujeres en el hogar es ignorado. La
división sexual del trabajo sea a nivel de Estado, de
mercado, como de la familia es igualmente ignorada.
La mayor parte de los hombres son beneficiados de
derechos sociales
fundados sobre su estatus de asalariado mientras que un gran
número de mujeres no son beneficiadas sino sólo de
derechos derivados, basados en su rol familiar o marital, como
esposa o como madre.
Muchos plantean que el sistema de
protección social funciona sobre un modelo dualista: a las
mujeres, la ayuda social o los derechos derivados (en calidad de
esposa, madre o viuda); a los hombres, los seguros sociales
basados en su contribución. Sin embargo varios estudios
indican que en las últimas dos décadas las mujeres
de Latinoamérica y el Caribe han avanzado
mucho en la mejora de su calidad de
vida. Las tasas de fertilidad y el tamaño de los
hogares han descendido significativamente, la
participación de la mujer en la
fuerza laboral
ha aumentado de manera continua, y el nivel de educación
ha aumentado a tal punto que, en algunos países, las
mujeres tienen niveles de educación más altos que
los hombres.1 Contraproducentemente en otras partes de
la región todavía continúan existiendo
patrones de género inflexibles, que relegan a la mujer a
la esfera reproductiva, dando lugar a desigualdades y a un uso
ineficiente de los recursos por parte de los hogares en su lucha
contra la pobreza y en pos del progreso socioeconómico.
Aún quedan pendientes en las agendas políticas de
muchos países, importantes cuestiones de género
como son la violencia
contra la mujer, las elevadas tasas de mortalidad materna, y la
incorporación efectiva de la mujer en la economía
formal y en las estructuras
políticas.
A pesar de incorporarse más al mercado laboral,
la participación de la mujer en el mercado de trabajo
sigue siendo inferior a la del hombre, al igual que la brecha
entre los salarios. Entre los factores que provocan que la mujer
gane menos que el hombre se destacan los siguientes: a) la
participación masiva de la mujer en el sector servicios,
que suele ser el peor pagado, b) las estrategias
familiares que designan a la mujer como principal responsable del
cuidado de la familia, y por tanto c) las mayores entradas y
salidas de la fuerza laboral, y preferencia por trabajos de
tiempo parcial
por parte de la mujer. La participación de la mujer rural
en la fuerza laboral se sitúa muy por debajo de la del
hombre rural y de la mujer urbana, debido, entre otros factores,
a su actividad en el ámbito doméstico.
La mortalidad materna es una de las enfermedades que
más afectan a la mujer, y en muchos casos está
relacionada con la falta de servicios de salud materna. Por
ejemplo, en Ecuador, el 25
% de las mujeres no reciben servicios de salud durante el
embarazo, y
una de las principales características que comparten la
mayoría de los programas y servicios de salud reproductiva
es que no tienen en cuenta el papel del hombre en esta
área.
En nuestro país la situación difiere un
tanto partiendo de la política del pleno empleo y los
esfuerzos que ha hecho la Revolución por eliminar las
diferencias tanto raciales como de género, y borrar todas
las reglas sociales que han imperado durante siglos, cuyas
raíces parten de la conquista y de una construcción
identitaria en constante interacción con culturas patriarcales de
occidente. Tarea harto difícil, por supuesto. Muro enorme
con el cual el estado, se ha enfrentado continuamente durante
estos 49 años. Grandes piedras han caído, pero los
cimientos aún no se desprenden del todo. A partir del
Triunfo de la Revolución el rol de la mujer para el
desarrollo económico y social del país
aumentó considerablemente, el fervor de los grandes
cambios trajo consigo una avalancha de incorporación
femenina al sector estatal. Se abrieron fábricas, se
crearon nuevos centros de trabajo y el mercado laboral dio giros
en pos de palear todo el desempleo que anteriormente
existía en el país.
Cuando las diferencias de género son tomadas en
cuenta, ocurre que la función de
des-mercantilización del Estado Social afecta a los
hombres y a las mujeres de manera diferente debido a que los
modos de participación en el mercado del trabajo difieren
para ambos sexos. Más allá de las relaciones hombre
/ mercado que, a menudo, ocultan esta realidad de las mujeres, es
necesario observar las relaciones de género y de clase, del
trabajo remunerado y no-remunerado, y como estas actividades se
organizan y son recompensadas. La ciudadanía incluye los
hombres y mujeres de una sociedad y los análisis deben
tener este hecho en cuenta.
…….y el etiquetador vació todos
sus bolsillos, buscando con afán un sello para la Isla.
Horas estuvo con la cabeza gacha, con la mirada fija en el manto
de hojas amarillas que cubría todo el suelo, cavilando
una y otra vez, suministrándose tenues golpecitos en las
sienes, hasta que sentado en una piedra al centro del tercer
bosque, uniendo retazos de tres colores,
encontró la solución.
Bibliografía:
- Avelino, George y Fernado Filgueira, "Democracia,
ciudadanía y políticas sociales en el Cono Sur
latinoamericano". En: Manuel Alcántara Sáenz
e Ismael Crespo (eds.), Los límites
de la democracia en América Latina, edit. Universidad
de Salamanca, Salamanca. - Basail, Alain Rodríguez (compilador).
Políticas Sociales comparadas. (Formato
Digital-Editorial desconocida). - Catá, Euclides Guilarte. Política
Social. Selección de lecturas. Editorial
Félix Varela. La habana, 2003. - Ruiz, María Elena. Desafíos y
oportunidades para la equidad de
género en América Latina y el Caribe. www.
Worldbank.org .
Lic. Yonnier Torres Rodríguez
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