- 1.
Introducción - 2. ¿Cómo se
privatiza? - 3.¿Quiénes
compran? - 4.¿Quiénes Ganan?
¿Quiénes Pierden? - 5. El Fenómeno De La
Privatización Se Fortalece Mundialmente - 6. El Proceso De
Privatización En América
Latina - 7. La Reforma De Las Empresas
Publicas En Nuestro Pais - 8. Como Se Esta Haciendo La
Reforma De Las Empresas - 9. Algunas Precisiones Sobre Las
Acciones De La Crep - 10. Como Se Hace La
Capitalizacion - 11. Ley General De Reforma De La
Empresa Pública (141-97) - 12. Objetivos De La
Ley - 13. El Rol De Los
Comisionados - 14. Capitalizacion De La
Corporacion Dominicana De Electricidad - 15. Requisitos Para Realizar La
Capitalizacion - 16. Que Ha Hecho La Crep Hasta
Ahora Con La Cde - 17. Auditoria
Patrimonial - 18. Fase De
Adjudicacion - 19. La Reforma Del Consejo Estatal
Del Azucar (Cea) - 20. Avances Del Proceso De Reforma
En El Cea - 21. Los Proximos Pasos Del
Proceso - 22. La Reforma De La Corporacion
Dominicana De Empresas Estatales (Corde) - 23. Pasos Para La Capitalizacion
De Las Empresas (Corde) - 24. Qué Ha Hecho La
Comisión En El Grupo Cord - 25. Avances Del
Proceso - 26. El Caso De Los
Molinos - 27. Puntos De
Vista - 28. Beneficios De La Reforma De
Las Empresas Publicas - 29. Opinion
Personal
Existe una gran confusión con los conceptos
capitalización y privatización. La
Privatización es un proceso
mediante el cual las tareas son transferidas del sector
público al sector privado. Este proceso
permite a los actores no gubernamentales intervenir cada vez
más en la financiación y prestación de
servicios
asistenciales, y conlleva la introducción de cambios en
las funciones y
responsabilidades públicas y privadas. Mientras que la
Capitalización la podriamos definir como un proceso en el
cual se vende a inversionistas privados una parte de las acciones, que
no esta definido cuanto debe ser pero en la mayoría de los
casos oscila entre 40% a 60% de las acciones,
puede ser más, puede ser menos, ya que no existe un
patrón fijo.
La primera fase para la privatización de una
empresa es la
preparación de la venta, aún
cuando la presión de la situación puede
considerarse como uno de los factores más importantes que
incide en la celeridad con la que se trata de vender la empresa
también existen elementos de política
determinantes para la preparación de la venta. La
reestructuración es un paso previo a la
privatización, en algunos casos la reestructuración
es absolutamente necesaria para promover la competencia o
facilitar la venta, pero la reestructuración tiene
riesgos y
plantea problemas
importantes. En primer lugar, puede resultar una operación
que consuma demasiado tiempo, dando
lugar a que se pierda la oportunidad de privatizar. En segundo
lugar, puede demandar recursos
importantes de los cuales carece el estado. En
tercer lugar, puede ocurrir que la reestructuración
disminuya el número de potenciales interesados si ella no
coincide con los programas de
inversión que estos últimos
tienen.
Por estas razones es posible concluir que la
reestructuración de las empresas
públicas como paso previo a su privatización
sólo debe ejecutarse cuando se cumple alguna de las tres
siguientes condiciones.
- Cuando se requiere para permitir o promover la
competencia - Cuando es absolutamente necesaria para hacer
posible la venta - Cuando el estado
tiene claras ventajas comparativas para el sector privado
para adelantar la reestructuración de que se
trate.
Reestructurar por estas razones, tales como la
posibilidad de mejorar el precio de
venta final de la empresa,
implica suponer que el Estado
tiene mayor capacidad de agregar valor que el
sector privado, esta es una actividad de la cual precisamente se
esta retirando el estado. En
este sentido cabe decir que las mismas razones que conllevan a la
privatización, deben conllevar a dejar que sea del sector
privado la tarea de la reestructuración de las empresas a
privatizar.
La segunda fase de la privatización es el
método
de venta, hasta ahora se han experimentado una amplia gama de
esquemas o modalidades de privatización y se sigue
innovando en este campo. Por lo que no existe un patrón
fijo, obviamente la modalidad de privatización ha estado
en alto grado determinada por el tipo de empresa o
actividad que se privatiza, pero en general, la fórmula
que ha predominado es la de la búsqueda de un
inversionista estratégico al cual se le vende un
porcentaje de acciones con el control de la
empresa. Otro porcentaje de las acciones, que suele estar entre
el 4% y el 20%, se le vende a los trabajadores de la empresa
privatizada y el resto lo lleva el gobierno al
mercado de
capitales. Este ha sido el esquema utilizado en la venta de
empresas de telecomunicaciones, eléctricas y muchas
otras. Podríamos decir que este ha sido el esquema
predominante en las grandes empresas.
El objetivo de
conseguir un inversionista estratégico para las grandes
empresas que se privatizan ha predominado claramente sobre otros
objetivos de
política
como el desarrollo del
mercado de
capitales. En la venta del bloque accionario al inversionista
estratégico ha predominado ampliamente la
licitación pública.
Ello a contribuido de manera notable a darle
transparencia a los procesos de
privatización, lo que a su vez ha contribuido a darle a
ésta viabilidad política. En este sentido es digno
destacar que, siendo la privatización un proceso en el
cual están involucradas continuas y cuantiosas operaciones
mercantiles, no se ha convertido dicho proceso -como se
pronostico en algunos casos- en un centro de escándalos o
de corrupción
en ningún país de América
Latina.
Luego de haber desarrollado el esquema sobre el método de
venta se procede con el tercer paso, el criterio de
selección de los compradores, al igual que con el
método de venta no ha existido un único
método ni siquiera en el interior de cada país para
seleccionar los compradores finales de las empresas
públicas a privatizar. Sin embargo, es posible apreciar un
hecho y una tendencia dominante:
- El precio
ofertado ha sido el elemento más importante para la
selección de nuevos inversionistas. - El precio ofertado tiende a ser el único
elemento para decidir la selección del nuevo
propietario.
En numerosos casos de privatización en América
Latina, el precio ofertado por los inversionistas interesados ha
tenido una ponderación alta o dominante en la
selección final; pero ese no ha sido el único
elemento. Se le ha dado alguna ponderación también
a los planes de inversión de los competidores. Sin embargo,
en los casos de privatización más reciente, el
programa de
inversión mínimo lo defiende el gobierno y se
convierte este en una exigencia igual para todos los
inversionistas. Estos, habiendo sido ya precalificados, compiten
estrictamente sobre la base del precio ofertado.
La utilización de un único criterio
(especialmente el precio) para la selección de los
compradores de la empresa tiene dos grandes ventajas. Simplifica
enormemente el proceso de selección, al remitirlo a un
único indicador cuantificable y, por lo mismo, le dan gran
transparencia al proceso. Habiendo sido previamente
precalificados los potenciales inversionistas y habiendo sido
igualmente definido el plan
mínimo de inversión (cuando ello procede) por el
estado, se asegura que cualquiera sea el que gane de entre los
compradores, se habrá hecho una buena
decisión.
La pregunta sobre quienes compran las empresas
públicas, ha sido un tema de debate en toda
América
Latina y en general, en todos los países con programas
importantes de privatización. Tres tipos de preocupaciones
han emergido fuerza:
- Preocupación por la
"extranjerización" - Preocupación por la
"monopolización" - Preocupación por la "calidad del
sector privado comprador"
Con respecto al tema de la "extranjerización" es
evidente que la privatización ha servido para captar y
traer la región volúmenes importantes de
inversión extranjera. Pero eso ha sido un objetivo
expresamente deseado de la política. Más
aún, la privatización (como se refirió en
otra parte) generalmente se ha desarrollado con el contexto de un
marco de políticas
mucho más amplio que, entre otras cosas, ha liberalizado
de manera importante los códigos de inversión
extranjera. Pero la presencia de mayores montos de capital
extranjero (que la nación necesita) no puede confundirse
con la "extranjerización" de la economía en el
sentido de que el estado o los nacionales pierden el control sobre su
economía.
Tal cosa no es verdad por dos razones:
- En primer lugar porque al mirar la forma como
nacionales y extranjeros han participado en procesos
de privatización en distintos países, se
constata que en general los nacionales han tenido un rol
protagónico mucho mas fuerte. - En segundo lugar porque al lado de los procesos de
privatización se ha producido una renovación
del aparato estatal, medido al menos en su capacidad
regulatoria, que lejos de debilitarlo lo ha
fortalecido.
4.¿Quiénes
Ganan? ¿Quiénes Pierden?
Un estudio reciente (Galal 94) discute las consecuencias
de la privatización sobre el bienestar social . El trabajo
analiza los casos del Reino Unido, Chile, Malasia
y México. Se
evalúa el comportamiento
de un total de 12 empresas y se compara el desempeño de la
empresas en el período post-privatización con el
comportamiento
que se presume hubiesen tenido estas empresas de haber continuado
en manos del Estado. El trabajo
intenta cuantificar los efectos de la privatización sobre
los distintos actores económicos (compradores de la
empresa, consumidores, gobierno, competidores y trabajadores).
Las empresas latinoamericanas evaluadas son Chilgener y Enersis
(electricidad)
y Compañía de teléfonos en el caso de
Chile; y
Aeroméxico, Mexicana de Aviación y
Compañía de teléfonos, en el caso de
México.
La síntesis de los diferentes casos indica lo siguiente en
relación a los diferentes actores
económicos:
Trabajadores: de los doce casos estudiados, los autores
encuentran que en ninguno los trabajadores pierden como resultado
de la privatización; mientras que en diez de los casos
resultan ganadores. Los trabajadores resultan beneficiados de la
revalorización de sus acciones en varios casos que
incluyen Teléfonos de Mexico y Enersis, la distribuidora
eléctrica chilena.
Consumidores: Los autores encuentran que los
consumidores pierden en cinco de los casos estudiados, como
consecuencia del aumento en los precios de los
bienes
producidos por las empresas privatizadas. Sin embargo, esta
consideración no evalúa -tal como los propios
autores lo reconocen- si el incremento de precios se
requería para hacer viable la empresa en cuestión o
si se trató de un ejercicio de poder
monopólico de la empresa en perjuicio de los
consumidores.
Gobierno y compradores: En todos los casos, las
ganancias de las empresas se incrementaron. Por otra parte, el
impacto fiscal fue
positivo en nueve de los doce casos.
Extranjeros y nacionales: A los inversionistas
extranjeros les va bien en los procesos de privatización,
pero a los nacionales les va aún mejor. Los grupos nacionales
aparecen ganando en todos los casos, excepto en Mexicana de
Aviación. Los inversionistas extranjeros aparecen
perdiendo en tres casos: British Airways, Mexicana de
Aviación y Aeroméxico. Aun cuando no se expresan
explícitamente en las declaraciones de política
oficial, emergen en el discurso de
quienes tienen la responsabilidad directa de impulsar la
privatización dos objetivos
adicionales a los anteriores:
Al sumar estos cuatro objetivos que usualmente se
proponen los gobiernos mediante los programas de
participación de los trabajadores en el proceso de
privatización, resulta claro que si resultan bien
ejecutados, tales programas, además de facilitar la venta
de las empresas, pueden incrementar igualmente su valor.
Aún no existe mucha información sobre cómo se han
desenvuelto los programas de participación laboral en los
procesos de privatización de la región.
Generalmente estos son anunciados al inicio del proceso, pero
luego toma tiempo para que
se concreten. Por lo tanto, poco se sabe sobre el verdadero
impacto de esta política en términos de
número de trabajadores que hoy son accionistas de las
empresas o transferencia real de riqueza que se produjo a su
favor. Por su trascendencia, este tema debería formar
parte de la agenda de investigación de aquellas instituciones
preocupadas por el bienestar de los trabajadores.
5. El Fenómeno De
La Privatización Se Fortalece
Mundialmente
La ola privatizadora que comenzó a desarrollarse
en la economía mundial hacia finales de los setenta y
principios de
los ochenta, continúa fortaleciéndose hoy en
día. En el año de 1994, las ventas de
activos
públicos en el mundo entero alcanzaron una cifra
récord cercana a los 60 mil millones de dólares. En
Europa, la
política de privatización ha tomado un nuevo auge
con la decisión del Gobierno francés de privatizar
total o parcialmente unas 21 empresas, incluyendo Elf Aquitaine,
la empresa petrolera y la famosa compañía de carros
Renault. En Inglaterra, la
empresa y la industria del
carbón –privatizaciones sobre cuya viabilidad
existían muchas dudas- han sido transferidos al sector
privado exitosamente. En Alemania se
prepara la venta de Deutsche Telekom, la gigantesca empresa
estatal de teléfonos, luego de la reducción de la
participación estatal en Lufthansa del 52% al 35%. En
España
el gobierno continúa reduciendo progresivamente su
participación en las empresas públicas habiendo
exitosamente hecho la segunda colocación de acciones de
Endesa, la empresa eléctrica, por 1000 millones de
dólares. Portugal y Grecia se
preparan también para privatizar sus
compañías de teléfonos entre 1995 y
1996.
En Asia, la
política de privatización cobra también
nueva fuerza.
Pakistán ha puesto en marcha un novedoso esquema de venta
de vouchers que en un plazo máximo de dos
años deberán ser convertidos en acciones de la
compañía de teléfonos. El sector
eléctrico está siendo igualmente reestructurado y
los marcos regulatorios actualizados a fin de permitir la
inversión privada tanto nacional como extranjera. La
India
está viviendo un período de gran auge de
inversión y flujos de capital
externo como consecuencia de sus reformas económicas que
incluyen, como un componente muy importante, la
privatización de numerosas empresas públicas,
incluyendo la compañía de teléfonos. Sri
Lanka se encuentra en proceso de relanzamiento de su programa de
privatización, el cual incluye entre otras muchas
empresas, la línea aérea, la compañía
de teléfonos y las tradicionales plantaciones de
té.
En Europa Oriental,
la llamada "privatización masiva" sigue su curso, siempre
sujeta a las turbulencias políticas
propias de una transición de las magnitudes de las que se
están viendo en esa región. Polonia, Rumania,
Hungría, los países bálticos, comienzan a
desplazarse de manera más significativa hacia las
áreas de infraestructura, incluyendo agua, electricidad y
aeropuertos entre otros sectores. En Africa,
países como Marruecos, Camerún, Egipto,
Túnez y Ghana se encuentran adelantando ambiciosos
programas de privatización que incluyen líneas
aéreas, minas, telecomunicaciones, turismo y otros servicios.
En Estados Unidos,
la privatización ha cobrado la forma de
contratación a empresas privadas de distintos servicios
que hasta ahora venían prestando los gobiernos locales
("contracting out"). La ciudad de Filadelfia ahorra actualmente
cerca de 25 millones de dólares anuales, como consecuencia
de las privatizaciones realizadas durante los dos últimos
años. De la misma manera, Washington D.C., atrapada en una
severa crisis
fiscal,
está considerando hoy -bajo el gobierno del alcalde Marion
Barry, uno de sus más connotados oponentes hasta tiempos
recientes- la privatización de hasta 25 servicios que
incluyen, entre otros, guarderías infantiles, control del
tráfico en la ciudad y programas para los
minusválidos. "La privatización cruza todo lo que
estamos considerando ahora" ha dicho recientemente un funcionario
de la alcaldía.
América Latina y el Caribe no sólo no ha
escapado a esta tendencia sino que en algunas áreas -como
telecomunicaciones- se ha convertido en una referencia
internacional importante.
6. El Proceso De
Privatización En América
Latina
Es necesario hacer un esfuerzo para clarificar el
concepto de
privatización ya que el término ha sido altamente
mistificado, se maneja con diferentes concepciones en el marco
del debate
político y está cargado de diferentes significados
que obstaculizan la visualización de fenómenos
diversos, a veces complementarios y otras veces contradictorios,
que están ocurriendo en los países de la
Región.
Las proposiciones de privatización que se debaten
en la década de los ochenta están inscritas e
inspiradas básicamente, en el modelo
neoliberal y en la teoría
económica neoclásica que se fundamentan en la
creencia en que las fuerzas del mercado
distribuyen los recursos,
salarios,
bienes y
servicios más efectivamente y eficientemente que las
fuerzas interventoras del Estado. Estas proposiciones
están principalmente, referidas a la reducción de
la intervención económica del Estado en la sociedad. Por
privatización se designa, en términos generales,
aquellas políticas diseñadas para establecer los
principios del
mercado en la provisión y distribución de los servicios
públicos. Es esta última, la dirección más controversial de la
privatización ya que tiene que ver directamente con la
distribución social de los recursos
(Pulkingham: 1989).
Las orientaciones doctrinarias tuvieron su desarrollo
más acabado, bajo las administraciones de Margaret
Thatcher en Inglaterra y
Ronald Reagan en Estados Unidos.
Estas experiencias se extendieron a un grupo de
países del primer mundo, como Españaa, Italia, Francia,
Canadá y Alemania. Para
la mayoría de los analistas de la privatización
ésta refiere a la transferencia de funciones y
actividades del sector gubernamental al sector no directamente
controlado por el Gobierno. Dentro esta lógica
el sector público redefine su intervención en la
sociedad
fundamentalmente a través de las empresas estatales, lo
que trae como consecuencia un rediseño en el gasto
público. La privatización en el área social
funciona como una extensión de un proceso que tiene su
origen en el ámbito económico.
De una revisión de la literatura más
reciente sobre el tema, se pueden inferir por lo menos tres
enfoques que ayudan a comprender este proceso. El primer enfoque,
considera a la privatización como un fin en sí
mismo y enfatiza sus aspectos económicos. Estos estudios
analizan los procesos de privatización en términos
comparativos, utilizando básicamente las experiencias de
los países desarrollados, como Estados Unidos, Francia,
España,
Inglaterra e Italia.
También hay referencias sobre algunos países del
Tercer Mundo como Chile, Brasil, Corea del
Sur, Bangladesh, South Africa, entre
otros. Los autores representantes de este enfoque, realizan una
evaluación de las experiencias anteriores
en términos de los éxitos alcanzados y/o fracasos,
destacando los primeros sobre los obstáculos o
dificultades. En la literatura perteneciente a
este enfoque, también se encuentran referencias a las
modalidades que se adoptaron para cada caso y sus resultados en
cuanto al ahorro del
gasto fiscal del Estado y al nuevo estilo de gerencia
orientado hacia la búsqueda de eficacia y
eficiencia en
los entes una vez privatizados.
Desde esta perspectiva, la sociedad civil es
el empresariado organizado y se coloca por encima del Estado. Se
podría inferir que este sector sería el instrumento
para aumentar la eficacia de los
aparatos del Estado. Los exponentes de este enfoque, comparten la
idea de disminuir la presencia del Estado en la economía y
de redimensionarlo, no solamente en las áreas
económicas sino también en las sociales.
Aquí el objetivo explícito es fomentar una nueva
división del trabajo entre los sectores público y
privado con el fin de aumentar la eficacia y eficiencia de
ambos. Sin embargo, una derivación de este objetivo es el
de mantener separados estos sectores. El primero, en el
ámbito estricta y tradicionalmente social y el segundo, en
el ámbito económico. Los autores considerados en
este primer grupo
sostienen que lo anterior es una condición necesaria para
que una sociedad alcance el desarrollo medido en términos
de crecimiento
económico.
El segundo enfoque destaca los aspectos sociales y
políticos del proceso de privatización. Este
enfoque trata de vincular la privatización,
básicamente a los aspectos político-sociales de una
sociedad determinada y argumenta que sus posibilidades de
surgimiento y modalidades de expresión deberían
estar relacionadas con la tradición sociopolítica y
cultural que le es propia a cada país. De allí que
los procesos de privatización devienen de decisiones
políticas que se toman asociadas, principalmente a un
forma específica de Estado.
Quienes suscriben este punto de vista sostienen que las
condiciones socioeconómicas en las cuales se sucedieron
los procesos de privatización en los países
europeos, divergen sustancialmente de las condiciones que
presentan hoy en día los países latinoamericanos,
así como también hay diferencias substanciales
sociohistóricas entre los propios países
latinoamericanos; por lo tanto los resultados esperados
variarían puesto que el surgimiento y desarrollo del
Estado Latinoamericano es diferente al de cualquier Estado
Europeo. Podría concluirse que un proceso de
privatización tendría que vincularse a las características socioculturales propias de
cada sociedad y asumirse como uno de los medios para
lograr un fin mucho más complejo como es el desarrollo de
la sociedad.
Como parte de este enfoque, es importante destacar el
análisis que sobre este punto hace Scarpaci
(1989), quien, básicamente argumenta que los procesos de
privatización en general, y la tendencia hacia la
privatización de los servicios de salud en particular, no
pueden estudiarse o interpretarse simplemente
explicándolos como productos o
respuestas a la crisis fiscal
del Estado, al elevado monto de la deuda externa y
el déficit presupuestal que presentan los gobiernos. Como
tampoco podrían ser interpretados como productos de
una conspiración para acabar con el Welfare State.
Específicamente este autor argumenta que la
privatización de los servicios de salud depende de la naturaleza
específica del conflicto
entre el Estado, el sector privado, los consumidores y el capital
(nacional o internacional).Si bien los aspectos económicos
de la reestructuración de los programas sociales son
importantes para entender los procesos de privatización,
ellos sin embargo, no dan cuenta de cómo tal
reestructuración se manifiesta dentro de los diferentes
sectores (social, económico, político y
cultural).
Pareciera que para los exponentes de este enfoque, la
política de privatización trata de establecer los
límites a la intervención estatal, principalmente
en las áreas productivas e industriales, al mismo tiempo
que dicta las pautas para una redefinición de la
intervención pública y privada en el área
social. El tercer enfoque, estudia la privatización desde
el punto de vista teórico-conceptual, es decir discute el
contenido del concepto
analizando los problemas de
carácter metodológico que podría acarrear su
instrumentación, ya no en la sociedad como un todo, sino
en sus diferentes subsectores. Aquí hay un esfuerzo por
separar, conceptual y metodológicamente, las tendencias
hacia el aumento de la participación del sector privado en
las esferas públicas, incluyendo en éstas la
social, sucedidas antes de los ochenta y los llamados
‘procesos privatizadores’ posteriores a esta
década. Los cuales son el resultado de una decisión
política de alto nivel que involucra negociaciones y
transacciones entre los diferentes intereses que se articulan en
torno a
determinados procesos productivos. Por otro lado, estos procesos
privatizadores, sobre todo en los países latinoamericanos,
son resultado también de las negociaciones sobre el pago
de la deuda externa con
las agencias internacionales, las cuales la incluyen como uno de
los requisitos principales.
Los procesos de privatización, es decir la
invasión de lo público por lo privado, delimitan un
determinado tipo de acción: aquélla mediante la
cual las relaciones de propiedad,
control o usufructo, o todas ellas según sea la modalidad
del convenio, pasan a manos de entidades jurídicas o
personas naturales privadas. Ello es importante porque por esta
vía quedan excluidos de la consideración de
privatización, los procesos y tendencias de crecimiento de
lo privado anteriormente existentes a la "firma" de un convenio o
transacción, es decir de lo que se identificaba como tal
antes del cumplimiento del "pacto".
Tanto el segundo como el tercer enfoque estudian los
procesos de privatización desde un punto de vista
crítico y comparten el análisis según el cual las
especificidades políticas, sociales y económicas
que presentan los países y los sectores sujetos a ser
privatizados son elementos que necesariamente deben ser tomados
en cuenta. Es importante destacar que las tres perspectivas
mencionadas no son puras en sí mismas, en donde los
análisis que privilegian lo económico y el corto
plazo no consideran los aspectos sociales y políticos y
viceversa. De allí que la diferenciación que se
establece tiene fines exclusivamente
analítico-metodológicos para ubicar las diversas
posiciones sobre el proceso de privatización a partir del
énfasis en los rasgos sobresalientes que cada uno de estos
enfoques privilegia en el análisis.
Sintetizando, la privatización definida en un
sentido amplio abarcaría todas aquellas acciones que
tienen como meta reducir la intervención del Estado en la
economía. En consecuencia, comprendería no
sólo una transferencia de bienes públicos al sector
privado, sino también la desregulación de
determinadas actividades públicas o privadas, al igual que
la concesión de la prestación de servicios
públicos al ámbito privado. Definida en un sentido
estricto, la privatización se circunscribiría al
cambio de
titularidad o gestión
del sector público al privado lo cual implica la
asunción, por los particulares de bienes o actividades
económicas anteriormente bajo la titularidad o gestión
pública. Por consiguiente, en este sentido la
privatización y desregulación son conceptos
distintos, que implican y refieren acciones y procesos
diferentes. La desregulación remite a un conjunto de
acciones conducidas con el ánimo de dinamizar la vida
económica y que consisten básicamente en la
eliminación, por parte de las instancias públicas
competentes, de restricciones y constricciones que afectan a las
decisiones empresariales (De La Serna:1991).
En la primera definición, la desregulación
es una condición necesaria para un proceso exitoso de
privatización y en la segunda acepción, pareciera
que independientemente de la desregulación, el proceso de
privatización podría ser exitoso. En el marco de la
recesión económica de los ochenta, en favor de los
procesos de privatización se ofrecen cuatro argumentos
principales:
- Es determinante para la superación de la
distorsión económica creada por la
intervención estatal improductiva en áreas
donde la rentabilidad es posible - Profundiza el modelo
exportador definido como la llave del éxito del
desarrollo económico
– Libera los mercados
internos y las importaciones
necesarias para garantizar la competitividad requerida para el crecimiento de
las exportaciones
- Aumenta la eficacia y la eficiencia de las empresas
y servicios públicos partiendo de la base de que el
sector privado es más eficiente que el sector
público.
Estos y otros argumentos de orden económico han
sido subrayados por los autores que definen a la
privatización como un fin en sí mismo. Al mismo
tiempo, en su mayoría, estos son los argumentos que se han
venido usando en América Latina como soluciones
para enfrentar los problemas económico-financieros del
Estado.
En los análisis de los dos casos considerados
como las experiencias más exitosas de privatización
en países desarrollados (Inglaterra y Estados Unidos)
encontramos que tienen en común, tres
condiciones.
Una combinación entre limitaciones
presupuestarias, el fracaso del sector público en la
prestación de los servicios y un compromiso
político fuerte en favor de la participación del
sector privado.
La existencia de un sector privado fuerte y de un
mercado de
capitales desarrollado.
Presencia de autonomía en la administración pública frente al
control político, así como también la
presencia de capacidad y flexibilidad en el terreno del
diseño y formulación de
políticas estatales.
Tomando como referencia los condicionantes anteriores se
puede percibir que con excepción de la primera
condición, las demás que se anotan no están
presentes o se dan con cierta dificultad en América Latina
y el Caribe. La inexistencia en los países de la
Región de un sector privado fuerte y un mercado de
capitales desarrollado se explica por el nacimiento y desarrollo
del empresariado, que en la mayoría de los países
de América Latina, estuvo protegido por el propio Estado.
Por otro lado, la estructuración típica de la
administración pública y la
práctica tan extendida del clientelismo político
impiden que se cumpla la tercera de las condiciones apuntada por
los defensores de la privatización.
Como se desprende de lo anterior, la política de
privatización, tiene acuñado un alto contenido
económico en su fundamentación y una
preconcepción bastante firme sobre la superioridad de la
eficiencia del sector privado sobre la del sector público.
Por último, los procesos de privatización fueron
diseñados para el sector productivo y sólo por
extensión se incluyeron los sectores sociales; ello
implicó un grado menor de reflexión y
análisis para el caso de estos últimos.
En esta discusión es importante destacar que en
los análisis sobre los procesos de privatización no
siempre se tiene en cuenta que estos responden fundamentalmente a
la dinámica resultante de las relaciones
económicas y políticas que se dan entre el Estado y
los diferentes grupos de
interés
en el contexto específico de cada sociedad. Por otro lado,
la privatización no refiere a un proceso único ni a
una decisión que se ejecuta en un período breve. De
hecho, la privatización implica no solamente un proceso
sino la articulación de varios procesos simultáneos
que se originan en los distintos sectores de la sociedad y que
resultan de decisiones diferentes en cuanto a políticas
económicas y sociales. Cada una de ellas adopta distintas
modalidades las cuales dependen de la correlación de
fuerzas entre los distintos actores y las características propias del
sector.
Por último, la privatización debe ser
vista en el marco de las transformaciones globales de la naturaleza del
Estado porque, en definitiva lo que se propugna es un papel
diferente del Estado que se adecue al nuevo modelo de
acumulación y desarrollo el cual incluye como uno de sus
elementos principales la
globalización y transnacionalización de la
economía.
7. La Reforma De Las
Empresas Publicas En Nuestro Pais
Cuando asumió la Presidencia de la
República, en agosto de 1996, el Presidente Leonel
Fernández encontró las empresas del Estado
deterioradas, con deudas millonarias y en peligro de cierre, lo
cual amenazaba seriamente el empleo de
miles de familias que llevaban años trabajando en esas
empresas.
El Estado no disponía de los recursos para
rehabilitarlas y ponerlas a trabajar con eficiencia, razón
por la cual tenía que buscar capitales frescos del sector
privado, sin entregar el patrimonio
estatal a particulares.
El Presidente Fernández elaboró un
proyecto de
ley con la
finalidad de sacar de la crisis a la Corporación
Dominicana de Electricidad (CDE), el Consejo Estatal del
Azúcar (CEA), la Corporación Dominicana de Empresas
Estatales (CORDE) y la Corporación de Fomento de la
Industria
Hotelera (CORPHOTEL).
El proyecto se
convirtió en la Ley General de
Reforma de la Empresa Pública, con el apoyo de los
legisladores de todos los partidos representados en el Congreso
Nacional y de distintas organizaciones de
la sociedad civil
que asistieron a las vistas públicas que se convocaron
antes de ser aprobado.
8. Como Se Esta
Haciendo La Reforma De Las Empresas
La ley ofrece varias vías para hacer la reforma.
Esas vías son: capitalización, concesión,
transferencia de acciones y venta de activos. Sin
embargo, la ley privilegia la capitalización e impone
mayores requisitos para que se puedan aplicar las otras
modalidades .
La capitalización consiste en buscar socios del
sector privado que puedan aportar una suma de dinero igual o
mayor al valor de las empresas que se van a capitalizar, para
formar una nueva compañía, con capital duplicado,
en la cual el Estado será dueño de un 50 por ciento
y el socio privado será dueño del otro 50 por
ciento..
Para garantizar la rehabilitación y el desarrollo
de la empresa capitalizada, se contratará la administración del socio privado, pero
éste realizará su trabajo sin salirse de los
contratos y
estatutos elaborados por el Estado, los cuales debe firmar antes
de que se realice la negociación. Para capitalizar las empresas,
la Comisión ha establecido una serie de pasos, ajustada a
los mandatos de la ley, entre los cuales señalamos los
siguientes:
- Realizar un diagnóstico de la empresa
- Contratar un experto para realizar la asesoría
estratégica del proceso. - Contratar a una firma internacional, mediante
licitación pública, para realizar una auditoría del patrimonio y
una tasación del valor de mercado de la empresa que se
va a capitalizar. - Publicar los resultados de la auditoría en los periódicos, para
que la población conozca cuál es el
patrimonio de la empresa antes de la
capitalización. - Contratar una banca de
inversión para promover el proceso y atraer la
inversión de capitales a nivel nacional e
internacional. - Elaborar Términos de Referencia claros, donde
se definen las características básicas del tipo
de socio que está buscando el Estado, para garantizar
que tenga solvencia moral y
financiera, experiencia técnica e historia en la
prestación de servicios, entre otros
elementos. - Invitar a los interesados, mediante un aviso en la
prensa nacional
e internacional, a comunicar a la Comisión de Reforma de
la Empresa Pública su deseo de participar en la
capitalización de la empresa. - Realizar un acto público, en presencia de
notarios y de representantes de los medios de
comunicación, para recibir las credenciales de las
empresas interesadas en participar en la
capitalización. - Analizar minuciosamente la documentación
presentada por los interesados, para determinar si llenan los
requisitos establecidos en los Términos de Referencia.
Después de ese análisis, se elabora una lista de
pre-calificados con los proponentes que hayan llenado los
requisitos. - Los proponentes pre-calificados deben firmar los
contratos y
demás documentos
aceptando las condiciones que requiere el Estado Dominicano
para que un inversionista privado pueda convertirse en socio de
la empresa a capitalizar. - Mediante una licitación internacional, y en un
acto público, se escoge de la lista de pre-calificados a
los proponentes que hagan las mejores ofertas para convertirse
en socios del Estado. - Luego de escogido el socio, se traspasará la
administración de la nueva sociedad capitalizada, la
cual debe administrarse de acuerdo a los estatutos previamente
elaborados por la Comisión de Reforma de la Empresa
Pública. - Los recursos que aportará el socio privado
serán invertidos exclusivamente en la
rehabilitación y desarrollo de la nueva
empresa. - Los beneficios que genere la nueva sociedad
capitalizada se colocarán en un Fondo Patrimonial y se
usarán de acuerdo a lo que establezca la ley que se
votará al respecto.
9. Algunas Precisiones
Sobre Las Acciones De La Crep
La decisión de reformar la Corporación
Dominicana de Electricidad (CDE), el Consejo Estatal del
Azúcar (CEA), la Corporación Dominicana de Empresas
Estatales (CORDE) y la Corporación de Fomento de la
Industria Hotelera (CORPHOTEL) no fue tomada de manera unilateral
por el Poder
Ejecutivo.
La Ley General de Reforma de la Empresa Pública
(141-97), en la cual se dispone el proceso y se crea la
Comisión de Reforma de la Empresa Pública, fue
aprobada por consenso de todas las organizaciones
políticas representadas en el Congreso Nacional, luego de
escuchar la opinión de muchas organizaciones de la
sociedad civil que acudieron a las vistas públicas que se
realizaron para ventilar el contenido del proyecto.
Los miembros de la CREP, a diferencia de los
demás funcionarios del Estado Dominicano, son los
únicos cuyos nombramientos, luego de ser decretados por el
Poder
Ejecutivo, deben ser ratificados por el Senado y la
Cámara de Diputados para tener validez, lo cual agrega
solidez y credibilidad al proceso ante la sociedad. No hay la
más mínima duda de que la ley 141-97 es un
instrumento eficaz para garantizar un manejo pulcro de todo lo
relacionado con el proceso de reforma, donde el legislador
tomó en cuenta todos los detalles para evitar que se pueda
lesionar los intereses del Estado.
En lo que se refiere a la Comisión, sus mayores
esfuerzos se han encaminado a desarrollar una labor de absoluta
transparencia, con estricto apego a los mandatos de la ley, donde
ni siquiera los grupos cuyos intereses particulares han sido
afectados, han podido esgrimir un solo argumento serio de
cuestionamiento a la rectitud de cada acto.
10. Como Se Hace La
Capitalizacion
Con frecuencia se hacen circular especulaciones sobre
supuestas maniobras de supuestos grupos de poder
económico para sacar ventajas del proceso de reforma de
las empresas públicas.
Es importante aclarar que esas especulaciones no tienen
la más mínima certidumbre, pues el procedimiento que
se lleva a cabo para seleccionar a un socio del Estado en la
capitalización no permite privilegios.
Para que un inversionista pueda participar como socio en
la capitalización de una empresa, en primer lugar, debe de
reunir una serie de exigencias técnicas, morales y
económicas, y pasar por una rigurosa evaluación
de sus antecedentes y experiencias. Pero luego de llenar esos
requisitos, la selección final del socio se hace mediante
una licitación pública internacional, donde se
escoge, dentro de los pre-seleccionados, el que haga la mejor
oferta
económica.
En conclusión, todas y cada una de las
actividades realizadas por la CREP, desde que inició sus
operaciones,
resisten cualquier experticio, con la plena seguridad de que
la pulcritud ha estado presente en cada detalle.
11. Ley General De Reforma
De La Empresa Pública (141-97)
La Ley General de Reforma de la Empresa
Pública (141-97) fue promulgada el 24 de junio de
1997. No obstante, fue el día 30 de noviembre cuando los
miembros de la Comisión de Reforma de la Empresa
Pública fueron confirmados, con la promulgación por
parte del Poder Ejecutivo de la resolución número
257-97, aprobada por el Congreso Nacional el día 5 de ese
mismo mes.
La ley 141-97 declara de interés
nacional la reforma de la Corporación Dominicana de
Electricidad, la Corporación Dominicana de Empresas
Estatales, el Consejo Estatal del Azúcar y la
Corporación de Fomento de la Industria Hotelera. En su
artículo dos (2) la ley establece la creación de la
Comisión "como la entidad responsable de la
conducción y dirección del proceso de reforma y
transformación de la empresa pública con poder
jurisdiccional sobre todas las entidades sujetas a
transformación".
Como lo establecen algunos de los considerandos, al
concebir y aprobar la Ley General de la Empresa Pública,
en el gobierno y en el Congreso dominicanos se pensó que
el patrimonio que constituyen las empresas del Estado debe ser
utilizado con mayor eficiencia, para enfrentar la pobreza y
devolver parte de la deuda social contraída con el pueblo
dominicano desde una óptica
de desarrollo
sostenible.
Partiendo de que el manejo que se ha dado a las empresas
públicas afecta el crecimiento y equilibrio de
la economía y la capacidad del Estado para atender
necesidades básicas de la población, el gobierno y el Congreso
buscaron en esta ley un instrumento que garantice una
gestión eficiente y transparente de esas empresas,
así como la participación de manera pulcra del
sector privado en un nuevo proceso productivo que permita al
Estado un desarrollo oportuno de la oferta de
bienes tangibles e intangibles de la nación y la
protección de los derechos de los consumidores
y de las empresas.
13. El Rol De Los
Comisionados
Como lo establece la ley, los miembros de la
Comisión de Reforma de la Empresa Pública son
responsables de conducir y dirigir el proceso de
transformación de las entidades
incluídas.
Pero para los comisionados no se trata solamente de los
preceptos establecidos de manera expresa en el texto de la
ley. Se trata de un compromiso con todos los dominicanos, desde
el más encumbrado hasta el más humilde, de llevar a
cabo un proceso diáfano, decente, transparente y apegado
en lo más estricto a los mejores intereses del pueblo. No
habrá en el accionar de la Comisión el más
mínimo ahorro de
esfuerzos para conseguir los socios más calificados para
las empresas del Estado, desde todos los puntos de
vista.
Tampoco se escatimaran esfuerzos para ofrecer al pueblo
dominicano todos los detalles del proceso de reforma, pues los
comisionados están plenamente conscientes de que el
éxito de esta iniciativa dependerá, en gran medida,
del aporte sincero de todos los sectores de buena
voluntad.
Como se señala en la primera parte de ese
documento, los miembros de la Comisión de Reforma de la
Empresa Pública fueron ratificados el 30 de noviembre
pasado, lo cual implica que sólo ha transcurrido algo
más de un mes desde el inicio formal de las
actividades.
Sin embargo, antes de que se produjera la formalidad de
la ratificación, los comisionados habían logrado
importantes avances en el proceso de acopio y revisión de
información sobre las empresas
incluídas en la ley, primordialmente en el caso de la
Corporación Dominicana de Electricidad.
El énfasis en la Corporación Dominicana de
Electricidad no sólo se debe a la urgencia que tiene el
país en buscar soluciones
adecuadas a las deficiencias del servicio
energético, sino también a que en dicha empresa se
había logrado los mayores adelantos en los trabajos
relativos al proceso de reforma.
Desde el mes de noviembre, los comisionados se han
reunido en varias ocasiones con el equipo técnico y con
los asesores internacionales del proceso de reforma de la
Corporación Dominicana de Electricidad, y han recibido
toda la documentación acumulada hasta la fecha, los
trabajos técnicos e informes
realizados, los cuales han sido evaluados y validados en su casi
totalidad, dada su actualidad y adecuación al marco legal
y técnico actual.
Para la Corporación Dominicana de Electricidad,
la Comisión de Reforma de la Empresa Pública
contrató al equipo que laboraba en la Comisión de
Reestructuración, quienes continuarán trabajando en
el proceso y confirmó la selección de los asesores
internacionales. La Comisión también
estructuró los e quipos locales que se encargarán
de los trabajos técnicos relacionados con el proceso de
reforma del Consejo Estatal del Azúcar y la
Corporación Dominicana de Empresas Estatales, y
está conformando el equipo que trabajará con la
Corporación de Fomento de la Industria
Hotelera.
En el caso del Consejo Estatal del Azúcar, se
había logrado algún avance en el acopio y
selección de información, que ha servido a los
comisionados como referencia para el inicio del
proceso.
14. Capitalizacion De La
Corporacion Dominicana De Electricidad
Amparada en el mandato de la ley 141-97, la
Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP)
inició el proceso de capitalización de la
Corporación Dominicana de Electricidad.
Luego de numerosos estudios técnicos realizados
durante varios años por especialistas nacionales e
internacionales y de una evaluación exhaustiva, se
determinó la conveniencia de subdividir la empresa en
varias sociedades
diferentes.
Se decidió crear dos empresas de
generación térmica y tres de distribución.
Las de generación son ITABO y HAINA, con una capacidad
instalada de 575 y 670 megavatios, respectivamente. Las de
distribución son NORTE, SUR y ESTE, que sirven a unos
379,000, 396,000 y 359,000 clientes,
respectivamente. Esas son las cinco empresas cuyo proceso de
capitalización inició la CREP. Como establece la
ley, las unidades de generación hidroeléctrica y la
transmisión quedarán en manos del
Estado.
15. Requisitos Para
Realizar La Capitalizacion
Para garantizar la transparencia del proceso y asegurar
que el Estado consiga los mejores socios, la ley establece una
serie de requisitos que norman el procedimiento,
entre los cuales citamos los siguientes:
- Realización de auditoría del patrimonio
de la empresa y una valuación de las unidades a
capitalizar. - La firma auditora debe tener reconocimiento
internacional y debe contratarse mediante licitación
pública internacional. - Los resultados de la auditoría deben ser
publicados en la prensa nacional
en menos de 30 días después de ser entregada a la
CREP. - La pre-calificación y selección de los
potenciales socios del Estado debe realizarse mediante el
procedimiento de licitación internacional. - La Comisión debe rendir un informe
detallado de sus actividades cada tres meses al Presidente de
la República y enviar copias a los presidentes del
Senado y de la Cámara de Diputados.
16. Que Ha Hecho La
Crep Hasta Ahora Con La Cde
- Se elaboró un documento denominado
Términos de Referencia de la Fase de
Pre-calificación, en el cual se define el perfil de los
socios que el Estado Dominicano busca para participar en la
capitalización de CDE. - El día 19 de enero se publicó un aviso
en la prensa nacional e internacional, invitando a los
interesados en participar en el proceso a comunicar su
interés a la Comisión. - En el período hábil, un total de 46
empresas adquirieron los Términos de
Referencia. - En un acto público celebrado el 26 de marzo,
con la presencia del Presidente de la República y
representantes de los medios de
comunicación y de las organizaciones de
la Sociedad Civil, 21 de las 46 empresas que adquirieron los
Términos de Referencia presentaron sus
credenciales. - El 18 de abril, luego de un examen minucioso de la
documentación presentada por los interesados, la
Comisión pre-seleccionó a 19 de las 21 empresas que
presentaron credenciales. - Desde el día cinco de mayo se inició el
envío de los Términos de Referencia, los
contratos y demás documentos de
la segunda fase a los pre-calificados .
17. Auditoria Patrimonial
- El día 25 de enero se publicó un aviso
en la prensa, invitando a las empresas auditoras nacionales con
representación internacional y/o internacionales con
representación nacional a presentar sus credenciales
para participar en la licitación para contratar la
auditoría patrimonial y la tasación de la
CDE. - Un total de 10 empresas presentaron credenciales, de
las cuales tres fueron pre-calificadas por reunir las
condiciones requeridas. - El día tres de marzo se seleccionó la firma ganadora, que fue
Arthur Andersen, cuya representante local es Ortega y
Asociados. - El trabajo contratado consiste en una
auditoría patrimonial al 31 de enero y una
valuación de las cinco compañías que se
van a constituir. - Actualmente se trabaja en la auditoría
patrimonial de la CDE, la cual se publicará cuando sea
entregada a la CREP. - Cuando se concluya dicha auditoría y sea
recibida por la Comisión, será publicada en la
prensa, lo cual permitirá a la población conocer
en detalles la situación patrimonial de la CDE, como
manda la ley.
- Una vez concluida la primera etapa, los
pre-calificados firmaron un contrato de
confidencialidad con la Comisión, para recibir la
información necesaria sobre el sector energético
nacional y el marco regulatorio, y para visitar la sala de
datos
habilitada para el proceso y las instalaciones de la
CDE. - Entre el 26 de mayo y el cinco de junio, los
comisionados y los técnicos del equipo CREP-CDE
visitaron la sede de 14 de las empresas pre-calificadas, en
seis países y tres continentes. - En la actualidad, las empresas pre-calificadas
realizan sus visitas y reuniones en las distintas instancias
relacionadas con el proceso en la República
Dominicana. - Luego de que se concluya el proceso de intercambio de
información y se discutan los contratos y demás
documentos en los cuales el Estado Dominicano establece las
reglas del juego para
participar en la capitalización de las nuevas unidades,
los pre-calificados firmarán toda esa
documentación, donde se obligan al cumplimiento de lo
establecido. - Una vez firmados esos documentos, las empresas que lo
hayan hecho, participarán en un acto público y
solemne, en el cual harán sus propuestas, y la
Comisión escogerá a las que hagan las mejores
ofertas económicas para convertirse en socios del
Estado. - Las empresas que resulten escogidas aportarán
una suma de dinero igual
o mayor al valor de las empresas que se van a capitalizar y
serán propietarios del 50 por ciento de las nuevas
sociedades,
al igual que el Estado Dominicano. - La administración de esas nuevas empresas
estará a cargo de los inversionistas privados, que se
regirá de acuerdo con lo establecido en los contratos
firmados antes de la selección de los
socios. - Los recursos que aportarán los nuevos socios
se destinarán a la rehabilitación, desarrollo y
modernización del sector eléctrico
nacional.
Los beneficios que generen las nuevas empresas
serán depositados en un fondo patrimonial para el
desarrollo, cuyo uso se determinará mediante una ley que
se votará.
19. La Reforma Del Consejo
Estatal Del Azucar
(Cea)
El Consejo Estatal del Azúcar (CEA) es una de las
entidades incluidas en la ley 141-97, cuya transformación
está a cargo de la Comisión de Reforma de la
Empresa Pública (CREP).
El emporio azucarero estatal tiene diez ingenios, tres
divisiones de apoyo y dos parques industriales de zona franca.
Los ingenios del CEA son: Haina, Barahona, Ozama, Consuelo,
Porvenir, Santa Fe, Boca Chica, Quisqueya, Montellano y Amistad.
Las divisiones de apoyo son: Transportación,
Melazas Dominicanas y Ganadería y Boyada. Los dos parques
de zona franca están ubicados en Esperanza, provincia
Valverde, y Villa Altagracia, provincia de San
Cristóbal.
Las condiciones de operación de los ingenios han
sido muy precarias en los últimos años, debido al
gran deterioro que acusan, tanto en sus campos como en sus
instalaciones fabriles. Incluso, Santa Fe y Quisqueya han quedado
fuera de operación en las últimas
zafras.
El CEA llegó a superar las 800 mil toneladas de
azúcar crudo a mitad de la década de los ochenta, y
en la actualidad se espera que no llegue a las 200 mil toneladas
en la presente zafra. El emporio ha venido sufriendo un declive
continuo en sus capacidades y en las condiciones de sus factores
productivos, y acumulando pasivos de gran magnitud que involucran
prácticamente a todas las instancias laborales y
económicas vinculadas con el sector, tales como los
colonos azucareros, proveedores de
productos y servicios, el Banco de Reservas
y el Plan de Pensiones
y Jubilaciones.
20. Avances Del Proceso De
Reforma En El Cea
En enero de este año, el equipo técnico
CREP-CEA inició la elaboración de los
diagnósticos internos del CEA, para obtener las
informaciones indispensables que soportarán las distintas
etapas del proceso. Se completó un análisis
preliminar de las modalidades de reforma previstas en la ley
141-97, para elegir la que más se ajuste a las condiciones
de la empresa y a los intereses del Estado Dominicano.
El equipo técnico CREP-CEA ha definido, en
principio, la modalidad de arrendamiento como la mas adecuada, y
continúa analizando nuevos factores que permitan confirmar
la elección de manera definitiva. Actualmente se realizan
diagnósticos-monografías de cada uno de los
ingenios, para obtener un perfil lo más exacto posible de
las condiciones individuales de cada uno de esos centros
productivos.
La Comisión contrató a un asesor
internacional para que preste sus servicios en el diseño
y ejecución de la estrategia de
reforma del CEA, el cual se incorporará a las actividades
antes de finalizar el presente mes. El 16 del mes pasado
publicamos un aviso en la prensa nacional e internacional,
llamando a una licitación para seleccionar la firma que
realizará la auditoría del patrimonio del CEA,
según manda la ley. Actualmente estamos recibiendo las
credenciales de los interesados.
Se concluyeron los términos de referencia que
servirán de base para la contratación de la
valuación de mercado de los ingenios del CEA, cuya
licitación se publicará en la prensa en los
próximos días. Tenemos listo el documento que
servirá de base para la licitación internacional a
través de la cual contrataremos la banca de
inversión que nos asesorará en el proceso de
negociación con los inversionistas
interesados.
Está a punto de concluir un pre-diagnóstico de la situación de los
bateyes, así como los términos de referencia para
realizar la auditoría social que deberá arrojar
información sobre las poblaciones y las condiciones de
vida de dichos bateyes y de su infraestructura. La
Comisión tiene listo el documento base para la
contratación de un consultor para realizar una
auditoría ambiental en los ingenios del CEA. Dicha
auditoría permitirá establecer los requisitos que,
en materia
ambiental, regirá a los socios que resulten
elegidos.
21. Los Proximos Pasos
Del Proceso
Una vez definida la conveniencia de la modalidad de
arrendamiento, la CREP someterá la propuesta al Presidente
de la República, quien la ponderará y dará
su aprobación oficial. Luego de aprobada, se
celebrará un acto solemne, abierto a los medios de
comunicación, donde se explicará a la
población sobre la modalidad escogida y las razones por
las cuales se prefirió el arrendamiento.
El Ejecutivo elaborará un reglamento de
arrendamiento, en el cual se establecerá el procedimiento
que debe aplicarse, enmarcado en los requisitos que exige la ley.
Cuando se hayan dado esos pasos, se precalificará a los
inversionistas y se escogerá mediante licitación
internacional a los socios, observando todos los pasos
requeridos.
22. La Reforma De La Corporacion Dominicana De
Empresas Estatales (Corde)
La Corporación Dominicana de Empresas Estatales
(CORDE) es una de las entidades incluidas en la Ley General de
Reforma de la Empresa Pública (141-97). Según los
datos
aportados por el Presidente Leonel Fernández, cuando
compareció ante los miembros Congreso Nacional para
presentar el proyecto de reforma, la situación de CORDE
era la siguiente:
- Doce las empresas pertenecientes al grupo estaban
cerradas y la mayoría de las restantes operaban con
grandes problemas de liquidez, arrastrando una deuda total de
RD$1,000 millones. - Las empresas cerradas eran: Compañía
Dominicana de Aviación, Tecnometal, Planta de
Recauchado, Fábrica de Baterías, Pinturas
Dominicanas, Fábrica de Clavos Enriquillo, La Cementera,
Fábrica de Aceites Ambar, Chocolatera Industrial,
Dominicana Industrial de Calzados, Tenería FA-2 y
Tejidos
Antillanos.
Molinos Dominicanos estaba intervenida por el Banco de
Reservas, por las grandes deudas acumuladas con la entidad
bancaria estatal. En ese momento, 1996, la nómina
de las empresas del grupo CORDE era de 6,500 empleados. En la
década de los 80 tuvo una planilla cercana a los 10 mil
empleados.
Ante ese cuadro, y ante un Estado con grandes problemas
y escasos recursos para atender una serie de necesidades
perentorias de la población, se consideró la
reforma como una respuesta para atraer capitales frescos, que
pudieran contribuir al relanzamiento de ese grupo de
empresas.
23. Pasos Para La
Capitalizacion De Las Empresas (Corde)
- Es necesario realizar un diagnóstico
preliminar. - Contratar los servicios de consultoría
estratégica. - Realizar auditoría del patrimonio y determinar
el valor de mercado de las empresas. - Contratar los servicios de un banco de
inversión. - Definir el perfil del socio que el Estado
busca. - Realizar, sobre la base de los requisitos
establecidos en el perfil previamente definido, la
precalificación de los potenciales socios, cuya
selección final se hará mediante una
licitación internacional.
24. Qué Ha
Hecho La Comisión En El Grupo Corde
Luego de realizar un diagnóstico preliminar, la
Comisión decidió manejar en forma diferenciada las
empresas de CORDE, conformando grupos de acuerdo a sus
características básicas. Entre esas
características podemos señalar: la
situación financiera, la posición en el mercado, la
situación legal y el atractivo que puede tener cada
empresa para los fines de la reforma.
Basados en el diagnóstico preliminar, se
escogió un primer grupo de empresas para ser reformadas,
compuesto por Molinos Dominicanos, C x A, Molinos del Norte, C x
A, Compañía Anónima Tabacalera, C x A,
Compañía Tabacalera Santiaguense, S.A., La
Habanera, S.A. y la Compañía Dominicana de
Aviación, C x A..
- En el mes de mayo se contrató el servicio de
asesoría estratégica. - Mediante una licitación pública, se
contrataron las firmas Genaro y Asociados/RSM y Díaz
Hatton y Asociados/INPROAVAL, para realizar las
auditorías patrimoniales y la tasación del valor
de mercado de Molinos Dominicanos y Molinos del Norte. Ambos
trabajos están en proceso de
ejecución. - El día cinco se publicó un aviso en la
prensa nacional invitando a los interesados en participar en la
capitalización de ambas empresas a comunicar su
interés a la Comisión. - En estos momentos estamos en el proceso de
conformación de un registro de los
inversionistas que están interesados en el
proceso.
- Se está preparando un documento informativo,
el cual se hará llegar a los inscritos en el registro, donde
se les informará sobre los requisitos que el Estado
Dominicano exige para participar en el proceso de
capitalización de las empresas molineras. - Como se trata de empresas industriales, se
está trabajando en la preparación de los
Términos de Referencia para la contratación de
una auditoría ambiental de ambas empresas, la cual se
espera esté concluida en la misma fecha que las
auditorías de patrimonio. - En este período se están recibiendo las
propuestas para la contratación del banco de
inversión que se encargará de promover el proceso
de capitalización de los molinos. - También se trabaja en la preparación de
borradores de los contratos y estatutos que regirán la
participación de los inversionistas en las nuevas
sociedades que se formarán con la capitalización
de los molinos.
Recientemente han circulado en algunos medios de
comunicación diversos rumores y
especulaciones sobre una supuesta conspiración de
supuestos sectores interesados para traspasar a Molinos
Dominicanos y Molinos del Norte a manos privadas, tomando como
base una suma por debajo de su valor.
Sobre ese aspecto, lo que ha hecho la Comisión,
cumpliendo con lo establecido en la ley, es contratar a dos
firmas auditoras, ambas con reconocimiento internacional,
mediante licitación pública, para realizar la
auditoría patrimonial y la tasación del valor de
mercado de los molinos, y publicar en la prensa nacional los
resultados de la auditoría. Al parecer, algunos sectores
han confundido los valores
reflejados por la auditoría, y eso ha sido suficiente para
que se haya tejido toda una madeja de comentarios aviesos sobre
una supuesta intención de disminuir el valor de los
molinos.
Aunque la ley no lo exige, la Comisión ha
decidido hacer públicos los datos contenidos en la
tasación del valor de mercado de los molinos, porque
consideramos que nuestro mejor aliado es la
transparencia.
Antonio Isa Conde "Tratan de boicotear la
capitalización de
las empresas públicas"
Leonel Fernández "Nada debe quedar oculto
en la
capitalización de las empresas"
Celso Marranzini "Quieren boicotear la
capitalización, apoyo
a la CREP"
Hipólito Mejía "Voy a salvar el
prestigio del CEA"
Hatuey DeCamps "Ha sido mal manejada
esta
capitalización"
Danilo Medina "La capitalización de las
empresas es
irreversible"
Ramón Albuquerque "La
capitalización de la CDE es un
desastre"
Jhony Jones "Hay que hablar de esta
capitalización"
28. Beneficios De La Reforma
De Las Empresas Publicas
La reforma de las empresas públicas constituye
una de las iniciativas de mayor trascendencia social tomada por
gobierno alguno en las últimas décadas. Su
aplicación permitirá al Estado eliminar el
desperdicio de miles de millones de pesos que hoy se utilizan en
subsidios improductivos para crear nuevos empleos y servicios, en
beneficio de las Sociedad Dominicana.
Tanto el gobierno como la Comisión de Reforma de
la Empresa Pública han puesto particular interés en
que el proceso contribuya a una verdadera reconversión
laboral,
garantizando que los trabajadores de las empresas incluidas, no
sólo reciban todos los beneficios contenmplados en el
Código de Trabajo y convenios colectivos, sino que puedan
tener acceso a una gama de servicios y facilidades para mantener
sus actividades productivas.
Por considerarlo de interés para la
opinión pública, y muy particular para los
trabajadores de las empresas en proceso de reforma, pasamos a
ofrecer detalles del programa desarrollado por la CREP para
contribuir a mejorar las condiciones de vida de la
población dominicana, con lo cual ponemos de manifiesto el
inter de gobierno en hacer aportes sociales, en el marco de la
capitalización de las empresas públicas.
- Nosotros estamos de acuerdo con la
capitalización de las Empresas del Estado Dominicano.
Esta capitalización debería ayudar a salvar el
patrimonio de las Empresas del Estado y los servicios
públicos. - Estamos de acuerdo siempre y cuando esta se maneje
concorde a la ley (141-97) y no se abuse de las debilidades de
esta. - Como en toda transición, el inicio siempre es
tortuoso y difícil y por ende trae mucho caos y
desacuerdo entre las personas. - Si ninguna preferencia política, a nuestro
entender, este proceso a sido un poco mal manejado y por esto
debemos apoyarlo ya que representa un beneficio a la
economía del pueblo dominicano.
Autor:
Alberto Polanco
fco.polanco[arroba]codetel.net.do