5. Política
Fiscal en Venezuela.
Antecedentes.
Lamentablemente para nuestro país, la política fiscal ha sido
mal llevada a lo largo de muchos períodos gubernamentales,
uno y otro gobierno han
tratado de implantar paquetes económicos que reactiven la
economía
venezolana, pero lamentablemente fallan al no poder
controlar el Gasto Público y mucho menos se ha creado una
cultura
tributaria en los ciudadanos y empresas
Venezolanas.
Durante los períodos de bonanza petrolera que
vivía el país y hasta la llegada del viernes negro,
la costumbre por parte de los gobiernos; era tener un enorme
gasto público producto de un
abultado número de subsidios y regalías; y una
política
de endeudamiento demasiado arriesgada, y como los ingresos por
concepto de
exportaciones
petroleras eran suficientes para cubrir el gasto público,
realmente no se desarrollo
nunca una política
económica y menos una política tributaria
eficiente y adaptada a la realidad del país y modernizada.
La modernización llegó muy tarde, hace apenas unos
15 o 20 años los instrumentos fiscales utilizados en las
políticas económicas eran pocos, mal
implantados y muy difíciles de controlar,
obteniéndose una gran perdida por los altos niveles de
evasión fiscal que se
presentaban.
Luego del viernes negro, y por causa de políticas
económicas que no han sido diseñadas para adaptarse
a la realidad de nuestro país, la política
fiscal ha sido mal planteada y mal ejecutada. Se ha intentado
aplicar serias medidas en materia
económica pero han perdido efecto; primero por falta de
continuidad en las políticas aplicadas, es decir, muchas
veces dentro de un mismo periodo gubernamental hemos visto
cambios en las políticas aplicadas, y apenas toman
control los
nuevos gobiernos inmediatamente son cambiados los planes
económicos, con esto solo se logra un sistema inestable
que no es capaz de asimilar un lineamiento cuando se le impone
una nueva dirección. En segundo lugar por carecer de
un planteamiento que busque primero, controlar el gasto
público a través del mejoramiento y
simplificación del sector público y crear un
Sistema
Tributario eficiente, para luego poco a poco pero con paso firme
y sostenido lograr la reactivación económica que
tanto requiere Venezuela.
En Venezuela, la posibilidad de un Estado como el
que tuvimos en las últimas décadas ya no es viable,
por la sencilla razón de que el país no se puede
permitir ese lujo. La sinceración de la economía es y
seguirá siendo la única salida. Los controles
excesivos, los subsidios, el proteccionismo, el paternalismo
estatal y el Estado
empresario, conllevan altos grados de ineficiencia y terminan
imponiendo un elevado costo a la
sociedad. Esos
costos tienen que
salir de alguna parte (endeudamineto). Las políticas
económicas que caracterizaron la política
económica venezolana entre 1974 y 1994 arrojaron una
hiperinflación alimentada por un drástico y
continuado deterioro en el valor de
nuestro signo monetario.
El actual gobierno
venezolano, según su propuesta económica propone
una reducción del gasto público, y una
modificación al tratar de reducir el gasto corriente, a
través de reestructuraciones en todos los organismos
oficiales para hacerlos más eficientes y menos costosos, y
por su parte aumentar el gasto de capital, para
crear la infraestructura necesaria para comenzar la
reactivación económica. El presupuesto
fiscal del año 2000, tiene un nivel de gasto total
acordado de Bs. 17.878 millardos, equivalentes al 24,2% del
PIB,
aumentando su nivel en 1,5 puntos del PIB con
respecto al presupuesto de
1999. De este total de gasto, el 84,5% se concentra en los
siguientes ministerios: Finanzas, del
Interior y Justicia,
Educación,
Cultura y
Deporte, Salud y Desarrollo
Social, Infraestructura y Defensa.
En referencia a la clasificación económica del
gasto, el mismo presenta una orientación que está
en sintonía con los lineamientos estratégicos de
este Programa
Económico. Los gastos corrientes
se ubican en monto de Bs. 12.718 millardos, equivalentes al 17,3%
del PIB, creciendo en tan sólo 0,3 puntos del PIB con
respecto al año precedente. Los de capital, se
sitúan en Bs. 2.967 millardos, equivalentes al 4,0% del
PIB, superando en más de 1,1 puntos del PIB al gasto
presupuestado del año 1999, y por último, las
aplicaciones financieras, dentro de las cuales se encuentran la
amortización de préstamos, alcanzan un monto de Bs.
2.192 millardos, equivalentes al 3% del PIB, presentando una
variación con respecto al año pasado de 0,1 puntos
del PIB.
Por otra parte, en materia de
gestión
tributaria propone una reestructuración del actual
Servicio
Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), para
aumentar la recaudación y evitar la evasión de
impuestos.
Así como la aplicación de una serie de instrumentos
de recaudación que permitan reducir el déficit
fiscal. En este sentido, el presupuesto fiscal para el año
2000, fija como meta en los ingresos
ordinarios de origen no petrolero un monto de Bs. 8.561
millardos, equivalente al 47,8% del total de ingresos, mejorando
su participación en 5,7 puntos porcentuales con respecto
al nivel alcanzado en 1999. Los ingresos fiscales originados por
la actividad petrolera, excluyendo las transferencias al Fondo de
Inversión para la Estabilización
Macroeconómica (FIEM), se estiman en Bs. 4.211 millardos,
equivalentes al 23,6% del total de ingresos fiscales.
Esto luce muy bien en el papel, pero ha
sido un factor común observar excelentes propuestas
económicas por parte de los distintos gobiernos
venezolanos que luego se pierden en la intrincada e ineficiente
red
burocrática, o simplemente no son capaces de cumplir las
metas que son trazadas, en otras ocasiones, y debido a nuestra
gran dependencia de las exportaciones
petroleras, los planes se ven afectadas por variaciones en los
precios del
petróleo,
e incluso por crisis
ocurridas en otros países que crean un efecto
dominó, afectando a las economías más
vulnerables como la nuestra.
Los economistas de finanzas
públicas consideran que el sector público tiene
tres ramas de actividades o tres funciones
principales:
- La función de estabilización y crecimiento,
que se interesa en mantener el balance macroeconómico a
fin de prevenir tanto grandes inclinaciones en el empleo y la
actividad económica y severos ataques de
inflación, así como asegurar una adecuada tasa de
crecimiento
económico;
2) La función de distribución, que se refiere a la
adecuada distribución de la renta entre los
diversos grupos de la
economía y,
3) La función de asignación, que se relaciona con
la eficiente asignación de recursos en
toda la economía. Cada una de estas funciones
representa no solamente un objetivo
legitimo de política gubernamental sino también
un importante aspecto de desarrollo
económico.
Las tres metas del sistema tributario señaladas
anteriormente, con frecuencia están en conflicto,
particularmente cuando se deben mantener los ingresos globales,
forzando así a los formuladores de políticas a
escoger entre las mismas al tomar sus decisiones de
política tributaria. Más importante en ese
respecto, es el conflicto
entre un sistema tributario eficiente o uno que interfiere menos
con el comportamiento
económico y crean un menor impacto sobre las decisiones
para trabajar o ahorrar o invertir, y un sistema tributario de
distribución deseable o uno que logre mejor los objetivos de
equidad de la sociedad.
Por ejemplo generalmente se considera que los impuestos sobre
la renta sirven a los objetivos de
distribución bastante bien, ya que la renta constituye una
buena medida de la capacidad de pagar y los impuestos sobre la
renta pueden ser prontamente adaptados a las circunstancias
individuales y graduados de acuerdo con la renta, las altas tasas
marginales de impuestos, sin embargo, pueden tener efectos de
incentivos
adversos, haciendo los impuestos sobre la renta menos favorables
en términos de eficiencia. Los
impuestos a las ventas se
perciben con efectos contrarios. Un IVA, que se
aplica de manera uniforme a todas las formas de consumo puede
tener una puntuación alta en lo que respecta a la
asignación pero una baja calificación en lo que
respecta a distribución, ya que afectaría
más fuertemente a las personas y familias de bajos
recursos.
Además los instrumentos tributarios también
difieren en las demandas que se hacen a la administración tributaria así como
en la característica de cumplimiento. Los
impuestos basados en transacción tienden a ser más
fáciles de administrar que los impuestos que requiere
complejas reglas de medición de renta para ser aplicadas.
Igualmente, los impuestos que pueden ser recaudados a
través de retención serán más
fácilmente administrados que aquellos que requieren la
presentación de declaración de impuestos.
En caso de incumplimiento, factores tales como la oportunidad
de evadir impuestos, las ganancias de la evasión
tributaria, los riesgos de
detección, y las sanciones aplicadas, se detecta que
pueden variar de un impuesto a
otro.
Los formuladores de políticas generalmente recurren a
dos tipos de acciones al
tratar de manejar el problema de conflictos
entre las metas. En primer lugar, pueden escoger una mezcla de
impuestos. Segundo pueden adoptar disposiciones particulares
dentro de la estructura de
cada tipo de impuestos en un intento por resolver los conflictos de
metas.
Los economistas generalmente dividen los impuestos entre
directos e indirectos. Las diferencia entre los dos es que los
impuestos directos (renta, patrimonio,
bienes
inmuebles) se recaudan de las personas que se presumen deben
pagar el impuesto,
mientras que los impuestos indirectos se presume sean
transferidos a los consumidores. Siguiendo el análisis de la sección anterior, la
selección entre los instrumentos tributarios probablemente
deben reflejar, al menos en parte, sus efectos fundamentales
sobre la estabilización económica,
asignación de recursos y la distribución de la
renta. Aunque los principios
detrás de estas tres funciones del sistema tributario
puedan servir de base al debate de
política en los países en desarrollo,
una consideración adicional, menos frecuentemente
reconocida, también explica el patrón de
tributación directa e indirecta observado en la
práctica. Esta consideración adicional es la
facilidad de administración de cada impuesto y el grado de
cumplimiento de cada uno.
La importancia de los impuestos indirectos en los
países de rentas bajas se debe en gran medida a aspectos
de administración y cumplimientos tributarios. Resulta
significativamente más sencillo administrar y recaudar
impuestos indirectos que administrar impuestos sobre la renta.
Los derechos de
aduana, por
ejemplo, son relativamente fáciles de recaudar, por que
todos los bienes entran
al país a través de un puerto que puede ser
controlado por los administradores tributarios. A los
importadores que no cumplen con los derechos de aduana (o no
proporcionan garantía suficiente) no se les permite
retirar sus bienes. El impuesto sobre la
renta, por otro lado, es mucho más difícil de
administrar debido a que el impuesto no puede ser recaudado a
través de controles físicos. Las autoridades
más bien requieren que se presente una declaración
y deben invertir recursos para verificar la renta declarada. La
única excepción es la renta sujeta a impuesto
mediante retención, pero aun en este caso las autoridades
tienen que supervisar a los agentes de retención para
garantizar la transferencia al gobierno de los impuestos
retenidos. La solución de política a estos problemas
igualmente consta de tres partes: Primero, un reconocimiento de
que la adaptación del sistema tributario para lograr
algún balance preciso de los objetivos sociales y
económicos es necesaria, segundo no se puede lograr
algunas ganancias cambiando la combinación de impuesto
directos e indirectos, pero que cada instrumento de ingresos
específicos debe mantenerse relativamente bien definido;
tercero, el entendimiento de que una estructura
tributaria sólida sin adecuada atención a la
administración tributaria no constituye una
política tributaria deseable.
Instrumentos Fiscales Utilizados en Venezuela.
El sistema impositivo venezolano muestra una
marcada dependencia con respecto al petróleo.
Tal afirmación se hace evidente al constatar que los
ingresos petroleros en 1989 representaban un 60% de los ingresos
fiscales totales. El impuesto sobre la
renta aplicada a personas naturales apenas contribuye con un
2.5% de lo recaudado, mientras que otros impuestos como los que
pechan a licores, cigarrillos, fósforos, sucesiones etc.,
apenas aportan un 2% de lo recaudado.
En un intento por disminuir la dependencia fiscal con respecto
al petróleo, se han utilizado distintos tipos de impuestos
entre los cuales se encuentran el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), el
Impuesto Sobre las Ventas (ISV),
el Impuesto sobre las Ventas al Mayor y al Consumo
Suntuario (ISVM), el Impuesto a los Activos
Empresariales (IAE), y el Impuesto al Débito Bancario
(IDB), esto supuso la modernización del sistema tributario
venezolano, junto con la creación del Servicio
Nacional Integrado de Administración Tributaria. Luego de
la Apertura Petrolera, los niveles de recaudación de
impuestos no petroleros han aumentado considerablemente llegando
a representar un 50% del total de ingresos recaudados y llevando
los ingresos petroleros a un nivel del 35% del total de los
ingresos.
Actualmente en el país se aplican los siguientes
impuestos (no petroleros).
IVA (Impuesto al Valor
Agregado)
IDB(Impuesto al Débito Bancario) (De
aplicación temporal)
ISLR (Impuesto sobre la renta)
IAE (Impuesto a los Activos
Empresariales)
IAEA (Impuesto sobre Alcohol y
Especies Alcohólicas)
ISDRC (Impuesto sobre Sucesiones,
Donaciones y Ramos Conexos)
TF (Timbres Fiscales)
ISCMT (Impuesto Sobre Cigarrillos y Manufactura de
Tabaco)
EORNF (Estatuto Orgánico de la Renta Nacional
Fósforos).
¿Qué es una Aduana?.
Antes de entrar en materia de política aduanera, debemos
explicar lo que son las aduanas. Una
Aduana es un ente público de carácter nacional
prestador de servicios, y
cuyas actividades de control
están destinadas a lograr que el paso por el territorio
nacional de mercancías extranjeras, nacionales o
nacionalizadas se realice conforme a la normativa legal. La
Circunscripción Aduanera es el territorio aduanero
delimitado para cada aduana principal dentro de la cual
ésta ejercerá la potestad aduanera. (Art. 1 del
Reglamento de la Ley
Orgánica de Aduanas).
La circunscripción aduanera está integrada por
las respectivas oficinas, patios, zonas de depósitos,
almacenes,
atracaderos, fondeaderos, pistas de aterrizaje, avanzadas y en
general por los lugares donde los vehículos o medios de
transporte
realizan operaciones
inmediatas y donde las mercancías que no hayan sido
objeto de desaduanamiento quedan depositadas.
Funciones de las Gerencias de Aduanas.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 118 de
la Resolución Nº 32
del Ministerio de Hacienda, las funciones de las Gerencias de
Aduanas Principales son:
- La aplicación de las normas y
disposiciones que regulan las obligaciones de la renta aduanera, los
procesos
de administración, recaudación, control,
liquidación de los tributos
aduaneros dentro de la circunscripción que le
corresponda, en el ejercicio de la potestad aduanera de
acuerdo con la normativa vigente.
- El cumplimiento de las funciones
administrativas, relacionadas con los asuntos del
Servicio Regional de Administración Tributaria y las
unidades adscritas a su Región Administrativa que
garanticen el funcionamiento y logro de los planes,
programas y demás instrucciones que
establezca el SENIAT.
- La aplicación de los sistemas
administrativos y financieros, de acuerdo a las
normas y
procedimientos establecidos por el nivel
central o normativo y demás disposiciones
establecidas en el ordenamiento jurídico.
- Las demás que se les atribuyan por
Resolución.
La Gerencia de
Aduanas, como unidad ejecutora de la política aduanera
nacional, procura el cumplimiento de la legislación
aduanera y del mejoramiento de los procedimientos
aduaneros, para responder a los problemas
planteados ante las metas de recaudación fiscal por este
ramo, vinculadas a la superación de los niveles de
evasión fiscal, los niveles de protección a las
industrias,
los obstáculos del comercio,
los desequilibrios de la balanza
comercial y las reservas internacionales.
Para ello es necesario paralelamente, con el apoyo de la
inversión privada y de los organismos
multilaterales, acometer mejoras inmediatas en la
infraestructura portuaria y aeroportuaria, revisar las
alícuotas de los tributos
aduaneros y afinar los mecanismos de recaudación de
otros tributos conexos a la actividad importadora, simplificar
los trámites aduaneros in situ y ampliar la fuerza del
control posterior, actualizar la legislación vigente de
acuerdo a parámetros medibles en base al manejo de
sistemas
informáticos, y lo más importante, mejorar
continuamente y mantener en altos niveles de motivación y calidad en el
servicio a los funcionarios contratados por la
Administración Tributaria.
Política Aduanera Venezolana.
Es el conjunto de ideas basadas en los principios de
la Política Fiscal, sobre las cuales descansan las
normas y los procedimientos administrativos que emplea el Estado
para obtener los medios que
regulan los asuntos económicos provenientes del
intercambio de bienes y/o servicios
con otros países, a través de las relaciones
internacionales que se establecen para lograr la fluidez
del comercio
exterior.
Mediante las relaciones
internacionales que se establecen entre los países,
se logran suscribir Acuerdos, Pactos, Tratados,
Convenios, procesos de
integración y otros mecanismos de
negociación que permiten facilitar el
comercio
internacional en pro de la
globalización de la economía mundial.
La Política Aduanera tiene como uno de sus
propósitos la
organización de sistemas y
procedimientos para facilitar las operaciones a
través del servicio aduanero, controlar los flujos de
comercio
exterior, ponderar el impacto de los derechos aplicables a
los productos
importados, dar cumplimiento a las normas sanitarias,
ambientales y de seguridad de
las personas y establecer los incentivos o
estímulos a los productos
exportables con la finalidad de fomentar el desarrollo interno
del país.
Asimismo, la Política Aduanera está dirigida a
cumplir funciones de orden fiscal para procurar la gestión del tributo, el control
posterior, la represión del contrabando, contrarrestar
la evasión y lograr la recaudación efectiva de la
renta aduanera.
La Política Aduanera Como Instrumento de Negociación:
En este sentido, la política aduanera actual se aparta
cada vez más del espíritu meramente fiscalista,
para introducir en sus principios elementos económicos
que permitan lograr un equilibrio
en la distribución de bienes y servicios que obedezcan a
la oferta y
demanda del mercado,
compensando de alguna manera el sacrificio fiscal que hace el
Estado para
beneficiar al consumidor
final, alcanzar la fluidez del aparato productivo y obtener la
recaudación efectiva de los impuestos aduaneros
correspondientes, como componentes del total de los ingresos
fiscales que soportan al presupuesto de la nación.
La Política Aduanera Como Instrumento
Jurídico:
Las operaciones de comercio
exterior que se materializan como tales a través del
servicio aduanero, desde el punto de vista de la
Administración, se tratan de una serie de procedimientos
administrativos distintos que están regulados por una
ley ad
hoc, sin afectar el carácter orgánico y muy
específico de la normativa aduanera como parte de la
legislación fiscal venezolana.
Sin embargo, existen otros instrumentos jurídicos que
son superiores en jerarquía a la Ley Orgánica de
Aduanas, tales como el nuevo Código Orgánico
Tributario y las normas supranacionales y de Derecho
Comunitario como principales ideas de la estructura del sistema
jurídico-tributario nacional, que afectan a la materia
aduanera.
Esas ideas pueden ser expresadas, mediante las facultades que
la Ley otorga a tan importante instrumento, para mantener una
estructura real donde no prive el interés
particular sobre el interés
colectivo, y puedan existir actuaciones basadas en la justicia de
un órgano tribunalicio o judicial que se pronuncie con
verdadera competencia
sobre materias tributarias.
Por ello, estas normas debidamente adaptadas a nuestra realidad
jurídica pueden mejorar nuestras relaciones comerciales
internacionales, incluso lograr una transformación en
las formas de negociación. Algunos países
consideran los tratados o
convenios internacionales, una fuente jurídica
más importante que sus leyes internas,
sólo apenas inferior a su Constitución Nacional.
De los varios acuerdos, tratados y convenios que existen, se
puede mencionar como uno de los más trascendentes el
Acuerdo General de Aranceles y
Comercio GATT, cuya
característica más sobresaliente
en su historia es
el hecho de que, desde la Segunda
Guerra Mundial y por primera vez en la historia de la humanidad,
determinados países aceptaron un código de normas
prácticas y equitativas para el comercio
internacional, cooperando todos en la reducción de
los obstáculos a sus intercambios comerciales, lo que se
ha considerado como una cooperación de carácter
global cuyos objetivos fundamentales son:
- Contribuir al mejoramiento de los niveles de vida.
- Procurar el pleno empleo.
- Aprovechamiento cualitativo de los recursos
mundiales.
- Desarrollar la producción en economías de
escala.
- Estimular el intercambio especializado de
mercancías.
- Fomentar el crecimiento y el desarrollo
económicos.
En los últimos años se ha hecho más
hincapié en el desarrollo del comercio internacional y
la supresión de los obstáculos que se oponen al
comercio y a los problemas comerciales que enfrentan los
países menos desarrollados. De hecho, los convenios
internacionales son también instrumentos
jurídicos que regulan la actividad aduanera, y son de
obligatorio cumplimiento.
Al señalar las bondades de las normas supranacionales
evidentemente estamos señalando las ventajas de una
Política Aduanera convenientemente instrumentada que
pretende para sus miembros los siguientes propósitos:
- Mejorar las relaciones de intercambio.
- Aumentar el poder de
negociación.
- Conquistar nuevos mercados.
- Equilibrar las relaciones de poder o diferencias
económicas
- Proteger a los productores eficientes.
- Reducir el consumo suntuario.
- Brindar seguridad jurídica.
- Ayudar a la distribución de los recursos.
- Fomentar la industrialización.
- Expandir la producción.
- Mejorar la balanza de
pagos.
- Reducir el índice de desempleo.
- Elevar el bienestar social.
- Estabilizar el aporte de la renta aduanera en los
ingresos fiscales.
9. Repercusiones de la
Política Fiscal en Venezuela
Definitivamente que la política económica
aplicada en cualquier país tendrá una
repercusión positiva o negativa sobre la sociedad que
conforma dicho país, incluyendo empresas,
ciudadanos, industrias, etc.
En el caso de Venezuela, lamentablemente es necesario reconocer
que las políticas económicas y por ende las
políticas fiscales aplicada a lo largo de los
últimos 50 años, no han sido más que
incoherentes medidas contrarias a lo que aconseja la Teoría
económica positiva, al contrario solo han logrado
arrastrar al país a un profundo estancamiento del cual
resulta muy difícil, pero no imposible de salir.
Para explicar las consecuencias que puede tener una
política fiscal mal aplicada sobre la sociedad tomaremos
como ejemplo las políticas aplicadas durante el segundo
período presidencial Carlos Andrés Pérez, el
cual es tristemente recordado como un período de profunda
crisis
económica en el país y de gran inestabilidad
política que tuvo como resultado los sucesos ocurridos el
27 y 28 de Febrero de 1989, el 4 de Febrero y 27 de Noviembre de
1992 y finalmente la destitución del Presidente en
1993.
La Venezuela de 1989 era muy distinta a la de 1974, cuando la
bonanza petrolera ocasionada por la crisis de los países
árabes nos colocó como el único proveedor
seguro de
petróleo para las naciones occidentales. Por el contrario
el país encaraba el dilema de cómo resolver el
déficit del sector público, la deuda pública
externa superaba en relación de 4 dólares a 1 los
niveles de las reservas internacionales, el gobierno anterior
había suscrito un acuerdo de refinanciamiento de la deuda
que obviamente resultaba imposible de honrar.
La inflación se acercaba al 30%, reflejando la
artificialidad de la economía venezolana, producto del
estricto control de precios que
existía más un sinnúmero de subsidios. Era
evidente que esos mecanismos eran ya insostenibles, pues ni el
Estado poseía los recursos para seguir otorgando
subsidios, ni las empresas privadas estaban en capacidad de
subsistir bajo el régimen de control de precios, al cual
estaban siendo sometidas.
Por último el signo monetario venezolano padecía
las consecuencias de sucesivas devaluaciones. Se había
impuesto un estricto control de cambios administrado por RECADI,
que se caracterizaba por los más increíbles niveles
de corrupción. A finales de 1988 la tasa de
cambio
preferencial era de Bs. 14,50 por Dólar; en tanto que en
el mercado libre o
paralelo, el Bolívar llegó a cotizarse a la cifra
de Bs. 40 por Dólar. Bien la realidad de la crisis
económica venezolana para ese momento habría
obligado a cualquiera a asumir una serie de medidas orientadas a
resolver esa situación. El país tendría que
pagar las consecuencias de las irresponsabilidades cometidas
durante los 20 años anteriores, "las leyes
económicas son duras, pero son leyes" había que
apretarse el cinturón.
El tren ministerial estaba formado por excelentes
profesionales los cuales diseñaron las políticas
económicas que se aplicarían en el período,
en materia fiscal llamado Programa de
Ajustes Macroeconómicos.
Se tomó la decisión de liberar los precios del
mercado, ya que era imposible mantener los subsidios que
permitían este estricto control sobre los precios, esto
ocasionó inmediatamente una tendencia alcista muy
difícil de asimilar para la población.
La progresiva devaluación del signo monetario se
traducía en un incremento en los precios y por
consiguiente un aumento en los costos de
producción, sin embargo los recursos provenientes de la
devaluación fueron el principal mecanismo para la
reducción del déficit fiscal. Se cree sin embargo
que no se debió devaluar en forma tan agresiva la moneda
venezolana, y tratar de reducir el déficit fiscal
contrayendo al máximo el gasto publico,
cosa que no se tomó muy en cuenta; ya que la
devaluación equivale a la aplicación de un impuesto
indirecto, altamente regresivo que afecta a todos los sectores
del país.
Se trazó la meta de
modificar la estructura tributaria del país
orientándola hacia una reducción de las tasas
máximas aplicables por concepto del
impuesto sobre la renta, además se anunciaba la
intención de aplicar un impuesto indirecto sobre el
valor
agregado, esto representaba claramente una orientación
hacia las políticas de oferta. Sin
embargo, la tardanza en el Congreso para aprobar el impuesto al
valor agregado, obligó al Gobierno a incurrir en las
devaluaciones antes mencionadas para cubrir sus déficits,
fiscales, esto representa claramente una medida coyuntural
relativa a políticas de demanda.
Esta contradicción entre la política expansiva
del gasto público y las políticas restrictivas,
obliga al BCV a la aplicación de medidas como la
emisión de Bono cero cupón y el aumento del encaje
legal de los bancos, a fin de
absorber el excedente monetario derivado de esta
situación, trayendo nuevos ingredientes a la ya
insostenible situación del estado.
Para evitar un poco esta situación se inicia en el
país un proceso de
privatización de algunas empresas del Estado,
caracterizadas por arrojar solamente perdidas en lugar de
ganancias, esto tiene como finalidad reducir el déficit
del Estado, ahorrando de esta manera millones de dólares
en inversiones
que no tienen ningún sentido al gobierno y transfiriendo
esos activos improductivos a manos privadas. A su vez las
empresas que continuaban en manos del Estado se vieron en la
necesidad de sincerar las tarifas de sus bienes y servicios,
incidiendo nuevamente en el alza de los precios y la
inflación.
En esa época aparece una nueva crisis petrolera, al
estallar la Guerra en el
Golfo Pérsico, los ingresos petroleros aumentaron
considerablemente originando una acción expansiva que
financió el déficit interno de la economía,
teniendo un efecto expansivo sobre la demanda agregada,
generando más presiones alcistas sobre los precios, lo que
obligo a instrumentar políticas monetarias de signo
contrario, causando un alza en las tasas de interés con el
consiguiente efecto restrictivo sobre la inversión
privada.
Estos y muchos otros factores de carácter no
fiscalista, sino monetarios, financieros, sociales y
políticos, así como la aparente falta de
interés por parte del Jefe del Estado por atender los
asuntos internos de su política económica fueron
creando un nivel de angustia general, que resultó en el
estallido social de Febrero de 1989. Creando más
inestabilidad para desembocar en los sucesos del 4F y 27N de
1992, todo esto solo logró llevar a Venezuela a una
situación peor de la que se encontraba en ese momento.
Llevándonos por caminos jamás vistos en Venezuela
en los años de Democracia,
como lo fue la posterior destitución del Presidente en
1993.
La política económica aplicada por el Gobierno
del Presidente Pérez, si bien tenía serias
contradicciones internas, podría de alguna forma mejorar
la situación, o por lo menos detener el proceso
negativo de la economía, sentando las bases para iniciar
el crecimiento
económico; sin embargo; el Presidente Pérez no
se preocupó por convencer a su partido, a la
oposición ni a la sociedad de la necesidad de la
aplicación de estas medidas, no se ocupó de poner
el ejemplo, reduciendo el tamaño del Estado, o por lo
menos racionalizándolo para hacerlo más efectivo,
cometió el gran error de todos los Gobiernos anteriores,
tratar los excedentes petroleros originados por crisis pasajeras
como si fueran eternos, incurriendo así en mayores
déficits e inflación, en fin el Gobierno del
Presidente Pérez aplicó medidas necesarias pero no
explicó la necesidad de las mismas, lo que ocasionó
graves repercusiones sobre la sociedad venezolana, sobre la
industria y
sobre la economía en general.
10. Conclusiones y
Sugerencias.
Podemos concluir que la Política Fiscal es de gran
importancia para el desarrollo
económico de cualquier nación, esta debe ser
adaptada a las realidades de cada nación, cuidadosamente
estudiada y ser aplicada con la más estricta disciplina, a
fin de lograr los objetivos de crecimiento económico y
desarrollo que persigue la Teoría
Económica.
Hemos visto como la política fiscal puede estar
orientada hacia dos corrientes principales; las políticas
de demanda o
teoría Keynesiana; y las políticas de Oferta
defendida pos Friedman, ambas, sin embargo, buscan el equilibrio
macroeconómica necesario para lograr el crecimiento
sostenido y el desarrollo de las naciones, aunque a través
de distintos métodos.
El Keynesianismo, se concentra en medidas coyunturales, es
decir, de políticas intervencionistas del Estado, a fin de
generar un desplazamiento de la curva de la demanda agregada,
con el fin de equilibrar la situación económica y
lograr la situación de pleno empleo. Sin embargo por
tratarse de medidas coyunturales, estas pueden y deben ser
reducidas gradualmente, una vez alcanzado el fin deseado debe
dejarse nuevamente en manos del mercado el destino
económico, el Estado sólo debe intervenir cuando el
mercado no logre por si solo equilibrar la situación, sin
embargo una vez logrado el equilibrio, el Estado debe retirarse
nuevamente a sus funciones de supervisión y dejar que las fuerzas
naturales de oferta y demanda
del mercado sigan su curso.
Las políticas de oferta por su parte arguyen que las
políticas de demanda generan un efecto devastador a largo
plazo como lo es la inflación y el endeudamiento,
así como una nueva plaga económica: la
estanflación, producto de la excesiva aplicación de
políticas de demanda las cuales auspician un incremento en
el gasto público del Estado con el fin de activar el
crecimiento económico, aunque se incurra en
déficits fiscales. La estanflación, reúne
todas las características del estancamiento
económico (desempleo,
industria
paralizada) junto con la ya referida inflación producto
del aumento de los precios generados por los incrementos en la
masa monetaria de creados en las políticas keynesianas.
Las políticas de la oferta proponen un control estricto
sobre la oferta monetaria, a fin de que este posea una tasa de
crecimiento constante que; sin generar inflación logre los
propósitos del crecimiento económico y desarrollo
perseguido, para evitar el estancamiento de la
economía.
Las políticas de oferta se orientan a flexibilizar las
reglas del juego dentro
de la economía, evitando las presiones sobre los distintos
componentes del sistema productivo, aspirando a constituirse en
una acción coherente encaminada a propiciar el natural
discurrir de las fuerzas que actúan en el mercado. En fin
al contrario de las medidas coyunturales de las políticas
de demanda, la política de oferta se traza a muy largo
plazo, para lograr el equilibrio.
Con referencia al caso venezolano, siempre hemos estado
conscientes del gran potencial económico que tiene nuestro
país, enormes reservas petroleras, auríferas y
mineras parecen inagotables, igualmente contamos con grandes
posibilidades en materia agrícola, turística y
manufacturera. Lamentablemente la excesiva aplicación de
las políticas de demanda que arrastraron a nuestra
economía hasta la actual situación permitió
que se creara en nuestro país una mentalidad de que no
somos capaces de lograr ningún avance si el Estado no
interviene, es cierto que debido al enorme déficit fiscal
y nivel de endeudamiento, el Estado no puede, ni debe continuar
con políticas expansionistas y proteccionistas, debemos
abrir nuestra economía a la inversión
proporcionando seguridad en materia jurídica y fiscal,
atraer las inversiones
para desarrollar y explotar nuestro enorme potencial.
Esto solo se logrará a medida que se logre un
equilibrio económico y los frutos de ese proceso no se
observarán de inmediato, debemos asumir la responsabilidad por tantos años de
despilfarro económico e intervención del Estado en
los asuntos económicos, dejar que poco a poco sean las
fuerzas naturales del mercado las que logren la
reactivación económica de nuestro país.
Pero antes debemos asumir los riesgos y
sacrificios que esto representa en aras de obtener un mejor
futuro; no se puede ser pesimista y pensar que la
situación no tiene salida, solo debemos asumir el reto,
sincerando nuestra economía, creando una disciplina
fiscal acorde a las necesidades, reduciendo el tamaño del
Estado y evitando el intervencionismo del mismo, propiciar la
aplicación de la economía de mercado, eliminar las
medidas proteccionistas, eliminar trabas y controles innecesarias
en la actividad económica, aplicar políticas de
flexibilización de precios y salarios,
establecer límites al crecimiento monetario y propiciar la
movilidad y capacitación de la fuerza
laboral.
Este conjunto de medidas no dará sus frutos
inmediatamente por el contrario representan un lento pero
continuo mejoramiento de la economía venezolana hasta
lograr su total recuperación, esperemos que nuestros
gobernantes actuales y los futuros logren entenderse unos con
otros y trabajar en conjunto para lograr el recuperamiento de la
economía Venezolana.
11. Bibliografía y
Material de Investigación.
Toro Hardy, José: Fundamentos de Teoría
Económica. Un Análisis de la Política
Económica Venezolana, Editorial Panapo, Caracas 1993.
Gonzalez, Domingo/ MEZA, Antonio: Tratado Moderno de
Economía General. South Western. México.
Favela, Miguél: Política Fiscal, Internet.
Vilca, Gladys: Política Económica y
Gestión Tributaria, Internet.
Red Platino: Plataforma Nacional de Información Oficial del Estado Venezolano.
(www.platino.gov.ve)
Seniat: Servicio Nacional Integrado de Administración
Tributaria. Internet; (www.seniat.gov.ve)
Cordiplan: Programa Económico 2000. Ministerio de
Planificación y Desarrollo.
www.cordiplan.gov.ve
Venezuela Analitica: Research. El comportamiento
de la economía en el 2000. (www.analitica.com)
Resumen:
La política fiscal es el instrumento mediante el cual
el Estado realiza sus funciones de gasto público,
impuestos, estabilización y planificación de la política
económica de la nación. La política fiscal
aplicada en venezuela, ha sido mal manejada a traves de los
años, como consecuencia hoy en día el país
presenta una de los deficits fiscales más altos de
Latinoamérica y se encuentra en un proceso de
estancamiento e inflación del cual resulta dificil, mas no
imposible salir. Presentamos un análisis de la
política fiscal actual y sus compenentes.
Trabajo enviado y realizado por:
Gonzalo Eduardo Castillo García
23 años
Estudiante de 3er Semestre de Administración de Empresas
Instituto Universitario Mariscal Sucre
Caracas, Venezuela.
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