8. Los
gobiernos justicialistas
Presidencia de Héctor
Cámpora
Las autoridades electas en los
comicios del 11 de marzo asumieron sus funciones el 25
de mayo de 1973. El triunfo de Cámpora significó el
triunfo de Perón,
así lo refleja la consigna "Cámpora al gobierno,
Perón al poder". Las
fuerzas izquierdistas peronistas que acompañaban a
Cámpora no lo entendieron así y procuraron
mantenerse en el poder.
Entre las primeras medidas favorecidas por el gobierno de
éste y aprobadas por la Legislatura,
se cuenta una amnistía que permitió que saliesen de
las cárceles un buen número de militantes
políticos y algunos terroristas encarcelados por el
gobierno anterior.
Dentro del peronismo – como
una corriente de este – fue tomando fuerza el
camporismo.
La República se conmovía frente a la violencia cada
vez mas generalizada y en el movimiento
peronista surgieron críticas a la conducción
política
llevada a cabo por Cámpora que produjo una crisis dentro
de este nucleamiento. En consecuencia, los doctores
Cámpora y Solano Lima renunciaron a sus cargos con el
objeto confesado de posibilitar el acceso de Perón al
Poder
Ejecutivo. Cámpora se mantuvo en el cargo solo 50
días. Fue reemplazado provisoriamente por Raúl
Lastiri (presidente de la Cámara de Diputados), hasta que
se realizaran las elecciones.
Tercera Presidencia de Juan D. Perón
Los comicios se realizaron el 23 de septiembre y la formula Juan
D. Perón – María Estela Martínez de
Perón obtuvo el 61,85% de los votos el radicalismo, con
las candidaturas de Balbín – De la Rúa
alcanzó el 24,2%.
De vuelta en el gobierno, Perón buscó ordenar el
complejo cuadro de fuerzas políticas
y sociales movilizadas desde 1969. Trató de encauzar las
expectativas y los conflictos de
casi 20 años de enfrentamiento, y agudizados en los
últimos años de la Revolución
Argentina.
Perón intentó depurar su partido y reorientar la
acción
política, pero los conflictos habían penetrado en
el peronismo y conmovido a la sociedad
argentina.
El proyecto de
Perón se basaba en: el acuerdo político y el Pacto
Social. El primero fue fácil de concretar, la
oposición política tenía la actitud de
colaborar en la normalización institucional del
país. A las apelaciones para la conciliación del
país se adhirieron los partidos opositores.
El Pacto Social fue difícil de cumplir. La idea de un
acuerdo entre sindicatos,
empresarios y el Estado como
herramienta de política
económica y social no era novedosa dentro del
peronismo, y se inspiraba en las experiencias europeas de
concertación social. El Pacto Social no colmaba las
expectativas de los sindicalistas. Los salarios fueron
aumentados un 20%, las negociaciones colectivas fueron
suspendidas por 2 años y se estableció un
rígido sistema de
control de
precios. La
CGT presionada por Perón firmo el pacto junto con la CGE,
representante del empresariado, y el gobierno. El cumplimiento
del pacto suponía que la CGE la central obrera y la CGT
acatarían lo pactado. Sin embargo estos vieron caduca su
posibilidad de asegurar esta condición y fueron superadas
por sus bases.
El conflicto
entre capital y
trabajo
pasó a resolverse en el ámbito de las empresas.
Solamente la intervención directa de Perón
mantenía con vida el acuerdo.
Este doble sistema no alcanzaba a contener el conjunto de
problemas
políticos que Perón debía enfrentar. Este
procuró garantizar la autonomía de las Fuerzas
Armadas y subordinarlas efectivamente al orden
constitucional.
Se produjo un enfrentamiento entre el ala izquierda y el ala
derecha del peronismo, propiciada por la renuncia de
Cámpora, que abrió paso a un ajuste de cuentas de la
derecha peronista. La evidencia trágica de estos
enfrentamientos fue la masacre de Ezeiza el 20 de junio de 1973 –
en el mismo día que Perón regresaba al país
-.
Perón decidió apoyar a sus fieles sindicalistas y a
los miembros de su entorno, liderados por su secretario privado y
Ministro
de Acción Social, José López Rega. Esto
condujo a un enfrentamiento con la izquierda peronista. En los
primeros meses del gobierno de Perón, el conflicto tuvo
como eje central el desplazamiento de los gobernadores cercanos a
la izquierda peronista. Los secuestros y asesinatos
políticos se fueron convirtiendo en un método
habitual para resolver las diferencias dentro del peronismo. Los
Montoneros eligieron sus víctimas entre sindicalistas –
Rogelio Coria, ex secretario de la CGT y José Rucchi,
secretario de la CGT-, políticos como Arturo Mor Roig (ex
ministro de Lanusse) y empresarios como Jorge Born, secuestrados
y luego liberados tras el pago de un importante rescate. En
noviembre de 1973 apareció la Triple A (Alianza
Anticomunista Argentina), que atentó contra el senador
Hipólito Solari Yrigoyen. También tuvo como
víctimas de sus ataques a Silvio Frondizi, Atilio
López, el padre Carlos Mugica y Rodolfo Ortega
Peña.
La ruptura definitiva y abierta entre Perón y la izquierda
peronista se produjo el primero de mayo de 1974, en el acto del
Día del Trabajo, durante el cual el presidente
pronunció un discurso en
defensa de los sindicalistas e hizo duras criticas a la juventud
Peronista.
El 12 de junio Perón pronunció su último
discurso público en la Plaza de Mayo. Amenazó con
su renuncia y reclamó al movimiento obrero el cumplimiento
del Pacto Social.
Muerte de
Perón y sucesión de la presidencia a la
vicepresidente María Estela Martínez
En junio de 1974 la salud del presidente se
había agravado y el 1º de julio falleció.
Su muerte se convirtió en un suceso conmovedor. Sus
exequias se realizaron ante la consternación generalizada
en tanto que en el país se advertía un evidente
vacío de poder.
El 1º de julio la presidencia fue asumida por la
vicepresidente y esposa María Estela Martínez.
La muerte de
Perón dejó sin control al conjunto de fuerzas que
habían coexistido conflictivamente bajo su liderazgo y
privó al gobierno de una conducción legítima
y aceptada por el conjunto del peronismo que pudieran reformular
los acuerdos políticos y sociales para asegurar la
gobernabilidad del país.
Durante el gobierno de María Estela Martínez
apareció un serio deterioro económico e
institucional. Rodeada por un "micro clima" de
consejeros de su propio círculo en el que habría de
sobresalir el Ministro de Bienestar Social José
López Rega, la nueva presidente resultó incapaz
para resolver el cúmulo de problemas que asolaban al
país, pues a la crisis económica se sumaron
planteos sociales y violentos atentados terroristas.
Los sindicatos se sintieron libres de los compromisos que
habían asumido en 1973 y se encargaron de deshacer el
diseño
político armado por Perón. La dirección de la CGT pasó a mano de
sindicalistas.
Los nuevos compromisos que la nueva dirigencia negoció con
el gobierno apuntaban a la reformulación del Pacto Social
y al desplazamiento de los líderes sindicales y
políticos opositores al oficialismo cegetista.
La concesión de la renegociación del Pacto Social
produjo la renuncia de Gelbard. Esta reorganización del
gobierno llevó a López Rega a la cúspide de
su poder, fortaleció a la burocracia
sindical y coincidió con su agravamiento de la
violencia.
En1975 el conjunto de acuerdos que Perón había
articulado y que habían compuesto el eje de su proyecto de
institucionalización política había
fracasado y el país parecía marchar
desorientado.
Desequilibrio en la economía
La
llegada de Celestino Rodrigo al Ministerio de Economía
agudizó los problemas. López Rega apoyó a
Rodrigo en la adopción
de una serie de medidas conocida como el "rodrigazo"; estas
medidas fueron: la devaluación del peso entre un 100% y un
160%, incremento del 181% en el precio de la
nafta y del
75% en los
precios del transporte y
otras medidas que tuvieron como consecuencia la
intensificación de la inflación y una crisis
política. Este hecho obro como un detonante y se produjo
una reacción sindical que habría de terminar con un
hecho inédito: una huelga general
propiciada por los sindicatos peronistas contra un gobierno del
mismo signo político.
Ante el agravamiento de la crisis el ministro López Rega
debió ser expulsado de su cargo.
La presidente solicitó una licencia y asumió
provisoriamente el cargo el presidente del Senado Ítalo A.
Luder, un peronista reconocido por sus posiciones moderadas que
debió recurrir a las Fuerzas Armadas para contener los
desbordes terroristas. Este firmó un decreto en el cual
autorizaba a las Fuerzas Armadas a eliminar la subversión.
Este decreto fue utilizado por los militares golpistas de 1976
para fundamentar la eliminación de los grupos
subversivos.
Con la vuelta al poder de la señora de Perón, se
hicieron más intensas las acciones
terroristas de ultraizquierda mientras organizaciones de
ultraderecha los enfrentaron apelando los mismos métodos.
Fracciones políticas y sindicales resolvieron
también sus disputas mediante la fuerza.
El regreso de María Estela Martínez, la crisis
interna peronista, la agudización de la violencia
política, y la falta de colaboración del
empresariado y de las Fuerzas Armadas, quitaron al gobierno toda
base de apoyo. Todo esto desembocó en un golpe de
estado.
9.
Proceso de Reorganización
Nacional
La Junta Militar
El
descontrol económico, la violencia política y la
evidencia de la desintegración del gobierno abrieron paso
para que los militares regresen al gobierno.
El 24 de marzo de 1976 la Junta Militar – integrada por los tres
comandantes de las tres armas, Jorge R.
Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Marina) y Orlando R.
Agosti (Aeronáutica) – destituyó al gobierno de
María E. Martínez y asumió el gobierno
iniciando lo que llamaron Proceso de
Reorganización Nacional. Esta nueva intervención
militar fue diferente de las anteriores, el gobierno fue ejercido
directamente por las Fuerzas Armadas. El gobierno militar se
propuso transformar de raíz la sociedad argentina. Lo que
para la Junta Militar estaba en juego era la
existencia misma de una Nación.
Para resolver esta crisis había que "reorganizar" la
sociedad, en un "proceso" que no tenía "plazos" sino
"objetivos". Se
lanzó a una campaña contra los militantes
políticos y sociales, haciendo uso de un terror mucho peor
que aquel que decían estar combatiendo. Entre 1976 y 1983
– bajo el gobierno militar- miles de personas, fueron arrestadas
y desaparecieron sin dejar rastros.
Esta "reorganización" tuvo características
definidas: represión política y social,
desarticulación de las bases de la economía
industrial y ejercicio autoritario del poder.
El poder político fue reemplazado por el poder militar: la
presidente fue detenida; se declararon nulos los gobiernos
provinciales y municipales, cesó el Poder
Legislativo, se removió a los miembros de la Corte
Suprema de Justicia y se
suspendieron las actividades políticas y gremiales en todo
el país.
El proceso apoyó su accionar institucional en torno a tres
instrumentos legales: 1) el Acta para el Proceso de
Reorganización Nacional; 2) el Estatuto para el Proceso de
Reorganización Nacional y 3) el Reglamento para el
funcionamiento de la Junta Militar.
A través de los dos primeros, se firmó el carácter revolucionario el movimiento
militar en tanto que por el tercero se reservaba la Junta Militar
plenos poderes: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La Constitución Nacional quedó
subordinada a los ya nombrados instrumentos legales.
En la proclama que dio inicio al Proceso, la Junta Militar
alegó que estaban "agotadas todas las instancias del
mecanismo constitucional" y superada " la posibilidad de
rectificaciones dentro del marco de las instituciones". Denunció la existencia de
un "vacío de poder" y la necesidad de derrotar a la
subversión.
La Junta Militar designó como presidente al Teniente
General Jorge R. Videla el 2 de abril de 1976. El 1º de
agosto de 1978 Videla dejó de integrar la Junta de
Comandantes en Jefe y sólo ejerció la presidencia
de la Nación.
El gobierno tenía ante sí la actividad de la
guerrilla a la que muy pronto se le opondría una actividad
simétrica de grupos militares y paramilitares que no
siempre respondían al control presidencial. La llamada
"cultura de la
violencia" se había establecido en el país
gestándose una especie de guerra civil
larvada que dejó hondas y dolorosas huellas.
El gobierno militar estuvo atravesado por profundas divisiones
internas.
Entre 1976 y 1981 la gran mayoría de los altos cargos de
la
administración pública estuvo a cargo de
oficiales de las Fuerzas Armadas. Esto perjudicó el
funcionamiento del Estado, porque
cada funcionario pasó a depender de dos jefes: su superior
jerárquico en el escalafón de la administración pública y su superior
militar. Esto contribuyo a dividir al Estado en múltiples
unidades que poseían una autonomía de hecho, con
los efectos de corrupción
Cumplido el término fijado para el período
presidencial del General Videla el 29 de marzo de 1981
asumió la presidencia el Teniente General Roberto E.
Viola. Por enfermedad el presidente (diciembre de 1981)
asumió interinamente la presidencia Tomás
Liendo.
Viola distendió la economía nacional y
reemplazó al ministro de economía. La Junta lo
reemplazó, a Viola, transitoriamente por Carlos Alberto
Lacoste.
Viola dividió el Ministerio de Economía en cinco
carteras con la intención de despersonalizar la
política económica, incorporo una mayoría de
civiles al gabinete, produjo un acercamiento con los sectores
propietarios – nombró dirigentes representativos del
sector rural y del industrial en los ministerios de
Agricultura e
Industria
– e inició un diálogo
con sindicalistas y políticos.
Este intento de encontrar nuevas bases de apoyo para el
régimen militar fracasó.
En julio de 1981, se constituyó la Multipartidaria –
convocada por la UCR y compuesta por los partidos Justicialista,
Intransigente, Demócrata Cristiano y el Movimiento de
Integración y Desarrollo -,
con la finalidad de ofrecer un bloque político unificado
"tendiente a recuperar la vigencia de las instituciones
democráticas y a ofrecer al país, conyunturalmente,
una propuesta de solución ante la emergencia
nacional".
Finalmente el mandato de Viola no alcanzó a cumplir un
año y el 12 de diciembre fue relevado de la función
presidencial y reemplazado por el Teniente General Leopoldo
Galtieri, quien lo había sucedido a la Jefatura del
Ejército.
Galtieri intentó restablecer la imagen de
gobierno y retomar la orientación liberal de la
política económica, que quedó en manos del
nuevo Ministro de Economía Roberto Alemann.
Endureció la relación con los partidos
políticos y con el sindicalismo,
que endureció su oposición. Una masiva
concentración promovida por la CGT, el 30 de marzo de
1982, fue duramente reprimida. La magnitud y el carácter
de la movilización mostraron que la oposición
social y política había crecido.
Una de sus consecuencias principales fue la descomposición
inmediata de gobierno militar. Galtieri renunció, la
Marina y la Fuerza Aérea se retiraron de la Junta Militar
y el Comandante en Jefe del Ejército designó a un
nuevo presidente, el Gral. Reynaldo Bignone.
La represión durante la
dictadura militar
La
represión ilegal – que tuvo su punto culminante entre 1976
y 1978- fue uno de los caracteres básicos del gobierno
militar. La
población vivió en un clima de miedo
y censura como consecuencia de la represión.
La ilegalidad no fue tal sólo por haber sido llevada a
cabo por un gobierno de facto sino porque incluso se violó
la legalidad
establecida por ese gobierno. El ordenamiento institucional y
jurídico del gobierno del Proceso se caracterizó
por su incoherencia y arbitrariedad. Como lo puso en evidencia la
acción represiva, el gobierno militar no cumplió
con las leyes que el
mismo había dictado.
La represión cuidadosamente planeada, organizada y
dirigida por los altos niveles de decisión política
y militar, fue clandestina. Sus destinatarios fueron los
guerrilleros, sectores sociales y políticos sin
vinculación directa con las organizaciones
guerrilleras.
Las formas de represión incluyeron el secuestro y la
detención en centros clandestinos; la tortura y la
ejecución. La Junta Militar impuso la pena de muerte
pero la aplicó fuera de la ley. A causa de
ella surgió la figura jurídica de la
desaparición forzada de personas – alrededor de 30000 -.
Entre los centros de detención se hace "famoso" el
conocido como "LA ESCUELITA", que funcionó bajo la
jurisdicción del Comando del Vto. Cuerpo de
Ejército.-
Numerosos testimonios recogidos dan cuenta que a dicho lugar eran
conducidos encapuchadas, maniatadas y amordazadas las personas
que a diario se secuestraban en la ciudad y zona. También
operando como centro de interrogación, torturas y
alojamiento de detenidos -desaparecidos.-
El centro "La Escuelita", considerado de enorme importancia por
el número de detenidos y la trascendencia personal de
alguno de ellos (legisladores, funcionarios, etc.) habría
funcionado en terrenos de la parte posterior del Comando, en un
lugar donde anteriormente funcionó un tambo y
próximo al ClCOFE (Centro Fijo de Comunicaciones
e Informaciones del Ejército) y al cual se accedía
desde el llamado "Camino de la Carrindanga" (ruta a la localidad
de Cabildo). –
Testimonios recogidos indican que a dicho centro, compuesto de
diversas construcciones, también se recluyó a
detenidos trasladados de otros lugares del país, mujeres
embarazadas que habrían dado a luz durante el
cautiverio y un gran número de personas que luego
aparecieron muertas en presuntos enfrentamientos con fuerzas
regulares.
La crueldad de los represores a cargo del centro fue uno de los
aspectos que lo caracterizó, ya que detenidos –
desaparecidos que luego fueron puestos en libertad, dan
testimonio de las más aberrantes e inhumanas torturas
físicas y psicológicas.
El modus operandi de las fuerzas represivos se caracterizó
por el secuestro nocturno, en automóviles, generalmente no
oficiales, donde eran introducidos encapuchados y maniatados los
individuos secuestrados. Se los trasladaba en el piso del rodado,
constantemente golpeados para que se desorientaran del lugar
donde eran llevados. Se movían en grupos fuertemente
armados, en varios vehículos, aunque generalmente era solo
uno el que se detenía frente al domicilio a requisar,
contando con el apoyo a distancia de los restantes.
Los allanamientos, en su mayoría violentos,
consistían – en algunos casos- en secuestro de familias
enteras, y en otros de las personas "buscadas" en la
situación que se encontraban, también llevado
cualquier otro "sospechoso" que en ese momento habitara la
vivienda.-
Otra de las características que rodeaban los operativos
era el robo y el desmantelamiento de las viviendas de los
detenidos. Esta actitud es la que se llego a catalogar, en el
decir popular, como que constituía el "botín de
guerra" de los que "arriesgaban su vida" en los operativos.-
Al mismo tiempo que se
venían realizando estas acciones, también se
efectuaban los operativos considerados 'legales" en los que
intervenía personal del Ejército, Marina o
Policía, con abundante despliegue bélico y la
participación de vehículos militares. En varios de
estos procedimientos,
realizados aún a pleno día y ante numerosos
testigos presenciales, fueron detenidas personas que hoy figuran
como desaparecidas.-
Todos estos grupos mencionados – grupos del
Ejército, Marina o Policía – actuaron con la
más absoluta impunidad,
careciendo la población de confianza en la justicia que
veía dificultada su accionar.
Según el actual presidente, Carlos Menem, los
registros de
las atrocidades fueron destruidos por los militares tras la
guerra de
Malvinas en 1982. Los desaparecidos no han sido oídos
hasta hoy.
Plano económico
La
política económica fue conducida y ejecutada
durante cinco años por José A. Martínez de
Hoz.
Ministro de Economía (entre 1976 y 1981), tras formular un
grave diagnóstico de la situación
económica nacional, instauró una discutida estrategia
económica. Concentró en sus manos un enorme poder,
que le permitió tomar decisiones que transformaron
profundamente el funcionamiento de la economía y de la
sociedad argentina.
El programa
económico, presentado al país el 2 de abril de1976
por Martínez de Hoz, era de inspiración liberal y
postulaba la posibilidad de pasar a una economía de
producción, por medio de la libre competencia y la
limitación del papel del Estado en los asuntos
económicos.
El programa implementado no dio los resultados esperados, al
contrario, se incrementó abultadamente la deuda externa y
afectó dramáticamente el aparato productivo.
Inicialmente el gobierno militar tomó una serie de medidas
de estabilización – apoyado por el Fondo Monetario
Internacional y la banca privada
extranjera – para controlar la inflación, reducir el
déficit fiscal y
equilibrar el sector externo. Se devaluó la moneda, se
redujo el déficit del sector
público – congelando los salarios – y se
consiguió el financiamiento
externo. Se violaron los derechos de los
trabajadores: se suspendió el derecho de huelga y se
redujo la participación de los asalariados en el PBI
(producto bruto
interno).
Después de controlada la crisis abierta con el Rodrigazo,
el equipo económico llevó a delante dos medidas
principales: la apertura de la economía y la
liberalización de los mercados
financieros.
La apertura de la economía era la apertura del mercado interno.
El instrumento de esta política fue la reducción de
los aranceles de
importación. Luego la sobrevaluación
del peso se sumó a esta medida lo que comprometió
la actividad productiva.
La liberalización del mercado financiero se llevó a
cabo con la liberación de la taza de interés y
la autorización para el funcionamiento de nuevos bancos e
instituciones financieras. Sin embargo el Estado garantizaba los
depósitos a plazo fijo tomados por entidades financieras
privadas.
En 1978 el gobierno militar estableció una pauta cambiaria
que determinaba una devaluación mensual del peso. El
objetivo era
controlar la inflación pero no se alcanzó. Se
fomentó una fuerte especulación con una gran masa
de dinero, basada
en la existencia de alta tazas de interés y las
garantías del Estado sobre el precio de recompra de los
dólares.
La euforia financiera contrastaba con le comportamiento
del endeudado sector productivo. El sector industrial
sufrió una transformación que incluyó una
caída en su producción, una disminución de
la mano de obra y el cierre de varias plantas.
El esquema económico estalló en 1980 con la
quiebra de
importantes entidades financieras. El Estado terminó
haciéndose cargo de los pasivos de los bancos
quebrados.
En 1981 el descalabro económico llegó al extremo.
Se dispuso una devaluación del peso del 400% y la
inflación llegaba al 100% anual. Esto tornó
imposible que las empresas privadas pagasen sus deudas en
dólares. El Estado nacionalizó las deudas, lo que
acrecentó el endeudamiento público.
A pesar de su carácter liberal la política
económica de Martínez de Hoz incluyó una
influencia considerable del estado en la economía.
Durante este período creció la inversión pública. Muchas obras
públicas fueron realizadas por contratistas privados y
algunas empresas del Estado privatizaron parte de sus
actividades. En este caso se incluyó la
subcontratación de tareas de búsqueda y
explotación petrolera; y de tareas de reparación de
materiales y
mantenimiento
de vías en los ferrocarriles, la provisión de
equipos telefónicos y el mantenimiento del alumbrado
público en la ciudad de Buenos Aires.
Otras áreas de crecimiento del gasto
público fueron la estatización de empresas
privadas y en el considerable gasto militar.
Política exterior
En el
ámbito de la política exterior, el régimen
militar mantuvo una tensa relación con el gobierno
estadounidense de James Carter, que formuló severos
reclamos sobre la vigencia de los derechos humanos a raíz
de la represión antisubversiva. También se
agudizaron los conflictos con Chile, por el diferendo
limítrofe austral del canal del Beagle, y con Gran
bretaña, por la cuestión de las Malvinas.
En el caso de chile, al alcanzarse un clima prebélico,
ambas naciones suscribieron el tratado de Montevideo a principios de
1979, solicitando la mediación de santa sede para superar
el conflicto.
Las relaciones entre la Argentina y EE.UU durante la dictadura
atravesaron dos etapas diferenciadas. En la primera, el gobierno
estadounidense estaba en manos de James Carter, que hizo de la
defensa de los derechos humanos
una de sus prioridades en América
Latina, esto lo llevó a un conflicto permanente con el
gobierno argentino que violaba descaradamente los derechos
humanos.
Cuando Ronald Reagan asumió la presidencia de los Estados Unidos
las relaciones con nuestro país cambiaron. Reagan, que
buscaba aliados para su política exterior, encontró
en Galtieri un hombre
dispuesto a alinear a la Argentina con la política
exterior norteamericana y a intervenir en forma militar en
América
Central.
Estados Unidos levantó las sanciones que la administración de Carter había
impuesto a
Argentina. Galtieri, entusiasmado con los norteamericanos e
ignorante de la poca importancia de los aliados de EE.UU, supuso
que este apoyo se traduciría en una neutralidad
benévola en el conflicto que iniciaría con Gran
Bretaña.
El 2 de abril de 1982 el gobierno ocupó por la fuerza las
islas
Malvinas. Se originó en una decisión tomada en
secreto por unas pocas personas sin tener en cuenta sus posibles
consecuencias políticas y militares. Contó con un
amplio apoyo popular. El gobierno pensó que la
recuperación de las Malvinas iba a resolver sus problemas
políticos, en un momento de gran descontento de la
sociedad.
El gobierno había subestimado la respuesta de Gran
Bretaña y creyó que los Estados Unidos
apoyarían su acción.
La reacción británica fue dura. El gobierno
británico envió una poderosa flota y fuerzas
militares para recuperar las islas. Los Estados Unidos,
después del fracaso de la mediación del General
Haig – que procuró que el gobierno argentino
aceptara la resolución 502 de las Naciones Unidas y
retirara las tropas de las islas – apoyaron decididamente a
su principal aliado (Gran Bretaña).
El gobierno militar decidió controlar estrictamente la
difusión de noticias
acerca de la evolución del conflicto, y creó un
clima triunfalista.
La Argentina recibió la adhesión de los
países de América Latina y del Movimiento de
Países No Alineados. Un intento desesperado del gobierno
argentino por cambiar sus alianzas conseguir el apoyo de la URSS
tampoco prosperó. El poderío y la
organización británicos superaron al
improvisado dispositivo militar argentino. El 14 de junio de
1982, el mando militar argentino en Malvinas capituló ante
los jefes británicos. La derrota militar fue a la vez
inevitable e inesperada y dejó profundas consecuencias en
la política del país.
Aunque la gran mayoría de la opinión
pública había apoyado la acción iniciada
en abril, la derrota militar desencadenó una ola de aguda
oposición y precipitó una crisis dentro de las
Fuerzas Armadas.
Presionado por los mandos castrenses Galtieri debió
renunciar a la comandancia del Ejército y a la Presidencia
de la Nación. En las primeras funciones fue reemplazado
por el General Cristino Nicolaides quien designó para
sucederlo en la primera magistratura al General Reynaldo Bignone,
que asumió el primero de julio. Ni bien inicio su mandato
se reunió con representantes de todos los partidos para
acordar una salida política y – poco después
– convocó a las elecciones para el 30 de octubre de
1983.
10.
Presidencia de Raúl Alfonsín
La fórmula radical Raúl
Alfonsín-Víctor Martínez obtuvo un 52 % de
los sufragios, y la del peronismo, integrada por Ítalo
Líder y
Deolindo Bittel, un 40%. En la elección de gobernadores no
obstante, el justicialismo triunfó en 12 Prov. (los
radicales en 7 y partidos locales en las tres
restantes)consagrando 24 senadores nacionales.
Alfonsín asumió el 10 de diciembre de 1983 y se
fijó 3 prioridades: el juzgamiento de las 3 primeras
juntas militares de proceso por violaciones a los derechos
humanos en la lucha antisubversiva; la renegociación de la
deuda externa y la solución del diferendo del Beagle. Para
resolver el último tema convocó a una consulta
popular en noviembre de 1984, que se pronunció
mayoritariamente a favor de la propuesta vaticana y el acuerdo
con Chile, que culminó el centenario conflicto.
Este retorno a la democracia no
significó la restauración del régimen
político democrático con las mismas
características que tenia antes de 1976. Los casi ocho
años de dictadura habían producido importantes
modificaciones en la sociedad y en el Estado, que se reflejaron
en el plano de la política.
La reconstrucción de la democracia política
argentina tuvo como base un sistema
político bipartidista. Desde 1955 hasta 1976, en los
períodos de gobierno democráticos, ya fuera por la
proscripción del peronismo o por la mayoría
absoluta obtenida por esa fuerza política en los comicios,
lo común había sido que un solo partido impusiera
su mayoría parlamentaria y gobernara sin tener la
necesidad de negociar con los legisladores de la
oposición.
Otro cambio
importante fue el caudal electoral que obtuvo la UCR. Un conjunto
de factores contribuyeron a dar al radicalismo esta nueva fuerza
electoral: las dificultades del peronismo para presentar una
propuesta coherente y el temor popular de volver a los
años de enfrentamientos violentos entre peronistas y
radicales; el liderazgo de Alfonsín como jefe de un
partido que practicaba la democracia interna, a diferencia del
verticalista movimiento peronista; la imagen de previsibilidad
que el radicalismo proyectaba sobre su futura gestión
de gobierno, aún cuando no presentó una propuesta
programática sólida.
La derrota en las elecciones para renovar el Parlamento en 1987
inició el declive del alfonsinismo y contribuyó a
acentuar las diferencias y los realineamientos de los distintos
sectores que componían el partido. Las propuestas de
reformar la Constitución y de trasladar la Capital Federal
a la ciudad rionegrina de Viedma – dos ambiciosos proyectos que
revelaban la pretensión del alfonsinismo de refundar la
República – no lo lograron atraer al electoral que, cada
vez más, ubicaba los problemas económicos en el
centro de sus preocupaciones.
Apuntalado por su canciller Dante Caputo, el presidente
también dinamisó la política exterior
Argentina viajando a Venezuela,
Colombia,
España,
Ecuador,
Perú, Bolivia,
EE.UU., Panamá,
Francia,
Alemania,
Italia, el
vaticano, Argelia y la India.
El alfonsinismo
La
consolidación del liderazgo de Alfonsín en el
interior de la UCR y su proyección hacía sectores
sociales que antes no votaban al radicalismo en el marco de la
profunda crisis que atravesaba el derrotado justicialismo
llevó a muchos dirigentes radicales a pesar que el
alfonsinismo podía ser la base para la formación de
un tercer movimiento histórico. Pensaban que la
adhesión a la persona del
Presidente estaba alcanzando una dimensión que superaba
los marcos del partido y que el liderazgo de Alfonsín
podía aglutinar a la mayoría de los sectores que se
identificaban con los valores
democráticos. El tercer movimiento histórico era
concebido con una continuidad y, a la vez, una superación
del radicalismo yrigoyenista y del peronismo, al que los
dirigentes radicales consideraban próximo a
disgregarse.
La Junta Coordinadora Nacional
Una de
las fuerzas partidarias que se alinearon decididamente
detrás del liderazgo de Alfonsín fue la Junta
Coordinadora Nacional (JCN). Se trataba de una agrupación
de jóvenes radicales organizada en 1968 por un
pequeño núcleo de militares universitarios de la
provincia de Santa Fe. La Coordinadora se integró luego al
Movimiento de Renovación y Cambio y apoyó a
Alfonsín en la lucha interna contra el balbinismo.
Los integrantes de la JCN tuvieron un papel protagónico
durante la campaña electoral de 1983, durante la cual
movilizaron a la mayoría de los sectores juveniles
partidarios y participaron activamente en la organización de los actos
multitudinales.
El estilo político de la Coordinadora renovó la
antigua tradición de UCR en la que predominaban las
reuniones de afiliados en los comités y en las practicas
clientelisticas de los punteros de barrio. La JCN aportó
al radicalismo el hábito infrecuente de los actos masivos
y el fervor participativos de los militantes. Su gran crecimiento
se produjo durante el periodo electoral de 1983, cuando
realizaron una intensa campaña nacional de
afiliación bajo la consigna "Afíliese al
radicalismo para que Alfonsín gane". Esta estrategia les
permitió crecer y superar las estructuras de
los punteros barriales quienes en muchos casos observaron con
recelo la actuación de la coordinadora y señalaban
a sus militantes como recién llegados.
Una vez instalado el gobierno radical, los integrantes de la JCN
ocuparon cargos legislativos y tuvieron una importante presencia
en las estructuras del Estado. Sus principales dirigentes Enrique
Nosiglia, Marcelo Stubrin, Luis Cáceres, Federico Storani,
Ricardo Laferriéri, Jesús Rodríguez,
Leopoldo Moreau se diferenciaron como una tendencia particular
dentro del oficialismo y apoyaron con entusiasmo la
formación del tercer movimiento histórico. Una de
sus bases de sustentación fue la agrupación
universitaria Franja Morada, que desde 1983 ganó las
elecciones estudiantiles de la mayoría de las
universidades nacionales.
A partir de 1985, se fue acentuando la lucha interna en la UCR
por la integración de las listas de cargos electorales
para renovar el Parlamento. Los jóvenes de la Coordinadora
se fueron diferenciando del Movimiento de Renovación y
Cambio histórico y entraron de lleno en la práctica
de las negociaciones con otros sectores internos para ocupar
espacios en la conducción del partido y en el gobierno.
Enrique Nosiglia se desempeñó como un operador
político estableciendo acuerdos en los que
predominó el pragmatismo
por encima de las afinidades ideológicas. Dentro y fuera
de la UCR, se oyeron críticas a las trenzas o las roscas,
como se denominaba en la jerga política a los acuerdos que
se establecían con fines puramente electoralistas.
Poco a poco, los más importantes referentes de la JCN se
fueron diferenciando de sus estrategias de
alianzas y posturas políticas y el nucleamiento se fue
disgregando. Nosiglia en la Capital Federal, Storani en la
provincia de Buenos Aires y Changui Cáceres en Santa Fe
fueron los principales referentes de cada sector. La JCN fue
perdiendo la cohesión de los primeros tiempos y
comenzó a desaparecer. No obstante, uno de los saldos de
su actuación fue promover un recambio generacional en la
dirigencia radical y dinamizar la actividad partidaria.
La derrota en las elecciones para renovar el Parlamento en 1987
inició el declive del alfonsinismo y contribuyó a
acentuar las diferencias y los realineamientos de los distintos
sectores que componían el partido. Las propuestas de
reformar la Constitución y de trasladar la Capital Federal
a la ciudad rionegrina de Viedma- dos ambiciosos proyectos que
revelaban la pretensión del alfonsinismo de refundar la
república- no lo lograron atraer al electoral que, cada
vez más, ubicaba los problemas económicos en el
centro de sus preocupaciones.
Crisis económica
El mayor
problema que debió enfrentar el gobierno fue la escalada
inflacionaria, que alcanzó el 30% de incremento mensual,
para lo cual convocó a la concertación a obreros y
empresarios. Los primeros cambios en gabinete afectaron a los
ministros de trabajo, Antonio Muccisi y de economía
Bernardo Grinspun.
El año concluyó con una inflación del 688%,
que obligó a Alfonsín a destruir al ministro de
economía, Grispum, nombrando a Sourouille, para
sustituirlo.
Creación de la CONADEP
En 1983,
con el retorno de la democracia, Alfonsín anunció
el sometimiento a juicio de los integrantes de las Juntas
Militares por los delitos de
privación ilegitima de la libertad, torturas y muerte de
detenidos, creándose una Comisión Nacional, la
CONADEP, para investigar la "lucha antisuversiva" y el destino de
los desaparecidos. Además de los objetivos
específicos de esta delegación, que fueran la
recepción de denuncias y acumulación de pruebas, se
propuso efectuar un análisis del marco general en que se
desenvolvió la regresión en la zona, aspectos
sociales, políticos, económicos y culturales que
reproduzcan en alguna medida el entorno en el cual se
desarrollaron los hechos las particularidades con las cuales
operó la represión.-
Su informe revela el
secuestro sistemático de hombres mujeres y niños,
la existencia de alrededor de 340 centros de detención
bien organizados, y el uso metódico de tortura y
asesinato.
Además de la CONADEP surgieron otros organismos que
reúnen a las familias de los desaparecidos y perseguidos
políticos de la última dictadura
militar, que surgen de la necesidad de sus miembros de pelear
contra la impunidad que, con el apoyo de su aparato
jurídico, el gobierno argentino a dado a los responsables
del genocidio perpetrado en nuestro país en la
década de los `70. Entre estos organismos se destacan
H.I.J.O.S., M.A.D.R.E.S., Abuelas de Plaza de Mayo.
El juicio de los militares implicados en las represiones se
venía serenando; a fines del año 1986, el gobierno
había planteado una ley de Punto Final, y en 1987
formuló el concepto de
"Obediencia Debida", que supuso poner fin a la exigencia de
responsabilidades mas allá de los principales mandos
castrenses.
Repercusión de la crisis económica
en la sociedad
En 1987 la CGT convocó de
inmediato un paro general
en apoyo del orden constituido, y todas las fuerzas
políticas se movilizaron en defensa de la legalidad. Los
insurrectos "caras pintadas" se rindieron sin combatir. De todas
maneras, la maquinaria militar no comprometida en el lanzamiento,
incluso la aeronáutica, se mostró renuente a
sofocar la rebelión. Los jefes de la sublevación
quedaron detenidos.
La CGT venía desafiando al gobierno con un paro general
cada tres meses. En enero rebrotó el conflicto militar no
resuelto en el año anterior. Rico volvió a
cuestionar la conducción del ejército. Los tanques
se movilizaron en su contra por disposición del general
Dante Caridi, comandante del arma, y Rico se rindió.
Pese al l triunfo de Cafiero en las elecciones provinciales del
año anterior, en las confrontaciones internas del
justicialismo realizadas en julio, Carlos Saúl Menem
resultó elegido candidato presidencial para 1989.
El 9 de septiembre culminaron los paros para los cegetistas con
manifestaciones en la Plaza de Mayo, la Casa de Gobierno
apedreada, varios heridos y gran número de detenidos.
Durante la ausencia de Alfonsín – que se encontraba
en EE.UU haciendo negociaciones con el presidente Bush – se
produjo un nuevo levantamiento militar en Buenos Aires.
Poco antes tres jefes militares habían sido condenados a
penas que iban de cuatro y medio a doce años de
prisión por su responsabilidad en la guerra de Malvinas.
Al comienzo de 1989, año en que la democracia
parecía hundirse a causa de la ingobernabilidad del
país. Un denominado "Movimiento Todo por la Patria",
capitaneado por Enrique Gorriaran Merlo, fundador del ERP
asaltó a sangre y fuego el
Regimiento de la Tablada. Alfonsín dispuso la
creación de un Consejo de Seguridad,
integrado por militares y civiles, en un esfuerzo por alcanzar la
estabilidad política.
11. La lucha
política por los derechos humanos y la
subordinación del poder militar
Los actores en conflicto
A los dos
días del triunfo electoral que, en 1.983, consagró
presidente a Alfonsín, fue disuelta la Junta Militar y se
inició la retirada del gobierno de la dictadura militar.
En los 40 días que transcurrieron entre las elecciones del
30 de octubre y la asunción del jefe radical, se
inició una compleja lucha política cuyos ejes
fueron la cuestión de la violación de los derechos
humanos durante el gobierno militar y la subordinación de
las Fuerzas Armadas al nuevo orden constitucional. Los
principales actores de esta lucha política fueron los
militares, los dirigentes de la UCR y los organismos de derechos
humanos.
Los militares que se vieron obligados a entregar el gobierno
cuatro meses antes de lo previsto, no pudieron imponer
condiciones al nuevo gobierno democrático sobre estos dos
temas, que afectaban directamente a las Fuerzas Armadas. La UCR,
por el contrario, contaba en ese momento con un gran poder
político y una importante capacidad de maniobras gracias
al gran respaldo obtenido en las urnas. Los organismos de
derechos humanos, por su parte, con el apoyo del Partido
Intransigente y de la Democracia Cristiana, se movilizaron y
realizaron numerosas declaraciones públicas exigiendo que,
una vez restablecida la democracia se formara una comisión
bicameral con amplios poderes para investigar los crímenes
cometidos por los represores desde 1.976.
La estrategia de autojuzgamiento
militar
La campaña electoral de
Alfonsín se basó en el restablecimiento del
Estado de
derecho y en el juzgamiento de las violaciones de los
derechos humanos cometidas por la dictadura militar.
La estrategia de Alfonsín para resolver la cuestión
de las violaciones de los derechos humanos estuvo orientada a
lograr que los militares se autojuzgaran. El presidente esperaba
que las propias Fuerzas Armadas sancionaran a quienes violaran
los derechos humanos y, al mismo tiempo, que los militares
depuraran sus instituciones y se reinsertaran en la vida
democrática.
Con esta meta, el gobierno ordenó el arresto de los
comandantes de las tres primeras juntas militares y la
persecución de los principales líderes
guerrilleros.
Cumpliendo con lo dicho, en la campaña electoral, el 29 de
diciembre de 1.983, el radicalismo impulsó en el Congreso
la derogación de la ley de autoamnistía con la que
los militares habían pretendido exculparse y evitar
cualquier investigación penal ulterior. La
derogación fue votada casi por unanimidad.
Para posibilitar el autojuzgamiento, el gobierno envió al
Parlamento una ley de Reforma del Código
Militar, que otorgaba a la justicia militar la facultad de juzgar
a los responsables de la represión ilegal. La ley
establecía que si el tribunal militar se demoraba
más de seis meses en los trámites, la justicia
civil se haría cargo de proceder las causas.
El juicio a las juntas militares.
Las
audiencias públicas del juicio a los comandantes de la
dictadura se desarrollaron entre abril y diciembre de 1.985,
cuando finalmente el tribunal llegó a una sentencia
condenatoria. Sin embargo, lejos de clausurar el tema de la
violaciones de los derechos humanos, la condena aplicaba a los ex
comandantes reavivó la polémica.
La ley del punto final y la rebelión
militar de Semana Santa.
El gobierno de
Alfonsín se había comprometido con el nuevo jefe
del Estado Mayor, el general Ríos Ereñú, en
que los miembros de las juntas militares condenados serían
perdonados. Con la intención de restringir los alcances
del fallo de la Cámara Federal y evitar que prosperaran
nuevos enjuiciamientos. Este intento por reducir el número
de condenados no prosperó ante la amenaza de renuncia de
todos los integrantes de la Cámara Federal.
El 31 de diciembre de 1.986, el Congreso aprobó una
iniciativa del gobierno, conocida como ley de punto final, que
fijaba una fecha tope para iniciar causas por la represión
ilegal. Este hecho marcó el inicio del retroceso de la
lucha política por los derechos humanos. No obstante, y a
contramano de lo que se proponía el gobierno, la fecha
límite para procesar a los ejecutores del terrorismo de
Estado incentivó a que en muchos juzgados de todo el
país se incrementaran las denuncias y se aceleraran las
presentaciones de pruebas.
El Plan Primavera y la
hiperinflación
La crisis
económica se agravó durante 1.988. En agosto, el
equipo económico puso en marcha el Plan Primavera.
Las medidas incluídas en el plan avanzaban en la apertura
de la economía, favoreciendo las importaciones, y
procuraban disminuir el déficil fiscal.
El plan contó con el apoyo de los grupos más
concentrados y vinculados al mercado internacional de la UIA.
Los efectos del Plan no fueron los esperados. Los grandes grupos
empresarios se lanzaron a la especulación financiera
aprovechando las altas tasas de interés para los
depósitos y comprobando, con los excedentes obtenidos,
importantes cantidades de divisas al precio
oficial.
El 15 de mayo de 1.989, el candidato peronista Carlos Menem que
había prometido declarar una moratoria en el pago de la
deuda externa y reactivar la economía mediante un salario, obtuvo
el 47% de los votos frente al 32 % del candidato radical
Angeloz.
El impacto social y político de la
hiperinflación
Un proceso de hiperinflación produce la
destrucción de la moneda local y su reemplazo por otra
moneda que pueda cumplir las funciones de unidad de cuenta, medio
de pago y reserva de valor.
La agudización de la crisis y de la recesión
productiva arrojó a millones de argentinos al hambre y a
la desesperación. A fines de mayo de 1989, en Rosario,
Córdoba, Tucumán y en algunas localidades del Gran
Buenos Aires, gran cantidad de trabajadores y desocupados se
lanzaron sobre los supermercados para apoderarse de alimentos. Como
respuesta a la crisis social, los legisladores radicales y
peronistas votaron el estado de sitio y el gobierno ordenó
la represión, que arrojó 14 muertos, 80 heridos y
centenares de detenidos. Ante la ingobernalidad de la
situación, Alfonsín dejó la presidencia
anticipadamente y el 9 de julio de 1.989 el presidente electo
Carlos S. Menem asumió el gobierno del
país.
La renovación Peronista
Durante
1984, fue creciendo el descontento de las bases del movimiento
peronista. Las autoridades del Partido Justicialista y la
mayoría de los sindicalistas no parecían dispuestos
a la autocrítica. Fue surgiendo así un sector de
disidentes dispuestos a dar batalla interna.
En diciembre de 1984, se reunió el Congreso del Partido
Justicialista en el teatro
Odeón. En este fue elegida una conducción de
orientación claramente ortodoxa: Isabel de Perón
como presidenta y el gobernador santafesino Vernet como
vicepresidente acompañado por Miguel de Iglesias.
Los renovadores fueron convocados a otro Congreso Nacional en
Río Hondo, (Santiago del Estero) en febrero de 1985. Los
resultados más importantes de este congreso fueron el
reclamo de la elección directa por distrito para elegir
autoridades partidarias y para nominar candidatos a cargos
electivos que adquirieron los dirigentes del interior del
país. También participaron del movimiento renovador
gobernadores peronistas como el riojano Carlos Saúl Menem.
Este había desarrollado una actividad política
independiente.
Se hicieron las elecciones internas en el distrito de la Capital
Federal en 1985.
Antonio Cafiero lideró la ofensiva contra el ortodoxo
Erminio Iglesias en la provincia de Buenos Aires, el distrito
electoral más importante del país. Iglesias
anudó la convocatoria a elecciones internas y Cafiero,
decidió romper la tradición de permanecer dentro
del partido y formó una alianza con la Democrácia
Cristiana y otros partidos menores.
El avance de los renovadores continuó durante 1983 y se
consolidó al año siguiente, cuando Cafiero fue
elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires
(derrotó a Juan Manuel Casella) y, en el mes de diciembre
de 1987, asumió la presidencia del PJ. Esto
significó para el peronismo la posibilidad de transformar
y dinamizar su organización
partidaria que no acostumbraba resolver sus diferencias
internas por la vía del sufragio.
12. La
política económica del primer gobierno de Carlos S.
Menem.
De Bunge y Born a Cavallo.
En julio de
1.989 la inflación fue del 196 %, lo que significó
que desde el inicio del Plan Primavera, en agosto de 1.988, hasta
ese momento el incremento había sido del 3610 % para los
precios minoristas y 5061% para los mayoristas.
En agosto y septiembre de 1989, la aprobación de las leyes
de reforma del estado y de emergencia económica y la
división de la CGT significaban la creación de
condiciones favorables para la conflictivas reformas programadas
para el mediano y el largo plazo. Por estas razones obtuvo el
apoyo de los sectores empresarios más poderosos. En
diciembre de 1.989 se desató un nuevo proceso de
hiperinflación. Entre abril de 1.989 y marzo de 1.990, los
precios al consumidor se
incrementaron en un 20.594 %.
En diciembre de 1.989, Rapanelli fue reemplazado por Antonio
Erman González como ministro de Economía y el
gobierno anunció un conjunto de medidas que fueron
presentadas por el presidente Menem como una apuesta "al todo o
nada".
La estrategia del gobierno se centró en frenar el aumento
del dolar para controlar la inflación. Pero a
través de otras medidas redujo el nivel de australes
circulantes.
A partir de abril de 1.990 la hiperinflación se contuvo y
los niveles de inflación se mantuvieron en un promedio de
entre un 15% y un 10% mensual. Durante estos meses, el gobierno
aceleró el ajuste avanzando en la reforma del Estado y la
privatización de empresas estatales. En
noviembre, concretó la privatización de la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones (ENTel).
El desempleo:
¿resultado inesperado o efecto
previsto?
Al mismo tiempo que se
manifestaba una evolución favorable en algunos indicadores
macroeconómicos, a partir de diciembre de 1.994
comenzó a registrarse un marcado aumento en la tasa de
desempleados llegó a más de 18%. Esto significa que
había casi cuatro millones de personas con problemas de
trabajo.
La causa más importante del desempleo era la
crisis financiera de México
producida en enero de 1.995; se rompió la cadena de pagos,
numerosas empresas quedaron sin financiamiento y tuvieron que
reducir el personal. Cavallo también atribuyó el
aumento del desempleo a la mayor cantidad de gente que buscaba
trabajo y a los inmigrantes de países vecinos que llegaban
a nuestro país a buscar trabajo en condiciones más
ventajosas que las vigentes en sus países de origen.
Frente a estas respuestas, dirigentes de la oposición y
numerosos investigadores coincidieron en señalar que el
aumento del desempleo era un efecto previsto en la
reorganización del capitalismo
iniciada en 1.976.
Los sindicatos frente
al gobierno de Alfonsín.
La
estrategia del gobierno radical consistió en debilitar al
sindicalismo peronista y establecer nuevos patrones de
organización sindical, procurando con ello obtener
algún apoyo del gremialismo.
El sindicalismo existente en 1.983 no era el mismo que en los
años setenta. Y como consecuencia de las transformaciones
ocurridas durante la dictadura militar, el peso de los obreros
industriales había disminuido y el movimiento obrero se
encontraba políticamente dividido.
Durante el mes de enero de 1.984, la CGT Azopardo y la CGT
Brasil se
unificaron en una sola central.
La política sindical del gobierno de
Menem
A poco de iniciado el gobierno de Menem, la
política económica y las propuestas de reforma
laboral
provocaron un nuevo debilitamiento del sindicalismo.
Desde el primer año, el gobierno de Menem puso en
práctica la limitación del derecho de huelga y
declaró ilegales las huelgas que afectaban a los servicios
públicos. Aprobó el despido de trabajadores y
aceleró las privatizaciones de las empresas estatales en
conflicto. Al mismo tiempo, benefició a los gremios que no
cuestionaban la política oficial otorgando ventajas
consistentes por ejemplo, en el nombramiento de representantes
sindicales en los organismos estatales responsables de la
administración de las obras sociales.
Los estallidos provinciales
A
principio de 1.994 y hacia mediados de 1.995 se sucedieron una
serie de estallidos sociales en algunas provincias del interior
del país y localidades del Gran Buenos Aires. Primero en
Santiago del Estero y luego en Córdoba, San Juan y General
Sarmiento, en la provincia de Buenos Aires, la población
manifestó su descontento por el atraso en el pago de los
sueldos de los empleados estatales y de las jubilaciones y
pensiones.
En julio de 1.995, la mayoría de las provincias no
tenía los fondos necesarios para efectivizar el pago de
sueldos, aguinaldos y jubilaciones y pensiones. La crisis del
sector estatal en un gran número de provincias estaba
relacionada con la función de colchón que el
empleo
público viene cumpliendo para amortiguar la crisis de las
economías regionales.
El Pacto de Olivos y la reforma
constitucional
En 1993, en el marco de una fuerte
crisis económica y social, Menem y los dirigentes
menemista reflotaron la propuesta de modificar la
Constitución Nacional con el objetivo de permitir la
reelección del Presidente, a quien se presentaba como
reaseguro de la continuidad de la política
económica. En un primer momento, el radicalismo
optó por concentrar su oposición a la reforma por
la cláusula de la reelección. Luego de su derrota
en las elecciones legislativas de 1993, las escasas expectativas
de éxito
en las elecciones presidenciales de 1995 impulsaron a los
dirigentes radicales a cambiar su estrategia.
El pacto de Olivos fue un acuerdo entre el PJ y la UCR que
destrabó el tratamiento de la ley que declaraba la
necesidad de la reforma constitucional en el Parlamento. Su
realización fue producto de la evaluación
que ambos partidos hicieron de la situación en que se
encontraban. Frente al riesgo de quedar
totalmente al márgen, el pacto permitió a
Alfonsín colocar al radicalismo en situación de
imponer algunas condiciones en la futura reforma y resguardar un
lugar institucional para la oposición radical.
Además de estos beneficios particulares, Alfonsín
sabía que el gobierno estaba dispuesto a ir a un
enfrentamiento frontal para conseguir la aprobación de la
reforma y suponía que sus posibilidades de ganar en esa
situación eran escasas. El pacto aparecía como una
solución que brindaba también beneficios
colectivos: evitaba la experiencia de aprobar una vez más
una Constitución cuya legitimidad iba a estar cuestionada
por una parte significativa de la sociedad. El principal
beneficio que obtuvo el gobierno con el pacto no fue la factibilidad de
la reforma sino su legitimidad. Con el Pacto peronista radical,
la reforma dejó de ser la reforma de Menem para pasar a
ser la reforma de los partidos mayoritarios.
El Pacto de Olivos- que se firmó el 14 de Noviembre de
1.993- y la posterior sanción de la ley 24.309- que
declaró la necesidad de la reforma- crearon un evento
inédito de la historia constitucional
nacional: la posibilidad de una reforma constitucional producto
no sólo de la neutralización de la capacidad de
veto del adversario sino también fruto del consenso
productivo interpartidario.
Entre el 25 de Mayo y el 22 de Agosto de 1.994, en las ciudades
de Santa Fe y Paraná sesionó la Asamblea
Constituyente. El PJ tuvo 146 representantes, la UCR 75, 32 el
Frente Grande y 20 el MODÍN. Las restantes 42 bancas se
distribuyeron entre diversos partidos. Ninguna fuerza
contó con quórum propio ni con una mayoría
absoluta. Las modificaciones introducidas significaron cambios en
las normas que rigen
las relaciones entre los poderes del Estado, entre la
Nación y las provincias y en relación con los
derechos individuales. La nueva Constitución Nacional fue
jurada solemnemente el 22 de Agosto de 1.994.
Las terceras fuerzas
Desde 1.983
quedó perfilado un sistema político bipartidista
que se reafirmó con el triunfo de Menem en 1.989 y su
reelección en 1.995. Ningún partido ni alianza
política estuvo en condiciones de disputarle el electorado
a la UCR y al PJ en el nivel nacional.
En muchas de las elecciones entre 1.983 y 1.995, la
población fue menor que la que se registró en
1.983, cuando los dos grandes partidos captaron el 91,9 % de los
votos. En 1.989 la suma de votos de radicales y justicialistas
llegó al 72,9%. Esta disminución no se debió
al surgimiento de un partido político que, como tercera
fuerza, pudiera alterar el bipartidismo.
El Movimiento Popular Neuquino, el Partido Bloquista en San Juan,
el Pacto Liberal- Autonomista en Corrientes, el Movimiento
Popular Jujeño, el Partido Demócrata de Mendoza, el
Movimiento por la Dignidad y la
Independencia
( MODÍN ) en la provincia de Buenos Aires, conformaron
localmente, sistemas
multipartidistas.
Desde 1983, dos fuerzas políticas intentaron posicionarse
como terceras fuerzas en el nivel Nacional: el Partido
Intrasingente (PI), y la Unión de Centro
Democrático (UCD).
La propuesta del PJ atrajo inicialmente a votantes de
orientación de centro izquierda, que comenzaron a
denominarse progresistas. Hacia 1987, el PJ se fue diluyendo.
La UCR, un partido de centro derecha que planteaba propuestas de
tono conservador y neoliberal en el plano económico,
creció electoralmente hasta alcanzar su techo en 1.989.
Pero cuando Menem abandonó los postulados
históricos del peronismo, los principales dirigentes
ucedeístas se pasaron a las filas del menenismo.
El MODIN, que surgió en el distrito bonaerense como
expresión política de un sector de los militares
carapintadas, intentó ampliar su influencia en la
escala
nacional apelando a un discurso nacionalista y
populista.
Eduardo Duhalde originó un importante caída en las
elecciones de 1.995 y su avanse se detuvo.
Desde 1.991, sectores del peronismo liderados por el diputado
Carlos Álvarez se alejaron de la estructura del
PJ, controlada por el menenismo, y junto con socialistas, ex
comunistas, afiliados del PI, demócratas-cristianos e
independientes formaron el Frente Grande. Este se fue
consolidando como la primera fuerza electoral, Graciela
Fernández Meijide ganó la elección como
senadora del distrito.
El Frente Grande estableció una alianza con
la agrupación País Solidario.
La
campaña del Frepaso- Frente del país- estuvo basada
en un discurso ético que criticaba la corrupción del gobierno menemista. La
fórmula presidencial integrada por Bordón y
Álvarez obtuvo alrededor de 5 millones de votos en el
nivel nacional desplazando del segundo lugar al candidato
radical, Horacio Massacessi. Pero los problemas que esta alianza
enfrenta para definir su perfil ideológico, se
evidenciaron con el alejamiento de Bordón, no permiten
aún precisar cuál es su grado de
consolidación en el sistema político.
13.
Crisis
El 24 de octubre de 1999, el
dirigente radical y candidato de la Alianza por el Trabajo,
la
Educación y la Justicia, Fernando de la Rúa,
obtuvo la victoria en la primera vuelta de las elecciones
presidenciales. Su coalición logró el 48,50% de los
votos emitidos, frente al 38,09, que fue a parar al Partido
Justicialista, encabezado por Eduardo Duhalde. El 10 de diciembre
siguiente, De la Rúa sustituyó en la presidencia de
la República a Menem. Durante 2000, su primer año
de mandato, tuvo que afrontar una doble crisis, política
(culminada con las dimisiones, en octubre, del jefe del gabinete
de ministros, Rodolfo Terragno, y del vicepresidente Carlos
Chacho Álvarez, líder del Frepaso) y
socio-económica (el anuncio presidencial de una serie de
medidas de política económica, a las que el Fondo
Monetario Internacional (FMI) condicionaba
sus fondos de emergencia y entre las que figuraba la
congelación del gasto público hasta 2005,
generó una gran tensión social que tuvo su episodio
más trascendente en una huelga general de 36 horas,
iniciada el 23 de noviembre tras ser convocada por distintas
centrales sindicales). Durante el mes de marzo de 2001 la crisis
económica derivó en institucional. Tras dimitir el
ministro de Economía, José Luis Machinea, De la
Rúa reorganizó su gabinete y Ricardo López
Murphy, hasta entonces ministro de Defensa, pasó a
desempeñar la cartera de Economía. Éste
anunció un plan de ajuste que implicaba un importante
recorte del gasto público, lo que motivó el
descontento social y la dimisión de los ministros del
Frepaso e incluso de algunos de la UCR. Poco después, De
la Rúa anunció el nombramiento como primer ministro
de Domingo Cavallo (ministro de Economía con Menem y
líder de Acción por la República), pero la
dimisión de López Murphy determinó que
finalmente Cavallo se convirtiera en titular de Economía.
Cavallo derogó el plan de su predecesor, presentó
el Proyecto de Ley de Competitividad
al Congreso y recibió de la cámara poderes
especiales para gobernar por decreto durante un
año.
La crisis económica y la
política aplicada desde el ejecutivo fueron determinantes
en los resultados de las elecciones legislativas del 14 de
octubre de 2001 (en las que los ciudadanos renovaron 127
escaños de la Cámara de Diputados y designaron a
los 72 integrantes del Senado). En estos comicios, marcados por
los altos índices de abstención, votos nulos y en
blanco, la Alianza sufrió un fuerte retroceso, mientras
que el Partido Justicialista se convirtió en el grupo con
mayor representación parlamentaria (con 40 senadores y 116
diputados). De la Rúa afrontó así el
difícil reto de tener que gobernar con ambas
cámaras del Congreso Nacional dominadas por la
oposición.
En diciembre de 2001 el Estado se
encontraba en una situación cercana a la suspensión
de pagos y los créditos del FMI se vieron comprometidos.
El día 3 de dicho mes, el gobierno limitó a 250
pesos la cantidad que los ciudadanos podrían retirar de
sus cuentas cada semana. Fue la primera de una serie de
impopulares medidas tendentes a restringir la disposición
de efectivo de los argentinos y a limitar los pagos
públicos (pensiones y salarios funcionariales resultaron,
por ejemplo, aplazados). Todo ello generó el pánico
de la población y, a la postre, el estallido social. El
día 13 tuvo lugar una huelga general convocada por la CGT,
y seis después miles de personas hacían patentes
sus protestas en las calles de todo el país. De la
Rúa decretó el estado de sitio, lo derogó el
día 20 y, ante la negativa peronista a formar un gobierno
de unidad nacional, dimitió. Fue sucedido interinamente
por el presidente del Senado, Ramón
Puerta, hasta que el día 21 el Congreso otorgó la
jefatura del Estado al peronista Adolfo Rodríguez
Saá. Éste anunció la momentánea
suspensión de pagos de la deuda externa y la entrada en
circulación de una nueva moneda, el "argentino",
respaldada por el conjunto de bienes
inmuebles estatales. Diferencias surgidas con algunos
gobernadores provinciales de su propio partido motivaron que
Rodríguez Saá dimitiera el 30 de diciembre. Le
sustituyó durante horas el presidente de la cámara
baja, Eduardo Camaño (Puerta renunció al desempeño de una segunda interinidad), y el
2 de enero de 2002, designado por el Congreso, el también
justicialista Eduardo Duhalde juró el cargo de presidente
de la República. Pocos días después de su
acceso al poder, el nuevo primer mandatario dispuso sus primeras
medidas para hacer frente a la crisis económica: abandono
del tipo cambiario fijo, devaluación del peso y
pesificación de la economía (incluidos
depósitos bancarios).
En abril de 2002, el ministro
de Economía, Jorge Remes Lenicov, dimitió ante las
protestas suscitadas por el denominado Plan Bonex, que preparaba
junto a Duhalde para canjear por bonos de deuda
pública los depósitos bancarios a plazo
inmovilizados. Los demás miembros del gabinete pusieron
también sus cargos a disposición del presidente, el
cual aceptó, entre otras, la renuncia del jefe de
gobierno, Jorge Capitanich, y designó titular de
Economía a Roberto Lavagna. Éste anunció que
no se produciría el retorno a un tipo de cambio
fijo (siguiendo así las recomendaciones del FMI) y que
persistirían las restricciones bancarias. El gobierno vio
cumplidos algunos de sus principales objetivos en junio: el
Senado derogó la llamada Ley de Subversión
Económica, se acordó un pacto fiscal con los
gobiernos provinciales para reducir en un 60% su déficit,
y se dispuso un nuevo Plan Bonos. Pero el eje del programa
gubernamental, cumplir las exigencias del FMI para recuperar su
ayuda económica, generó todo tipo de actitudes
opositoras y agudizó la conflictividad social. Pese a que
la crisis continuó, el gobierno intentó normalizar
progresivamente el sistema
financiero; en noviembre de 2002, casi un año
después de su implantación, finalizaron las
restricciones para retirar efectivo de cuentas corrientes
(acababa así el llamado corralito), y en marzo de 2003 se
levantaron las limitaciones para retirar fondos de
depósitos a plazo fijo (el denominado
corralón).
Esto ocurrió poco antes de la
celebración de elecciones presidenciales, anticipadas por
Duhalde al 27 de abril de 2003. El peronismo, dividido, estuvo
representado por tres candidatos que no pudieron concurrir bajo
las siglas justicialistas: los ex presidentes Menem (Alianza
Frente por la Lealtad-Unión del Centro Democrático)
y Rodríguez Saá (Alianza Frente Movimiento
Popular-Partido Unión y Libertad), y el gobernador de
Santa Cruz, Néstor Kirchner (Alianza Frente para la
Victoria). Leopoldo Moreau fue el candidato oficial de la
Unión Cívica Radical, en tanto que dos antiguos
miembros de este grupo, López Murphy y Elisa
Carrió, se presentaron por dos nuevas formaciones
(Movimiento Federal para Recrear el Crecimiento, y
Afirmación para una Republica Igualitaria,
respectivamente). Tal fraccionamiento se dejó sentir
igualmente en otras opciones políticas, lo que se
materializó en un total de 18 candidatos. Los más
votados fueron Menem (24,4%), Kirchner (22%), López Murphy
(16,3%), Carrió (14,1%) y Rodríguez Saá
(14,1%). Dados estos resultados, Menem y Kirchner deberían
haber concurrido el siguiente 18 de mayo a una segunda vuelta
electoral, pero ésta no llegó a tener lugar, pues
Menem retiró finalmente su candidatura. Convertido de
forma automática en presidente electo, Kirchner
tomó posesión del cargo el 25 de mayo.
Partidario de la intervención
económica del Estado allí donde el mercado crease
injusticias, Kirchner refutó el neoliberalismo
aplicado por los gabinetes argentinos durante la década de
1990. Por otra parte, el nuevo presidente derogó, en julio
de 2003, el decreto que desde 2001 impedía la
extradición de los torturadores de la dictadura militar,
antesala de su proyecto para anular las leyes de Obediencia
Debida y del Punto Final (aprobadas en 1986 y 1987, durante la
presidencia de Alfonsín); todo ello se plasmó, en
agosto de 2003, cuando presentó ante el Congreso Nacional
la propuesta para derogar esa legislación. Ambas
cámaras aprobaron el proyecto, que quedó a la
espera del fallo de la Corte Suprema; este se produjo en junio de
2005, cuando el más alto tribunal argentino declaró
inconstitucionales y anuló aquellas leyes. El gobierno de
Kirchner también afrontó una nueva relación
con los organismos internacionales y así, en septiembre de
2003, logró que el FMI le permitiera refinanciar a tres
años una deuda de casi 10.000 millones de dólares
estadounidenses y le concediera una moratoria de tres años
de su deuda con él. La política exterior argentina
giró para adquirir una muy especial vinculación con
Brasil; el 16 de octubre de 2003, Kirchner firmó con el
presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el
llamado Consenso de Buenos Aires, con el que se
fortalecían el Mercosur y las
relaciones comerciales entre ambos países; más
allá aún, en diciembre de ese año, Brasil y
Argentina acordaron adoptar en un futuro decisiones coordinadas
ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En enero de
2005, Argentina comenzó a pagar la deuda que había
dejado de canjear tres años antes; tres meses
después, el canje de títulos de la deuda externa
superó el 76%.
En las elecciones legislativas parciales que tuvieron
lugar el 23 de octubre de ese mismo año 2005, se
impusieron las candidaturas del Frente para la Victoria de
Kirchner, lo que se interpretó como un respaldo a las
políticas aplicadas desde la presidencia. Después
de estos comicios, tres ministros pasaron a formar parte de la
Cámara de Diputados, lo que motivó que Kirchner
efectuara una remodelación gubernamental. Al margen de los
tres relevos propiciados por tal circunstancia, también se
produjo la sustitución de Lavagna por Felisa Miceli (luego
de que surgieran diferencias entre el presidente y el hasta
entonces responsable de Economía). En las primeras horas
del año 2006, tal y como Kirchner había anunciado
en diciembre, Argentina canceló anticipadamente la
totalidad de su deuda con el FMI.
14.
Conclusión
Gracias a este trabajo hemos podido profundizar, ampliar
e interiorizar nuestros casi escasos conocimientos acerca del
tema que tratamos.
Concluimos en que los golpes militares se produjeron por crisis
económicas, políticas y sociales propias de los
distintos momentos históricos y que se caracterizan por
quebrar el orden constitucional, eliminar el Parlamento y
suprimen los derechos y las garantías constitucionales. De
los dieciséis presidentes que se sucedieron entre 1955 y
1983, 7 eran civiles y 9, militares.
Los militares llegan al poder para restaurar la estabilidad
política, económica o social pero terminan
instaurándose como gobiernos de facto, haciendo imperar el
autoritarismo que no respeta los derechos de nadie.
Sin embargo, caen ante la férrea resistencia del
pueblo, que busca vivir en un gobierno constitucional y
democrático donde se respeten sus derechos.
15.
Bibliografía
* Historia 5. Juan A. Bustinza. Editorial AZ. Bs. As.
1.995 6ta Edición.
* Historia
Argentina. Lucas J. Luchel (otros). Editorial Santillana. Bs.
As. Febrero de 1.995.
* Historia: La Argentina del Siglo XX. María E. Alonso
(otros). Editorial Aique. Bs. As. Agosto de 1.997.
* Educación
Cívica 2. Alicia B. Casullo (otros). Editorial Santillana.
Bs. As. Noviembre de 1.996
* Encarta 2007
Javier Bobadilla
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