Unas de las formas que Estados Unidos
tiene para realizar su contraofensiva es la "Alianza para el
Progreso" que intenta ser una reedición de lo que fue el
"Plan Marshall"
para la recuperación económica de Europa
después de la guerra.
Consiste en una amplia política de créditos, condicionados de una u otra
manera, para lograr que los países latinoamericanos sean
dependientes de los Estados Unidos y de esta manera lograr una
influencia política decisiva en estos países. La
lógica
de esta política se sustentaba en el hecho de que el
gobierno de
Estados Unidos había llegado a la conclusión de que
los procesos
revolucionarios tendientes a una transformación radical de
las sociedades se
debía a la extrema pobreza que
azotaba a las poblaciones mayoritarias de estas
sociedades.
En ese contexto, los proyectos de
transformación revolucionaria encontraban un ambiente
propicio para desarrollarse, sumando militantes a su causa
justamente en los sectores más empobrecidos de la población. Había pues que atenuar
esa situación y el modo que adoptaron para hacerlo era una
vasto programa de
asistencia económica que intentara elevar el nivel de vida
de las poblaciones. Naturalmente, los receptores de los
créditos debían alinearse, en el contexto
internacional, con la posición estadounidense en la
confrontación contra la potencia
socialista que paulatinamente iba avanzando su influencia en
regiones cada vez más amplias del globo.
La alianza para el progreso no fue, sin embargo, lo que
se esperaba. Si bien hubieron créditos destinados a la
infraestructura económica de estos países, una
gruesa parte de las inversiones
provenían de empresas privadas
que se dirigían a los sectores primarios de las
economías con el propósito de extraer materias
primas destinadas a la exportación. De esta manera, la "Alianza
para el progreso" no fue una plan alternativo de desarrollo
para estos países, sino más bien un fortalecimiento
de su carácter monoproductor.
Por otro lado, Estados Unidos aprovechó los
convenios de asistencia económica con los países
latinoamericanos para realizar "Dumping" en sus
economías. La política del "Dumping" es una
política típica de las potencias en sus relaciones
con países subdesarrollados. Consiste en deshacerse de su
producción agrícola excedentaria
para que no cause bajas de precios en su
mercado interno y
enviarla, como asistencia económica, al país
subdesarrollado con el que tiene acuerdos de cooperación
económica. De este modo, se ha protegido a sus productores
internos a la vez que ha causado la quiebra de los
productores de productos
agrícolas del país subdesarrollado donde se
colocó la producción excedentaria, dado que
produciendo los mismos productos, a los campesinos pobres no les
es posible competir con una producción que llega en
calidad de
préstamos.
Por estas razones, la "Alianza para el Progreso" estaba
destinada a fracasar. La situación de extrema pobreza
persistía con la misma crudeza en los países donde
se la implementó y, los efectos políticos de esta
desesperante situación se dejaron sentir con la
radicalización de las masas que veían en la
Revolución
cubana una alternativa de desarrollo y a los grupos
radicalizados y sus proyectos revolucionarios como una posible
solución a sus problemas.
De esta forma, y ante el fracaso de la "Alianza para el
Progreso", Estados Unidos generó una nueva estrategia para
detener la revolución amenazante en Latinoamérica. Esta ves se trataba de la
cooperación militar. Es así que los Estados Unidos
iniciarían amplios programas de
asesoramiento militar con todos los países de
Latinoamérica. En este marco se crea el T.I.A.R. (Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca) que implicaba,
entre otras cosas, cursos de entrenamiento
militar para oficiales de ejércitos latinoamericanos en
bases norteamericanas en el canal de Panamá
(entre 1950 y 1968 se formaron en estas escuelas 46.479 oficiales
latinoamericanos, 2.196 de ellos eran bolivianos). Este
entrenamiento militar incluía formación
ideológica y es en este marco donde se crea la "Doctrina
de Seguridad
Nacional".
Esta doctrina, en términos generales, significa
que los ejércitos latinoamericanos tienen el rol de
defender a sus patrias contra un enemigo muy peculiar. El enemigo
tiene origen externo, pero tiene la particularidad de penetrar en
los países y provocar la subversión por dentro
destruyendo de este modo a la nación.
Se trata de un plan del comunismo
internacional –ése es el enemigo- por dominar el
mundo. De este modo, los militares latinoamericanos dejan de ser
entrenados guerras
convencionales, para entrenarlos en técnicas
antisubversivas.
La política del T.I.A.R. encontró un
apoyó entusiasta entre la oficialidad de los
ejércitos latinoamericanos, puesto que les aseguraba un
fortalecimiento financiero y, además, les abría la
posibilidad de jugar un rol político en sus sociedades. El
carácter conservador de la oficialidad fue reforzado
mediante la inculcación sistemática de la doctrina
de "Seguridad nacional" en la que habían encontrado un
justificativo institucional para su intervención en la
vida política de sus sociedades. De esta manera, las
condiciones estaban dadas para el establecimiento del ciclo
militar.
2. La primera fase del ciclo militar y la
radicalización de la escena
política.
En 1964 se establecerán las primeras dictaduras
militares con estas nuevas características. En abril, los
militares brasileros a la cabeza del Mariscal Castello Branco,
tomaron el poder mediante
un golpe militar que ponía fin a los gobiernos de
inspiración populista de Quadros y Goulart que
habían proclamado una política independiente de
Estados Unidos a la vez que entablaban contactos con los
países socialistas de Europa y con la Cuba de
Castro.
La situación se tornaba preocupante para los
sectores conservadores, puesto que sectores políticos
aún más radicalizados habían lanzado
guerrillas en el campo con el propósito de imitar la
revolución
cubana. Según esos sectores conservadores, el gobierno
populista no tendría ni la fuerza, ni la
voluntad para combatirlas. De este modo, los militares, armados
ideológicamente con la "Doctrina de Seguridad Nacional",
tuvieron el ambiente propicio para iniciar su protagonismo en la
vida política del país e instaurar una dictadura
militar.
El nuevo gobierno, emitió "actas
constitucionales" permitiendo al régimen reprimir las
protestas sociales sin necesidad de tribunales civiles y
prohibiendo la actividad de los partidos
políticos (a excepción de ARENA –Alianza
Renovadora Nacional- que promovía el apoyo al
régimen). La represión política se
agudizó cuando el régimen creo los "escuadrones de
la muerte" que
le permitía eliminar a sus opositores y negar su responsabilidad en esos hechos.
En noviembre de ese mismo año, el general
Barrientos en Bolivia
encabezaba otro golpe de estado
bajo la misma orientación de los militares brasileros. El
recién comenzado tercer gobierno de Paz Estensoro, del
cuál Barrientos era su Vice-presidente, había
dejado atrás las políticas
radicales de comienzos de la década del 50 de la
célebre Revolución Nacional y paulatinamente se
había acercado a los Estados Unidos recibiendo asesores
norteamericanos para ejecutar políticas
anti-inflacionarias, así como privatizadoras del petróleo. Por eso, el gobierno de Paz
Estensoro no era hostil a Estados Unidos, pero se presentaba como
un gobierno débil ante un movimiento
minero cada vez más radicalizado y organizado en milicias
obreras armadas.
Este movimiento obrero -inicialmente el sustento de la
Revolución Nacional de 1952- había transitado hacia
una radicalización de sus posiciones al ver la marcha
contraria que llevaba el gobierno y se veía ahora
fuertemente influenciado por los partidos comunista y trotskista.
En ese contexto y, ante la creciente rivalidad con Paz Estensoro,
Barrientos tuvo la coyuntura propicia para iniciar su golpe
militar, entrando con su ejército a los campamentos
mineros y desarmando a las milicias obreras. Al igual que sus
pares brasileños, declaró ilegales a los partidos
políticos y a toda la institucionalidad
democrática.
Los regímenes de Castello Branco y de Barrientos,
sin duda alguna, constituyen una primera etapa en el ciclo
militar. Sin embargo, todavía este ciclo no había
llegado a su fase más representativa. Para que eso
ocurriera, el clima
político se polarizaría mucho más a fines de
los 60 y comienzos de los 70.
Son varios factores los que llevaran a la
radicalización política de la escena internacional.
Seguramente, el más destacado entre todos ellos es la
guerra de
Vietnam. Allá, Estados Unidos había aumentado
su presencia militar hasta llegar al medio millón de
marines y, pese a eso no podía contener a la guerrilla del
Viet Cong que , a pesar de los bombardeos con Napalm y a la quema
indiscriminada de aldeas campesinas, no podía detener el
avance impetuoso de los comunistas hacia Hanoi. Entre tanto, la
opinión
pública internacional y no menos el movimiento
pacifista dentro de los Estados Unidos, criticaba la
política intervencionista del gobierno
norteamericano.
Otro foco de polarización se presentó en
China, donde
se realizaba la Revolución Cultural, presentando una
arremetida de sectores radicales que intentaban renovar un
socialismo
que, a su juicio, se había estancado dando nuevas
inspiraciones revolucionarias a todos sus adherentes en el mundo
entero.
Eso pudo verse claramente en las grandes manifestaciones
de protesta en mayo de 1968 en Paris, donde se presentó el
paro de
trabajadores industriales más grande que había
ocurrido en algún país occidental a lo largo de
toda la historia y que
además estaba acompañado con gigantescas protestas
estudiantiles que consideraban que había llegado el
momento de derribar el sistema
capitalista.
La influencia de estas protestas llegó pronto a
América
Latina y tuvo un trágico desenlace en la ciudad de
México,
donde fueron acribillados cientos de estudiantes universitarios
en la plaza de Tlatelolco cuando realizaban una impresionante
manifestación contestataria.
Por otro lado, los sectores conservadores tuvieron una
clara muestra, no
sólo de la influencia ideológica de la
Revolución cubana, sino también del apoyo material
militar a las guerrillas, cuando apareció un foco
guerrillero comandado por el mismo Che Guevara en
las selvas del sudeste boliviano.
Finalmente, los sectores radicales en
Latinoamérica no sólo arreciaban su lucha contra
los regímenes aliados de Estados Unidos, sino
también habían tenido la fuerza para tomar el poder
en algunos países y comenzaban a estrechar sus lazos con
los estados del campo socialista amenazando seriamente con sacar
a América
Latina de la zona de influencia norteamericana. Eso
había sucedido en Chile, donde el socialista Salvador
Allende había ganado las elecciones y luego de asumir el
poder nacionalizó la industria del
cobre y
la empresa
telefónica ITT de propietarios estadounidenses.
También en el Perú, el general Velasco
Alvarado, conduciendo un grupo de
militares populistas, después de tomar el gobierno
nacionalizó empresas extranjeras en el sector
hidrocarburífero y minero además de lanzar una
reforma
agraria. En Bolivia también gobernaba otro militar
nacionalista, el general Juan José Torrez, que
re-nacionalizó las minas y permitió la
instalación de la Asamblea Popular, una especie de
parlamento obrero que se proponía instaurar el socialismo
en el país.
3. La
etapa dura de las dictaduras militares.
La situación se presentaba realmente preocupante
para la política estadounidense puesto que América
Latina amenazaba con extraerse de su influencia y esto, en el
contexto de la guerra
fría y la pugna de las potencias por ganar esferas de
influencia, era algo que no lo podían tolerar.
Había llegado pues la hora de sentar mano dura y de
imponer su influencia en estos países.
La participación activa de Estados Unidos en los
golpes de estado ya va
saliendo a la luz
pública poco a poco con la desclasificación de los
archivos de su
departamento de Estado, pero era algo que se notaba claramente
con el reconocimiento y la cooperación que la potencia del
norte realizó con las dictaduras militares.
De este modo, en Agosto de 1971 el coronel Hugo Banzer
Suárez derroco al general Torréz en Bolivia en un
sangriento golpe de Estado en el que se combatió durante
varias horas en la ciudad de La Paz. Fue durante el gobierno de
Hugo Banzer cuando la "Doctrina de Seguridad Nacional" se
constituyó en el verdadero espíritu detrás
de los métodos
represivos. Todos sus opositores políticos, especialmente
aquellos que tuvieron algo que ver con la Asamblea Popular y con
el ELN (Ejercito de Liberación Nacional –fundado por
el Che Guevara), sufrieron la persecución, el
encarcelamiento, la tortura, el asesinato, el confinamiento y el
exilio.
La represión que se desató no tuvo
paralelos en la historia del país. Los perseguidos y
prisioneros políticos fueron tratados como
enemigos en un estado de guerra, conforme a lo establecido en la
doctrina de seguridad nacional. Los centros de interrogatorio y
campos de concentración se multiplicaron en Achocalla,
Alto Madidi, la isla de Coati, Viacha, Chonchocoro, etc. Se
creó el Departamento de Orden Público (DOP) como
ente encargado de realizar la represión política,
constituido por paramilitares que reclutaban su personal entre el
hampa (el "mosca" Monroy, "Mister Atlas", etc) y entre criminales
de guerra nazis (Klaus Barbie).
La tortura se institucionalizó en los centros
penitenciarios de tal modo que los torturadores recibían
"instrucción" extranjera para el desempeño de su triste labor. Se calcula
que entre octubre del 71 y 1977 la dictadura
habría asesinado a 200 personas, habrían sido
encarceladas 14.750 personas por "ofensas contra el
régimen".
Otras 19.140 fueron obligadas a salir al exilio de modo
directo. La represión no sólo se centró en
opositores políticos y dirigentes sindicales, sino que
periodistas, abogados, religiosos fueron reprimidos por realizar
su labor de un modo que el gobierno consideraba "subversivo". El
régimen también se ensañó contra los
parientes de los opositores encarcelándolos y
torturándolos para dar con el paradero de los perseguidos
o conseguir alguna delación que ellos consideraban
importante.
Del mismo modo, en septiembre de 1973, el general
Augusto Pinochet llevó a cabo un golpe de Estado contra el
presidente de Chile Salvador Allende, después de una
terrible etapa de desestabilización de su régimen.
El golpe fue uno de los más sangrientos de toda la
historia del continente, pues se procedió a bombardear el
palacio de la Moneda donde resistía el presidente
negándose a renunciar. Los militares sólo pudieron
hacerse del poder cuando el cuerpo ya sin vida de Allende fue
sacado del palacio de Gobierno.
El nuevo régimen declaró que el estado de
sitio impuesto
debía entenderse como un "estado de guerra", tal como lo
había postulado la "doctrina de seguridad nacional".
Entonces se ensañó la furia de los golpistas contra
los sectores populares que intentaron una defensa en las
barriadas y las fábricas. Los militares ocuparon todos los
lugares donde se intentó una resistencia,
causando una cantidad asombrosa pero indeterminada de muertos y,
como las cárceles fueron insuficientes para albergar a
todos los detenidos se improvisó el estadio nacional como
campo de concentración.
La dictadura pudo consolidarse mediante los
métodos más brutales que se pueda imaginar, para lo
que se utilizó a la DINA (Dirección de Inteligencia
Nacional chilena) como organismo encargado de organizar y
ejecutar las persecuciones, detenciones, interrogatorios y
torturas.
Todas las instituciones
democráticas fueron suspendidas y el gobierno
asumió todas las funciones incluso
las judiciales para las que utilizó a tribunales militares
bajo la autoridad
directa de la Junta militar. Los medios de
comunicación fueron obligados a hacer cadena junto con
las emisiones oficiales de la junta cerrando paso a cualquier
tipo de información que no fuera autorizada por los
gobernantes. De este modo, la represión se extendió
durante los siguientes años. Las detenciones a los
opositores eran con frecuencia realizadas durante horas de la
noche sin que hubieran testigos de los hechos por los que el
gobierno no se responsabilizaba generando así una nueva
forma atrabiliaria de represión política: la
categoría de desaparecidos. Los resultados de esas
desapariciones eran, en la gran mayoría de los casos,
ejecuciones sumarias por parte de los organismos de seguridad.
Eso fue demostrado fehacientemente con el descubrimiento de una
fosa donde se encontraron los cadáveres de 20 opositores
políticos en Piragua, como resultado de una
operación del régimen denominada la "caravana de la
muerte". Esta
no fue más que una de las operaciones de
detención clandestina y ejecución sumaria de las
muchas que llevaría a cabo el régimen.
En 1976, el turno de experimentar una dictadura militar
de este nuevo tipo le tocaría a la Argentina, cuando la
presidenta María Estela Martínez vda. de Perón
fuera derrocada por el general Jorge Videla. Las posiciones
políticas en este país se habían
radicalizado con el surgimiento de dos organizaciones
guerrilleras, una de tipo castrista, el ERP
(Ejército Revolucionario del Pueblo) y los Montoneros de
corte populista. Los militares consideraron que el gobierno
peronista era incapaz de enfrentar el reto de desarticular estos
grupos subversivos y, entonces, interrumpieron el proceso
democrático para generar lo que luego se
denominaría "La guerra sucia".
Este proceso tiene su lógica en el hecho de que
los grupos guerrilleros habían desarrollado un nuevo tipo
de lucha guerrillera en las ciudades. Entonces, la
represión encontró su forma más eficaz en la
política de las desapariciones forzadas que ya se estaban
implementando en Chile. En Argentina, la exacerbación del
secuestro de
opositores políticos cobró dimensiones inauditas,
pues no sólo eran secuestrados los opositores propiamente
dichos, sino también todas sus familias, incluidos los
niños.
Como consecuencia de esta aberración, muchos
niños fueron entregados en adopción o
apropiados por los mismos ejecutores de los secuestros. Crecieron
ignorando su verdadera identidad.
Mientras tanto, las madres de los secuestrados generaron un
movimiento para el esclarecimiento de los hechos que sólo
pudo tener alguna repercusión cuando los golpistas dejaron
el poder en 1983. La cantidad de desaparecidos en Argentina ha
sido estimada en 30 mil personas, lo que da una indicación
aproximada de una sociedad que
vivió bajo el terror impulsado desde el mismo aparato
estatal.
También surgió otra dictadura en Uruguay cuando
el Presidente Bordaberry clausuró el congreso en 1973
declarando estado de guerra ante la insurgencia de la guerrilla
urbana de los "Tupamaros". En 1975 el general Morales
Bermúdez derrocaría a Velasco Alvarado en el
Perú revirtiendo las medidas nacionalistas del
régimen anterior. Del mismo modo, en Brasil sucesivos
golpes de Estado arreciarían la represión ya
iniciada por regímenes militares la década
anterior: en 1969, Emilio Garrastazu Medici; en 1974, Ernesto
Geisel y en 1979 Joao Baptista Figueredo. Finalmente en el
Paraguay no
hubo necesidad de realizar un golpe de Estado puesto que la
dictadura de Alfredo Stroessner tenía larga data en este
país desde 1954.
Finalmente, las dictaduras militares instauraron un
programa de coordinación entre ellas para que la
represión desatada contra sus opositores no cesara ni
siquiera fuera de sus respectivas fronteras. De este modo,
mediante el "plan cóndor" los regímenes
militares se prestaron mutua colaboración en la triste
tarea de entregar a los perseguidos que habían logrado
huir a los países vecinos, ni siquiera sospechando que los
servicios
represores tuvieran este tipo de colaboración. El
carácter delincuencial de este plan iba, sin embargo,
mucho más allá de la simple entrega de los
exiliados políticos. También encontraron la muerte
varios exiliados de las dictaduras a manos de sus "servicios de
seguridad" que actuaban impunemente en los países vecinos
con la complicidad y el apoyo logístico pleno del
régimen local . De este modo, fueron asesinados el
expresidente boliviano, Juan José Torres y el general
institucionalista chileno Carlos Prats en la Argentina. Pero, ni
siquiera la fuga fuera de la región, donde campeaban las
dictaduras militares, daba seguridad a los enemigos de estas. De
este modo el ex ministro de Allende, Orlando Letelier fue
asesinado nada menos que en Washington.
4. Caracterización de las
dictaduras.
El ciclo militar que se instauró en el continente
durante las décadas de los 60 y 70 puede ser sintetizada
mediante una serie de características:
1. Los regímenes militares fueron producto de la
necesidad que tenía la potencia del hemisferio, Estados
Unidos, de evitar que la potencia rival en la guerra fría
pudiera adquirir esferas de influencia en el continente. Por este
motivo, Estados Unidos, mediante sus embajadas, sus
inversionistas (como el caso de la telefónica ITT en
Chile) y su servicio de
inteligencia C.I.A. no sólo estimularon , sino que
participaron activamente en los golpes de Estado y en la
consolidación de las dictaduras. De este modo, la
injerencia extranjera en la región nunca antes
había tenido una expresión tan clara como
ésta. El resultado obvio de esta situación fue la
alineación política de las dictaduras en el
contexto internacional a favor de los Estados Unidos.
2. Los regímenes militares actuaron inspirados en
una doctrina política particular que definía un
estado de guerra interno cuyos enemigos eran partidos y
organizaciones políticas radicales: la doctrina de
seguridad nacional.
3. Los procesos democráticos fueron interrumpidos
mediante la suspensión de todas sus instituciones,
además de la violación de todos sus principios.
4. los regímenes militares instauraron un
verdadero Terrorismo de
Estado, que implicaba la utilización de todo el aparato
estatal para la represión extrajudicial más brutal
que tenga memoria la
historia de estos países.
5. Los regímenes militares instauraron un
programa de colaboración para la represión
política inédito en la historia: el plan
cóndor.
6. Las políticas económicas de las
dictaduras abrieron paso a la inversión
extranjera, revirtieron las medidas nacionalistas instauradas
durante los procesos populistas, adoptaron una política de
endeudamiento extremo con la banca privada
internacional y liberalizaron los mercados.
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Documentas, Santiago, Chile, 1984.
TAPIA VALDES, Jorge; El terrorismo de Estado,
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Carlos Alberto echazú
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