La Nacionalización del Petróleo en Venezuela (Antecedentes, Desarrollo y Situación Actual) (página 3)

Para el año 2000, los ingresos
petroleros fueron de 50.000 millones de dólares, de los
cuales el Estado
venezolano recibió 10.000 millones de dólares (20%)
y los restantes 40.000 millones de dólares se gastaron en
los denominados costos operativos
PDVSA y en la transferencia de la renta petrolera al capital
petrolero internacional o al capital privado nacional. Trasladar
ganancias al exterior ha sido el verdadero resultado de la
internacionalización. Desde 1995 a 2000, PDVSA estuvo
traspasando, desde sus cuentas
domésticas hacia sus filiales extranjeras, un promedio de
500 millones de dólares anuales en ganancias. Desde que se
inició la internacionalización hasta 2000, las
filiales extranjeras de PDVSA nunca pagaron dividendos a esta
empresa. Estas
filiales pagaron dividendos por primera vez en diciembre de 2001,
conminadas a ello por el gobierno nacional
del presidente Hugo
Chávez.

Nuevas Leyes

Con la toma de posesión del gobierno de Hugo
Rafael Chávez Frías, si bien se ha insistido en que
los contratos y
acuerdos contraídos por la República serán
respetados, y hasta la fecha así ha sido, también
se ha anunciado que ellos serán revisados en defensa de
los intereses de la Nación.
Los tiempos de la Apertura petrolera, en los términos en
boga en la década de los 90, afortunadamente han quedado
atrás.

Al iniciarse el gobierno de Chávez
mantenía su vigencia la ley de 1943 que,
conjuntamente con otras leyes promulgadas
posteriormente y decisiones como la anteriormente comentada de la
Corte Suprema de 1991, conformaban un marco jurídico
complejo y no del todo coherente. Esta situación fue
modificada con la promulgación de dos instrumentos legales
que derogaron toda la legislación previa y crearon un
nuevo marco legal. En septiembre de 1999 se publica en Gaceta
Oficial la Ley Orgánica de Hidrocarburos
Gaseosos y en noviembre de 2001 la Ley Orgánica de
Hidrocarburos.

Entre los cambios más importantes que estos
instrumentos legales incorporan es la introducción de modificaciones sustanciales
a los dispositivos de captura de la renta. La nueva
legislación por un lado incrementa la regalía y por
el otro equipara los impuestos sobre
la renta –tributo a la ganancia– con las restantes
actividades económicas en el país. Para el gas el
mínimo para la regalía se fijó en 20% y para
los hidrocarburos líquidos en 30%. Se procura con ello
garantizar un ingreso fiscal
más estable, compartiendo los riesgos de
precios bajos
entre el Estado
propietario y la industria
petrolera inversionista, de modo que la actividad aguas abajo no
sea estimulada a fugarse del país.

La
Nueva Política Petrolera

La nueva política petrolera ha mostrado signos
inequívocos en la recuperación del papel del Estado
en la defensa de los intereses nacionales. Un cambio
importante ha sido el desplazamiento del centro de diseño
de la política petrolera en el país. Desde la
"nacionalización" hasta 1999 ese centro se fue moviendo
del ministerio a la alta gerencia de la
industria petrolera. Desde 1999 hasta ahora es claro que ese
desplazamiento se ha revertido. Es hoy el ministerio del ramo,
hoy denominado Ministerio de Energía y Petróleo, el centro para el diseño e
implementación de las políticas
públicas para esta actividad. Y lo es tanto en el esfuerzo
cotidiano por reconquistar esa responsabilidad, como por lo establecido en la
nueva legislación que de manera inequívoca le
asigna ese papel.

La reforma también se plantea estimular el
desarrollo de
los factores productivos nacionales. Usar el sector más
fuerte de nuestra economía, el
petrolero, para el desarrollo de otros. Esta orientación
se ha materializado de múltiples maneras. El convenio
marco firmado entre PDVSA y la CVG en junio de 2003, las ruedas
de negocios con
cooperativas y
pequeñas y medianas empresas o el
estímulo para la creación de cooperativas de
servicios o
transporte son
ejemplos de ello. Ahora más que nunca la
corporación tiene como norte el abastecerse, hasta donde
ello sea posible, de bienes y
servicios producidos en el país.

Además, la recuperación de los precios
desde 1999 y la consecuente mejora en la recaudación
fiscal, le permitió inicialmente al gobierno mitigar
parcialmente la severa crisis
económica que venía padeciendo el país desde
por lo menos los inicios de la década de los 80. Desde el
año 2002 la situación del país ha sido
más complicada. Un golpe de Estado
en abril de 2002 y cuatro "paros cívicos" ese mismo
año fueron manifestación evidente de la aguda
turbulencia política vivida. Y la severa crisis
política tuvo, no podía ser de otra manera,
consecuencias en el terreno económico.

Pero aún en tiempos de dificultades, la
política petrolera, por los elevados ingresos fiscales que
ahora genera, ha sido sostén fundamental de todo el
proyecto del
presidente Chávez y las fuerzas que lo apoyan. Esto se
acentúa aún más durante el año 2004.
Los precios del petróleo
en el presupuesto de
ese año fueron estimados en 20 dólares por barril,
siendo que el precio
promedio del año para la cesta venezolana superó
los 30 dólares y produjo por ello cuantiosos ingresos.
Esto a su vez implicó que los aportes al fisco hayan sido
superiores a los inicialmente estimados y que, adicionalmente, la
corporación haya podido, de manera directa, tener una
participación más activa en planes de inversión planificados por el gobierno. Con
parte de esos ingresos extraordinarios, el gobierno nacional
actual, comprometido con el interés
nacional, ha podido crear tres fideicomisos para la
inversión pública. Uno por hasta 2 millardos de
dólares para iniciar la construcción de plantas hidro y
termo eléctricas en Carabobo, Lara y Mérida;
comenzar las obras del Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel
Zamora en Barinas; financiar la puesta en marcha de la nueva
línea aérea nacional, Conviasa; e invertir en el
sistema de riego
Diluvio – El Palmar, en el estado Zulia. Otro fideicomiso de
480 millardos de bolívares esta dirigido a la
inversión en desarrollos habitacionales y de
infraestructura. Fue ya anunciada la construcción de
más de 42 mil viviendas, así como dos tramos de la
autopista a Oriente y varios kilómetros de vialidades
agrícolas. Para su inversión en proyectos de
desarrollo agrícola administrados por el Ministerio de
Agricultura y
Tierras, fue creado un tercer fideicomiso con un aporte de 1.152
millardos de bolívares.

Adicionalmente y con un presupuesto de 600 millones de
dólares, la Gerencia de Desarrollo Social
de la nueva PDVSA apalanca financieramente las Misiones
educativas, de salud y productivas que
viene adelantado el gobierno nacional con fuerza desde
inicios de 2003. Esos recursos
financian becas de las misiones educativas, aporta recursos para
la construcción de módulos de salud de la Misión
Barrio Adentro, participan en la Misión Identidad y
apoyan la Misión Vuelvan Caras a través de los
Núcleos de Desarrollo Endógeno.

Finalmente, importa señalar que la actual
política petrolera, además de los medulares
objetivos del
control estatal
de PDVSA y la vinculación, sin comparación, de
ésta con su accionista, el pueblo venezolano, ha
conquistado, con supremo éxito,
otros objetivos, como por ejemplo, la recuperación de los
precios del petróleo que se habían situado en 10.5
USD en promedio durante 1998, al punto que durante el año
2004 superaron, en promedio los 30 USD por barril. Asimismo, el
gobierno nacional ha podido anotarse una victoria más, en
el fortalecimiento de la OPEP, la cual ha
pasado a constituirse en un punto sinequanon de su agenda de
política exterior. En ese mismo orden de idea conviene
destacar la estrategia de
Petroamérica, la cual viene progresivamente con sus
vectores:
Petrocaribe, Petro Sur y Petro Andina, unificando y consolidando
paulatinamente a los pueblos de América
Latina y el Caribe bajo una nueva visión de integración que es antítesis de la
racionalidad del ALCA.
Ciertamente, desde el plano energético hemos logrado no
sólo unir a Brasil,
Argentina, Uruguay y
Chile en la estrategia de Petroamérica y Telesur, sino
además extendernos a otras áreas bajo el modelo
alternativo del ALBA
(Alternativa Bolivariana para las América), tras su firma el 14 de diciembre
de 2004 con el Estado Cubano en la ciudad de La Habana, en donde
PDVSA, en correspondencia con lo pautado en esta
declaración y acuerdo, abrió el 28 de abril de 2005
una agencia para atender las solicitudes y negocios que nos
demande el Caribe en materia
petrolera y energética.

El Sabotaje contra la Industria Petrolera Nacional
(El Paro
Petrolero)

El acontecimiento más relevante y
dramático ocurrido durante toda la historia de la industria
petrolera venezolana ha sido sin dudas el sabotaje cometido
contra PDVSA entre diciembre del año 2002 y enero de
2003.

El lunes 2 de diciembre de 2002, fuerzas de
oposición al gobierno de Hugo Chávez iniciaron una
acción
política llamada "Paro Cívico Nacional"
convocado con el fin de derrocar al primer mandatario
nacional.

El 4 de diciembre los canales de televisión
y radio del
país comenzaron a trasmitir la noticia de la
paralización de un tanquero de PDV Marina, el Pilín
León, en el canal de navegación del Lago de
Maracaibo. Las imágenes
mostraban cómo la tripulación de ese barco apoyaba
y participaba en la acción opositora. El tanquero
permaneció fondeado y bajo el control de la
tripulación insurrecta durante diecisiete días y se
convirtió en la expresión más clara del
compromiso de muchos gerentes, empleados y trabajadores de la
vieja PDVSA con la acción de protesta que ya se
había convertido claramente en acción de
sabotaje.

De allí en adelante, dirigentes de los sindicatos
petroleros que habían promovido la paralización de
la industria, conjuntamente con representantes de
Fedecámaras (la cúpula empresarial venezolana) y de
la CTV (la principal central sindical de trabajadores del
país) aparecían como voceros e instigadores
principales de esta acción insurreccional. Tal como
había ocurrido durante el golpe de Estado de abril de
2002, la oposición logró la insólita
afiliación de la patronal y los trabajadores para cometer
nuevamente actos ilegales y vandálicos contra los poderes
establecidos en el país, confiando esta vez, y luego del
fracaso del golpe político, en que la
desestabilización de la principal fuente de ingresos de
Venezuela
–la industria petrolera-, terminaría por asfixiar al
gobierno nacional y obligaría a la renuncia del presidente
Chávez.

Los sucesos del Pilín León demostraron
rápidamente que la estrategia se centraba en lograr la
paralización del sector petrolero nacional. Siguieron a la
tripulación del Pilín León las de los
demás tanqueros de PDV Marina, gerentes y operadores de
refinerías, empleados y trabajadores de los campos,
profesionales y técnicos de las áreas de informática, contratistas de transporte
interno de combustibles y derivados, en resumen, personal de
distintas áreas con capacidad real para perturbar
seriamente el funcionamiento de la principal industria
nacional.

Las acciones del
sabotaje petrolero consiguieron restringir, entre otras
actividades, la producción de combustibles
aeronáuticos, gasolina, gasoil, así como el
transporte desde los centros de producción o
refinación hacia los centros de suministro comercial.
Entre otras afectaciones se pueden enunciar las
siguientes:

La afectación del suministro a la planta de
combustible del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, con
perjuicio para el funcionamiento de líneas aéreas
nacionales e internacionales

Suspensión del suministro de combustible desde
las Plantas de Carenero, Guatire y Catia La Mar

El cierre del 90% de las estaciones de servicio en
los Estados Aragua, Guárico, Apure y Carabobo.

La suspensión total de la actividad en las
Plantas de Yagua y de Barquisimeto, ésta última
surtidora de los Estados Yaracuy, Lara y Cojedes

Suspensión de la Planta Guaraguao, con perjuicio
para los Estados Anzoátegui, Nueva Esparta y parte de
Sucre

Suspensión de la Planta Maturín, con
cierre de las estaciones de servicio de los Estados Monagas,
Delta Amacuro y Sucre

Suspensión de la Planta de San Tomé, con
lesión a la actividad de transporte de alimentos y
productos
industriales de la región

Mínimo despacho de las Plantas de Puerto Ordaz y
Ciudad Bolívar,
de la Planta de Bajo Grande surtidora de la costa oriental del
Lago de Maracaibo, de la Planta de San Lorenzo, que operó
en un 50%, con perjuicio para el suministro de los Estados Zulia,
Trujillo y parte de Lara y Falcón

Suspensión total de actividades de la Planta El
Vigía, con afectación de los Estados Mérida,
Táchira y Apure.

La paralización del buque "Pilín
León" y de otros 12 tanqueros pertenecientes a la flota de
PDV Marina

La presencia de 11 buques pertenecientes a armadores
internacionales fondeados frente a diferentes puertos petroleros
del país, lo cual no sólo paraliza el suministro de
combustible al mercado interno,
sino la venta de crudos y
productos para la exportación

La negativa de seis buques tanqueros de terceros a
atracar en muelles de PDVSA por considerar que no existe personal
calificado en dichas instalaciones.

La producción total de crudo disminuyó en
un 68%, tendiendo dicho porcentaje a descender aún
más debido a la detención de la producción,
a las restricciones de almacenamiento, a
la paralización de 29 unidades de compresión en el
Lago de Maracaibo y al detenimiento de las actividades del
Terminal Lacustre de La Salina por abandono del
personal

Paralización total en algunos casos y
funcionamiento parcial de las refinerías El Palito, Puerto
La Cruz y Paraguaná, así como en las
petroquímicas ubicadas en el Tablazo, Morón y
José, y casos de personal con hasta 48 horas de trabajo
continuo.

Durante diciembre de 2002 y los primeros meses de 2003,
el sabotaje petrolero promovido por sectores antinacionales trajo
como consecuencia una disminución abrupta de las
principales actividades económicas del país y
secuelas tanto para la corporación como para la sociedad
venezolana. Estudios del Ministerio de Finanzas y el
Banco Central
de Venezuela señalan los siguientes datos:

El monto de las pérdidas por ventas no
realizadas llegó a 14 430 millones de dólares
aproximadamente, lo cual motivó una disminución de
un monto cercano a 9 998 millones de dólares en la
capacidad contributiva de PDVSA y sus filiales al fisco nacional.
Esto limitó la capacidad del Ejecutivo Nacional para la
ejecución de sus planes y programas.

El Producto Interno
Bruto (PIB) del
país registró una caída de 15,8 % durante el
cuarto trimestre de 2002, y de 24, 9%, durante el primer
trimestre de 2003. En el sector petrolero la caída del PIB
fue de 25,9% y 39,3% respectivamente.

Se registró igualmente una contracción en
los montos de las Reservas Internacionales en Divisas y del
Fondo para la Estabilización Macroeconómica, lo
cual obligó al Ejecutivo Nacional, conjuntamente con el
Banco Central de Venezuela, a dictar las medidas para establecer
un sistema de control de cambios, con el fin de atenuar los
efectos negativos sobre la economía nacional.

En términos monetarios, se observó un
aumento en el efectivo de 26%, una caída de los
depósitos bancarios de 8%, aumento 4,5 puntos porcentuales
en la tasa activa y una ampliación del margen de tasas de
4,1 puntos porcentuales.

¿Por qué tantos gerentes, ejecutivos
y empleados de PDVSA llegaron a adoptar una actitud
saboteadora contra su propia corporación? ¿Por
qué pusieron en riesgo el futuro
de sus lucrativas carreras profesionales, además de
propiciar acciones que tanto le costaron al
país?

La causa fundamental del conflicto
entre gerentes y ejecutivos de PDVSA con el gobierno de
Chávez, expresado por una parte al golpe de Estado de
abril de 2002 y por otra en el sabotaje petrolero de diciembre de
ese año y enero de 2003, fue la reforma petrolera puesta
en marcha por el gobierno. Esta nueva política busca
corregir la PDVSA que había logrado convertirse
prácticamente en un Estado dentro del Estado, y que
había escamoteado al pueblo venezolano, utilizando su
enorme capacidad y potencial económico, el rendimiento de
su riqueza nacional; la vieja PDVSA, corporación estatal,
funcionaba en la práctica como una empresa privada,
dirigida por una "meritocracia", término con el cual se
conoce a la élite económicamente privilegiada y
desconectada de los intereses verdaderamente nacionales que
dirigía la Corporación. La vieja PDVSA tenía
niveles tan altos de autonomía respecto al Estado
venezolano, que era capaz de definir el rumbo de la
política petrolera venezolana y emprendía
iniciativas propias en las que se priorizaban los intereses de
la empresa y
se relegaba a segundos niveles los intereses del resto de la
sociedad.

También desde los inicios mismos de la industria
nacionalizada en 1975 comenzaron las presiones para disminuir la
contribución fiscal de la empresa, y este renglón
se convirtió en una verdadera "caja negra".

Bajo el argumento de la necesidad cierta de recuperar
niveles satisfactorios de reservas probadas, muy menguadas al
momento de la nacionalización, se permitió que
PDVSA no pagara dividendos a su único accionista (el
Estado) por años. Solo la aguda crisis económica de
1994, causada por la más severa crisis financiera del
país en toda su historia, forzó al gobierno de ese
momento a reclamar por primera vez el pago de esos
dividendos.

Diversos mecanismos diseñados y perfeccionados
durante el período concesionario para garantizar una
adecuada participación del fisco en los ingresos del
negocio petrolero fueron desmantelándose. La
regalía, por ejemplo, establecida en un sexto como
mínimo en la Ley de 1943, pasó a ser un
máximo y en algunas asociaciones de la Apertura
llegó a fijarse en 1%. Los Valores
Fiscales de Exportación, que servían como
instrumento de tributación indirecta en momentos de
ganancias excesivas por los elevados precios del petróleo
en el mercado internacional, fueron, por presión de
la corporación, eliminados. Cuantiosas inversiones en
el exterior, con muy escaso control por parte del Ejecutivo y con
dividendos inexistentes, elevaron los costos en demasía,
reduciendo de esta manera el aporte tributario. Todo ello
redundó en una significativa merma de la
participación fiscal en el negocio petrolero
venezolano.

Durante la Apertura, y contrariando toda la experiencia
previa, en Venezuela se avanzó hacia un régimen
fiscal más liberal donde el concepto de
propiedad
nacional y soberana del recurso tendió a debilitarse y con
ello el derecho del Estado a reclamar parte importante de la
renta como justa compensación y derecho
natural al ser el accionista principal. Los regímenes
fiscales liberales, como el aplicado en este caso, tienden a
disminuir la importancia del Estado como propietario y a
considerar el recurso natural como libre, sobre el que no hay, o
se procura minimizarlos, derechos de
compensación por su explotación.

Aunque no siempre de manera abierta, la reforma
petrolera en marcha ha ocupado un lugar central de la aguda
confrontación política reciente. El golpe de Estado
de abril de 2002, con el derrocamiento del gobierno por 48 horas,
y el paro petrolero de diciembre 2002 y enero 2003, lo
mostró con palmaria nitidez. El gobierno de facto de abril
de 2002 no llegó a nombrar su gabinete completo, pero
sí fue designado un nuevo presidente de PDVSA, el general
Guaicaipuro Lameda, quien había sido removido del mismo
cargo en febrero, por oponerse a la Ley de
Hidrocarburos recién promulgada; durante las escasas
horas que duró el gobierno de facto, esa ley fue derogada
por decreto; igualmente, el acuerdo bilateral de suministro de
petróleo a Cuba fue
suspendido. El golpe de abril de 2002 fue la culminación
de un paro cívico en apoyo al conflicto de la gerencia
petrolera contra el gobierno y la paralización de la
industria llevada a cabo en diciembre-enero de ese mismo
año tuvo como objetivo
explícito el derrocamiento del Presidente Chávez.
Esa acción golpista fue derrotada gracias al esfuerzo de
los trabajadores patriotas que se mantuvieron activos, la
incorporación de personal jubilado y la
movilización de fuerzas militares y sectores populares en
defensa de una empresa que
consideraron vital para nuestro futuro como nación
independiente.

La mayor resistencia al
proceso de
cambios impulsado por el gobierno nacional actual, hasta enero de
2003, vino de la gerencia de la propia industria. La derrota por
ella sufrida ha permitido la reorganización de la nueva
PDVSA. Esta reorganización está
convirtiéndola, de la más encarnizada opositora a
tal proceso de cambios, a su principal aliada. La
participación activa de la corporación desde la
finalización del paro en los planes de desarrollo en
marcha apunta claramente en esa dirección. La actividad petrolera fue
medular para la sociedad venezolana durante buena parte del siglo
XX y todo parece indicar que lo seguirá siendo a lo largo
de este siglo. De allí que la definición de los
rumbos y las orientaciones para este vital sector debe ser
preocupación de todos.

La
Auténtica Nacionalización

La defensa de la Soberanía Nacional es uno de los pilares
fundamentales de la política petrolera nacional desplegada
por el Gobierno de Venezuela.

Esta línea estratégica, orientada a
concretar una auténtica nacionalización petrolera,
pasa por la reafirmación de la propiedad de los
hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo de la
nación y el rescate del control de la actividad petrolera,
tanto desde el punto de vista del régimen tributario y
legal como en el total dominio de la
industria petrolera nacional.

Desde este enfoque, el 10 de octubre de 2004, en el
programa
Aló Presidente transmitido desde la Refinería de
Puerto la Cruz, el Presidente de la República, Hugo
Chávez, anunció un nuevo impulso a la
política petrolera nacional para entrar en una fase de
"Plena Soberanía Petrolera".

El inicio de la primera etapa de la verdadera
nacionalización petrolera lo ubicó Chávez en
enero de 2003, con la derrota de la conspiración petrolera
y la recuperación de PDVSA, con la cual el pueblo
venezolano inició la reversión del proceso de
entrega total de la soberanía petrolera que vino con la
Ley que Reserva al Estado la Industria y Comercio de
los Hidrocarburos, a partir de la cual la empresa petrolera
estatal se alejó de los intereses nacionales y
respondió a los intereses capitalistas.

Esta nueva etapa de rescate de la Soberanía
Petrolera consiste en deshacer los entuertos heredados de aquella
vieja PDVSA entreguista, apátrida y controlada por
intereses transnacionales. "Poco a poco vamos a corregir
desviaciones, desactivar mecanismos de dominación que
fueron instalados desde hace mucho tiempo y
todavía están allí. Vamos a comenzar a
desactivarlos para recuperar la Plena Soberanía
Petrolera", anunció Chávez.

La nueva fase de Plena Soberanía comprende la
revisión y el ajuste al marco de la ley de los malos
negocios que se dieron en el marco de la llamada Apertura
Petrolera en los años 90, entre ellos los Convenios
Operativos, las Asociaciones Estratégicas, y la
Internacionalización de PDVSA, los cuales apuntaron hacia
la privatización a destajo de la industria
petrolera venezolana, y significaron grandes pérdidas para
el país y por ende para el Pueblo Venezolano.

Estas acciones de revisión y reversión
están contempladas en el Plan de Desarrollo
Económico y social de la Nación 2001-2007 en el
cual el Gobierno Nacional se plantea promover auditorías técnicas y
administrativas de los diferentes negocios de la industria
petrolera y el análisis de nuevos negocios, en el marco
del subobjetivo estratégico denominado
"Internalización de los Hidrocarburos"

En el marco de este anuncio el Ejecutivo Nacional ha
dejado claro que en ningún caso se cuestiona la presencia
de las empresas en nuestro país y que las mismas obtengan
sus respectivas ganancias producto de
sus inversiones, pero lo que sí exigimos de manera
irreductible es que esta participación se haga en el marco
del respeto a nuestra
leyes y a nuestra Soberanía.

La
OPEP

La
Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) es un organismo intergubernamental creado
para coordinar las políticas de producción de
petróleo de sus 11 países miembros, con el fin de
estabilizar el mercado internacional de los hidrocarburos,
conducir a los países productores de petróleo a
obtener un razonable retorno de las inversiones y asegurar el
suministro continuo y estable de crudo para los países
consumidores. La OPEP produce el 40% del crudo mundial y el 14%
del gas
natural

La OPEP fue creada el 14 de septiembre de 1960 en
Bagdad, capital de Irak.
Venezuela tuvo un papel protagónico en el nacimiento de la
organización, gracias a una iniciativa
adelantada por el entonces ministro de Minas e Hidrocarburos,
Juan Pablo Pérez Alfonzo, un excepcional estratega
petrolero quien avizoró la necesidad de un "instrumento de
defensa de los precios para evitar el despilfarro
económico del petróleo que se agota sin posibilidad
de renovarse".

Ya para esta época, Venezuela, cuya
economía depende esencialmente del petróleo,
había comprendido el significado del petróleo para
el mundo y la necesidad de llegar a acuerdos entre los
países exportadores para alcanzar el verdadero valor de este
producto estratégico.

En esas circunstancias, Juan Pablo Pérez Alfonzo
logró convocar a Irán, Irak, Kuwait y Arabia
Saudita, los cuatro países árabes de mayor
capacidad exportadora de crudo del mundo, para impulsar la
conferencia
internacional que creó la Opep, con el objetivo de
concretar la unificación de las políticas
petroleras de los países miembros.

Años más tarde se sumaron a la
Organización Qatar, en 1961; Libia e Indonesia, en 1962;
Emiratos Árabes Unidos, en 1967; Argelia, en 1969;
Ecuador, en
1973 y Gabón en 1974. Estos dos últimos se
retiraron debido a la disminución de sus volúmenes
de exportación.

Después de su ratificación por los
gobiernos signatarios la OPEP se registró ante las
Naciones
Unidas el 6 de noviembre de 1962. Fue oficialmente reconocida
como una organización internacional por el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas el 30 de junio
de 1965. (Resolución de las Naciones Unidas
No.6363)

¿Cuáles fueron las razones para fundar
la OPEP?

El nacimiento de la OPEP fue un acto de
reivindicación histórica ante el control que
ejercían las compañías transnacionales en el
negocio petrolero a expensas de los países productores.
Para mediados del siglo pasado, los precios, volúmenes de
producción y otros asuntos clave eran controlados por
siete grandes empresas internacionales conocidas como las "Siete
Hermanas" (enlace a Historia), de acuerdo a sus intereses y en
concordancia con la situación política y militar de
sus países de origen.

En febrero de 1959 y agosto de 1960, se presentaron
reducciones unilaterales para los precios fijados para los crudos
del Medio Oriente, esta situación propició que un
mes más tarde, el 9 de septiembre de 1960, por iniciativa
de los ministros petroleros de Venezuela y Arabia Saudita, Juan
Pablo Pérez Alfonso y el jeque Abdullah Al Tariki, se
propuso la creación de un denominado "Compacto Petrolero":
la OPEP, para defender los intereses de los países
productores

Al finalizar su primera reunión ministerial, la
OPEP hizo una declaración de Políticas y Objetivos
y fijó los requisitos para ingresar a la
Organización que, eventualmente alcanzaría su
número actual de 11 miembros.

La otra razón que condicionó la
creación de la OPEP la constituyó el inmenso
vacío en la gerencia del mercado petrolero mundial, la
incapacidad de las llamadas Siete Hermanas mas la
compañía francesa de petróleo para fijar los
precios del petróleo y controlar las inversiones que de
manera exagerada se habían realizado en todo el mundo, de
acuerdo con los objetivos de su convenio secreto de
operación, firmado en el Castillo de Achnacarry en 1928.
Convenio que estaba orientado a controlar:

– Todas las áreas de producción
fuera de Estados
Unidos.

– Todas las operaciones
foráneas de refinación

– Todas las patentes, conocimientos (Know-how) y
tecnologías que se refiriesen a la refinación
y:

Dividirse en forma efectiva, los mercados
mundiales, fijar los precios mundiales para los crudos y
productos, controlar los oleoductos y las facilidades de
transporte a escala
mundial.

Estos acuerdos, cuya estructura era
condenada por los Estados Unidos (apoyándose en su ley
contra el monopolio)
irónicamente fueron tolerados por el gobierno americano y
aplicadas en la mayoría de los países donde ellos
tenían sus operaciones en vista de que eran muy
beneficiosos para la estrategia energética de ese
país.

El acuerdo de Achnacarry o del "as is" (como se le
conocía) comenzó a perder vigencia; Después
de la entrada de otras empresas en el negocio petrolero
internacional, por la penetración del crudo Ruso en el
mercado europeo y por la aparición de las empresas
petroleras independientes, que también ofrecían
crudo a precios inferiores a los fijados por las Siete Hermanas
(fuera de sus canales de
distribución).

Fueron estos últimos acontecimientos los que le
abrieron la puerta a la OPEP y le permitieron su permanencia, ya
que el mercado petrolero demandaba una mayor
estabilidad.

Países Integrantes

Actualmente, la OPEP está integrada por 11
países productores y exportadores de petróleo,
ubicados en América, Asía y África, los
cuales agrupan una población de alrededor de 525 millones de
personas y cuyo principal producto de exportación es
el
petróleo:

Arabia Saudita

Argelia

Emiratos Árabes Unidos

Indonesia

Irak

Kuwait

Nigeria

Qatar

República Islámica de
Irán

República Socialista de Libia

Venezuela

Para estas naciones el petróleo constituye el
principal motor de
desarrollo económico, político social y la renta
petrolera no sólo contribuye a la expansión de su
plataforma económica e industrial, sino constituye el
motor fundamental para proveer a sus habitantes de empleo,
educación,
salud, y calidad de
vida.

Objetivos de la Organización

Los principales objetivos de la OPEP son:

1.- Coordinar y unificar las políticas petroleras
de los países miembros y determinar los medios
más idóneos para salvaguardar sus intereses
individuales y colectivos

2.- Buscar las mejores vías y medios para
asegurar la estabilización de los precios en los mercados
internacionales, con miras a eliminar las fluctuaciones
perjudiciales e innecesarias

3.- Proveer a las naciones consumidoras un suministro de
petróleo de un eficiente, económico y regular y un
retorno justo de capital para las inversiones de la industria
petrolera

Funcionamiento

La máxima instancia de decisión en la
Organización de Países Exportadores de
Petróleo es la Conferencia de Ministros, donde se
reúnen los representantes de los países miembros, o
Jefes de Delegación.

Esta instancia se apoya en varios comités
ministeriales, la Junta de Gobernadores, la Comisión
Económica y otros Comités Técnicos.
Adicionalmente cuenta con el Secretariado de la OPEP, un cuerpo
técnico permanente y de alto nivel profesional.

Los Ministros de petróleo de los países
miembros se reúnen durante las denominadas Conferencias de
la OPEP, para coordinar y unificar sus políticas
petroleras y para promover la estabilidad y prosperidad en el
mercado. Para ello se poyan en la secretaría de la OPEP,
organización supervisada por el cuerpo de Gobernadores,
bajo la dirección del Secretario General, respaldados
asimismo por otros cuerpos como la Comisión
Económica, el Comité Ministerial de Seguimiento y
otros Comités Ministeriales establecidos de acuerdo a las
circunstancias del mercado.

En estas reuniones los países miembros consideran
la situación actual y futura del mercado petrolero,
revisando las proyecciones del período bajo
consideración y sugiriendo los cambios que deberían
realizar a sus políticas petroleras. Por ejemplo, en
conferencias anteriores los países miembros han decidido
aumentar o reducir, en forma colectiva su producción
petrolera para mantener precios estables y suministros seguros a los
consumidores, en el corto, mediano y largo plazo.

Políticas de la OPEP

Las políticas de la organización han
estado orientadas a defender los precios petroleros y a mantener
el poder
adquisitivo de los ingresos petroleros de los países
miembros. EN la actualidad los mayores esfuerzos de la
organización están dirigidos a alcanzar y mantener
un mercado petrolero estable, contrariamente a lo que se
hacía en el pasado, cuando el énfasis se daba a la
fijación o administración de los precios
petroleros.

Desde marzo del año 2000 los esfuerzos estuvieron
orientados a lograr estos objetivos a través de un
programa regulatorio de producción que limita la oferta OPEP
–y de algunos países no OPEP que colaboran con el
sistema- dentro de niveles que apoyan una banda de precios
considerada como conveniente para productores y consumidores
(22-28 USD/barril)

Previo a esta decisión de marzo del año
2000, la OPEP practicó diferentes esquemas y
políticas de control de mercado: Así hasta 1973
aceptó los precios fijados unilateralmente por las
transnacionales, entre 1973 y hasta 1974 comenzó a fijar
los precios de los crudos OPEP en el mercado hasta que en 1985
Arabia Saudí renuncia a la estructura de precios de la
OPEP y la organización abraza la política de
"Participación de Mercado" –iniciándose la
guerra de
precios- Después de un breve período de un
año, la OPEP retoma la gerencia del mercado (A partir de
1987), actuando únicamente como reguladora de
producción. Desde 1987 hasta el año 2000 la OPEP
sólo se interesa en el cumplimiento de las cuotas las
cuales muy pocos países respetaban, obligando a la
Organización a buscar nuevas estrategias.

La OPEP necesita una estabilidad en el mercado y se
esfuerza por entregarle a los consumidores los suministros
petroleros a un precio razonable. Ella busca la prosperidad del
negocio petrolero para beneficio de productores y consumidores,
la cual ha logrado de diferentes formas, algunas veces reduciendo
voluntariamente el petróleo que produce y, en otras,
aumentándolas, cuando se ha presentado una escasez de crudo
en el mercado.

Las políticas de control de producción de
la OPEP afectan los precios de los crudos en forma directa,
mientras que a los productos refinados (tales como la gasolina)
solo lo hace en forma indirecta y en menor proporción,
debido a la carga impositiva que aplican los países
consumidores a estos productos que, en algunos casos asciende al
70% del valor del producto.

Conclusión

Luego de haberse planteado todo lo referente a la
Nacionalización del Petróleo, así como sus
antecedentes, desarrollo y situación actual, se puede
determinar que la temática planteada en esta Investigación, es muy importante, pues ha
trascendido nuestras fronteras y ha influido de manera
trascendental en la economía y muchos otros aspectos
específicos de la nación y sus
habitantes.

Dicha temática, se refiere a como se dio inicio
(en términos generales) al uso de este recurso tan
importante como lo es el Petróleo; luego en como se inicia
la actividad petrolera en nuestro país, la cual constituye
un hecho trascendental para la nación, pues se evidencia
el gran desconocimiento y la desorganización en cuanto a
la exploración y explotación de este recurso,
así como también se refleja una gran
intromisión en el país de empresas transnacionales,
pues lo que comienza con la constitución de la empresa conocida como
Compañía Nacional Minera Petrolia del
Táchira, fundada y dirigida por venezolanos, cuyo fin era
explorar y explotar este recurso, termina por generarse en una
situación de Concesiones tras concesiones a empresas
extranjeras para dicho fin planteado.

Siguiendo este orden de ideas, a medida que van
constituyéndose gobiernos tras gobiernos, estos van
efectuando ciertas modificaciones en cuanto al Marco
Jurídico Legal, con el fin de que la actividad petrolera
estuviera mas controlada y las ganancias que ello generara, una
parte se destinara al fisco, pero siempre colocando los intereses
particulares en primera instancia a los intereses nacionales, es
decir que las empresas extranjeras terminaban por absorber las
mayores ganancias y el Estado solo con una parte.

Tal situación, termina en cierta forma aparente,
cuando en el primer gobierno de Carlos Andrés
Pérez, se promulga una supuesta Nacionalización del
Petróleo, lo cual disfraza por mucho tiempo la
situación de la actividad exploradora, explotadora y
comercializadora del petróleo, donde solamente se eliminan
los nombres de las Compañías Extranjeras que para
ese entonces existían, pero seguía
manteniéndose inalterable los integrantes de las mismas,
pues estos pasaron a formar parte de la nueva estructura
gerencial de PDVSA, manteniéndose así, vigente la
forma y estructura de la gestión
que para ese momento se tenía.

Posteriormente, con el inicio del Gobierno actual del
Presidente Hugo Chávez, se empieza a tornar la
temática del petróleo ciertamente discutible, por
el hecho de que existía un Estado dentro del Estado, es
decir PDVSA, ya que la misma se encontraba controlada por unos
pocos y el Estado casi no tenía participación en la
formulación de los planes y políticas que PDVSA
debe ejecutar, pues la legislación establece, que en orden
de jerarquía, es el Ministerio de Energía y Minas
(actualmente Ministerio de Energía y Petróleo)
quien coordinadamente con PDVSA debe formular los diferentes
planes en materia petrolera.

Todo ello redunda en una profunda problemática,
la cual es generada por sectores políticos opuestos al
Gobierno actual, que incluso llega a la situación de
generarse un llamado "Paro Cívico Nacional", que incluyen
una paralización total de la economía nacional,
incluyéndose la actividad petrolera, lo cual genera una
crisis nacional.

Luego de este suceso trascendental para la nación
venezolana, se inicia una etapa de reestructuración de
PDVSA y sus Filiales, y todo lo que comprende la actividad
petrolera en Venezuela, lo que lleva a denominarse, según
el gobierno actual, "una auténtica nacionalización
del petróleo". Siguiendo así con la
elaboración y promulgación de Nuevas leyes que
regulen la actividad petrolera, así como la forma de
otorgar las Concesiones petroleras a empresas extranjeras,
mediante la forma de Empresas Mixtas, que no es mas que el Estado
tiene una mayor participación con respecto a la Empresa
que ejecuta la labor operativa de exploración y
explotación, así como la comercialización de este
recurso.

Finalmente, se puede mencionar que la temática
del petróleo ha tenido una trascendencia para Venezuela,
tanto que incluso es el fuerte económico de esta
nación, que se constituye en una de las principales
fuentes de
ingresos por este concepto, y que con base en ello, se ha buscado
diversificar la economía nacional.

Muy aparte, en la presente investigación se
destaca la importancia que tiene la OPEP para Venezuela, pues es
uno de los Organismos internacionales que regula y coordina la
producción de petróleo de los países
miembros, y cuya participación de Venezuela es resaltante,
ya que la creación de este organismo fue iniciativa del
entonces Ministro de Minas e Hidrocarburos Juan Pablo
Pérez Alfonzo, lo cual coloca a la nación
venezolana como protagonista en la fundación de este
prestigioso organismo.

Bibliografía

Duarte Carrillo, Néstor Hugo

Caracas, octubre de 2006