Tristezas de Zapotitlán – Violencia e inseguridad en el mundo de la subalternidad
- Linchamientos en el
México de la modernidad - Los
linchamientos de Zapotitlán - Análisis
- Conclusión:
La violencia como modo de relación
social
No vale nada la vida,
la vida no vale nada.
Comienza siempre
llorando
y así llorando se
acaba.
Por eso es que en este
mundo
la vida no vale nada.
Entre fines de la década de 1980 y fines de la
siguiente, más de un centenar de linchamientos se
registraron en varios estados de México,
así como en la ciudad capital.
Detonados por acciones
delictivas imputadas a las víctimas (robos, violaciones,
asesinatos, atentados contra aspectos de la vida comunitaria) y
enmarcados por escenarios de empobrecimiento, inseguridad,
abusos e impunidad
policíaca o militar, la gran mayoría de los
linchamientos muestran a pobres haciéndose justicia, o
venganza, contra otros tan pobres como ellos mismos.
Este artículo enfoca uno de esos casos de
linchamiento: el que tuvo lugar en el municipio de
Zapotitlán Tablas, estado de
Guerrero, el 18 y 19 de diciembre de 1993. En sí mismos,
los linchamientos de Zapotitlán no presentan rasgos de
excepcionalidad. Sus motivaciones, sus modalidades de
ejecución, quienes se desempeñaron como
víctimas y como victimarios, el escenario en que se
ejecutaron, son parecidos a los de muchos otros linchamientos en
comunidades rurales. Su notoriedad se debió, posiblemente,
a que tuvieron lugar en un momento particular de la vida del
país, cuando México, aún presidido por
Carlos Salinas de Gortari, se aprestaba a ingresar al Tratado de Libre
Comercio de América
del Norte.
En ese tiempo Salinas
y su gobierno eran
celebrados en el ámbito financiero y por muchos
académicos serios como ejemplos de
modernización y civilidad. Bajo su mandato, se afirmaba,
México abandonaba el atraso, ingresaba a la OCDE y se
instalaba en el primer mundo. La foto de los linchados, en
la primera plana de los diarios de circulación nacional,
provocó reacciones de espanto. Los más inspirados
recordaron a Calderón de la Barca y citaron Fuenteovejuna.
Otros se horrorizaron ante lo que aparecía como la
emergencia brutal de las fuerzas, que se creían eliminadas
para siempre, del México bárbaro. Y, sin embargo,
los linchamientos de Zapotitlán ni fueron los primeros, ni
habrían de ser los últimos. En los siete
años anteriores se habían registrado por lo menos
una veintena de casos similares –detalle más,
detalle menos— en diferentes estados del país; en
los cinco años siguientes se registrarían
más de ochenta. Unos y otros además de decenas de
casos anuales de ejecuciones por cuerpos armados al servicio de
terratenientes o de caciques locales, extralimitaciones
policiales y militares, enfrentamientos entre familias, choques
entre comunidades indígenas, conflictos
religiosos, confrontaciones políticas.
El fenómeno del linchamiento no es privativo del
México contemporáneo; hecho semejantes ocurrieron
en esta misma época en Guatemala y
Brasil, y con
menor frecuencia en Haití, Honduras y Ecuador.
Tampoco es privativo de sociedades
multiétnicas, o de escenarios rurales o de fuertes
vínculos comunitarios; en la última década
se registraron más de una docena de linchamientos en
ciudades de Argentina. Sin embargo, cada escenario imprime al
hecho un perfil particular y un significado específico.
Sobre el telón de fondo del recurso a la violencia y al
castigo por mano propia surge un amplio arco de elementos
detonantes, motivaciones coadyuvantes, hechos circunstanciales,
ingredientes de oportunidad, que convierten al linchamiento en la
síntesis de una matriz
compleja de tensiones y conflictos de mayores
proyecciones.
1. Linchamientos en el México de la
modernidad
En sociedades como la mexicana, donde las fronteras
entre el Estado y la sociedad,
entre lo público y lo privado, entre secularización
y sacralización, son aún porosas, y donde las
solidaridades del parentesco, el barrio, la comarca o la etnia compiten
con las comunidades imaginadas del Estado, la clase y la
nación,
casi cada dimensión de la vida civil plantea como
posibilidad real el procesamiento violento de las controversias.
Los conflictos interindividuales adquieren rápidamente el
carácter de enfrentamientos entre familias
o entre comunidades.
En escenarios de precariedad e inestabilidad
económica la violencia es una forma normal de
mediación de las relaciones sociales cotidianas. La
sobrevivencia física y el prestigio
social pueden depender de la capacidad de los individuos para
desplegar una amenaza verosímil de violencia. La debilidad
del monopolio
estatal de la coacción física, la tolerancia del
estado frente a despliegues de violencia privada, la
extralimitación de las agencias estatales de
prevención y coacción, la inseguridad del mundo de
la pobreza,
refuerzan la cultura
tradicional de tenencia y uso de armas, y de
resolución violenta de conflictos familiares, vecinales o
de otra índole.
Los linchamientos expresan con dramatismo la conflictiva
coexistencia de diferentes órdenes axiológicos y
normativos dentro de una misma sociedad; la existencia de
profundas fracturas en su orbe cultural; la muy parcial eficacia de las
instituciones
públicas y su reducida legitimidad. En particular, llaman
la atención sobre la presencia de una
pluralidad de concepciones sociales respecto de la legalidad, del
delito y de la
asignación de responsabilidades –por lo tanto, de la
causalidad social. Ilustran asimismo sobre el carácter
desigual y contradictorio de los procesos
convencionalmente denominados de modernización, que
avanzan mucho más rápido en la implantación
formal de las grandes instituciones y en procesos macrosociales
que en la gestación de nuevos comportamientos y
prácticas microsociales. Dan cuenta, por lo tanto, del
carácter inacabado del proceso de
construcción estatal, tanto en su
dimensión cultural o ideológica, como en lo que
toca a la eficacia y a la legitimidad de su penetración en
la sociedad.
Dada la solidez institucional del Estado mexicano en
comparación con otros de América
Latina en contextos multiétnicos y en
geografías similarmente extensas y variadas, y el
despliegue de las instituciones estatales en todo el territorio
del país, la afirmación anterior puede parecer un
sinsentido. Sin embargo la presencia física del Estado, en
particular de sus instituciones de coacción y control de la
población, cuando carece de legitimidad
–vale decir, cuando entra en conflicto con
las expectativas y las valoraciones de grupos
determinados de población– genera efectos tan
conflictivos como la ausencia de tales instituciones cuando la
población siente que la necesita.
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