La triple frontera (Brasil, Argentina y Paraguay) ¿Terrorismo o criminalidad? (página 2)

Para esta postura el gris jurídico y la inseguridad
que presentaría Triple
Frontera, es el factor que permitiría que el terrorismo
fundamentalista obtenga logística, fondos, armamento y un centro de
operaciones
fuera del alcance del control de la
Justicia.

La ciudad mas dañada por estas acusaciones es
Ciudad del Este, en el lado paraguayo, debido al contrabando y
la venta de
mercadería falsificada.

Con respecto a la conexión paraguaya con las
FARC (Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia), en
Paraguay,
las investigaciones
en torno al Secuestro
de Cecilia Cubas Gusinky, hija del ex presidente de ese
país, hasta el momento han determinado que seis
colombianos miembros de las FARC, entraron por Bolivia dos
meses antes del secuestro. Luego de la muerte de
la hija del ex mandatario, los colombianos habrían
escapado del Paraguay. Su entrada al país supuestamente no
fue registrada porque lo hicieron de forma
clandestina.

Según fuentes de la
Justicia del Paraguay, la banda tenía una estructura
bastante compleja formada por planificadores, reclutadores y otra
clase de
miembros como los negociadores.

EL fiscal de la
causa considera que serían entre 40 ó 50 los
secuestradores. Entre los arrestados hay miembros de Patria Libre
del Paraguay, grupo que
pertenece al Foro de Sao
Paulo. Por su parte el Sistema de
Inteligencia
de Colombia habría descubierto emails relacionados al
secuestro, enviados entre Raúl Reyes (máximo jefe
de las FARC) Rodrigo Granda Escobar (conocido como el canciller)
y el procesado Osmar Martínez como jefe del grupo de
secuestradores. En los mensajes electrónicos se da
asesoramiento en el secuestro de Cecilia Cubas, y de los 5
millones de dólares que se piden por el
rescate.

Para la Fiscalía paraguaya, en el Gran Buenos Aires
estaría operando una célula de
las FARC. Osmar Martínez habría tenido comunicaciones
con ese grupo para el secuestro de Cecilia Cubas. La misma
estaría organizada por profesionales con alto nivel de
entrenamiento
en operaciones de secuestro. Es así como las FARC
buscarían formar células en
otros países, principalmente para tener rutas donde
recibir armas, que son
cambiadas por drogas o
dinero. El
propio gobierno
colombiano encontró en operaciones militares, armamento
robado al ejército paraguayo que será devuelto a
dicho país.

El gobierno paraguayo informó que está
tras la pista de un miembro de las FARC conocido como ?Hermes?,
quien prestó asesoría para el secuestro y posterior
asesinato de Cecilia Cubas. El vicepresidente de Paraguay,
Luís Alberto Castiglione, dijo al término de una
visita a Colombia, que en su país hubo presencia de
asesores de las FARC, entre ellos un colombiano conocido como
Hermes quien habría asesorado a los delincuentes
paraguayos.

Agregó que según las investigaciones
Hermes es muy cercano a los jefes de las FARC y que reside en
Brasil,
probablemente también muy vinculado a la mafia
brasileña. Destacó también que gracias a la
cooperación de Colombia se logró desarticular
la
organización delictiva que secuestró y
asesinó a Cecilia Cubas. También se dio inicio a la
capacitación de fiscales y policías
paraguayos en inteligencia y lucha contra el narcotráfico.

Una situación que esta afectando a la
visión sobre la seguridad en la
Triple Frontera, son
las operaciones en conjunto y la nueva legislación que
están teniendo Colombia y Brasil. Estos dos países
realizaron en mayo pasado la operación ?Colbra? que tuvo
como fin el entrenamiento en derribar aviones ilegales
sospechosos de pertenecer a los carteles del narcotráfico
o a las guerrillas (FARC y ELN).

El objetivo es
comenzar una acción
de lucha fronteriza de forma conjunta que esta coordinada por los
destacamentos militares de las fronteras de ambos países y
que se realiza con elementos de las respectivas Fuerzas
Aéreas.

Estas acciones no
permiten a los aviones ilegales fugarse, ya que al momento de
despegar de cualquiera de los dos territorios nacionales, son
interceptados por sistemas de
radares que alertan a los aviones de combate y a las unidades de
comunicaciones y apoyo terrestre.

En principio este nuevo sistema de vigilancia se esta
llevando a cabo en una zona estratégica para ambos
países, que va desde San Gabriel a Leticia, abarcando unos
240.000 kilómetros cuadrados. Cabe destacar que ambos
países cuentan con la legislación interna que los
habilita a efectuar este tipo de maniobras militares para
derribar aviones considerados sospechosos.

A su vez la Fuerza
Aérea Brasileña (FAB) monitorea el espacio
aéreo en la zona de frontera entre Paraguay y Brasil. Esta
medida fue anunciada por el Comandante de la Aeronáutica
brasileña, Brig. Luiz Carlos da Silva, e implamentada con
la finalidad de frenar la constante violación de
territorio brasilero por narcotraficantes que operan en esta
parte del país, refiriéndose al área de
Pedro Juan Caballero y a Capitán Bado.

Están a cargo de la fiscalización del
espacio aéreo, durante las 24 hs. entre 10 y 12 aeronaves
con un total de 90 efectivos de la FAB. Su base se encuentra en
la ciudad de Campo Grande, Capital del
Estado de
Matto Grosso del Sur.

Luego de la captura en Santa Cruz de la Sierra
(Bolivia), de Antonio Roberto Ramos y Elsoni de Oliveira, ambos
brasileños, Miguel Linker, boliviano, y el hallazgo en su
poder de una
de las tres avionetas robadas en Curumba, se descubrió que
una de estas naves, fue reducida en un establecimiento ubicado en
la Colonia Pirá y de Capitán Bado, zona de dominio de
conocidos traficantes fronterizos.

En menos de seis meses, unas siete aeronaves
brasileñas fueron robadas de Campo Grande y Corumbá
por bandas de narcotraficantes y llevadas a Bolivia y Paraguay,
desde donde son utilizados para transportar drogas, municiones y
armas al mercado
brasileño, aprovechando el escaso control del espacio
aéreo del Brasil en la zona.

En este país las FARC y los narcos
brasileños se encontrarían trabajando en conjunto.
Esto lo realizarían por medio del paso de drogas de
Colombia a Brasil a través de Paraguay. Según
documentos de
los Estados Unidos,
los narcos brasileros no se han aliado con la guerrilla
colombiana sino con sus raíces
en Paraguay.

Para O Globo, la cooperación se da luego de
que el gobierno brasilero fortaleciera la ley que autoriza
a la Fuerza Aérea nacional a derribar aviones sospechosos
que sobrevuelen su país. Entonces, como el tráfico
de cocaína se
vuelve más peligroso por vía área de
Colombia a Brasil, la alianza compromete a las FARC,
hoy instalada en Paraguay'.

La cocaína va desde el sur de Colombia en
pequeños aviones que despegan en pistas clandestinas de
las FARC, pasan por Bolivia y aterrizan en Paraguay. Ahí
la droga es
descargada en fincas de los narcos, luego sigue por ruta. En las
rutas desde Paraguay llega a Brasil, vía Triple
Frontera, donde un poco de la droga queda
para consumo
interno de Sao Paulo y Río de Janeiro, y otro poco
sigue a Estados Unidos, Europa, Japón,
Australia y Sudáfrica. Las armas y parte del dinero
irían para las FARC como pago en una especie de peaje por
el uso de sus pistas.

Brasil en los últimos tiempos es, de los
países que conforman el triangulo de Triple Frontera, el
que mas controles esta realizando. Principalmente el paso de
personas que ingresan a Brasil por Foz de Iguazú desde
Ciudad del Este.

Esto ha provocado las sucesivas quejas de los
comerciantes de la zona. Esta nueva política de seguridad
en el área por parte de los brasileños
demostraría el alineamiento que este país esta
teniendo con la política exterior de los EE. UU. con
respecto a la existencia de crimen
organizado en tres fronteras.

Esta situación afecta al propio Brasil, el cual
ha perdido ingresos fiscales
provenientes del turismo que venia desde
Ciudad del Este. En este sentido Receita Federal, el organismo
brasilero encargado de la recaudación, también ha
endurecido las inspecciones, situación que provocó
el despido de dos mil empleados de comercios de la zona que se
han visto obligados a cerrar, a la vez que se produjo la perdido
de diez millones de dólares en intercambio comercial. Esta
situación a empujado a ambas naciones a firman un acuerdo
que tiene fin descomprimir los controles fiscales en Ciudad del
Este, segundo centro mas importante del Paraguay.

Con respecto a la amenaza terrorista, Los EE. UU. desde
la voladura de la embajada de Israel (1992) y
la AMIA (1994) ambas en la ciudad de Buenos Aires, ha afirmado la
idea de que Triple Frontera es la subregión
latinoamericana mas peligrosa desde el punto de vista de la
seguridad. Evidentemente esta postura cae en el reduccionismo al
obviar el conflicto
colombiano, en el cual las fuerzas insurgentes dominan más
del 40 % del territorio de Colombia, en el cual administrar
justicia y dirigen las economías locales de las zonas
ocupadas.

Esta misma posición fue la tomada por el juez
Galeano en el proceso
judicial por los atentados terroristas en Buenos Aires. Para el
juez argentino todas las pistas indicarían que los ataques
fueron perpetrados por células pertenecientes a grupos
fundamentalistas pro iraníes afiliados al Hizbullah, a la
vez que habrían tenido el apoyo logístico y
operacional de la comunidad
musulmana de Triple Frontera. Esta teoría
cubrió de sospechas a los ciudadanos de origen
árabe de la zona que desde los 70? se dedican a la
actividad comercial.

La postura de Galeano, aunque pudo estar influenciada
por la información provenientes de servicios de
inteligencia extranjeros, entre los que destacan la CIA
Norteamérica y el MOSSAD israelí, encontró
un marco de aceptación debido al hecho de que Triple
Frontera era conocida históricamente por el comercio
mayoritariamente ilícito que tenia como actividad mas
importante, a lo que se sumó la participación
confirmada de mafias y carteles de la droga provenientes de
diferentes países (China, Corea,
Colombia, Rusia).

A pesar de lo anterior, aun hoy no se ha podido
demostrar fehacientemente que en el triangulo de tres fronteras
existen células o asistencia logística para grupos
como Hizbullah, Hamas, Yihad Islámica o Al
Qaeda.

El 11-S fue el inicio de una nueva época de
sospechas sobre la región. Douglas Feith, uno de los
directores máximos del Departamento de Defensa de los EE.
UU. aconsejó después de los ataques terroristas a
Washington y New York, que se invadieran las tres ciudades que
integran la zona, ya que supuestamente esta sería uno de
los ?santuario? de la organización AL Qaeda. La idea fue expuesta
en el tercer aniversario de los atentados terroristas, en un
reporte de la comisión independiente sobre los ataques del
11-S y fue publicado en la revista
Newsweek.

Estas tendencias duras con respecto a la seguridad en la
región, fueron determinantes para la creación en el
2002, del grupo denominado ?3+1? que esta conformado por miembros
de la diplomacia argentina, brasilera, paraguaya y de los EE.UU.
y que tiene como fin evaluar las amenazas a la seguridad en
Triple Frontera.

Se puede asegurar que Puerto Iguazú tiene ciertas
ventajas en relación a la inseguridad. Al ser
considerablemente menos pobladas que Foz de Iguazú y
Ciudad del Este, es más fácil de controlar y de
hacer cumplir la legislación vigente. En este aspecto el
poco desarrollo
económico y poblacional de puerto Iguazú ha
sido su principal ventaja desde el punto de vista de la
seguridad. Cabe destacar que los mayores controles fronterizos,
aun corresponden al lado argentino, a la vez que prefectura naval
es la que mayor control ejerce sobre el Rió Iguazú
y Paraná.

Esta situación de mayor alerta en el lado
argentino, provoca que al llegar vehículos o personas por
el puente Tancredo Neves, la seguridad del lado brasilero solo se
limite a pedir la documentación, quizás en la certeza
de que las Fuerzas de Seguridad argentinas ya realizaron la
correspondiente inspección.

Como política en seguridad, Brasil
históricamente ha optado por ser más permisible al
ingreso de vehículos y mercaderías, que a la salida
de las mismas. Esta situación se basa en la lógica
de que si ingresa algún producto del
contrabando, falsificación o dinero oscuro el mismo va a
quedar en territorio brasilero. El paso desde Brasil a Paraguay
prácticamente carece de controles, lo que permite el
comercio hormiga con su correspondiente carga o el ingreso de
indocumentados.

Por su parte, el 11-S ha sido una bisagra en
relación a los controles y las sospechas que se
tenían sobre la presencia de organizaciones
terroristas (Hamas, Hizbullah, Yihad Islámica, Gamaa Al
Islamyia, Al Qaeda y grupos latinoamericanos como las FARC). Las
hipótesis que apoyan la teoría de la
existencia en la zona de tales grupos, va desde plantear que en
el lugar se refugian terroristas aislados, hasta la
afirmación de que en la Triple Frontera existen campos de
entrenamiento del terrorismo.

Estas visiones se también se apoyan de la
acusación de que en los atentados de la Embajada de Israel
(1992) y la AMIA (1994) en la Ciudad de Buenos Aires, hubo
soporte y logística desde el triangulo de las tres
fronteras.

Es probable que los activos
provenientes de ilícitos que se obtiene en la zona, sena
destinados para diferentes fines y entre estos puedan llegar
capitales a organizaciones que apoyan actividades terroristas,
pero esta hipótesis aun no
ha podido ser demostrada fehacientemente, en cierta forma porque
las pruebas se
basan en informes de
inteligencia de agencias como la SIDE argentina, la CIA
norteamericana y el MOSSAD y SHABAK (ex Shin Bet)
israelíes. Cabe recordar que los indicios que pueden
aportar la actividad de la inteligencia, no suplen a la prueba
judicial, en la legislación interna de los tres
países que abarcan a la Triple Frontera.

Aunque desde 1996 existe el Comando Tripartito de la
Triple Frontera, con fines de control y seguimiento de
actividades del crimen organizado y el terrorismo, después
del 11-S se ha intensificado la presión
que están ejerciendo los EE. UU. en su guerra global
contra el terrorismo, en los gobiernos locales para que tomen
medidas contra el flagelo terrorista En este sentido la
creación del Grupo 3+1 (Argentina, Brasil, Paraguay y los
EE.UU.) son un avance significativa en la actividad
contraterrorista en la subregión del cono sur.

En este sentido hay visiones que ven en la
posición norteamericana, una estrategia para
lograr el control militar de la Triple Frontera que
permitiría geopolíticamente tener el control del
gas de
Bolivia, suministro que continuamente se ve amenazado por los
grupos de
presión dirigidos por Evo Morales, así como
tener una base para dirigir el Plan Colombia y
el control sobre los movimientos sociales de la
región.

Por nuestra parte consideramos que las posibilidades de
desarrollo del
terrorismo fundamentalista no dependen de las
características de una región, sino de los
elementos humanos que vallan integrando las comunidades del
lugar. En este sentido la lucha contra el terrorismo es deber de
toda nación
de la comunidad internacional, ya que este flagelo es uno de los
condicionantes críticos de mayor trascendencia, debido a
que su accionar causa temor profundo en la sociedad y de
esta forma, se convierte en un actor que tiene la capacidad de
desestabilizar a los regímenes
constitucionales.

Para finalizar, podemos decir que los EE.UU. se
encuentran bajo un régimen de Estado policial, por lo
tanto están obligados a que los demás países
latinoamericanos se alineen bajo el mismo sistema. A su vez este
nuevo régimen jurídico penal se esta imponiendo en
todo el mundo, ya que las potencias mundiales han determinado que
en la ?Guerra contra el Terrorismo? debe prevalecer la seguridad
colectiva sobre los derechos
individuales.

Sin duda podemos anticipar que las presiones que realice
el gobierno norteamericano, principalmente por medio del factor
económico, a la
administración argentina, brasileña y paraguaya
serán en que se comprometan más en la agenda
mundial y regional contra el terrorismo.

Ramiro Anzit Guerrero

Especialista en Contraterrorismo y Seguridad.

Buenos Aires (1976). Abogado (USAL). Magíster en
Estudios Estratégicos (INUN). Doctorando en Relaciones
Internacionales y en Derecho Penal
(USAL). Autor del libro
?Terrorismo, Análisis de un Condicionante Critico? y
coautor de la ?Las Religiones en la
Época de la Muerte de
Dios?. Presidente del Centro Argentino de Estudios sobre
Terrorismo (CAET). Miembro de la Sociedad Argentina de Análisis
Político. Miembro del Instituto de Derecho Penal y
Criminología del Colegio Publico de
Abogados de la Capital Federal.