Partes: 1, , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
CAPÍTULO V
PROPUESTAS DEL AUTOR
1.- GENERALIDADES
El Sistema
Penitenciario venezolano requiere urgentemente una total y
verdadera reestructuración que signifique cambios
profundos en el mismo, esto obviamente, implica la
participación de todos los actores involucrados en el
proceso de
Administración de Justicia y de
la decidida cooperación del Ministerio del Interior y
Justicia.
Las iniciativas de cambio para el
sector son apremiantes, su intervención debería
comenzar por la conformación de un equipo de trabajo
integrado por especialistas desvinculados totalmente de intereses
mezquinos, cuya característica primordial debe ser la
honestidad y la
valentía.
A tales fines, resultaría pertinente que los
viejos actores del Sistema Penitenciario donde todavía se
encuentran personas que han representado verdaderos
obstáculos a las iniciativas de cambio, no tomen
decisiones relativas a esta propuesta de reestructuración.
Obedece esta postura a evitar la repetición de la misma
historia;
conviene que la participación de los funcionarios del
sistema, en principio se limite al suministro de información y a facilitar el
proceso.
Esta recomendación no significa que deba
excluírseles de la
organización, puesto hay que tener en cuenta, que en
los equipos de trabajo de prisiones se encuentran personas
técnica y profesionalmente preparadas, pero por ser parte
del problema no resultaría conveniente que asuman funciones en la
reestructuración y así evitar errores ocurridos en
el pasado.
2.- ADECUACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO A LAS
NORMAS
CONSTITUCIONALES
Cualquier proyecto de
reestructuración del sector penitenciario debe obedecer al
mandato Constitucional establecido en el artículo 272 de
la Carta
Magna, donde se indica claramente cual es el camino a seguir; en
tal sentido, tiene que adelantarse todo un proceso de
reingenieria organizativa, que implique la revisión de la
situación existente en cuanto a presupuesto
disponible; condiciones del personal adscrito
al sector de prisiones; reforma legislativa; fortalecimiento de
las dependencias funcionales; eliminación de las no
funcionales; diseño
y planificación de programas. Todo
con el fin de adecuar el sistema a la exigencia constitucional,
para ello es necesario:
- Continuar con la revisión y someter a
discusión para su pronta promulgación el Código Orgánico Penitenciario que
reposa en la Asamblea Nacional, el cual dispone de una serie de
normas donde se adecua la Ley de
Régimen Penitenciario actual al mandato constitucional.
En su defecto puede elaborarse otras propuestas siempre que se
ajusten la normativa citada. - Cumplir con la vigilancia, protección y
defensa de los Derechos
Humanos de la población reclusa, a través de la
intervención contundente de la Defensoría del
Pueblo, la Fiscalía del Ministerio Público y
los Tribunales tanto de Control, de
Juicio como de Ejecución, vigilando constantemente el
funcionamiento del régimen penitenciario, para corregir
oportunamente las irregularidades atentatorias contra los
Derechos
Humanos, sancionar a los funcionarios responsables de
violaciones de estos derechos donde las haya y atender a las
víctimas. - Proceder a la creación del Ente
Autónomo Penitenciario pautado en el articulo 272 de la
Carta Magna,
cuyo proyecto reposa en el Ministerio del Interior y Justicia,
La Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea
Nacional, esto con el fin de contar con un Organismo
Autónomo, que diseñe y ejecute la política
penitenciaria nacional; otorgarle al sector autonomía
funcional, para facilitar su tecnificación y
desvincularle del clientelismo político. - La autonomía permitirá que el futuro
Organismo Oficial, se constituya por un equipo técnico
profesional preparado para cumplir la misión,
debiendo ser seleccionado su personal por concurso de
credenciales. De igual manera puede estudiarse otras propuestas
de autonomía funcional siempre que se ajusten a la
normativa Constitucional. - Descentralizar la
administración penitenciaria transfiriendo estos
servicios a
las gobernaciones de Estado y las
Alcaldías, donde los gobernadores y alcaldes administren
con autonomía el Programa de
Tratamiento Institucional y el de Medidas de Prelibertad, en
cuanto a presupuesto, recursos
humanos, los programas de tratamiento y seguridad y
además lo referido a trabajo de los reclusos, mantenimiento y construcción, ello implica, transferir
también las competencias
del Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario y
el Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias F.O.N.E.P.,
que pudieran mantenerse para la definición de políticas nacionales o proceder a
suprimirles sustituyéndolos por una alternativa que
ofrezca mayores garantías de eficacia,
eficiencia y
operatividad.
- Mejorar el programa de tratamiento en libertad,
actualmente denominado Medidas de Prelibertad, a través
de su descentralización; asignación
presupuestaria de acuerdo a sus necesidades de funcionamiento;
asignación del personal profesional que requiere y el
nombramiento de personas capacitadas para ejercer la gerencia del
mismo. - El perfeccionamiento de ésta modalidad de
tratamiento, facilitará su instrumentación, y con ello, se
posibilitaría que los Jueces, en cumplimiento al mandato
constitucional otorguen las medidas de régimen abierto
antes que las de naturaleza
reclusoria. Esto indudablemente contribuirá al
deshacinamiento carcelario y a evitar los efectos nocivos de la
cárcel. - Realizar los estudios necesarios para reactivar los
centros penitenciarios donde se efectúen actividades
agrícolas y pecuarias, a los fines de fomentar la
actividad agrícola y dar utilidad a las
grandes extensiones de tierra con
que cuentan algunos penales del País, facilitando de esa
manera la disminución del ocio en los reclusos y la
autogestión de los reclusorios. - Realizar los estudios de factibilidad
para determinar las posibilidades de privatizar algunos
servicios en las cárceles. - Posibilitar la creación de la Carrera
Administrativa Penitenciaria, a los fines de mejorar la
estabilidad laboral, las
reivindicaciones sociales, tecnificación y la
motivación de los trabajadores del
sector.
- Definir estrategias de
forma conjunta con las diferentes instituciones involucradas en la Administración de Justicia nacional, para
atacar el retardo procesal, de manera que se cumpla con la
obligación de garantizar el debido proceso y se
disminuya el hacinamiento carcelario. - Crear las dependencias necesarias para ofrecer
Asistencia Pospenitenciaria, a los fines de facilitar el
reingreso de personas que hayan sido sometidas a
reclusión al seno de la sociedad
nuevamente. - Fortalecer el Instituto Universitario Nacional de
Estudios Penitenciarios I.U.N.E.P., entendiendo que por ser
ésta una institución universitaria, debe regir su
funcionamiento en el marco de la Ley de Universidades y el
Reglamento de Institutos Universitarios.
Este instituto pudiera funcionar como el órgano
rector de la capacitación de los recursos
humanos para toda la estructura
funcional el sector penitenciario, de acuerdo a la
política emanada del Ministerio encargado de la materia, por
tal razón, debería estar adscrito al Despacho del
Ministro; se le debería asignar su presupuesto de
acuerdo a las necesidades de funcionamiento, equipamiento y
mejoramiento de las instalaciones; clasificación del
personal docente mejorando además el salario;
asignación del personal administrativo que requiera y
nombramiento de las autoridades directivas por concurso de
credenciales. Esto evitaría que la Dirección General de
Rehabilitación y Custodia continúe asignando de
manera arbitraria las autoridades para ése
Instituto.
En materia presupuestaria sería oportuno que de
los recursos financieros que actualmente se dispone para la
ejecución del convenio con el Banco
Interamericano de Desarrollo
B.I.D., se asigne lo correspondiente a capacitación del
personal penitenciario al I.U.N.E.P., con ello, se pudiera
mejorar la contratación de docentes; se
mejorarían los programas y se ampliaría el
ámbito de cobertura de sus programas a un mayor
número de trabajadores del sector, lo que a la vez,
facilitaría el cumplimiento de los objetivos
del convenio y del I.U.N.E.P.
Resultaría contraproducente que con estos
recursos financieros, no se lograra la ejecución de un
plan de
capacitación con garantías de continuidad y
permanencia.
En el aspecto académico debe avanzarse en la
reforma curricular que se inició en el año 2.002;
debe procurarse mejorar el adiestramiento de los estudiantes en el manejo
de la parte operativa de la administración de los
centros de reclusión, y los aspectos de tratamiento como
la
educación, el trabajo,
el deporte, la
salud,
etc.
Con el propósito de involucrar más al
estudiante con la realidad carcelaria, debe facilitarse y
mejorarse las practicas penitenciarias en la materia de
seguridad, con docentes expertos e instrumentar un programa de
pasantías.
El fortalecimiento del I.U.N.E.P., permitiría
la instrumentación a corto plazo de un programa de
capacitación serio dirigido al personal de
prisiones.
- Incorporar masivamente los Técnicos Superiores
en Penitenciarismo egresados del Instituto Universitario
Nacional de Estudios Penitenciarios I.U.N.E.P. al Sistema
Penitenciario, los cuales están formados
académicamente para ejercer cargos de jefes de
régimen, coordinadores de seguridad, coordinadores de
deportes,
coordinadores de cultura,
administradores, sub directores y directores de cárcel,
quienes según la Constitución Nacional pueden ejercer
estas funciones por poseer credenciales académicas
universitarias. - Acordar con carácter obligatorio la
implementación de cursos de inducción sobre la materia penitenciaria,
a toda persona que
aspire ingresar al sistema, y elevar a seis (06) meses la
duración de los cursos para custodia
penitenciaria. - Fomentar la cultura de la planificación en el
sistema, para ello, es necesario obligar a todas las
dependencias de prisiones a presentar un plan operativo
estratégico anual que parta del plan anual de la
Dirección General de Rehabilitación y Custodia
del Recluso donde se aborden las materias de tratamiento y
seguridad. La ejecución y supervisión de los referidos planes, debe
estar a cargo de las Direcciones de Rehabilitación y de
Custodia. El uso de la planificación permitirá la
sistematización y organización, y a la vez,
posibilitará acciones
correctivas oportunas, redimencionar las metas y objetivos.
Esto además contribuirá al cumplimiento de la
obligación de ejecutar actividades de tratamiento y
seguridad en los recintos penitenciarios.
La definición de un plan facilitaría el
cumplimiento de la misión institucional, esto para
evitar que prive la improvisación que caracteriza las
instituciones de reclusión del País.
La educación y el trabajo constituyen
herramientas
imprescindibles para combatir el ocio y cambiar la conducta del
individuo,
por tal razón deben constituir aspectos importantes
tanto para la elaboración de los planes como para la
asignación presupuestaria.
- Implementar de manera emergente programas de
incorporación masiva de la población reclusa en
actividades laborales, considerando el grave daño
que genera el ocio y sobre todo la importancia del trabajo para
la creación de hábitos, aprendizaje,
satisfacción de necesidades económicas y la
preparación positiva para la reinserción
social.
En esta tarea, puede continuar haciendo aportes el
I.N.C.E como ha sido desde hace largos años; pero es
recomendable involucrar en ello la empresa
privada, los gobiernos locales, regionales y otras
instituciones que faciliten el proceso.
- Diseñar y ejecutar un plan de
construcción y mantenimiento de la infraestructura
carcelaria, donde se prevea acondicionamiento real de espacios
para la preparación adecuada de alimentos,
prestación de servicios de salud, educación,
trabajo, cultura, y deportes con asignación de recursos
presupuestarios ajustados a las necesidades del sector;
paralelamente se deben definir las estrategias para evitar que
los reclusos deterioren las instalaciones construidas ó
recuperadas.
El mejoramiento de las instalaciones físicas de
los centros de reclusión, permitirá elevar la
calidad de las
condiciones de vida, al posibilitar la prestación de
servicios fundamentales, facilitará la
redistribución equitativa de los reclusos e
incidirá en la solución del problema de
hacinamiento.
- Atacar fuertemente la corrupción con apoyo interinstitucional,
a través de medios de
inteligencia, procurando oportunamente que se
establezcan responsabilidades sobre cualquier hecho irregular
tanto administrativa como penalmente. La dependencia que se
encargue de esta misión pudiera estar adscrita al
Despacho del Ministro, a los fines de poder
intervenir desde la Dirección General, las Direcciones
de Línea, las Divisiones y las Direcciones de
cárcel, ya que en el pasado se han visto involucrados en
hechos de corrupción funcionarios de diversa
jerarquía, lo cual no puede descartarse en la
actualidad. - Concretar la revisión de los expedientes
laborales de los directores de cárcel del momento;
evaluar su capacidad de desempeño para decidir su destino
laboral, e instrumentar un programa de formación en
materia gerencial que permita su actualización y la
superación de debilidades en el ejercicio de la función
de gerentes institucionales. Se debe prever en estos programas
el manejo de herramientas teórico prácticas para
el trabajo en
equipo en el marco de una visión sistemica, de
eficacia, eficiencia y calidad.
Indudablemente lograr los objetivos planteados ocupa
bastante tiempo, por
ser un proceso difícil de implementar, sobre todo al
considerar la hipertrofia organizativa en que se encuentra el
sector; pero sólo a través de estos cambios es
posible lograr un mejoramiento real de la
situación.
3.- MEDIDAS TRANSITORIAS
Paralelamente al proceso de reestructuración,
dada la crisis grave
en que se encuentra sumergido el sistema; en tanto se hacen las
evaluaciones pertinentes; los estudios de factibilidad; se
plantea la descentralización, y se emprenden otras
acciones logrables a largo tiempo; resulta necesario intervenir
algunas áreas operativas para lo cual se plantean algunas
medidas transitorias tales como:
3.1.- INTERVENCIÓN DEL AREA DE PERSONAL Y DE
LA CAPACITACIÓN
La administración de los recursos humanos
será más provechosa en la medida en que se entienda
que constituye el elemento más importante de la
institución, esto implica rigurosidad en el proceso de
selección, para escoger los más
capaces con vocación de servicio,
involucrándolos desde el inicio a los programas de
inducción, capacitación y actualización,
reconocimiento del éxito,
mejoramiento de las condiciones del ambiente
laboral y reinvindicaciones salariales, ajustando los salarios a las
necesidades.
En materia de selección es necesario que los
profesionales que se recluten para ejercer los cargos de autoridad en
el sistema, desde los altos niveles e intermedios cuenten con
habilidades y conocimientos gerenciales, remediando las fallas de
actualización a través de un programa de
capacitación permanente que pudiera estar a cargo del
I.U.N.E.P., donde la materia de planificación, gerencia y
administración de recursos humanos, sea de obligatoria
revisión.
Por otra parte resulta inminente dar solución a
la hipertrofia que observa la nómina
del personal asignado al sector penitenciario, la cual requiere
en forma inmediata de un proceso de sinceración donde se
determinen las necesidades reales de personal por áreas de
servicios, a fin de definir que cargos deben ser creados o
eliminados.
Esto además, posibilitará la
revisión de los expedientes laborales y administrativos
para decidir el futuro laboral de los funcionarios con
relación a jubilaciones, incapacidad por razones de salud
ó remociones.
Logrado este paso, puede conocerse sobre las necesidades
de ajuste de las nóminas
para adaptarlas a los requerimientos reales de cada centro, tanto
el área de seguridad como la de tratamiento, es decir, se
determinaría el requerimiento de personal técnico,
administrativo y de seguridad acorde al tamaño de la
población reclusa que albergue cada centro y a sus
condiciones particulares.
Este sería un adelanto importante para un
planteamiento diagnostico que pudiera ser presentado ante las
autoridades regionales, en la oferta de
convenio de descentralización como parte de la etapa de
transición, lo cual serviría a las autoridades
regionales para planificar los recursos humanos que
necesitarían para atender el nuevo servicio.
Otro aspecto que requiere atención es la promoción del personal a través de
ascensos por concursos y meritocracia, para evitar el amiguismo y
con ello la desmotivación del personal emprendedor y
abnegado.
En la misma etapa de transición es necesario
atender el área de capacitación, a través de
la captación de las necesidades y la determinación
de los contenidos que deben impartirse al personal. Para esto,
puede solicitarse el apoyo a instituciones locales.
Para la actualización del personal en materia de
seguridad, es decir, manejo de información en cuanto a
planes de atención inmediata de contingencias; técnicas
de contención apropiadas; procedimientos
internos, etc., puede involucrarse validamente la Guardia
Nacional. Mientras que otras instituciones pueden prestar auxilio
en la disertación de contenidos como: legislación,
comunicación, liderazgo,
integración grupal, relaciones
humanas, Derechos Humanos, negociación de conflictos,
toma de rehenes, desarrollo
personal, motivación
al logro, etc.
Atendiendo el artículo 4º de la
Constitución de la República que establece los
principios de
integralidad territorial, cooperación, solidaridad,
concurrencia y cooresponsabilidad, contactar el apoyo de
gobiernos locales y regionales para la capacitación del
personal, donde el I.U.N.E.P. puede jugar un papel
protagónico como única Institución Educativa
del País dedicada a la formación de personal
penitenciario, pudiendo hacer importantes aportes para la
definición de los contenidos programáticos y la
coordinación de los cursos que se requieran
en cada región.
Estas medidas permitirían la incorporación
del personal de seguridad y de tratamiento en un programa de
capacitación serio, con la ejecución de cursos de
adiestramiento, actualización y especialización,
programados para las áreas específicas de
atención, con una duración que facilite el
desarrollo de las temáticas en el tiempo prudencial, y
superar la limitación actual de programas intensivos que
escasamente permiten abordar generalidades.
Esta iniciativa de capacitación pudiera
emprenderse desde el Despacho del Ministro del Interior y
Justicia, donde indudablemente debe considerarse la
participación la Dirección General de
Rehabilitación y Custodia, y la cooperación de los
Directores de cárcel puede ser muy importante como lideres
locales de la institución.
En tal sentido puede acudirse a diferentes instituciones
de seguridad, Universidades e Institutos de Educación
Superior locales e internacionales, dependencias
públicas y privadas que puedan hacer aportes.
Para todo ello es necesario entender el alcance de la
capacitación de los recursos humanos para obtener eficacia
y eficiencia, al momento de esperar resultados, para Cherman.
Bohlander. Snel. "La razón fundamental de
capacitar los nuevos empleados es darles los conocimientos,
aptitudes, y habilidades que requieren para lograr un
desempeño satisfactorio. A medida que los empleados
continúan en el puesto, la capacitación adicional
les da la oportunidad de adquirir conocimientos y habilidades
nuevas. Como resultado, es posible que sean más eficaces
en el puesto y puedan desempeñar otros puestos en otras
áreas o niveles más
elevados".49
Dada la especificidad del sector penitenciario y su
acontecer actual, resulta impostergable la generación de
un programa serio que aborde esta área de vital
importancia para el sistema, teniendo en cuenta que muchas de las
debilidades pudieran obedecer a la ignorancia, la
desactualización, la falta de integración de los
equipos de
trabajo o a la desmotivación, donde la
capacitación puede constituir un factor de
atracción para la identificación con los objetivos
de la organización.
Por otra parte, resulta pertinente promover en todos los
niveles de la estructura institucional del sector de prisiones la
identificación del personal con la visión, la
misión y los objetivos a corto, mediano y largo plazo que
deben lograrse, donde la descentralización de ésta
competencia tenga
importancia preponderante, a los fines de debilitar la
oposición al cambio.
Esto requiere del pleno convencimiento de las
autoridades de la Dirección General de
Rehabilitación y Custodia del Recluso y sus diferentes
niveles operativos, sobre la necesidad de mantener un programa
permanente de capacitación y actualización del
personal, lo que no es otra cosa que la definición de la
política de formación de los recursos humanos del
sistema.
En cuanto a la supervisión y control, deben
fortalecerse los dispositivos destinados al seguimiento del
desempeño laboral, y sobre todo lograr un compromiso desde
los más altos niveles de la estructura
organizativa.
3.2.-ABORDAJE DE LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO AL
RECLUSO
Conociendo la seria crisis de desasistencia actual hacia
la población reclusa y la flagrante violación de
sus Derechos Humanos, resulta inminente tomar medidas
extraordinarias. Sabemos, que el Estado
Venezolano a través de las dependencias del sector
está en la obligación de suministrar el personal,
equipos, instalaciones y demás logística para la planificación,
ejecución y supervisión de los programas de
tratamiento que permitan la rehabilitación.
Se conoce que existen grandes limitaciones y que la
situación alcanza límites de
deficiencia históricos. En tanto se produce la
descentralización del sistema, se aprueba la reforma de la
Ley de Régimen Penitenciario y se crea el Ente
Autónomo Penitenciario, es pertinente definir estrategias
de acción
para abordar el área de tratamiento, estableciendo
prioridades, y clasificando la situación por problemas,
para así, a través de la planificación
estratégica poder dar una respuesta en un periodo de
transición, lo que implica, un proceso de motivación e involucrar a los funcionarios
de seguridad, profesionales, reclusos y familiares en un proyecto
conciliatorio e interinstitucional que permita brindar
asistencia.
Para ello, es posible sumar las voluntades del
colectivo, llámese, gobiernos regionales,
alcaldías, Organizaciones no
Gubernamentales y demás representantes de la sociedad civil,
donde además de permitirles la participación
prevista en el articulo 184 numeral 7 de la Constitución,
se conviertan en entes contralores y supervisores del
desempeño y la gestión
de los funcionarios, lo que también posibilitaría
la adquisición de recursos materiales y
financieros.
Resulta inminente dar respuesta al problema de higiene y
suministro de alimentos para la población reclusa,
mejorando los mecanismos de adquisición, suministro,
administración, salubridad, que en definitiva mejoren la
calidad de la dieta diaria a los reclusos.
De igual manera debe atenderse de forma emergente la
situación de desabastecimiento de medicamentos, falta de
dotación de materiales y equipos medico
quirúrgicos; hacer mantenimiento y construcción de
instalaciones para servicios de salud; asignar y controlar el
personal médico y paramédico que presta servicio en
las cárceles, entendiendo la estrecha relación
existente entre el derecho a la salud y el derecho a la
vida.
Es necesaria la implementación de actividades
dirigidas al tratamiento de los reclusos que padezcan de
adicción a las drogas; El
consumo de
sustancias estupefacientes y psicotropicas representa un problema
de salud
pública, y de esta misma manera tiene que ser tratado.
La adición en los centros de reclusión viene
acompañado de un sin número de problemas; el
control de estos dependerá de la forma como se asuma y
supere en cada individuo la enfermedad de la
adicción.
En cuanto a la programación, debe exigirse a los equipos
de trabajo mayor creatividad y
participación en la elaboración de planes de
atención inmediata con sus correspondientes estrategias,
logrando con ello el compromiso en la ejecución, optando
por la realización de actividades de tratamiento con apoyo
interinstitucional donde la metodología de atención grupal y la
organización comunitaria pudieran constituir herramienta
técnica apropiada, considerando que el tamaño de la
población reclusa en la mayoría de los centros
supera la capacidad técnica para la realización de
terapias individuales. Sería pertinente incorporar en las
iniciativas terapéuticas a los familiares de los
internos.
Resulta ineludible incorporar a los reclusos en
actividades educativas y de trabajo, sólo de esta manera
se podrá combatir el ocio que constituye el principal
enemigo del preso; un recluso ocupado es un problema
menos.
El tratamiento
penitenciario debe lograr internalizar en el individuo
valores que le
permitan incorporarse nuevamente al contexto social de donde
proviene con herramientas que le permitan ser
útil.
Esta posibilidad es factible, teniendo en cuenta que los
equipos profesionales de las cárceles en la actualidad no
se ocupan de las evaluaciones para el otorgamiento de medidas
alternativas a la privación de libertad, por tal
razón, cuentan con el tiempo necesario para realizar este
tipo de modalidades de tratamiento, de igual forma puede acudirse
a una serie de métodos
que utiliza la ciencia
social en la actualidad para tratar personas con limitaciones en
la conducta, por lo cual resulta indispensable actualizar los
equipos técnicos de los centros de
reclusión.
Los equipos técnicos deben involucrarse de forma
integral para lograr la participación de la
población reclusa en actividades de tratamiento; la
atención de casos debe realizarse considerando la
individualidad del tratamiento; pero resulta necesario
implementar actividades de grupo.
Los Trabajadores Sociales y los Psicólogos deben
plantear su intervención, a través de
métodos que permitan ejecutar actividades de
motivación para que los internos participen efectivamente
en todas las modalidades de tratamiento, es decir, los
técnicos no pueden estar al margen de la actividad
docente, laboral, de recreación, cultura, deportes,
prevención sanitaria, etc., alegando que tal actividad no
corresponde a determinada competencia, puesto que todas
están dirigidas a lograr la reeducación y la sana
convivencia, por tal razón, la ejecución efectiva
constituye una obligación para el equipo en
general.
Corresponde al equipo técnico definir las
estrategias que deben seguirse para disminuir la agresividad y la
violencia en
la población reclusa, esto implica, desarrollar un
programa que influya en aspectos importantes como: el liderazgo,
la
comunicación, la autoestima,
las relaciones
interpersonales, las relaciones familiares, el consumo de
estupefacientes, etc.
Las experiencias realizadas con la utilización de
modalidades de tratamiento riguroso a internos con graves
problemas de adaptación han sido provechosas, por lo que
es recomendable hacer las evaluaciones en cada centro sobre los
internos que presenten mayores problemas, a fin de abordarlos en
grupos
terapéuticos con equipos multidisciplinarios, en vez de
sancionarlos permanentemente con medidas de traslado a otras
cárceles, que sólo trasladan el problema y generan
más resentimiento social en el recluso.
Para el área laboral es pertinente acudir a las
modalidades de cooperativas y
talleres escuela donde el
recluso pueda servir de facilitador, bajo la supervisión
de funcionario; ejemplo de ello lo viene dando el I.N.C.E., a
través del Programa de Juventud
Desocupada, el cual pudiera obtener mejores resultados si el
Ministerio del Interior y Justicia desembolsara a tiempo los
recursos financieros correspondientes al convenio, la iniciativa
debe fortalecerse y dedicarle mayor tiempo a la ejecución
de estas actividades para atender la población en
porcentajes superiores.
Dado que en la actualidad en gobierno nacional
implementa una serie de programas para la atención
comunitaria, es pertinente conducir la atención de los
mismos a la comunidad
penitenciaria tanto en las áreas de salud, alimentación,
educación y trabajo. Se conoce que actualmente se
desarrolla en algunos centros de reclusión el programa
"Vuelvan Caras", que tiene como propósito incorporar la
población reclusa en actividades de laborales y de
capacitación, donde participan más de mil internos,
siendo un porcentaje reducido de la población total, por
lo que es necesario incrementar el número de reos que
aborda el programa. De igual manera se viene anunciando la
implementación de un programa integral de salud el cual
resulta absolutamente apremiante en estos momentos.
3.3.-INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LA
SEGURIDAD
Como se recomendó anteriormente resulta de
inmediata solución la deficiencia de personal para la
custodia interna, razón por la cual es necesario la
creación de nuevos cargos para incrementar éste
personal, la revisión de las nóminas para colocar a
los funcionarios de seguridad a cumplir actividades propias del
servicio, e incrementar la nómina del personal
administrativo para ubicar a los trabajadores que ocupan
actualmente los cargos de vigilancia.
Estas medidas también contribuirían a
preparar el espacio hacia la descentralización, puesto que
en los convenios debe acordarse quien debe asumir los compromisos
en cuanto a pasivos laborales, cuales son las necesidades y la
inversión en la materia, de igual manera
debe maximizarse el uso de los recursos humanos que actualmente
son mal utilizados por efectos de la desorganización que
impera.
Un aspecto que resulta ineludible es el problema del
tráfico de armas, que genera
tanta violencia en las cárceles y vulnera Derechos
Fundamentales. La vida constituye nuestro principal derecho, por
tal razón el Estado está obligado a garantizarla,
de manera que no se puede seguir postergando el desarme de la
población reclusa.
Conforme a la obligación de garantizar el derecho
a la vida y a la salud, se debe diseñar y poner en
práctica métodos más técnicos de
control para evitar el acceso de armas y municiones, y controlar
la fabricación en los centros de reclusión, pues no
puede hablarse de tratamiento, resocialización ó
rehabilitación, sí antes que todo no se garantiza
el derecho a la vida de los reclusos, ya que la violencia y
la muerte
constituyen la antítesis de
cualquier iniciativa que pretenda cambios de conducta.
La disminución del tráfico de armas puede
lograrse intensificando las medidas de control de acceso como las
de desarme de la población reclusa. Con ese fin, deben
extremarse las medidas para el ingreso de personas y cosas a los
centros, con la correspondiente requisa interna al momento del
acceso, no aceptando como justificación al incumplimiento
la reacción negativa de los reclusos; pero debe
garantizarse el respeto y
garantía de los Derechos Humanos.
Con el propósito de combatir el problema del
tráfico de estupefacientes que tanta violencia genera en
las cárceles, además del trabajo interno que se
realice en cada prisión, debe definirse estrategias de
acción interinstitucionales donde participen los
diferentes cuerpos de seguridad, a fin de detectar con mayor
eficacia a quienes se involucren en el negocio de la droga,
teniendo en cuenta como afecta negativamente este fenómeno
a las comunidades en general.
Para lograr este y otros objetivos de seguridad, debe
fortalecerse la red de inteligencia, en la
cual se puede incluir como informantes a los reclusos y sus
familiares, a los vecinos que conviven en los alrededores de los
establecimientos y toda persona que resulte necesaria.
En este orden de ideas debe disponerse mayor
asignación presupuestaria para la inversión en
elementos fundamentales para el funcionamiento diario y para la
adquisición de dispositivos tecnológicos de
control, con los cuales se disminuya la vulnerabilidad y se
garanticen los derechos a los reclusos.
Paralelamente a la definición del proceso de
descentralización, en una etapa de transición
mejorar los aspectos normativos, operativos y fortalecer las
posibilidades de control sobre los centros de
reclusión.
Las posibilidades de control de
gestión para las áreas de seguridad y
tratamiento dependen en gran medida del cumplimiento de aspectos
como:
- La definición de objetivos jerarquizados de
corto y largo plazo, que correspondan a un análisis interno y externo; - Disposición de planes, programas y presupuestos
que cuantifiquen los objetivos previsionales de las variables; - Establecimiento de la estructura operacional, con las
formas concretas de ejecución y control de tareas,
así como la asignación clara de atribuciones y
responsabilidades; - Medición, registro y
control de los resultados reales obtenidos; - Cálculo de las desviaciones mediante
comparación entre valores de los objetivos previstos y
los resultados obtenidos; - Proceso de explicación de los orígenes
de las desviaciones y sus causas, para poder interpretar
correctamente sus causas y asignar
responsabilidades; - Tomar decisiones correctoras de la situación,
para crear conciencia
en la adopción
de las mismas y la obtención de mejores resultados, lo
que implica seguimiento real.
Ahora bien, el éxito de la gestión en el
sector penitenciario depende de la adecuada interrelación
que se adelante entre los actores que protagonizan la materia de
seguridad y de tratamiento, ya que resulta imposible deslindar
las dos áreas. La pretensión de independizar los
dos aspectos ha resultado siempre un fracaso, no puede hacerse
tratamiento sin seguridad, y si no hacemos tratamiento generamos
violencia e inseguridad.
La separación ó falta de integralidad
entre las acciones destinadas al tratamiento, y las dirigidas a
garantizar la seguridad han venido generando ineficacia. El
descuido en los aspectos de seguridad, ha constituido y sigue
constituyendo una de las grandes debilidades de ésa
organización. Al programa de tratamiento, aún con
las limitaciones que lo caracterizan, se le ha dedicado
más tiempo y recursos mientras que la de seguridad ha sido
profundamente descuidada.
Priva la necesidad de atender el área de
seguridad, sin seguir excusándose en la falta de
presupuesto o la deficiencia de recursos humanos, que se entiende
existen; pero la característica que prevalece es la
desorganización, la anarquía, la
indisposición, que responden en muchos casos a los
intereses subalternos de algunos funcionarios, lo cual no se
resuelve con presupuesto, sino con la definición de
métodos que propicien la organización, la
planificación y el control, para cumplir este objetivo,
sería apropiado:
- Fortalecer la Oficina de
Fiscalización para que se instrumente un sistema de
inspecciones preventivas que permitan mantener observación directa sobre el
funcionamiento de los centros, dando importancia relevante al
área de seguridad, la cual, generalmente presenta
debilidades por fallas de gerencia, lo que permitirá
corregir deficiencias de ésta índole en el curso
de las inspecciones. - Instrumentar un curso al personal directivo de las
cárceles en materia de gerencia, planificación e
inteligencia policial, donde se aborde la necesidad de la
elaboración de los planes operativos para el
funcionamiento ordinario y de reacción inmediata para
controlar contingencias, lo que permitiría que cada
funcionario tenga definidas las acciones que debe cumplir, con
ello se evitarían las improvisaciones que en ocasiones
resultan contraproducentes. Además los cursos deben
incluir en la temática métodos de control de
personal y definir reglas de comportamiento laboral. - Instrumentar cursos de actualización y
readiestramiento al personal de seguridad, donde se aborden los
aspectos señalados anteriormente. - Rescatar progresivamente la vigilancia interna de las
áreas de reclusión tanto diurna como nocturna,
considerando que actualmente un gran número de
establecimientos de reclusión no son vigilados en sus
sectores internos y se encuentran la mayor parte del tiempo a
merced de los reclusos. - Controlar el acceso de altas sumas de dinero a los
centros de reclusión, considerando su estrecha
relación con el tráfico de armas y drogas, con
el consumo de estupefacientes, con la generación de
homicidios
por encargo y otros aspectos de la violencia
carcelaria. - Actualizar las bases de datos
de las oficinas de reseña de los centros de
reclusión; mejorar la gestión de expedientes
carcelarios, garantizando que en los mismos se actualice
permanentemente el archivo de los
documentos que
correspondan a cada caso, tomando especial previsión en
que se deje constancia en los mismos sobre la evolución conductual del interno, en
cuanto a las actividades positivas en que participa y las
faltas a la
disciplina
en las que incurra. Sobre el particular existe una experiencia
en los centros de reclusión intervenidos por la Unidad
de Gestión del Proyecto de Reinserción Social de Delincuentes y
Menores en Situación Irregular a la cual se pueda dar
utilidad. - Actualizar los listados por pabellones y áreas
de reclusión a los fines de identificar los reclusos por
locales de albergue, ello implica rescatar el pase de lista y
número reglamentario diariamente. - Controlar el uso de áreas administrativas para
aislamiento de reclusos y acondicionar salas para el
aislamiento y disciplina. - Someter a revisión y actualización el
Instructivo sobre el Régimen Interno de los
Establecimientos Penitenciarios, que se encuentra vigente y
contiene normas relativas a procedimientos de seguridad, el
ingreso, la clasificación, la observación,
funciones de la Junta de Conducta y Seguridad, red de
inteligencia, régimen de visitas y funciones de los
diferentes empleados administrativos, el cual se encuentra
desactualizado; pero puede ser de utilidad considerando las
debilidades actuales en materia de ordenamiento. - Rescatar las reuniones de las Juntas de Seguridad y
Conducta en los penales y las rondas de servicio nocturno con
la Guardia Nacional, para generar la visión de trabajo
en equipo y hacer prevención para evitar que las
situaciones se agraven por falta de intervención
oportuna. - Revisar la utilización en los centros de
reclusión de vigilantes en funciones
administrativas y ubicar en sus propias funciones los
custodios penitenciarios mal utilizados. - Maximizar los controles de asistencia, salida y
entrada del personal de Directores y los custodios a los
establecimientos, obligando la lectura
de servicio diaria, ya que en muchos casos abandonan el
servicio antes del cambio de guardia y dejan las
cárceles desguarnecidas en horas de la mañana,
siendo en estos momentos cuando mayoritariamente se fomentan
conflictos entre reclusos. Además controlar las entradas
y salidas constantes de vigilantes de guardia a las
áreas externas de la cárcel para evitar
compromisos irregulares. - Obligar a las autoridades directivas de las
cárceles a la elaboración y presentación
de informes
sobre todo hecho irregular que ocurra en los centros, con la
correspondiente notificación a la Dirección de
Custodia, Fiscalía y Tribunales y el registro en los
libros de
novedades diarias. - Maximizar el control del uso de armas de fuego por
parte de funcionarios, reseñando la entrada y salida en
libros de los parques de armamento, de igual manera con
relación a los vehículos. - Conminar a los Directores a supervisar las
áreas de reclusión, rejas, pisos, paredes,
patios, áreas perimétricas, canchas deportivas y
hospitales, con ello se les obligaría a salir de las
oficinas donde se encuentran atados a los
escritorios. - Rescatar la autoridad en los centros, mejorando los
procedimientos, motivando y disciplinando al
personal. - Disponer la obligatoriedad a los directores de
cárcel de asignar días de audiencia a la
población reclusa y sus familiares, lo cual
permitirá que el director obtenga liderazgo ante los
internos y familiares, propiciará que los reos se
sientan atendidos y disminuirían los conflictos, todo lo
actuado debería ser reseñado en libro de
actas. - Crear un reglamento disciplinario para la
población reclusa, que defina que conductas pueden ser
calificadas como faltas a la disciplina, donde se prevea el
grado de la falta (leve, mediana o grave), su correspondiente
sanción de acuerdo a la gravedad de la misma y el
procedimiento
administrativo a seguir para el procesamiento de la falta. Tal
instrumento debe establecer las instancias de autoridad y
apelación para la revisión e imposición de
la sanción, e ineludiblemente debe garantizar el derecho
a la defensa del reo sometido al procedimiento.
Sobre el particular existe una propuesta muy apropiada
realizada por el Dr. José A. Moreta quien fungió
como Codirector del Convenio Unión
Europea ? República de Venezuela en
la Unidad de Gestión del Proyecto de Reinserción
Social de Delincuentes y Menores en Situación
Irregular.
La aplicación de las recomendaciones planteadas
pueden mejorar la situación organizativa, para lo cual no
se requiere mayor presupuesto, con ello, es posible optimizar el
control y disminuir la vulnerabilidad en la seguridad de las
cárceles, que en definitiva genera conflictos que
violentan los derechos de los reclusos y funcionarios y limitan
el cumplimiento de la misión.
3.4.-ALTERNATIVAS EN MATERIA DE
PRESUPUESTO
En el marco de los estudios correspondientes a la
elaboración de los convenios de Descentralización
de cada Centro Penitenciario, debe determinarse el estado de
deterioro de las instalaciones; las necesidades de equipamiento;
de construcción de nuevos locales; de asignación de
personal y los costos para la
elaboración de un programa estratégico para la
atención del centro en cuestión.
Determinadas las necesidades presupuestarias,
jerarquizar las mismas en orden de prioridades y acordar un plan
de ejecución progresivo a corto, mediano y largo plazo,
que prevea la inversión en cada una de las áreas
que se evaluaron. En este plan
estratégico debe establecerse las obligaciones
del Ejecutivo Nacional, la Gobernación ó
Alcaldía correspondiente, en el aporte presupuestario
anual para la ejecución.
En este mismo sentido, debe promoverse la
búsqueda de recursos ante aliados internacionales, y
someter a revisión la capacidad de los funcionarios que
representan al Estado Venezolano en la gestión de los
programas derivados de los Convenios con Organismos
Internacionales y la misma utilización de los recursos
financieros asignados a la ejecución de
éstos.
Esto permitirá verificar si las acciones
definidas en los programas de ejecución de tales Convenios
atienden necesidades prioritarias, para maximizar el uso de esos
recursos y evitar que éstos sean desviados hacia aspectos
de menor importancia, en cuanto a la satisfacción de
derechos y necesidades fundamentales de la población
reclusa tal como ha ocurrido en el pasado. También resulta
una obligación para el Estado Venezolano apoyar la
realización de las actividades que se acuerden en el marco
de estos Convenios, posibilitar la ejecución y continuidad
de las mismas dada la gran deficiencia que padece el sector de
prisiones en materia presupuestaria.
Ajustar la formulación presupuestaria a la
programación; el planteamiento de objetivos sólo
puede ser logrado si se dispone de los recursos humanos y
financieros; por tal razón, debe establecerse la
relación necesaria entre plan ? programa y
presupuesto.
Requiere especial atención la asignación
de recursos financieros para el funcionamiento, cuyas partidas se
administran actualmente desde el Ministerio del Interior y
Justicia, lo que se ha convertido más que en una
solución en un problema grave, al no disponer los
directores de cárcel de recursos indispensables para el
funcionamiento ordinario, y no recibir las dotaciones de forma
oportuna.
CONCLUSIONES
La presentación del resultado de la investigación realizada para los fines de
este trabajo, significó una revisión en el tiempo,
tanto de la problemática que ha vivido el sector
penitenciario los últimos veinte años, como de las
actuaciones de autoridades involucradas en el acontecer diario
del sistema y toda una serie de alternativas que de diferentes
maneras han pretendido atender el asunto.
Indudablemente son múltiples las variables que
intervienen y se interrelacionan para generar este
fenómeno. Su prevalencia se debe no sólo a la
incapacidad de la Administración Penitenciaria para dar
respuesta a los pormenores, desviaciones y eventualidades que
día a día se presentan; además, existe una
gran cantidad de aspectos y decisiones que corresponden a
diferentes ámbitos de la Administración
Pública, desde la Presidencia de la República, la
Asamblea Nacional, y demás Despachos de autoridad y poder,
que deberían responder a una política de Estado. La
superación de la problemática, indudablemente
requiere antes que todo de voluntad política.
Los hechos que se apreciaron en el análisis dejan
ver una brecha abismal durante muchos años entre la
normativa legal y la realidad relativa al funcionamiento
carcelario venezolano, que separan de manera importante a las
instituciones penitenciarias de las posibilidades de ofrecer
tratamiento, lograr la reeducación y posterior
reinserción social de los condenados.
Se incurriría en utopías si se creyera que
las cárceles venezolanas en las condiciones que funcionan,
puedan servir en lo mínimo para generar cambios positivos
en la conducta de los seres que se encuentran sometidos al
régimen de reclusión.
El Sistema Penitenciario adolece de elementos esenciales
para el funcionamiento. La asignación presupuestaria es
incongruente con el grado de las necesidades. Las instalaciones
de reclusión se encuentran profundamente deterioradas, y
el hacinamiento supera el 35 % de la capacidad instalada, con
relación a la totalidad de las instalaciones del Sistema,
porque al analizar las instituciones caso por caso, se localizan
centros donde el hacinamiento supera hasta el doscientos por
ciento la capacidad instalada.
Los recursos humanos son insuficientes para atender la
población reclusa tanto para la seguridad como para el
tratamiento. La capacitación de los recursos humanos, la
supervisión y el control son sumamente
deficitarios.
Las fallas de la gerencia se observan constantemente en
la ausencia de planes concebidos conforme a la realidad y
fundamentados en preceptos teórico metodológicos
apropiados. Salvo algunas excepciones, por años el sistema
viene siendo administrado por autoridades de alto nivel que
desconocen la materia, de allí la toma de
decisiones desatinadas.
El Sistema Penitenciario venezolano se encuentra plagado
de vicios, porque "cualquier vicio que tenga el País, en
la cárcel hace metástasis, como lo afirmara el Dr.
Elio Gómez Guillo el 17/10/04.
La situación penitenciaria venezolana se
caracteriza por la indolencia, la omisión, la complicidad
y la corrupción.
La mayoría de las iniciativas que durante tanto
tiempo se han venido desarrollando representan meros paliativos,
que de forma alguna han permitido la creación e
implementación de una Política de Estado destinada
a dar solución efectiva a la
problemática.
El desastre que caracteriza hoy al sector penitenciario,
viene ocurriendo desde hace más de 30 años,
sería irresponsable adjudicarlo a la gestión del
gobierno actual. Se han tomado algunas medidas para dar
respuesta, destacándose avances en lo legislativo; sin
embargo, se han creado muchas expectativas, y hay quienes afirman
que el gobierno ha podido hacer más por los
presos.
Por largos años se han escuchado promesas de
diferentes actores que han llenado de esperanzas a los
interesados en el asunto, pero los hechos que consecuentemente se
manifiestan dejan ver la poca capacidad para superar tan profunda
desorganización, convirtiéndose estas promesas en
discursos
hipócritas que sólo han servido para crear
expectativas y efectismo político.
La situación de inseguridad que vive el
País muestra fallas
derivadas de la
incoherencia e ineficacia en la prevención, y conducen a
la imperiosa necesidad de atender a los ciudadanos en materia de
salud, alimentación, educación, vivienda y trabajo,
cuya insatisfacción incide inexorablemente en el aumento
de la criminalidad.
Las fallas en la prevención dan como resultado el
incremento de la criminalidad con en consecuente agravamiento de
las condiciones de funcionamiento de todo el Sistema de
Administración de Justicia Nacional, el cual evidentemente
no se encuentra suficientemente preparado para atender la
coyuntura, donde el Sistema Penitenciario aun cuando cumple una
función preponderante sufre el mayor
desarreglo.
La legislación en la materia es abundante, aun
cuando se requiere de adecuar algunos instrumentos legales a la
realidad actual, adaptando algunas normas a los principios
Constitucionales, no es menos cierto que la Constitución
Nacional dispone de los principios rectores que deben conducir la
reestructuración y el funcionamiento penitenciario, por
ello se evidencia, antes que todo, falta de voluntad
política para abordar con responsabilidad la crisis.
La situación que presentan las cárceles
debe convencer a las autoridades de la necesidad impostergable de
definir la política, estrategias, planes y proyectos para
superar la realidad actual, ello debe conllevar a decisiones
serias, que impliquen una asignación presupuestaria acorde
a las necesidades de cambio, de lo contrario seguirían
siendo meros paliativos.
La desorganización del sector por efectos de la
deficiencia presupuestaria, la falta de control y de gerencia
debe ser superada, despojándose de otro tipo de
intereses.
Ciertamente en esta obra se han descrito los hechos con
profunda crudeza, derivada de la observación y vivencia
directa, de la participación en múltiples
acontecimientos ocurridos en el sector por largos años.
Conscientes de que se ha podido incurrir en debilidades de
objetividad, pero su develación tiene la sana
intención de dejarlos plasmados para la reflexión,
con el verdadero deseo de que en un futuro cercano formen parte
de una historia superada a la cual no debemos
regresar.
Quienes hemos tenido en el pasado responsabilidades en
el manejo de la administración penitenciaria y quienes hoy
ostentan cargos de jefatura tenemos una gran deuda con el
País, que estamos obligados a saldar.
El drama de las cárceles traspasa las barreras de
los recintos penitenciarios, detrás de cada preso hay una
familia, en la
medida que facilitemos programas apropiados para la
rehabilitación, estaremos contribuyendo con el
mejoramiento de las condiciones de vida de esas familias, de la
seguridad y la sociedad en general.
La sociedad moderna requiere de la tecnificación
y profesionalización de toda persona que
ejerza funciones en la Administración
Pública, por tal razón el sector penitenciario
debe ser transformado, convirtiendo sus instituciones hacia la
excelencia y la calidad, para lograr así la misión
de rehabilitación que les ha sido asignada, de no lograrse
esto, tendríamos que coincidir con los planteamientos de
abolición de la cárcel como medio de
resocialización.
La violación de los Derechos Humanos de la
población reclusa no puede ocultarse, priva la necesidad
que las instituciones que tienen competencia sobre la
garantía y defensa de los Derechos Humanos, asuman
responsablemente su rol para evitar que se siga comprometiendo la
responsabilidad del Estado Venezolano por el incumplimiento de su
deber.
Se impone la necesidad de colocar la problemática
en manos de un equipo profesional que disponga de suficientes
herramientas teórico prácticas para que asuma un
proceso de reingeniería del Sistema Penitenciario,
para ello el Estado tiene que brindarles el apoyo indispensable
que les permita hacer los cambios que a que debe
conducirse.
No puede seguirse permitiendo que las dependencias
inoperativas que han dado suficientes muestras de incapacidad en
el sector, como el Instituto Autónomo Caja de Trabajo
Penitenciario, continúen funcionando con los mismos
criterios del pasado, y bajo la responsabilidad de los mismos
actores.
El cambio que el sistema requiere debe sustentarse en
nuevos y modernos paradigmas,
los vicios e intereses del pasado deben ser superados y esto
constituye una tarea bastante difícil pero debe
instrumentarse, ya que no puede olvidarse que los individuos
recluidos están en los centros por periodos determinados
de tiempo; pero en algún momento vuelven a sus comunidades
de origen, por lo que la rehabilitación es imperativa si
se pretende mejorar la seguridad en el contexto social
general.
Las Gobernaciones de Estado y las Alcaldías,
desde hace mucho tiempo vienen interviniendo en la
satisfacción de necesidades de los centros de
reclusión locales, a través de la prestación
de servicios de salud, transporte,
seguridad, deportes, cultura y mantenimiento, entre otros. La
cercanía a los Establecimientos que se encuentran en el
ámbito de su gobernabilidad les permite ejercer un control
más apropiado, considerando esta premisa, debe intentarse
de una vez por todas la transferencia de la competencia como
alternativa viable de solución y así cumplir con el
mandato Constitucional.
La tarea es ardua, pero sumamente necesaria, requiere de
honestidad y valentía. El reto debe asumirse; como lo
afirma Miguel Ángel Cornejo: "El futuro ha pertenecido y
pertenecerá a los soñadores. En la
imaginación está la infinitud del
creador."
BIBLIOGRAFÍA
ALBORNOZ BERTI, Roberto. Profilaxis y Terapéutica
Criminales. Editorial Universidad de
los Andes. Mérida Venezuela. 1.980.
ALESSANDRA, Tony., O? CONNOR, Michael J. La Regla de
Platino. Editorial Grijalbo. Barcelona ? España.
1.998.
BELTRAN JARAMILLO, Jesús Mauricio. Indicadores de
Gestión, Herramientas para Lograr la Competitividad. Editorial Global Ediciones, S.A.
Segunda Edición. Caracas ?Venezuela.
2.000.
BIOSCA, Domenec. Dirigir con Eficacia Hoy, El Estilo de
Dirigir en los 90. Editorial CDN Ciencias de la
Dirección S.A. Madrid
España. 1.990.
BROWN, Doris. Manual del
Director de Empresa.
Editorial Limusa, S.A. México.
1.993.
BROWN, W. Steven. Errores Fatales en que Incurren los
Gerentes. Editorial Norma. Octava Edición. Bogotá ?
Colombia.
1.990.
BUJAN, Javier Alejandro, FERRANDO, Víctor Hugo.
La Cárcel Argentina. Una Perspectiva Crítica. Editorial Ad-Hoc. Buenos Aires–
Argentina. 1.998.
CAPITULO CRIMINOLOGICO Nª 22, Instituto de Criminología, Universidad del Zulia.
Editorial Universidad del Zulia. 1.994.
CARRANZA, Elías, HOUED, Mario, LIVERPOOL,
Nicholas J.O., MORA, Luis P.; RODRIGUEZ MANZANERA, Luis.,
Sistemas
Penitenciarios y Alternativas a la Prisión en América
Latina y el Caribe. Editorial Ediciones Depalma. Buenos Aires
Argentina. 1.992.
CASTELLANO BOHORQUEZ, Hercilio. El Oficio del
Planificador. Editorial Vadel Hermanos. Caracas ? Venezuela.
2.000.
Centro Internacional de Estudios Sobre Prisiones,
King´s College, Universidad de Londres. Derechos Humanos y
Practica Penitenciaria, Manual de Capacitación en Derechos
Humanos.1.999.
Código Penitenciario y Carcelario.
República de Colombia, Congreso de la República.
Editorial Leyer.1.993.
Constitución de Venezuela. República de
Venezuela. Congreso de la República. Editorial Eduven.
Gaceta Oficial Nº 662. Caracas 1.961
Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela de 1.999. Asamblea Nacional Constituyente. Imprenta
Nacional. Gaceta Oficial Nº5.453. 24/03/2000.
Caracas.
CORNEJO, Miguel Angel. Dirección de Excelencia.
El Reto del Tercer Milenio. Editorial Grad. Cuarta
Edición. 1.996.
CORNEJO, Miguel Angel, Tiempos de Competir. Editorial
Grad, S.A. Segunda Edición. 1.994.
Decreto Reglamento de la Pena Accesoria de la Vigilancia
de la Autoridad. República de Venezuela. Ejecutivo
Federal. Caracas. 1.927.
Decreto que crea la Penitenciaria Provisional de San
Juan de los Morros. República de Venezuela. Ejecutivo
Federal. Caracas. 1.944.
Decreto que Habilita la Colonia El Dorado como anexo a
la Penitenciaría General. República de Venezuela.
Ejecutivo Federal. Caracas. 1.945.
Decreto Nº 333 Relativo a Penitenciaría de
Mujeres. República de Venezuela. 1.949.
Decreto Nº 359 Relativo a Casa Correccional de
Mujeres. República de Venezuela. Caracas.
1.949.
Decreto Nº 325 Instituto para Formación
Personal de Prisiones. República de Venezuela. Caracas.
1.951.
Decreto Nº 458. Reglamento de Cárceles.
República de Venezuela. Junta de Gobierno. Caracas.
1.952.
Decreto Presidencial Nº 2.284. Relativo al Personal
de Régimen Penitenciario. República de Venezuela.
Gaceta Oficial Nº 34.975. 01/06/92. Caracas.
Decreto Presidencial Nº 501. Relativo al Personal
de Administrativo del Sistema Penitenciario. República de
Venezuela. Gaceta Oficial Nº 35.628. 10/03/95.
Caracas.
Diccionario de la Lengua
Española. Real Academia Española. Editorial Espasa
? Calpe. Vigésima Primera Edición.
1.992.
Diccionario Enciclopédico "El Pequeño
Larousse". 1.998.
DICHTER, Ernest. Iniciativa y Creatividad del Gerente
Contemporáneo. Editorial Diana. Primera Edición.
México. 1.974.
DRUDIS, Antonio. Gestión de Proyectos. Editorial
Gestión 2.000. Barcelona España. 1.999.
GRAIG COOPER, Sir Michael, De BACKER, Philippe. Auditoría de Gestión. Editorial
Ediciones Folio, S.A. Barcelona ? España.
1.994.
HANS DEMMER, Karl. DEYHLE, Albrecht., FREIHERR VON
FALKENHAUSEN, Hasso., HANFT, Klaus K. HUMMER, Wolfgang,
KNOBLAUCH, Helmut, LIERTZ, Rolf, STEIGERWALD, Heinrich J.,
TRECHSEL, Fritz. Nuevas Técnicas de Dirección.
Editorial Hispano Europea. Barcelona España.
1.976.
HUMAN RIGHTS WATCH, Castigados Sin Condena, Condiciones
de las Prisiones de Venezuela, Informe
1.998.
KENT, Jorge. Sustitutos de la Prisión, Penas sin
Libertad y Penas en Libertad. Editorial Abeledo ? Perrot. Buenos
Aires Argentina. 1.987.
LEGANES, S. La Crisis del Tratamiento Penitenciario,
Internet,
Páginas de Criminología, Tratamiento, nup/
personal. Redestd. Es/ pedrotur/ Criminologías.
Num.
Legislación Penitenciaria. Dirección
General de Instituciones Penitenciarias. España. 1ª
edición Mayo 1.996.Imprime: Organismo Autónomo
Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias.
Ley de Régimen Penitenciario. República de
Venezuela. Congreso de la República. 1.971.
Ley de Régimen Penitenciario. República de
Venezuela. Congreso de la República. Editorial Eduven.
1.981.
Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico
Procesal Penal, República Bolivariana de Venezuela.
Asamblea Nacional. Editores Vadell Hermanos. Gaceta Oficial
Nº 5.558, 14/11/2001. Caracas, 2.001.
Ley de Reforma Parcial de la Ley de Régimen
Penitenciario. República Bolivariana de Venezuela.
Asamblea Nacional Constituyente. Gaceta Oficial Nº. 36.975,
19/06/2000. Caracas, 2.000.
LINARES, Myrla. El Sistema Penitenciario Venezolano.
Editorial U.C.V. 2da. Edición. 1.981.
LOPEZ REY y ARROJO, Manuel. La Criminalidad, Un Estudio
Analítico. Editorial Tecnos S.A. Madrid España.
1.976.
MALLO, Carlos., MERLO, José. Control de
Gestión y Control Presupuestario. Editorial Mc Graw –
Hill/Interamericana de España. Madrid – España.
1.995.
MATUS, Carlos, Política, Planificación y
Gobierno. Editorial Fundación ALTADIR, Caracas Venezuela,
1.987.
MOLINA A., Carlos Mario. Introducción a la Criminología.
Editorial Leyer. Medillín Colombia. 1.998.
MORA ALVARADO, Nelson. Tecnología de la
Seguridad. Caracas Venezuela. 1.984.
MORAIS DE GUERRER, Maria G. La Pena, Su Ejecución
en el Código Orgánico Procesal Penal. Editorial
Vadel Hermanos. Caracas- Venezuela. 2.001.
OJEDA, William. Una Mirada Tras las Rejas. Editorial
Ediciones Solar. Caracas ? Venezuela.1.997.
OSORIO, Manuel. Diccionario de
Ciencias
Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Obra
Grande S.A. Montevideo Uruguay.
1.963.
PEREZ MOYA, J. Estrategia
Gestión y Habilidades Directivas. Editorial Díaz de
Santos, S.A. Madrid España. 1.997.
PUMPIN, Cuno., GARCIA ECHEVARRIA, Santiago. Estrategia
Empresarial. Editorial Díaz de Santos, S.A. Madrid
España. 1.993.
Reglamento de Internados Judiciales. República de
Venezuela. Presidencia de la República. Gaceta Oficial
Nº 30.784,02/09/75. Caracas.1.975.
Reglamento Interior de la Colonia de las Islas del Burro
y de Otama. República de Venezuela. Ejecutivo Federal.
Caracas. 1.942.
Reglamento de la Ley de Régimen Penitenciario.
República de Venezuela. Presidencia de la
República. Gaceta Oficial Nº 30.816, 09/10/1.975.
Caracas.
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los
Reclusos. Organización de Naciones Unidas.
Congreso de Naciones Unidas. 1.955.
SANTOS ALVIS, Thamara. Control y Punición de la
Delincuencia.
Estrategias Sociológicas. Editorial Universidad del Zulia.
Maracaibo ? Venezuela. 1.987.
SENGE, Peter, ROSS,R., SMITH,B. ,CH., Roberts y KLEINER
A., LA Quinta Disciplina en la Práctica. Ediciones Juan
Granica, S.A., Barcelona España. (1.997).
SERNA GOMEZ, Humberto. Gerencia
Estratégica. Editorial Global Ediciones S.A.
Bogotá Colombia. 1.997.
SHERMAN. BOHLANDER. SNEL. Administración de
Recursos Humanos. Editorial Internacional Thomson. 11ª
Edición. México. 1.999.
SILICEO, Alfonso. Capacitación y Desarrollo de
Personal. Editorial Limosa Noriega. México.
2.000.
SMITH, Cameron C. Guía para Supervisores.
Editorial Trillas. Primera Edición.
México.
TESS, Kirby. El Gerente que sí Puede. Editorial
Norma. Bogotá Colombia.1.990.
TORREALBA, Nadeska. Retardo Judicial. Editorial Texto.Caracas
Venezuela. 1.997.
Unidad de Gestión del Proyecto de
Reinserción Social de Delincuentes y Menores en
Situación Irregular. Curso sobre Habilidades en la
Vigilancia (2.001). Apoyo documental.
AGRADECIMIENTO
La posibilidad de adquirir conocimientos sobre cualquier
aspecto del acontecer social, e indagar sobre las variables que
se relacionan y dan origen a los hechos, depende en gran medida
del apoyo que se logre en la búsqueda y obtención
de la información; más cuando se trata de
instituciones de seguridad, donde existe poca flexibilidad para
suministrarla.
Henry A. Andrade Villegas
Impreso en la República Bolivariana de
Venezuela
Con Reserva Legal
Impreso Por: Corporación Editorial
Litográfica
(CELCA) RIF: J-30708730-7 NIT: 0147319541 Av.
8ª Nº. 78-83.Maracaibo, República
Bolivariana de
Venezuela.
 Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente  |