Deuda externa argentina: proceso y funcionalidad para el desarrollo capitalista

• I –
  Introducción
• III – Los problemas
  derivados de la deuda
• IV – Algunas
  referencias históricas
• V – Final
  abierto

I –
Introducción

A fines de 2001 y como consecuencia de la profunda
crisis
económica, social y política que se
expresó en la renuncia del gobierno del Dr.
Fernando De la Rúa (1999-2001), se dispuso la
suspensión de los pagos de la Deuda Externa
Pública (1) por el nuevo gobierno (de efimera
duración, seis días) del Dr. Adolfo Rodíguez
Saá.

Dicha política fue confirmada por el Dr. Eduardo
Duhalde, presidente designado por la Asamblea Legislativa entre
enero de 2002 y diciembre de 2003 a los efectos de completar el
mandato.

En ambos casos, la decisión fue saludada
efusivamente (de pie y aplausos) por buena parte de los
parlamentarios. Los mismos que al poco tiempo
subordinaron su voluntad política a las demandas del
FMI y los
"mercados
globales".

Por ello, debe consignarse la voluntad de reiniciar los
correspondientes pagos de intereses y capital de la
deuda externa pública, la que se expresa en las continuas
negociaciones encaradas por el gobierno argentino y el FMI, el G7
y particularmente con el gobierno de EEUU. Ese es el
espíritu de la Resolución 73 del Ministerio de
Economía
antes comentada y que fuera recientemente formulada (25/04/02).
La voluntad política del gobierno no es la
suspensión, sino, la renegociación y
reanudación de los pagos.

En ese sentido se pronunciaron los gobernadores de las
provincias argentinas en su acuerdo con el gobierno nacional
mediante 14 puntos, de los cuáles, el primero reconoce la
necesidad de retomar el cumplimiento de los compromisos
externos.

Con ello queda claro, que más que una voluntad
política de repudio de la deuda externa, lo que
existió fue la imposibilidad de continuar con el pago de
los intereses y la renegociación de los vencimientos de
capital por cierre de las fuentes
internacionales de financiamiento.

Fueron innumerables las especulaciones realizadas
previamente con la hipótesis del repudio de la deuda. Sin
embargo, a cuatro meses de la suspensión de los pagos no
se verifica una debacle del sistema
financiero mundial, aunque la "represión" sobre la
Argentina se hace sentir con el cierre de cualquier canal de
financiamiento hasta tanto no se acuerden las condiciones con el
FMI para la reinserción del país al mercado de
crédito
mundial.

El caso argentino puede ser esclarecedor a los fines de
considerar las consecuencias resultantes de asumir o no una
política de subordinación a los condicionantes del
endeudamiento externo.

La deuda externa constituye un mecanismo de
subordinación económico y político, al
tiempo que funciona como instrumento privilegiado de la
acumulación capitalista del núcleo de empresas que
definen el poder y el
curso del desarrollo del capitalismo
local.

II Los datos del
endeudamiento (2)

El stock de Deuda del Sector
Público Nacional (Cuadro I) alcanza a 144.453 millones
de dólares al 31 de diciembre de 2001. De ellos, el 38%
está en títulos, el 57% en préstamos y el 5%
restante en letras del tesoro (endeudamiento de corto plazo),
donde buena parte del mismo fue colocado compulsivamente entre
los bancos oficiales
nacionales (BNA y BICE) y las AFJP.

Estos porcentajes generales de distribución de la deuda, principalmente
títulos y préstamos se modificaron sustancialmente
durante el 2001, ya que 42.258 millones de dólares (29.25%
de la deuda total) en títulos se canjearon durante el
año por préstamos. El canje se realizó
principalmente con los tenedores locales de la deuda.

Del total de la deuda
pública, 22% es con los Organismos Internacionales,
9.65% con el FMI (13.951 millones de dólares), 6.69% con
el Banco Mundial
(6.673 millones de dólares), 6.02% con el BID (8.704
millones de dólares). Estas deudas no entraron en la
suspensión, por lo menos hasta fines de abril de
2002.

La deuda con Organismos Oficiales (Club de París,
Gobiernos) es del 3.09% (4.476 millones de dólares) y
tampoco entran en el diferimiento de pagos. La
participación de los bancos comerciales es menor y solo
alcanza al 1.39% (2.015 millones de dólares).

El 72% está expresada en dólares, el 18%
en euros y más del 4% en yenes, con lo que las tres
principales monedas acumulan casi el 95% del conjunto de la
deuda. En pesos está nominada un poco más del 3%
(Cuadro II).

El Cuadro III señala claramente las dificultades
procesadas durante el año 2001 y que se expresan en el
monto de las colocaciones financieras realizadas en el mercado
internacional, superiores a los 32.000 millones de
dólares, y particularmente al elevado costo en que se
materializaron, superior en promedio al 12%. Precisamente, cuando
la política norteamericana incluyó sucesivas
disminuciones de la tasa de
interés durante el año. El sobreprecio de la
deuda argentina se vincula al riesgo de esa
deuda.

Pueden apreciarse en Febrero, operaciones de
canje por 1.594 millones de dólares y más
importante aún, en junio, un canje por 28.980 millones de
dólares, incluyendo aquí tasas que van del 7% al
15,5%. Esos canjes eran parte de una política de
reprogramación de plazos y condiciones (garantías)
para superar el inminente riesgo de default. En efecto, si la
vida promedio de la deuda total es de 8,3 años, para los
títulos es de 7,30 y para los préstamos 14,83 y con
los organismos internacionales se reduce a 3,67. La
extensión del plazo en préstamos se vincula a la
reprogramación aludida en 2001 que llevó los
vencimientos de la deuda hasta enero de 2031. Se canjearon
títulos de pronto vencimiento por préstamos de
más larga duración y con garantías en la
recaudación fiscal.

El canje de deuda tenía previsto un nuevo tramo,
esta vez con los tenedores externos de la deuda. Ello no fue
posible, ya que en medio de las negociaciones sobrevino la crisis
política que hizo caer al gobierno nacional.

Los vencimientos de capital de la deuda pública
(Cuadro IV) eran insostenibles en el presente y próximo
año, incluso en el horizonte hasta el año 2005 los
montos a cancelar eran muy elevados, aún sin adicionar
nueva deuda de corto y mediano plazo.

Sumaban 24.614 millones de dólares los
vencimientos de capital en 2002 y 17.145 millones de
dólares en 2003. La cifra disminuye porque no se incluye
la deuda de corto plazo (letras del tesoro), ya que las
licitaciones a diciembre de 2001 vencen en mayo de 2002. La
continuidad de las proyecciones hacían pensar un 2003
más comprometido aún, sin considerar el crecimiento
del endeudamiento de corto plazo en el 2002.

Se verifica que el efecto "benigno" de la
reprogramación llega hasta el año 2007, que en
condiciones de normalidad constitucional será fecha de una
renovación presidencial. Se puede afirmar que era una
forma de lanzar la bola hacia delante y en camino "resolver" los
problemas.

En el Cuadro V puede observarse como fue cambiando la
proporción de tenedores externos e internos de la deuda
pública. Así, si a diciembre de 1997 el 72% del
monto de la deuda estaba en manos de residentes externos, esos
guarismos se reducen a 68% para el mismo mes en 1999, 64% a fines
de 2000 y 57,50% en el registro de
diciembre de 2001. Contrariamente, los residentes locales pasan
de detentar el 28% en 1997 a sumar 42,50% en 2001.

Esta situación se explica por el papel de los
bancos que actúan en el mercado local y las AFJP en la
captación de títulos de la deuda. Ambas entidades
fueron utilizadas por el gobierno nacional, como ya
señalamos, para colocar compulsivamente deuda de corto
plazo.

El Cuadro VI da cuenta de la evolución de la deuda en los últimos
10 años, precisamente aquellos de aplicación del
régimen de convertibilidad (3) .

En ese período la deuda se incrementó en
2,27 veces, pasando de 61.000 millones de dólares a
139.000 millones de dólares.

Pero, mientras el sector público no financiero
más el BCRA lo hizo en 1,66 veces, de 52.000 millones a
87.000 millones, el sector privado lo hizo en 10 veces, de 3.500
millones a 35.000 millones y el sector financiero excluído
el Banco Central en
3,28 veces, de 5.000 millones a 16.000 millones.

Debe preocupar ese crecimiento relativo del
endeudamiento del sector privado, particularmente cuando son
muchas las empresas privadas (p.e. algunas transnacionales de
servicios
públicos privatizados) que han declarado su
situación de default en los últimos días y
que demandan al Estado
políticas compensatorias que les facilite
reanudar su operatoria financiera, o de lo contrario retirar sus
inversiones
del país.

Existen ejemplos de servicios
públicos privatizados que volvieron a la orbita estatal
luego de los fracasos privados, tal el caso del agua en la
Provincia de Tucumán y recientemente en la Provincia de
Buenos Aires
con la empresa
Azurix, propiedad de
la ENRON. (4) En el artículo del Dipló se menciona
el caso de Telecom Argentina que "se declaró en moratoria
sobre su deuda externa de 3.250 millones de dólares. El
default de Telecom fue el mayor para una empresa
privada en la historia
argentina".

Siguen los autores señalando que "una veintena de
grandes corporaciones, incluyendo varias empresas privatizadas de
servicios públicos como Aguas Argentinas, Transportadora
de Gas del Norte y
Metrogas, se declararon en cesación de pagos…". La
situación de las empresas no deja de ser complicada; los
vencimientos de obligaciones
negociables hasta fin de año llegan a los 3.930 millones
de dólares. Los meses más difíciles
serán los de Julio y Agosto, ya que hay vencimientos por
932 millones de dólares y 750 millones
respectivamente.

Asistiremos seguramente a un escenario donde las
empresas privatizadas continuarán pujando por lograr
aumentos en las tarifas de sus servicios o por obtener subsidios
por parte del Estado, como una forma de evitar sufrir el impacto
devaluatorio, que impacta sobre sus balances por el lado
financiero y que profundiza la depresión
de un mercado interno vital para su estrategia
"rentística".

Los Cuadros VII y VIII dan cuenta de la
concentración de vencimientos de la deuda del sector
privado y financiero, que entre ambos acumulan 52.000 millones de
dólares.

Para el sector privado no financiero, los vencimientos
se acumulan en un 50% hasta el 2003 y para el sector financiero
sin el Banco Central, más del 60% es de corto plazo, es
decir, con vencimientos en el 2002.

Finalmente, el Cuadro X señala algunos ratios de
interés, destacando que la relación
deuda/PBI supera el 50%.

Esta relación se modifica sustancialmente luego
del cambio de la
paridad cambiaria a comienzos de enero de 2002. A fines de abril
de 2002 la cotización del dólar se encontraba a una
paridad de $3 por dólar y de ese modo, la relación
deuda/PBI alcanza 150%, comprometiendo y condicionando seriamente
la evolución económica de la sociedad
argentina.

Midiendo la deuda como porcentaje de las exportaciones se
obtiene un valor del
455%, necesitándose más de 5 años de
exportaciones para cancelar la totalidad de la deuda externa
pública.

III – Los problemas derivados
de la deuda

Existen problemas fiscales evidentes, los que
resultan de un creciente compromiso de los recursos fiscales
para el pago de los intereses de la deuda externa.

En el marco del estancamiento de los ingresos e
incluso de su reducción, la permanente expansión
del gasto por intereses afectó la posibilidad de sostener
otros rubros del presupuesto,
particularmente aquellos de carácter social y los relativos al empleo e
ingresos salariales de los trabajadores del Estado y la población con cobertura
previsional.

En la década del 90, ese crecimiento de los
desembolsos por intereses se produce luego de la
refinanciación suscripta bajo el Plan
Brady.

En efecto, si en 1992 los intereses abonados fueron
3.500 millones de dólares, en el 93 llegaron a 3.600
millones y se elevan al año siguiente hasta 4.700 millones
(94). La suba desde 1995 se acrecienta en forma importante,
siendo de 6.300 millones ese año, de 7.300 millones en
1996; 8.800 millones en 1997; 10.300 millones en 1998; 11.300
millones en 1999; 12.300 millones en 2000 y 12.000 millones en
2001. Este último guarismo representa el 22% del total del
gasto
público presupuestado. Esa evolución de los
intereses se hacía insostenible.

Intereses pagados 1992/2001.

Fuente: Ministerio de Economía (millones de
dólares).

Pero aún siendo importante el problema fiscal que
se deriva de la deuda, más destacable es su papel como
facilitador de los mecanismos económicos y
extraeconómicos que definen la acumulación de
capitales y ganancias.

En efecto, el endeudamiento fue utilizado como argumento
ideológico para la privatización de las empresas
públicas. Debe recordarse que en la última parte de
la gestión
del Dr. Alfonsín (1983/1989), especificamente desde fines
de 1988 se suspendieron los pagos de la deuda. Estos se retomaron
en los primeros años de la
administración gubernamental del Dr. Menem, primero
parcialmente (año 90), lo que permitió luego,
renegociar la deuda en las condiciones del Plan Brady: los bancos
acreedores se sacaron de encima la incobrable deuda, largamente
amortizada en sus balances, tanto por previsiones propias, como
por disposiciones precautorias de las entidades de supervisión de los respectivos
países.

Recibieron a cambio títulos nuevos, garantizados
por bonos del tesoro
norteamericano y que además, pudieron colocar en el
mercado global
de capitales. Entre otros, crecieron los tenedores argentinos de
esos títulos. Los bancos comerciales transnacionales
pasaron de ser los principales acreedores de la deuda externa
argentina en 1992, en tanto prestamistas, a representar
actualmente el 1.39% del total de la deuda y eventualmente contar
títulos en cartera que pueden colocar en el mercado
secundario de títulos.

El tema tiene importancia, ya que alguna
disposición política relativa al no pago de la
deuda tenía a los bancos comerciales como principales
afectados. El Plan Brady los liberó de esa posibilidad y
en la actualidad buena parte de esos títulos, como vimos,
está en manos de residentes argentinos, especialmente por
las inversiones derivadas del
fondo de capitalización que resulta de los aportes de los
trabajadores al régimen de jubilaciones.

Debe anotarse a ese efecto la privatización del
régimen previsional, iniciada en 1994 y que al 31 de marzo
de 2002, los fondos de jubilaciones y pensiones acumulaban $24
mil millones de pesos, en manos de 12 Administradoras de Fondos
de Jubilación y Pensión (AFJP).

Dicho fondo generado en los últimos años
está invertido principalmente por títulos de la
deuda pública externa. Eso explica, entre otros, el cambio
importante de tenedores de la deuda externa de residentes
externos a locales.

Desde el Plan Brady hasta el presente se operó un
cambio de la deuda externa, de créditos con los bancos comerciales a
títulos públicos y crecieron los tenedores locales,
perdiendo exposición
financiera los externos. Es un proceso de
"nacionalización" de la deuda externa.

Los títulos públicos (emitidos por el
Gobierno Nacional y entes estatales, incluyendo economías
regionales) siguen siendo el principal instrumento de la cartera
de inversiones de las AFJP, afectando el 67% de los fondos. Las
acciones y
títulos privados representan el 16% del fondo total y los
depósitos a plazo fijo el 7%. Los títulos valores
extranjeros aumentaron su participación y representan el
6%. (5)

Si la renegociación de la deuda se procesa entre
los años 91/93, el proceso privatizador se concentra entre
1992/94. Uno de los argumentos ofrecido era que el Estado
cedía (vendía) patrimonios generadores de
endeudamiento.

Los datos de las privatizaciones reflejan la valorización
reducida de las empresas y la carga al presupuesto estatal de las
deudas de esas empresas. El consenso social fue extendido en los
dos sentidos: debían enajenarse las empresas
públicas para achicar el Estado y al mismo tiempo, se
tenía que honrrar la deuda cancelándola.

Esos mecanismos ideológicos y
propagandísticos utilizados para ganar consentimiento
deben considerarse instrumentos extraeconómicos. En rigor,
también pueden consignarse como tales las acciones
represivas contra la resistencia a las
privatizaciones y al pago de la deuda y permanente
subordinación al FMI, a los bancos transnacionales y al
conjunto del sistema
financiero internacional.

Entre los mecanismos económicos más
destacables puede consignarse el papel del endeudamiento
público para favorecer la fuga de capitales, las remesas
de utilidades al exterior del sector privado y el importante
papel estatal en la atracción de excedentes de capital
para acrecentar las reservas internacionales. Un elevado nivel de
reservas contribuía a sostener una imagen de
país confiable en el destino del capital.

En ese sentido puede observarse como la Argentina fue
favorecida con el flujo internacional de divisas en la
primera parte de la década del 90 en relación a sus
socios del MERCOSUR,
particularmente el Brasil, que es la
economía de mayor potencia relativa
y absoluta. La ecuación se modifica sustancialmente entre
1996 y 2000.

El financiamiento externo ha sido un mecanismo de
acumulación del sector privado y que al mismo tiempo
realimentó un proceso de déficit fiscal recurrente
que demandaba mayores ingresos de creditos internacionales.
(6)

Ello responde a las formas de la acumulación de
capitales a partir de la crisis de los 70. En efecto, puede
señalarse la convergencia de la evolución del
endeudamiento externo con la fuga de capitales (7) , de
particular interés a partir de la expansión de la
deuda a fines de los años 70 con la dictadura
militar.

La conclusión de los autores es que "por cada
dólar que entraba vía el endeudamiento externo
había otro que se fugaba al exterior. Con posterioridad a
la crisis financiera de 1981 y al estallido de la crisis mexicana
de 1982, el estado argentino se hace cargo de una parte
significativa de la deuda externa privada a través de la
instrumentación de los seguros de
cambio. Por lo tanto, en esos años el endeudamiento
externo no solo sirvió para financiar la fuga de capitales
sino que, asimismo, el estado, al estatizar la deuda externa
privada, efectuó una transferencia de recursos hacia el
capital concentrado sin contrapartida alguna."

Según cálculos oficiales, la fuga de
capitales se estima en 106.000 millones de dólares,
mientras que para el equipo de economía de FLACSO, que
dirige Basualdo, los valores
alcanzan a los 150.000 millones de dólares.

Cualquiera de ambas cifras que se puedan considerar,
tienen relación con el elevado endeudamiento registrado a
fines de diciembre de 2001, que tal como señalamos alcanza
a 144.000 millones de dólares.

IV – Algunas referencias
históricas

Ni la deuda ni la crisis de la deuda son un tema nuevo
en la Argentina. Nuestra historia podría
remitirse al papel de la deuda pública en la constitución del Estado Nacional,
crédito con la Bahring Brothers mediante, pero no es
nuestro objeto remitirnos al Siglo XIX.

Es más, en la edad de oro del
capitalismo, en la posguerra, Argentina se inserta en la
división internacional del trabajo sin
problema de endeudamiento. Esta es otra historia y en ella
tampoco nos detenemos.

El problema remite a los cambios económicos,
políticos y sociales impulsados desde el gobierno militar
en 1976. Entre 1976 y 2001 se pagaron intereses por 139.000
millones de dólares, una cifra similar a los 144.000
millones que figuran con monto de deuda al final del periodo,
habiendo comenzado con 9.700 millones de dólares. Un
crecimiento espectacular de 1450%, para haber abonado en
intereses lo mismo que se adeuda actualmente.

La deuda externa crece entre 1976 y 1983 un 370%, ya que
de 9.700 millones de dólares, se pasa a 45.590 millones de
dólares en esos años. Con el agravante citado
anteriormente, de la estatización de la deuda externa,
proceso consolidado en 1982 en oportunidad de presidir el BCRA el
Dr. Domingo Cavallo.

Debe consignarse en este periodo el endeudamiento
deliberado e innecesario de las empresas públicas, por
caso la petrolera estatal YPF, fuertemente endeudada al mismo
tiempo que crecía el precio del
petróleo en escala
mundial.

También se incrementa la deuda por gastos militares
y en armamentos. En el periodo militar se registra el conflicto
limítrofe con Chile a fines de 1978, la guerra por
Malvinas con
Gran Bretaña en 1982 y las demandas derivadas del terrorismo de
Estado impuesto por la
dictadura
genocida entre 1976 y 1983.

Las empresas privadas también fueron inducidas al
endeudamiento en momentos de bajísimas tasas de
interés internacional. El ministro de economía
de la dictadura, Dr. Martínez de Hoz, provenía de
la principal organización de representación de la
cúpula empresaria, el Consejo Empresario
Argentino (CEA) y al momento de asumir era presidente de la
acería ACINDAR, empresa con el
mayor nivel deendeudamiento externo a finales de la
dictadura.

Ya en tiempos de gobiernos constitucionales, entre 1983
y la actualidad, la deuda sigue su crecimiento.

Durante la gestión radical del Dr.
Alfonsín (1983/1989) se pasa a 65.650 millones de
dólares, es decir, un 44% más. En este periodo se
inician procesos de
renegociación con el FMI y la banca
transnacional. Comienzan las primeras operaciones de
capitalización de la deuda externa y no se puede llevar
adelante el proyecto global
de privatizaciones que se efectivizará en el turno
siguiente.

Bajo las dos administraciones del Dr. Menem (1989/1999)
el saldo alcanza a 146.400 millones de dólares, es decir,
una expansión de 123%. En rigor, el crecimiento no es
mayor por efecto de las privatizaciones que acercaron liquidez al
fisco (18.000 millones en tres ejercicios) y del Plan Brady, que
representó una disminución del monto de la deuda al
momento de su suscripción.

Crecimiento de la Deuda Externa
Pública

En los dos años de la presidencia del Dr. De la
Rúa, el registro al 31 de diciembre de 2001 es de 144.452
millones.

Debe mencionarse que entre diciembre de 2000 y un
año después, antes de la caída del gobierno,
los temores de default eran constantes y llevó el costo
del dinero para la
Argentina a tasas verdaderamente usurarias, con el valor de
riesgo internacional superior a cualquier país, aún
aquellos que atravezaban también crisis de
endeudamiento.

Así, se negocia una ayuda internacional en
diciembre 2000, conocida como "blindaje financiero" por casi
40.000 millones de dólares (8) , los que se colocaron a
disposición del país ante una emergencia de pagos.
Esos fondos no fueron desembolsados en su totalidad e
incluía aportes de los organismos financieros
internacionales, algunos países (p.e. España) y
bancos comerciales.

El ex ministro Cavallo se encontraba negociando un
desembolso de esos fondos cuando fue despedido por la
movilización popular el 19 de diciembre de
2001.

Durante 2001 se hacen dos operaciones de canje de
títulos, una en junio por 28.000 millones de
dólares y otra en noviembre por 42.000 millones de
dólares con tenedores locales de la deuda, principalmente
bancos y AFJP. En este caso, se otorgaron préstamos
garantizados a cambio de los viejos títulos devaluados,
estirando los plazos de vencimiento (años de gracia
incluídos), modificando las tasas de interés y
ofertando mejores garantías (recaudación). Uno de
los objetivos
buscados desde hacía mucho tiempo era garantizar la deuda
con recaudación fiscal.

Ese canje incluyó a los tenedores locales de
títulos de la deuda externa y constituyó el primer
tramo de una operatoria que se extendería a todos los
acreedores externos. Renegociación suspendida por la
crisis política y que hoy se recrea por el nuevo gobierno.
Entonces se señaló, que si las condiciones del
segundo tramo mejoraban las del primero, los acreedores locales
podían recomponer su canje de títulos a las nuevas
mejores condiciones.

Esa deuda resultante del canje fue pesificada a febrero
de 2002 a $1,40 por cada dólar más el Coeficiente
de Estabilización de Referencia (CER), índice que
acompaña la inflación a precios
minoristas. De ese modo, el canje de deuda pasó a
expresarse en pesos, es decir, 70.392 millones de pesos (42.000 x
1,40 + 20%), que a $3 por dólar alcanzan a comprar 23.464
millones de dólares (70.392/3). Son datos de referencia a
fines de abril de 2002.

Los tenedores locales de esos títulos canjeados
aún no han aceptado estas nuevas condiciones y en rigor
tienen plazo legal durante el mes de mayo de 2002 para aceptar o
rechazar las condiciones de la pesificación más la
aplicación del índice CER. En mayo se cobra la
primera cuota de intereses.

Es más, durante el mes de Mayo se discute la
aplicación de un plan de devolución de
depósitos "incautados" (corralito) con títulos en
dólares, los que rescatarían los préstamos
garantizados otorgados en la última parte de la
gestión De la Rúa y Cavallo. En definitiva,
dejarían de tener efecto las disposiciones de la
pesificación operada en febrero de 2002.

Estas medidas tienen efecto diferenciado en AFJP y
Bancos.

Recordemos que las AFJP manejan un fondo de 24.000
millones de pesos, de los cuales el 67% estaba colocado en esos
títulos y con los cuales, unos 16.000 millones,
transformados en pesos y a la paridad 3 a 1 vigente a fines de
abril, apenas representan 8.960 millones de dólares
(16.000 x 1,40 + 20%). Una licuación que se descarga sobre
un fondo de capitalización con destino a las jubilaciones
futuras de 9 millones de asociados al régimen de
capitalización previsional que administran las AFJP
vinculadas a los bancos transnacionales que operan en la
Argentina.

Las AFJP analizan esas condiciones ya que quedan
expuestas a juicios ulteriores de los beneficiarios de esos
fondos. Insistimos, que esa situación se devela en los
próximos días, según se resuelva con el plan
de bonos para rescatar depósitos bancarios pesificados y
reprogramados, o con la aceptación de la
pesificación más CER.

Buena parte del resto de los títulos que fueron
pesificados están en manos de los bancos, los que tienen
una situación diferente a las AFJP, ya que los bancos
serán compensados por el Estado mediante un bono que cubra
la asimetría de la pesificación de créditos
por valores un peso igual a un dólar y los
depósitos con una relación de 1 dólar a 1,40
pesos. Ese bono se carga al presupuesto que se financia con
impuestos
regresivos, ya que los impuestos al consumo
constituyen la principal fuente de ingresos fiscales.

De todos modos, lo dicho en torno al plan
bonos para AFJP, tendrá validez también para los
bancos.

Si se mantiene la pesificación más CER
habrá una disminución de deuda externa
pública en los registros
contables del sector externo. De lo contrario, con el plan bonos
en tratamiento, todo vuelve a la moneda de referencia a diciembre
de 2001 y los montos totales de deuda se mantienen.

Durante el 2001 las reservas líquidas del BCRA
cayeron a 14.500 millones de dólares en diciembre y
siguieron cayendo hasta los 12.780 millones en marzo de 2002 que
registra la última información disponible (9) . Según
la Dirección Nacional de Cuentas
Internacionales (10) , durante el año 2000 se perdieron
439 millones y durante el 2001, la perdida alcanzó 12.083
millones de dólares, en una sucesión que se hizo
insostenible en el último trimestre de 2001.

Caída de Reservas
Líquidas

Año 2001. Perdidas x trimestre

Evolución de las Reservas Líquidas del
BCRA

Los capitales se retiraban de la Argentina y se cerraban
las fuentes de
financiamiento externo. El poco dinero que ingresaba lo
hacía a valores de usura.

La cesación de pagos se impuso de hecho. Los
títulos de la deuda se cotizaban al 30% de su valor y la
credibilidad en la capacidad de pago del Estado era practicamente
nula. En esas condiciones era necesario "barajar y dar de
nuevo".

Desde EEUU, tanto Allan Meltzer como Charles Calomiris
hablaban de una renegociación con una quita del 40% de la
deuda. Los mercados ya descontaban cifras mayores.

En ese punto se encuentra hoy el debate de la
deuda pública en la Argentina, la que seguramente
disminuirá en valores absolutos, pero como consecuencia de
la devaluación y pesificación
continuará afectando gravemente la relación del
endeudamiento con el PBI. Eso ocurrió con las
renegociaciones en los 80 y en los 90 (Brady).

V – Final
abierto

Hoy se encuentran "diferidos" los pagos de la deuda
externa pública, excepto los servicios de la deuda con los
Organismos Multilaterales de Crédito y con organismos
oficiales del exterior; los bonos previsionales en manos de sus
tenedores originales; de aquellos que los obtuvieron por
situación de desaparición forzada o en
trámite judicial; de mayores de 75 años y aquellos
que los obtuvieron por desvinculación laboral y casos
individuales donde se afecte la salud del titular del bono.
(11)

También está abierta una negociación con el FMI, condición
impuesta por el G7, por EEUU e incluso por la Unión
Europea, oportunamente informado a la Argentina por medio de
la presidencia española en este primer semestre de 2002.
El visto bueno del FMI abriría las puertas del
financiamiento internacional.

"El mundo está listo para ayudarlos cuando hayan
llegado al fondo de lo soportable", dijo sobre la Argentina el
Secretario del Tesoro norteamericano, Paul O´Neill. (12)
Resta conocer ¿cuál es el fondo de lo
soportable?

Es dificil que el gobierno argentino satisfaga las
demandas del FMI. La flotación del dólar
está significando una constante variación alcista
de la paridad cambiaria deteriorando cada vez más la
capacidad de compra de una población sumida en la
recesión por cuatro años, con caída del
ingreso de los sectores populares, con índices elevados de
desempleo y
pobreza, del
22% y el 50% respectivamente.

El ajuste fiscal con fuerte impacto en el empleo
provincial es otra de las medidas exigidas y de dificil
instrumentación debido a la conflictividad
social.

Es que tanto gobernadores como legisladores, más
allá de la disposición a subordinarse a las
orientaciones del capitalismo global, reconocen el repudio social
extendido en la frase "que se vayan todos", popularizada en todo
debate público.

La impronta de la participación popular es la
novedad en el nuevo ciclo político y económico de
la Argentina a partir de 2002. Ya no cuenta solamente el FMI y el
gobierno, el Parlamento o la Justicia. El
nuevo sujeto es el pueblo movilizado y una consigna asentada en
el reconocimiento de que es lo que no se quiere. No hay
propuestas instaladas más allá del no, a la deuda y
al FMI en la materia que
nos compete en este escrito.

Queda desde una perspectiva intelectual y militante
recordar las innumerables propuestas sustentadas por distintas
organizaciones
sociales y políticas, y aún por personalidades,
rechazando la deuda externa y sus condicionalidades, contra la
apertura indiscriminada y especialmente de la cuenta de capitales
(13) . Al mismo tiempo que la demanda por
una nueva organización económica de la sociedad.
Pero ese, es otro tema y remite a la discusión por el
Socialismo.

Buenos Aires, principios de
mayo de 2002

Notas

2. MINISTERIO DE ECONOMIA.
   Resolución Nro. 73/2002. Publicada en el Boletín
   Oficial del 30/04/02. Resumen de la disposición:
   diferimiento de pagos de los servicios de la deuda
   publica hasta el 31 de diciembre de 2002 o hasta que se
   complete la refinanciacion de la misma, si ello ocurre antes de
   la fecha mencionada. Existen obligaciones exceptuadas de la
   suspensión.
3. Los datos fueron obtenidos del sitio en Internet del
   Ministerio de Economía de la República
   Argentina: www.mecon.gov.ar
4. La Ley de
   convertibilidad que establece la paridad de un peso con un
   dólar tuvo vigencia desde el 1 de Abril de 1991 y
   rigió hasta la devaluación dispuesta por el
   actual gobierno nacional en Enero de 2002.
5. Mabel Thwaites Rey y Pablo Maas, "Default de las
   multinacionales", en Le Monde Diplomatique, el Dipló,
   Mayo 2002.
6. Los datos provienen del sitio en Internet de la
   Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y
   Pensiones (S.A.F.J.P.) www.safjp.gov.ar
7. Un análisis detallado de estos
   fenómenos puede encontrarse en "La
   Globalización Económico-Financiera. Su
   Impacto en América
   Latina", Clacso, Buenos Aires, Enero 2002, Julio Gambina
   compilador. Especialmente los artículos allí
   publicados sobre "La fuga de capitales en la Argentina" de
   Eduardo M. Basualdo y Matías Kulfas; "Vulnerabilidad
   externa y dependencia de la economía
   argentina" de Julio Gambina, Alfredo T. García,
   Mariano Borzel y Claudio Casparrino. Tambien pueden encontrarse
   argumentos en "La bolsa o la vida. Las finanzas
   contra los pueblos", Eric Toussaint, Edición en español traducida por Alberto Nadal. Se
   trata de un texto muy
   documentado que contiene a modo de ejemplo el estudio de caso
   de la Argentina y Ruanda.
8. Eduardo Basualdo y Matías Kulfas,
   op.cit.
9. Operación negociada por José Luis
   Machinea, primer Ministro de Economía de la Presidencia
   De la Rúa.
10. Información del BCRA
11. Sitio en Internet del Ministerio de
    Economía.
12. Resolución 73/2002
13. La Nación, 5/05/02
14. Declaración final del Tribunal Internacional
    de los Pueblos sobre la Deuda Externa, reunido en Porto Alegre,
    Brasil, en oportunidad de realizarse en dicha ciudad el
    Foro Social Mundial, a
    comienzos de febrero de 2002. Son varias las organizaciones
    argentinas que allí participaron y entre otras suscriben
    el pronunciamiento Diálogo 2000, ATTAC – Argentina,
    CTA, etc.

Por: Julio C. Gambina*

Profesor Titular de Economía
Política en la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Rosario. Presidente de la Fundación de
Investigaciones Sociales y Políticas,
FISYP. Miembro fundador de ATTAC-Argentina.